CSJ - SL340-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL340-2023 Radicación n.° 90279 Acta 3 Bogotá, D. C., primero (1.°) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de anulación que la sociedad EDATEL SA ESP interpuso contra el laudo arbitral de fecha 20 de mayo de 2021, aclarado y complementado el 2 de junio del mismo año, emitido por el Tribunal de Arbitramento convocado para resolver el conflicto colectivo surgido entre las organizaciones sindicales UNIÓN SINDICAL GRUPO

EMPRESARIAL EPM – UNIGEEP -, SINDICATO DE

TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIDOS DE UNE EPM Y SUS EMPRESAS DERIVADAS AFINES Y CONEXAS – SINTRAUNE EPM - y la empresa recurrente.

I. ANTECEDENTES Las organizaciones sindicales UNIGEEP y SINTRAUNE EPM, actuando de forma autónoma e independiente,

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Radicación n.° 90279 presentaron pliegos de peticiones ante la sociedad EDATEL SA ESP, que dieron origen a sendos procesos de negociación colectiva. La etapa de arreglo directo contemplada legalmente se surtió con UNIGEEP entre el 27 de diciembre de 2019 y el 15 de enero de 2020, y con SINTRAUNE EPM entre el 4 de diciembre de 2019 y el 12 de enero de 2020, sin que se hubiera logrado algún acuerdo entre las partes. En virtud de lo anterior, por decisión de cada una de las

organizaciones sindicales en mención, se solicitó la convocatoria e integración de un tribunal de arbitramento, para que le diera solución definitiva a cada uno de los diferendos. Mediante Resolución n.º 0497 del 2 de marzo de 2021, el Ministerio de Trabajo admitió las solicitudes y, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Decretos 089 de 2014 y 017 de 2016, unificó los dos procesos de negociación colectiva y ordenó la convocatoria de un solo tribunal de arbitramento para que resolviera los dos conflictos de manera armónica. El Tribunal se instaló legalmente con sus miembros el 7 de abril de 2021 y, luego de obtener una prórroga para fallar y de sus respectivas deliberaciones, profirió laudo arbitral el 20 de mayo de 2021. Por petición del apoderado de la empresa, el laudo fue aclarado y complementado mediante decisión arbitral del 2 de junio de 2021, en cuanto a los puntos de «prima de vacaciones» y «educación».

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II. LAUDO ARBITRAL El Tribunal advirtió, en primer lugar, que el marco de su competencia estaba integrado por los puntos de los dos pliegos de peticiones respecto de los cuales no se había obtenido un acuerdo durante la etapa de arreglo directo, y explicó que no le era dable afectar los derechos y facultades reconocidos constitucional y legalmente a las partes, además de que debía guiarse por los principios de equidad, proporcionalidad, razonabilidad y ponderación.

Por otra parte, indicó que, para construir su decisión en

equidad, había analizado la copiosa información allegada por las partes, la situación económica de la empresa, el número de afiliados a las dos organizaciones sindicales, las situaciones de «multiafiliación», los beneficios contemplados en otras convenciones colectivas de trabajo y el «impacto a futuro» de sus disposiciones, pues, señaló que, la finalidad de la negociación colectiva era lograr una mejora de las condiciones laborales, pero también la paz laboral en el interior de la compañía. Finalmente, ante la pluralidad de procesos de negociación colectiva, subrayó que optó por el «criterio de armonización» de estatutos y beneficios, con el ánimo de no generar desigualdades entre el conjunto de los trabajadores y para seguir los parámetros derivados de la jurisprudencia de esta corporación y del Decreto 089 de 2014.

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Radicación n.° 90279 Con fundamento en lo anterior, examinó la totalidad de los dos pliegos de peticiones sometidos a su competencia y concedió varios beneficios a cada organización sindical, en capítulos independientes. Por razones de método, el contenido específico de las disposiciones arbitrales se analizará en el momento de resolver el recurso de anulación sobre las mismas.

III. RECURSO DE ANULACIÓN Fue interpuesto por el apoderado de la sociedad EDATEL SA ESP y concedido por el Tribunal de Arbitramento. Pide el recurrente la anulación de los siguientes beneficios concedidos a las dos organizaciones sindicales: «prima de antigüedad», «prima de matrimonio», «prima de navidad», «prima de vacaciones», «auxilio por

defunción», «educación», «procedimiento para sanciones», «permiso sindical» y «auxilio sindical». Para dar sustento a su petición, afirma básicamente que el Tribunal desconoció los límites de su competencia y quebrantó el principio de equidad, pues concedió mejores beneficios en comparación con los existentes en otras convenciones colectivas de trabajo vigentes, sin consultar el número de afiliados a cada organización sindical. Expone también que los árbitros establecieron derechos y garantías desproporcionadas e irrazonables y abordaron temas por completo ajenos a la justicia arbitral.

