CSJ - SL3111-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL3111-2023 Radicación n.° 91026 Acta 46 Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA DEL SOCORRO VALENCIA QUINTERO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de noviembre de 2020 en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente

junto con YURI ALEJANDRA y MARÍA CAMILA VARGAS

VALENCIA contra CARBONATOS MICRONIZADOS S. A. S.

I. ANTECEDENTES María del Socorro Valencia Quintero, Yuri Alejandra y María Camila Vargas Valencia llamaron a juicio a Carbonatos Micronizados S. A. S., con el fin de que se declare que entre Elías de Jesús Vargas Soto y la sociedad citada existió un contrato de trabajo vigente entre el 5 de julio y el 3 de agosto

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Radicación n.° 91026 de 2016; que el trabajador perdió la vida en un accidente de trabajo por culpa grave del empleador por lo que han sufrido perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que deben ser indemnizados. En consecuencia, pidieron condenar a la demandada a pagar a la sucesión de Vargas Soto la indemnización plena de perjuicios patrimoniales, esto es, daño emergente y lucro cesante; a favor de la señora Valencia Quintero la indemnización plena de perjuicios extrapatrimoniales por

daño moral, daño a la vida de relación y/ o daño a la salud; y a favor de Yuri Alejandra y María Camila Vargas Valencia el daño moral, con la indexación, las costas y agencias en derecho. En sustento de sus peticiones, relataron que Elías de Jesús Vargas Soto se vinculó a la sociedad convocada mediante un contrato de trabajo a término indefinido entre las fechas ya indicadas y que, la empleadora le pagó los salarios y aportes a la seguridad social durante la relación laboral. Precisaron que la demandada es una empresa dedicada a la explotación, exploración y extracción de canteras, para posterior trituración y clasificación de la piedra caliza. Informaron que, en desarrollo de tal actividad, la accionada se encontraba explotando la mina de piedra caliza situada en la vereda Marengo, adscrita al corregimiento de la Danta de Sonsón (Antioquia) y en la que el causante laboraba

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Radicación n.° 91026 en oficios varios; que el 3 de agosto de 2016 a las 7:40 a.m., mientras trabajaba por orden del personal adscrito a dicha sociedad, sufrió un accidente de trabajo perdiendo la vida. Que tal infortunio ocurrió cuando «después de realizar un corte superficial a una piedra por lo menos de 10 toneladas que repentinamente se partió en dos (2) y se desplomó desde una altura aproximada de 5 metros aproximadamente, arrasando el cuerpo de Vargas Soto y aplastando su parte inguinal izquierda y derecha, dejándolo sin vida». Señalaron que la seguridad en la mina era asumida por

el personal de la empresa, «quienes no adoptaron de forma oportuna y completa las medidas pertinentes para prevenir el accidente de trabajo que dejó sin vida al señor Elías de Jesús Vargas Soto». Agregaron que el trabajador devengaba como último salario la suma de $783.454; que tal suceso le ocasionó graves perjuicios a su compañera permanente María del Socorro Valencia Quintero, y a sus dos hijas Yuri Alejandra y María Camila Vargas Valencia. Explicaron que el 3 de febrero de 2017 le pidieron al director de Cornare que les informara si, para el año 2016 se había solicitado licencia ambiental para adelantar la exploración, explotación, mercadeo y procesamiento de minerales en la mina en la que el trabajador prestaba sus servicios. Que mediante oficio del 16 de agosto de 2017 la jefe de Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo adscrita a Cornare les respondió que en

