CSJ - SL3179-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 1 MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL3179-2018 Radicación n.” 60207 Acta 25 Bogotá, D. C., primero (1%) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NATALIA HADDAD CLAVIJO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 16 de julio de 2012, en el proceso ordinario laboral que adelanta la recurrente contra la CÁMARA DE

COMERCIO DE CÚCUTA.

I. ANTECEDENTES La señora Natalia Haddad Clavijo demandó en proceso ordinario laboral a la Cámara de Comercio de Cúcuta, a fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término fijo, el cual inició el 16 de mayo de 1995 y terminó el 3 de octubre de 2008 con ocasión del despido indirecto atribuible al empleador; que en consecuencia tiene

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Radicación n. 60207 derecho a la indemnización por despido sin justa causa previsto en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, con las modificaciones del artículo 28 de la Ley 789 de 2002; a la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del citado compendio; al reconocimiento del lucro cesante por haber dejado de laborar por el despido injustificado de que fue objeto; a lo que se pruebe ultra o extra petita y a las costas

del proceso. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que empezó a laborar para la demandada el 16 de mayo de 1995, en el cargo de profesional asistente de recursos públicos; que dado su compromiso y dedicación fue ascendida hasta llegar a directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, el cual ocupó por «un periodo de 10 años»; que fue objeto de una persecución por parte del director ejecutivo de la entidad, lo que llevó a su traslado a un cargo de inferior categoría como lo fue el de profesional asistente de registros públicos. Explicó que la citada persecución inició cuando fue madre de su último hijo, ya que el aludido director añadió «cierto grado de dificultad» al trámite de legalización de la licencia de maternidad teniendo que volver a efectuarlo; que así mismo «el 18 de marzo» le envió un memorando que decía «llamado de atención», en el que le advertía sobre su ausencia injustificada, sin darse cuenta que previamente había allegado la incapacidad por encontrarse enferma. Afirmó que lo anterior hizo que presentara renuncia

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Radicación n. 60207 motivada, pues no podía permitir «tal degradación en su labor, ya que en trece años de trabajo nunca recibió llamados de atención ni hubo quejas de sus superiores por conductas no acordes a sus funciones; que el 28 de marzo de 2011 presentó ante la accionada solicitud de pago de la indemnización por terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo a la cual no le han dado respuesta; y que su último salario fue de $2.879.812. La Cámara de Comercio de Cúcuta, al dar respuesta a

la demanda, se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo, pero dijo que éste se suscribió a término indefinido; el ascenso de la demandante a directora del Centro de Arbitraje y Conciliación; la reclamación que ésta hizo de la indemnización por despido indirecto, y el valor del último salario; de los demás dijo que no eran ciertos. En su defensa adujo que la demandante nunca fue sometida a persecución laboral alguna, ni tampoco fue degradada, pues si se observa el organigrama de la entidad, el cargo de director del centro de arbitraje y conciliación y el de profesional asistente de registros públicos, tienen igual connotación en cuanto a la jerarquía, responsabilidad y asignación básica mensual. Formuló las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, improcedencia de la eficacia pretendida por el demandante, prescripción, compensación, temeridad y mala fe de la actora, y la genérica.

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Radicación n. 60207 IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia del 12 de marzo de 2012, absolvió de todas las pretensiones a la demandada. (f. 131 a 133).

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apeló la demandante y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia del 16 de julio de 2012, confirmó la decisión absolutoria de primera instancia e impuso costas en su contra (f.? 8 a 10).

El Tribunal, primeramente, determinó que la demandante pretendía que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término fijo desde el 16 de mayo de 1995 hasta el 3 de octubre de 2008 y, como consecuencia, se reconozca y pague la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria, el lucro cesante y las costas del proceso. Expuso que en el expediente quedó establecido que la actora prestó su servicio personal en favor de la demandada; que así mismo, con las pruebas allegadas, tales como la carta de terminación del contrato y la liquidación de las prestaciones sociales, se logra determinar que la relación laboral se dio desde el 16 de mayo de 1995 hasta el 3 de octubre de 2008 y, por ello, es dable darla por demostrada.

