CSJ - SL326-2024

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL326-2024 Radicación n.° 97092 Acta 05 Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por SONIA EUNICE MAYORGA MARÍN contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, trámite al cual se vinculó a MARÍA CRISTINA GALINDO PERDOMO como litisconsorte necesaria «DEMANDADA».

I. ANTECEDENTES Sonia Eunice Mayorga Marín llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que sea condenada, a partir del 17 de junio de

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Radicación n.° 97092 2011, al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su condición de compañera permanente de Pedro Jesús Escamilla Montañez; así mismo a «reliquidar todas y cada una de las mesadas pensionales, devengadas a partir de dicha fecha anualmente en los porcentajes ordenados por la ley de conformidad con el I.P.C.»; la indexación; y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que convivió en unión libre con Escamilla Montañez «durante más de diez años» y hasta el día de la muerte de aquél, lo

que ocurrió el 17 de junio de 2011. Expresó que su compañero al 1 de abril de 1994 había cotizado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM un total de 890 semanas, las cuales, sumadas al tiempo que estuvo vinculado al «sector público nacional» como soldado, esto es, entre el 13 de mayo de 1973 y el 30 de abril de 1975, arrojaba un total de 991 «públicas y privadas»; por tanto, estaba cobijado por la transición. Agregó que el causante también estuvo afiliado al «fondo de solidaridad pensional» desde el 1 de mayo de 2010 hasta el día de su fallecimiento, y que en toda su vida laboral reunió 1125 semanas, por lo que superó las 1000 mínimas requeridas para el reconocimiento de la «pensión de vejez» , bajo el régimen de transición conforme a la norma aplicable.

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Radicación n.° 97092 Especificó que solicitó la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante Resolución GNR212200 del 24 de agosto de 2013, aduciendo que el causante no reunió 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su deceso. Indicó que contra la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales no habían sido resueltos al momento de presentar la demanda y, en consecuencia, se configuró el «silencio administrativo negativo». Colpensiones al dar respuesta al escrito introductorio se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos,

admitió la solicitud de la demandante, la respuesta negativa, los recursos interpuestos y lo referido al silencio administrativo negativo. De los demás, dijo que no le constaban o no eran ciertos. En su defensa, manifestó que a la accionante no le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto no reunía los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, norma que era la aplicable por ser la vigente al momento del deceso del afiliado. Formuló como excepciones las de prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido, buena fe y «declaratoria de otras excepciones».

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Radicación n.° 97092 El juzgado de conocimiento, a través de proveído del 30 de agosto de 2016 (f.°58), vinculó al proceso a María Cristina Galindo Perdomo como litisconsorte necesaria y demandada, quien dio respuesta al escrito inicial a través de curador ad litem, el cual se opuso a todas las súplicas incoadas por la demandante y manifestó que ninguno de los supuestos fácticos le constaban dada su condición de auxiliar de la justicia. Como razones de defensa, esgrimió que frente a la accionante «no existe derecho alguno a favor de esta y que mi representada deba reconocer, sin embargo, de haber lugar a algún derecho por parte de la administradora Colpensiones, se encontrarían en cabeza de mi representada» (Subraya la Sala), agregó que no había lugar al reconocimiento de la prestación por parte de la entidad

demandada a favor de la promotora del proceso, por cuanto ella no acreditaba los requisitos establecidos en la ley vigente al momento del fallecimiento del afiliado; y que, en todo caso, cualquier derecho estaría prescrito. Propuso como excepciones de mérito las de prescripción, inexistencia de la obligación y la genérica.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, con fallo del 22 de noviembre de 2021, resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES a RECONOCER Y

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Radicación n.° 97092 PAGAR a la demandante SONIA EUNICE MAYORGA MARÍN, en calidad de compañera supérstite del afiliado fallecido PEDRO JESÚS ESCAMILLA MONTAÑEZ, la pensión de sobrevivientes a partir del 18 de junio de 2011, en un monto que no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, junto con las mesadas adicionales, y los reajustes legales. De igual manera estos valores deberán ser debidamente indexados mes a mes, conforme la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AUTORIZAR a la demandada Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES para que descuente del retroactivo pensional. el valor correspondiente a los aportes para el sistema de seguridad social en salud, conforme la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por la demandada COLPENSIONES,

todo conforme la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS, incluidas las agencias en derecho a la DEMANDADA COLPENSIONES, las que se tasan en la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($1.200.000)

PESOS MCTE.

