CSJ - SL3182-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 2 SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL3182-2018 Radicación n. 56776 Acta 23 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ADRIANA REY VELASCO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), en el proceso que instauró contra FUNDACIÓN

CLÍNICA DE MATERNIDAD DAVID RESTREPO.

I ANTECEDENTES ADRIANA REY VELASCO llamó a juicio a la FUNDACIÓN CLÍNICA DE MATERNIDAD DAVID RESTREPO, con el fin de que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo, entre el 1 de mayo de 1997 y el 17 de marzo de 2006, periodo dentro del cual prestó sus servicios como médico especialista en pediatría;

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Radicación n. 56776 que la demandada, sin justificación alguna, y luego de venirle pagando la bonificación por prestación de servicios asistenciales desde la fecha de su ingreso, a partir del mes de diciembre de 2003 y hasta la fecha de terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa atribuible al empleador, dejó de cancelársela, pese a que constituye salario y, además, no pagó la indemnización por falta de pago de la misma. Como consecuencia de las anteriores declaraciones,

solicitó se ordene la reliquidación de las prestaciones sociales, durante todo el tiempo de labores, teniendo en cuenta, como factor salarial, la bonificación por prestación de servicios; el pago de las citadas bonificaciones correspondientes a los meses de diciembre de 2003 a marzo de 2006, junto con la indemnización moratoria por falta de pago; la indemnización derivada del despido indirecto; todo ello debidamente indexado. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que, de manera ininterrumpida, prestó sus servicios a la demandada en el mencionado periodo; que desde el momento de su vinculación laboral, la accionada le pagó una bonificación mensual establecida para médicos y enfermeras por prestación de servicios asistenciales, con carácter salarial; que la llamada a juicio, desde diciembre de 2003, de forma unilateral, dejó de pagar, sin justificación alguna, la citada bonificación, con lo cual se le vulneró su derecho adquirido, que para el año 2003 equivalía a $590.000; que el 6 de marzo de 2006, presentó carta de SCLAIPT-10 v.00 2 44 Radicación n. 56776 terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa imputable al empleador, que fue aceptada mediante comunicación del 9 de marzo de 2006; que en la liquidación final del contrato, no le pagaron la indemnización por terminación del contrato ni las bonificaciones adeudadas, ni la indemnización por falta de pago de estas últimas (f. 1 a 13 del cuaderno principal). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos,

únicamente aceptó la existencia, entre las partes, de un contrato de trabajo a término indefinido, los extremos temporales y el cargo desempeñado por la accionante. Frente a los demás indicó que no eran ciertos. Explicó, en cuanto a las bonificaciones aludidas, que las partes suscribieron un acuerdo expreso, según el cual la demandada reconoció, por algún tiempo, un auxilio denominado «AUXILIO EXTRALEGAL Y EXTRA SALARIAL», en el que se acordó, en forma expresa, que no constituiría salario para la liquidación de prestaciones sociales; que dicho auxilio se reconoció por mera liberalidad de la demandada, condicionando el pago a la voluntad y viabilidad financiera de la institución; que para el año 2004 no se renovó el acuerdo entre las partes, debido a que se presentaron circunstancias de fuerza mayor, que le significaron a la entidad pérdidas económicas considerables, por lo que la junta directiva decidió eliminar dicho beneficio.

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Radicación n.” 56776 En cuanto a la terminación del contrato de trabajo por el supuesto incumplimiento en el pago de acreencias laborales, señala que la demandante omitió el contenido del acuerdo celebrado el 7 de octubre de 2005 entre ellos, en virtud del cual, libremente, aceptó la fijación de plazos para los pagos de los salarios debidos de los meses de abril y mayo, y para el pago de la prima de servicios de junio de 2005 (£.? 81 a 95 del cuaderno principal). En su defensa, propuso las excepciones perentorias de prescripción, falta de título y de causa en la demandante,

inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe e improcedencia de la indemnización moratoria. IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 27 de agosto de 2010, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, imponiendo costas a la parte demandante (f. 240 a 250 del cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver la apelación formulada por la parte demandante, mediante fallo del 29 de febrero de 20 12, confirmó la sentencia de primera instancia y se abstuvo de imponer costas.

