CSJ - SL399-2024

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL399-2024 Radicación n.° 97797 Acta 07 Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación que HUMBERTO LÓPEZ CORONADO interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales profirió el 27 de enero de 2023, en el proceso que instauró contra la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE

CALDAS S.A. E.S.P. – CHEC S.A. E.S.P.

I. ANTECEDENTES Humberto López Coronado demandó a la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. (en adelante Chec S.A.), con el fin que se le ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional, junto con el retroactivo, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el valor de las mesadas que

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Radicación n.° 97797 eventualmente se declararan prescritas a título de indemnización por el no pago de la prestación. Fundamentó sus peticiones en que nació el 20 de diciembre de 1962; laboró en la entidad a través de 3 contratos de trabajo a término fijo por 6 meses desde (i) el 21 de octubre de 1985, (ii) el 21 de abril y (iii) el 21 de octubre de 1986 y el último a término indefinido a partir del 21 de abril de 1987. Refirió que el 14 de enero de 1991 se afilió al Sindicato

de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – Sintraelecol (subdirectiva Caldas), y desde entonces se ha beneficiado de las diferentes convenciones colectivas celebradas entre la organización y la Chec S.A. Afirmó que en el acuerdo vigente 1988-1989 se estableció el derecho a una pensión de jubilación para los trabajadores vinculados a la empresa a 31 de diciembre de 1987, siempre que hubieran prestado 20 años de servicios y llegaran a los 55 de edad. Aseguró que esa norma fue ratificada en diferentes instrumentos posteriores suscritos por la empresa y el sindicato. Señaló que tal edad la cumplió el 20 de julio de 2017, fecha en la que acreditó los dos requisitos para adquirir la pensión de jubilación convencional. Adujo que el 29 de abril de 2021 solicitó a la empresa el reconocimiento del derecho; no obstante, fue negado

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Radicación n.° 97797 mediante comunicación de 5 de mayo siguiente, con el argumento de que no se pactó que la edad pudiera cumplirse después de las fechas previstas por el Acto Legislativo 01 de 2005. Al contestar la demanda, la Chec S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con los contratos de trabajo suscritos con el demandante, la celebración de las convenciones colectivas y las fechas de (i) nacimiento del trabajador, (ii) afiliación al sindicato y (iii) presentación de la reclamación y su respuesta negativa. De los demás, dijo

que no eran ciertos. Expuso que a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 no había regímenes especiales o exceptuados ni podían establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno condiciones pensionales diferentes a las previstas en las leyes del Sistema General de Pensiones, las que, en todo caso, perderían vigencia el 31 de julio de 2010. En su defensa, propuso las excepciones de buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, inexigibilidad de la prestación reclamada y compensación. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, mediante fallo de 30 de noviembre de 2022, declaró

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Radicación n.° 97797 probada la excepción de cobro de lo no debido y, en consecuencia, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación presentada por el demandante, a través de sentencia de 27 de enero de 2023, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó la decisión de primera instancia.

El Tribunal sostuvo que no existía discusión: i) que Humberto López Coronado, nació el 20 de diciembre de 1962, como se extrae de la fotocopia de la cédula obrante a página 65 del archivo “02EscritoDemanda.pdf”; ii) que tuvo varios contratos de trabajo a término fijo con la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC S.A. E.S.P, iniciando el 21 de

octubre de 1985 hasta el 20 de abril de 1987 y uno a término indefinido que inició el 21 de abril de 1987, tal como se deriva de los contratos que obran en folios 55 a 63 Ib.; iii) que se encuentra afiliado a la organización sindical SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS, desde el 14 de enero de 1991, conforme certificación visible a folio 64 Ib.; iv) que en el mes de abril de 2021, solicitó la pensión convencional ante la CHEC S.A. E.S.P., pero le fue negada mediante oficio No.20210230004129 del 05 de mayo de 2021, conforme a lo visible en folios 43 a 55 del archivo denominado “02EscritoDemanda.pdf”; v) que la CHEC S.A. E.S.P. y la organización sindical SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS, celebraron sendas convenciones colectivas, así: 19881989; 1990-1991; 1992-1994; 1994-1996; 1996-1997; 19981999; 2000-2001; 2002-2004; 20052012; 2013-2017; 20182021; vi) que López Coronado cumplió 20 años al servicio de la CHEC S.A. E.S.P. el 21 de octubre de 2005 y arribó a los 55 años el 20 de diciembre 2017. A continuación, refirió que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si el trabajador causó el derecho a la pensión de jubilación convencional, a pesar de que cumplió la edad con posterioridad al 31 de julio de

