CSJ - SL373-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL373-2023 Radicación n.° 92660 Acta 06 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por GEORGINA ETEL MINA BULA contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario laboral que adelanta la recurrente contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES La citada accionante inició proceso ordinario laboral contra la entidad demandada, a fin de que se declare que le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, causada con ocasión del fallecimiento de su

cónyuge Dagoberto Antonio Vergara Padrón. Como

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Radicación n.° 92660 consecuencia de lo anterior, se condene al pago de esa prestación a partir del 7 de diciembre de 2004, a los intereses moratorios, la indexación, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 28 de enero de 1978 contrajo matrimonio con Dagoberto Antonio Vergara Padrón, con quien convivió hasta la fecha de su deceso, lo cual ocurrió el 7 de diciembre de 2004; que su cónyuge estaba afiliado al ISS, hoy Colpensiones, donde cotizó 1164 semanas; y que solicitó la pensión de

sobrevivientes, que le fue negada mediante Resolución n°. 0510 de 2006, por no haber cotizado el causante 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a su fallecimiento y, en su lugar, se le otorgó la indemnización sustitutiva. Expuso que reclamó dicha prestación a la accionada con aplicación del principio de la condición más beneficiosa, empero la entidad de seguridad social mantuvo su determinación; que promovió un anterior juicio laboral a efectos de obtener el otorgamiento de la prestación bajo las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, de conocimiento del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, el cual accedió a sus pedimentos al considerar que el causante cumplió con los requisitos del artículo 6 ibidem, pero la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad revocó tal decisión, tras estimar que el finado no satisfizo los presupuestos consagrados en la Ley 797 de 2003, además que no era procedente acudir al citado postulado constitucional.

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Radicación n.° 92660 Adujo que luego de finalizado ese litigio solicitó a la entidad de seguridad social nuevamente que se le concediera la pensión de sobrevivientes, quien mantuvo su negativa; que también peticionó la corrección de la historia laboral del afiliado, en particular de ciclos correspondientes a los años 1995 a 1999 y 2001; y que la accionada le informó que debía allegar una serie de documentos respecto a los periodos que registraban deuda o mora de los empleadores por falta de pago de los aportes.

Al dar respuesta a la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la celebración del vínculo matrimonial, la afiliación del causante al ISS, la data de su deceso, las solicitudes elevadas por la accionante en calidad de cónyuge, lo resuelto por la entidad de seguridad social y lo ocurrido en el proceso ordinario laboral que con antelación adelantó la demandante; y de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, manifestó que la actora no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, en la medida que el afiliado no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores al deceso y en toda la vida aportó únicamente 924,16 semanas, insuficientes para acceder al derecho. Formuló la excepción previa de cosa juzgada, y como de fondo las de inexistencia del derecho reclamado, falta de

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Radicación n.° 92660 causa para pedir, cobro de lo no debido, que no hay lugar a condena en costas ni a los intereses moratorios, como tampoco a cancelar mesadas indexadas, prescripción y la genérica. En audiencia celebrada el 3 de agosto de 2017, el juzgado de conocimiento declaró no probada la excepción previa de cosa juzgada (f.o 131 a 132).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, mediante sentencia calendada 3 de agosto de 2017, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que la demandante GERORGINA ETEL MINA BULA, no demostró que el señor DAGOBERTO ANTONIO VERGARA PADRÓN (q.e.p.d.), dejó causada la pensión de vejez en los términos regulados en el Decreto 758 de 1990.

SEGUNDO: NEGAR las restantes pretensiones procesales de la parte actora.

TERCERO: Declarar probada la excepción de INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO y no decidir las restantes.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante.

QUINTO: CONSULTAR esta providencia sino es apelada.

El a quo adujo que el problema a dilucidar consistía en definir si conforme al parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 el señor Dagoberto Antonio Vergara Padrón dejó causado el derecho a la pensión de vejez en los términos regulados por el Decreto 758 de 1990, a lo cual se opuso la demandada, quien afirmó que el causante solo cotizó 924 semanas, sin cumplir con las exigencias requeridas.

