CSJ - SL348-2024

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL348-2024 Radicación n.° 98774 Acta 04 Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por ZAMIR EDUARDO ACERO MARTÍNEZ y PULPAFRUIT SAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022), en el proceso que el primero le inició a la segunda.

I. ANTECEDENTES Zamir Eduardo Acero Martínez llamó a juicio a Pulpafruit SAS, para declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido. Como consecuencia de lo anterior, suplicó por el pago de las cesantías, con sus intereses, la prima de servicios, las vacaciones, los aportes al sistema de seguridad social integral, la indemnización

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 98774 por terminación de la vinculación, las sanciones de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, junto con la indexación (f.° 1 a 12 del cuaderno 1). Para fundamentar esos requerimientos señaló que la relación laboral inició el 1° de enero de 2009; que la contratación fue verbal y las funciones que le encomendaron fueron las de administración general; que la remuneración convenida fue un porcentaje sobre el valor de las ventas mensuales que equivalía al 6 %; que de manera

sorpresiva la accionada le comunicó que nombraría un nuevo gerente, que se encargaría de las principales actividades que le había encomendado y, que por esa razón, su nuevo cargo era el de agente comercial; le fijaron una nueva modalidad remunerativa de 1.84 % sobre ventas y cartera recogida; que recibió comisiones y gastos de representación. Señaló, que dio por terminado el contrato de trabajo en octubre de 2016, invocando una justa causa imputable a su empleador, porque no le canceló las prestaciones y derechos que reclamaba en este asunto. Pulpafruit SAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en su contra, porque la vinculación del convocante se realizó a través de un contrato de prestación de servicios, que inició en el mes de febrero de 2009, como una intermediación de venta de pulpa de fruta del 2011 al 2016.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 98774 En su defensa, presentó las excepciones de inexistencia de la relación laboral, cobro de lo no debido, pago, prescripción, terminación del contrato civil sin justa causa, mala fe [del actor] y buena fe (de la empleadora) (f.° 557 a 569 ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, con fallo del 9 de febrero de 2018, resolvió (f.° 757 a 758 del

cuaderno 1):

1. DECLARAR no probadas las excepciones de fondo formuladas por la parte demandada denominadas inexistencia

de la relación laboral, falta de causa, cobro de lo no debido, pago, terminación del contrato civil sin justa causa, mala fe del demandante y buena fe de la demanda por las razones expuestas en esta providencia.

2. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, indicando que se encuentran prescritas todas las acreencias laborales causadas antes de 20 de octubre de 2013.

3. CONDENAR a la demandada PULPAFRUIT SAS a pagarle al demandante el señor ZAMIR EDUARDO ACERO MARTÍNEZ la suma de $37.827.233 por concepto de Cesantías causadas durante la relación laboral.

4. CONDENAR a la demandada PULPAFRUIT SAS a pagarle al demandante la suma ZAMIR EDUARDO ACERO MARTÍNEZ (sic) de $15.425.825 por concepto de Prima de servicios.

5. CONDENAR a la demandada PULPAFRUIT SAS a pagarle al demandante ZAMIR EDUARDO ACERO MARTÍNEZ la suma de $1.537.804 por concepto de Intereses de Cesantías causadas durante la relación laboral.

6. CONDENAR a la demandada PULPAFRUIT SAS a pagarle al demandante ZAMIR EDUARDO ACERO MARTÍNEZ la suma de $13.225.420 por concepto de compensación en dinero de vacaciones no disfrutadas durante la relación laboral.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 98774

7. CONDENAR a la demandada PULPAFRUIT SAS a pagarle al demandante ZAMIR EDUARDO ACERO MARTÍNEZ la suma de $31.968.315 por concepto de indemnización por despido

indirecto.