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Radicación n. 60207 Señaló el sentenciador, que una vez establecido el contrato de trabajo, se debe determinar si existió justa causa para que la señora Natalia Haddad Clavijo presentara carta de renuncia motivada, conforme a lo establecido en los numerales 2, 6, 7 y 8, del literal b) artículo 62 del CST; y si corresponde o no aplicar el artículo 64 del mismo código concerniente a la indemnización por terminación unilateral del trabajo sin justa causa. Afirmó que en este asunto se evidenció que mediante carta del 3 de octubre de 2008 la demandante dio por terminada la relación laboral, dada la decisión adoptada por el doctor Pedro Sayago Rojas al ordenar su traslado del cargo, de directora del centro de arbitraje y conciliación a uno de

inferior categoría, como lo es el de profesional asistente de registros públicos, determinación que considera se adoptó con el único propósito de ofender su dignidad dentro de la institución y frente a sus compañeros de trabajo al degradarla en las actividades funcionales y profesionales de coordinación, dirección y representación; y que dicha degradación correspondió a la evidente conclusión de un proceso de persecución laboral con el único fin de obligarla a renunciar al cargo que venía desempeñando. Adujo el Tribunal, que en ese sentido, se debía determinar si la renuncia presentada por la actora se concretó debido al acoso laboral del que afirma fue objeto por parte de la empresa demandada y si con la decisión adoptada por el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta se degradaban sus condiciones de trabajo.

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Radicación n. 60207 El ad quem luego citar el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, algunos apartes de la sentencia T - 238 de 2008 y referirse a las declaraciones de Pedro Rafael Sayago Rojas, Gustavo Hernández Yáñez y Mabel Andrea Robayo Vanegas, afirmó que dichos testimonios eran coincidentes en señalar que en ningún momento la demandante puso en conocimiento a la empresa dicho acoso laboral; que además existía un procedimiento que se debía seguir cuando un funcionario consideraba que está siendo acosado laboralmente; que la entidad se caracterizó siempre por dar estabilidad profesional; que en el año 2006 se constituyó el comité de convivencia laboral, creado con el fin de que la persona que se sintiera perseguida o acosada laboralmente

acudiera a éste a formular la respectiva queja, pero que la actora no utilizó este mecanismo para hacer valer sus derechos. Aseveró que teniendo en cuenta las pruebas, la norma transcrita y la jurisprudencia en mención, era dable compartir la apreciación del a quo al señalar que de conformidad con lo normado en el artículo 177 del CPC, aplicable por remisión del artículo 145 del CPTSS, quien afirme algo debe probarlo y que, en este caso, se echa de menos la demostración de ese acoso laboral que se dice sucedió. Dijo el sentenciador de alzada que la finalidad de la Ley 1010 del 2006 fue la de adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en las relaciones de trabajo, pero que si se analizaba las

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Radicación n. 60207 modalidades para ello, como el maltrato, la persecución o el entorpecimiento laboral, resultaba evidente que no existía prueba de que la empresa demandada haya generado maltratos a la integridad física o moral de la trabajadora. Insistió el operador judicial en que la accionante no denunció el acoso laboral antes de la presentación de la renuncia del contrato de trabajo, teniendo en cuenta que tenía a disposición las normas legales tales como el artículo 655 del reglamento interno y la Resolución 001 del 4 de abril del año 2006, por medio de la cual se creó el comité de convivencia laboral en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Además, indicó el ad quem que si bien en la carta de renuncia presentada el 3 de octubre del 2008 por parte de la

demandante, se señaló como motivo de ésta el hecho de que estaba siendo víctima de acoso laboral, lo cierto era que nunca fueron probadas tales afirmaciones, por lo que se debe colegir que dicha terminación del contrato de trabajo obedeció a la voluntad de la trabajadora, ya que dentro del expediente no existe probanza alguna que lleve al convencimiento de que la empresa utilizó actos de violencia, tanto psicológicos o físicos, con el fin de acabar con la dignidad humana de la promotora del proceso en su parte profesional; que por el contrario, todo demuestra que el empleador siempre le dio las herramientas necesarias para que trabajara y estuviera en condiciones dignas para el buen desenvolvimiento de su labores, las cuales desarrolló durante los 13 años de duración del vínculo contractual. 7