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Radicación n.° 90279 Metodológicamente, para analizar y resolver el recurso de anulación, en capítulos independientes la Corte reseñará el texto de cada una de las disposiciones arbitrales materia de recurso, identificará tanto los argumentos del recurrente como los de los sindicatos opositores y, a renglón seguido, expresará sus consideraciones. Igualmente, en la medida en que existen argumentos transversales para pedir su anulación y que el texto del laudo arbitral es idéntico para las dos organizaciones sindicales, la Corte agrupará el estudio de las cláusulas referidas a primas de antigüedad, matrimonio, navidad y de vacaciones.

1. Primas de antigüedad, matrimonio, navidad y de vacaciones.

En torno a estos puntos, el Tribunal resolvió lo siguiente, de manera uniforme para los dos sindicatos: PRIMA DE ANTIGÜEDAD La EMPRESA pagará a los trabajadores afiliados al SINDICATO,

por una sola vez dentro del respectivo año, una prima de antigüedad por el tiempo servido teniendo en cuenta los siguientes periodos de causación y montos:

1. Al cumplir cinco (5) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a quince (15) días de salario básico.

2. Al cumplir diez (10) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a veinte (20) días de salario básico.

3. Al cumplir quince (15) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a veinticinco (25) días de salario básico.

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4. Al cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a treinta y cinco (35) días de salario básico.

5. Al cumplir veinticinco (25) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a cuarenta (40) días de salario básico.

6. Al cumplir treinta (30) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salario básico.

7. Al cumplir treinta y cinco (35), cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) años de servicios continuos o discontinuos, el equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salario básico.

Parágrafo: Al trabajador afiliado al SINDICATO que se retire de la empresa por habérsela [sic] reconocido su pensión de vejez y le faltare menos de un año para tener derecho a la prima de antigüedad consagrada en la presente cláusula, se le pagará el

beneficio convencional en forma proporcional al tiempo de servicio para el momento de la desvinculación laboral. PRIMA DE MATRIMONIO La Empresa reconocerá a los afiliados al SINDICATO que contraigan matrimonio, la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000) y otorgará un descanso remunerado de SEIS (6) días hábiles, siempre que avisen con una antelación no inferior a 30 días. PRIMA DE NAVIDAD La Empresa pagará a los trabajadores dentro de los primeros quince (15) días del mes de diciembre de cada año, siempre y cuando esté vinculado el 30 de noviembre de cada año, una prima de navidad equivalente a un (1) mes de salario básico. Dicha prima se pagará proporcionalmente por fracción de año siempre y cuando el trabajador hubiere laborado como mínimo tres (3) meses en la respectiva anualidad. PRIMA DE VACACIONES La Empresa reconocerá una prima de vacaciones, igual a treinta (30) días de salario y proporcionalmente por fracción de año. Frente a estas disposiciones, el recurrente sostiene que el Tribunal desbordó sus competencias, pues a pesar de que reconoció que en el interior de la empresa existían otras

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Radicación n.° 90279 organizaciones sindicales que agrupaban a la mayoría de los trabajadores, concedió mayores beneficios a los consagrados en otras convenciones colectivas de trabajo, lo que, en su concepto, genera desigualdades y desequilibrios, además de que rompe con el principio de equidad y no consulta los graves perjuicios que se generan para las finanzas de la

compañía. Por su parte, el apoderado de las dos organizaciones sindicales en conflicto, en escritos independientes, se opone a la solicitud de anulación y señala que los árbitros reconocieron estos beneficios de manera congruente con lo pedido en los pliegos de peticiones y teniendo en cuenta otros estatutos colectivos vigentes en el interior de la empresa. Dice además que no es en estricto sentido cierto que se trate de beneficios superiores a los ya existentes o que las organizaciones sindicales en conflicto tengan menos afiliados. Argumenta también que los sindicatos tenían todo el derecho de perseguir una mejora de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva, sin estar obligadas a ceñirse a otros convenios colectivos vigentes en la empresa, y que, de cualquier manera, el recurrente no demostró que los beneficios concedidos fueran manifiestamente inequitativos o afectaran gravemente las finanzas de la empresa, como lo exige la jurisprudencia desarrollada por esta Corporación.