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Radicación n.° 91026 la base de datos no reposaba información relacionada con el trámite de licencia ambiental a nombre de la demandada. Manifestaron que, con derecho de petición del 2 de agosto de 2017, consultaron a la Gobernación de Antioquia si, desde el 2016 y hasta la fecha de la presentación de la solicitud, la empleadora estaba habilitada para ejercer la actividad minera, y el 18 de agosto del mismo año se les informó que la Gobernación de Antioquia no había otorgado permisos o títulos mineros a la empresa convocada. Por lo anterior, dijeron que, para el 3 de agosto de 2016,

fecha del accidente de trabajo en que Vargas Soto perdió la vida, la demandada estaba adelantando minería ilegal, pues no contaba con la autorización de las entidades administrativas competentes. En los fundamentos de derecho, expusieron que «el accidente ocurrió por culpa del empleador, por la falta de entrenamiento en dicha mina, por la evidente ausencia de elementos de seguridad y equipos con tecnología adecuada»; y que «el área donde se encontraba la piedra no estaba debidamente acordonada» (f.os 1 a 10, 113 a 124). Carbonatos Micronizados S. A. S. al dar respuesta a la demanda no se opuso a la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo en los extremos solicitados, pero sí a las restantes, alegando que las hijas del trabajador no acreditaron su calidad de beneficiarias del lucro cesante y

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Radicación n.° 91026 que María del Socorro Valencia sería la única que podría reclamar tal perjuicio, pero que esta había fallecido el 17 de abril de 2017. Además, sostuvo que no se indicó y describió el daño causado por lo que no era procedente reconocer los conceptos solicitados. En cuanto a los hechos, aceptó el vínculo laboral, los extremos temporales, el salario, el cumplimiento de su obligación de pago de salarios y aportes a la seguridad social, así como su actividad empresarial y la explotación de la mina de piedra de caliza situada en la vereda Marengo. Frente a los demás dijo no ser ciertos y que debían probarse. Aclaró que la labor desempeñada por el causante no fue

de oficios varios sino de minero; que este tenía experiencia de 10 años en el área y que previamente ya había prestado sus servicios para la empresa desde el 2 de septiembre de 2014 hasta el 18 de abril de 2016, como «machador», esto es, encargado de rebajar el tamaño de las piedras para su transporte. Así, insistió que el causante no era trabajador de oficios varios, sino minero con experiencia en la labor. Indicó que el día del accidente no había posibilidad de hacer un diagnóstico a la piedra debido a su gran tamaño, razón por la cual, y atendiendo a las medidas de seguridad, se determinó que, para trabajar la roca, los trabajadores debían entrar y salir por la parte trasera de ella; no obstante, el causante «inició a bajarse del sitio por el lado frontal de la piedra, con tan mala suerte, que no se sabe por qué, la piedra

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Radicación n.° 91026 se desprendió del sitio donde se encontraba; el señor Elías de Jesús trató de devolverse pero no le dio tiempo y la piedra lo rozó, debido a su enorme tamaño, contra otra roca que aún está allí». Aceptó que la seguridad de la mina corría por cuenta de la empresa; que el causante había recibido capacitación, entrenamiento y reforzamiento de las medidas de seguridad por lo que era el «primer responsable de su seguridad», de ahí que de nada servía la formación que impartía para la prevención de accidentes si el trabajador no la acataba. Resaltó que aquel, al momento del accidente, contaba con todos los elementos de protección que le había suministrado, como overol, camisa manga larga, guantes, botas de

seguridad y casco. Explicó que la licencia ambiental la expide la Agencia Nacional de Minería y no Cornare; que nada tiene que ver el tema de las licencias con el accidente de trabajo que sufrió Vargas Soto y que la afirmación de que realizaba actividades de minería ilegal debía ser demostrada por la parte demandante. En su defensa propuso como excepciones las de falta de legitimación en la causa por activa, petición de indemnización por motivos sobrevalorados, fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la víctima y ausencia de negligencia o descuido por parte de los empleados de la sociedad

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Radicación n.° 91026 demandada en la aplicación de las normas de seguridad (f.os 84 a 90 y 137).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 14 de marzo de 2019 (f.° 245), resolvió: Primero: DECLARAR que en este proceso no se demostró la culpa plena del empleador conforme al artículo 216 del C. S. del

Trabajo.

Segundo: ABSOLVER de todas las pretensiones declarativas y de condena a la sociedad CARBONATOS MICRONIZADOS S.A.S.