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Radicación n. 60207 Refirió que a la señora Natalia Haddad Clavijo en ningún momento se le degradó en sus condiciones de trabajo y según el organigrama de la Cámara de Comercio de Cúcuta, visto a folio 103, el cargo de director del centro de conciliación tiene la misma categoría que el de profesional asistente de registros públicos, tal y como lo expresan los testigos en su condición de trabajadores de la demandada; que, entonces, debe decirse que «con el traslado no hubo desmejora funcional ni económica por parte de la entidad demandado». Finalmente, coligió el Tribunal que lo antes expuesto llevaba a la confirmación del fallo de primera instancia, «por haberse encontrado ajustado a la realidad procesal tal cual se dirá en la parte resolutiva de está providencia», atendiendo a

lo dispuesto en el artículo 392 del CPC, modificado por la Ley 1395 de 2010. Al no prosperar el recurso de la demandante, se le condena al pago de la suma de $566.700 como agencias en derecho a favor de la parte demandada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se condene a la Cámara de Comercio de Cúcuta a reconocer y

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8 Radicación n. 60207 pagar todas las pretensiones incoadas en la demanda inicial y se provea en costas como corresponde. Con tal propósito formula un cargo, que no fue replicado y enseguida se pasa a estudiar:

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el literal b) numerales 2, 6, 7 y 8 del artículos 62 del CST, subrogado por el artículo 7% del Decreto 2351 de 1965; artículo 64 del CST, modificado por el artículo 80 del Decreto 2351 de 1965, subrogado por el artículo 60 de la Ley 50 de 1990 y éste, a su vez, subrogado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002; artículos 2 y 7 de la Ley 1010 de 2006, en armonía con los

artículos 19, 23, 32, 55, 57, 59 y 115 del CST; 65 ibídem, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002; 8 de la Ley 153 de 1887; 1613 a 1616 del CC; 25 y 53 de la CN; 174, 177 y 187 del CPC; y 60, 61 y 145 del CPTSS. Como errores manifiestos de hecho singularizó los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante fue desmejorada en sus condiciones de trabajo al ser trasladada del cargo de Directora del .Centro de Arbitraje y Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE .CÚCUTA al de Profesional

Asistente de Registros Públicos.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante fue trasladada del cargo de Directora del Centro de Arbitraje y

Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA a un 9

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Radicación n. 60207 cargo de igual jerarquía y condiciones laborales como el de Profesional Asistente de Registros Públicos.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante fue traslada de un cargo de mayor jerarquía como lo es de Directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA a uno de inferior jerarquía como es el de Profesional Asistente de Registros Públicos.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el organigrama de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA establece la igualdad

profesional, funcional, .administrativa y salarial entre el cargo de Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA y el de Profesional Asistente de Registros Públicos.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante, para ocupar el cargo de Directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA tuvo que cumplir un procedimiento de promoción y ascenso.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante fue objeto de persecución laboral al haber sido sancionada sin los requerimientos legales previos.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante fue objeto de persecución por parte de la empresa al imponerle trámites innecesarios en su desempeño laboral.

8. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante terminó unilateralmente (Despido indirecto) el contrato de trabajo con justa causa imputable al empleador.

9. No dar por demostrado, estándolo, que las motivaciones fácticas y jurídicas plasmadas por la demandante en su carta de renuncia, configuraron justas causas de terminación unilateral de su contrato de trabajo. (Autodespido).

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante debía acudir previamente al Comité de Acoso Laboral de la empresa, antes de concurrir a la justicia ordinaria laboral.

11. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante cumplió a cabalidad con sus obligaciones laborales y profesionales como Directora del Centro de Arbitraje y

Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA.

12. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización legal por despido sin justa causa.

13. No dar por demostrado, estándolo, que a la demandante se

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Radicación n. 60207 le causaron perjuicios morales y materiales, como consecuencia de la degradación de su cargo, lo que la condujo a presentar su carta de renuncia motivada por justas causas atribuibles al empleador. La recurrente considera que en los anteriores errores protuberantes incurrió el Tribunal, por la errónea apreciación de: la demanda inicial y su contestación (f. 57 a 64 y 114 a 123); carta de renuncia motivada, de fecha 3 de octubre de 2008 (f. 7 a 12); certificación suscrita por la profesional en relaciones industriales de la Cámara de Comercio de Cúcuta del 21 de agosto de 2008 (f.15 a 18); memorando de traslado de cargo, suscrito por el director ejecutivo de la demandada, del 15 de agosto de 2008 (£. 19); organigrama de la Cámara de Comercio de Cúcuta, actualizado al 22 de abril de 2008 (f.? 103); Resolución 001 del 4 de abril de 2006, por la cual se crea el comité de convivencia laboral de la entidad demandada (f. 104 a 106); y reglamento interno de trabajo de la convocada al proceso (£. 63 a 66). Como pruebas no apreciadas relacionó: las