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Radicación n.° 92660 Explicó que el finado era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1 de abril de 1994 tenía más de 15 años de cotizaciones, aspecto que fue aceptado por la accionada en diferentes resoluciones. Destacó que, si bien el afiliado se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS y luego retornó al de Prima Media con Prestación Definida – RPM, tal

situación no afectó ese beneficio, en tanto, reiteró, tenía más de 15 años de cotizaciones a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, de modo que podía aspirar a acceder a la pensión de vejez, según lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el citado Decreto 758. Arguyó que, respecto a lo aseverado por la parte demandante, consistente en que en la historia laboral no se contabilizaron 239,86 semanas por una deuda del empleador, las que sumadas a las 924 reconocidas por la entidad de seguridad social totalizan 1164, suficientes para acceder a la prestación, en el plenario no estaba acreditada la existencia de los nexos laborales para los periodos reclamados, como presupuesto necesario para colegir la existencia de una mora patronal. Agregó que, si bien la accionada en una comunicación le puso de presente a la actora que debía allegar los documentos que aclararan lo de la densidad de semanas; lo cierto es que la accionante se limitó a efectuar la reclamación sin soportes, de allí que que el juez de conocimiento insistió

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Radicación n.° 92660 en que era necesario corroborar la presencia del nexo laboral que genere la cotización a efectos de poder establecer una mora patronal, presupuesto que no se cumplió. Por lo anterior, infirió que el causante solo cotizó 924,14 semanas de las 1000 requeridas para la prestación de vejez, por lo que no reunió las exigencias del Decreto 758 de 1990,

motivo por el cual no era dable conceder la prestación de sobrevivientes en los términos del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, con sentencia del 11 de diciembre de 2019, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia de 3 de agosto de 2017 proferida por la Juez 19 Laboral del Circuito de Neiva, en el sentido de DECLARAR que la parte demandante no cumple con los requisitos de la sentencia de Unificación 005 de 2018, con el fin de aplicar de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante y a favor de la parte demandada.

CUARTO: DEVOLVER el proceso al juzgado de origen.

(Negrillas propias del texto). Indicó que el problema jurídico a dilucidar consistía en determinar si el fallecido dejó causado el derecho a la pensión

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Radicación n.° 92660 de sobrevivientes, a la luz de la normativa vigente o si era posible dar aplicación a una disposición anterior. Dijo el juez colegiado que del recurso de apelación se extraía que la parte accionante reclamaba que se tuvieran en cuenta las semanas en mora que no fueron contabilizadas por la entidad de seguridad social, en tanto, de incluirse el

finado habría dejado causado el derecho. Arguyó que la jurisprudencia tiene definido que la norma que regula el asunto es la vigente al momento de la muerte, por tanto, en atención a la data del deceso del afiliado, que lo fue el 7 de diciembre de 2004, se aplicaban los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003. Consideró que como la última cotización se efectuó en junio de 2001, emergía que no cumplió con las exigencias para acceder a la pensión de sobrevivientes, de allí que debía analizar si tenía derecho a la prestación al amparo del Acuerdo 049 de 1990, que exigía 150 semanas en los seis años anteriores a la muerte del afiliado o 300 en cualquier tiempo, contabilizando para ello las semanas en mora. A efectos de definir la situación pensional bajo esa normativa, el juez plural aludió al principio de la condición más beneficiosa y señaló que debía tenerse en cuenta lo expuso por la Corte Constitucional en sentencia CC SU0052018, en la que se indicó que solo respecto a «personas

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Radicación n.° 92660 vulnerables» era viable aplicar el Acuerdo 049 de 1990 de forma ultractiva. Manifestó que, por consiguiente, le correspondía analizar si la demandante era una «persona vulnerable», según las reglas de la referida sentencia, consistentes en: i) pertenecer a un grupo de especial protección o que se encuentran en una situación de riesgo, tales como: pobreza