Tercero: No se hace necesario resolver las excepciones de fondo o mérito propuestas por la parte demandada.

Cuarto: Condenar en costas a la parte vencida en juicio, Yuri Alejandra Vargas Valencia, Camila Vargas Valencia y María del Socorro Valencia Quintero, y, las agencias en derecho fueron

tasadas en $828.116, un salario mínimo legal mensual actual vigente debe pagar la parte demandante a la parte demandada.

Quinto: En caso de no presentarse recurso de apelación la decisión debe ser examinada mediante el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer en grado jurisdiccional de consulta en favor de las demandantes, mediante fallo del 30 de noviembre de 2020 confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas.

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Radicación n.° 91026 En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de alzada manifestó que estaba debidamente acreditado que: i) el señor Vargas Soto se vinculó con la empresa demandada el 5 de julio de 2016, a través de un contrato de trabajo indefinido para desempeñar el oficio de «minero»; ii) que el 3 de agosto de ese año, el trabajador sufrió un accidente laboral en el que perdió la vida; iii) que según los registros civiles de nacimiento y las declaraciones extrajuicio, Yuri Alejandra y María Camila Vargas Valencia eran hijas del causante y que María del Socorro Valencia, falleció el 17 de abril de 2017, habiendo convivido con el causante. Indicó que le correspondía determinar si se acreditó que el accidente que sufrió Elías de Jesús Vargas Soto ocurrió por culpa del empleador y, en caso afirmativo, si procedía la condena al pago de la indemnización plena de perjuicios. Luego de citar el artículo 216 del CST, señaló que en la

decisión CSJ SL143-2020 se explicó que la comprobación de la culpa del empleador la asume el demandante o sus beneficiarios, quienes deben demostrar el daño, la negligencia del empleador y su nexo causal. En tal sentido, una vez corroborada la omisión en las obligaciones de la empresa, si el empresario pretende desvirtuar su responsabilidad debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquella, según los artículos 1604 y 1757 del Código Civil.

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Radicación n.° 91026 Con fundamento en esa jurisprudencia, precisó que para que se configure la culpa patronal se requería: i) acreditar el hecho generador del daño, ya sea accidente o enfermedad; ii) que el daño se derive de ese suceso; iii) que exista culpa del empleador suficientemente comprobada y; iv) que se advierta el nexo de causalidad entre la culpa y el daño. Analizó la conducta desplegada por la empleadora durante la relación laboral y al momento del accidente de trabajo. Advirtió que el 8 de julio de 2016 (f.° 98), le fueron entregados al trabajador los siguientes elementos: protector auditivo, gafas y guantes de protección, mascarilla desechable y casco, los cuales eran de uso personal y obligatorio. Dijo que también le fue suministrada la dotación consistente en un par de botas de seguridad, un jean, dos camisas manga larga con cinta reflectiva y una gorra casco (f.° 99). Destacó que según las pruebas allegadas se observaba que el 5 de julio de 2016, a Vargas Soto le fue realizada la

inducción, se socializaron las normas de seguridad, el uso adecuado y permanente de elementos de protección personal, se le informó sobre los peligros a los que estaba expuesto en la mina y se le explicó el manejo de las herramientas y el horario laboral (f.° 100, 102 a 109). Además, dijo que obraba un documento denominado «procedimiento de trabajo seguro en minería», en donde se describían los peligros a los que estaban expuestos los trabajadores en las minas y la forma de prevenirlos, el cual estaba rubricado por el trabajador (f.os 102 a 109).

