CSJ - SL3298-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 1 MARTÍN EMILIO BELTRAN QUINTERO Magistrado ponente SL3298-2018 Radicación n. 59943 Acta 25 Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. ESP, CHEC S.A. ESP, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 16 de noviembre de 2012, en el proceso ordinario laboral que JUAN CARLOS PÉREZ VÁSQUEZ le adelanta a la sociedad recurrente. 8 ANTECEDENTES Juan Carlos Pérez Vásquez llamó a juicio a la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, Chec S.A. ESP, a fin de que, de manera principal, se declare que la terminación de su contrato de trabajo se hizo de manera ilegal e injusta por parte de la demandada, en razón a que no se ajusta a las estipulaciones contenidas en la convención colectiva ni al

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Radicación n. 59943 reglamento interno de trabajo de la empresa. Subsidiariamente a lo anterior, solicitó se declare que la finalización de la relación laboral se produjo por parte del demandante, pero por causas imputables al empleador, en la modalidad de «despido indirecto o autodespido». Como consecuencia de lo anterior, solicitó el reintegró, bien al cargo de «DIRECTOR CONTROL DE GESTION, o en su

defecto al de «LIDER DE PROCESO CATEGORIA IX. ASESORIA JURIDICA» que era el que venía desempeñando al momento del despido, o a uno de igual o superior categoría, con la consecuente declaración de la no solución de continuidad; igualmente pidió el pago de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir desde el momento de la finalización del vínculo hasta el día del reintegro; la cancelación de los aportes a la seguridad social; la indexación de las condenas; lo que encuentre probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, en esencia manifestó que prestó sus servicios personales a la demandada, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 15 de enero de 2001 hasta el 2 de julio de 2007; que en desarrollo de tal vinculación inicialmente se desempeñó como «Jefe de la Oficina de Control Interno» hoy «Director Control de Gestión con un salario mensual de $4.364.570, posteriormente como «Líder de Proceso Categoría IX. Asesoría Jurídica», con una asignación mensual de $3.202.998, más una «remuneración personal garantizada» de $1.161.572.

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Radicación n. 59943 Sostuvo que mediante memorando del 17 de marzo de 2007 fue trasladado del cargo de «Jefe de la Oficina de Control Interno» hoy «Director Control de Gestión al de «Líder de Proceso Categoría IX. Asesoría Jurídica», lo cual le significó

una desmejora jerárquica y funcional, pues el primero dependía de la gerencia general, al paso que el segundo de la secretaría general de la demandada, situación que también le generó innumerables perjuicios profesionales y morales, máxime que en el antiguo puesto de trabajo tenía cierto número de personal a su cargo, al paso que en el nuevo carecía de personal bajo su mando y su jefe inmediato era la secretaría general; cambio que pone en evidencia la discriminación en su contra, lo que por demás está prohibido por la Ley 1010 de 2006 Más adelante expuso que el 17 de abril de 2007, le solicitó a la accionada la reinstalación al cargo de «Director Control de Gestión, sin obtener respuesta alguna, razón por la cual y como consecuencia de su deficiente estado anímico, se vio en la obligación de renunciar a partir del 2 de julio de 2007, aduciendo como justa causa el despido indirecto o autodespido; decisión que no fue compartida por la demandada, quien el 4 de julio siguiente rechazó los hechos en que soportaba su finalización, tomando tal determinación como una renuncia libre y voluntaria, o como un despido indirecto. Manifestó que el artículo 74 del reglamento interno de trabajo establece un procedimiento para despedir a los trabajadores, el cual no fue cumplido por la demandada y