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Radicación n.° 97797 2010, para en caso positivo, definir si debían imponerse las condenas solicitadas. Sostuvo que de conformidad con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo la convención es un acuerdo vinculante que nace de una negociación colectiva y fija las condiciones que regirán los contratos o relaciones de trabajo durante su vigencia, para lo cual regulan la prestación de servicios superando el mínimo de garantías que el ordenamiento jurídico le reconoce a los trabajadores, contiene derechos y deberes y su cumplimiento es obligatorio para las partes que la suscriben, por lo que tiene un carácter esencialmente normativo, tal y como lo ha adoctrinado la Corte, por ejemplo en la sentencia CSJ SL4255-2021 en la que precisó su finalidad. Explicó que en providencia CC SU-241 de 2015, la Corte Constitucional precisó que su texto debía ser interpretado como norma jurídica, máxime si de aquella se derivaban derechos y obligaciones para las partes firmantes y eventualmente a los trabajadores de la empresa, en los términos del artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo. Seguidamente, recordó que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que las pensiones convencionales perderían su vigencia, a excepción de los derechos adquiridos, por lo que la fecha límite para lograr el cumplimiento de las exigencias era el 31 de julio de 2010 y después no podían estipularse condiciones más favorables que las consagradas en el Sistema General de Pensiones.

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Adujo que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que, en los eventos en que la convención pactada por las partes se encontrara vigente al momento de expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, cualquiera que fuera el motivo para ello, la extinción de las cláusulas pensionales allí convenidas solo se daría al vencimiento del plazo o de las prórrogas automáticas producidas por mandato del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, o por la firma de una nueva, pero advirtiendo que en todo caso perdían aplicación el 31 de julio de 2010 (CSJ SL25432020). Frente al caso concreto, aseguró que la Convención Colectiva de Trabajo que dio origen al derecho, fue la celebrada para la vigencia 1988-1989 en la que se indicó: CLAUSULA [sic] 51 –JUBILACIÓN: La empresa reconocerá a los trabajadores que se encuentren laborando en ella a 31 de diciembre de 1987 y que hayan prestado sus servicios durante veinte (20) años continuos o discontinuos al servicio exclusivo de la CHEC, la pensión de jubilación a los 55 años de edad. En caso de que la legislación laboral varíe los requisitos necesarios para adquirir este derecho, aumentándolos, la empresa aplicará las nuevas disposiciones legales, para los trabajadores que ingresen a ella a partir del primero (1º) de enero de 1988 […]. De ahí, concluyó que la prestación se pactó exclusivamente en favor de quienes cumplieran 20 años de servicios en la Chec S.A. y 55 de edad, «[…] sin que se desprenda de su interpretación literal, que las partes en uso

de la libertad y autonomía hubieran acordado que dicha

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Radicación n.° 97797 prestación se causaría, inexorablemente, con el tiempo de servicio y sin ninguna consideración a la edad». Reiteró que en su cláusula 51, dichos requisitos se pactaron de forma concomitantes y no, como lo afirma el apelante, la edad como de exigibilidad. Apoyó su argumento en la sentencia CSJ SL1636-2022. Complementariamente, expuso que no había prueba que demostrara que para la vigencia 2004-2005 existiera alguna convención que estuviera surtiendo efectos para el 25 de julio de 2005; tampoco que existiera denuncia en los términos del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, que hubiera operado la prórroga automática como lo consagra el 478 de la misma disposición. Así las cosas y en atención a que el demandante cumplió la edad con posterioridad al 31 de julio de 2010, su derecho no se causó dentro del límite temporal previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, de ahí que tenía una mera expectativa que no llegó a consolidarse. Finalmente, citó el fallo CC SU-165 de 2022 en la que se analizó un caso de similares connotaciones fácticas y el principio de favorabilidad, para concluir que era necesario que la convención admitiera más de una interpretación que permitiera la adquisición del derecho. Sin embargo, este no era el caso, porque en el litigio emerge un solo entendimiento que, sin lugar a equívocos,

