CSJ - SL377-2024

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL377-2024 Radicación n.° 89131 Acta 2 Bogotá D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación que NILSA EMID GAVIRIA GUERRERO interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira profirió el 24 de agosto de 2020, en el proceso que adelanta contra la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. trámite al que se vinculó a YHON JAIRO BAÑOL IBARRA como litisconsorte necesario.

I. ANTECEDENTES La actora solicitó que se condenara a la convocada a reconocerle la pensión de sobrevivientes en calidad de madre de Jhon Esteban Bañol Gaviria desde el 5 de enero de 2016, el retroactivo pensional, los intereses de mora, lo

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Radicación n.° 89131 que resulte probado extra o ultra petita y las costas del proceso. Como fundamento de esos pedimentos, expuso que su hijo falleció el 5 de enero de 2016, por causas de origen común; que el causante desde su nacimiento -6 de julio de 1994-, vivía con ella, no estaba casado, ni hacía vida marital con persona alguna y no tenía hijos; que, al deceso, el núcleo familiar estaba compuesto por ella, su compañero permanente -quien ganaba un salario mínimo-, sus tres

hijos, incluido Bañol Gaviria -ayudante de construccióny sus dos nietas. Afirmó que el fallecido colaboraba con el «[…] arriendo, recreo, vestido y gastos personales de su madre»; que después de su muerte su mínimo vital se afectó; que no cuenta con ningún ingreso económico y tiene múltiples complicaciones de salud; que agotó la reclamación del derecho, la cual fue resuelta de manera negativa el 16 de junio de 2016, misiva en la que dicha AFP constató que el causante sufragó «94.05» semanas en los 3 años anteriores a su deceso (f.os 2 a 13 del c. del Juzgado). Al dar respuesta a la demanda, Protección S.A. se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento, el deceso del hijo de la demandante por causas de origen común, la afiliación a dicha AFP, las semanas cotizadas en los 3 años previos a la muerte, la reclamación del derecho y su respuesta negativa.

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Radicación n.° 89131 En su defensa, formuló como excepción previa la falta de integración del litisconsorcio necesario, comoquiera que el padre del actor tiene vocación de ser beneficiario de la prestación, y las que denominó ausencia del requisito de la dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación, cumplimiento de las obligaciones a cargo de la administradora de fondos de pensiones y cesantías, compensación, prescripción y la «genérica» (f.os 38 a 52 del c. del Juzgado).

Mediante proveído de 22 de febrero de 2018, el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira declaró probada la excepción propuesta y vinculó como litisconsorte necesario a Yhon Jairo Bañol Ibarra, quien al contestar el escrito inicial aceptó todos los fundamentos fácticos, y manifestó estar de acuerdo con que se le reconozca la prestación a la actora, pues afirmó que el hogar siempre estuvo conformado por la actora, sus hijos y nietas, y los únicos aportantes económicos eran él, y el fallecido último que generaba la mayor parte de ingresos para satisfacer necesidades como el arriendo, vestido recreación, y pagaba los servicios públicos. Propuso como excepción la «genérica» (f.os 122 a 123 c. del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de sentencia de 24 de agosto de 2018, el juez de conocimiento absolvió a la accionada de las pretensiones incoadas en la demanda (f.º 146 del c. del juzgado).

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III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandante y el litisconsorte necesario, a través de proveído de 24 de agosto de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirmó la decisión del juez de primer grado e impuso costas a la actora (f.os 10 y 11 del c. del Tribunal).

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal delimitó como problema jurídico

a establecer, si el fallecido dejó causado el derecho para que la demandante acceda a la prestación pretendida y, en caso positivo, determinar si es beneficiaria. Para el efecto, acotó que la norma aplicable al asunto era la vigente al momento del deceso, esto es, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que ocurrió el 5 de enero de 2016. Concluyó que conforme a la historia laboral obrante a folio 54, dentro de los 3 años anteriores a la muerte aquel cotizó «103.71» semanas, con lo que se daba respuesta al primer problema planteado. Para resolver la segunda cuestión, acudió en primer lugar a los fundamentos jurídicos y, a partir de dicha comprensión, abordó los presupuestos fácticos del caso. Así, frente al concepto de dependencia económica recordó que, según la sentencia CC C-111 de 2006, esta no debe ser total y absoluta, ya que el reclamante puede recibir otros ingresos, siempre que estos no lo conviertan en