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0 Radicación n. 59943 que el artículo 11 de la convención colectiva consagra el reintegro de aquellos trabajadores que hubiesen sido desvinculados sin justa causa. Finalmente manifestó que el 24 de junio de 2010, el actor presentó reclamación

administrativa, con lo cual considera agotada la vía gubernativa (f. 182 a 214 y 440 a 441). La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP - CHEC S.A. ESP., dio respuesta a la demanda y aceptó como ciertos los hechos relacionados con la existencia del vínculo laboral con el demandante; los extremos temporales; el salario percibido; los cargos y funciones desempeñadas en cada puesto de trabajo; que durante el tiempo que se desempeñó como «Director Control de Gestión», tenía siete personas bajo su mando, cargo que efectivamente dependía de la gerencia; igualmente admitió el hecho referido a que a partir del mes de marzo de 2007, el actor fue trasladado a ocupar el cargo de «Líder de Proceso Categoría IX. Asesoría Jurídica» el cual efectivamente dependía de la Secretaría General, precisando que tal decisión obedeció a un proceso serio, real y objetivo de reestructuración de la empresa demandada y no a un acto de discriminación, proceso en el que fueron objeto de traslado varios de los trabajadores o directivos de la convocada a juicio, no sólo el actor como lo quiera hacer ver con su demanda; igualmente dijo que era cierto que el 17 de abril de 2007, el demandante solicitó la reinstalación al cargo de «Director Control de Gestión, haciendo énfasis que con tal solicitud agotó la reclamación administrativa, tendiente a lograr el reintegro al citado cargo. Sobre los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos.

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Radicación n. 59943 La convocada al proceso fue clara en señalar, que la

decisión de terminar el vínculo laboral provino del demandante, no de la demandada; que no existen las razones manifestadas por el trabajador como constitutivas de un despido indirecto o autodespido, pues el trasladó del actor de un cargo a otro, obedeció exclusivamente a un proceso por motivos de organización empresarial, no a un acto discriminatorio individual, máxime que el cargo de «Líder de Proceso Categoría IX. Asesoría Jurídica» correspondía a la «suprema autoridad jurídica de la organización», y además se le continuó respetando su ingreso salarial, fue por ello, que su decisión se tomó como una renuncia libre y voluntaria. La demandada también hizo énfasis, en que el retiro del demandante lejos estuvo de obedecer a un despido injusto por parte de la empresa, menos a un autodespido o despido indirecto por causas imputables al empleador, de un parte porque el traslado se hizo en uso de las facultades del ius variandi expresamente pactadas en el contrato de trabajo y respetando al máximo sus derechos laborales y, de otra, porque lo que en verdad ocurrió fue que el actor ya no quería seguir al servicio de la demandada, para dedicarse a sus «ASUNTOS PERSONALES CON VOCACIÓN POLITICA», básicamente relacionadas con su «inscripción y postulación como candidato a la Asamblea Departamental de Caldas» por el «Movimiento de Salvación Nacionab en las elecciones a llevarse a cabo el 28 de octubre de 2007 y para el periodo constitucional 2008-2011. Agregó que para la fecha de la contestación de la demanda que nos ocupa, el actor

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Radicación n. 59943 desempeñaba el cargo público de personero municipal de Manizales. Se opuso a la totalidad de las pretensiones principales como subsidiarias; en su defensa formuló las excepciones de prescripción general de los créditos laborales reclamados por el demandante; prescripción especial de la acción de reintegro; prescripción especial de la acción que pretende el reintegro convencional y con ello el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir; inexistencia de las obligaciones o presupuestos necesarios para que se declare el despido indirecto o autodespido; improcedencia del reintegro convencional al cargo de director control gestión; imposibilidad de efectuar el reintegro convencional al cargo de profesional ix en la división jurídica por inexistencia del cargo; inconveniencia del reintegro a un cargo donde el accionante se declara incompetente y en virtud del cual renunció; inexistencia de cobertura de la cláusula convencional de reintegro; enriquecimiento sin causa; cobro de lo no debido y buena fe de la demandada (f. 302 a 328). IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, mediante fallo del 16 de marzo de 2012, declaró probadas las excepciones de prescripción, la general respecto de todos los créditos laborales reclamados y la especial de la acción de reintegro legal y/o convencional (numeral primero). Como consecuencia de lo anterior, absolvió a la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, Chec S.A. ESP, de todas

