CSJ - SL389-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL389-2023 Radicación n.° 73447 Acta 06 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 3 de junio de 2015, en el proceso ordinario laboral que instauró LEONIDAS ABRIL BARÓN contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Leonidas Abril Barón demandó a Sanofi Aventis de Colombia S. A., con el fin de que se declare la existencia de un vínculo laboral del 1 de octubre de 1984 al 19 de enero de 2001; igualmente deprecó el reconocimiento y pago, previo cálculo actuarial, de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, correspondientes al periodo

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Radicación n.° 73447 comprendido entre el «1º de septiembre de 1995 y el 19 de enero de 2001», teniendo en cuenta como ingreso base de cotización los salarios devengados para la época; y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones indicó que el 1 de octubre de 1984 inició una relación laboral con la sociedad Specia Rhone Poulenc – Rorer de Bogotá, posteriormente Aventis Pharma S. A., hoy Sanofi Aventis de Colombia S. A., la cual se mantuvo hasta el 19 de enero de 2001.

Precisó que en razón de la vinculación con «el grupo económico del cual forma parte la demandada» desempeñó el cargo de auxiliar contable para la sociedad Specia Rhone Poulenc – Rorer de Bogotá Colombia, hasta el 31 de diciembre de 1994; que el 1 de enero de 1995 fue transferido a la sucursal de Rorer Quito Ecuador, en el cargo de gerente administrativo hasta el 30 de junio de 1997; que el 1 de julio de 1997 lo trasladaron a la filial de Rorer Santiago de Chile y que allí estuvo hasta el 31 de diciembre de 1999; que desde el 1 de enero de 2000 hasta el 19 de enero de 2001 prestó sus servicios para Aventis Pharma S. A. en la ciudad de Caracas Venezuela, teniendo como último salario promedio mensual la suma de US$16.235,59. Manifestó que los aportes al sistema general de pensiones por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1984 y el 31 de mayo de 1995 fueron realizados al ISS, a través de la sociedad Specia, reconocida con números patronales 1003100249 y 860002955.

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Radicación n.° 73447 Afirmó que durante el tiempo que laboró «para Specia Rhone Poulenc - Rorer, posteriormente Aventis Pharma S. A., hoy Sanofi Aventis de Colombia S. A., en Ecuador, Chile y Venezuela», esto es, a partir del 1 de septiembre de 1995, acordaron a «título de salario mensual en nuestro país y durante la vigencia contractual», la suma de $1.380.000, la

cual debía «incrementarse anualmente de común acuerdo por las partes». Agregó que la accionada debió hacer los aportes a pensión en Colombia, con destino al ISS, entre el «1 de septiembre de 1995 y el 19 de enero de 2001»; sin embargo, al revisar la historia laboral expedida por Colpensiones, se podía apreciar que los pagos «fueron efectuados como trabajador independiente» y de manera extemporánea por parte de la demandada, evidenciándose la omisión del empleador, con el agravante de que muchas cotizaciones no fueron tenidas en cuenta por la administradora de pensiones. Refirió que el 16 de agosto de 2012 radicó ante el Ministerio del Trabajo una solicitud de conciliación con la accionada Sanofi Aventis Colombia S. A., sociedad que mediante oficio 14325-124201 del 24 de agosto de 2012 trasladó dicha solicitud a la UGPP, quien manifestó mediante comunicación del 21 de noviembre de 2012 no ser la competente para conocer del asunto. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones; y en cuanto a los