8. CONDENAR a la demandada PULPAFRUIT SAS a consignar en el fondo de pensiones en el que se encuentre afiliado el demandante el valor del cálculo actuarial correspondiente a las cotizaciones en pensión comprendidas entre el 30 de junio 2009 y el 20 de octubre 2016, de acuerdo con la liquidación que al efecto realice el respectivo fondo de pensiones con observancia del Decreto 1887 de 1994.

9. Absolver a la demandada PULPAFRUIT SAS de las demás pretensiones de la demanda (Negrillas de la Sala).

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con sentencia del catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022) resolvió los recursos de apelación presentados por las partes y confirmó la del Juzgado (expediente digital).

En lo que interesa al recurso de casación, estableció que debía definir si entre los contendientes existió una relación laboral y, si obtenía respuesta afirmativa, tenía que establecer el salario devengado por el trabajador; si había lugar al pago de las sanciones moratorias y también, precisar a partir de cuándo operó la prescripción. Para resolver el primer cuestionamiento, acudió a los artículos 23 y 24 del CST, junto con el 53 Superior, advirtiendo que sí se demostraba el servicio, se presumía la existencia de la relación laboral.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 98774 Luego dijo que el primer supuesto mencionado con antelación, no fue motivo de discusión, porque la

enjuiciada, al contestar la demanda, lo aceptó y además se probaba con las cuentas de cobro y los pagos respectivos. Seguidamente señaló que el contrato de prestación de servicios se caracterizaba por la autonomía e independencia del contratista para ejecutar la labor convenida, aunque en esa modalidad, no está prohibido una adecuada coordinación, donde se solicitan informes e incluso se establecían medidas de supervisión o vigilancia. Recalcó, que lo importante era que esas acciones no desbordaran su finalidad y convirtieran esa coordinación en subordinación. A continuación, descendió a los recaudos de ventas, la liquidación de comisiones, los mensajes de correos electrónicos, los extractos bancarios de la cuenta del demandante, las facturas de ventas, las cuentas de cobro, las planillas de pago de aportes a seguridad social, las notas de contabilidad, las declaraciones de las partes y la testimonial. Señaló que a folios 40 al 248 se encontraban copias impresas de varios mensajes de correos, haciendo énfasis en los de folio 84, 90, 121, 159, 190, 207 y 228. Estudió los testimonios de Zoila Rosa García Ballesteros, Yeris Patricia Luna Zabaleta, Faber Hernán Moreno Rodríguez, Marta Carolina Delgado Galindo y Yesid Mauricio Cárdenas, y concluyó:

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 98774 Para la Sala del material probatorio escrutado se extrae sin dubitación que la coordinación sobre la cual se sustenta el recurso, en realidad mutó a la subordinación propia del contrato de trabajo, dado que prueban de manera fehaciente

que los servicios prestado por el demandante fue bajo la continua subordinación de la demandada, pues, resulta visible que en el desarrollo de sus actividades recibió órdenes e instrucciones por parte de representantes de la enjuiciada, quienes les impusieron términos perentorio para la entrega de una determinada actividad, asistencia a reuniones de la empresa, coordinación de transporte de la mercancía, diligenciar formulario de afiliación y entrega de calzado y prendas de labor al personal de la empresa, directrices de cómo debía hacer una actividad, y en todo momento, la ejecución de su actividad estuvo sujeta a los condicionamientos y requerimientos de la enjuiciada y frente a clientes no actuaba con un contratista, sino como representante de la enjuiciada, en tanto que la contratación no se efectuaba con el demandante como contratista si no con la sociedad Pulpafruit actuando el actor como representante. Lo anterior, contrasta con la autonomía e independencia de un contratista, quien determina el tiempo, modo y lugar en que realiza sus funciones sin cumplimiento de metas, circunstancias ausentes del paginario, todas esas directrices acreditan que sobre el señor Zamir Eduardo Acero Martínez se ejerció actos de autoridad. Al respecto, se memora que la ejecución de un servicio en situación de subordinación y dependencia implica, en primer término, una manifestación del poder de dirección del empleador, como quiera que éste tiene la facultad de organizar el trabajo de manera tal que realmente cumpla con las actividades y, en segundo lugar, el deber de respeto y obediencia del trabajador frente a las instrucciones que en el desarrollo de su cometido le fueran impartidas, circunstancias