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Radicación n.” 59943 y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por Juan Carlos Pérez Vásquez (numeral segundo); a quien le impuso las costas del proceso en un 100% y las tasó en la suma de $1.500.000 (numeral tercero). Importante es señalar que el sentenciador de primer grado para tomar su decisión absolutoria, arribó a la conclusión que todos los derechos laborales implorados, entre ellos el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales, estaban afectados por el fenómeno de la prescripción, pues la reclamación administrativa solicitando la reinstalación se presentó el 17 de abril de 2007 y la demanda con la cual se dio inicio al proceso fue instaurada por fuera de los tres años contemplados por la legislación laboral el 7 de julio de 2010 (f.”. 214).

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, quien, mediante sentencia del 16 de noviembre de 2012, dispuso lo siguiente: PRIMERO.- REVOCA la Sentencia del dieciséis (16) de marzo de 2012, proferida por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario laboral promovido JUAN CARLOS PÉREZ VÁSQUEZ contra la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC S.A. E.S.P., en tanto declaró probada la excepción denominada

"PRESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CRÉDITOS LABORALES

RECLAMADOS POR EL DEMANDANTE, CON COBERTURA A

SALARIOS, A PRESTACIONES SOCIALES Y A TODOS LOS

DEMÁS RUBROS SOCIALES, LEGALES Y CONVENCIONALES,

POR DEMANDA PRESENTADA EN FORMA EXTEMPORÁNEA,-

CON COBERTURA A SALARIOS, A PRESTACIONES SOCIALES

(CESANTÍA Y PRIMA DE SERVICIOS) Y A TODAS LAS DEMÁS

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Radicación n. 59943

CRÉDITOS Y RUBROS SOCIALES CON POTENCIAL

COBERTURA A LA VINCULACIÓN LABORAL QUE - A TÉRMINO

INDEFINIDO - EXISTIERA ENTRE LAS [PARTES,

PRESCRIPCIÓN ESPECIAL DE LA ACCIÓN QUE PRETENDE EL

REINTEGRO CONVENCIONAL Y CON ELLO EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, POR SER CRÉDITOS QUE NO EMANAN DE LEYES SOCIALES", y en su lugar: DECLARA NO PROBADA la excepción de Prescripción propuesta por la parte demandada. SEGUNDO. - NO ACCEDE a la pretensión de que se declare que la demandada terminó unilateralmente y sin justa causa el contrato laboral del actor, formulada por el demandante como pretensión principal, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído. TERCERO. - DECLARA NO PRÓSPERA la excepción propuesta por la pasiva de la Litis, denominada "INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE SE DECLARE EL DESPIDO INDIRECTO O AUTODESPIDO" y, en consecuencia, DECLARA que la terminación del contrato de trabajo suscrito entre las partes, acaecida el día 2 de julio de 2007, obedeció a justas

causas imputables al empleador, en la modalidad de despido indirecto, como lo alegó el demandante. CUARTO. - DECLARA impróspera la excepción denominada

"IMPROCEDENCIA DEL REINTEGRO CONVENCIONAL AL

CARGO DE DIRECTOR CONTROL GESTIÓN, POR NO HABER

SIDO EL CARGO QUE VENÍA DESEMEÑANDO EL DEMANDANTE AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO DE TRABAJO", esgrimida en su defensa por la sociedad demandada y, en consecuencia, ORDENA a la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., reintegrar al señor JUAN CARLOS PÉREZ VÁSQUEZ al cargo de Director de Control de Gestión. QUINTO. - En consecuencia DECLARA que no existió solución de continuidad en el contrato laboral suscrito entre las partes. SEXTO. - ORDENA a la demandada a pagar al demandante los salarios dejados de percibir, desde el día 2 de julio de 2007 y hasta que se produzca su reintegro, a razón de $4.364.570.00 mensuales, con aplicación de la indexación en los términos explicados en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO-: DECLARA PROBADA las excepciones denominadas