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Radicación n.° 91026 Relacionó las declaraciones de José Norbey Villegas Aguirre, Reinaldo Soto Tauta, Laura Victoria González Gómez, Nelson Yarce Duque y Albeiro de Jesús Jaramillo Soto, de quienes dijo, afirmaron que, previo a desempeñar la labor, la demandada brindaba charlas relacionadas con la seguridad en el trabajo de minería, que el trabajador recibió capacitación en materia de seguridad; que la empresa suministró los elementos de protección para ejecutar la labor y que, según lo informó González Gómez, en el lugar de trabajo había personal de seguridad en salud. De las declaraciones de los testigos advirtió que estos coincidieron en que el señor Vargas Soto, el día del accidente estaba encargado de ayudar al señor José Norbey Villegas Aguirre, pasándole las varillas mientras este hacía la perforación de la roca; que en el momento en que todos se fueron a desayunar, le indicaron al trabajador (fallecido) que

lo hiciera también, sin embargo, este les manifestó que iría más tarde, disponiéndose a tratar de mover la roca con una barra por un lado, sin que nadie le hubiera dado esa instrucción. Dijo que Villegas Aguirre no era jefe del trabajador accidentado ni representante del empleador, pues el causante solo fue asignado como ayudante de aquel, por tanto, no tenía facultad sancionatoria y la única potestad que tenía era advertirle sobre el peligro e indicarle que no era prudente ejecutar la maniobra porque representaba un riesgo.

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Radicación n.° 91026 El Tribunal precisó que los señores José Norbey Villegas Aguirre, Nelson Yarce Duque, Reinaldo Soto Tauta y Albeiro de Jesús Jaramillo Soto presenciaron el accidente y fueron citados como testigos por la parte actora, quienes coincidieron en manifestar que la causa del desprendimiento de la roca fue la maniobra que hizo el causante. En consecuencia, concluyó que la causa eficiente del accidente y posterior muerte del trabajador obedeció a la imprudencia de este, pues a pesar de no tener la instrucción de mover la roca y de que sus compañeros le dijeron que dejara de hacer la maniobra que estaba realizando, sin medir el riesgo al que se exponía, decidió ejecutarla. Además, agregó que el trabajador en su hoja de vida manifestó tener 10 años de experiencia desempeñando el oficio de minero (f.° 94); que antes de su vinculación en julio de 2016, laboró para la demandada durante un año, aspecto

que fue corroborado por su hija Yuri Alejandra Vargas Valencia (f.° 34), por lo que no era una persona inexperta en la labor que hacía. Por último, se refirió al acto administrativo mediante el cual la empresa demandada fue sancionada por el Ministerio del Trabajo. Al respecto, sostuvo que los actos de incumplimiento del empleador frente a las normativas de seguridad aludidos en dicha resolución no incidieron en el fallecimiento de Vargas Soto, pues nada hubiera podido hacer la convocada a juicio para prevenir la ocurrencia del

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Radicación n.° 91026 accidente, dado que la causa fue la imprudencia del causante. Aclaró que esa Resolución fue expedida por el Ministerio del Trabajo, en virtud de la facultad concedida por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 para imponer multas cuando se presentaba un accidente que ocasionara la muerte de un trabajador y se demuestra el incumplimiento de las normas de salud ocupacional. Sin embargo, estimó que ese es un procedimiento administrativo sancionatorio en el que no se examina la relación causal entre la falta endilgada a la empresa con la ocurrencia del infortunio, por lo que, conforme a la «sentencia 30193 del año 2008» tales actos administrativos son elementos de prueba, pero no producen efectos de cosa juzgada. Que en el juicio se discutió la procedencia de la indemnización consagrada en el artículo 216 del CST, donde se analiza la culpa patronal como conducta subjetiva en la que la falta endilgada al empleador

debe tener relación con el siniestro.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por las demandantes, concedido únicamente a la compañera María del Socorro Valencia Quintero (f.° 301) y admitido por la Corte en proveído del 26 de enero de 2022.