evidenciadas en el caso bajo estudio. En consecuencia, la Sala concluye que en el sub-lite, la entidad demandada no logró derruir la presunción legal del contrato de trabajo que operó en favor del demandante, por el contrario, se itera, del análisis de las piezas procesales y medios de convicción referidos se infiere, sin hesitación alguna, que el servicio prestado por el actor como «agente comercial», no fue prestado de manera independiente, autónoma sino que fue subordinado a las directrices que le impartiera la sociedad demandada a través de sus representantes, por lo que el juez de primera instancia no incurrió en el dislate jurídico que se le endilgó al declarar la existencia del contrato de trabajo entre las partes, por ende, se confirmará este aspecto de la sentencia.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 98774 Frente al salario, recordó que al petente le correspondía probar su monto; que en primera instancia se encontró el de los siguientes períodos: mayo y julio de 2013 (f.° 688-689), marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2015 (f.° 694.730, 726, 724, 729, 332, 328 y 706), enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016 (f.° 712, 709, 711, 714, 697, 717, 698, 692 y 705). Sobre estos señaló que no se presentó ninguna inconformidad, pero si se realizó sobre las otras, porque en el plenario no existe algún medio de convicción que diera cuenta de su valor exacto y, ante su

ausencia debía tomarse el mínimo. Advirtió que el juzgado descendió a los extractos bancarios del actor, en los que estaban registrados los valores de consignaciones que la accionada le realizó, pero destacó, que en algunas mensualidades se reportaron varios pagos, sin que existiera certeza que todas ellas correspondían a comisiones; por esa razón el a quo tomó como valor del salario, el menor valor, solución que el recurrente cuestionó con su impugnación. Sostuvo que despacharía desfavorablemente los argumentos del recurso, porque dentro del expediente se demostró que además de recibir pagos por concepto de comisiones, también se le concedían gastos de operación o recobros (f.° 657 a 659, 666 a 668. 682, 684, 685, 686 y 695), préstamos (f.° 183 y 214), por compras de una llanta y de un congelador (f.° 195 y 201).

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 98774 Manifestó, que era carga del demandante demostrar cuáles de esas consignaciones fueron por comisiones y cuáles por otros conceptos. Agregó que en las mensualidades que no estaban acreditadas, debió tomarse el salario mínimo y no la consignación de menor valor, pues era posible que el pago efectuado en determinado periodo no fueran comisiones de ese mes o del anterior. Esa tesis la soportó en los meses de enero, febrero y abril de 2016, en los que no se discutió que no se cancelaron en las mensualidades siguientes, sino el 10 de junio de ese mismo año (f.° 699, 709 y 711).

En cuanto a la moratoria de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, señaló que no operaban de forma automática, pues para su imposición era necesario verificar la conducta de la enjuiciada y, si encontraba que actuó desprovista de buena fe, era viable su imposición. Luego, expresó: Vistas las pruebas arrimadas al plenario, esta Sala considera que la demandada tenía serios y fundados argumentos para creer que el demandante estaba ejecutando un contrato de prestación de servicios, no sometido a las reglas jurídicas que gobiernan el contrato de trabajo y, por tanto, a su finalización, nada adeudaba en materia salarial y prestacional. A esa conclusión se llega al analizar, entre otras pruebas, el interrogatorio de parte rendido por el demandante quien reconoció que en principio sostuvo una relación comercial con la empresa y adicionalmente la declaración del testigo FABER HERNÁN MORENO RODRÍGUEZ, quien sostuvo que él había sido socio con el demandante en la empresa Safa, que también tenía relación comercial con Pulpafruit para distribuir sus productos. Así pues, para la Sala resulta claro es que inicialmente el demandante era visto como un cliente o un contratista con verdadera autonomía e independencia en la prestación del

