CSJ - SL3083-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL3083-2023 Radicación n.° 97135 Acta 46 Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAIRO REYES UMAÑA contra la sentencia proferida el 21 de enero de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra el BANCO AGRARIO DE

COLOMBIA S.A.

I. ANTECEDENTES El citado accionante llamó a juicio al Banco Agrario de Colombia S.A. con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 1 de septiembre de 2011 hasta el 28 de febrero de 2013 y que su finalización fue «ineficaz en razón del fuero de estabilidad laboral reforzada por acoso laboral».

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Radicación n.° 97135 Como consecuencia de lo anterior, pidió que la entidad financiera fuera condenada a reintegrarlo al cargo de «Subgerente Comercial Regional Sur» o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios dejados de percibir desde el 28 de febrero de 2013 hasta la data de reinstalación efectiva. Así mismo, reclamó que le cancelaran los siguientes conceptos: cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de vacaciones, navidad y servicios, bonificación por servicios, aportes a la

seguridad social integral del tiempo cesante y costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que celebró con el demandado un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de septiembre de 2011, para desempeñarse como Subgerente Regional Comercial en la ciudad de Neiva - Huila; que accedió a dicho cargo al haber participado en el proceso de selección de la entidad; que tomó posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Adujo que desde su llegada a esa designación su jefe inmediato César Augusto Cortés Otero, gerente, «manifestó su inconformidad» con su nombramiento, lo que generó problemas de comunicación, al punto que aquél decidió relegarlo de «casi la totalidad de sus funciones y responsabilidades asignadas por el Manual de responsabilidades del Banco» y delegó los oficios de liderazgo y acompañamiento de estrategias comerciales a la

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Radicación n.° 97135 coordinadora Diana Alexandra Rodríguez Rojas, la cual ostentaba un cargo de menor categoría al suyo. Añadió que a la mencionada funcionaria con el paso del tiempo también le fueron asignadas, entre otras, las tareas de jefatura, control y seguimiento del grupo de subsanación de créditos y a su vez la realización del comité mensual de la regional; funciones éstas que pertenecían al Subgerente Regional, pero que por disposición del superior fueron encargadas a quien se desempeñaba como Coordinadora de la regional. Mencionó que para el mes de julio de 2012 el gerente

general limitó sus labores únicamente a monitorear los resultados estadísticos de la colocación de tarjetas de crédito de un convenio celebrado con el Comité de Ganaderos del Caquetá, lo cual resultaba «inaudito» dado que dicha función, así como el manejo de las operaciones pasivas, no eran propias de un cargo de alto rango, pues él era segundo en el orden jerárquico de la Regional, lo cual denotaba el acoso laboral del que era víctima. Puso de presente que su jefe inmediato en varias ocasiones se dirigió públicamente de manera irónica y despectiva, haciendo referencia a su filiación política como «godo y colado» y que en las situaciones en que el gerente se ausentaba, para cubrir temporalmente sus funciones, escogía a un funcionario de inferior nivel jerárquico y no a él, a pesar de que la junta directiva del Banco lo había designado

«SUPLENTE DEL GERENTE REGIONAL SUR».

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Radicación n.° 97135 Recalcó que, pese a la conducta desplegada por su superior, ejecutó su «limitada gestión» con empresas importantes de orden nacional y departamental, lo cual le permitió obtener el primer puesto como Subgerente Comercial a nivel nacional en los años 2011 y 2012; que en el mismo periodo obtuvo «la meta volante y el primer puesto como gestor de bancaseguros». Señaló que ante los hechos irregulares configurativos de acoso laboral presentó en tres oportunidades queja formal ante el jefe de la oficina de control disciplinario interno del Banco, el 27 de junio; 16 de julio y 25 de septiembre de 2012,

en las cuales se aportaron las pruebas respectivas ante la misma oficina y «gerencia de compensación de la vicepresidencia de gestión humana»; trámite que finalmente fue enviado por la entidad bancaria a la Procuraduría General de la Nación, que a la fecha de presentación de la presente demanda no había realizado investigación alguna. Narró que el Banco demandado «levantó acta en la cual el doctor CORTÉS aceptó su acoso y expresó que cambiaría, lo que nunca sucedió»; que el 9 de agosto de 2012 se celebró un comité de convivencia laboral, «comprometiéndose a trabajar en un buen ambiente», pero ello tampoco acaeció y la conducta de acoso continuó presentándose en forma reiterada. Añadió que ello dio lugar a que de nuevo se acusara disciplinariamente a su superior César Augusto Cortés Otero, el cual el 12 de octubre de 2012 presentó diligencia de descargos y ante ello se remitieron las