Dado que en la demanda de casación radicada el 1 de marzo de 2022 se indicó que se formulaba a nombre de las

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Radicación n.° 91026 tres demandantes (f.° 14 a 24 del cuaderno de la Corte), la Sala en decisión del 8 de marzo de 2022, requirió al abogado para que, teniendo en cuenta que solo fue concedido a la señora Valencia Quintero aclarara a nombre de quien lo presentaba (f.° 28 del cuaderno de la Corte). En escrito del 11 de marzo de 2022 el togado informó que lo hacía a nombre de las hijas de la señora Valencia Quintero, dado el fallecimiento de esta y como sucesoras procesales (f.° 30), además, adjuntó una nueva demanda de casación, en donde modificó el alcance del recurso, pero con similares acusaciones a las contenidas en el escrito presentado de forma anterior. En auto del 15 de junio de 2022 se indicó que la demanda cumplía con los requisitos de ley, por lo que se pasa resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Corte case la sentencia del ad quem, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las súplicas de la

demanda inicial. Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados. La Sala por razones de método comenzará con el estudio de la tercera acusación, la cual contiene reparos de tipo fáctico, y dependiendo del resultado, posteriormente se analizarán o

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Radicación n.° 91026 no los cargos primero y segundo dirigidos por la senda jurídica.

VI. CARGO TERCERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 56 y 57 numeral 2 y 3, y 348 del CST; 84 de la Ley 9 de 1979; 188, 681 a 688 de la Resolución 2400 de 1979, 63, 1604, 1738 y 1757 del Código Civil; 60 y 61 del Código del CPTSS, lo que condujo a la infracción del artículo 216 del CST.

Asegura que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el accidente de trabajo sufrido por ELÍAS DE JESÚS VARGAS SOTO ocurrió por culpa suficientemente comprobada de su empleador.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo ocurrido al señor ELÍAS DE JESÚS VARGAS SOTO obedeció exclusivamente a su imprudencia, deduciendo la culpa exclusiva de la víctima.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el accidente de trabajo en el que perdió la vida el señor ELÍAS DE JESÚS VARGAS

SOTO se hubiera podido evitar si el empleador hubiera dado cumplimiento a las medidas de seguridad para la operación del oficio, teniendo en cuenta el riesgo de la actividad productiva de explotación minera a cielo abierto.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la caída de la roca no era previsible.

5. No dar por demostrado, estándolo, que las causas que tuvo en cuenta el Ministerio para imponer sanción al empleador fueron omisiones y violaciones a reglamentos del mismo, que incidieron directamente con la ocurrencia del accidente.

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Radicación n.° 91026 Precisa que los anteriores errores de hecho fueron producto de la falta de apreciación de las siguientes pruebas: i) el certificado de existencia y representación de la demandada, ii) publicidad, “CARMIC” Empresa moderna dedicada a la exploración y explotación de piedra caliza; iii) la investigación sobre accidente de trabajo mortal, realizado por la ARL Colmena Seguros, iv) la carta de renuncia y oficio desempeñado por el causante; v) el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de la accionada; vi) «documentos: informe ejecutivo: -fpj-3; inspección técnica al cadáver: -fpj10, álbum fotográfico: -fpj-11, fotografía img 01 a 10, carpeta spoa 055916100205201680274, condiciones del terreno, señalización y posición del cuerpo después del accidente y dictamen médico legal de necropsia». Del mismo modo, estima que el juez plural apreció indebidamente: i) la hoja de vida del trabajador, ii) las

Resoluciones 5901 de 2017 y 399 de 2018 del Ministerio del Trabajo y iii) los testimonios de José Norbey Villegas Aguirre, Laura Victoria González Gómez, Miguel Ángel Quintero Gallego, Nelson de Jesús Yarce Duque, Reinaldo Soto Tauta, Albeiro de Jesús Jaramillo Soto y Gustavo Adolfo Valencia Benítez.

