CSJ - SL312-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL312-2024 Radicación n.º 95547 Acta 005 Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP representada por el FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP (FONECA), cuya vocera y administradora es FIDUPREVISORA SA, contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso que le instauró FABIÁN DE JESÚS MARRIAGA

VARGAS.

I. ANTECEDENTES Fabián de Jesús Marriaga Vargas llamó a juicio a la

Electrificadora del Caribe SA ESP (en adelante Electricaribe

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Radicación n.º 95547 SA ESP, hoy FONECA), con el fin de que fuera condenada a pagarle la pensión de jubilación denominada Plan 70, prevista en el numeral 2 del art. 106 de la convención colectiva de trabajo 1998 – 1999. Subsidiariamente, pidió similar prestación, pero con base en el parágrafo 1.º de la misma cláusula. En consecuencia, reclamó el retroactivo pensional a partir del 30 de junio de 2010 y exigió que los reajustes de las mesadas se hicieran en un 15%, de conformidad con la Ley 4.ª de 1976, más los intereses

moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la Electrificadora del Atlántico desde el 2 de enero de 1985, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, en el cargo de inspector de medidas I; que, en julio de 2017, su salario mensual era de $1.965.178; que la citada empleadora suscribió un convenio de sustitución patronal con Electricaribe SA ESP, por el cual esta asumió todas las obligaciones laborales y pensionales que traía aquella; que estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores de Empresas de Energía Eléctrica de la Costa Atlántica. Según su relato, cumplió 50 años el 8 de enero de

2010. El 30 de julio de ese año solicitó a la demandada la pensión de jubilación convencional regulada en el acuerdo colectivo atrás indicado, pero esa petición fue negada mediante comunicación del 3 de agosto del mismo año. El 29 de agosto de 2012 suscribió un acuerdo conciliatorio con la accionada, en la cual existía una compilación que

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Radicación n.º 95547 agrupaba las diferentes convenciones colectivas pactadas con la empresa, de las cuales dijo que era beneficiario. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo que asumió por sustitución patronal, aclarando que esta operó desde el 16 de agosto de 1988. También tuvo por cierto el cargo que

desempeñaba el accionante, su salario mensual, la existencia de las convenciones colectivas y sus modificaciones, las solicitudes de reconocimiento de la pensión, así como las respuestas que brindó y el acuerdo conciliatorio alcanzado con el trabajador el 29 de agosto de

2012. De los demás fundamentos fácticos, dijo que no le constaban o que no eran ciertos.

En su defensa propuso las excepciones de fondo de cosa juzgada, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido y compensación. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 27 de agosto de 2019, dispuso: PRIMERO: DECLÁRENSE NO PROBADAS las excepciones de cosa juzgada, cobro de lo no debido, la prescripción, se declara probada la buena fe, se declara probada condicionada (sic) la compensación por los argumentos ya planteados.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad e ineficacia del artículo 51 del acuerdo de fecha septiembre 18 de 2003 suscrito entre

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Radicación n.º 95547 ELECTRICARIBE SA ESP y la cooperativa (sic) de SINTRALECOL reiterándose la declaratoria de las convenciones colectivas 1998, 1999, 1987, 1985, 1987, así como las normas en que se sustentó el reconocimiento de la pensión de jubilación al actor.

TERCERO: CONDENAR a la demandada ELECTRICARIBE SA ESP a reconocer y pagar al actor FABIÁN JESÚS MARRIAGA

VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía n.º 8.757.691 expedida en Soledad, pensión de jubilación convencional con apoyo al artículo 106, convención colectiva de 1998 – 1999, en armonía con la convención colectiva de 1985, 1987, artículo duodécimo, correspondiente al 75% del promedio de lo devengado por factor salarial por el demandante en el último año de servicios que teniendo en cuenta la fecha de la sentencia se toma como último año de servicio: julio de 2019 a 2018 y arroja un valor de mesada pensional convencional por $3.494.493,42, al cual deberá (sic) hacerse los reajustes año a año de acuerdo a los índices de precios al consumidor y se entrará a disfrutar a partir de la fecha en que se retire el trabajador o el demandante.