QUINTO: En caso de no ser apelada la presente providencia por la demandada COLPENSIONES, remítase al superior para que se surta el grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 69 del C.P.T. y SS.

SEXTO: REMITIR a la Sala laboral del H. Tribunal superior de Bogotá el expediente para que conozca en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la Litis Consorte Necesario.

(Negrillas y mayúsculas propias del texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer del recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y la consulta a favor de esta entidad, con sentencia calendada 29 de abril de 2022, resolvió: Primero.- Revocar la sentencia apelada y consultada para en su lugar absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones,

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Radicación n.° 97092 Colpensiones, de todas las pretensiones formuladas en su contra. Segundo.- Sin costas en las instancias. (Negrillas y cursivas propias del texto). El juez plural indicó que no era objeto de controversia la condición de afiliado del causante y la fecha de su deceso el 17 de junio de 2011; y procedió al estudio de la pensión

de sobrevivientes, sobre lo cual mencionó que lo que pretendía la accionante era su reconocimiento «en aplicación del “régimen de transición”, por cumplir los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, esto es, haber reunido 150 semanas dentro de los últimos 6 años o 300 semanas en cualquier tiempo», en calidad de compañera permanente; sin embargo, de entrada advertía que: […] tal y como lo señala el apelante, tanto la parte actora como el fallador de primer grado incurrieron en imprecisiones al acudir a la figura del régimen de transición en el presente asunto, pues lo que se extrae del texto primigenio es la intención de la accionante de que se aplique el principio de condición más beneficiosa. Al respecto, recuérdese que precisamente uno de los elementos característicos de este principio es que “[e]ntra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva” (sentencia SL4650 de 2017). (Cursiva propia del texto). Arguyó que, en relación con dicho principio y en atención a lo adoctrinado en sentencia CSJ SL «rad. 42193», la norma bajo la cual debe resolverse una controversia sobre la pensión de sobrevivientes es la vigente a la fecha del deceso del causante, que para el caso era el artículo 12

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de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, el cual establece para su reconocimiento, como requisito el haber cotizado 50 semanas durante los tres años anteriores al fallecimiento, lo que no se cumplía en este asunto, en tanto en ese interregno el de cujus aportó solo 30,01 semanas. Recordó que para minimizar la rigurosidad de la aplicación general inmediata de la ley y proteger al grupo poblacional que tenía una «situación jurídica concreta», al contar con las semanas mínimas que exigía la reglamentación derogada, la jurisprudencia optó por acudir al principio de la condición más beneficiosa, «que supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que ha de aplicarse». Así las cosas, refirió que bajo este postulado, siempre que se haya consolidado el derecho, cuando no se cumplieran los requisitos vigentes al momento del óbito, para el caso, los de la Ley 797 de 2003, se debía atender lo previsto en la norma derogada, que en este asunto sería la Ley 100 de 1993 en su versión original, que exigía reunir 26 semanas en el año anterior a la muerte, situación que sí se acreditó, en tanto el causante, entre el 17 de junio de 2010 y el 17 de junio de 2011, aportó 30,01 semanas. No obstante lo anterior, arguyó el fallador de segundo grado que, siguiendo los parámetros de la Corte plasmados

