CSJ - SL380-2024

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL380-2024 Radicación n.°97992 Acta 7 Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS, contra la sentencia proferida el 10 de febrero de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que instauró VIRGINIA FERNÁNDEZ MONTOYA contra la recurrente, COOMEVA EPS SA y CHRISTUS HEALTH COLOMBIA SAS, al que fue vinculado la

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA.

I. ANTECEDENTES Virginia Fernández Montoya, solicitó que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido

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Radicación n.°97992 con Coomeva EPS SA, desde el 10 de septiembre de 2013 hasta el 18 de julio de 2018; que la cláusula adicional a dicho convenio denominada «sistema de compensación flexible» suscrita el 9 de septiembre de 2013, es ineficaz; que los pagos que recibió por concepto de «aporte institucional colaborador» y «auxilio monetario educación» son constitutivos de salario; que el 1 de junio de 2014, hubo una sustitución patronal entre Coomeva EPS SA y la compañía Sinergia Global en Salud SAS. En consecuencia, solicitó se condenara a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales,

vacaciones y aportes al sistema general de pensiones entre el 10 de septiembre de 2013 y el «30 de junio de 2017»; a la indemnización y sanción moratoria previstas en los arts. 65 del CST, 99 de la Ley 50 de 1990, y numeral 3 del art. 1 de la Ley 52 de 1975, y las costas del proceso. En sustento de las pretensiones, manifestó que suscribió con Coomeva EPS SA «cláusula adicional al contrato de trabajo», previo a la firma del convenio laboral como condición para ser vinculada como médico general; que también refrendó el mismo día, «“solicitud para tránsito al sistema de compensación flexible”», que supuestamente fue por ella elaborada, a fin de acogerse a unos beneficios de carácter extralegal denominados «aporte institucional colaborador» y «auxilio monetario educación», que el día siguiente, es decir, el 10 de septiembre de 2013, suscribió contrato de trabajo a término indefinido, con un salario ordinario de $2.483.196, pero que en realidad con la 2

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Radicación n.°97992 cláusula adicional cada mes recibiría $1.614.077 por concepto de salario ordinario y $987.898 por auxilio monetario educación y $34.765 por «aporte institucional colaborador», conceptos de carácter extralegal. Indicó que desde el 1 de octubre de 2013, percibía un total de $2.636.740, suma compuesta por $1.614.077 como salario ordinario y $1.022.663 por beneficios sin incidencia salarial; que «los supuestos beneficios» representaban

aproximadamente un 40% del total de los ingresos fijos mensuales; que en la citada cláusula adicional se determinó que las prerrogativas extralegales serían destinadas para satisfacer necesidades individuales conforme a su propia naturaleza, pero que ni en tal acuerdo ni en la solicitud para acogerse a la compensación flexible, se le explicó o estipuló las condiciones y finalidades de esos conceptos. Aseveró en cuanto al «auxilio monetario educación», que nunca se le mostró ni entregó documento que indicara las condiciones de su funcionamiento, características, excepciones, cláusulas, la finalidad que entrañaba tal beneficio ni las condiciones para hacer uso del auxilio, simplemente se le negó la incidencia salarial; que ambos conceptos ingresaban a su patrimonio cada mes, como consecuencia directa e inmediata de la labor que desempeñaba, lo que acrecentaba sus ingresos y destinaba para lo que deseara. Contó que los documentos elaborados por la accionada donde establece el «auxilio monetario educación» y el «aporte 3

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Radicación n.°97992 institucional colaborador» no fueron expresos, claros, precisos ni detallados, en cuanto a su especifica destinación; que en mayo de 2014, fue informada de la sustitución patronal y que su nuevo empleador sería Sinergia Global en Salud SAS; que continuó en su cargo, en las mismas instalaciones e implementos de trabajo que fueron entregados por Coomeva; que continúo recibiendo órdenes de los mismos superiores jerárquicos que eran trabajadores directos de Coomeva; y que Sinergia Global en