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 98774 servicio y fue en la medida en que se avanzó en esa prestación del servicio, el actor adquirió las obligaciones y compromisos que lo llevaron a la ejecución subordinada de sus actividades, pero lo cierto es que por lo menos en esas primeras actividades, la empresa bien podía verlo como un típico contratista independiente y autónomo, máxime si en el en decurso de la

relación laboral, el actor mantenía vínculos comerciales con su empleador a través de una sociedad. Por consiguiente, resulta creíble que la entidad y sus representantes obraran bajo el convencimiento razonable de que el demandante fue un contratista genuinamente autónomo, por lo que se confirma este punto del fallo impugnado. Finalmente dijo que la prescripción se cuenta desde el momento en el que el derecho se hacía exigible.

IV. RECURSO DE CASACIÓN (PULPA FRUIT SAS) Interpuesto por Pulpafruit SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case parcialmente la sentencia del Tribunal, únicamente en lo que le fue desfavorable, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y la absuelva de las pretensiones formuladas en su contra.

Con tal propósito formula dos cargos, que fueron replicados por el demandante. Las acusaciones se analizarán conjuntamente, porque tienen similar argumentación y persiguen el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 98774 Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de infracción de los artículos 1317, 1321, 1323 y 1331 del Código de Comercio; 98 del CST, en relación con el 22, 23, 24, 64, 186, 249 y 306 del mismo ordenamiento; 17 y 22 de la Ley 100 de 1993; 60 y 61 del CPTSS; 167 del CGP y 53 Superior. En su desarrollo cita la decisión cuestionada e indica

que el Tribunal encontró que el actor prestó sus servicios como agente comercial y durante la ejecución contractual recibió órdenes e instrucciones; que actuó como representante de la compañía, «lo cual contrastaba con la autonomía e independencia de un contratista». Señala que con la acusación cuestiona el raciocinio jurídico de la segunda instancia, pues dedujo que estaban configurados los elementos de un contrato realidad, pero no se detuvo en examinar la aplicabilidad del régimen jurídico de la agencia comercial, dejando de lado las normas del Código de Comercio, que enlistó en la proposición jurídica. Cita la sentencia de casación CSJ SC18392-2017 y la CSJ SC5252-2021; también la CSJ SL1756-2020, sobre la sujeción técnica y económica del agente comercialmandatario. Expresa que el Tribunal encontró demostrado el ejercicio de una agencia comercial, pero desechó la autonomía e independencia, argumentando que el petente fungió como representante de la sociedad demandada ante

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 98774 los clientes. Expone, que esa situación desconoció el artículo 1317 del Código de Comercio que señala que una de las características del agente, es que puede ser representante del empresario; que existió una equivocación cuando definió que la subordinación surgió de las órdenes e instrucciones recibidas, porque el 1321 del mismo ordenamiento establece que el agente comercial cumplirá los encargos del mandante. Luego, aduce que el juez plural cometió yerro jurídico cuando esbozó que los contratos eran suscritos por la

empresa directamente con los clientes, y no con el demandante, de lo cual, equivocadamente, dedujo una subordinación jurídica (tal vez hizo suyos los argumentos errados del a quo en cuanto la representación patronal del art. 32 del CST, y la figura del contratista independiente del art. 34 ibidem), olvidando que el agente comercial siempre actúa por cuenta ajena. De forma que, en este asunto, la venta fue promovida por el actor, pero hecha por la empresa contratante como es típico en la agencia comercial, recibiendo el demandante una remuneración del 6 % sobre dicha venta por cuenta y riesgo de la mercantil demandada, lo cual, como viene dicho por la ley y la jurisprudencia, es propio de esta figura jurídica. Ese yerro jurídico lo condujo a declarar la existencia del vínculo laboral bajo la presunción legal del artículo 24 del CST, argumentando erróneamente que el actor fue representante de la pasiva y que los contratos con los clientes se suscribieron con la empresa y no con el agente, deduciendo de ello la ausencia de autonomía e independencia.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 98774 Transcribe la sentencia de casación CSJ SL447-2019 y advierte que el artículo 1323 del Código de Comercio precisa que el empresario puede reembolsar al agente los gastos de la agencia y que esos pagos son deducibles como expensas generales del negocio, cuando la remuneración del agente sea un porcentaje; que el 1331 ib. explica que a la agencia se le aplican las normas mencionadas con antelación, lo que es pertinente en este asunto, porque se