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Radicación n.° 97092 en la sentencia CSJ SL1938-2020, la cual reprodujo, así como en las providencias CSJ SL4650-2017, CSJ SL25672021, CSJ SL4938-2021 y CSJ SL946-2022, el principio de la condición más beneficiosa tenía un límite temporal, en tanto es aplicable a los casos en que el fallecimiento del causante hubiera ocurrido entre el 29 de enero de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 797 de ese año y el 29 de enero de 2006; de modo que, como en el presente asunto, según las pruebas del proceso, el óbito del señor Pedro Jesús Escamilla Montañez ocurrió el 17 de junio de 2011, esto es, después del 29 de enero de 2006, no era dable acudir a dicho principio de la condición más beneficiosa. En consecuencia, revocó la sentencia condenatoria de primer grado y absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, «modifique la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 03

Laboral del Circuito de Bogotá, el día 22 de noviembre de 2021, concediendo a la señora SONIA EUNICE MAYORGA

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Radicación n.° 97092 MARÍN la pensión de sobrevivientes de conformidad con el escrito de demanda» inaugural. Con tal propósito, formula cuatro cargos, los cuales son replicados únicamente por Colpensiones y se proceden a estudiar, por cuestiones de método, inicialmente se analizará el tercero, y, posteriormente, de ser necesario, los restantes.

VI. CARGO TERCERO Plantea la acusación por la causal primera de casación laboral, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, «del artículo 48 constitucional y el parágrafo 1° del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la ley 100 de 1993, art 35 ley 100 de 1993 al señalar que la accionante no es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes».

Para sustentar el ataque, indica que son hechos indiscutidos la afiliación del causante al sistema de seguridad social; que era beneficiario del régimen de transición; que el causante falleció el 17 de junio de 2011; y que convivió con la demandante como compañeros. Refiere que al momento de la muerte del asegurado, que recuerda fue el 17 de junio de 2011, se encontraba vigente la Ley 797 de 2003, norma que desconoció el juez plural, por cuanto ignoró que el parágrafo 1 del artículo 12, EL cual establece que si el causante cotizó el número de

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Radicación n.° 97092 semanas mínimo para obtener la pensión de vejez en el

RPM, en tiempo anterior a su deceso y sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, los beneficiarios tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Indica que estando probado en el plenario que el causante cotizó un total de 1148,71 semanas, de las cuales 1.046,86 fueron en Colpensiones y 101,85 por el servicio militar y que era beneficiario del régimen de transición, reunió 1000 semanas para acceder a la pensión de vejez; es por ello, que el finado dejó causado el derecho y, en consecuencia, el Tribunal se equivocó al no reconocerle la pensión de sobreviviente deprecada por la demandante, en su calidad de compañera permanente, bajo dicha normativa.

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VII. LA RÉPLICA Colpensiones refiere que dada la senda del embate, no se discuten los hechos que dio por sentados el colegiado, como lo son la calidad de afiliado del causante, la fecha de su fallecimiento el 17 de junio de 2011 y el total de 1046 semanas cotizadas; sin embargo, indica que no se abordó el análisis de la condición de beneficiario o no del régimen de transición del causante, aspecto que indiscutiblemente supone la revisión de las pruebas obrantes en el plenario y el planteamiento de un cargo por la vía indirecta; y que no es dable atribuir un yerro jurídico que requiere el cumplimiento de presupuestos fácticos, que en el proceso no se probaron ni se dieron por acreditados.

Agrega que el colegiado sí aplicó el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que se equivoca el recurrente en denunciar su infracción directa; que de lo que se duele es que no llamó a operar su parágrafo, empero, para advertir que el colegiado sí ha debido aplicarlo, ha debido acreditarse la condición de beneficiario del régimen de transición del causante, aspecto que no fue debatido, ni probado en el proceso; y al plantearse el cargo por la vía directa, tampoco la sede extraordinaria sería el escenario para indagar ese aspecto.