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Radicación n.° 89131 autosuficiente, pues de ser así se desvirtuaría. Señaló que esta Sala en providencias CSJ SL4002013, CSJ SL816-2013, y CSJ SL2800-2014, entre otras, precisó que dicha ayuda deber ser cierta, regular y significativa en relación con otros ingresos del progenitor, requisitos que deben confluir para demostrar la falta de autosuficiencia del reclamante y la subordinación financiera. De otro lado, puntualizó que «cuando la prestación económica de sobrevivientes tiene como beneficiarios a los

padres del causante, la dependencia económica debe analizarse respecto de aquellos, y no frente a su núcleo familiar». En apoyo de tal aserto jurídico, indicó que esta Corporación, en providencia CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 35991, reiterada en la CSJ SL1699-2016, y una sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira de radicado 2016-00158-01, acotó que: […] Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital (…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como

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Radicación n.° 89131 órbita de protección por el artículo 47 […]. Así, con fundamento en los anteriores derroteros jurídicos, continuó con el estudio de los presupuestos fácticos y, después de establecer que no era objeto de discusión el parentesco del causante con la demandante,

resaltó que esta no acreditó la subordinación financiera requerida para acceder a la prestación pensional, pues por el contrario quedó demostrado que su supervivencia estaba garantizada por su pareja Yhon Bañol Ibarra, y los aportes que realizaba el hijo fallecido estaban destinados al cuidado de sus sobrinas. En el interrogatorio, el padre afirmó que él proporcionaba la alimentación para el grupo familiar de la demandante, sus tres hijos y nietas, y no tenían que cancelar valor por arriendo, dado que la casa en la que habitaban era propia; además, que el causante colaboraba con la alimentación y los servicios; pero tal ayuda se dirigía a sus sobrinas. En igual sentido, adujo el Tribunal que se efectuó la declaración de Luz Enid Bañol Gaviria -hermana del fallecidoquien adujo que Jhon Esteban Bañol Gaviria siempre auxilió a sus sobrinas. Asimismo, el ad quem aclaró que, si bien la referida deponente afirmó que aquel le aportaba a su progenitora para los medicamentos, tal entrega no demostraba la subordinación exigida.

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Radicación n.° 89131 Agregó que conclusión semejante sugirió el hermano menor -Jhon Guiner Bañol Gaviriaquien indicó que la ayuda que el fallecido proporcionaba «[…] era para sus sobrinas» porque no tenían padre, además de que le colaboraba a su progenitor con el pago de los alimentos, y lo que restaba era para sus hermanos y la demandante. Por su parte, la testigo Edelmira Ortiz -vecina de la

actoraaseguró que el hijo de aquella favorecía al hogar con una suma periódica destinada a sus medicamentos y a las hijas de su hermana. Igualmente, resaltó que si bien Luis Norberto Restrepo Artunduaga -vecino de la demandanteafirmó que el causante colaboraba con los servicios y el mercado, lo cierto es que este aceptó que su conocimiento lo derivó del dicho de la demandante. Por tanto, tal declaración carecía de credibilidad. Del anterior derrotero probatorio, determinó que la contribución económica que realizaba Jhon Esteban Bañol Gaviria «estaba dirigida a sus sobrinas y no a su progenitora, a quien suministraba a lo sumo los gastos de medicamentos, sin que esa entrega pudiera considerarse significativa para su sobrevivencia». Aclaró que aun cuando en el interrogatorio de parte, la promotora del litigio manifestó que su descendiente le socorría, pues pagaba el mercado, créditos y aportes a sus hijas, a partir de la prueba testimonial, se extraía que la

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Radicación n.° 89131 asistencia era para sus sobrinas, quienes «no t[enían] calidad de beneficiarias». Agregó que ello se reafirmaba con la prueba documental relativa a la investigación administrativa que la accionada realizó, en la que señaló que el padre y el fallecido contribuían al sostenimiento del hogar, y así lo ratificaron en la entrevista su hermano Jhon Guiner Bañol y su tía Martha Luz Gaviria. Aseveración que, indicó, cobraba relevancia, si se tenía

en cuenta que en esa misma investigación se adujo que el causante se «[…] llev[ó] a vivir a la casa de sus padres a Alejandra García desde hacía 8 meses», de lo que se infería que el aporte económico que sufragaba por concepto de mercado y servicios correspondía a la «proporción que le era dable entregar con ocasión de la supervivencia del núcleo familiar conformado por [este] y su compañera». Por último, señaló que, si bien la muerte de un hijo ocasionaba un «[…] dolor y pérdida irreparable», lo cierto es que, conforme al expediente administrativo, después del deceso no existieron cambios en la economía de la demandante, por cuanto su compañero continuó con el sostenimiento del hogar.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala de

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Radicación n.° 89131 Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que revoque la del a quo y acceda a las pretensiones indicadas en el escrito inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica por parte de Protección S.A. La Sala estudiará únicamente la primera acusación ya que con esta se logra el fin perseguido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del «[…] artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el

artículo 13 de Ley 797 de 2003, lo que condujo a una violación de los artículos 46 y 73 de la Ley 100 de 1993 modificados por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003». Cuestiona la hermenéutica de puro derecho que el juzgador le dio al concepto de dependencia económica, y lo llevó a concluir que la actora no era subordinada financiera del causante, pues la analizó únicamente a partir de los gastos necesarios para la subsistencia de la progenitora, y no respecto del núcleo familiar.

