CSJ - SL3300-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Sala de Descongestión N: 4

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL3300-2018 Radicación n.57595 Acta 025 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILESACDAC -, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 24 de mayo de 2012, en el proceso que promovió contra AEROVÍAS DEL CONTINENTE

AMERICANO S.A. - AVIANCA S.A.

I ANTECEDENTES La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, en adelante Acdac, demandó a Avianca S.A., con el fin de que se declarara |...] la existencia, constitucionalidad, legalidad, eficacia y validez» para el año 2007, de la cláusula 18 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre las partes,

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Q Radicación n.57595 “[...] vigente entre el 1 de abril de 2001 y el 30 de marzo de 2003, prorrogada en forma automática, por periodos de 6 meses, [...] hasta el día en que se suscribió un nuevo acuerdo modificatorio de la citada convención»; que la demandada incumplió las cláusulas 18 y 25 ídem, al haber promocionado

como instructores del equipo A-320 a los capitanes Ricardo Espinosa, Álvaro Prada, Juan Pablo Obando y Armando Gutiérrez, sin la observancia del proceso pactado convencionalmente para dicho efecto; que de paso se incumplieron las cláusulas convencionales 125 y 125 A. En consecuencia, que se condenara al reconocimiento y pago de mil salarios mínimos mensuales a título de perjuicios “[...] o el valor que determine la Justicia Colombiana», por el incumplimiento de las mencionadas claúsulas; a los intereses moratorios e indexación de las condenas, y a las costas procesales. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que en ejercicio del derecho fundamental de asociación sindical, suscribió una Convención Colectiva de Trabajo con Avianca S.A., para el periodo del 1de abril de 2001, al 31 de marzo de 2003, la cual se prorrogó automáticamente en los términos del artículo 478 del CST, toda vez que no fue denunciada por las partes; que en su artículo 18 se contempló el procedimiento para la designación de instructores e inspectores de ruta en la empresa demandada, el cual fue inobservado por ésta, en el segundo semestre del año 2007, cuando integró la nueva flota de aviones A-320 a la compañía.

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2 7 Radicación n.57595 Afirmó, que la empresa designó unilateralmente a los capitanes Ricardo Espinosa, Álvaro Prada, Juan Pablo Obando y Armando Gutiérrez, como instructores e inspectores de ruta de las aeronaves A-320, sin contar con la

participación de Acdac, y con detrimento de quienes ostentaban igual o mejor derecho para ocupar dichos cargos, lo cual fue reconocido mediante comunicación del 31 de octubre de 2007, por el doctor Santiago Diago. Señaló, que mediante comunicación del 8 de noviembre de 2007, la Junta Directiva de Acdac, le advirtió a la demandada que dicho proceso constituía una violación a la CCT y un desconocimiento de los derechos de los aviadores; que a pesar de ello, la empresa ratificó su posición de «...] realizar la promoción directa del (sic) algunos instructores del equipo MD83/...)» a través de una carta suscrita por el Vicepresidente de Operaciones de Vuelo, con lo cual reconoció el desconocimiento de la mencionada cláusula; que Avianca S.A., tampoco realizó las actividades necesarias, a fin de que el Comité Técnico cumpliera la función de evaluación de los instructores e inspectores de ruta, según lo consignado en el cláusula 18 del acuerdo colectivo; que de conformidad con el artículo 475 del CST, le asistía el derecho al pago de daños y perjuicios derivados de dicha omisión. Avianca S.A., al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, tuvo por cierta la suscripción de la Convención Colectiva de Trabajo y el contenido del artículo 18 de la misma; precisó, que no tenía la obligación de invitar a la demandante a participar en el 3

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Radicación n.57595 mencionado proceso, toda vez que se trataba de personas

ajenas a dicha organización sindical, a quienes no les aplicaba la Convención Colectiva de Trabajo; que siempre cumplió con las obligaciones que adquirió respecto a los trabajadores de la Acdac, y que no tenía el deber de aplicar las normas convencionales a los trabajadores no sindicalizados, pues no se trataba de una organización mayoritaria. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, falta de título y ausencia de causa jurídica, cumplimiento de las obligaciones adquiridas, pago de lo no debido, buena fe, ausencia de buena fe en la demandante, prescripción y compensación.

IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 13 de octubre de 2010, absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, la Sala de

Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante sentencia del 24 de mayo 2012, confirmó la decisión.

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2 Radicación n.57595 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal comenzó por precisar que la controversia se centraba en determinar si la demandante tenía derecho al pago de perjuicios, por el incumplimiento del procedimiento establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Seguidamente indicó que en el proceso no era objeto de controversia: que entre las partes se celebró la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre el 10 de abril de 2001 y el

31 de marzo de 2003; que la misma se encontraba vigente para la época de los hechos; que Avianca S.A., violó el procedimiento establecido en la cláusula 18, parágrafo 1 y los artículos 125 y 125 A de la citada Convención, «[...] al designar Instructores e Inspectores de Ruta de las aeronaves A320, sin que la empresa, mediante circular interna dirigida al domicilio registrado de todos los pilotos del equipo, convocara a los aspirantes a concursar para cubrir las vacantes, sin discriminación alguna». Señaló que, para determinar los perjuicios causados, se practicó un dictamen pericial, que la demandada objetó por error grave, el cual se declaró infundado en la sentencia de primera instancia; que en la experticia se concluyó que el valor de los ingresos dejados de percibir al 31 de julio de 2010, por concepto de los aportes de la cuota sindical de los asociados, era de $2.508.874.560; que el aporte de la cuota sindical por cada asociado era del 2.5% del salario básico, más la prima de vuelo, y que, «/...] existe un número total de tripulantes de 750, dentro de los cuales no se encuentran afiliados 490». 5

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Radicación n.57595 Afirmó que, valorado el dictamen pericial, «/...] lo que no logra la Sala diferenciar es si esa falta de afiliación tuvo como causa la falta de procedimiento de la empresa demandada en el nombramiento de instructores e inspectores, por cuanto se toma es un balance general de lo sucedido». En tal virtud

Expuso que, para poder determinar el daño causado, «[...] es necesario que exista una causa y que la misma produzca su efecto, el cual ocasiona el daño reclamado, pero que exista un nexo causal entre estas dos figurar (sic), de lo contrario, se diría que lo dañoso fue producido por otras circunstancias y no las mencionadas en cada solicitud».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado, y en su lugar, acceda a todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló dos cargos, los cuales fueron replicados y serán resueltos a continuación, en forma conjunta.

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6 5 Radicación n.57595

VI. CARGO PRIMERO Acusó la sentencia de violación de la ley sustancial por vía directa, en la modalidad de falta de aplicación del artículo 475 del CST, en relación con: Los artículos 467, 468, 469, 470 del mismo estatuto, subrogado por el D.L. 2351 de 1965, artículos 37 y 39, y (sic) del C.S.T., artículos 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480; y el D.L. 2351 de 1965, artículos 14 y 39; en armonía con los artículos 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 del Código Sustantivo del

Trabajo, en relación directa con los artículos 353, 354, 356, 362, 364, 373, 374 ibídem, violación que condujo a la infracción de los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1% numerales 134 y 135 (VIOLACION MEDIO) dentro del marco establecido por la Constitución Política de la República de Colombia, artículos 38, 39 y 55, así como el preámbulo, y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 25 y 29. Además, se violaron los Convenios 87 y 98 de la O.L.T., incorporados al orden jurídico del país mediante la Ley 26 de 1976, artículos 1, 2, 3 y 8, y Ley 27 de 1976, artículos 1, 2 y 3, la Ley 50 de 1990, artículo 38, Ley 584 de 2000 artículo 1”, Artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la demostración del cargo indicó que, si bien el Tribunal encontró probada la violación del procedimiento establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, lo cierto es que ignoró la norma que regulaba dicha infracción y se resistió a su cumplimiento, al inaplicar el artículo 475 del CST. Precisó, que en la demanda se solicitó declarar que existió una violación de la Convención Colectiva 1/[...] o condenar a la demandada al pago de una indemnización». Por tanto, si el Tribunal encontró que efectivamente hubo trasgresión del procedimiento convencional, pero no halló la