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XD Radicación n. 56776 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló, como problema jurídico, determinar si el Juez de primera instancia acertó al establecer que las sumas recibidas por la trabajadora a título de «bonificación» no constituían salario y, por tanto, no había lugar a disponer del pago de aquellas dejadas de percibir, ni tampoco la reliquidación de las prestaciones sociales y demás pretensiones. Precisó, que del análisis del contrato de trabajo y los otrosí al mismo, obrantes a folios 16 a 19 del cuaderno principal, no se advierte que entre las partes se haya acordado que el pago del «auxilio extralegal y extrasalarial» tuviere carácter salarial y, por tanto, incidencia en el cómputo de prestaciones e indemnizaciones; que los mencionados pagos no fueron periódicos, pues respecto al

primer otrosí, se estableció, como auxilio, la suma de $3.167.200, cuyo pago se difirió en siete contados mensuales sucesivos a partir del 1 de mayo de 1997; en el segundo otrosí, el acuerdo fue sobre una suma mayor y se mantuvo las mismas condiciones de pago, y finalmente, para el año 1999, se suscribió un otrosí, en el que nuevamente se pactó el auxilio mencionado, por $8.426.000, los cuales se pagarían en cuotas mensuales a partir del 1 de enero de dicho año. Informó, que no obra prueba del pago de dicho rubro para los años 1998 ni de enero de 2000 a julio de 2002 y que del pago de la suma discriminada en los comprobantes de nómina a nombre de la demandante, como bonificación

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Radicación n. 56776 entre los meses de agosto de 2002 a junio de 2003, no se puede concluir «que tales sumas de dinero fueron periódicas, pues no se pactó alguno (sic) entre las partes tendiente al pago de esa suma de dinero ni que la misma se haya otorgado durante toda la relación laboral, por tanto se concluye que no constituían salario». (f.> 21 a 32 del cuaderno de Tribunal). Transcribió los artículos 127 y 128 del CST, expresó, que no se advierte prueba alguna encaminada a demostrar que la suma de dinero percibida por el actor, que se pretende sea salario, fuese producto directo del servicio prestado como médico especialista en pediatría, como tampoco la periodicidad de su pago, por lo que no puede dársele a dichos valores atributos salariales. Igualmente,

razonó que el hecho de que la demandante no haya efectuado alguna reclamación en torno a la reanudación del pago de la bonificación y la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta los mismos, sino hasta el 14 de marzo de 2008, esto es dos años después de terminada la relación de trabajo, implicaba que «la actora fue consiente que tales sumas de dinero no constituían salario, no de otra forma podría pensarse que no se efectuó el correspondiente reclamo a tiempo» (f. 27 a 28 del cuaderno del Tribunal). Añadió, que si en gracia de discusión se concluyera que dichas sumas se otorgaban de manera periódica, se llegaría a la misma conclusión absolutoria, porque los otrosies del contrato de trabajo dan cuenta del convenio, SCLAJPT-10 V.00 o Radicación n. 56776 entre las partes, en el sentido de que los pagos acordados no constituían factor salarial, por lo que al ser voluntad de las mismas tal disposición, no puede darse interpretación diferente. En relación a la indemnización por despido indirecto, indicó que la demandante no allegó prueba alguna encaminada a acreditar los fundamentos expresados en la carta de despido. Y, en cuanto a la mora en el pago de salarios, expresó que de las pruebas, especialmente el acta de preacuerdo de pago de obligaciones vencidas, se determinó que las partes suscribieron la misma, con el fin de brindar a la sociedad demandada un lapso para cumplir con sus compromisos laborales, ante la situación que atravesaba, la que no fue reiterativa, requisito que exige el literal B, numeral 6 del artículo 62 del CST. Finalmente,

acerca de la omisión en el suministro de las respectivas dotaciones, no encontró acreditación procesal al respecto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado y, en su lugar, se condene a la demandada a satisfacer las pretensiones de la demanda.