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Radicación n.° 73447 hechos, indicó que mediante conciliación celebrada en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá el 25 de mayo de 1995, se estableció que el accionante trabajó para Specia de Colombia en el lapso comprendido entre el 1 de octubre de 1984 y el 24 de mayo de 1995, relación que finalizó por renuncia del trabajador; que a partir del 1 de

enero de 1995 se vinculó con Specia de Ecuador hasta el 30 de junio de 1997; que entre el 1 de julio de 1997 y el 31 de diciembre de 1999 laboró con Specia de Chile; y que finalmente prestó servicios para Aventis Pharma de Venezuela, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 19 de enero de 2001. Así mismo, precisó que «el vínculo se da durante el lapso de tiempo señalado por el demandante, pero con compañías distintas». Seguidamente, refirió: […] el señor ABRIL BARON se vincula con SPECIA Ecuador en el que, a través de acuerdo de 30 de diciembre de 1994, se establecen las condiciones de prestación del servicio en SPECIA de Ecuador como trabajador expatriado, precisándose en dicho acuerdo que el salario le será pagado en Ecuador pues la prestación del servicio se dará en dicho país. Sin embargo, se acuerda dentro del numeral 2.2 de dicho acuerdo, que recibirá honorarios mensuales de $1.380.000 pesos a partir del 1 de septiembre de 1995, los cuales serán la base para la liquidación de aportes pensionales, pues, de hecho, así se estableció en el documento denominado CONDICIONES DE EXPATRIADO, en el que se señala que SPECIA pagará la afiliación del expatriado como residente en el extranjero (subrayado fuera de texto). Indicó que era cierto que el promotor del litigio se vinculó a Specia de Chile, mediante contrato de trabajo y que en la cláusula cuarta se estipuló que el empleador efectuaría las deducciones establecidas en las leyes vigentes, «(se

entiende las chilenas, pues allí prestará el servicio),

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Radicación n.° 73447 precisando que dichas deducciones se refieren a cotizaciones previsionales, isapre e impuestos». Expuso que el actor se vinculó con Aventis Pharma S.

A. de Venezuela mediante contrato de trabajo, el cual culminó el 23 de febrero de 2001, previa suscripción de un acuerdo transaccional entre trabajador y empleador.

Manifestó que en ninguna de las contrataciones realizadas en Chile y Venezuela modificaron las condiciones de expatriación acordadas con Specia de Colombia, según las cuales debía efectuar «el pago de aportes sobre la base de honorarios acordada con el Señor Abril Barón para el pago de su afiliación como trabajador independiente en el Sistema General de Pensiones en Colombia, esto es, por un valor de $1.380.000, a partir del mes de septiembre de 1995, reajustable anualmente». Precisó que la afiliación al ISS se ejecutó como trabajador independiente porque así quedó establecido en el documento denominado «CONDICIONES DE EXPATRIADO, la cual tuvo como base inicial de liquidación el valor equivalente a honorarios mensuales de $1.380.000 pesos». Expuso que era cierto que el demandante radicó solicitud de conciliación ante el Ministerio del Trabajo, la que se trasladó a la UGPP, quien indicó que no era competente porque «no se presentó omisión en la afiliación» al sistema de pensiones.

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Radicación n.° 73447 En su defensa propuso las excepciones que denominó:

inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, compensación, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 11 de abril de 2014,

resolvió:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA DENOMINADA LA (sic) EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, propuesta por la convocada a juicio atendiendo para ello todo lo expuesto en el cuerpo de esta determinación.

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior el despacho procede ABSOLVER a la demandada SANOFI – AVENTIS DE COLOMBIA S.A., de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, por la parte demandante.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, y a favor de la demandada. Se ordena que por secretaria se realice la respectiva liquidación fijando por concepto de agencias en derecho la suma de $500.000.oo CUARTO: De no ser apelada la anterior decisión súrtase el grado Jurisdiccional de Consulta ante el superior.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 3 de junio de 2015, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, decidió: PRIMERO: - REVOCAR el fallo apelado para en su lugar CONDENAR a Sanofi – Aventis de Colombia S.A., a pagar, como

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Radicación n.° 73447 empleador a favor de Leonidas Abril Barón, el cálculo actuarial que elabore COLPENSIONES, por concepto de las diferencias de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, de 01 de septiembre de 1995 a 19 de enero de 2001, teniendo como IBC (i) $2378.600.00 para 1995, (ii) $2842.500.00 para 1996, (iii) para 1997: $3116.191.00 en enero, $3053.783.00 en febrero, $3035.130.00 en marzo, $3038.443.00 en abril, $3028.475 en mayo, $3036.332.00 en junio, $3440.100.00 para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, (iv) $4076.520.00 para 1998, (v) $4729.200.00 para 1999, (vi) $5202.600.00 para 2000 y, (vii) $5720.000.00 para 2001. De ese cálculo la sociedad de seguridad social descontará los aportes efectivamente realizados a nombre del actor.