prueba suficiente para condenar al pago de perjuicios; al SCLAJPT-10 .00: 7 Radicación n.57595 menos debió 1/[...] condenar a la Empresa al cumplimiento de la Convención Colectiva del Trabajo», pues se trataba de dos obligaciones distintas: el cumplimiento de la convención o el pago de daños y perjuicios. Refirió, que los jueces de instancia reconocieron que existió una violación de la Convención por parte del empleador, y a pesar de ello, no hubo condena alguna; concluyó que si el Tribunal hubiese fallado como ordenaba la Ley, la demandada hubiese sido condenada a cumplir lo dispuesto en la norma convencional.

VII. CARGO SEGUNDO Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de: Los artículos 45%, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, (los dos últimos modificados por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1%, numerales 134 Y 135), en relación con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

(VIOLAVION MEDIO) que condujo a la falta de aplicación del artículo 475 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con los artículos 467, 468, 469, 470 del mismo estatuto, subrogado por el D.L. 2351 de 1965, artículos 37 y 39, Y (sic) del C.S.T., artículos 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480; y el D.L. 2351 de 1965,

artículos 14 y 39; en armonía con los artículos 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación directa con los artículos 353, 354, 356, 362, 364, 373, 374 ibídem, dentro del marco establecido por la Constitución Política de la República de Colombia, artículos 38, 39 y 55, así como el preámbulo, y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 3, 25 y 29. Además, se violaron los Convenios 87 Y 98 de la O.L.T., incorporados al orden jurídico del país mediante las Leyes 26 de 1 976, artículos 1, 2, 3 Y 8 y Ley 27 de 1976, artículos 1, 2% y 3 de la Ley 50 de 1990, artículo 38, Ley 584 de 2000 artículo 1 , Artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Radicación n.57595 En la demostración, comenzó por precisar que el CPTSS no contemplaba la forma en que se debían interpretar las normas procesales, razón por la cual era necesario acudir al CPC; que los artículos 4%, 304 y 305 de dicho estatuto procesal fueron violados por el fallador de segunda instancia, pues no estableció la congruencia necesaria entre las pretensiones de la demanda, especialmente en lo relacionado con la declaración de una violación a la Convención Colectiva de Trabajo, y la decisión final «[...] que debió ser una de estas

dos alternativas: condenar al pago de daños y perjuicios como lo establece el artículo 475 del Código Sustantivo del Trabajo u obligar a la empresa a su cumplimiento como lo establece la misma norma». Indicó, que las normas procedimentales citadas, fueron indebidamente aplicadas toda vez que: El artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que remite a la aplicación de los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil y en la aplicación también inadecuada que de estas normas hizo la sentencia que inpugno; por una aplicación indebida de la ley, la sentencia desconoció que debe existir congruencia entre su parte considerativa o motiva y la parte resolutiva, [...] Esa falta de congruencia que surge de la simple lectura del texto, obliga a la casación total de la sentencia...) Afirmó que, de la comparación entre las pretensiones de la demanda y la parte considerativa de la sentencia impugnada, resultaba claro que el Tribunal encontró probada la existencia y validez de las cláusulas 18 y 125 de la CCT, tal como se solicitó en el libelo introductorio, «/...] sin embargo, en la parte resolutiva de la sentencia no hay ninguna decisión al respecto, situación que configura clara y 9

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Radicación n.57595 evidentemente una incongruencia que sirvió de medio para la violación de la ley sustancial [...]». Concluyó, que la incongruencia de la sentencia de segunda instancia, condujo a la falta de aplicación de las normas resaltadas en la proposición jurídica, especialmente los artículos 475, 476 y siguientes del CST, en relación

íntima con las normas constitucionales que garantizan derechos fundamentales, como el de asociación sindical y la negociación colectiva.