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Radicación n. 56776 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron replicados y se estudiarán a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segunda instancia de ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida: [...] de los artículos 57-numeral 4-, 59, 62 (Subrogado por el artículo 7 aparte b), - numerales 6 y 8“- del Decreto Ley 2351 de 1965), 64 (Modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002), 65 (Modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002), 127 (Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990) y 128

(Subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990) del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional; 8 de la Ley 153 de 1887; 14, 16, 19, 186, 189, 249, 306 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo;

1% y 2 de la Ley 52 de 1975; 1 y 2 de la Ley 11 de 1984; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, y 50, 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, todo ello debido a manifiestos errores de hecho en que cayó el sentenciador al apreciar en forma errónea los documentos de los folios 14 a 19 y 34 a 44, 53, 56, 57 y 116 así como el interrogatorio de parte absuelto por la demandante (folio 134) y al dejar de apreciar los comprobantes de pago de nómina que corren entre el folio 20 y el 33 (resaltado en el texto original). Determina, como errores de hecho en que incurrió el Juez de la alzada, los siguientes: 1) Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que los auxilios extralegales y las bonificaciones percibidas por la demandante no fueron periódicos o habituales en cuanto expresados en una sola cifra pagadera en forma diferida, por lo que entonces no constituye salario. 2) Dar por demostrado, en contra de la realidad, que las bonificaciones de que dan cuenta los folios 33 a 44 fueron recibidas por la actora entre los meses de agosto de 2002 y junio SCLAJPT-10 V.00 8 au Radicación n. 56776 de 2003, es decir, en forma mensual y periódica, y al mismo tiempo inferir que las mismas no constituyen salario en cuanto no fueron percibidas durante toda la relación contractual y en

tanto ... no se pactó alguno entre las partes tendientes al pago de esa suma de dinero...”. 3) Dar por demostrado, sin estarlo, que el hecho de que la demandante no hubiese formalizado su reclamación una vez suspendido el pago de los auxilios y bonificaciones sobre la (sic) cuales predica connotación salarial, es indicativo de que tales créditos carecen de significación salarial. 4) Dar por demostrado, sin estarlo, que en los autos “... no se advierte prueba alguna encaminada a probar que la suma de dinero que la demandante pretende darle carácter salarial, no fue producto directo de sus servicios como médico especialista en pediatría...”, por lo que entonces dicha suma no tiene carácter de salario. 5) No dar por demostrado, siendo evidente, que los auxilios extralegales y las bonificaciones percibidas por la demandante, al retribuir sus servicios en forma directa, constituir cerca del 50% de su salario ordinario y ser pagadas por mensualidades, no solo no podían ser “desalarizadas” sino que constituyen salario y/o tienen efecto salarial frente a todos los créditos derivados del contrato de trabajo que vinculó a las partes. 6) No dar por demostrados, estándolo, que al excluir del salario base de liquidación los auxilios extralegales y las bonificaciones pagadas regularmente a la demandante, la demandada adeuda la correspondiente diferencia por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio y compensación de vacaciones a la actora. 7) No dar por demostrado, siendo evidente, que al liquidar las prestaciones sociales y la compensación de vacaciones debida a

la trabajadora con un salario menor del realmente devengado, la accionada incurrió en un comportamiento de mala fe, por lo que entonces y al carecer de una razón atendible que justifique tal proceder, además de pagar las diferencias debidas, también debe reconocer la indemnización moratoria y/o los intereses de mora en los términos en que lo establece el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 8) No dar por demostrado, estándolo, que la clínica demandada no solo dejó de pagar a la trabajadora sin razón atendible los auxilios salariales y las bonificaciones reclamas (sic) en el proceso, sino que también dejó de entregar las dotaciones debidas a ellas, comportamiento este contrario a derecho y que la hace responsable del correspondiente pago y de las condignas sanciones. 9

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Radicación n. 56776 9) Dar por demostrado que con las bonificaciones de que dan cuenta los folios 33 a 44 fueron recibidas por la actora entre los meses de agosto de 2002 y junio de 2003, no son exigibles con posterioridad a esa fecha, cuando quiera que, justamente, el hecho de dejarlas de pagar configura un incumplimiento manifiesto y que demuestra la existencia de la razón aducida por la actora para renunciar a su empleo y para recibir, por ende, la correspondiente indemnización por “despido indirecto”. 10) Dar por demostrado que la actora careció de razones para presentar su renuncia, por lo que entonces no se configura su despido “indirecto”, cuando, en realidad, el motivo de su dimisión está suficientemente acreditado en el proceso y se expresa en el

retardo y/o en la falta de pago por parte de la empleadora de sus acreencias laborales. En la demostración del cargo, expresa que el Tribunal, al apreciar los documentos que implementan el contrato de trabajo suscritos por las partes (f. 16 a 19 del cuaderno de primera instancia), pudo constatar que la demandante recibió una suma calificada como auxilio extralegal y extrasalarial y que se expresó en una cantidad que la empleadora se comprometió a cancelar por mensualidades; pero de allí a inferir que esos pagos no eran periódicos ni constitutivo de salario, fue desafortunado, porque se llegaría a establecer que cuando el empleador concede una determinada cantidad de dinero a su trabajador y acuerda pagarla por cuotas, entonces el reconocimiento no es periódico y además tampoco implica retribución de servicios, lo cual es un yerro protuberante del juez colegiado. Dice, que también se equivocó el Juez de la alzada cuando no vio que las sumas recibidas por la trabajadora, tenian enorme repercusión retributiva en cuanto que, comparadas con su remuneración básica, equivalían a