"INEXISTENCIA DE COBERTURA DE LA CLÁUSULA

CONVENCIONAL DEL REINTEGRO, PARA EL PAGO DE

PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, EXTRALEGALES (...)", “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y POR LO MISMO COBRO DE LO NO DEBIDO", únicamente respecto de los cobros que se

realizan por concepto de prestaciones legales y extralegales, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

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Radicación n. 59943 OCTAVO. - ORDENA el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, que debieron haberse realizado al actor, en razón al contrato laboral suscrito entre las partes, entre el 2 de julio de 2007 y la fecha en que se haga efectivo el reintegro. NOVENO. - ABSUELVE a la parte demandada de las demás pretensiones impetradas en el libelo genitor. DÉCIMO. - CONDENA en costas de ambas instancias a la demandada a favor del actor. Como agencias en derecho se fija la suma de $4.800.000.00. En lo que en rigor interesa al recurso de casación, el fallador de segundo grado comenzó por precisar, que el problema jurídico introducido con la alzada se contrae a determinar, en primer lugar, si el a quo no estudió el fenómeno prescriptivo de la pretensión principal del promotor del proceso, como lo argumenta el recurrente y, de ser así, determinar si ésta se encuentra o no prescrita. Para dilucidar lo anterior, refirió la prescripción de las acciones laborales en los términos establecidos por los artículos 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS. Luego, puso de presente que no era objeto de discusión la existencia del contrato laboral a término indefinido suscrito entre las partes, el cual inició el día 15 de enero de 2001 y finalizó el día 2 de julio de 2007. Recordó que el demandante de manera principal

solicitó se declare que la terminación de la relación laboral acaeció por decisión unilateral del empleador, la cual además fue injusta e ilegal; en subsidio pretendió que se reconociera que la finalización del contrato de trabajo ocurrió por causas imputables al empleador, en la

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Radicación n. 59943 modalidad de despido indirecto o autodespido. En consecuencia, solicitó el reintegro al cargo que debia ostentar al momento del despido o al que venía ocupando, sin solución de continuidad. En ese orden señaló que la primera de las pretensiones, es decir, la declaratoria de ilegal e injusto de la terminación del contrato laboral, la sustentó el actor en que el empleador desconoció lo dispuesto en la convención colectiva de trabajo que lo protegía y el reglamento interno del trabajo, pues culminó el vínculo contractual sin seguir el correspondiente trámite disciplinario. Expuso que la segunda de las pretensiones, esto es, la declaratoria de un despido indirecto, el demandante la fundamentó en las circunstancias fácticas de que estando ocupando un cargo ejecutivo en la entidad, desde hace varios años, sin justificación y razón atendible, fue desmejorado en su posición dentro de la estructura empresarial de la demandada, con lo cual se le obligó a realizar un trabajo de nivel técnico, que implicó perjuicios morales que lo llevaron a renunciar. De ahí que, pidió el reintegro en el cargo ejecutivo que debía ocupar o en el de técnico que venía desempeñando. Así las cosas, consideró el ad quem, que era garrafal la

equivocación del sentenciador de primer grado, al concluir que la prescripción de las peticiones de la demanda inaugural empezó a correr desde la primera solicitud que realizó el demandante para recuperar su posición o nivel SCLAIPT-10 v.00 Radicación n. 59943 inicial dentro de la estructura de cargos de la empresa, esto es, desde el 17 de abril de 2007, pues dicha solicitud iba encaminada a obtener «la reubicación en el cargo», más no el weintegro a la empresa como lo entendió la juez de conocimiento. En este sentido, la petición de reintegro, que es lo que pretende el señor Pérez Vásquez mediante la presente acción laboral, únicamente puede ser requerida, una vez concluido el vínculo laboral, pues no de otra manera podía incorporarse de nuevo a la planta de personal de la demandada, es decir, que el término para demandar el reintegro al cargo, debía contarse a partir del 2 de julio de 2007 al finalizar el nexo contractual, no desde el 17 de abril de ese mismo año cuando solicitó en el transcurso de la relación la reubicación a su puesto de trabajo, por tanto la acción judicial para pedir dicho reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales, aún no estaba afectada por el fenómeno de la prescripción, pues en puridad de verdad la prescripción, en este caso, la interrumpió el actor el 24 de junio de 2010, fecha en que reclamó a su antiguo empleador, los derechos que ahora procura le reconozca la justicia ordinaria laboral, mientras que la demanda que nos ocupa fue instaurada el 7 de julio de este último año. Tales razones

lo llevaron a revocar la declaratoria de prescripción del a quo y su decisión absolutoria. Procedió luego el Tribunal a pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda, así: Respecto de la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador, como pretensión principal, encontró