evaluaciones de desarrollo y análisis de competencia de funcionario del departamento de registros públicos, de fechas 5 de diciembre de 2005, 29 de julio de 2007 y 9 de septiembre de 2008 (f. 26, 27 y 28); llamado de atención, suscrito por el señor Pedro Sayago Rojas, director ejecutivo, dirigido a la demandante, del 18 de marzo de 2008 (f. 30); certificado de incapacidad por tres días, de fecha 18 de marzo de 2008 (£.31); oficio n. 034522 del 10 de abril de 2007, suscrito por el director ejecutivo, dirigido a la accionante (£. SCLAIPT-10 v.00 1 Radicación n. 60207 32); respuesta al oficio n. 034522 del 10 de abril de 2007 firmado por la actora con destino al director ejecutivo (f. 33 a 35); licencia de maternidad de fecha 28 de febrero de 2007 (£ 36); memorando de asignación de funciones del 3 de septiembre de 2004, suscrito por el director ejecutivo, dirigido a la promotora del proceso (f. 41 a 43); llamado de atención a la accionante de fecha 26 de septiembre de 2007, suscrito por el director de registros públicos, (f. 73); oficio n. 033721, del 2 de marzo de 2007 cuya destinataria fue la actora firmado por el director ejecutivo (f£.75); memorando de asignación de funciones de fecha 8 de abril de 1997, (£. 76 a 78); liquidación del contrato de trabajo, suscrita por la demandante y el señor Juan Carlos Herreros Cabrera (f.? 89

a 94); reliquidación del contrato del citado contrato (f. 95 a 98); constancia de asistencia a la charla de acoso laboral del 29 de marzo de 2007 (f. 109); estatutos de la entidad accionada (f.? 52 a 61 cuaderno de anexos); hoja de vida de la actora (f. 70 a 74 ibídem); memorando del 8 de agosto de 2008, suscrito por el director ejecutivo (f.? 533 ibídem); y Resolución 0389 del 13 de noviembre 2007 del ISS, dirigida a la sociedad demandada (f.? 538 a 540 ibídem). Como pruebas no calificadas y erróneamente apreciadas, denunció los testimonios de los señores Gustavo Hernández Yáñez, Mabel Andrea Robayo Vanegas y Pedro Sayarga Rojas (f.113 CD). En la demostración aduce que el abundante acervo probatorio no resultó suficiente para demostrarle al Tribunal que la actora fue desmejorada laboralmente, al haber sido

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Radicación 1. 60207 traslada del cargo de directora del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta al de profesional asistente de registros públicos. Asevera que en la carta de renuncia se revelan claramente los motivos o causales por los que la trabajadora se vio obligada a renunciar, ya que se sintió desmejorada y conculcada en sus derechos; que, aunque desde el punto de vista formal o aparente se pudiera apreciar que los dos cargos fueran iguales, a la luz de la realidad jurídica,

personal y profesional de la demandante, no lo son y eso fue lo que el juzgador de segunda instancia no sopesó. Explica que administrativamente no es lo mismo un cargo de dirección que un cargo de profesional, pues los manuales de funciones así lo enseñan; que las personas encargadas de la dirección de las empresas están dotadas de una serie de funciones en su mayoría decisorias que obligan a la entidad frente a sus trabajadores como verdaderos representantes del empleador. Estima que el Tribunal apreció erróneamente la carta de renuncia, la demanda inicial y su contestación, el memorando de traslado y el organigrama, pues en estos documentos se establece que la trabajadora fue ascendida al cargo de directora y en esa condición desarrolló con lujo de eficiencia todas las actividades y funciones encomendadas y, que a pesar de ello, sin razones válidas, fue trasladada a un cargo de inferior categoría, pretextando dicho organigrama de la compañía, aportado en un folio, en donde se aprecia