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Radicación n.° 97797 permite considerar la edad como un requisito de causación y no de exigibilidad que se pueda cumplir con el paso del tiempo, incluso después del 31 de julio de 2010, lo cual se acompasa con el principio general del derecho «[…] donde no hay ambigüedad, no cabe interpretación».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado y conforme a los alcances y limitaciones del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque el fallo del juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que son replicados y se resuelven de manera conjunta pues, aunque se dirigen por diferentes vías, presentan unidad argumentativa, se complementan y pretenden el mismo fin.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes disposiciones:

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Radicación n.° 97797 Artículos 467, 468, 469, 470, 476, 467, 478 del Código Sustantivo del Trabajo, 470 del mismo modificado por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965; 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; artículos 164, 165,

167, 170, 176, 279, 243, 244, 250 del Código General del Proceso. Como consecuencia de la violación indicada la sentencia infringió también los artículos: 1, 19, 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 de la ley [sic] 33 de 1.985; parágrafo 3º del artículo 1 Acto Legislativo No. 1 de 2005; 142 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 8° y 16 de la Ley 153 de 1887; 23, 29, 48, 53 y 55 de la Constitución Nacional; 17, literal b), de la Ley 6ª de 1945; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, expedido por el Instituto de Seguros Sociales y aprobado por el Decreto 3041 del mismo año; 1º y 12 de la Ley 6ª de 1945; 72, 73 y 76, inciso 2°, de la ley 90 de 1946; 19, 127 (Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990); 1º y 2° de la Ley 4ª de 1966; 11, 12, 14 y 57 del Acuerdo 224 de 1966 (aprobado por el Decreto 3041 de 1966); 70 a 75 del Decreto 1848 de 1969; 5° de la ley 4ª de 1976; 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado mediante Decreto 2879 del mismo año; 1,3 y 10 de la ley 33 de 1.985; 5, 12 y 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por Decreto 758 del mismo año; 11, 17, 18, 19, 22,

33, 36, 50, 143 y 289 de la Ley 100 de 1993. Señala que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1) No dar por demostrado, estándolo, que el actor era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, firmada

entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA

ELECTRICIDAD DE COLOMBIA – SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS y la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P. desde el [sic] la anualidad 19881989 hasta la fecha. 2) No dar por demostrado, estándolo, que la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre el SINDICATO DE

TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA –

SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS y la CENTRAL HIDROELECTRICA [sic] DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P. mencionada, en su artículo 51 estableció una pensión de jubilación convencional. 3) Dar por demostrado, sin estarlo, que en la citada clausula [sic] convencional, determino [sic] que la edad era un requisito

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Radicación n.° 97797 obligatorio que se debía cumplir simultáneamente con el tiempo de servicio para poder reclamar la pensión convencional. 4) No dar por demostrado, estándolo, que la edad solo era una mera condición de exigibilidad para adquirir la pensión convencional. 5) No dar por demostrado, estándolo, que el actor entro [sic] a laborar en la empresa demandada antes del 31 de diciembre

de 1987. 6) No dar por demostrado, estándolo, que el actor cumplió el tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 31 de 2005 (31 de julio de 2010). 7) No dar por demostrado, estándolo, que en materia laboral existe en [sic] principio de favorabilidad y dando alance [sic] a este, el ad-quem puede acudir a normas supletorias. Asegura que ellos ocurrieron por la apreciación errada de las siguientes pruebas: 1) Certificación expedida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA – SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS sobre la afiliación del demandante a la organización sindical. 2) Copia del contrato de trabajo. 3) Copia de la cedula de ciudadanía. 4) Convenciones colectivas celebradas entre el SINDICATO

DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA –

SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS y la CENTRAL HIDROELECTRICA [sic] DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P. con las respectivas notas de depósito. Para fundamentar el cargo, empieza con la trascripción del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo y una amplia explicación relacionada con el objetivo y los propósitos que se persiguen a través de la firma de una convención.