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Radicación n. 59943 que el día 29 de junio de 2007, el demandante le manifestó por escrito a su empleador su decisión de poner fin «unilateralmente al contrato de trabajo» en la modalidad de «despido indirecto», aduciendo, en síntesis, que el ejercicio del ius variandi del empleador fue en detrimento de su jerarquía y en menoscabo de sus intereses personales, lo que lo impulsaba a renunciar. De esa misiva concluyó que la voluntad de finalizar el vínculo contractual laboral, no provino de la entidad empleadora, como se argumentó en la pretensión principal de la demanda, sino del accionante, con lo cual descartó que el contrato de trabajo se hubiese terminado por decisión directa de la demandada, con lo cual encontró que ninguna vocación de prosperidad le asiste a la pretensión principal. Dilucidado lo anterior, se ocupó de estudiar la súplica subsidiaria, la que estaba encaminada a demostrar si el vínculo laboral culminó por causas imputables al empleador, en la modalidad del despido indirecto o autodespido. Para ello, analizó el contrato de trabajo suscrito entre los partes, los documentos que dan cuenta del cargo de «Director Control de Gestión»; la directiva interna 100000029.1.07-05 del 28 de febrero de 2007, por medio de la cual se crea el puesto de «Líder de Proceso de Categoría IX»; el memorando del 1% de marzo de 2007, mediante el cual se traslada al actor y se le fija su remuneración; los documentos de folios 132 a 138 que según dijo demuestran la asistencia de éste a citas con la Psicóloga; escrito del 17 de abril de 2007

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Radicación n. 59943 por medio del cual el demandante solicitó a la demandada su reubicación; y los testimonios rendidos por José Urbey Gómez Salazar; Néstor Gentil Guerrero; María Cristina Toro Restrepo; María Ruby Aristizábal de Marulanda; Jhon Jairo Granada Giralda; Orlando Micolta González; Andrés Felipe Mosquera Trujillo; Beatriz Eugenia Malina Castaño; Alberto Sarmiento Aguirre; Alba Lucía Saldarriaga Toro; Luz Ángela Chica Díaz; Doralba Rivera González; Carlos Alberto Díaz Morales y Doralba Mosquera Vargas. De tales probanzas infirió, que las mismas indican que los dos cargos desempeñados por el accionante, esto es, el de Director de Control de Gestión Interno y el de Líder de Procesos IX, hacían parte del «stajf general», empero de ellas se desprende que el primer puesto de los mencionados dependía directamente de la Gerencia, tenía personal a su cargo más o menos de cinco a siete personas, y entre otras cosas que participaba el actor de los Comités de Dirección; igualmente de su contenido era dable colegir, que el segundo

cargo dependía de la Secretaría General, quien a su vez dependía de la Gerencia, no tenía personal a cargo, tampoco participaba de los Comités de Dirección, y estaba conformado por un grupo de profesionales en derecho, sin niveles jerárquicos; con lo cual el Tribunal infirió que los dos cargos tenían diferente categoría, pues aun cuando dependen de la Gerencia, es innegable que el cargo de Director de Control de Gestión Interno es de mayor jerarquía que el de Líder de Proceso IX. Tal conclusión, la corroboró con lo dispuesto en la directiva interna 100000-029, 1-06-033, que determina la planta de cargos de la entidad.