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Radicación n.° 97135 diligencias a la Procuraduría General de la Nación, la que durante los años 2012 y 2013 ni siquiera avocó conocimiento de la investigación. Expresó que, «aprovechando el silencio y demora de la procuraduría» la entidad empleadora a través del gerente regional sur, el 14 de febrero de 2013 le notificó la misiva de terminación unilateral del contrato de trabajo a partir del 28 de igual mes y año, «haciendo uso de la cláusula presuntiva». Destacó que desde la presentación de la última queja de acoso laboral instaurada el 25 de septiembre de 2012 y la

fecha de terminación del contrato transcurrieron cinco meses y cuatro días. Finalmente, adujo que «su última asignación básica mensual fue de $6.001.000 (sic)» y que agotó la reclamación administrativa de lo aquí demandado con resultado desfavorable. Al dar respuesta a la demanda, el Banco Agrario de Colombia S.A. se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia del vínculo contractual con el actor, el último salario percibido, la remisión de las quejas instauradas a la Procuraduría General de la Nación, la celebración del comité de convivencia laboral el 9 de agosto de 2012, la comunicación de terminación del contrato de trabajo y la reclamación administrativa instaurada. Frente a los demás supuestos fácticos indicó que no eran ciertos.

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Radicación n.° 97135 En su defensa, arguyó que el contrato de trabajo existente entre las partes fue a término indefinido con plazo presuntivo; de manera que la finalización de dicho nexo obedeció única y exclusivamente a la «expiración del plazo presuntivo como causal de terminación legal», de conformidad con lo señalado en la cláusula cuarta del contrato laboral, en concordancia con lo establecido en el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945 y el artículo 53 del literal a) del reglamento interno de trabajo del banco, aplicables a los trabajadores oficiales de la entidad. Indico que en el sub judice «el plazo presuntivo se encontraba establecido hasta el 28 de febrero de 2012 y el día

14 de febrero de 2012 se dio a conocer al demandante la terminación por expiración del plazo». Acotó que no se presentó situación de acoso, pues como se plasmó en el comité de acoso laboral de la entidad en sesión de agosto de 2012, se trató fue de unas desavenencias laborales, las cuales se superaron conforme a los compromisos planteados. Finalmente, puso de presente que al haber ostentado el actor la condición de trabajador oficial, las quejas disciplinarias debían ser remitidas a la Procuraduría General de la Nación, trámite legal que el Banco cumplió. Añadió que el demandante no se encontraba amparado por ningún fuero de estabilidad reforzada.

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Radicación n.° 97135 Propuso las excepciones de terminación legal del contrato, inexistencia de estabilidad laboral reforzada derivada de acoso laboral, buena fe de la demandada, compensación, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, «no configuración del derecho al pago de ninguna suma de dinero, indemnización, ni actualización de intereses», prescripción y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 3 de noviembre de 2021, decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre el BANCO AGRARIO S.A y el señor JAIRO REYES UMAÑA existió un contrato laboral a término indefinido con plazo presuntivo del 1° de septiembre de

2011 al 28 de febrero de 2013, conforme la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS Y COBRO DE LO NO DEBIDO TERCERO: ABSOLVER al demandado BANCO AGRARIO S.A. de las pretensiones incoadas por el señor JAIRO REYES UMAÑA, conforme a la parte motiva de esta sentencia CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante fijando como agencias en derecho la suma de $50.000; por secretaría efectúese la respetiva liquidación en oportunidad procesal pertinente.

QUINTO: En caso de no ser apelada por la parte demandante la anterior decisión, CONSÚLTESE a su favor ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral en los términos del artículo 69 del CPT y SS.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer el recurso de apelación que presentó el demandante, mediante sentencia proferida el 21 de enero de 2022, confirmó íntegramente el fallo del a quo e impuso costas en su contra.