VII. RÉPLICA Afirmó, que el recurrente incurrió en errores insuperables de técnica que conducían al rechazo de los cargos; que la impugnación no logró desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de la sentencia de segunda instancia.

Indicó, que la vía escogida por el casacionista para orientar su ataque, implicaba un total acuerdo con los hechos del proceso, es decir «[...] su aceptación respecto de cómo los tuvo por demostrados el Tribunal en el fallo»; por lo que debió orientar el cargo por la vía de los hechos. Señaló, que el Tribunal estudió cada uno de los conceptos que cuestionó el apelante, analizó cada norma y revisó las pruebas presentadas, por lo que sí aplicó correctamente las normas jurídicas pertinentes.

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Radicación n.57595 Respaldó la decisión del Juez Colegiado y expresó que el recurrente se limitó a realizar apreciaciones subjetivas, propias de un alegato de instancia; que tampoco demostró en qué forma debieron aplicarse las normas que denunció como inaplicadas e indebidamente apreciadas.

IX. CONSIDERACIONES Conviene reiterar, que este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, tarea que se entiende es la que compete a las dos instancias regulares

del proceso y excepcionalmente a la Corte cuando funge como tal, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el Tribunal observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 numeral 5” literal a) del CPTSS, un requisito indispensable e insoslayable que debe tener toda demanda de casación, es la indicación del precepto legal sustantivo del orden nacional que se estime violado; entendiéndose por éste, aquél que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales, y que para los efectos del recurso extraordinario se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial. SCLAIPT-10 V.00 1H Radicación n.57595 El eje central de la acusación, gira alrededor de las normas siguientes: Código Sustantivo del Trabajo: Artículo 475.- Los sindicatos que sean parte de una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios. Artículo 476.- Los trabajadores obligados por una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios, siempre que el incumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Los trabajadores pueden delegar el ejercicio de esta acción en su sindicato. Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social: Artículo 145.- A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de

este Decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial.

Código de Procedimiento Civil: Artículo 40.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes.

Artículo 304.- Modificado por el artículo 1, numeral 134 del Decreto 2282 de 1989.- En la sentencia se hará una síntesis de la demanda y su contestación. La motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen. La parte resolutiva se proferirá bajo la Jórmula "administrando Justicia en nombre de la República de Colombia Y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando SCLAIPT-10 V.00 e Radicación n.57595 proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este Código. La redacción de toda sentencia deberá iniciarse en folio que no

contenga actuación alguna, ni escrito en las partes, y de ella se dejará copia en el archivo de la secretaría. Artículo 305.- Modificado por el artículo 1, numeral 135 del Decreto 2282 de 1989. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio. El recurrente estima, básicamente, que el Tribunal incurrió en la falta de aplicación de los artículos 475 y 476 del CST, a través de la aplicación indebida —violación de medio - de los artículos 4%, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, no hay inconveniente de técnica, pues la Corte ha explicado con suficiencia, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL 7411, 15 may. 1995,

reiterada en la CSJ SL 44023, 25 sep. 2012, que: «Los textos de naturaleza procesal solamente se pueden acusar por violación medio y en relación con los de carácter sustancial, ya que la infracción de la ley en realidad se produce

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Radicación n.57595 inicialmente sobre aquellos que son el vehículo para alcanzar los preceptos sustanciales». A modo de ilustración, en relación con los problemas expuestos por la recurrente, es pertinente memorar la sentencia CSJ SL 26112, 2 feb. 2006, en la que se adoctrinó: [..] En efecto, si bien el artículo 475 del Código Sustantivo del Trabajo le confiere a los sindicatos que sean parte de una convención colectiva, el derecho de acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios, sin embargo, el artículo 476 ibídem dispone que los trabajadores obligados por una convención colectiva tienen igualmente acción para exigir su cumplimiento o el pago de perjuicios, siempre que el incumplimiento les ocasione un perjuicio individual, pudiendo delegar dicha acción en su sindicato, lo que indica que para poder distinguir la titularidad del derecho de acción en caso de incumplimiento de una convención colectiva, debe precisarse si el incumplimiento le causa un perjuicio que puede individualizarse en cada trabajador, o si solamente afecta un derecho que es común o general para los asociados de la organización sindical. En el primer caso, es decir, cuando se está en presencia de un perjuicio individual, sin duda esa titularidad recae en cada trabajador que, por supuesto, bien puede ejercerla por sí mismo, o