Salud SAS siguió con el pago del salario ordinario y los beneficios extralegales mes a mes. Sostuvo que Sinergia le certificaba un salario ordinario y unos beneficios no salariales, contrarios a lo que realmente sufragaba como contraprestación de su fuerza de trabajo que superaba el 40% de la totalidad de los ingresos mensuales; que a principios de 2017, le dijeron que se realizaría un proceso interno para eliminar el sistema de compensación flexible y que el 30 de junio de ese año, las partes suscribieron otrosí al contrato de trabajo, con el ánimo de realizar «“una modificación en las condiciones de remuneración pactadas en el contrato de trabajo y sus anexos, especialmente en lo correspondiente al SISTEMA DE

REMUNERACIÓN FLEXIBLE”».

Relató que después de la suscripción del otrosí, no le reliquidaron sus prestaciones sociales, vacaciones, aportes a pensión; que pasó de percibir $3.822.749 (compuesto por un salario de $2.275.487 y otros beneficios de carácter no salarial de $1.547.262) a devengar $3.887.188, sumando la 4

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Radicación n.°97992 accionada el salario ordinario más las bonificaciones y «le aumentó $64.439»; que presentó varias peticiones que se resolvieron en su contra y que citó a su empleadora ante el Ministerio del Trabajo, pero que Sinergia arguyó que ella se encontraba en el sistema de compensación flexible, razón por la cual no era dable tener por salario los mentados beneficios (fs.°6 a 28 cdno. digital n.°1). Sinergia Global en Salud SAS, al contestar, rechazó las

aspiraciones de la demanda. De los hechos, admitió la condición de empleador sustituto desde el 1 de junio de 2014 y la fecha de terminación del vínculo. Dijo que no le constaban los hechos acaecidos antes de la sustitución patronal. De los demás supuestos fácticos, indicó que tampoco podía dar cuenta de ellos o que no eran ciertos. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, compensación y buena fe (fs.°238 a 268 cdno. digital n.°1). La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, tras ser vinculada como «litisconsorcio cuasi necesario por pasiva», no se opuso ni se allanó a las pretensiones, pero expuso que, si se llegare a condenar al pago de la reliquidación de aportes al sistema general de pensiones, solo los recibirá con los respectivos intereses moratorios establecidos en el art. 23 de la Ley 100 de 1993. De los hechos, manifestó que ninguno le constaba. 5

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Radicación n.°97992 Presentó como medios exceptivos los que denominó «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR CARENCIA DE OBJETO, FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR, INEXISTENCIA DEL DERECHO», falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho exclusivo de un tercero, buena fe de Porvenir y la «INNOMINADA O GENÉRICA» (fs.°78 a 92 cdno. digital n.°2). Christus Health Colombia SAS, se resistió al éxito de las peticiones de la demandante. En cuanto a los hechos,

aseguró que no le constaban o que no eran ciertos. En su defensa, manifestó que Coomeva y Sinergia Global en Salud son personas jurídicas autónomas e independientes, que cuentan con su propio patrimonio y tienen plena capacidad para adquirir obligaciones; negó la existencia de un contrato de trabajo o de otra índole con la actora, puesto que esta no prestó servicios a Christus, no estuvo sometida a la continuada subordinación y no recibió pago alguno, de modo que ninguna responsabilidad le asiste frente a las pretensiones de la demanda. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción y compensación (fs.°153 a 164 cdno. digital n.°2). Coomeva EPS S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos, solo admitió los referentes a la sustitución patronal, las peticiones y sus repuesta y las certificaciones que se le concedieron. De los demás, afirmó que no les constaba o que no eran ciertos. 6