1. En la demostración del cargo indica que el Tribunal no apreció el certificado de existencia y representación y la publicidad de la empresa, dedicada a la exploración y explotación de piedra caliza, pues en dichos documentos se

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Radicación n.° 91026 establece el objeto social de la demandada, la cual desarrollaba una actividad industrial peligrosa, y la que cuenta con una regulación especial para su funcionamiento. En consecuencia, alega que dicha omisión implicó el desconocimiento del Decreto 2222 de 1993, norma determinante en la infracción de la norma sustancial. Por ende, asegura que la caída o desprendimiento de rocas es un riesgo propio de la explotación del suelo, por ende, previsible. Sostiene que el juez plural erró en la valoración de la carta de renuncia que el causante presentó el 18 de abril de 2016, en donde aparece que registró el oficio de machador, el que consiste en picar la roca, recogerla y cargarla en la volqueta, el cual es totalmente diferente a los riesgos propios del oficio de «ayudante de perforador – dinamitador». Por consiguiente, el causante desarrolló dicha labor hasta un día

antes del accidente y es diferente al oficio que se le asignó el día de su muerte. Señala que el juez de alzada dedujo de la hoja de vida, una experiencia de 10 años como «minero», pero esa actividad tiene especializaciones por oficio por lo que se aprecia que no realizó un juicioso estudio del contenido de esa prueba, ya que allí se lee que el causante laboró en una finca por cuatro años. Al respecto, destaca que, en la declaración rendida por Quintero Gallego, este afirmó que el señor Vargas Soto prestaba servicios en una finca y que solo dos años atrás había trabajado en minas picando piedra caliza.

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Radicación n.° 91026 De las anteriores pruebas, la recurrente afirma que el causante no tenía experiencia en el cargo de ayudante de perforador – dinamitero, sino que su experiencia era como machador.

2. De otro lado, aduce que no se apreció el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, del cual transcribe algunos apartes, y destaca la respuesta relacionada con que el personal de minería conoce el trabajo que se realiza y que en este tipo de sitios no se usa el acordonamiento por tratarse de montículos naturales; que se busca un acceso por la parte alta, hacen la perforación y avisan para que todo esté controlado.

Manifiesta que, en la investigación del accidente de trabajo efectuada por la ARL Colmena Seguros, al aludir a la identificación de peligros se indicó: «cuenta con un panorama de factores de riesgo el cual no tiene identificado algunos riesgos de la operación, fenómenos naturales y posible

movimiento de terreno por tareas en minas aledañas» y que no se evidenciaba la elaboración del análisis de trabajo previo a la operación. Considera que las resoluciones emitidas por el Ministerio fueron mal valoradas, pues allí se advierte que la empresa cuenta con el documento de identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, pero sin los controles y las medidas de intervención y que no se aportaron

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Radicación n.° 91026 las normas de seguridad para el oficio que hacía el trabajador que falleció. Plantea que se hizo una defectuosa valoración probatoria de la declaración de Albeiro de Jesús Jaramillo, quien manifestó que al momento del accidente no había señales de peligro y que el lugar en donde cayó la roca era un paso obligado de los trabajadores para ir al sitio donde tomaban el desayuno. Advierte que también se omitió apreciar el registro fotográfico IMG 1, IMG 02, IMG 03 (álbum fotográfico del investigador de campo), pruebas que respaldan el dicho del mencionado testigo. Esgrime que, de los elementos referidos en este aparte, se acredita que el empleador dejaba la responsabilidad de la seguridad en los mismos mineros; que en el lugar del accidente no hubo medidas de seguridad que previniera la ocurrencia del siniestro y no se hizo acordonamiento del área; tampoco hubo inspección del terreno, por lo tanto, el empleador, no adoptó medida alguna teniente a prevenir el riesgo de aplastamiento.

3. Expone que el colegiado se equivocó al no valorar el

álbum fotográfico FJP (folio 58 a 60 y 78 a 80), fotografía IMG 01 a 10, carpeta SPOA 055916100205201680274, para lo cual describe el contenido de las fotos, la ubicación de la

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Radicación n.° 91026 piedra y los elementos aledaños al lugar en donde ocurrió el accidente. Precisa que se apreció erradamente el testimonio de Villegas Aguirre, quien manifestó que el causante intentó destrancar la piedra y que aquel le dijo que no lo hiciera porque estaba peligrosa. Agrega que similar situación se aprecia de la declaración de Soto Tauta, quien afirmó que no había señalización de peligro en el lugar. Por su parte Valencia Benítez manifestó que no conoció el sitio en donde ocurrió la muerte. Dice que, si se hubiera analizado las pruebas aludidas en este apartado de forma adecuada, teniendo en cuenta la composición del terreno, la posición de la roca, el peligro registrado por los testigos hubiera concluido que el desprendimiento de aquella era previsible.