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IV. CONSIDERACIONES Como ya lo había advertido la Corte, el recurrente pide la anulación de estas cuatro disposiciones del laudo arbitral a partir de argumentos transversales, que se pueden resumir en que el Tribunal extralimitó sus competencias y estatuyó beneficios que no resultan razonables ni equitativos, teniendo en cuenta que son superiores a lo consignado en otros instrumentos colectivos de aplicación en la empresa y que no consultan el número de afiliados a cada organización.

En virtud de lo anterior, le corresponde a la Sala

establecer si el Tribunal desconoció efectivamente el marco de sus competencias, en virtud de lo establecido en los artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y si sus decisiones resultan manifiestamente inequitativas, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollaron los dos conflictos colectivos, las condiciones laborales generales y la situación económica de la empresa, entre otros factores. Previamente, la Sala considera prudente reiterar que, en ejercicio de las competencias propias del recurso extraordinario de anulación, esta Corporación puede disponer la anulación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramento en el contexto de conflictos económicos o de intereses, por estas dos causales a las que acude el recurrente: i) por una extralimitación de las competencias de los árbitros y ii) porque las disposiciones resulten manifiestamente inequitativas.

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Radicación n.° 90279 En efecto, en lo que tiene que ver con la competencia, esta Sala ha sostenido que el tribunal de arbitramento está en la obligación y tiene la facultad de resolver en equidad sobre todos y cada uno de los aspectos que integran el decreto de su convocatoria, los que, a su vez, se identifican con todas aquellas exigencias económicas y profesionales del pliego de peticiones que no hubieran sido materia de autocomposición, durante la etapa de arreglo directo. (CSJ SL2615-2020, CSJ SL3116-2020 y CSJ SL3349-2020, entre muchas otras). No obstante, dentro de ese marco general de

competencia, esta corporación ha advertido que las aspiraciones de la organización sindical y las consecuentes decisiones arbitrales pueden interferir en debates jurídicos ajenos por completo al conflicto de intereses; suponer la construcción de normas que invaden los derechos y facultades reconocidos exclusivamente a las partes; o implicar la afectación de disposiciones de orden público imperativas, no sometidas a la negociación o que, cuando menos, deberían ser sujeto de autocomposición, y que, por tanto, escapan de la competencia de la justicia arbitral. En estos precisos eventos, que corresponde analizar cautelosamente frente a cada disposición arbitral, la Corte ha legitimado la anulación de las respectivas decisiones del laudo o, excepcionalmente, su modulación, en este último caso con el ánimo de adaptarlas al ordenamiento jurídico sin sacrificar en lo posible la voluntad arbitral y los derechos concedidos a los trabajadores. Asimismo, ha explicado la

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Radicación n.° 90279 Corte, lo que no resulta procedente es adoptar alguna determinación de reemplazo, seguida a la anulación, o alguna medida que implique imponer su propia decisión en equidad (CSJ SL4785-2020, CSJ SL3251-2022, CSJ SL3912-2022, CSJ SL3848-2022, entre otras). Por otra parte, en el desarrollo histórico de su jurisprudencia, la Corte ha concebido la posibilidad de anular cláusulas de la decisión arbitral que resulten «manifiestamente inequitativas», con algunas condiciones y limitaciones estrictas.

Para dar cuenta de esta orientación, la Sala ha estimado que la obligación primaria y fundamental de los árbitros es pronunciar una decisión en equidad, que consulte las condiciones particulares del conflicto colectivo, la realidad económica de las partes, el estado de las relaciones laborales, entre muchos otros factores, de manera que tienda a lograr la paz laboral, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, en armonía con lo establecido en el artículo 1.° del Código Sustantivo del Trabajo (CSJ SL713-2021, CSJ SL2881-2022, CSJ SL3251-2022, CSJ SL33842022, CSJ SL3646-2022, CSJ SL3842-2022, CSJ SL3848-2022, entre muchas otras). Por lo mismo, dada la naturaleza especial de los conflictos colectivos de trabajo, esta Corporación ha concebido que cuando la decisión arbitral se aparta groseramente de aquellos factores que informan social y económicamente el conflicto colectivo, de manera que antes