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Radicación n.°97992 Afirmó que el contrato y otrosí fueron suscritos el 9 de septiembre de 2013, pero la relación inició el 10 siguiente; que una vez fue contratada la demandante, se le informó acerca de la política de beneficios consistente en «gratificaciones extralegales» no constitutivas de salario, «a elección y que podrían contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de la actora y/o su familia»; que Fernández Montoya de forma libre y voluntaria, solicitó vincularse al programa, lo que «quedo (sic) expresado por documento

firmado, (ver anexo: petición fechada 9 de septiembre de 2013) eligiendo beneficios existente en el programa, según su conveniencia». Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción y compensación (fs.°249 a 258 cdno. digital. n.°2).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo de 17 de septiembre de 2021 (acta fs.°355 y 356 cdno. digital n.°3), resolvió: Primero: Declarar la ineficacia del pacto de desalarización suscrito entre Coomeva EPS SA y la señora Virginia Fernández Montoya, suscrito el 9 de septiembre de 2013 respecto del auxilio monetario de educación; Segundo: Declarar la ineficacia del pacto de desalarización suscrito entre Sinergia Global en Salud SAS y la señora Virginia Fernández Montoya, suscrito el 6 de enero de 2015 respecto del auxilio monetario de educación.

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Tercero: Condenar a Coomeva EPS SA, a pagar a la señora Virginia Fernández Montoya los siguientes conceptos: $246.676 por reajuste de cesantías.

Cuarto: Condenar a Sinergia Global en Salud SAS a pagar a la señora Virginia Fernández Montoya, los siguientes conceptos: - $3.740.164 por reajuste a cesantías, - $169.700 por reajuste a intereses a las cesantías, - $2.569.496 por reajuste de primas de servicios,

• $1.715.256 por reajuste de vacaciones, - $339.399 por sanción por pago deficitario de intereses a las cesantías. - $95.306.992 por sanción por falta de consignación de las cesantías en un fondo. - $96.277.872 por indemnización moratoria del art. 65 del CST, en razón de $133.719 diarios desde el 18/07/2018 al 18/07/2020, y a partir del 19/07/2020, mes 25, se causan intereses moratorios sobre los reajustes de las prestaciones sociales insolutas, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

Quinto: Condenar a Coomeva EPS SA, a pagar con destino a Porvenir SA, donde se encuentra afiliada la señora Virginia Fernández Montoya, el cálculo actuarial tendiente a validar los reajustes a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones entre el 1 de octubre de 2013 al 31 de mayo de 2014, tomando como IBC mensual la sumatoria del valor salario básico y del auxilio monetario de educación cancelados a la demandante.

Sexto: Condenar a Sinergia Global en Salud SAS a pagar con destino a Porvenir SA, donde se encuentra afiliada la señora Virginia Fernández Montoya, el cálculo actuarial tendiente a validar los reajustes a los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, entre el 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2017, tomando como IBC mensual la sumatoria del valor del salario básico y del auxilio monetario de educación

cancelados a demandante.

Séptimo: Ordenar a Coomeva EPS SA y Sinergia Global en Salud SAS, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, radicar ante Porvenir solicitud de liquidación de los cálculos actuariales correspondientes aportando el certificado de los IBC mensuales, y a su vez condenar a Porvenir a elaborar el cálculo actuarial, debiendo ser pagado por Coomeva EPS SA y Sinergia Global en Salud SAS, dentro del término que la entidad de seguridad social les fije.

Octavo: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos causados y exigibles con

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Radicación n.°97992 anterioridad al 12 de septiembre de 2015. Las demás excepciones de mérito se declaran improbadas.

Noveno: Absolver a Christus Health Colombia SAS, de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra por la demandante y absolver a las demás codemandadas de las demás pretensiones de la demanda.