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Radicación n. 60207 una aparente igualdad administrativa; que el citado documento además de ser desconocido por la entonces trabajadora, no se complementa con su descripción de cargos ni con su publicación; que si las anteriores pruebas hubieran sido estimadas en toda su dimensión por el juzgador, hubiere llegado a la conclusión que los dos últimos cargos desempeñados por la demandante no eran iguales y, en consecuencia, hubiere decretado los justos motivos de terminación del contrato por parte de la accionante por despido indirecto. Puntualiza que otro yerro del juez de segunda instancia,

consiste en no haber tenido en cuenta las evaluaciones de desarrollo y análisis de competencias, ni el memorando de asignación de funciones, documentos con los que se demuestra el óptimo desempeño de la actora durante toda su vida laboral; que de haber apreciado estas pruebas, la conclusión obligada hubiese sido que no había motivo o razón jurídica atendible para efectuar tal traslado; también hubiera colegido que la empleadora ejerció actos de presión e impuso condiciones inequitativas e insatisfactorias a la trabajadora con el fin de que esta renunciara. Insiste en que el organigrama que aporta la demandada al proceso no es coherente con la realidad actual de la entidad, máxime que su actualización es del año 2008 y por ninguna parte consta que este documento se hubiere publicado y socializado con los trabajadores para que tuviera plena validez jurídica; que el ad quem le dio una bondad legal que no posee; que, además, está desprovisto del documento SCLAJPT-10 v.00 Radicación n. 60207 madre o fuente que informe sobre su naturaleza y alcances, por lo que no era suficiente para concluir que los cargos de director del centro de arbitraje y conciliación y el de profesional asistente de registros públicos son iguales, sin observar las funciones de cada uno, pues de haberlo hecho hubiera llegado a la conclusión de que existe una desigualdad laboral administrativa que afecta a la trabajadora, así su salario permanezca constante y los nombres de los cargos de la planta de personal de la empresa ostenten inexplicablemente el mismo nivel en el organigrama. Explica que en error similar incurrió el operador judicial

de segundo grado al no apreciar los estatutos de la entidad, en los que se establece, sin dubitación alguna, el nivel jerárquico en el que se encuentran los directivos de dicha empresa en la estructura organizacional de la entidad y no así el nivel de profesional, situación que no percibió el juzgador, y no se entiende cómo una trabajadora que ha ocupado un cargo por más de 10 años, con evaluaciones de desempeño sobresalientes, sea trasladada a un puesto de inferior categoría, incorporándola a un grupo de abogados de registros públicos como lo señala el memorando de folio 19, simplemente por la voluntad obstinada de un directivo; que este tratamiento injusto y denigrante viola a todas luces la dignidad de la persona y, por ello, es reprochable constitucional y legalmente. Dice que si el juzgador de alzada hubiera valorado y apreciado con rigor jurídico estos documentos, su conclusión

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Radicación n. 60207 habría sido que los hechos imputados por la trabajadora a su empleador constituyen justas causas para presentar su renuncia motivada, dada la gravedad de los improperios sufridos (artículo 62 literal b) del CST). De otra lado, aduce que en el expediente se evidencia con claridad meridiana el perfil ocupacional de la actora, quien por su trayectoria y nivel profesional de acuerdo a sus evaluaciones de desempeño y competencias laborales fue promovida al cargo de directora del centro de conciliación y arbitraje con funciones de directora de la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de haber ocupado distintos

cargos en la entidad; que, sin embargo, la trabajadora no fue tratada con consideración y decencia profesional o administrativa, al ser luego trasladada de una posición de dirección a una de profesional, pues es palmaria la desmejora laboral para la eficiente colaboradora, no quedándole otra opción que la de renunciar, por causas imputables a la empleadora. Asegura que además la empresa fue urdiendo una serie de irregulares en contra de la servidora con el fin de lograr su autodespido, pues creó un ambiente laboral aburridor e indignante para la demandante, utilizó métodos de presión como sancionarla disciplinariamente con llamados de atención sin el cumplimiento de los requisitos legales; que si bien ningún empleador está obligado a mantener por siempre a un trabajador, sí debe respetar los términos y condiciones del contrato bilateral, y si la empresa quería deshacerse de la demandante debió despedirla pagándole su indemnización