SEGUNDO: Sin costas en la alzada. Las de primera estarán a cargo de la demandada.

Al abordar el estudio de la apelación, el Tribunal precisó que el accionante afirmó en el «libelo incoatorio, que laboró para la sociedad convocada a juicio del 1 de octubre de 1984 al 19 de octubre de 2001. Al responder la demanda, la pasiva no negó la vinculación contractual»; que la accionada argumentó que el desarrollo del contrato se dio en los

siguientes términos: i) en el territorio nacional con Specia de Colombia en el lapso del 1 de octubre de 1984 al 24 de mayo de 1995, ii) con Specia de Ecuador entre el «1 de enero de 1995» y el 30 de junio de 1997, iii) con Specia de Chile desde el 1 de julio de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1999 y iv) con Aventis Pharma de Venezuela del 1 de enero de 2000 al 19 de enero de 2001. Igualmente, advirtió que Specia de Colombia acordó con el actor que, durante la ejecución de las labores desarrolladas en los países mencionados, pagaría los aportes a pensión en nombre del señor Abril Barón «en su condición de residente en el extranjero» (f.os 81 a 91).

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Radicación n.° 73447 Expuso que al estudiar el certificado de existencia y representación legal de la pasiva se encontraba que no estaba registrada la persona jurídica denominada Specia de Colombia; que Sanofi Aventis de Colombia S. A. se constituyó en 1995 como Hoeschst Marion Roussel S. A.; que en 1999 cambió su nombre al de Aventis Pharma S. A.; y que a partir del 2006 «asumió la razón social actual». Discurrió que «de lo expresamente aseverado por la enjuiciada, se infiere que el señor Abril Barón laboró para diferentes filiales del grupo farmacéutico fraco-aleman Sanofi -Aventis», hecho que se acreditaba con los medios de

convicción allegados al plenario, los cuales daban cuenta del vínculo inicial entre aquel y Specia de Colombia, sociedad con la que suscribió un acuerdo conciliatorio ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, por medio del cual finalizaron el contrato de trabajo que se desarrolló entre el 1 de octubre de 1984 y el «24 de mayo de 1995» (f.os 24 a 26). Indicó que antes de concluir la vinculación laboral con Specia de Colombia, mediante comunicación adiada el 30 de diciembre de 1994, la accionada le ofreció al actor una «misión en el extranjero de acuerdo a las políticas generales de Rhone Poulenc Rorer para desempeñar el cargo de gerente administrativo de la filial Specia de Ecuador, dependiendo de la gerencia general de aquel país pero siendo su empresa de origen Specia de Colombia»; que el salario anual sería la suma de 70.539.012.00 sucres, el cual se reajustaría de acuerdo con su desempeño y la normatividad de aquel país; que, además, recibiría «como honorarios» un rubro de

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Radicación n.° 73447 $1.380.000.00 pesos colombianos, a partir del 1 de septiembre de 1995; y que «asimismo, le indicó que acabada la misión, el contrato de trabajo en su país de origen sería el único documento válido» (f.os13 al 15). El Tribunal acotó que de las políticas generales de Rhone Poulenc Rorer denominadas «CONDICIONES DE EXPATRIADO» se establecía: […] la filial de origen sería Specia de Colombia, sin embargo, el