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Radicación n.° 90279 que lograr la paz laboral promueve inestabilidad y mayor conflictividad, además de desequilibrios e injusticias notorias, pierde los atributos propios de una resolución en equidad e incumple esa obligación primaria y fundamental del tribunal de arbitramento, por lo que deja de estar amparada por el ordenamiento jurídico. Con todo, la Corte ha sido enfática en clarificar que la potestad de anulación por esta causa es excepcional y restringida, de manera que no la autoriza para hacer un

simple juicio de conveniencia sobre las cláusulas arbitrales o una revisión integral de las mismas a partir de sus propias manifestaciones de la equidad del caso concreto, pues esa es una atribución exclusiva de los árbitros. Por ello, la Sala ha precisado que la aplicación de esta causal solo es factible: […] ante la demostración de una desavenencia extrema, grosera y evidente de las determinaciones adoptadas, con los más elementales parámetros de la equidad y la justicia, de manera tal que, más allá de impulsar la armonía, el equilibrio o la coordinación económica entre las partes, se propicien estados de inestabilidad e injusticia extrema. (CSJ SL2712-2019). En la sentencia CSJ SL2881-2022 se expresó al respecto: […] la Corte ha venido insistiendo en que el concepto de equidad no tiene un contenido eminentemente aritmético, sino que además comporta otra serie de factores que deben ser ponderados por el Tribunal de Arbitramento al tomar su decisión y que la Corte no podría controvertir, por cuanto su actuación se surte en derecho, lo que dista de los parámetros utilizados por los arbitradores, amén de que no le es dable adoptar una decisión

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Radicación n.° 90279 de reemplazo, como ya se ha indicado en esta providencia. Por ello, la Sala no accede a anular una cláusula concedida por un Tribunal de Arbitramento, porque simplemente y al mero juicio del impugnante luzca inequitativa; la exigencia es muchísimo mayor y la construcción jurisprudencial y para ello ha elaborado el concepto de inequidad manifiesta, es decir,

protuberante, como aquella que se sale de cualquier parámetro de racionalidad y proporcionalidad. En este punto se dijo en la sentencia CSJ SL1944-2021, memorando la CSJ SL3349-2020: Considera la Sala que la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, como lo señala la impugnación, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas. Nótese que por mayor esfuerzo que haga un Tribunal de Arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el Colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se use para observar el resultado final. Es por ello que, con miras a una posible anulación, la exigencia que ha decantado la jurisprudencia en estos casos, no es que una decisión sea inequitativa o no, sino que debe ser de tal magnitud dicha inequidad, que no quede otro remedio que calificarla de

manifiesta, es decir, que tiene tal claridad, tal grado de evidencia, que no se requiere mayor elucubración para llegar a esa conclusión. Finalmente, la Corte ha destacado que: […] para el recurrente existe una carga argumentativa y demostrativa mínima, encaminada a acreditar esa grave contravención a la equidad, de manera que no puede referirse simplemente a una abstracta, incierta y genérica crisis de la economía, la condición económica de la empresa o el valor de las concesiones. Debe demostrar, contrario a ello, que las cláusulas ponen en grave riesgo la estabilidad de la empresa, de forma tal

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Radicación n.° 90279 que, en el preciso contexto en el que deben ser aplicadas, resultan sumamente inequitativas. (CSJ SL2712-2019. Ver también CSJ SL282-2021, CSJ SL713-2021). En definitiva, para la Sala sí es posible la anulación de determinadas disposiciones arbitrales cuando resulten manifiestamente inequitativas, aunque tal potestad es excepcional y restringida, además de que debe ser debidamente argumentada y soportada probatoriamente por el recurrente. En este caso concreto, en lo que tiene que ver con la competencia del Tribunal de Arbitramento, la Sala observa que las primas de antigüedad, matrimonio, navidad y vacaciones estaban consignadas dentro de los dos pliegos de peticiones presentados por las dos organizaciones sindicales a la empresa, de manera que hacían parte de las reivindicaciones que no alcanzaron solución durante la etapa de arreglo directo, integraban el decreto de convocatoria del

Tribunal y, por ello, estaban plenamente incluidas dentro de su competencia, aparte de que fueron resueltas de forma congruente con lo pedido. Por otra parte, todas estas decisiones arbitrales tienen contenido netamente económico y persiguen el establecimiento de mejores condiciones laborales para los trabajadores, de manera que no aparejan conflicto jurídico ni amenazan alguna norma de contenido imperativo, por lo que no se justifica su anulación por cuestiones de competencia.