En lo que interesa al recurso de casación, el ad quem estimó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si en este asunto se configuraron los presupuestos para condenar a la demandada al reintegro del promotor del litigio, por ineficacia en el acto de terminación

del contrato de trabajo, en los términos del numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006. Puntualizó que los siguientes medios de convicción obrantes en el proceso serían analizados bajo los presupuestos de los artículos 60 y 61 del CPTSS: […] copia del contrato de trabajo (f.°10 a 12 y 234 a 235); aceptación de posesión del actor (f.°13), ranking comercial por zonal (f.°17 a 29). Acta de Comité de Convivencia Laboral celebrado el 9 de agosto de 2012 (f.°30 a 31), identificación del cargo Subgerente Regional Comercial (f.°32 a 36, 51 a 64 y 246 a 248), correos electrónicos allegados por el demandante (f.°37 a 50, 80 a 86, 123 a 124), identificación del cargo Coordinador de Desarrollo Comercial (f.°65 a 69), identificación del cargo Gerente Regional (f.°70 a 76 y 249 a 254), comunicación dirigida por el actor al Presidente de la entidad llamada a juicio (f.°77 a 79), queja disciplinaria y de acoso laboral de fecha 27 de junio de 2012 (f.°87 a 106), queja disciplinaria de 16 de julio de 2012 (f.°108 a 114), comunicación de remisión de queja disciplinaria por competencia a la Procuraduría General de la Nación (f.°115 a 117), identificación del cargo Gerente Zonal Tipo 2 (f.°118 a 122), diligencia de ampliación y ratificación de queja datada 25 de septiembre de 2012 (f.°125 a 131), comunicación dirigida por el

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Radicación n.° 97135 actor a la Vicepresidente de Gestión Humana de la entidad demandada (f.°132 a 133), petición elevada por el demandante ante la Oficina de Veeduría de la Procuraduría General de la Nación (f.°134 a 135), misiva de terminación del contrato de trabajo por expiración del plazo presuntivo (f.°136 y 239), comunicación remitida por el demandantes (sic) ante la terminación de su vínculo laboral y réplica de la entidad accionada (f.°137 a 141 y 242), petición elevada ante el Procurador General de la Nación (f.°142 a 144), acta de entrega del cargo (f.°145 a 148 y 243 a 245), examen médico de retiro (f.°148), acta de proceso de selección (f.°232), certificación laboral expedida por el Banco Agrario (f.°233), correos electrónicos allegados por la encartada (f.°236 a 238), liquidación del contrato de trabajo (f.°239 y vuelto), hoja de vida (f.°240 a 241), expediente laboral obrante en la demandada (f.°255 a 264), expediente proceso disciplinario seguido contra el señor César Augusto Cortés Otero por la Procuraduría Regional del Huila (carpeta denominada “MEMORIALES” del expediente digital) y declaración rendida por Luis Eduardo Balcázar (carpeta denominada “AUDIENCIA Y ACTAS” del expediente digital). La colegiatura indicó que de las anteriores probanzas era posible colegir que, bajo el marco de un contrato de trabajo, el demandante laboró a favor del banco demandado,

en el cargo de Subgerente Regional Comercial Regional Sur, «con una última remuneración de $6.066.000», desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 28 de febrero de 2013; que para el rompimiento del nexo la entidad empleadora adujo la expiración del plazo presuntivo; supuestos fácticos sobre los que no existía controversia en la segunda instancia. Seguidamente, procedió a examinar si en este asunto era dable extender al promotor del litigio la protección especial de la Ley 1010 de 2006 frente a las conductas constitutivas de acoso laboral, para lo cual adujo que conforme al artículo segundo ibídem, tal acoso se definía como «toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o

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Radicación n.° 97135 superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir renuncia del mismo», y que se tenían como modalidades generales no limitantes ni taxativas, el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y desprotección laboral. Subrayó que al tenor de los artículos 7, 9 y 10 y del numeral 1 del artículo 11 ibidem, existía una presunción del despido por acoso cuando se da «por finalizado el vínculo laboral en un lapso de protección de seis (6) meses siguientes

a la petición o queja» que la víctima hubiera instaurado ante procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios. Destacó que dicha presunción operaba siempre que las conductas objeto de denuncia se enmarcaran dentro de aquellas que constituyen acoso en los términos del artículo 7 de la Ley 1010 de 2006 y, además, cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente «verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento» (subrayó el Tribunal). En respaldo de lo anterior, citó la decisión CSJ SL4313-2021, que reiteró las decisiones CSJ SL17063-2017

y CSJ SL058-2021.