extrema, discapacidad, enfermedades o analfabetismo; ii) que el desconocimiento de la pensión de sobrevivientes afecte directamente su mínimo vital; iii) que dependiera económicamente del afiliado que falleció; iv) que el causante no hubiera realizado las cotizaciones en los últimos años de vida por una imposibilidad insuperable; y v) que haya diligencia en el reclamo de la pensión de sobrevivientes. Enlistó las probanzas allegadas al plenario, que lo fueron: la copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, registro civil de matrimonio, historia clínica del afiliado, resolución que negó el derecho a la pensión y las sentencias proferidas en un proceso anterior. De su estudio dijo que, no se desprendía que la promotora fuera una persona vulnerable, a efectos de podérsele aplicar el Acuerdo 049 de 1990, motivo por el cual no era necesario «abordar el tema del número de semanas cotizadas por el actor», en particular, si era viable tener en cuenta los ciclos que «No fueron sumados por existir mora en el pago de las cotizaciones por parte del empleador», en tanto, reiteró, no se reunieron los presupuestos jurisprudenciales para estudiar su situación bajo la normativa anterior a la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 92660 Respecto a la anterior decisión, la parte demandante en el transcurso de la audiencia de juzgamiento adujo que el recurso de apelación se había sustentado en que el causante cumplía con el requisito de semanas cotizadas previsto en el Acuerdo 049 de 1990, para así acceder a la pensión de vejez,

de allí que a la accionante le asistía el derecho a la prestación de sobrevivientes. De modo que en este proceso no se estaba solicitando la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que fue lo resuelto en esta segunda instancia. Frente a lo solicitado por el mandatario judicial de la actora, el juez colegiado, bajo el entendido de que se trataba de una complementación de la sentencia, consideró que la providencia estaba debidamente motivada, en la medida que primero se analizó si la afiliada cumplía con los requisitos contenidos en la sentencia CC SU005-2018, para luego si poder estudiar la procedencia del aludido principio de la condición más beneficiosa y, en tales condiciones, no había nada que agregar.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia de segundo grado y, constituida en sede de

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Radicación n.° 92660 instancia, se condene a la accionada a cancelar a su favor la pensión de sobrevivientes «con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el señor DAGOBERTO ANTONIO VERGARA PADRÓN (Q.E.P.D), desde la fecha de su fallecimiento; esto es, el 07 de diciembre de 2004, por cumplir con lo ordenado en el parágrafo 1° del artículo 12 de la Ley 797 de 2003». Con tal propósito, formula dos cargos que son replicados, los cuales se resolverán en conjunto, pues están

orientados por igual vía, denuncian similar elenco normativo, se complementan entre sí y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de «falta de aplicación de la ley» respecto del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

La censura comienza por aseverar que el juez colegiado se equivocó al definir el asunto al amparo del principio de la «condición más beneficiosa», pese a que ello no fue lo solicitado en la demanda inicial. Aduce que el a quo negó la prestación tras considerar que el afiliado no cumplió con las exigencias establecidas en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, tal como se reclamó, lo cual obedeció a que, en su criterio, no era dable contabilizar los ciclos en mora; aspecto que fue precisamente el cuestionado en el recurso de apelación, donde se reclamó

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Radicación n.° 92660 que se tuvieran en cuenta los periodos en que el empleador no efectuó los pagos en materia pensional, máxime cuando son las entidades de seguridad social las responsables de realizar el cobro de aportes, mas no el beneficiario del derecho. Transcribe el artículo 328 del CGP y expone que acorde al principio de la congruencia los jueces en su decisión deben resolver los litigios conforme a los hechos y pretensiones de la demanda inicial, en conjunto con la respuesta suministrada por la accionada y las excepciones formuladas,

es decir, dentro del marco de competencia definido por las partes. Cita un pasaje de la sentencia CSJ SL911-2016 y colige que el Tribunal no aplicó la disposición que regía el asunto.

VII. LA RÉPLICA Colpensiones se opone en forma conjunta a los dos cargos propuestos, para lo cual expone que el alcance de la impugnación es deficiente, en tanto no le indica a la Corte la forma como debe procederse en sede de instancia.