delegarla en el ente obrero. En el segundo, o sea cuando el incumplimiento afecta un derecho común y general de los asociados, es el sindicato el legitimado para accionar. Lo anterior está corroborado por el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo que regula las funciones principales de los sindicatos, ninguna de las cuales los autoriza para representar en proceso judicial los intereses de sus trabajadores individualmente considerados. En cambio, el numeral 5% de dicha disposición, autoriza a las organizaciones sindicales para representar en juicio o ante cualquiera autoridad u organismo, los intereses económicos comunes o generales de sus afiliados; Y desde luego, una cosa es el interés individual de cada trabajador, y otra muy distinta, los intereses comunes o generales de un grupo de trabajadores, en los cuales éstos son los titulares de tales intereses sin que cada uno de ellos pueda abrogárselos de manera individual. Y tampoco ello significa que un sindicato, por el hecho de que no pueda por sí mismo representar los intereses individuales de sus trabajadores afiliados, esté frente a una capitis diminutio o que su

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CA Radicación n.57595 condición de persona jurídica sea menoscabada, ya que es la ley la que le ha fijado de manera precisa su marco de acción, destacándose de esa precisión, que en cada proceso donde se controvierta el incumplimiento de una convención colectiva, las partes del mismo pueden ser claramente diferenciadas, como también la voluntad de cada uno de los trabajadores de ser representados en la contienda judicial por la agremiación de la

cual forman parte. El precedente planteamiento ha sido el criterio de la Corte, como puede observarse en la sentencia del 14 de noviembre de 1991, radicación 4411 de la extinguida Sección Segunda, en la que se dijo: [-.] Es pertinente recordar aquí, de conformidad con la distinción universalmente aceptada, que los conflictos laborales se clasifican en jurídicos y económicos, entendiéndose por los primeros aquellos en los cuales se controvierte la existencia, aplicación o interpretación de una norma de derecho preexistente, y por los segundos, aquellos en los cuales las partes contienden por la creación de un nuevo derecho a la revisión o modificación del vigente. De ahí que la solución de los conflictos jurídicos esté normalmente atribuida a la justicia ordinaria del trabajo y la de los conflictos económicos se produzca, por regla general, mediante la autocomposición. Estos conflictos, tanto los jurídicos como los económicos, pueden, a su vez, subclasificarse en individuales y colectivos según que se controviertan intereses particulares concretos de uno o varios trabajadores singularmente considerados, o por el contrario, intereses comunes a toda la organización obrera o a un grupo 0 categoría de trabajadores. [..] 'Es verdad que la facultad que tienen hoy los sindicatos de trabajadores de representar a sus afiliados ante sus patronos, las autoridades administrativas y judiciales, emanan de la ley y por esta razón pudiera decirse que no necesitan de poderes generales o especiales de sus miembros para ejercitar esa atribución, pues la llevan por mandato de la ley y es de derecho uno de sus atributos y funciones más importantes. Pero si es así, y el Tribunal

no lo discute, no puede tampoco desconocerse que la comunidad tiene interés en que la identidad de los litigantes quede bien establecida y no sólo eso, sino que se deduzca fehacientemente que el afiliado a la organización sindical desea que su representación esté confiada a ella. De lo contrario, no se sabría con la debida claridad quién integra la parte que el sindicato defiende, ni tampoco si existe la voluntad de la respectiva persona de verse, representada por este organismo. Y es que esa atribución