Sostuvo que al tenor del marco normativo y jurisprudencial expuesto, si bien le asistía razón a la parte actora en los argumentos esbozados en la apelación, al asegurar que para el surgimiento de la protección laboral

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Radicación n.° 97135 invocada no era necesaria la imposición de sanciones a los autores de acoso, lo cierto era que ello no conducía a revocar la decisión absolutoria, en la medida que en este asunto «no se constató que la autoridad administrativa o judicial, haya verificado la ocurrencia de las conductas denunciadas por el actor como constitutivas de acoso laboral». Explicó que, a pesar de que el accionante instauró distintas quejas ante la entidad bancaria demandada, «el 5 de julio de 2012 y 18 de julio del mismo año, ratificadas y ampliadas el 25 de septiembre de 2012», se encontró que el

demandado a través de su oficina de control interno disciplinario, con auto del 19 de octubre de la misma anualidad, remitió las diligencias ante la Procuraduría General de la Nación - Regional Huila, ente de control que en decisión del 31 de agosto de 2018 declaró que la actuación disciplinaria no podía proseguirse en contra de César Augusto Cortés Otero – superior del demandante - «por cuanto los hechos puestos a consideración no se tipificaron en la figura de acoso laboral» y, en consecuencia, no existió falta disciplinaria alguna; decisión que fue confirmada el 31 de mayo de 2019. Resaltó que tales determinaciones no podían ser desconocidas, puesto que al pretender el accionante en su queja de acoso laboral la adopción de medidas sancionatorias, la competencia para la calificación de esas presuntas conductas estaba en cabeza del Ministerio Público, dada su condición de trabajador oficial, conforme el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006; de ahí que lo resuelto por

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Radicación n.° 97135 ese ente de control permanecía en firme e inmodificable. Así lo expuso: En esa medida, las decisiones asumidas en el caso por la Procuraduría Regional del Huila que se encuentran en firme, impiden a este Tribunal emitir nuevo pronunciamiento en el que se verifique la configuración de las conductas endilgadas por el demandante, lo cual da al traste con lo pretendido por este en la alzada, quien insiste en referir que los hechos denunciados se

enmarcan dentro de las conductas de acoso, prestablecidas en la ley conforme al material probatorio obrante en el proceso. Bajo el panorama expuesto no le queda otro camino al Tribunal que concluir que en el sub judice no operó a favor del convocante la garantía de estabilidad que alega en el libelo demandatorio, en tanto la autoridad competente, esto es, la Procuraduría Regional del Huila no encontró verificada o acreditada la conducta denunciada bajo la egida de acoso laboral, a más que, tal y como lo definió el juzgado de conocimiento, a la fecha de ruptura del vínculo laboral, que como se dijo lo fue el 28 de febrero de 2013, ya había vencido el término de seis meses de que trata el numeral 1° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, como quiera que la queja disciplinaria promovida por el accionante contra el señor Cortés Otero en calidad de Gerente de la Regional del Sur, en la que puso de presente como presuntas conductas de acoso laboral el actuar de su jefe inmediato encaminado a separarlo de sus funciones que le fueron asignadas por manual para radicarlas en la Coordinadora sig., al igual que no permitirle una comunicación directa, no hacerlo participe de eventos y reuniones, tratarlo de manera despectiva públicamente, todo ello sustentado en su disímil filiación política, fue recibida por su empleador el 5 de julio de 2012. Expresó que, si se tomara la fecha de la segunda queja presentada el 18 de julio de 2012, en la que puso en conocimiento que al disfrutar su jefe inmediato de su periodo

de vacaciones no lo designaron en su reemplazo, sino que ubicaron a un funcionario de inferior jerarquía, igualmente se concluiría que el despido ocurrió después del término de seis meses toda vez que estos vencerían el 18 de enero de 2013, en tanto que el finiquito ocurrió el 28 de febrero de esa misma anualidad.

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Radicación n.° 97135 Refirió que aunque el actor reiteró la queja inicial el 25 de septiembre de 2012 (f.° 125 a 131 expediente digital), revisado el contenido de la misiva se advertía que en ella se ponía en conocimiento que su superior continuaba incurriendo en presuntos actos de acoso laboral relativos al desconocimiento de sus funciones, exclusión de eventos y de reuniones importantes, «por manera que no se podía tomar esta última actuación como punto de partida para determinar los 6 meses de que trata la protección deprecada, dado que se trata de una reiteración y ampliación de la queja inicial». Acotó que, en ese orden no resultaba atendible el argumento del apelante «dirigido a considerar todo el procedimiento llevado a cabo con ocasión de la queja de acoso laboral», ni mucho menos tomar como data inicial para el conteo del término de los seis meses la calenda en la cual la Procuraduría Regional asumió el conocimiento de las diligencias el 30 de noviembre de 2012, ya que el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 claramente establecía que ese lapso es el posterior a la petición o queja, que, se itera, en el presente caso tuvo lugar el «5 de julio de 2012».