Respecto al fondo del asunto, esgrime que en el proceso está acreditado que Dagoberto Antonio Vergara Padrón murió el 7 de diciembre de 2004 y que solo cotizó 924 semanas válidas hasta junio de 2001, de allí que a la demandante no le asista el derecho a lo solicitado, en tanto

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Radicación n.° 92660 el causante no efectuó aportes en los tres años anteriores al deceso. Aduce que tampoco se satisfacen los requisitos fijados por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para aplicar la Ley 100 de 1993, sin que sea viable acudir al Acuerdo 049 de 1990, conforme se explicó en sentencias CSJ SL4650-2017 y CSJ SL3139-2020; y que tampoco se cumplen con las condiciones previstas en la decisión CC SU005-2018. Añade que en este asunto se configuró la excepción de cosa juzgada; y que no es posible estimar que hubo mora patronal, en tanto no se acreditó la existencia de una relación laboral que diera lugar al pago de las respectivas

cotizaciones, tal como se expuso en sentencia CSJ SL36922020.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa el fallo del Tribunal de infringir la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, en tanto acudió al «precepto normativo (Principio de la condición más beneficiosa) […], e inaplicando la norma que recoge de forma correcta el supuesto fáctico; esto es, el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003».

Asevera que el objeto de la demanda inicial fue el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por cumplir

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Radicación n.° 92660 con las exigencias establecidas en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, súplica que fue desestimada en la primera instancia por considerar el a quo que no podían tenerse en cuenta los ciclos que estaban en mora. Aduce que presentó recurso de apelación, en el que argumentó los motivos por los cuales debían computarse los meses en mora, no obstante, la colegiatura se ocupó de estudiar si el afiliado fallecido satisfizo las semanas para dejar causado el derecho al amparo de «la condición más beneficiosa», sin analizar lo que realmente era el objeto de discusión, con lo cual desconoció el principio de la «congruencia o consonancia». Explica en un acápite denominado «del derecho reclamado», que la demandada no contabilizó todo el tiempo laborado por el señor Dagoberto Antonio Vergara Padrón, el

cual, de tenerse en cuenta, junto con el reconocido por la entidad de seguridad social, totaliza 1112 semanas, suficientes para dejar causado el derecho, máxime que era beneficiario del régimen de transición. Indica la demandante que cumple con las exigencias para acceder a la pensión de sobrevivientes; y que el trabajador no tiene responsabilidad en el pago de los aportes, correspondiéndole a la entidad de seguridad social efectuar las respectivas acciones de cobro, tal como se desprende del artículo 22 de la Ley 100 de 1993.

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IX. CONSIDERACIONES Previo a la resolución del asunto, debe decirse que, si bien es cierto la censura en estos cargos dirigidos por la senda directa alude al contenido de las piezas procesales de la demanda inaugural y la sustentación del recurso de alzada por parte de la promotora del proceso, lo cierto es que no invita a la Corte a que examine dichos actos procesales, sino que los menciona con el fin de contextualizar lo ocurrido en el juicio y de impartirle consistencia o fuerza argumentativa al cuestionamiento de índole jurídico que efectúa contra la decisión de segundo grado, pero, se itera, sin esgrimir algún tipo de inconformidad fáctica o probatoria en relación con los hechos establecidos por el juez plural en la sentencia gravada, lo que permite abordar su estudio desde una perspectiva del puro derecho.

Realizada la anterior precisión, encuentra la Sala que el recurrente edifica su ataque en que el Tribunal se apartó de la causa petendi que gobernaba el proceso, proceder con el

cual, sostuvo, se desconoció el principio de la congruencia, aclarando que los argumentos allí expuestos fueron reiterados en el recurso de alzada, cuando sustentó las inconformidades contra la decisión de primer grado, empero, insiste, el juez colegiado erró al alejarse de los raciocinios de al alzada, resolviendo una temática que era ajena a lo discutido en esta contienda. En dicho sentido, aduce la censura que, en este caso en particular, la controversia desde su inicio fue planteada para

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Radicación n.° 92660 establecer que el afiliado fallecido cumplió con el número de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, de modo que, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, motivo por el cual debía reconocérsele esta última prestación. Explica la impugnante que el juez colegiado no podía centrar su estudio y análisis en la procedencia del llamado principio de la «condición más beneficiosa», a efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990 y verificar si se cotizaron las semanas que allí se exigían para acceder a la pensión de sobrevivientes, de modo que se alejó del marco jurídico y fáctico que le fue fijado por la misma promotora del proceso. En otras palabras, para la casacionista existe una incongruencia entre los razonamientos esgrimidos por el juzgador de segundo grado para confirmar el fallo absolutorio

del a quo y los fundamentos desplegados por la actora en el libelo genitor que, a su vez, fueron refrendados en la sustentación del recurso de alzada. Así las cosas, le corresponde a la Sala dilucidar, desde el punto de vista jurídico, si el Tribunal se equivocó al verificar la viabilidad de estudiar los requisitos de la pensión de sobrevivientes reclamada conforme lo regulado por el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la «condición más beneficiosa» y omitir examinar, de acuerdo a lo solicitado en la demanda inicial y el recurso de alzada, el cumplimiento de las exigencias previstas en el parágrafo del