CUARTO: CONDENAR a la demandada ELECTRICARIBE SA ESP a reajustar hasta un 15% de las mesadas pensionales del actor, FABIÁN JESÚS MARRIAGA VARGAS conforme a lo dispuesto en la Ley 4.ª de 1976, a partir de la fecha en que el actor decida entrar a disfrutar de la pensión que aquí se le ha reconocido y mientras se mantenga en un valor inferior a cinco salarios mínimos legales vigentes, por las razones planteadas.

QUINTO: ABSOLVER a la demandada ELECTRICARIBE SA ESP de las restantes pretensiones del demandante.

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionada, mediante fallo del 9

de septiembre de 2021, confirmó en todas sus partes la decisión de primer grado.

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Radicación n.º 95547 En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal advirtió que no estaba en duda que entre el actor y Electricaribe SA ESP existió un contrato de trabajo que estuvo vigente desde el 2 de enero de 1985. Asimismo, que las partes suscribieron el acta de conciliación 6297 del 29 de agosto de 2012 (f.os 65 a 69), mediante la cual se acordó que el pago al trabajador de la suma de $94.358.728, daba lugar al siguiente efecto: [Dejar] totalmente precavidas, transadas y conciliadas todas las posibles controversias o reclamaciones del señor FABIAN (sic) MARRIAGA VARGAS relacionadas con la causación de la pensión extralegal de jubilación, mesadas pensionales o beneficiarios de pensionado, ajustes pensionales, o por cualquier reclamación o controversia de índole pensional, ya sea contra Electrificadora del Caribe S.a. E.S.P., sus socios, directivos, accionistas, matriz, filiales, subsidiarias, y sucursales, (…), razón por la cual queda eliminada cualquier posibilidad de controversia o litigio en el futuro en este sentido […] Con base en los arts. 14 y 15 del CST, recordó que los derechos laborales, legales o convencionales, cuando son ciertos e indiscutibles, no pueden conciliarse ni transigirse. Por otra parte, en los casos en los que es legítimo acudir a la conciliación en esta área, recordó que el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada, pero será impugnable judicialmente

si alguno de los intervinientes actuó sin capacidad o sin voluntad libre e informada, o cuando el acto versó sobre objeto o causa ilícitos, o en el caso de que suponga una violación de derechos consolidados. Al respecto, mencionó la providencia CSJ SL, 8 jun. 2011, rad. 35157. Bajo ese parámetro, para el caso bajo examen, estimó: […] encuentra la Sala que, en el presente caso, es más que claro que la conciliación celebrada por las partes en contienda –

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Radicación n.º 95547 adiada 29 de agosto de 2.012- -Fls. 65 a 69no podía cercenar la posibilidad que tenía el accionante de promover la reivindicación de la pensión de jubilación de origen convencional aquí reclamada, en tanto para la fecha en que se llevó a cabo dicho acuerdo de voluntades, el accionante en su calidad de trabajador de la empresa accionada y afiliado del sindicato SINTRAELECOL –Fl. 64-, ya había satisfecho el tiempo de servicio -20 añosy la edad mínima – 50 años-, exigida por el numeral 3° del art. 106 de la CCT 1998 – 1999 – Fl. 113- [norma extralegal cuya aplicación al caso de la actora (sic) no es discutida por la accionada, pues ningún comentario hizo al respecto en su impugnación], si se tiene en cuenta que los 20 años de servicios en la empresa, atendiendo su fecha de ingreso -2 de enero de 1.985, Fl. 53-, los cumplió el 2 de enero de 2.005, amén que la edad -50 añosfue alcanzada el día 8 de