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Radicación n.° 89131 Indica que debe diferenciarse entre quién es beneficiario de la pensión -que no se discute es la demandantey la exigencia de la dependencia económica, de la que no es dable desagregar los gastos de una familia que vive bajo el mismo techo, en tanto sería «lesivo», pues los rubros con los que vive cada miembro hacen parte y son necesarios para la subsistencia en condiciones dignas de cada integrante, máxime como sucede en el caso, en el que solo dos de estos, incluido el causante, generaban ingresos económicos. Resalta que el Tribunal omitió tener en cuenta el precedente jurisprudencial de esta Corte en casos análogos, en el que ha admitido que el aporte de un hijo a su núcleo familiar es un hecho del cual deviene la dependencia económica de los padres como, por ejemplo, en sentencia

CSJ SL5294-2018.

En efecto, recordó que en esta última providencia la

Corporación indicó:

[…] frente a este punto, debe recalcarse que comoquiera que la demandante, los demás integrantes del hogar y el de cujus hacían parte de la misma unidad familiar, no es procedente desagregar los gastos básicos de cada uno de ellos a fin de determinar si existía dependencia económica, pues ha de entenderse que las necesidades de quienes integran el hogar común en lo que toca con servicios públicos, arrendamiento, salud, vestuario, alimentación dentro y fuera del hogar, y desplazamientos para atender lo propio de la jornada laboral y las actividades diarias, siempre que estén dentro del ámbito de la congrua subsistencia y atiendan al concepto de una vida digna, entra en el presupuesto común de gastos […].

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Radicación n.° 89131 Aduce que ello es relevante si se tiene en cuenta que el núcleo de la actora estaba compuesto por sus tres hijos y el fallecido, dentro de los cuales había un menor de edad que estudiaba y dependía totalmente de sus padres y de su hija que, aunque era mayor de edad, era madre soltera de dos niñas, lo cual le impedía laborar. De modo que dentro de los gastos mínimos de la demandante beneficiaria de la pensión solicitada estaban «[…] las erogaciones que se tuvieren que hacer en ocasión del sostenimiento de sus hijos». Recordó que esta Corte en sentencia CSJ SL23182021, en un caso similar al presente, señaló que «la situación donde los aportes provistos por el causante se utilicen para el sostenimiento de su núcleo familiar también se puede devenir la dependencia económica de los padres»,

así: […] no advierte la Sala que el Tribunal hubiera valorado con error el medio probatorio en mención, en consideración a que del mismo no se desprende situación diferente a una real y efectiva dependencia económica de la demandante respecto de su descendiente, quien en vida asumía en una mayor proporción de los gastos del hogar que compartía con su madre, sus hermanos y el compañero permanente de su progenitora, quien si bien contribuía en el sostenimiento de la familia lo era en un porcentaje muy inferior y sus aportes se encontraban destinados al cubrimiento de gastos distintos a la alimentación que en efecto atendía el afiliado fallecido […].

VII. RÉPLICA Refiere que el juzgador de segundo grado no se alejó del contenido literal de la norma, ni fue caprichoso o arbitrario, pues su entendimiento coincide con la intelección

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Radicación n.° 89131 que esta Sala le ha otorgado al concepto de dependencia económica. Sostiene que, pese a que la acusación se encauza por la vía directa, en su desarrollo se entremezclan reflexiones de índole jurídica con planteamientos de esencia probatoria.