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Radicación n.57595 de las instituciones sindicales tratándose de, controversias sobre derechos individuales es facultativa pero no obligatoria, porque de las distintas disposiciones legales que la consagran no se deduce ese carácter imperativo y esa característica de exclusividad. El trabajador bien puede optar por la representación de su sindicato o por escoger un apoderado especial, distinto naturalmente de aquel" (auto, 10 de abril 1947, G. del T., tomo I, núm. 5-16, pág. 54). “Corresponde a los sindicatos representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados. Pero la representación de los intereses concretos de los individuos afiliados a ellos, sólo pueden ejercerla cuando para ello se les haya conferido mandato" (cas., 26 febrero 1951, G. del T., tomo VI, núms. 53-54, pág. 65). ' De conformidad con el numeral 4 del artículo 373 del C. S. del T., la capacidad representativa de los sindicatos en los conflictos

Jurídicos individuales de sus afiliados llega hasta las autoridades de policía laboral, es decir que se agota en la etapa administrativa. Por regla general los trabajadores sindicalizados no pueden hacerse representar por su sindicato para plantearle a los jueces, por intermedio o a través de la organización, la definición de sus conflictos jurídicos particulares. Sin embargo, cuando se trata de reclamar la efectividad de los derechos emanados de una convención colectiva, los trabajadores titulares de la acción pueden ejercerla directamente ante el juez o delegar ese ejercicio en su sindicato, conforme la facultad concedida por el artículo 476 del C. S. del T. (resaltas de la Sala) Si un grupo de trabajadores delega en su sindicato, de acuerdo con la disposición antes citada, el ejercicio de sus acciones individuales, es apenas obvio que la organización obrera pueda en una misma demanda, si lo tiene a bien, pedir para varios o para la totalidad de sus afiliados que hayan hecho la delegación. No tiene ningún sentido, ni para el derecho sustancial ni para el procedimiento, que ante la delegación plural o colectiva se exija al sindicato adelantar la acción que pretende el reconocimiento de un derecho común a todos emanado de una norma de carácter colectivo, en otras tantas demandas individuales independientes para cada uno de los afiliados que le hubiere hecho la delegación. Si esa separación de la demanda fuera necesaria sería tanto como admitir que la norma, que debe tener un sentido lógico y propósito práctico, en vez de facilitar estaría «dificultando a los trabajadores sindicalizados el ejercicio de las acciones para obtener el reconocimiento de sus derechos.

La delegación que conforme al artículo 476 del C. S. del T., pueden hacer los trabajadores en el sindicato para el ejercicio de sus acciones individuales no tiene formalismos — especiales determinados por la ley, según ya tuvo oportunidad de precisarlo

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La Radicación n.57595 esta misma Sala de la Corte (casación del 30 .de julio de 1983Rad. 8042-); en consecuencia, esa representación puede conferirse libremente siempre y cuando no quede duda de la voluntad de cada uno de los trabajadores delegantes para valerse del sindicato con el fin de adelantar su acción. Bien puede ocurrir entonces que la delegación se exprese por cualquier medio proveniente de cada uno de los trabajadores individualmente considerados, como ocurrió en el caso sub lite en el cual se acompañó a la demanda la delegación escrita de los trabajadores. Pero también puede efectuarse la delegación por medio de un sólo acto de todos los trabajadores, debida e individualmente identificados eso sí, que deseen hacerse representar por el sindicato. Es también evidente que al permitir el artículo 476 la delegación de las acciones individuales con la consecuente posibilidad de acumulación de pretensiones en la demanda que presente el sindicato, se está simultáneamente sirviendo a la economía procesal y a la cosa juzgada, pues si todos los trabajadores beneficiarios de una garantía convencional incumplida estuvieran obligados a demandar individualmente y por separado su cumplimiento o la indemnización de perjuicios, se estaría creando una congestión innecesaria en la actividad judicial -que se ha venido tratando de superar por las últimas reformas del

procedimientoy también provocando una inconveniente proliferación de decisiones judiciales para un mism