VIII. CONSIDERACIONES En primer lugar, no le asiste razón a la réplica en relación a los reproches que le efectúa al cargo orientado

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Radicación n.° 97092 por la vía directa, toda vez que los aspectos probatorios a los que alude en torno al número de semanas y a la calidad de beneficiario del régimen de transición del causante, lo hizo para contextualizar la situación pensional debatida; además lo que realmente se está cuestionando desde el punto de vista jurídico, es que el Tribunal no observó lo dispuesto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 a efectos de obtener los beneficiarios del causante la pensión de sobrevivientes, pues en decir de la censura, se soslayó lo allí regulado, lo cual no permitió verificar los requisitos consagrados en esa preceptiva. En cuanto al concepto de violación de las normas que integran la proposición jurídica, cabe anotar, que tratándose de una disposición que contempla en su texto

varios supuestos normativos, es dable invocar la aplicación indebida o interpretación errónea respecto de aquellos que llamó a operar el sentenciador de alzada y al mismo tiempo la infracción directa de igual precepto en relación con los requisitos allí regulados y que hubieran sido inobservados, tal como lo determinó la Corte en un caso análogo frente a otra norma, en la sentencia CSJ SL9512-2017, cuyas directrices son perfectamente aplicables a esta contienda; máxime que el Tribunal en el presente asunto no cercenó ni mutiló el alcance de la preceptiva, simplemente no observó las exigencias de su parágrafo. En efecto, en dicho pronunciamiento jurisprudencial se puntualizó:

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Radicación n.° 97092 Tampoco existe error en la proposición jurídica, en cuanto se acusa la aplicación indebida del artículo 1, numeral 1 de la Ley 860 de 2003, y después la infracción directa del mismo precepto. Y aun cuando los aludidos conceptos de violación son incompatibles, la manera de la formulación, como la propia réplica de la parte demandante lo reconoce, indica que no hay defecto alguno en esa formulación, en cuanto la aplicación indebida que se alega hace relación al requisito de las 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, mientras que la infracción directa hace relación a que el tribunal inobservó el requisito de fidelidad también previsto en la misma norma. (Subraya la Sala). Así las cosas, le corresponde a la Sala dilucidar, si el

Tribunal se equivocó al negar a la demandante como compañera permanente la pensión de sobrevivientes, bajo el argumento de que el afiliado no dejó causado el derecho, sin reparar si reunía o no las exigencias del parágrafo 1 de la norma aplicable, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Acorde a la vía directa escogida para orientar el ataque, quedan incólume los siguientes supuestos fácticos determinados por la alzada: i) que el señor Pedro Jesús Escamilla Montañez estaba afiliado al ISS, hoy Colpensiones; ii) que falleció el 17 de junio de 2011; y iii) que el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte. Pues bien, de entrada, advierte la Corte que, conforme a la pacífica y reiterada jurisprudencia, la norma aplicable a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante, lo que en el caso concreto

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Radicación n.° 97092 ocurrió el 17 de junio de 2011; por tanto, la disposición que en principio gobierna la situación pensional controvertida, es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el precepto 46 de Ley 100 de 1993, el que señala: ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: a) <Literal INEXEQUIBLE> b) <Literal INEXEQUIBLE> PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>.

En este orden, acorde a los presupuestos legales establecidos por dicha preceptiva, es evidente que, para efectos de obtener el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes pretendida, se requiere que el afiliado hubiere cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento;

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Radicación n.° 97092 y siendo un hecho indiscutido que Pedro Jesús Escamilla no cumplió con tal exigencia, es dable colegir que bajo este supuesto no se genera el derecho a la prestación deprecada. Ahora, cabe señalar que el parágrafo 1 del artículo 12 de la citada Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de que en el evento de que el afiliado no haya cotizado las 50 semanas en los tres años anteriores a su deceso, se analice el derecho a la prestación de sobrevivientes conforme a la densidad de semanas exigidas en el régimen de prima media para la pensión de vejez. Así las cosas, encuentra la Sala que el juez plural incurrió en el error jurídico endilgado, pues centró su análisis en verificar si el fallecido había cotizado 50 semanas anteriores a la data de su deceso o si era dable aplicar, en virtud del principio de la «condición más beneficiosa» la Ley 100 de 1933 en su versión original; omitiendo estudiar unos presupuestos normativos planteados en la presente acción judicial, esto es, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, bajo el supuesto de que el afiliado había cotizado el número de semanas mínimo que se le exigía para acceder a la pensión de vejez, con miras a satisfacer el requisito previsto en el aludido parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y con ello acceder a la prestación de sobrevivencia a favor de la actora en calidad de compañera permanente del causante.