enero de 2.010 –FL. 70. Afirmó que el acuerdo conciliatorio que suscribieron las partes reguló un derecho cierto e indiscutible, a saber, el reclamo de la pensión de jubilación, por lo que carecía de validez, lo que dio lugar a confirmar la decisión inicial. Establecido ese punto, hizo explícito que el accionante cumplió los requisitos de causación de la prestación el 8 de enero de 2010, lo que significó que desde entonces se consolidó el estatus de pensionado, acotando que esa fecha es anterior al 31 de julio del mismo año, día en el que se extinguió definitivamente la regulación convencional de índole pensional, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005. Por otra parte, sobre la validez del acuerdo extraconvencional del 18 de septiembre de 2003 (f.os 324 a 343), recordó que la providencia CSJ SL1546-2018 resolvió un caso similar al presente, en contra de la misma empresa, de la que extrajo esta deducción: […] el acuerdo colectivo de trabajo es un convenio especialísimo, que deriva de la facultad normativa que el derecho del trabajo y

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Radicación n.º 95547 la Carta Política les concede a las partes para que regulen las condiciones laborales; de allí que sea fuente material de derecho inderogable por actos procedentes de la autonomía privada individual, siendo solo viable la modificación de las disposiciones extralegales en tiempos de normalidad económica cuando se trate de su ampliación, que no de su detrimento y, que su aclaración, se debe llevar a cabo con aplicación del

principio de favorabilidad que incorpora la disciplina del trabajo; todo lo cual no cumple el referido acuerdo colectivo adiado 18 de septiembre de 2.003. De ahí, que ningún punto que hubiese sido regulado por la Convención Colectiva de Trabajo podía modificarse a través de un documento, salvo, se itera, si el mismo tiene por finalidad incrementar los beneficios ya establecidos en aquella. En cuanto a la viabilidad de la empresa para la fecha en la que se firmó el acta extraconvencional, dijo que en el expediente no había prueba de las circunstancias financieras que, según la demandada, dieron lugar a la revisión de la convención colectiva de trabajo. Sobre este aspecto, mencionó el fallo CSJ SL5129-2019, pronunciamiento que advirtió que «el aludido acuerdo de 2003, no podía modificar las disposiciones convencionales vigentes y menos, para desmejorar las condiciones de sus beneficiarios». Por lo expuesto, confirmó el pronunciamiento de primer grado, en cuanto tuvo en cuenta el criterio según el cual la accionada y el sindicato de trabajadores no podían afectar los derechos convencionales sin acudir a medios adecuados, previstos en el ordenamiento jurídico, como la denuncia de la convención colectiva o la revisión contemplada el art. 480 del CST.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.º 95547 Interpuesto por Foneca, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la corte case la sentencia de

segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque la del juez individual y, en su lugar, lo absuelva de todos los pedimentos propuestos por el accionante. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, a los que se opone el promotor del proceso, y que serán estudiados en conjunto, dado que guardan similitud en cuanto a la finalidad que persiguen.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, los arts. 38, 39, 55, 83 y 333 de la CP; 1.º, 12, 18, 55, 373, 379 y 435 del CST, lo que dio pie a la interpretación errónea de los preceptos 48 de la CP, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005; 13, 467, 468, 469 y 480 del CST; 1502, 1505 y 1603 del CC; 64, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998; 28 de la Ley 640 de 2001, de donde se derivó la aplicación indebida del art. 260 del CST y el parágrafo 1.º del canon 1.º de la Ley 4.ª de

1976. En la demostración del cargo, aduce que el tribunal no aplicó los artículos 38 y 39 constitucionales, pues los

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Radicación n.º 95547 convenios o acuerdos colectivos de trabajo no son inmodificables, ya que ello coartaría el derecho de la empresa y del sindicato a regular las relaciones laborales,