empleado dependería de la filial extranjera, no obstante, aquella lo mantendría afiliado, para fines de jubilación al trabajador expatriado en el sistema de seguridad social en pensiones o pagaría su afiliación como residente en el extranjero, además, finalizada la misión Specia de Colombia se encargaría de procurarle un nuevo puesto de trabajo. (f.os 18 a 22). Advirtió que en desarrollo de la misión el demandante laboró en Ecuador, Chile y Venezuela, teniendo como remuneración mensual 1.525.000.00 pesos chilenos, de acuerdo con el contrato celebrado en Chile (f.os 27 a 29) y de 5.000.000.00 de bolívares en Venezuela, como se acreditaba con la certificación expedida por Aventis Pharma (f.o 38). Seguidamente, el Tribunal hizo hincapié en que, si bien el artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, en tratándose de la aplicación de la ley laboral, contenía la regla lex loci solutionis, por lo que, en principio, la ley colombiana no regulaba los servicios prestados en el exterior, lo cierto era que en el caso bajo estudio las partes habían acordado que, «en desarrollo de las políticas generales de la compañía, que ésta continuaría con la afiliación al sistema realizando aportes a pensión a favor del trabajador expatriado, como residente

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Radicación n.° 73447 en el extranjero», tanto que el 27 de mayo de 2013, el representante legal de la demandada para asuntos laborales en Colombia radicó escrito ante Colpensiones informando que los aportes del señor Abril Barón correspondientes al

periodo comprendido entre septiembre de 1995 y diciembre de 2000, habían sido efectuados en su totalidad, razón por la cual debían figurar en la historia laboral del afiliado (f.os 93 a 96; 121 a 123). A continuación, recordó el rango de fundamental e irrenunciable del derecho a la seguridad social en pensiones (artículo 48 de la CP); así mismo destacó que Colombia suscribió convenios internacionales con el propósito de proteger a los trabajadores migrantes, especialmente, en pensiones (artículos 53 y 93 de la CP; CC C279-2004). Expuso que «atendiendo que la pasiva asumió en Colombia la obligación de sufragar los aportes para pensión del accionante», de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 127 del CST, debía establecer el Ingreso Base de Cotización, es decir, «la remuneración fija o variable y lo que recibe el trabajador en dinero o especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte». Al respecto, indicó que en el plenario estaba acreditado «un ingreso anual del trabajador en Ecuador de 70'539.012.00 e; ingresos mensuales de 1'525.000.00 pesos chilenos y de 5'000.000.00 de bolívares en Venezuela.

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Radicación n.° 73447 Adicionalmente, se estableció una suma mensual denominada "Honorarios en Colombia" de $1'380.000.00» (negritas del texto original). Afirmó que no era cierto lo asentado por la convocada

en la contestación de la demanda, en relación con el monto sobre el que estaba obligada a efectuar los aportes a pensión, dado que en la «cláusula 2,2» se estableció: 2.2. Honorarios en Colombia. Adicionalmente, a su salario base, recibirá honorarios mensuales de 1.380.000 pesos colombianos, durante el periodo que dure este contrato a partir del 01 de septiembre de 1995. Anualmente, habrá un incremento único al año, el cual se revisará de común acuerdo con la Dirección General del Ecuador. Seguidamente, examinó la historia laboral del accionante de la cual infirió que a partir de septiembre de 1995 se efectuaron aportes pensionales con base en los «honorarios adicionales, incrementados anualmente» hasta diciembre de 2000 (f.os 58 a 60). En consecuencia, dijo, procedía el cálculo actuarial a favor del señor Abril Barón porque se habían realizado los aportes «sobre un IBC inferior al que le correspondía». Así pues, para la respectiva liquidación determinó lo siguiente: Atendiendo el ingreso recibido en la moneda nacional de cada país de la filial extranjera, se efectuará la conversión de esos salarios a pesos colombianos, tomando como cambio de referencia la tasa del dólar norteamericano, fundamentada en la información contenida en los portales gubernamentales del Banco de la República de Colombia, Banco Central de Ecuador, Banco Central de Chile y Banco Central Banco Central (sic) de Venezuela, que informan la tasa de cambio de la moneda

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nacional respecto del dólar americano […]. Con fundamento en lo esbozado, estableció que el «ingreso real del trabajador en pesos colombianos» estaba constituido por el «salario mensual y los honorarios adicionales», cuyo cálculo arrojó los siguientes valores:

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Radicación n.° 73447 Indicó que, en armonía con lo dispuesto, en los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 314 de 1994, al devengar más de 20 SMMLV, la base de cotización debía limitarse a dicho monto, de ahí que los topes máximos de cotización se fijaban de la siguiente forma:

AÑO IBC

1995 $2'378.600 1996 $2'842.500 1997 $3'440.100 1998 $4'076.520 1999 $5'202.600 2000 $5'202.600 2001 $5'720.000 Así las cosas, adujo que como las cotizaciones se realizaron, a partir de septiembre de 1995, sobre los honorarios adicionales, ordenaba el pago completo de los aportes, sin superar el máximo de los 20 SMMLV a cargo de la accionada, en su calidad de empleadora y a favor del demandante, «con base en el cálculo actuarial que efectúe COLPENSIONES por concepto de las diferencias de aportes a pensión» desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 19 de enero de 2001, así: (i) con un IBC de $2'378.600.00, para 1995, (ii) $2'842.500 para

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Radicación n.° 73447 1996, (iii) para 1997, $3'116.191.00 en enero, $3'053.783.00 en febrero, $3'035.130.00 en marzo, $3'038.443.00 en abril, $3'028.475 en mayo, $3'036.332.00 en junio, $3'440.100 para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, (iv) $4'076.520 para 1998, (v) $4'729.200 para 1999, (vi) $5'202.600 para 2000 y, (vii) $5720.000 para 2001. Finalmente, autorizó descontar del cálculo actuarial los aportes efectivamente sufragados. Frente a las excepciones propuestas señaló que no tenían vocación de prosperidad; en cuanto a la prescripción, consideró pertinente recordar que el derecho a la seguridad social era irrenunciable y que, en consecuencia, las pensiones y los aportes destinados a conformar la mesada gozaban de la condición de imprescriptibles.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado y provea en costas como corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos, frente a los que se presenta réplica. Por razones de método se abordará

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Radicación n.° 73447 inicialmente el estudio del primer cargo y, luego, de ser

necesario, se hará con el segundo.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia por vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 18 y 33 de la Ley 100 de 1993; 9 de la Ley 797 de 2003; 2 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 48, 53 y 93 de la Constitución Política; el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social; el Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez de 1991; y la Declaración Iberoamericana

de Seguridad Social de Buenos Aires. Se atribuye al sentenciador la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la sociedad Specia Colombia se comprometió a pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones del actor tomando como Ingreso Base de Cotización el salario que devengara por los servicios

prestados a Specia Rhone PoulencRorer de Quito, Specia Rhone PoulencRorer de Santiago de Chile, y Aventis Pharma S.A. de Caracas.

2. No dar por probado, estándolo, que la demandada se comprometió a pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones del demandante tomando como Ingreso Base de Cotización la suma de $1'380.000, acordada como honorarios.

3. No dar por demostrado, estándolo, que en el contrato de trabajo que el actor celebró con Rhone Poulenc Rorer S.A. en Santiago de Chile el 26 de mayo de 1997, se pactó que la empleadora descontaría de las remuneraciones del trabajador las deducciones para cotizaciones previsionales.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante

declaró a paz y salvo a las sociedades Rhone PoulencRorer International S.A. y Aventis Pharma International S.A. y a sus matrices, filiales y relacionadas por sus actividades iniciadas el 1 de octubre de 1984 y finalizadas el 19 de enero de 2001.

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5. No tener por acreditado, a pesar de estarlo, que el vínculo laboral entre el actor y la sociedad Specia se terminó en forma legal el 24 de mayo de 1995 por renuncia del trabajador.

6. No dar por probado estándolo, que el actor declaró en paz y a salvo a la empresa por concepto de los aportes a la seguridad social por el período que trabajó en Venezuela.

Afirma la recurrente que los yerros son consecuencia de la errada valoración de las siguientes pruebas:

1. Comunicación dirigida a la Gerencia de Aportes y Recaudos de Colpensiones por Leonardo Alonso Peinado Pérez. (Folios 121 a 123).