trató de un «contrato verbal de agencia comercio», que es permitido, conforme a lo previsto en el artículo 824 de ese estatuto. Finalmente, acota: 1) Entonces, si bien el colegiado de instancia recordó la definición de contrato de trabajo según el artículo 22 del CST, sus elementos previstos en el 23 ibidem y explicó la presunción legal conforme a la cual toda relación de trabajo personal está regida por un contrato laboral (art. 24 CST), no obstante, ignoró que en el caso de los agentes comerciales el 98 del CST señala que hay contrato de trabajo con los representantes y agentes cuando no constituyan por sí mismos una empresa comercial. 2) El ad quem no analizó la situación particular del actor para determinar si, conforme a las probanzas obrantes en el plenario, este en realidad ejercía o no una empresa mercantil propia mientras se desempeñó como agente comercial de la pasiva en la costa norte. Tampoco

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 98774 revisó el material probatorio para develar el origen y analizar la evolución del vínculo entre las partes, con el fin de establecer, a partir de ese análisis, si se trataba de un negocio mercantil o un contrato laboral. En conclusión, el ad quem incurrió en yerro jurídico al dejar de aplicar las normas mercantiles pertinentes, porque si en el plano fáctico encontró acreditado que el actor fue un agente comercial, entonces no es claro como infirió que el demandante en realidad fue un trabajador subordinado de la empresa demandada, sin haber confrontado las probanzas arrimadas con lo dispuesto en el derecho

mercantil sobre esta figura jurídica.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa el fallo por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 23, 24, 64, 186, 249 y 306 del CST; 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, en relación con el 1317, 1321, 1323 y 1331 del Código de Comercio, junto con el 53 de la Constitución Nacional.

Relaciona los siguientes errores de hecho: - Dar por demostrado, sin estarlo, la continuada subordinación del actor como evidencia de la existencia de un contrato de trabajo. - No dar por demostrado, estándolo, que el tipo de contrato entre las partes fue uno comercial en materia de representación y ventas. - No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tuvo autonomía e independencia en su actividad comercial.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 98774 Al sustentarlo señala que el Tribunal se refirió de forma tangencial frente a algunos medios de convicción y cita la decisión cuestionada. Advierte que el ad quem, presentó una argumentación equivocada, por la indebida o deficiente valoración de las pruebas, al efectuarla por fuera de la lógica jurídica y las reglas de la experiencia; que no aplicó las reglas de la sana crítica, en consonancia con los principios de unidad y comunidad de los medios de convicción, lo que llevaron a concluir, contra lo evidente, que se estaba frente a un contrato comercial y no laboral.

Explica: Además, según el juzgador de instancia, hubo buena fe de la

empresa demandada, la cual fue deducida de la conducta contractual evidenciada. Esta calificación del comportamiento de la pasiva, debió servir también de fundamento para entender que el contrato realidad no fue de trabajo sino mercantil, porque en la regla lógica de identidad, un contrato verbal de prestación de servicios de agencia comercial, no puede ser la vez un contrato realidad de trabajo ejecutado de buena fe. A continuación, señala las pruebas que, por su errada valoración acreditan los yerros imputados al juez de la apelación, ocupándose inicialmente de los correos electrónicos de folios 40 a 248, pero se ocupa, solamente de los que reposan a folios 41 a 43, 84 y 85, 90 a 92, 109 y 110, 121, 141, 159, 190 y 198, 207 y 228. Explica que esos mensajes muestran que la actividad personal del actor no obedeció a un vínculo de carácter