«y la buena fe obrero empresarial cuando unifiquen, supriman y modifiquen determinadas condiciones estipuladas en la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO». Opina que, pensar en contrario, atenta contra el núcleo o espíritu del derecho a la libertad de empresa (art. 333 CP), en aquellos casos en los que las organizaciones sindicales conocen y comprenden la situación económica o financiera de sus empleadores para aplicar ajustes a los derechos convencionales. En cuanto a la inaplicación del art. 1.º del CST, tras recordar que regula la finalidad de las normas sociales, hace esta apreciación: […] visualizar la progresividad laboral o la justicia social, apartándose o inobservando determinadas condiciones económicas del empleador y comprendidas por el trabajador o las organizaciones sindicales, conllevaría a (sic) la errónea concepción de estaticidad de las normas laborales convenidas o productos de acuerdos colectivos de trabajo [art. 12 CST] que superen la legislación social, suponiendo la misma categoría de los últimos [irrenunciabilidad], pues inexorablemente conllevaría al fracaso empresarial, supresión de puestos de trabajo y en el peor de los casos, el cierre de la empresas. Bajo en (sic) anterior derrotero, el Tribunal desconoció las funciones que por mandato legal se le impuso a las organizaciones sindicales, en especial, la de “celebrar convenciones colectivas […]” y “representar esos mismos intereses ante los empleadores y terceros” [art. 373 CST] cuyo (sic) delegación los presume plenipotenciarios o facultados con

plenos poderes para celebrar y suscribir acuerdos que beneficien o irradien a los miembros de las organizaciones sindicales [art. 435 modificado CST], situación que de manera armónica implica que luego de suscritos, está vedado a cualquier afiliado el “promover o patrocinar el desconocimiento de hecho” de los acuerdos colectivos sean progresivos o

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Radicación n.º 95547 modificados por determinada situación jurídica, económica, financiera, u otros semejante (sic) que obliguen u obligan a sus afiliados. Enseguida, expone que la inaplicación de esas normas dio pie a la hermenéutica errada del art. 48 superior, pues el tribunal entendió que empleadores y sindicatos estaban impedidos para acordar derechos convencionales aún antes del límite temporal impuesto por el Acto Legislativo 01 de

2005. Bajo esa intelección, las negociaciones serían ilegales, ineficaces o nulas, impidiendo el ajuste de los acuerdos colectivos que requieran de «un equilibrio económico, viabilidad financiera o coadyuvara a la continuidad operacional del patrono en aprietos en estos aspectos».

Colige, entonces, que el juez de segundo grado se equivocó al decidir que el acuerdo colectivo del 18 de septiembre de 2003, celebrado entre Electricaribe SA ESP y Sintraelecol, no produjo efectos. Siendo así, opina que la sentencia atenta contra el «corazón del producto convencional que resultó del dialogo social, pues como se indicó en párrafos anteriores, la ley y disposiciones

enunciadas en el desarrollo del cargo, no proscriben ajustes a los textos de las CCT». A la par, denuncia la errada interpretación del art. 13 del CST al equiparar garantías convencionales —que resultan del derecho de sindicación y de negociación— con las de orden legal, pues mientras las primeras no ingresan al patrimonio del trabajador, es apto y válido, jurídicamente, transigirlos o conciliarlos. Así, entiende que

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Radicación n.º 95547 la irrenunciabilidad de beneficios mínimos «corresponde a derechos laborales legales y no los extralegales, amén como los que no causó el señor Fabián de Jesús Marriaga Vargas para el 29 de agosto de 2012». Para concretar su crítica, el cargo expone: Fue tal el dislate interpretativo del Tribunal, que solamente se limitó a indicar que el Acuerdo del 18 de septiembre de 2003 fue deficitario en aumentar las condiciones pensionales de los trabajadores de Electricaribe SA ESP en comparación de los textos colectivos 1983 – 1985, 1985 – 1987, 1992 – 1993 y 1998 – 1999, desconociendo el alcance real y sensato del artículo 467 del CST sobre la CCT en las “condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, desconociendo que si el mismo fue depositado [art. 469] y suscrito por los plenipotenciarios del conflicto laboral, este resultado [art. 468 CST], no era dable desconocerlo, restarle validez jurídica, dejar sin efecto los antecedentes que la originaron, como era la