4. Señala que el juez de alzada consideró que el accidente se dio por culpa exclusiva de la víctima. Al respecto, aduce que en la inspección técnica al cadáver se registró que sólo se halló una piedra grande y que no se encontraron otros materiales probatorios.

Además, explica que en el álbum fotográfico del investigador de campo IMG 01, 02 y 03 solo se muestra al trabajador sin vida, en «posición de cúbito dorsal (boca abajo)». Por su parte en el dictamen médico legal de necropsia se

puede evidenciar que conforme a la posición final del cuerpo

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Radicación n.° 91026 del occiso (cúbito dorsal) el trabajador se encontraba de espaldas y de las lesiones allí descritas se infiere que el recorrido de la piedra fue de forma diagonal. A partir de las anteriores pruebas afirma que: El señor Elías al no tener ninguna lesión en su cabeza, ni en su pie derecho, indica que la trayectoria de la piedra que recorre el cuerpo del señor Elías se produce de forma diagonal, ingresando por el pie izquierdo y saliendo por el brazo derecho, lo que, en sana lógica, permite concluir, que si la víctima estaba palanqueando la piedra desde la base de la roca, como lo asegura el señor Reinaldo Soto Tauta (con una barra que no se encuentra en los elementos probatorios de la inspección técnica del sitio del accidente ni en la investigación de la ARL), es imposible que las lesiones y el aplastamiento se hubiera producido por la parte posterior del cuerpo. Por consiguiente, encuentra que el causante no estaba moviendo la roca, pues de haber sido así la posición final del cuerpo y el recorrido de ésta hubiesen sido diferentes. En todo caso, si el trabajador hubiera intentado moverla, ello no habría sido la causa determinante para la ocurrencia del accidente y esa eventual imprudencia, no excluye la conducta culposa del empleador. Agrega que el colegiado no valoró el informe ejecutivo que contiene la entrevista al señor Nava Ramírez, coordinador de producción de la empresa, quien dijo que llegó a la mina a las 8 a.m., es decir que, no estaba presente

antes ni en el momento del suceso; ausencia que fue corroborada por los testigos González y Yarce Duque.

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Radicación n.° 91026 Considera que si el ad quem hubiera valorado estas pruebas habría concluido que existió nexo causal entre las omisiones del empleador y la ocurrencia del accidente y habría hallado que la eventual conducta del trabajador no fue la única causante del evento, haciéndose evidente que existió una concurrencia de culpas, que no exonera al empleador de responder por los perjuicios. Asegura que la empresa demandada no tuvo en cuenta las conductas que podrían haber prevenido el accidente ocasionado por haber detectado el peligro y no controlarlo, conforme lo estableció el Ministerio en las resoluciones emitidas. Así, afirma que la empleadora, pese a haber detectado el riesgo no suspendió el trabajo, el lugar no estaba acordonado, no inspeccionó el terreno para evidenciar la presencia de rocas flojas, dado que en el momento del suceso no estaba el jefe examinando el lugar, ni verificó el estado de la cantera. Encuentra que, si se hubiese valorado las pruebas referidas, habría concluido la existencia de un nexo causal entre las omisiones y la ocurrencia del accidente. De ahí que la eventual conducta del empleado no fue la única causa eficiente del evento.

5. Por último, expresa que el Tribunal erró al concluir que no existió nexo causal entre el trámite administrativo adelantado ante el Ministerio de Trabajo y la ocurrencia del accidente de trabajo. Al respecto, señala que, de las

Resoluciones 5901 de 2017 y 399 de 2018 se desprende que

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Radicación n.° 91026 el empleador no controló el riesgo al que estaba expuesto el trabajador y no aportó normas de seguridad en el of