VIII. CONSIDERACIONES Para dar respuesta a la opositora en la réplica, se advierte que el recurrente no incurre en una mezcla indebida de las vías de violación, pues, en esencia, con la demostración de la acusación, la Sala deduce que expone un punto eminentemente jurídico relativo a que el Tribunal erró en la interpretación del concepto de dependencia económica al indicar que esta solo debe «[…] analizarse

respecto de los padres del causante y no frente a su núcleo familiar». Lo anterior porque, en su criterio, el juzgador de segundo grado desconoció el precedente de esta Corporación en el que se precisó que los rubros con los que subsiste cada miembro del hogar son necesarios para el sostenimiento de la demandante, argumentación que es de estirpe jurídica y no fáctica. De modo que las posibles referencias probatorias que la censura resalta en la demostración no deben tornarse como una mixtura indebida de las vías de violación, pues la Sala comprende que aquel parte del hecho indiscutido de

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Radicación n.° 89131 que la beneficiaria conforme a la ley es la demandante, y que el núcleo familiar del que hacía parte estaba compuesto por varios integrantes, dos de estos, incluido el causante, que generaban ingresos económicos dirigidos a subvencionar los egresos del hogar. Así, conforme lo acepta la recurrente, no es objeto de cuestionamiento entre las partes: (i) que Jhon Esteban Bañol Gaviria falleció el 5 de enero de 2016; (ii) el parentesco de consanguinidad con la actora; (iii) que el causante fue afiliado a Protección S.A. y en los últimos 3 años anteriores al deceso cotizó al sistema de seguridad más de 50 semanas; y (iv) que el núcleo familiar de la demandante estaba compuesto por sus hijos, dos nietas menores de edad, su cónyuge y el fallecido, últimos dos que aportaban a las necesidades básicas propias del hogar en cuanto a la congrua subsistencia.

En ese contexto, el problema jurídico se contrae a determinar si el Tribunal erró en la interpretación del concepto de dependencia económica, al no considerar el precedente jurisprudencial allí mencionado, que precisó que cuando existen varias personas de un núcleo familiar que aportan a sus necesidades básicas, no es posible desagregar los gastos básicos de cada uno para determinar si existe dependencia económica, pues sus egresos, siempre que estén dentro de la congrua subsistencia y atiendan al concepto de vida digna, entran en el presupuesto común de gastos.

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Radicación n.° 89131 Sea lo primero señalar que conforme la norma aplicable al caso, artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este. En ese contexto, en principio, no podría atribuírsele un error jurídico al Tribunal, porque en estricto sentido, la preceptiva aplicable no consagra como beneficiarios de la prestación al grupo familiar «[…]considerado en su conjunto», sino únicamente aquellas previstas por ley en el orden legal dispuesto a nivel normativo, tal como se explicó en el proveído que trajo a colación el Tribunal CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 35991. En efecto, en esta providencia la Corte razonó: […] el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al señalar los beneficiarios de la protección de supervivencia en unos órdenes

precisos y excluyentes, empezando por el reconocimiento al cónyuge, compañero o compañera permanente y los hijos del causante que se encuentren en las situaciones específicas allí previstas, para pasar, ante la ausencia de éstos y aquéllos, a considerar, primeramente, a los padres que tuvieran dependencia económica de aquél y, sólo en su defecto, y en último lugar, a los hermanos inválidos en similares circunstancias a las de los anteriores, no hace sino reconocer que la protección del sistema de seguridad social por muerte del cotizante o pensionado a través de la pensión de sobrevivientes, surge en tanto y en cuanto dicho hecho priva de los ingresos con los cuales subsistían aquellas personas de su núcleo familiar que en el orden legal señalado estaban ‘directamente’ a cargo del causante. En efecto, el artículo en cuestión de la Ley 100 de 1993 --en su redacción original, como igualmente lo hizo en la introducida por la modificación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003--, preveía que eran: “beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a- … b- … cA falta de cónyuge, compañero o compañera

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Radicación n.° 89131 permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste. dA falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste”. Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de

necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquél les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legisladora través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual sólo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de éste de acuerdo al orden previsto en la ley. Y al aludir la disposición en cita a los padres del causante no los cualifica o discrimina en su posición respecto de la jefatura de la familia, simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con éste, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar. De manera que, conforme se explicó en tal precedente, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes están definidos por ley en unos órdenes precisos y excluyentes, en la medida que solo contempla que «a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho», serán beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los

«padres del causante si dependían económicamente», dentro del cual no se consagró al núcleo familiar de los progenitores. Esta acepción es la que prevén las disposiciones

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Radicación n.° 89131 aludidas, pues como se sabe la pensión de sobrevivientes históricamente surgió para hacer frente a los riesgos de viudez y orfandad, traducido en el principio de universalidad, comoquiera que sus beneficiarios ante el deceso no están en condiciones de asegurar su mínimo vital y auto proveerse sus necesidades básicas y las de la familia, ya que a sus integrantes les cuesta velar por su propia subsistencia. En otras palabras, el propósito de este beneficio pensional es apoyar económicamente al grupo familiar del pensionado o afiliado fallecido, en relación con las subvenciones económicas que surjan por el deceso. Ante ese escenario, es imprescindible establecer la calidad de beneficiario según los requisitos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, aplicable al asunto, que como bien allí se dispuso no contempla al núcleo familiar. No obstante, la Corte no pierde de vista lo que expone la censura, en cuanto a diferenciar entre los beneficiarios que la ley asigna, y que no se discute para el caso es quien hoy lo reclama –la madre del causante-, y la exigencia que la norma adiciona, esto es, la dependencia económica que debe predicarse. Ello, en tanto no basta probar el aludido parentesco o condición de beneficiario legal, sino que una vez dilucidado que hace parte del grupo familiar previsto en la ley y que en