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Radicación n.° 92660 artículo 12 de la Ley 797 de 2003, junto con la posibilidad de contabilizar las semanas en mora, para efectos de definir la procedencia o no de tal prestación. Acorde a la vía directa escogida para orientar el ataque, quedan incólume los siguientes supuestos fácticos: i) que la demandante contrajo matrimonio con Dagoberto Antonio Vergara Padrón; ii) que el causante falleció el 7 de diciembre de 2004; iii) que el finado registra 924 semanas cotizadas en toda su vida laboral, siendo el último aporte realizado en junio de 2001; iv) que la accionante reclamó la inclusión de unos periodos que no fueron contabilizados, por existir una supuesta mora en el pago de las cotizaciones por parte del empleador; v) que en un proceso anterior se demandó la pensión de sobrevivientes con fundamento en la denominada condición más beneficiosa, el cual fue absolutorio; y vi) que

en el presente asunto se está reclamando dicha prestación, con aplicación del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Planteado así el asunto, es pertinente comenzar por recordar que esta corporación, de tiempo atrás, ha sostenido que de conformidad con el artículo 284 del CGP, aplicable a los juicios laborales por así permitirlo el artículo 145 del CPTSS, las sentencias que profieran los jueces de instancia deberán estar «en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda»; pretensiones que estarán conformadas por las razones de hecho y de derecho establecidas en el litigio, entendiendo que las primeras vienen dadas por el relato histórico de todas las

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Radicación n.° 92660 circunstancias fácticas de las que se pretende deducir aquello que se pide de la jurisdicción, mientras que las segundas son afirmaciones concretas de carácter jurídico que referidas a esos antecedentes de hecho, que le permiten al demandante atribuirse el derecho subjetivo en que apoya sus pretensiones frente a las autoridades judiciales, afirmaciones estas que, desde luego, no hay lugar a confundir en modo alguno con los motivos abstractos de orden legal que se aduzcan para sustentar la demanda incoada (CSJ SC, 19 de feb. 1999, rad. 5099, reiterada en la

CSJ SL4457-2014).

De ahí que es posible concluir que le corresponde al juez resolver el litigio a partir de los hechos acreditados en el plenario y «subsumirlos» en la norma que consagra el derecho

en discusión, dado que conforme al mandato superior del artículo 230 constitucional «Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley…». (CSJ SL,21517 del 27 de julio de 2005; CSJ SL, 3 dic. 2007, rad. 2962; CSJ SL, 14 oct. 2009, rad. 33352 y CSJ SL, 21 jun. 2011, rad. 38224). De suerte que, si el accionante, previa relación de los hechos en los que sustenta el derecho demandado se equivoca al invocar las normas que lo consagran, el juzgador está llamado a acoger aquella que verdaderamente regula el asunto fáctico sometido a su consideración, sin que signifique que por tal razón profirió un fallo extra petita (CSJ SL, 21 jun. 2011 rad. 38224). En otras palabras, se entiende que las normas y argumentos jurídicos invocados en la demanda inaugural no

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Radicación n.° 92660 son vinculantes para el fallador a la hora de proferir su decisión, puesto que, como se reseñó previamente, es deber del juzgador de instancia y no de los litigantes definir el derecho que se controvierte, imponiéndose aplicar la norma que realmente regule a cabalidad los supuestos fácticos expuestos y definidos en cada situación particular. El anterior entendimiento también resulta aplicable tratándose del recurso de apelación y de la especial restricción de que trata el artículo 66A del CPTSS, respecto del principio de la consonancia, que prevé que «[…] la sentencia de segunda

instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación». Ciertamente, tal disposición procesal fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional mediante sentencia CC C-968 de 2003, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. De modo que el principio de consonancia que allí se consagra consiste en que entre la sentencia de segunda instancia y el objeto del recurso de alzada debe existir plena correspondencia, lo que significa que, por regla general, al juzgador le está vedado apartarse de las materias que le propone el apelante. Sin embargo, también ha de memorarse que la obligación del sentenciador de segundo grado de limitarse a las materias objeto de inconformidad no implica que esté sometido estrictamente a los argumentos que exponga la