Décimo: costas en esta instancia a cargo de Sinergia Global en Salud SAS y Coomeva EPS S.A. en favor de la demandante…

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar la apelación interpuesta por Sinergia Global en Salud SAS, a través de sentencia de 10 de febrero de 2022 (fs.°13 a 46 cdno. Tribunal), dispuso: PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia, en el sentido de DECLARAR que el fenómeno de la prescripción en el presente evento, fue interrumpido con la

presentación de la demanda el 15 de marzo de 2019, lo que implica que se encuentren prescritos los conceptos anteriores al 15 de marzo de 2016, con excepción de los reajustes al auxilio de cesantía y los reajustes de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia en relación a los reajustes reconocidos, para en su lugar CONDENAR a la sociedad SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS a reconocer y pagar a la Sra. VIRGINIA FERNÁNDEZ MONTOYA las siguientes sumas: - La suma de $73.998 por concepto de interés a la cesantía causada del 15 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2017. - La suma de $1.323.858 por concepto de vacaciones causadas del 15 de marzo de 2015 al 8 de marzo de 2017.

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia, para en su lugar ABSOLVER a la sociedad SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS de reconocer y pagar la sanción moratoria consagrada en el art. 99 de la Ley 50 de 1990.

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CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Costas en esta instancia en la suma de $500.000 a cargo de la sociedad SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS y a favor de la demandante, por prosperar parcialmente el recurso presentado.

[…] En lo que al recurso extraordinario estrictamente interesa, centró los problemas jurídicos en establecer: «Si hay lugar a revocar la sentencia y absolver a la sociedad SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS de las pretensiones de la demanda»; y, «Si las liquidaciones realizadas se deben realizar con base en el salario promedio dependiendo del concepto que se va a reajustar y no utilizando un salario promedio para cada año». No halló controversia en que la demandante celebró contrato de trabajo con Coomeva EPS SA el 9 de septiembre de 2013 e inició labores el 10 siguiente (fs.°32 a 38 y 647 cdno. digital n.°1); que el 9 de septiembre de 2013, las partes firmaron una cláusula adicional al contrato de trabajo (fs.°29 y 30); que existió sustitución patronal de Coomeva EPS SA a Sinergia Global en Salud SAS, a partir del 1 de junio de 2014 (f.°39); que la demandante le solicitó a Sinergia Global en Salud SAS, pasar al sistema de compensación flexible el 6 de enero de 2015 y que en esa fecha celebraron otrosí (fs.°280 a 282); que la actora renunció el 3 de julio de 2018, con efectos a partir del 18 siguiente (f.°283). 10

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Radicación n.°97992 En cuanto al carácter salarial del auxilio monetario de educación, se remitió a lo dispuesto en los arts. 127 y 128 del CST, y a la sentencia CSJ SL4313-2021 que trató sobre la carga de la prueba de las partes.

Tras analizar «el plenario en su conjunto», de acuerdo con «las reglas de la sana crítica y la libre formación del convencimiento», consideró que la accionante acreditó que el pago realizado por «auxilio monetario educación» se efectuó en forma habitual, toda vez que el 9 de septiembre de 2013 las partes acordaron en la «“CLAUSULA (sic) ADICIONAL AL CONTRATO DE TRABAJO (salario ordinario)…”» que Fernández Montoya se acogió al sistema de compensación flexible y, que a partir del 1 de octubre de 2013, devengaría como contraprestación del servicio un salario ordinario de $1.614.077 y que disfrutaría de los beneficios de carácter extra salarial «de aporte institucional colaborador» una suma de $34.765 y «auxilio monetario educación» por $987.898, destinados a satisfacer necesidades individuales del empleado, conforme su propia naturaleza y que dichos beneficios no constituían salario (fs.°29 y 30, 277 a 278). Indicó que los recibos de nómina de folios 323 a 387, daban cuenta del pago habitual por la accionada por concepto de auxilio monetario educación, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2017 (fs.°323 a 373). Advirtió que la demandada incumplió la carga de demostrar que la finalidad del auxilio monetario educación 11