2. Acta de Audiencia Pública Especial de Conciliación del 25 de mayo de 1995. (Folios 24 a 26 y 109 a 111).

3. Políticas Generales de Condiciones de Expatriado (Folios 19 a 22).

4. Contrato de trabajo celebrado entre el actor y Rhone Poulenc Rorer S.A. en Santiago de Chile el 26 de mayo de 1997.

(Folios 106 a 108).

5. Oferta para misión en el extranjero efectuada al actor.

(Folios 13 y 15). Así mismo, como medios de convicción dejados de valorar denuncia los siguientes:

1. Acta de conciliación celebrada entre el actor y Aventis Pharma S.A. el 23 de febrero de 2001. (Folios 112 a 120).

2. Documento de folios 30 a 35 y su traducción, que obra de folios 211 a 216.

La censura señala que la conclusión del Tribunal según la cual la empresa está obligada a pagar las cotizaciones para pensión del actor tomando para el efecto como ingreso base de cotización el salario que devengó en cada una de las relaciones laborales que sostuvo en Ecuador, Chile y Venezuela «luego de que la que tuvo en Colombia finalizara el

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Radicación n.° 73447 24 de mayo de 1995» es equivocada, toda vez que lo que está acreditado es que, «si bien se comprometió a pagar los aportes del actor como residente en el extranjero, nunca se obligó a hacerlo con base en el salario que devengara en las relaciones laborales que este tuviera fuera del país», sino por la suma de $1.380.000, cifra que le sería pagada por concepto de honorarios en Colombia, por el periodo que estuviera fuera del país, a partir del 1 de septiembre de 1995. Expone que en la «oferta para misión en el extranjero» (f.º 13) se precisó que el demandante tendría dos remuneraciones totalmente independientes: «una por concepto de salario anual en el Ecuador de 70.539.012 sucres que, obviamente, retribuiría el servicio prestado en ese país; y (i) una suma por honorarios en Colombia»; por tanto, «no tendría relación con el servicio prestado en el exterior», por lo

que la suma que puede ser tenida en cuenta para efectos del pago de los aportes al sistema pensional es la «que se causaba y se pagaba en el país». Agrega que no se comprometió a pagar los aportes «con base en una suma constitutiva de salario que no retribuía servicios prestados en el país», la cual no se sufragaba en Colombia y, además, «no tenía ninguna relación directa o indirecta con servicios aquí prestados». Con relación al documento denominado «Políticas Generales de Condiciones de Expatriado» (f.º 19) dice que de este escrito se desprende que la sociedad Specia Colombia tenía como política, respecto de los expatriados, mantenerlos afiliados al sistema solamente para fines de jubilación «o pagar la afiliación que hiciera el expatriado como residente en

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Radicación n.° 73447 el extranjero». Añade que el Tribunal no se percató de que «de esa prueba no se deduce» que el pago de los aportes tuviese que hacerse sobre las sumas que el expatriado recibía por los servicios prestados en el extranjero. Por el contrario, afirma, lo que demuestra es que el trabajador enviado en misión dependía de la filial extranjera, lo que incluye todos los asuntos relacionados con su relación laboral y las obligaciones que de ella surgieran, como el pago de los aportes a la seguridad social en el respectivo país. Indica que no tiene sentido que la sociedad se hubiera comprometido a efectuar un doble pago de aportes con la misma suma respecto de un expatriado: «uno en el país de origen y otro en el de prestación de servicios». Respecto al contrato de trabajo celebrado entre el actor

y Rhone Poulenc Rorer S. A. en Santiago de Chile, suscrito el 26 de mayo de 1997 (f.º 106), aduce que el sentenciador omitió valorar la cláusula cuarta, en la cual el actor acordó que de las remuneraciones que recibiera, «su empleadora haría las deducciones para pagar las cotizaciones previsionales»; por tanto, por el tiempo que laboró el accionante en Chile, los aportes a la seguridad social debían ser pagados con base en el salario pactado en el contrato de trabajo, razón por la cual «no podía hacerse una doble cotización, una en Chile y una adicional en Colombia». Itera que del contrato no es posible concluir algo distinto a que «por las sumas pagadas por concepto de salario por los servicios prestados en Chile solamente podían pagarse