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Radicación n. 59943 Relató que «al tenor de toda la cauda probatoria aprehendida, la conclusión que se impone es que, efectivamente, el actor fue trasladado de un cargo que hacía parte del nivel gerencial de la entidad demandada, para el que fue contratado, a uno rango ejecutivo, lo cual implicó para él un descenso en la jerarquía que tenía en la CHEC

S.A. E.S.P.».

De otra parte dijo, que si bien es cierto el traslado de marras no se tradujo para el actor en una disminución de su salario ni en el cambio de la sede en la que laboraba, según lo confesó el propio señor Pérez Vásquez, lo cierto era que, el primero de los cargos es de mayor jerarquía y responsabilidad, en tanto aun cuando acreditan los mismos títulos para ambos desempeños, el de Director de Control de Gestión Interno realmente tenía una asignación salarial de $4.364.570, mientras que el de Líder de Procesos IX un

salario de $3.202.998 más una remuneración garantizada de $1.161.572, lo cual en cierta medida también llevaba a concluir una desmejora, aunque el tema salarial no fue materia de inconformidad para pregonar el despido indirecto. Indicó también el Tribunal, que no desconocía que la demandada alegó que la terminación del contrato laboral por parte del trabajador demandante, no obedeció a los motivos por él expuestos en la misiva de finalización contractual, sino a otro tipo de proyectos personales de índole político en el sector público, como quiera que se lanzó como candidato a personero y participó como candidato a una lista para

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Radicación n. 59943 Corporaciones Públicas, lo que le exigía dejar a un lado sus responsabilidades laborales con la empresa demandada; argumentación que no le halló asidero, en tanto que de las probanzas allegadas al expediente, no se infiere que tales intereses hayan sido concomitantes o previos a la terminación del contrato laboral; más aún, si en gracia de discusión se aceptara que los motivos del actor fueron disímiles a los expuestos por éste en la carta de terminación del vínculo, de todas maneras ello no justificaba el cambio de nivel jerárquico al que fue sometido el demandante denigrándolo, que redundó en la desmejora del nivel de su empleo en la estructura organizacional de la empleadora, lo cual generó el «traslado antijurídico» por parte de la empresa a partir del 1 de marzo de 2007, máxime que la potestad subordinante del empleador en punto al ius variandi y sus

representantes no es absoluta e irrestricta, pues tiene como límite la dignidad, el honor y los derechos del trabajador, garantizados por la Constitución Política y por la Corte Constitucional en múltiples sentencias de tutela, las cuales cita en su apoyo. Corolario de lo anterior concluyó que: [--.] en el sub lite se impone declarar que la terminación del contrato laboral acaeció por una causa imputable al empleador, específicamente por la determinada en el numeral 7 del literal B, del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que trae de suyo tener por no probadas la excepción propuesta por la demandada denominada “TNEXISTENCIA DE LOS

PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE SE DECLARE EL

DESPIDO INDIRECTO O AUTODESPIDO”.

(lo resaltado es del texto original).

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Radicación n. 59943 Posteriormente, en vista que de que se encontraba en su decir acreditado que la terminación del contrato laboral sucedió por causa imputable al empleador demandado, esto es, que se configuró el despido indirecto, la colegiatura precisó que el reintegro era viable a la luz de la cláusula 11 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Chec S.A. ESP y Sintraelecol, la que al efecto decía: CLÁUSULA11: La Empresa únicamente hará despidos por una de las justas causas comprobadas y previstas en las leyes colombianas. En caso de que la Empresa despida a un trabajador sin alegar una de las justas causas previstas en tales leyes, o invocándolas sin

poder demostrarlas, deberá reintegrar al trabajador despedido al cargo que venía desempeñando y pagarle los salarios que dejare de percibir durante el tiempo que quedare cesante, y a presumir que no existió interrupción en la prestación del servicio. Precisó que si bien era cierto dicha cláusula establecía que el reintegro resultaba procedente para cuando el trabajador fuera despedido directamente por el empleador, lo cierto era que nada se oponía, para que también se hiciese extensivo a los casos de despido indirecto, pues los efectos de aquel y de este se asimilan. Cita en su apoyo la sentencia CSJ SL, 30 jul. 2003, rad. 20517. En ese orden de ideas, continuó el Tribunal afirmando, que con el objeto de «hacer justicia materiab, debe ordenarse el reintegro al cargo que ocupaba antes de la «desmejorar al demandante en sus condiciones laborales», esto es, al de «Director de Control de Gestión, pues disponer que la reinstalación se efectúe al cargo que desempeñaba al momento del despido, «aparejaría validar el desconocimiento a los derechos y la dignidad del demandante, y legitimar el