compleja situación financiera, que finalmente y entre otras razones, hoy la llevan a su proceso de liquidación de Electricaribe SA ESP, cuando se discutió, planteó y convino en los términos de la ley laboral y negocial de cualquier contrato [arts. 105, 1602 y 1603 del Código Civil], que su fundamento se motivó en la permisión del artículo 480 del CST en el que es factible la revisión o modificación de los textos convencionales bajo dos supuestos: a) Cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica., o b) Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión fundada en tales alteraciones, corresponde a la justicia del Trabajo decidir sobre ellas; y entretanto estas convenciones siguen en todo su vigor. En ese orden y como se indicará en el segundo cargo, la modulación en los requisitos de la pensión de jubilación convencional para el 18 de septiembre de 2003, se produjo por el reconocimiento expreso, cumpliendo los requisitos legales de los artículos 467 y siguientes del CST en ajustar la edad, promedio salarial y tasa de reemplazo de la pensión, diferentes, pero coadyuvantes a la viabilidad de Electricaribe SA ESP, para la pensión convencional de jubilación “Plan 70”. Sobre el entendimiento que resulta del literal a) del art. 480 del CST, expone que no implica que en el proceso judicial se deban acreditar las circunstancias allí consignadas, pues este no es un requisito de ley, sino que

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Radicación n.º 95547 pueden inferirse sin formalidades. En ese orden, resulta

equivocado que el tribunal haya determinado estos puntos: […] que i) Al 29 de agosto de 2012, fecha en la cual el demandante celebró conciliación ante el Ministerio del Trabajo su derecho pensional estaba causado, ii) Que la edad y tiempo de servicios promotor de la pensión de jubilación del denominado “Plan 70” era un derecho indiscutible e irrenunciable, iii) Olvidando el contenido y fuerza vinculante de la CCT del 18 de septiembre de 2003 y iv) Que no era dable o que era inadmisible e ineficaz modificarse los textos convencionales predecesores para fines de causar la pensión convencional. Se aparta de la decisión en cuanto interpretó los arts. 64, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998 y 28 de la Ley 640 de 2001, pues el legislador dispuso que la conciliación ante el Ministerio del Trabajo tiene efectos de cosa juzgada formal y material, siempre y cuando no involucre derechos mínimos e irrenunciables. A la vez, el juzgador olvidó que, no solamente era válido el acuerdo colectivo del 18 de septiembre de 2003, sino que Fabian de Jesús Marriaga Vargas, en aplicación de la convención 2011 – 2015, se acogió a estos puntos: Celebrar conciliación laboral con el objeto de recibir anticipadamente y de manera compensada la suma de $94.358.728 pesos por cualquier concepto laboral salarial, prestacional, prestacional, (sic) legal, extralegal, convencional y jubilatorio a cargo del empleador, sino que confirma la aceptación a una situación previa y lícita, como el ajuste a las

condiciones pensionales a partir de la CCT del 18 de septiembre de 2003, cuando recibió una renta mensual por compensación de pensión hasta la fecha en que fuera pensionado por el ISS hoy Colpensiones y tal como lo respaldan los desprendibles de nómina aportados al expediente. Insiste en que se desconocieron los actos propios del trabajador y las condiciones convencionales pactadas el 18

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Radicación n.º 95547 de septiembre de 2003, acuerdo que se hizo necesario «como condición para contribuir a lograr la viabilidad financiera de la empresa», no solo en esta materia, sino para una actualización integral de beneficios convencionales que coadyuvara la continuidad operacional. También se omitió que dichos beneficios adquiridos en la conciliación laboral y en la renta mensual de pensión, eran producto de la convención colectiva de trabajo 2011 – 2015. Finalmente, acepta que conoce la postura de esta sala en cuanto al tema en debate, conforme a las sentencias «SL3399-2022, SL1133-2022, SL4194-2021», entre otras. Sin embargo, solicita recomponer la línea de pensamiento y proceder en los términos del alcance de la impugnación.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia de violar, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 38, 39, 48, 55 y 83 de la CP; 1.º, 12, 13, 18, 55, 260, 373, 379, 435, 467, 468, 469 y 480 del CST; 1502, 1505 y 1603 del

CC; 64, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998; 28 de la Ley 640 de 2001 y el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 4.ª de 1976. Precisa que el tribunal cometió los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el artículo 51 del Acuerdo Convencional del 18 de septiembre de 2003 celebrado entre SINTRAELECOL y Electricaribe SA ESP, modificó las condiciones pensionales del “Plan 70” preestablecido en las