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 98774 laboral, sino que fue comercial, con autonomía en independencia, tanto que podía recomendar personas para que se vincularan a esa labor; que las directrices, era propias para la correcta ejecución y coordinación de la actividad mercantil. Expresa que en principio aquél se vinculó como un «mero distribuidor» de productos, por cuenta y riesgo del demandante y, después, por voluntad de las partes, en razón al fracaso económico de este como distribuidor, se cambió a una agencia comercial, por cuenta y riesgo de la demandada, aunque el convocante le continuó comprando mercadería para revenderla.

Expone que es evidente que entre las partes se ejecutó un contrato de prestación de servicios en la modalidad de agencia comercial «bajo precisas directrices en cuanto a precios, forma de compra, el suministro de fondos por parte de la empresa al agente para realizar las compras, facturación», así como «a rendir informes sobre la cantidad y valor de los productos vendidos y demás aspectos útiles para el negocio, como era lo relacionado con el personal utilizado en la promoción, los vehículos para el transporte y las proyecciones de ventas». Explica que esa documental prueba que se reembolsaban los gastos en que incurría el agente; que se acreditan exigencias normales de la ejecución de un convenio de agencia comercial, pero no existe ninguna subordinación.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 98774

Manifiesta: La naturaleza especial del servicio que prestaba el actor, la cual estaba modulada por su experticia y su conocimiento del mercado de Cartagena y la costa norte, hacían muy fácilmente confundible una orden de carácter laboral con una instrucción al contratista para la realización de una actividad comercial como aquella. Así las cosas, el Tribunal debió concluir que la demandada desvirtuó la existencia de una relación de trabajo, porque con base en las pruebas se demostró que la actividad del actor era independiente, dado que, entre otras razones, el actor pudo incursionar en otras actividades comerciales, siendo su especialidad la venta de productos en la costa. Así mismo, prestó sus servicios bajo las condiciones y características de la agencia comercial, con una remuneración variable que no estaba ligada a nada distinto que a las ventas que el mismo

demandante producía, desarrollando actividades relacionadas con la compraventa de productos por cuenta propia y/o ajena. […] También, se establece con la documental que la empresa facilitó al contratante unos elementos que este consideraba esenciales para la ejecución del contrato, los cuales se utilizaron para ejecutar la labor comercial que se discute; pues en efecto, se trató de equipos que, precisamente, son los necesarios para cumplir con una actividad comercial, ya que en el campo de los negocios estos son indispensables para poder vender y facturar, en provecho de las partes del negocio. […] Con respecto a la gestión del personal mercaderista, la mercancía, los vehículos y los equipos, es necesario comprender que estos eran medios que suministraba el empresario para garantizar un adecuado desempeño de las ventas en Cartagena y la costa norte. Nótese, que estos medios fueron facilitados por la mercantil demandada a solicitud del demandante, lo cual no es ajeno ni extraño a la agencia comercial. Además, al analizar en detalle la prueba, se evidencia que el agente comercial adelantó colaboraciones muy esporádicas en beneficio del negocio mercantil. Tampoco se evidencia que esa colaboración fuese obligatoria, ni permanente o continuada. Aduce que, para el éxito del negocio mercantil, deben cuidarse de manera rigurosa los detalles que puedan