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Radicación n.°97992 no era retribuir los servicios ni enriquecer el patrimonio de la demandante, por cuanto en la «“CLAUSULA (sic) ADICIONAL AL CONTRATO DE TRABAJO (salario ordinario)…”»

la demandante, se acogió al sistema de compensación flexible, y en los documentos de fechas «9 de septiembre de 2013, 26 de diciembre de 2014, el 9 de febrero y 27 de diciembre de 2016», eligió el «“AUXILIO DE EDUCACIÓN OCASIONAL”» y no reposa explicación alguna por medio de la cual Sinergia Global en Salud SAS, […] hubiera dado claridad sin lugar a equivoco, de los requisitos, características, condiciones y finalidad del auxilio monetario de educación, a efectos de que la demandante le diera la destinación sujeta a la finalidad de su reconocimiento; y mucho menos se encuentra demostrada que a la demandante se le informó la (sic) causales de pérdida del auxilio monetario de educación ante el uso inadecuada (sic) de los mismos. En consideración a lo anterior, con las omisiones relacionadas, es claro que la demandante contaba con plena libertad para destinar el auxilio otorgado, y al ser percibido en forma habitual y no existir limitaciones en su destinación, lo que realmente se generaba era el incremento del patrimonio de la demandante, lo que hace que se desvirtúe la desalarización que pretendió realizar la sociedad SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS. Con sustento en lo manifestado por el representante legal de la llamada a juicio y las declaraciones de Lady Laura García Grisales - Coordinadora de Gestión Humanay Sandra Juliana López Pérez - Coordinadora Regional de Gestión Humana -, estimó que el a quo no apreció indebidamente la prueba, pues si bien las declarantes manifestaron el «deber ser de la destinación del Auxilio monetario educación», que la entidad realizaba seguimiento

aleatorio, que Coomeva y Sinergia dieron información del sistema de compensación flexible al momento de celebrar el 12

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Radicación n.°97992 contrato de trabajo y, que en el transcurso de la relación laboral se realizaron capacitaciones y reinducción en dichos temas, lo cierto fue que ninguno «de los expositores» estuvieron presentes al momento de la celebración del contrato de trabajo entre Coomeva y la demandante, ni tampoco «dieron certeza de haber estado presentes o haber capacitado en forma personal y directa a la demandante en el tema de la destinación, uso y finalidad del Auxilio monetario educación». Coligió que se trató de testigos que no presenciaron la información dada a la demandante, además que sus dichos no tenían soporte documental que dieran certeza de lo afirmado. Indicó que pese a que «no existe norma que lo exija», no podía pasar por alto que era carga de la demandada demostrar en forma específica que se cumpliera la finalidad de los pagos realizados por el auxilio monetario educación. Se apoyó en el fallo CSJ SL4313-2021. Advirtió que si bien, la testigo Sandra Juliana López Pérez aseguró haber sido veedora de las contrataciones realizadas por el outsourcing, no pudo dar fe de la información brindada por las accionadas. Para el ad quem, el hecho de que el representante legal y dicha testigo conocieran la finalidad del auxilio monetario educación y el deber de su destinación específica, «no genera que la demandante tuviera el mismo conocimiento». Con base en una interpretación lógica, conforme el art.

28 del CC, afirmó que 13

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Radicación n.°97992 […] si la denominación del auxilio monetario al ser de “educación”, genera que su reconocimiento se debe direccionar a la destinación específica señalada, por lo tanto, por sentido común y bajo las reglas de la experiencia en otras situaciones de similar características previstas en otras empresas, si el empleador realizaba el pago mensual de dicho concepto, estaba a su cargo vigilar, validar y ejercer el control de dicha destinación, para que fuere creíble que dicho auxilio no era salario, sin que pudiera justificar su actuar en que se dejaba a la buena fe de la demandante, más aun cuando no existe prueba de haber sido informada la Sra. VIRGINIA FERNÁNDEZ MONTOYA de la finalidad y las condiciones de uso del auxilio. Señaló que el pacto no constitutivo de salario del referido auxilio cuyo pago se hizo en forma habitual, se tornaba sospechoso, porque de acuerdo con los folios 292 a 302, el 9 de septiembre de 2013, 26 de diciembre de 2014, 9 de febrero y 27 de diciembre de 2016, la accionante «eligió como beneficios extralegales, un “AUXILIO DE EDUCACIÓN OCASIONAL”» que fueron pagados simultáneamente con el auxilio monetario educación en los periodos de diciembre de 2015, abril de 2016 y marzo de 2017, según las planillas de pago de folios 350, 354 y 371. Acto seguido, anotó el siguiente cuestionamiento: «¿Si la demandante ya contaba con un Auxilio monetario educación en forma mensual,