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Radicación n.° 73447 aportes a la seguridad social en ese país, por haberlo así pactado el propio demandante». Arguye que el «documento obrante a folios 30 y 35», cuya traducción aparece a folios 211-216, confirma que el demandante aceptó que el contrato de trabajo se regiría por las leyes chilenas y, por consiguiente, no sería permitido «acumular ventajas por el uso de ambas leyes» (f.º 215); el propio actor fue quien decidió que sus cotizaciones, por el trabajo ejecutado en Chile, se hicieran «con el salario allí devengado, lo que indica que no podía servir de base para la cotización como residente en el extranjero en Colombia». Con relación al «Acta de Audiencia Pública Especial de

Conciliación» del 25 de mayo de 1995 (f.os 24-26 y 109-111), argumenta que el sentenciador no valoró, la cual acredita que el contrato fue terminado legalmente el 24 de mayo de 1995, lo que se infiere es que después de esa fecha, el señor Abril no tenía ningún contrato de trabajo vigente en Colombia; de manera que no recibiría ninguna retribución salarial por servicios prestados en este país y, por ello, no era posible que se pagaran cotizaciones a la seguridad social sobre sumas que no se estaban recibiendo en el territorio colombiano, como las devengadas por el trabajo efectuado por el accionante en el exterior». Que de haber valorado la referida acta habría concluido que el actor «solo tenía derecho a que se efectuaran aportes por las sumas efectivamente recibidas en Colombia, vale decir, las pagadas a título de honorarios, mas no por las que le

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Radicación n.° 73447 fueron reconocidas como salario en otros países». En cuanto a la comunicación dirigida a la gerencia de Aportes y Recaudos de Colpensiones por Leonardo Alonso Peinado Pérez (f.º 121) manifiesta que fue apreciado parcialmente, porque solo tuvo en cuenta que el representante legal de la pasiva radicó escrito ante Colpensiones informando que los aportes de septiembre de 1995 a diciembre de 2000 se efectuaron en su totalidad y, por tanto, debían reflejarse en la historia laboral; pero el colegiado no tuvo en cuenta que allí se afirma «que el señor Abril Barón es extrabajador de la compañía (Folio 121) Aventis-Sanofi y que las cotizaciones que no son cabalmente

reflejadas se hicieron como trabajador independiente (folios 121,122 y 123)»; y que de haber tenido en cuenta esa circunstancia, habría concluido que «esas cotizaciones no podían tener como ingreso base de cotización un salario, pagado en Colombia o en el extranjero», por ser evidente que el afiliado ya no era trabajador; y, como independiente, la base de cotización debía estar constituida por honorarios, esto es, la suma de $1.380.000, que fue por la que efectivamente se hicieron las cotizaciones. Aduce que el sentenciador no valoró el acta de conciliación celebrada entre el actor y Aventis Pharma S. A. el 23 de febrero de 2001 (f.º 112), la cual informa acerca de que el demandante concilió «todos los posibles reclamos que tuviera por razón de la prestación de sus servicios en Venezuela, y en todos los países en los que trabajó para sociedades filiales o vinculadas a la demandada, incluyendo,

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Radicación n.° 73447 desde luego, las relativas al pago de aportes a la seguridad social»; por tanto, el promotor del pleito no tiene ninguna razón al pretender que se le cancelen aportes a la seguridad social frente a los cuales en forma expresa manifestó que no existía ninguna inconformidad y, «por consiguiente, se configuró la cosa juzgada respecto de ese derecho, por haber sido materia de un acuerdo conciliatorio».

VII. RÉPLICA Señala el opositor que, contrario a lo alegado en la demanda de casación, el sentenciador, con fundamento en el

acervo probatorio, estableció que la demandad