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La ue Radicación n. 56776 cerca del 50% de las mismas, tanto que si estos medios, folios 16 a 19 ibídem, hubiesen sido bien apreciados y cotejados con los comprobantes de nómina, folios 20 a 33 ibídem, que pasó por alto, el Juez de segunda instancia, habría colegido que los auxilios señalados tienen connotación salarial, no solo por recibirse de manera

estable y uniforme sino porque, repite, comparados con la suma pagada a la trabajadora como sueldo básico, como ya se dijo, equivalen a cerca del 50% de la retribución. Manifiesta, que otro error del ad quem, de naturaleza contradictoria, sucedió respecto de la apreciación de los documentos visibles a folios 34 y 44 del cuaderno principal, en donde consta que la citada bonificación fue recibida por la actora en forma mensual y periódica, como el mismo sentenciador lo reconoce, y, al mismo tiempo, inferir que ellas no constituyen salario en cuanto no fueron percibidas durante toda la relación contractual y sin que existiera pacto tendiente al pago de esas sumas de dinero. Añade, que el hecho de no reclamar un crédito laboral es intrascendente y no puede conducir a considerar, como lo hizo el Tribunal, que la bonificación carece de significación salarial. Explica, que de las pruebas estudiadas en el fallo, no se desprende que la demandante se hubiese abstenido de reclamar sus derechos sino todo lo contrario, ya que es suficiente reparar en la carta de renuncia para reconocer que fue precisamente, debido al incumplimiento sistemático de la demandada de sus ti

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Radicación n. 56776 obligaciones, por lo que se vio forzada a dimitir de su empleo. Informa, que en el acervo no se cuenta con una prueba que demuestre que la suma de dinero que la demandante pretende darle carácter salarial no fue producto directo de sus servicios como médico, ya que lo que se encuentra en el expediente es justamente lo contrario, es decir, todos los

pagos hechos por la empleadora a su trabajadora se explican en la obligación de retribuir los servicios prestados por ésta última a la primera y, por tanto, constituyen salario; que lo descrito conlleva, que la demandada adeuda aún la correspondiente diferencia por concepto de cesantías, intereses a las mismas, primas de servicio y compensación de vacaciones, pues se liquidaron con un salario menor al realmente devengado, y consecuencialmente, al pago de la indemnización o intereses moratorios establecidos en el artículo 65 del CST. Agrega, que como no existe prueba que permita establecer que la demandada pagó a la trabajadora los auxilios salariales y las bonificaciones reclamadas, ni entregó las dotaciones, es palmario también que las razones aducidas en la comunicación de despido quedan suficientemente acreditadas.

VII. RÉPLICA Manifiesta, que la censura se equivoca en la proposición jurídica al reclamar, de un parte la aplicación

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Radicación n. 56776 del artículo 127 CST y de otra, su indebida aplicación, lo cual es contradictorio, además de denunciar como violadas normas procedimentales. Así mismo, considera que no le asiste razón al recurrente el descalificar las inferencias probatorias del sentenciador de instancia a partir de ejemplos que no corresponden al caso. Expresa, que la interpretación de los folios 16 a 19 del cuaderno principal es coherente en la medida en que, además de tratarse de una suma única, pagadera por mensualidades vencidas, su monto no es desproporcionado, ni puede ser considerado como

retributivo del servicio prestado, por cuanto desde el principio se pactó que se trató de un pago no salarial. Así mismo, de los comprobantes de pago de los cuales se duele la censura, se extracta que los pagos se hicieron de manera diferida y que no existen pruebas que acrediten que el pago del auxilio extralegal, fuere permanente. En cuanto a la carga de la prueba que le asistía a la demandante, en relación con la terminación del contrato por causas imputables al empleador, considera que le correspondía demostrar los hechos alegados para motivar dicha determinación». Además, que en ningún momento tachó los otrosí al contrato como para desconocerlos luego en la carta de renuncia.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusa la misma sentencia de incurrir en:

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Radicación n. 56776 «[...] violación medio -0 de mediodel artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la materia laboral por virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armonía con los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional; 8 de la Ley 153 de 1887; 14, 16, 19, 186, 189, 249, 306 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 1% y 2 de la Ley 52 de 1975; 1 y 2 de la Ley 11 de 1984; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 174, 187, 217, 304 (modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1%, numeral 134) y 305 (

modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1% numeral 135) del Código de Procedimiento Civil, y 50, 51 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, violación esta que consecuencialmente llevó al sentenciador a aplicar en forma indebida los artículos 57 -numeral 459, 62 (Subrogado por el artículo 7%, aparte b ) -numerales 6 y 8-del Decreto 2351 de 1965), 64 (Modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002), 65 (Modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002), 127 (Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990) y 128 ( Subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990) del Código Sustantivo del Trabajo. Se duele la censura que el ad quem hubiere considerado que correspondía a la accionante demostrar que su empleadora no le pagó lo que reclama y «como si Juera poco ella también debería acreditar que las sumas de dinero a las que atribuye carácter salarial no fueron producto de sus servicios como médico en pediatría» (f£. 21 del cuaderno de casación). Luego de transcribir algunos apartes del fallo, resalta que imponer a la trabajadora «la carga de acreditar que su empleadora no le pagó lo que le debía» significa atribuirle la labor de demostrar una «negación indefinida», lo que no es admisible en las voces del artículo 177 del CPC, aplicable en materia laboral por analogía del artículo 145 del CPTSS,

incurriendo así en error el Tribunal. SCLAIPT-10 V.00 14 yo Radicación n. 56776 En tal sentido, le correspondía a la accionada infirmar la aseveración de la accionante, para poder exonerarse de las condenas solicitadas. De ahí, que solicita que se case la sentencia atacada para que se concedan las pretensiones de la demanda inicial.

IX. RÉPLICA Manifiesta, que no es cierto que a la demandante se le haya impuesto la carga de probar que no se le había pagado lo que se le debía, sino que, en desarrollo del artículo 177 del CPC, aplicable en materia laboral por analogía del artículo 145 del CPTSS, al haber sido ella quién alegó la terminación del contrato por justa causa, le correspondía probar las causas que la originaron.

Sin embargo, para los efectos, hace énfasis en que la demandada cumplió cabalmente con el pago de las sumas en favor de la demandante en el momento de la liquidación y con el acuerdo expreso de las partes respecto a las otras sumas. Así mismo, en lo que se refiere al interrogatorio de parte de la demandada, señala que en ningún momento hubo confesión respecto del incumplimiento que se reclama y que se explicó que el pago del auxilio extralegal y extrasalarial fue pactado por mera liberalidad, sujeto a la existencia de recursos suficientes para su pago.

X. CARGO TERCERO

Acusa la misma sentencia de infringir por:

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Radicación n. 56776 [...] interpretación errónea (violación directa) de los artículos 127

(Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990) y 128 (Subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990) del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional; 8 de la Ley 153 de 1887; 14, 16, 19, 186, 189, 249, 306 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 y 2 de la Ley 52 de 1975; 1 y 2 de la Ley 11 de 1984; 09 y 99 de la Ley 50 de 1990; 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, y 50, 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, violación que llevó al sentenciador a aplicar en forma indebida los artículos 57 -numeral 4-, 59, 62 (Subrogado por el artículo 7%, aparte b), -numerales 6 y 8del Decreto Ley 2351 de 1965), 64 (Modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002) y 65 (modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002). En la demostración del cargo argumenta que la manifestación del ad quem, según la cual los «auxilios extralegales y la bonificación» pagados a la accionante «en forma constante (calificativo del propio sentenciador) cuya existencia acreditan los folios 16 a 19 y 34 a 44», carecían de connotación salarial al haberse expresado en una «suma global» y pactarse entre las partes su carácter no retributivo

del servicio, es manifiestamente errónea, en tanto el artículo 128 CST faculta a las partes, de manera residual y no general o arbitraria, para suspender los efectos salariales «a pagos que por su naturaleza y por ser causados en virtud de un contrato de trabajo lo tienen». Lo anterior, en atención a que la norma es mal entendida en el sentido de que «la intención del legislador que se ve en los ejemplos de la norma relaciona para orientar al intérprete (beneficios extralegales tales como los de alojamiento, alimentación, vestuario, primas de antiguedad, etc.), interpretada de manera armónica con el artículo 127 ibídem, no permite que las partes puedan incurrir en