porque percibiría ocasionalmente un nuevo auxilio destinado para el mismo fin?». También halló demostrado que una vez la actora dejó de percibir el auxilio monetario educación el 31 de mayo de 2017, «en forma inexplicable» obtiene en junio un incremento de su salario ordinario en una suma considerable, que pasó de $2.526.672 a $3.887.188, 14

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Radicación n.°97992 surgiendo una diferencia de $1.360.516, es decir, de casi el 50% del que devengaba para mayo del año en comento. Al comparar esa suma con el auxilio monetario educación que obtenía Fernández Montoya para mayo de 2017 ($1.546.453), concluyó que era «cercano al mismo». En cuanto a que el referido auxilio superaba el 40% del factor salarial, trajo varios apartes de la sentencia CSJ SL5159-2018, y acotó que lo pactado fue «significativamente elevado en comparación con el salario ordinario pactado por las partes, siendo dicho análisis un indicio» que permitía concluir que Sinergia Global pretendió disfrazar el carácter salarial del citado auxilio.

Luego expuso lo siguiente: En relación a la oposición relativa a la apreciación del documento de Word objeto de la prueba pericial, por tratarse de un documento con espacios en blanco, no suscrito entre las partes y no haberse acreditado que quienes realizaran los comentarios en el margen, fueran los competentes para emitir ese juicio, la sala considera que la Sra. Juliana Espinosa de la sociedad SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS sí tenía competencia para hacer ese tipo de pronunciamiento y en vista

que el dictamen pericial determinó que el susodicho documento era íntegro, autentico (sic) y original, sin que se haya modificado por parte de la demandante, para esta Corporación el mismo puede ser tomado como prueba, toda vez que el perito indicó que el autor del mismo era el Sr. KEVIN ROJAS BLANDÓN ARISTIZÁBAL y con el interrogatorio de parte del representante legal se esclareció que dicha persona pertenece a la sociedad SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS, por lo tanto, el comentario realizado por la Sra. Juliana Espinosa puede ser tenido como un indicio, por medio del cual se puede dar a entender que la entidad o por lo menos el área de Gestión Humana de la cual hacía parte las testigos, conocieron que el Auxilio monetario educación podía estar disfrazando su carácter salarial. 15

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Radicación n.°97992 Y no hay interpretación errada de la prueba aportada, cuando se afirma un hecho real como es, que existió un desmonte del sistema de compensación flexible, luego que el representante legal y las testigos aseguraron que en la actualidad no existe dicho sistema. En consideración a lo expuesto, para esta Corporación, el concepto de Auxilio monetario de educación retribuía en forma directa, el servicio prestado por la Sra. VIRGINIA FERNÁNDEZ MONTOYA e incrementaba su patrimonio, luego que la accionada no haya logrado demostrar un aspecto diferente. Con los fundamentos que tuvo en cuenta para reconocer la ineficacia del pacto de desalarización, confirmó la condena por la sanción moratoria prevista en el art. 65

del CST, al hallar plenamente demostrada la mala fe en el actuar de la parte accionada pues no existía prueba documental que acreditara los requisitos, finalidad, «uso y destinación» del auxilio de educación y que no se ejercieron controles de esto último, amén de la habitualidad del pago del auxilio en mención; que el dinero percibido con ocasión al concepto extralegal superó el 50% del salario devengado por la demandante; y que una vez dejó de percibir el mentado beneficio en mayo de 2017, sin explicación alguna, la demandada incrementó el salario ordinario. Revocó la condena por la indemnización prevista en el art. 99 de la Ley 50 de 1990, y en su lugar absolvió, al estimar que se condenó a Sinergia Global en Salud SAS al pago de un reajuste del auxilio de cesantía y no al de la prestación social por omisión en su pago por parte del empleador. 16

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Sinergia Global en Salud SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la casación de la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la del a quo y se absuelva de todas las pretensiones formuladas.