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Radicación n.º 95547 Convenciones Colectivas de Trabajo 1983 – 1985, 1985 – 1987, 1992 – 1993 y especialmente en el artículo 106 de la vigente para 1998 – 1999 con efectos de un acta extraconvencional, cuando en realidad se produjo en aplicación del artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo [parte inicial]. Como resultado de lo anterior,

2. No dar por demostrado, estándolo, que la condición pensional y jubilatoria patronal que regía al demandante eran las pactadas a partir del cambio estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo del 18 de septiembre de 2003 y ratificada en la Convención Colectiva de Trabajo 2011 – 2015, teniendo como consecuencia, la validez y efectos de cosa juzgada del Acuerdo Conciliatorio contenido en el Acta 6297 del 29 de agosto de 2012 en el que se otorgó al actor anticipadamente y de manera compensada la suma de $94.358.728 pesos por

cualquier concepto laboral salarial, prestacional, prestacional, legal, extralegal, convencional y jubilatorio a cargo del empleador, más una renta mensual por compensación de pensión hasta la fecha en que fuera pensionado por el ISS hoy Colpensiones. Aduce que los siguientes medios de prueba no fueron apreciados por el ad quem: • Certificado de afiliación del demandante a SINTRAELECOL de folio 83 en el archivo JUZ00. • Solicitud pensión por el actor para el 30 de junio de 2010, folio 90 – 92 y 332, archivo JUZ00. • Convenciones colectivas de trabajo 1998 – 1999 [fls. 93 - 171], 1983 – 1985 [fls. 172 - 185], 1985 – 1987 [fls.186 -195], 1992 – 1993 [fls. 196 - 211] 2011 - 2015 [fls. 335 - 368], archivo JUZ00. • Comprobante de pago de la suma compensatoria estipulada en el Acta de conciliación Nº. 6297 del 29 de agosto de 2012 [fls. 331], archivo JUZ00. • Desprendibles de nómina donde se refleja pago de “bono compensación pensión”, folios 66 a 106, archivo JUZ34 Como medios de prueba valorados erróneamente, identifica estos:

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Radicación n.º 95547 • Acta de conciliación Nº. 6297 del 29 de agosto de 2012, folios 82 – 88 y 324 – 330, archivo JUZ00. • Acuerdo – Convención Colectiva de Trabajo del 18 de

septiembre de 2023 [Fls. 1 - 45] , archivo JUZ34. Menciona que el certificado de afiliación del trabajador a Sintraelecol no fue apreciado por el tribunal, omisión que incide en la decisión, porque en esta prueba se constata la afiliación y el sometimiento a los textos convencionales por los afiliados a dicha organización, incluyendo al actor. Indica que el señor Marriaga Vargas planteó el derecho a la pensión con la reclamación que presentó el 30 de junio de 2010, «desconociendo los actos propios, los efectos del Acuerdo Colectivo del 18 de septiembre de 2003 y coincidentes con el Acto Legislativo 01 de 2005», mediante los cuales la empresa dejó sentados los acuerdos modificatorios de la convención, fundados en el art. 480 del CST, y desconoció el deber de someterse al acuerdo colectivo 2011 – 2015, sin cumplir los requisitos, porque, con los nuevos alcances de la pensión de jubilación y del Plan 70, no los pudo consolidar y superó el 31 de julio de 2010, fecha en la cual no era posible reconocer condiciones pensionales diferentes de las del Sistema General de Pensiones. Asevera que el tribunal no valoró «el tránsito legislativo» de la pensión de jubilación patronal y del Plan 70 en las diversas convenciones, pues, si bien la primera en la que históricamente se pactó la jubilación patronal fue la de 1983 – 1985, posteriormente se trajo ese derecho por