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 98774 afectar la rentabilidad y el manejo contable; que, por esa razón, la solicitud de informes obedeció a la necesidad de revisar las falencias del agente, sin que existieran notas de subordinación. Se ocupa de los recaudos de ventas y liquidación de

comisiones (f.° 288 a 393), de los extractos bancarios (f.° 409 a 541), de las facturas de ventas (f.° 583 a 638), de las planillas de pagos de aportes (f.° 693 a 653), de las cuentas de cobro, pagos y notas de contabilidad (f.° 654 a 730), registro de gastos (f.° 249 a 287), proyecciones de ventas (f.° 394 a 408) y el certificado de existencia y representación legal de la enjuiciada (f.° 731 a 740), la confesión del demandante en su interrogatorio de parte y sostiene: En efecto, se aprecia que el actor en la realidad se comprometió como agente comercial a promover, distribuir y vender los productos fabricados por la demandada, bajo precisas instrucciones en cuanto a precios, forma de pago, condiciones de entrega y garantías; así como a rendir informes sobre las condiciones del mercado, los productos y los clientes. Al respecto, es preciso señalar que tal como lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte, esas condiciones contractuales -de rendir informes de mercado o sujetarse a unas precisas instrucciones y directrices-, son normales o esenciales en el desarrollo de un contrato de agencia comercial, pues ellas no comportan la prestación de un servicio personal en condiciones subordinadas, sino que constituyen el resultado del cumplimiento del objeto del vínculo jurídico que unió a las partes, pues con ellas se propende por la adecuada distribución de los productos y el conocimiento y análisis de las condiciones del mercado (CSJ SL, 24 ene. 2012, rad. 40121). Aunado a lo anterior, tales exigencias encuentran respaldo en el contenido

del art. 1321 del C. de Co. De otro lado, de su declaración también se evidenció que la remuneración no era por unidad de tiempo sino por obra realizada, lo que cumplía sin depender de órdenes estrictas del empleador o sus instrucciones en forma subordinada. Se reitera que, si bien la creación de una gerencia para la costa norte en

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 98774 Barranquilla restringió el ámbito geográfico, esto eventualmente demostraría un incumplimiento del contrato de agencia comercial, que daría lugar al pago de la cesantía comercial y de la indemnización contemplada en el inc. 2º del art. 1324 y 1327 del C. de Co. más no de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes. Por último, analiza de los testimonios de Zoila Rosa García Ballesteros, Yeris Patricia Luna Zabaleta, Faber Hernán Moreno Rodríguez, Marta Carlina Delgado Galindo y Yesid Mauricio Cadena Chamorro.

VIII. RÉPLICA El demandante solicita que la Corte desestime las acusaciones porque, en la primera, el Tribunal aplicó las normas del CST, que eran las que gobernaban este asunto y en la segunda¸ ninguna de las pruebas muestra una realidad contraria a la advertida en segunda instancia.

IX. CONSIDERACIONES A la Corte, en esta oportunidad le corresponde definir si el Juez de la apelación se equivocó al concluir que entre los contendientes existió, en la realidad, un contrato de trabajo, cuando lo que se presentó, conforme lo sostiene la impugnante, fue una agencia comercial.

Aun cuando la segunda acusación se presenta por la senda indirecta, se mantiene incólume, porque ese supuesto no se cuestiona, que el actor presto servicios a la

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 98774 demandada desde el 30 de junio de 2009 al 20 de octubre de 2016. Se memora que el Tribunal para decidir en la forma como lo hizo, analizó los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo y también el 53 de la Constitución Política y definió, que, demostrada la prestación personal del servicio, se presumía la existencia de la relación laboral. A continuación, precisó que el contrato de prestación de servicios estaba caracterizado por la autonomía e independencia del contratista para ejecutar la labor convenida y que no estaba prohibida la existencia de una coordinación, pero lo vital era que esas acciones no desbordaran esa finalidad y la convirtieran en subordinación. Esa argumentación del ad quem lo llevó a establecer, con sustento en las pruebas que analizó, si al señor Acero Martínez, en virtud de la presunción que operó a su favor, se le trató de dar, en apariencia, la condición de un trabajador autónomo, todo ello en consonancia con el principio constitucional