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Radicación n.° 90279 Ahora bien, como lo pone de presente la oposición, tampoco es procedente la anulación de estas decisiones arbitrales por el hecho de que contengan beneficios distintos o superiores a los consignados en otros instrumentos colectivos de aplicación en la empresa. En este punto, la Corte ha sostenido con insistencia que el propósito de la negociación colectiva es precisamente el de lograr una mejora de las condiciones de los trabajadores, de manera que el hecho de que la justicia arbitral establezca un estándar superior de derechos y garantías no es contrario al ordenamiento jurídico, sino que precisamente materializa y da plena efectividad a los fines de la negociación colectiva. Adicionalmente, en escenarios de pluralidad de organizaciones sindicales, como en el caso de la empresa recurrente, la Corte ha definido que si bien los árbitros pueden consultar y tener como referente otros estatutos colectivos vigentes, lo cierto es que no están en la obligación de copiarlos o reproducir mecánicamente sus contenidos, pues bien pueden adaptarlos, modificarlos o superarlos,

teniendo en cuenta sus especiales reflexiones frente a la equidad del caso concreto (CSJ SL1398-2022, CSJ SL2694-2022, CSJ SL2881-2022, CSJ SL3042-2022, CSJ SL3251-2022, CSJ SL3384-2022, entre otras). Esta Corporación ha reconocido al respecto que cada organización sindical, independientemente de su número de afiliados, puede perseguir legítimamente el mejoramiento de sus beneficios económicos y condiciones laborales, sin someterse a parámetros o reivindicaciones de otros

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Radicación n.° 90279 sindicatos, lo que no excluye, en todo caso, que la empresa y las diferentes organizaciones sindicales busquen y concierten una armonización de condiciones laborales, o que el tribunal de arbitramento pueda aplicar esos criterios de armonización, como efectivamente sucedió en este caso, pero, se insiste, no como una obligación imperativa, sino como una facultad de discrecional uso por los árbitros, de acuerdo con su perspectiva particular de la equidad. Ha analizado también la Corte que el hecho de que se generen estatutos de prestaciones y beneficios diferentes entre los trabajadores, en función de su afiliación a determinada organización sindical, no apareja un desconocimiento del principio de igualdad ni constituye algún trato discriminatorio, pues no se trata de situaciones estrictamente comparables y las diferencias responden al legítimo derecho de cada organización sindical de promover sus propios conflictos colectivos (CSJ SL1794-2022, CSJ SL32512022). Las anteriores consideraciones bastan para negar la petición de anulación, aunque la Sala no puede dejar de

resaltar que, en gracia de discusión, como lo hace notar la oposición, no es en estricto sentido cierto que el Tribunal hubiera concedido mejores beneficios a los establecidos en las convenciones colectivas de trabajo de los sindicatos UNITRAE y SINTRAEDATEL, pues, entre otras cosas: i) En cuanto a la prima de antigüedad, en comparación, en este laudo se concedió una prestación integrada por

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Radicación n.° 90279 mayores días de salario en las escalas de antigüedad de 5, 10 y 15 años de servicio, pero por menores días en las escalas de 20, 25, 30 y más años de servicio, de manera que la decisión arbitral no es mejor sino diferente. ii) En este laudo se concedió una prima de matrimonio de $400.000.oo, mientras que en las convenciones colectivas de UNITRAE y SINTRAEDATEL está consagrado un auxilio por matrimonio igual a la suma de 0.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. iii) La prima de navidad está consagrada uniformemente en este laudo arbitral y en las convenciones colectivas comparables en la suma de 1 mes de salario básico. Y, finalmente, si bien existen diferencias en torno a la forma de liquidación de la prima de vacaciones, vale la pena insistir, no existen motivos legales para disponer la anulación de las cláusulas impugnadas por las razones expuestas por el recurrente. Ahora bien, tampoco encuentra la Sala que las primas en cuestión sean manifiestamente inequitativas, como para disponer su anulación. En este punto, el recurrente no cumple con las cargas

argumentativas y demostrativas que ha construido la jurisprudencia para justificar esta causal de anulación, pues se limita a decir lacónicamente que el Tribunal no tuvo en cuenta «[…] los perjuicios económicos que ello significa para

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Radicación n.° 90279 las finanzas de la empresa […]», sin explicar de manera clara y concreta en qué medida se podría afectar la estabilidad económica de la compañía en grados abiertamente desproporcionados y ajenos a los propósitos de la negociación colectiva. A la par, la Corte considera que los beneficios concedidos por los árbitros son razonables y proporcionales, además de que, como ya se pudo notar, guardan plena coherencia con el estándar de derechos y garantías aceptado y concedido por la misma empresa a otras organizaciones sindicales en otros procesos de negociación colectiva – SINTRAEDATEL y UNITRAE -, de manera que no hay razón para suponer que en este caso y para estas organizaciones sindicales las referidas primas sí abrigan una inequidad extrema. En virtud de lo anteriormente expuesto, no están demostradas las causales de anulación aducidas por el recurrente y, como consecuencia, se negará la petición de anulación.