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En ese orden de ideas, el fallador de alzada al momento de emitir la decisión confutada, para una correcta solución del presente litigio, debió verificar si el finado se beneficiaba del régimen de transición y, por consiguiente, si le resultaba aplicable el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para luego constatar el número de semanas, a efectos de definir si dejó causado el derecho a la pensión de vejez, conforme lo planteó la parte actora en el escrito de demanda inicial, en la que se plasmó que el causante reunía las 1.000 semanas para acceder a ella, y, en ese orden, que la accionante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes. De modo que, tal hecho que soporta la súplica incoada enmarcaba la discusión desde lo consagrado en el referido parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, empero, como se vio en la síntesis del fallo de segunda instancia, el Tribunal guardó mutismo al respecto y no efectuó análisis alguno bajo esa posibilidad prevista por el legislador. En tales condiciones, en el presente asunto el fallador de segundo grado se equivocó al desatar la alzada limitando su estudio a la procedencia o no del principio de la condición más beneficiosa, para con ello aplicar una norma anterior, y si bien también aludió a que el afiliado no tenía las 50 semanas de cotización en los tres años que anteceden a la muerte, conforme al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, lo cierto es que no se ocupó de estudiar el derecho a la luz del parágrafo de esta normativa.

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Radicación n.° 97092 Por consiguiente, era deber del ad quem observar el referido parágrafo para dirimir correctamente el conflicto, lo cual omitió por completo, por ende, incurrió en el yerro jurídico endilgado. Por lo expuesto, el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia impugnada. Atendiendo la prosperidad de este ataque, la Sala se releva de estudiar los otros cargos que persiguen el mismo cometido. Sin costas en el recurso de casación, por cuanto la acusación prosperó.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá dictó sentencia condenatoria, luego de considerar que, siendo un hecho indiscutido que el causante falleció el 17 de junio de 2011, atendiendo la pacífica y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la norma aplicable a la pensión de sobreviviente deprecada era la Ley 797 de 2003, artículos 12 y 13, la cual dispuso que tendrían derecho a dicha prestación los miembros del grupo familiar del afiliado fallecido, siempre y cuando éste hubiera cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte.

Refirió que la finalidad de la pensión de sobrevivientes era proteger al núcleo familiar y que el parámetro esencial

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Radicación n.° 97092 para determinar «quién es el legítimo beneficiario» era la convivencia efectiva, real y material, tal como se reseñó en las sentencias CSJ SL, rad. «30141» y CSJ SL, «rad. 27665»;

de este modo, los requisitos para que la cónyuge o compañera accediera a dicha prestación, se resumían en: i) acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte; y ii) haber convivido con este no menos de cinco años con anterioridad a la muerte. Descendió al caso e indicó que, de acuerdo con el material probatorio allegado, el causante reunió «1024,14» semanas en toda su vida laboral, de las cuales 30,01 corresponden a los tres años anteriores a la fecha del deceso; motivo por el cual no cumplió con la exigencia de haber aportado 50 semanas en los últimos tres años, prevista en la citada Ley 797 de 2003. Arguyó que, en aras de garantizar la materialización del derecho sustancial, del debido proceso y de acceso a la administración de justicia, entre otros, y siguiendo las instrucciones impartidas por la jurisprudencia, entre otras en la sentencia CSJ SL, «del 22 de mayo del año 2019, radicado 73092», el juez debía, conforme los hechos, aplicar las normas que regían el caso, sin que las razones de derecho invocadas por las partes ataran su competencia; en ese orden, señaló que, ante «la precariedad» de la demanda presentada, estudiaría el asunto bajo la condición más beneficiosa y, en consecuencia, si el afiliado fallecido dejó causado el derecho al reconocimiento y pago de la pensión

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Radicación n.° 97092 de sobrevivientes con base los lineamientos de la Ley 100 de 1993 original. Adujo que:

Lo anterior, teniendo en cuenta que el señor Escamilla Montañez, y ya habiendo analizado un caso incluso con la misma demandada, el cual fue recientemente propuesto en conciliación, lo único que difiere es que allí reclamaba una sola persona, en tanto que en este caso se pudo descubrir oficiosamente por el despacho que aparecía una tercera persona, y allí, en este caso el beneficiario, iteró, era beneficiario del régimen de transición consagrado en ese artículo 36 del estatuto de seguridad social, puesto que si uno revisa las semanas cotizadas, el 1 de julio del año 2005, el afiliado contaba con 972.71 semanas válidamente cotizadas al otrora instituto de los seguros sociales. Reiteró que la norma aplicable al caso concreto bajo la condición más beneficiosa era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 original, que dispuso que los beneficiarios tendrían derecho a la pensión de sobreviviente «siempre y cuando el afiliado fallecido hubiera cotizado 26 semanas a la fecha de fallecimiento, o 26 semanas sí dejó de cotizar»; requisito que se cumplía en el presente asunto, por cuanto del reporte de semanas que militaba en el expediente, el causante dentro del año inmediatamente anterior a la fecha del deceso aportó 30,01 semanas. Indicó que el causante cumplía la densidad de semanas, por ende, examinaría el requisito de la convivencia de la demandante con el fallecido durante los cinco años anteriores a su muerte, «no sin antes advertir que el afiliado al fallecer ya había dejado causado también el derecho con el régimen de transición».

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Radicación n.° 97092 Refirió que las fotografías obrantes a folios 14 a 19 no resultaban ser una prueba de la convivencia, por cuanto solo recreaba momentos compartidos; y que de las declaraciones extrajuicio rendidas por Elsa Cristina Ortiz y Aura Inés Cerón se desprendía que la pareja Escamilla Mayorga se conoció en una empresa de confección y convivía desde el año 2000 y que la demandante dependía económicamente del causante, afirmaciones que fueron ratificadas en audiencia. Expuso que lo dicho por las citadas declarantes tenía identidad con lo manifestado por el testigo Carlos Alonso Medina Ramírez, quien dijo ser el yerno de la actora y que tenía conocimiento directo de la situación y «no aparece el testigo interesado como se pretende hacer ver en las resultas del proceso de otra manera hubiese cometido el error natural de afirmar lo que afirmaban las testigos, es decir que fue desde el año 2000 solamente se limita a lo que le costaba directamente». De este modo, argumentó que del análisis de las pruebas en conjunto se podía establecer que la promotora del litigio convivió con el afiliado fallecido por lo menos desde el año 2004 hasta el 17 de junio de 2011, fecha del fallecimiento del causante; convivencia que superaba los cinco años exigidos por la norma que regula el caso, razón por la cual condenaría a reconocer la pensión de sobreviviente a favor de Sonia Eunice Mayorga Marín.

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Radicación n.° 97092 En lo que respecta a María Cristina Galindo Perdomo,

representada por curador ad litem, el a quo indicó que el testigo Carlos Alonso Medina Ramírez manifestó que «el señor Pedro Escamilla le comentó que había contraído matrimonio con la señora Cristina, con quien convivió por espacio de 2 años más o menos, con quien tuvo una hija de nombre Camila, a quien el testigo afirmó conocer, además que «Pedro le ha comentado que la señora Cristina no le había querido dar el divorcio, pero sin especificar la fecha en que se contrajo ese matrimonio no se pudo establecer ningún dato complementario y fundamental para efectos de hacer unos pronunciamientos diferentes». Y que frente al derecho que podría asistirle a esta litisconsorte necesaria, aunque «se trató de vincular directamente al proceso para que ejerciera ese derecho de defensa y de contradicción y de esta manera pudiese demostrar, por lo menos con base en el registro civil de matrimonio, que había contraído nupcias con el causante y la fecha en la cual se contrajeron esas nupcias, de igual manera que hubiese tenido un tiempo de convivencia con el