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Radicación n. 60207 correspondiente, pero no valerse del irrespeto, persecución laboral y, en general, el incumplimiento de las obligaciones del empleador de cara a la dignidad personal de la trabajadora, para lograr sus objetivos, consistentes en presionar a la trabajadora para que renunciara, lo cual sucedió el día 3 de octubre de 2008. Relata que la persecución laboral también se reflejó al imponerle trámites adicionales a la demandante para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, so pena de ser sancionada, enviándole copia a la hoja de vida; que en

este entorno de presión igualmente se evidencia la falta de diligencia en el trámite de la liquidación final de acreencias laborales de la trabajadora, la cual fue indebidamente cancelada y luego corregida, previo reclamo de la interesada; que estos aspectos fueron inapreciados por el sentenciador de segundo grado. Argumenta que la consideración del Tribunal respecto a que la accionante debía acudir al comité de convivencia laboral de la empresa antes de terminar el contrato de trabajo, no se ajusta a los presupuestos legales, toda vez que el propio reglamento interno de trabajo de la demandada señala en el numeral 6 del artículo 55, concordante con lo establecido en la Ley 1010 de 2006 que: "En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales para el efecto en la ley 1010 de 2006"; que en esas condiciones, el citado procedimiento no está erigido SCLAIPT-10 v.00 17 Radicación n. 60207 legalmente como un requisito previo, como erróneamente lo hizo ver el juzgador de alzada en su sentencia. Explica que el ad quem para proferir su sentencia valoró erróneamente las declaraciones de los testigos Pedro Sayago Rojas, director ejecutivo y jefe inmediato de la demandante; Gustavo Yáñez, director del departamento registros públicos y Mabel Andrea Robayo, profesional de relaciones industriales, al darles credibilidad respecto a que el organigrama de la empresa refleja la paridad o igualdad de

cargos, los que no corresponde a la realidad; que así mismo le dio credibilidad a las afirmaciones de los testigos respecto a que la trabajadora no había tratado su caso en el comité de convivencia laboral de la empresa, situación a la que el juzgador le ofreció mayor importancia, sin tener en cuenta lo establecido en los procedimientos legales y reglamentarios, como es la Resolución 001 del 4 de abril de 2006, que enseña que el procedimiento de acudir a este comité es netamente preventivo y no le impide a la trabajadora dirigirse directamente a la justicia ordinaria laboral para reclamar sus derechos vulnerados; que ninguna de las declaraciones ofreció elementos de contundencia sobre los aspectos relevantes del litigio, pues a todas luces se evidencia, que dichas versiones eran preparadas, ya que no hubo duda en las manifestaciones que al unísono se hicieron sobre las circunstancias antes anotadas. Por último, afirma que las conclusiones a las que llegó el sentenciador de alzada respecto a que no existió el acoso laboral, porque no hay prueba sobre maltratos por parte de

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Radicación n. 60207 la empresa frente la integridad física o moral de la trabajadora, obedecen a la indebida valoración probatoria, pues de haber realizado un adecuado análisis habría concluido que todas las causas esgrimidas en la carta de renuncia fueron probadas por la demandante tanto a la terminación del vínculo como dentro del itinerario procesal, por ende, lo pertinente era conceder la indemnización de despido indirecto reglada en el artículo 64 del CST y adicional la indemnización de perjuicios por lucro cesante de

conformidad con los artículos 1613 a 1616 del CC.

VII. CONSIDERACIONES La censura controvierte que el ad quem no hubiera encontrado demostrado el despido indirecto y, por ende, condenado a la indemnización de que trata el artículo 64 del CST, con las modificaciones previstas en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002; junto con la indemnización moratoria conforme al artículo 65 de CST, así como al reconocimiento y pago del lucro cesante por haber dejado de laborar en razón al despido por causas atribuibles al empleador de que fue objeto.

Con tal propósito formuló trece errores de hecho que apuntan a demostrar que, contrario a lo sostenido en la decisión impugnada, la renuncia provocada presentada por la demandante se produjo por causas imputables al empleador demandado y, por tanto, las razones o motivos expuestos en la carta de terminación del contrato de trabajo constituyen una justa causa por parte del trabajador; que así 19

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Radicación n. 60207 mismo, las desmejoras sufridas, tanto funcionales como morales, obedecieron a que la entidad demandada, atentando contra sus condiciones dignas y justas en su trabajo, la trasladó de un cargo de dirección como lo era el de directora del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, a uno de inferior jerarquía, esto es, el de profesional asistente de registros públicos, violando así el ius variandi; y que, por ende, el Tribunal se equivocó al concluir que a la demandante no se le degradó en sus condiciones de trabajo bajo el argumento de que el

cargo de director tiene la misma categoría que el de prof