2. Auxilio por defunción Las cláusulas del laudo son de idéntico contenido para las dos organizaciones sindicales y son del siguiente tenor: La Empresa reconocerá a los afiliados al SINDICATO, un auxilio por defunción en caso de muerte de un trabajador afiliado al SINDICATO, de su cónyuge, o de sus padres, hijos e hijastros

debidamente acreditados por el trabajador como beneficiarios de la Seguridad Social. Este auxilio se limitará a la cuantía

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Radicación n.° 90279 efectivamente pagada. Cuando estos gastos sean inferiores al salario básico mensual que devenga el trabajador, se pagará como auxilio de defunción el salario básico devengado por este, en todo casi sin que supere cinco (5) veces el salario mínimo mensual legal vigente. Esta suma la pagará la EMPRESA a quien demuestre haber hecho los gastos de entierro. El recurrente afirma que en este punto el Tribunal excedió sus competencias, pues otorgó un beneficio que le corresponde cubrir al Sistema de Seguridad Social, específicamente a los fondos de pensiones, cuando sobreviene la muerte de un trabajador, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de esta Corporación. Señala también que no es propio de la competencia arbitral disponer reconocimientos dinerarios a terceras personas ajenas, con los que la empresa no sostiene vínculo laboral alguno. El opositor advierte que si bien es cierto que en la jurisprudencia desarrollada por esta Corporación se ha limitado la competencia de los tribunales de arbitramento respecto de temas que alteran o desquician la estructura y funcionamiento del Sistema de Seguridad Social, en todo caso se ha legitimado la posibilidad de mejorar las prestaciones o beneficios allí existentes, como específicamente el auxilio funerario por muerte del trabajador o sus familiares. Cita, para tal efecto, las sentencias CSJ SL15025-2016, CSJ SL3219-2016 y CSJ

SL4039-2017.

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V. CONSIDERACIONES Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal desbordó los límites de su competencia, al reconocer con cargo a la empresa un auxilio por defunción que cubre los gastos de entierro de un trabajador fallecido, pese a que esa obligación la debe asumir legalmente el Sistema General de Seguridad Social en pensiones, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

En torno a este punto, esta Corporación ha señalado con insistencia que los árbitros tienen plena competencia para crear un estándar de beneficios económicos y profesionales que supere los mínimos reconocidos legalmente, tanto en aspectos estrictamente laborales como de seguridad social. Sin embargo, en este último ámbito, la Sala ha precisado que los árbitros, a través de sus disposiciones, no pueden afectar la estructura, organización y funcionamiento del sistema de seguridad social; trasladarle al empleador cargas que legalmente le corresponde asumir a las entidades del sistema; ni desconocer normas imperativas e indisponibles como las del Acto Legislativo 01 de 2005 (CSJ SL2963-2022, CSJ SL2694-2022, CSJ SL3042-2022, CSJ SL34782022, CSJ SL3132-2022, entre otras). Dicho en otros términos, el Tribunal de Arbitramento tiene plena facultad para mejorar o complementar el esquema de prestaciones y beneficios del Sistema de Seguridad Social, pero no para reestructurarlo y erigir

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Radicación n.° 90279 modelos y patrones alternativos de financiación y de responsables. En este caso concreto, es verdad que el artículo 51 de la Ley 100 de 1993 consagra un auxilio funerario, cuyo beneficiario es cualquier persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado al sistema de pensiones o pensionado, igual al último salario base de cotización o a la última mesada pensional, sin que en todo caso sea inferior a cinco o superior a diez salarios mínimos. Por su parte, de acuerdo con los precisos términos del laudo, el auxilio por defunción reconocido por los árbitros se genera por la muerte del trabajador afiliado al sindicato o de «[…] su cónyuge, o de sus padres, hijos e hijastros debidamente acreditados por el trabajador como beneficiarios de la Seguridad Social […]», en la cuantía efectivamente pagada por «gastos de entierro», además de que el beneficiario es el trabajador afiliado al sindicato o quien demuestre haber hecho esos gastos de entierro, en un monto no inferior en todo caso al salario básico devengado. La cláusula está redactada en estos términos: La Empresa reconocerá a los afilia