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Radicación n.° 92660 parte recurrente, pues el juez mantiene su libertad y autonomía, a quien le corresponde la calificación jurídica de los hechos y elaborar los juicios argumentativos, siempre y cuando tengan que ver con los puntos objeto de reproche. Así, en sentencia CSJ SL, 24 jul. 2012, rad. 44980 se dijo que «…la segunda instancia no puede verse limitada por los argumentos que expongan las partes en el recurso, sino tan solo, como lo señala el artículo 66 A del CPTSS, por las materias que aquéllas propongan, dentro de las cuales es libre de desempeñarse el juez de la alzada en su análisis

jurídico…». Conforme al marco jurídico previamente descrito, encuentra la Sala que el Tribunal incurrió en el error jurídico endilgado, en tanto centró su análisis en verificar si el fallecido había cotizado 50 semanas anteriores a la data de su deceso o si era dable aplicar en virtud del principio de la «condición más beneficiosa» el Acuerdo 049 de 1990, a efectos de poder analizar si el finado efectuó los aportes que allí se exigían para obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes. Lo anterior significa que el juez plural omitió estudiar lo verdaderamente pretendido en esta segunda acción judicial, esto es, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, bajo el supuesto de que el afiliado había cotizado el número de semanas mínimo que se le exigía para acceder a la pensión de vejez, con miras a satisfacer el requisito previsto en el aludido parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y con ello acceder a la prestación de sobrevivencia a favor de la

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Radicación n.° 92660 actora en calidad de cónyuge del causante. En ese orden de ideas, el juez plural, al momento de emitir la decisión confutada, para una correcta solución del presente litigio, debió verificar si el finado se beneficiaba del régimen de transición y, por consiguiente, le resultaba aplicable el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para luego constatar el número de semanas, a efectos de definir si dejó causado el derecho a la pensión de vejez, conforme lo planteó la parte actora en el escrito de demanda inicial, en la que

solicitó, se itera, la inclusión de unos ciclos que presentaban mora, todo con miras a satisfacer las exigencias del aludido parágrafo y así poder obtener la pensión de sobreviviente, sin que hubiera la necesidad de ocuparse de la condición más beneficiosa, ya que esta alternativa fue materia de resolución en un proceso ordinario laboral anterior. Por demás, si la solicitud de la pensión de sobrevivientes, según lo esgrimido por la promotora del proceso, tenía como fuente inmediata el supuesto fáctico consistente en que el causante había sufragado las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, tal hecho enmarcaba la discusión, desde lo consagrado en el referido parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, empero, como se vio en la síntesis del fallo de segunda instancia, la alzada no efectuó análisis alguno bajo esa posibilidad prevista por el legislador y que es lo que ahora se demanda. Aquí, cabe reiterar que al juez del trabajo le compete hacer la calificación jurídica de los hechos debatidos y

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Radicación n.° 92660 demostrados en el juicio, sin salirse del marco fijado por las partes, enmarcándolos en la norma aplicable, pues cuenta con total autonomía, conforme al artículo 230 de la CP, que establece que «los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley», correspondiéndole entonces aplicar el precepto legal pertinente, de acuerdo a sus presupuestos y alcances, máxime que la Corte tiene asentado

que son los «hechos las voces del derecho». Por tal razón, cuando el fallador de alzada resuelve el problema jurídico sometido a su escrutinio con la normatividad que estima aplicable, sencillamente está ejerciendo una función propia que le es inherente a su condición de administrador de justicia, eso sí, respetando el principio de congruencia. En esa medida, cobra especial relevancia el viejo aforismo de «probadme los hechos y os daré el derecho», pues el juez, frente a los hechos que encuentre acreditados, debe aplicar la disposición cuyos supuestos fácticos encajen dentro