Especificó que en el sub judice no surgió a favor del demandante la presunción de que trata la norma, relativa a que la terminación del nexo de trabajo lo fue con ocasión del acoso laboral y, en consecuencia, resultaba inane discurrir si la finalización del vínculo bajo la modalidad del plazo presuntivo debía identificarse como un finiquito unilateral

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Radicación n.° 97135 como se alegó en la alzada o si, por el contrario, atendió a una desvinculación legal. Subrayó que el reproche del apelante tendiente a descalificar el comité de convivencia laboral realizado, por encontrarse conformado solo por dos representantes del empleador, no tenía ninguna incidencia en el sub examine «dado que se aduce como una actitud de la empresa de tolerar el acoso alegado, lo cual no es objeto del presente litigio», máxime que en la primera instancia no se dijo nada al respecto ni se formularon pretensiones sancionatorias contra el empleador que tolere esas conductas, por ende, no podría ser estudiado de fondo por esa colegiatura. Por todo ello, concluyó que debía negarse el reintegro deprecado, en tanto no se demostraron los presupuestos que dan paso a la ineficacia de la ruptura del nexo, en los términos del numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case

parcialmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo, en cuanto negó la

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Radicación n.° 97135 ineficacia de la terminación del contrato, reinstalación y pago de salarios y prestaciones sociales y, constituido en juez de instancia, acceda a lo siguiente: PRIMERA. Que la terminación del contrato efectuada el día 28 de febrero de 2013, es INEFICAZ, en razón del fuero de estabilidad laboral reforzada, por acoso laboral. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, a lo siguiente: Primero. REINSTALAR al señor JAIRO REYES UMAÑA al cargo que ejercía, SUBGERENTE COMERCIAL REGIONAL SUR, o a uno de igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad. Segundo. Pago de salarios a partir del 28 de febrero de 2013 y hasta que se realice la reinstalación efectiva, a razón de $6.001.000.00 con los reajustes legales. Tercero. Pago de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima navidad, prima de servicios, bonificación por servicios, pago de los aportes a la seguridad social integral y las costas y agencias en derecho. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula dos cargos que obtienen réplica, los cuales se estudiarán de manera conjunta en la medida que denuncian similar elenco normativo, se valen de una argumentación que se complementa y persiguen idéntico

cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 25 de la CP y 9, 10 numeral 1 y 11 de la Ley 1010 de 2006.

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Radicación n.° 97135 Denuncia que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

1.1. ERROR RELACIONADO CON EL ACTA DE FECHA 09 DE

AGOSTO DE 2012, SUPUESTO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: 1.1.1. No dar por demostrado, estándolo, que, en la etapa preventiva del procedimiento especial de investigación del acoso laboral, el Banco Agrario de Colombia, no convoco al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 1.1.2. No dar por demostrado, estándolo, que los hechos desplegados por el Banco y concretados en el acta de fecha 09 de agosto de 2012, corresponden a conducta tolerable del acoso laboral. 1.1.3. No dar por demostrado, estándolo, que era físicamente imposible la verificación de la conducta de acoso laboral, por falta de constitución de Comité de Convivencia Laboral.

1.2. ERROR RELACIONADO CON LA ETAPA SANCIONATORIA

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE ACOSO LABORAL: 1.2.1. No dar por demostrado, estándolo, que, a la terminación del contrato de trabajo, se encontraba en curso la investigación disciplinaria, etapa sancionatoria, sin resolución de fondo.

1.2.2. No dar por demostrado, que la falta de verificación de los hechos constitutivos de acoso laboral, constituyó un imposible físico para su acreditación, por vigencia de la investigación sancionatoria. 1.2.3. No dar por demostrado, estándolo, que la decisión de la procuraduría 31 de agosto de 2018 y 31 de mayo de 2019, fueron posteriores a la terminación del contrato de trabajo, traduciéndose en un imposible para la verificación de las conductas. 1.3. ERROR RELACIONADO CON EL MOTIVO DE TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO: 1.3.1. No dar por demostrado, estándolo, que el único motivo para terminar el contrato de trabajo, lo fue la denuncia de acoso laboral y no el buen servicio, toda vez que, el trabajador había recibido premios por sus buenos oficios.