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Radicación n. 59943 antijurídico ejercicio del ius variandi que realizó la sociedad demandada, como empleadora», todo lo cual lleva consigo la no solución de continuidad; reintegro que acarrea únicamente el pago de los salarios dejados de percibir por el demandante desde la fecha del despido hasta su reinstalación en el empleo, no así el reconocimiento de las prestaciones legales y extralegales, pues la fuente de donde

emerge dicho reintegro, que es la cláusula 11 convencional, sólo habla del pago de salarios, no de prestaciones sociales. Agregó, que deberá tenerse en cuenta la suma de $4.364.570 como salario; igualmente dijo que la demandada debía pagar las condenas debidamente indexadas, más los aportes a la seguridad social.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se proceden a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Formula cinco alcances de la impugnación con igual número de cargos, todos los cuales, en esencia están encaminados a que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme el fallo absolutorio de primer grado.

Por cuestión de método, la Sala comenzará estudiando el segundo cargo dirigido por la vía indirecta, conjuntamente

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Radicación n. 59943 con la réplica efectuada por el demandante, para luego abordar el estudio de los demás.

VI. CARGO SEGUNDO La censura formula el cargo en los siguientes términos: Con apoyo en la causal primera de casación del artículo 60 del Decreto 528 de 1964, se acusa la sentencia de violar de manera indirecta y en concepto de aplicación indebida, los artículos 62 y 64 del C.S.T, (modificados por el artículo 7”, letra b) numeral 7 del Decreto 2351 de 1965 y 6 de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002), 59.9 ibidem, lo que condujo al sentenciadora a

la infracción directa del artículo 23.b del C.S.T. (Subrogado por el artículo 1 , letra b) de la ley 50 de 1990, en concordancia con el artículo 22 del mismo Código. Expresa que tal violación se generó a consecuencia de los siguientes errores fácticos: 1.- No dar por demostrado, estándolo, que el traslado del actor de un cargo a otro obedeció a una reestructuración de la planta de personal de la empresa emprendida por la demandada. 2.- No dar por demostrado, siendo ello así, que la reestructuración efectuada por la demandada implicó un cambio de denominación en los empleos y movimiento del personal, que no solo tuvo que ver con el demandante sino con toda la Planta de personal de la empresa. 3.- Haber dado por establecido, sin ser cierto, que el cambio del cargo del demandante lesionó o afectó su dignidad, su imagen y el respeto por su persona. 4.- Dar por demostrado, no siendo cierto, que el cargo de Líder de Proceso con las funciones de resolver derechos de petición y de representación judicial de la empresa es de menor importancia y jerarquía que el de Director de Control de gestión, solo por las diferentes funciones que corresponden a uno y otro cargo. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el cargo de Director de Control de Gestión es un cargo de mayor jerarquía que el de Líder de Proceso.

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Radicación n. 59943 6.- Dar por demostrado, sin ser cierto, que el traslado del cargo de Director de Control de Gestión, código 2005 al denominado Líder de Proceso, Categoría IX en asesoría Jurídica en la Secretaría

General, significó un desmejoramiento laboral del actor. 7.- Dar por demostrado, no siendo así, que el cargo que inicialmente ocupaba el demandante por el mero hecho de estar a nivel gerencial implicó para este un descenso en la jerarquía empresarial. 8.- Dar por demostrado, no estándolo, que la forma de asignación salarial bajo la modalidad de remuneración personal garantizada demuestra por si misma que el cargo de director