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Radicación n.º 95547 remisión hasta el acuerdo compilatorio de 1998 – 1999. Así, no apreció el «Acuerdo Colectivo Acuerdo – Convención Colectiva de Trabajo del 18 de septiembre de 2023 (sic) [Fls. 1 - 45], archivo JUZ34» en el que, con apoyo en el art. 480 del CST, las partes regularon diversas materias extralegales y convencionales, pero donde se indicó como justificación y soporte que: En este contexto, las partes reconocieron igualmente que se hizo necesario convenir el presente Acuerdo como condición para contribuir a lograr la viabilidad financiera de la empresa. Las partes debidamente facultadas para el efecto, la compañía con base en el poder especial otorgada por su Presidente y la organización sindical, conforme sus normas estatutarias y acogiendo lo dispuesto en la Asamblea Nacional de Delegados del mes de julio de 2003, representación que acreditan los documentos que acompañan y teniendo en cuenta, para el efecto el numeral 5 del Acta de Acuerdo de AMS del 11 de abril de 2002. Éste se conviene dentro de este contexto de compromisos y es la base que permitirá alcanzar una convención única en el futuro. Acerca del mismo texto, expone que sus seis primeros artículos dejan claras las condiciones de aplicabilidad, pero el tribunal las desatendió. Tampoco consideró el contenido del art. 51 del acuerdo del año 2003, sobre pensiones, con lo cual incurrió en los siguientes yerros: a) Al advertir SINTRAELECOL y Electricaribe SA ESP situación (sic) imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica y ceñidos a la primera hipótesis del artículo 480

ibídem, sin que implicara que en el proceso judicial se acreditaran dichas circunstancias, por no es un requisito de ley, b) Situación de revisión de la CCT que se estableció en el Acuerdo Colectivo de Trabajo del 18 de septiembre de 2003 en su introducción, antecedentes y primeros artículos, es válido concluir que la situación pensional del demandante se regía por el último acuerdo y posteriormente confirmado en la CCT 20112015 que no valoró el Tribunal conforme se observa en el archivo JUZ00.

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Radicación n.º 95547 Tal omisión, y la legalidad del acuerdo colectivo del 18 de septiembre de 2003, acreditó los dislates del ad quem que describe así: i) Al 29 de agosto de 2012, fecha en la cual el demandante celebró conciliación ante el Ministerio del Trabajo su derecho pensional estaba causado, ii) Que la edad y tiempo de servicios promotor de la pensión de jubilación del denominado “Plan 70” era un derecho indiscutible e irrenunciable, iii) Olvidando el contenido y fuerza vinculante de la CCT del 18 de septiembre de 2003 y iv) Que no era dable o que era inadmisible e ineficaz modificarse los textos convencionales predecesores para fines de causar la pensión convencional. Enfatiza en que no se auscultó el contenido de la conciliación ante el Ministerio del Trabajo ni sus efectos de cosa juzgada formal y material, estrictamente relacionados con el principio de seguridad jurídica, pues, según su apreciación, en este no se involucraron derechos mínimos e

irrenunciables. Además, observa que el juez plural obvió la validez de la «convención del 18 de septiembre de 2003», con lo que olvidó que Fabian de Jesús Marriaga Vargas, en aplicación de la convención 2011 – 2015, se acogió a «i) Celebrar conciliación laboral con el objeto de recibir anticipadamente y de manera compensada la suma de $94.358.728 […] por cualquier concepto laboral salarial, prestacional, prestacional, (sic) legal, extralegal, convencional y jubilatorio a cargo del empleador». En ese sentido, estima que se confirma que aceptó una situación previa y lícita, como lo es el ajuste de las condiciones pensionales a partir de la «CCT del 18 de septiembre de 2003», cuando recibió una

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Radicación n.º 95547 renta mensual por compensación de la jubilación hasta la fecha en que Colpensiones asumiera su obligación, como lo respaldan los desprendibles de nómina aportados al expediente. Le achaca al opositor el desconocimiento de sus actos propios, pues desatendió las condiciones acordadas el 18 de septiembre de 2003, «que se motivaron en reconocer “que se hizo necesario realizar un Acuerdo como condición para contribuir a lograr la viabilidad financiera de la empresa”, no solo en esta materia, sino una actualización integral de beneficios [