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16 Radicación n. 56776 simulación salarial; reiterando que no es posible restar el carácter salarial a sumas que por naturaleza la tienen. Considera, que si bien es cierto que el artículo 128 CST no señala un tope porcentual a los pagos que no constituyen salario respecto del salario ordinario, debe existir una proporcionalidad en los mismos que no afecte al trabajador, por lo cual, a partir de ejemplos, explica su argumento. Critica el hecho de que el ad quem haya concluido que el pago de los auxilios extralegales, no fue periódico y, por ende, no constituyen salario por tratarse de una suma única pagadera en forma diferida y por mensualidades; como también, no haber tenido en cuenta que el contenido de los otrosíes del contrato no puede ser legítimos al tratarse de estipulaciones que jurídicamente no son válidas. Finaliza, atacando el argumento de que al no haberse

realizado por la trabajadora una reclamación por el impago de la bonificación reclamada, hubiere sido tomado como un indicativo de que la misma carecía de carácter salarial; y que, La interpretación dada por el sentenciador a las normas acusadas vulnera todos los factores de configuración salarial y también la regla elemental que informa que el nombre que las partes le den a la retribución carece de virtud para distorsionar sus efectos. De manera que llamarla «bonificación» o denominarla «auxilio», es completamente intrascendente cuando, como ocurre en este caso, lo pagado a la trabajadora retribuyó directamente sus servicios y se expresó en una conducta habitual, periódica y reiterada.

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XI. RÉPLICA Señala, que no es posible alegar por este medio normas procedimentales y «que tampoco se puede atribuir al juzgador un error de interpretación en una norma que no aplicó al caso, como es el Art. 127 del C.S.T.». En el mismo sentido, critica la inconformidad del ataque con las inferencias probatorias dada la vía del directa del cargo.

En cuanto al artículo 128 del CST, considera que no obra prueba en el expediente que desvirtúe la legalidad del acuerdo celebrado entre las partes, el cual podía ser objeto de desalarización.

XII. CONSIDERACIONES No tiene razón la réplica en su juicio acerca de defectos técnicos de la demanda, en sus tres cargos, por cuanto los mismos cumplen con los requisitos normativos y contienen argumentaciones sólidas, tendientes a derruir los

fundamentos esenciales de la sentencia recurrida. Asi las cosas, la Sala examinará conjuntamente las acusaciones por cuanto a pesar de estar dirigidas por distinta vía y modalidad de violación, comparten una misma proposición jurídica y buscan quebrar la sentencia del Tribunal que confirmó la absolución de la primera instancia, en cuanto declaró que el «auxilio extralegal y extrasalariah, reconocido por mera liberalidad de la demandada, no fue periódico ni habitual al ser una cifra

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Radicación n. 56776 única anual pagadera mensualmente en forma diferida y, por ende, no constituye salario ni tiene injerencia en la reliquidación de las prestaciones sociales de la accionante; a la par de que no obra prueba de la cancelación de tal rubro, para el año de 1998, y que de la bonificación que se reporta pagada en favor de la demandante, entre los meses de agosto de 2002 a junio de 2003, por acuerdo entre las partes, no tiene carácter salarial. Por razones metodológicas, la Corte fijará el marco jurídico que resulta relevante para la situación en disputa y analizará si el Tribunal incurrió en algún error de tipo hermenéutico en este preciso ámbito, para luego, si es del caso, analizar la violación de medio atacada en el cargo segundo y los errores de hecho que denuncia la censura en el cargo primero. Sea propio advertir, que no es materia de discusión que: i) Que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 1 de mayo de 1997 y el 17 de marzo de 2006; ii)

Que la demandante desempeñó el cargo de médico especialista en pediatría al servicio de la clínica demandada; ití) Que entre las partes se firmaron tres adendas al contrato de trabajo, el 10 de junio de 1997, 28 de julio del mismo año y 10 de febrero de 1999, en las cuales se pactó el reconocimiento de un «auxilio extralegal y extrasalarial» reconocido por mera liberalidad de la demandada, así: En la primera, la suma de $3.167.200, cuyo