En subsidio, solicita que se case de manera parcial el fallo acusado, en cuanto a la condena al pago de la sanción moratoria, para que, en sede de instancia, se revoque «la absolución (sic) en lo relacionado a la pretensión de condena

al pago de la sanción moratoria por haber actuado de buena fe en la ejecución del contrato de trabajo». Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, replicados por la demandante, Porvenir SA y Coomeva EPS SA en Liquidación. Se estudiarán conjuntamente los dos primeros al dirigirse por la misma senda, denunciar similar elenco normativo y presentar igual argumentación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía directa, por interpretación errónea de los arts. 55, 127, 128 del CST

(modificados por los arts. 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, 17

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Radicación n.°97992 respectivamente), en relación con los arts. 1 y 18 de este mismo código y 83 de la CN. Afirma no discutir que Virginia Fernández celebró contrato de trabajo con Coomeva EPS que inició el 10 de septiembre de 2013, fue sustituido el 1 de junio de 2014 a Sinergia Global en Salud SAS, y que finalizó el 18 de julio de 2018 por renuncia voluntaria; que Coomeva EPS informó a la demandante sobre el plan de beneficios extralegales que conformaban la política de bienestar prestacional de la compañía, «consistente en beneficios no constitutivos de salario, al cual la demandante solicitó ser parte, mediante solicitud del 9 de septiembre de 2013. (iii) Que la señora Virginia solicitó el beneficio: “plan educativo auxilio monetario” y “aporte voluntario institucional”. (iv) Que en mayo de 2017 la señora Virginia solicitó a mi mandante

dejar de ser parte de la política de bienestar». Alega que el entendimiento que brindó el ad quem, no corresponde al que debe dársele a los beneficios extralegales que otorga el empleador por mera liberalidad, que no retribuyen el servicio prestado y que no son salariales, de conformidad con el alcance que se ha establecido de los arts. 127 y 128 del CST, y la jurisprudencia pacífica de las altas Cortes. Sostiene que es equivocado considerar que el beneficio extralegal consistente en el auxilio educativo era salarial, que retribuía el servicio prestado por entregarse de manera habitual a la demandante, y aducir que no se probó que la 18

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Radicación n.°97992 empleadora validara su destinación a estudios y, que no se socializó su finalidad, por cuanto son «requisitos que NO han sido exigidos por la jurisprudencia ni por la ley que deban ser cumplidos por parte del empleador para que un concepto laboral sea o no considerado salario». Asevera que esta Corporación ha enseñado que los requisitos para que un pago pueda ser considerado no salarial, son: «que las partes expresamente pacten su naturaleza no salarial y que no retribuya el servicio prestado ni enriquezca el patrimonio del empleado». Copia segmentos de la sentencia que identifica como «del 16 de septiembre de 1958» y CSJ SL, 8 mar. 2021, rad. 80775. En ese orden, asegura que a la demandante no le cancelaban dichos auxilios como contraprestación de sus servicios, pues hacían parte de un plan de beneficios

extralegales dirigidos a mejorar las condiciones y calidades de los colaboradores de la compañía, por lo que se pactó expresamente que, al no retribuir el servicio prestado, no eran factor de salario. Afirma que la norma no exige que para que un concepto no sea salario, el empleador deba realizar un seguimiento a su destinación, por lo que, estima, el Tribunal impuso una carga que no establece el art. 128 del CST, ni la jurisprudencia. Expone que fue la misma accionante quien escogió del portafolio, el beneficio que se ajustaba a sus contingencias y necesidades personales y familiares; que la empresa 19

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Radicación n.°97992 confió de buena fe en la destinación que le daba a dicho auxilio, por lo que, si n