este caso no se discute, también corresponde evidenciar

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Radicación n.° 89131 que dependía económicamente del fallecido. Última previsión que, como lo ha reiterado de manera insistente esta Corporación, no implica que sea total y absoluta, sino que basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna (CSJ SL, 12 feb. 2008, rad. 31346, reiterada en la CSJ SL2800-2014 y la CSJ SL6558-2017 reiteradas en la CSJ SL650-2020). Sobre este punto, esta Corte ha identificado como elementos estructurales de la dependencia: (i) la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y, (ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo. En palabras de la misma Corte Constitucional1 la dependencia económica debe entenderse: […] como la falta de condiciones materiales que les permitan a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, entendida ésta, en términos reales y no con asignaciones o recursos meramente formales. De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de

manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir 1 Sentencia CC C111-2006 que declaró exequibles los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo la expresión «de forma total y absoluta» declarada inexequible.

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Radicación n.° 89131 dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario. Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación que fundamenta la citada prestación […] (Resaltado fuera del texto). En ese sentido, el criterio de la dependencia económica es previsto como una condición sine qua non para que los padres puedan reclamar el reconocimiento y pago del citado

derecho prestacional a partir de la muerte de su descendiente, y es bajo este escenario que esta Corte ha admitido como imprescindible la verificación de los ingresos que percibe la madre a fin de establecer si son suficientes para satisfacer las necesidades básicas relativas a su sostenimiento. Por ese camino es que, ante casos excepcionales, bajo el estudio probatorio pertinente, y solo en aquellos asuntos donde se refiera al núcleo familiar en el que varios integrantes generan aportes de los que se proveen no solo los padres, sino también los hijos y demás sujetos del hogar, la Corporación ha juzgado improcedente desagregar sus egresos, dado que los relativos a servicios públicos, salud, vestuario, alimentación dentro y fuera del hogar y

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Radicación n.° 89131 otras actividades diarias, siempre que estén dentro del ámbito de la congrua subsistencia y atiendan al concepto de una vida digna entran en el presupuesto común de gastos (CSJ SL5294-2018, reiterada en la CSJ SL9882021). En efecto, la palabra hogar desde el contexto socioeconómico y estadístico2 suele identificarse como al grupo humano que «comparte techo y presupuesto de alimentos», es decir, que atiende necesidades básicas con cargo a un presupuesto común en el que, generalmente, se comparten prescindencias preponderantes, que se manifiestan en preferencias de la familia como una unidad, elecciones que están restringidas por un fondo de ingresos y egresos compartido. De modo, que la ley no exige que la dependencia

económica generadora de la pensión de sobrevivientes sea exclusiva, dado que en el caso de núcleos familiares como el de que aquí se trata, mantienen un nivel de vida conforme a sus posibilidades, conforme con la pluralidad de miembros que lo componen aportan económicamente o se distribuyen cargas económicas propias de la vida individual y en familia. También la Corporación ha explicado que la subordinación financiera de los padres que persiguen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es una 2 DANE (2011). Encuesta de Calidad de Vida (ECV). [En línea]. [Consultado 14 de Septiembre de 2012].

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Radicación n.° 89131 situación que debe ser definida en cada caso particular y concreto, a fin de determinar si los ingresos que perciben son suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento y necesidades básicas, en cuyo caso no se configura el presupuesto legal para acceder a la prestación pensional. Adicionalmente, en providencia CSJ SL964-2023 esta Corte halló demostrado el error del sentenciador acusado al evidenciar que: […] aun cuando la dependencia debe analizarse en perspectiva del padre, para lo cual ha de lucir diáfana la necesidad de recibir la ayuda financiera que proveía el hijo para que sus derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas no se vean amenazados, la jurisprudencia no puede desconocer las realidades que surgen en el entorno familiar, por situaciones de facto, solidaridad y asistencia; por ello, se

insiste, el sometimiento monetario debe evaluarse en cada caso particular y concreto. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, lo que se ve es la existencia de una interdependencia económica que impedía estarse a las necesidades de la actora, individualmente considerada, con desconocimiento de que tenía a cargo la adolescente. En consecuencia, también desace