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Radicación n.° 97135 1.3.2. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad bancaria, tuvo como excusa para terminar el contrato de trabajo, la calidad de trabajador y la forma de vinculación. 1.4. ERRORES FRENTE A LA CONTABILIZACION DEL TERMINO DE GARANTIA: 1.4.1. No dar por demostrado, estándolo, que los términos de protección de la garantía de acoso laboral, incluyen los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios, de manera integral. 1.4.2. No dar por demostrado, estándolo, que al ser un procedimiento especial e integral, etapa preventiva, correctiva y

sancionatoria, la fecha a partir de la cual se ha de contabilizar los periodos de protección laboral, debe ser desde fecha de cada trámite o procedimiento y no desde la denuncia inicial. Arguye que los errores mencionados se presentan como consecuencia de la equivocada valoración de las siguientes pruebas. 2.1. PRUEBAS ERRONEAMENTE APRECIADAS. 2.1.1. Acta de agosto 9 de 2012, signada por HERNANDO ENRIQUE GÓMEZ, Vicepresidente Jurídico; CÉSAR AUGUSTO CORTÉS, Gerente Regional, JAIRO REYEZ UMAÑA, Subgerente Comercial y CIELO CONSTANZA CASTRO. Fls (sic). 2.1.2. Oficio de la Oficina de control disciplinario del Banco del 19 octubre de 2012, fls (sic). 2.1.3. Documento fecha conocimiento por la Procuraduría, 30 noviembre de 2012, fls 103-104 documentos IUS 2021 1pdf. 2.1.4. Documento de apertura de la investigación por la Procuraduría, decisión de fecha 31 de agosto de 2018 y decisión de fecha 31 de mayo de 2019, Fls743-778 cuaderno 2pdf y 3pdf, memoriales del expediente digital.) 2.1.5. Documento contentivo de petición del 25 septiembre de 2012, fls 743.

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Radicación n.° 97135 Asevera que en la ocurrencia de los desaciertos fácticos cometidos por el juez plural también incidió la falta de apreciación de las siguientes piezas procesales y pruebas:

2.2. PRUEBAS DEJADAS DE VALORAR 2.2.1. Demanda (fls149 a 155 expediente digital); 2.2.2. Contestación demanda (fls 213 a 231 expediente digital); 2.2.3. Documentos contentivos de reconocimiento como mejor gerente y ganador de premios; En el desarrollo del cargo, la censura indica que el análisis probatorio que hizo el Tribunal, de cara a la conformación del Comité de Convivencia Laboral, fue desacertado, dado que se limitó a decir que «ello no tenía ninguna incidencia sobre las determinaciones esbozadas», incurriendo en una «evidente distorsión» tanto de la conformación del referido comité como de la verificación de las conductas constitutivas de acoso laboral. Relata que el juez plural valoró erradamente el acta del 9 de agosto de 2012 respecto a la conformación del aludido comité de convivencia laboral, dado que en realidad correspondió a una reunión informal del vicepresidente jurídico Hernando Enríquez Gómez, la Gerente de compensación Cielo Constanza Castro, el Gerente Regional César Augusto Cortés y el actor como Subgerente Comercial, sin presencia de los dos representantes de los trabajadores, que formen parte del mismo; lo que en su decir deja en evidencia que el empleador incumplió el deber de convocar al comité en debida forma, como etapa preventiva y con ello

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Radicación n.° 97135 configuró una conducta constitutiva de tolerancia con el acoso laboral. Expone que, por razón de la deficiente valoración del acta, la colegiatura exige la verificación de la conducta de

acoso laboral, cuando ello se convierte en algo «imposible físicamente de cumplir», máxime cuando el aludido comité de convivencia no se realizó en debida forma para la verificación de los hechos relatados configurativos de acoso. Señala que el ad quem, en un análisis ligero de la investigación administrativa adelantada por la Procuraduría, determinó que debía confirmar la decisión del a quo, en la medida que el asunto de marras no se constataba que la autoridad administrativa o judicial hubiera verificado la ocurrencia de las conductas denunciadas por el actor como constitutivas de acoso laboral; razonamiento, que en decir del recurrente, resulta «completamente descabellado», pues debió inferir que la autoridad administrativa no había verificado la ocurrencia de las conductas por estar en marcha el procedimiento, es decir, que «al momento de la terminación del contrato de trabajo, se encontraba en curso la investigación administrativa sancionatoria por acoso laboral y ello, impedía un pronunciamiento sobre la verificación de las conductas y por tal situación, al estar vigente la investigación, la garantía estaba en pleno vigor». Insiste en que fue un error evidente del juez de apelacio