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Radicación n.° 97797 Luego, indica que mediante el Acto Legislativo 01 de 2005, se efectuaron adiciones y aclaraciones al artículo 48 de la Constitución Política. Asegura que los fundamentos constitucionales y

legales que han llevado a esta Corte a determinar que una persona tiene derecho a reclamar la pensión convencional con posterioridad al 31 de julio de 2010, han sido amparados por los principios de favorabilidad y de la condición más beneficiosa (artículos 48 y 53 constitucional), y el entendimiento de que la convención es una fuente formal y autónoma de derecho, tal como se destacó en la sentencia proferida el 1.º de junio de 1983, que no identificó con su número de radicación. Enseguida, resalta la importancia que los diferentes doctrinantes dan al carácter de ley de los acuerdos convencionales, por tener elementos semejantes, partiendo de que estos regulan los componentes técnicos de las relaciones laborales, «[…] por lo que su importancia se da en una mayor proporción normativa al ordenar el régimen del trabajo, otorgándole un carácter de mandamiento general abstracto por los temas que regulan y por las autoridades que las sancionan, revirtiéndoles un carácter de legalidad, pues la consecuencia lógica de su incumplimiento son unas consecuencias semejantes a las de la Ley». A continuación, expone que: Conforme a lo previamente mencionado, al ser la Convención Colectiva de Trabajo una fuente de derecho y darse como una

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Radicación n.° 97797 verdadera Ley en sentido formal, se abre la posibilidad de que, a pesar de que esta no produce una innovación en el ordenamiento jurídico por vía general, sí lo hace de forma restringida y particular frente a los sujetos que hacen parte de la Convención Colectiva, y sus efectos se dan como un creador

de derecho objetivo, pese a que no se tenga la facultad de poder legislativo, soportándose aún más en el inciso final del artículo 53 de la Constitución, al establecer que "la ley, los contratos los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores", lo cual expresa que siempre y cuando no se menoscaben los derechos mencionados inherentes a las personas, tendrá un carácter similar al de la Ley. Transcribe apartes de la sentencia CC SU-241 de 2015 para resaltar el carácter de fuente formal de derecho de las convenciones y el deber de interpretación bajo el principio de favorabilidad, que no es nada diferente a la obligación que tienen quienes administran justicia, de optar siempre por la situación más beneficiosa al trabajador, en caso de que exista algún tipo de duda. Recalca la importancia de acudir al principio de la condición más beneficiosa (sentencia CC C-168 de 1995) y manifiesta que es importante resaltar que en la jurisprudencia de esta Sala (CSJ SL1870-2020), «[…] la pensión de jubilación se puede llegar a reclamar con el tiempo de servicio y la edad, dependiendo de cada caso y de la interpretación que se le dé al articulado convencional, donde no necesariamente es un requisito para su consolidación», por lo que en ciertos casos, el otorgamiento de la prestación requerida no puede verse menguado o afectado por lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, pues se debe dar al amparo del principio de favorabilidad.

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Dice que, en dicha sentencia, pese a que en la convención se requiere el cumplimiento de ambos requisitos, de conformidad con el inciso segundo de la mencionada norma, quien cumple con los 20 años de servicios tiene la posibilidad de retirarse hasta llegar a la edad, por lo que con el primero se adquiere el derecho. Insiste en que según la jurisprudencia, hay dos pilares fundamentales para aplicar el principio de favorabilidad, «i) la obligación de los jueces de la República de someterse en sus decisiones al derecho, bajo la idea de la fuerza material de ley de las convenciones colectivas y su carácter de acto solemne, y (ii) la obligación de los jueces de la República de aplicar las garantías constitucionales de la igualdad formal ante la ley y el principio de favorabilidad laboral en caso de duda en la interpretación de las disposiciones de las convenciones colectivas». Por lo tanto, en el presente caso, es imperioso para los jueces aplicar las garantías constitucionales de la igualdad formal ante la ley y el principio de favorabilidad laboral. Como respaldo, cita las sentencias CSJ SL3343-2020, CSJ SL3329-2021 y CSJ SL661-2021, en las que se consideró que el requisito de la edad era de exigibilidad del derecho y no de causación, y como en este asunto los 20 años de servicios se cumplieron antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no es posible aplicar las restricciones impuestas para acceder al reconocimiento del derecho.

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Radicación n.° 97797 Para finalizar, efectúa las siguientes reflexiones:

Es por tanto que se considera el sentenciador de alzada vulneró los artículos 467, 468, 469, 470, 476, 467, 478 del Código Sustantivo del Trabajo al considerar que la convención Colectiva de Trabajo no es una fuente formal de derecho y al no haber hecho un análisis a fondo de la intención de las partes en el presente caso, pues de haberlo hecho en esta forma la aplicabilidad de dicho caso se cumpliría pues el demandante acreditó el tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia del mencionado Acto Legislativo, por lo que debería aplicársele el principio de favorabilidad para acceder a la pensión convencional reclamada. Respecto de los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, el ad quem, en primera medida es dable manifestar que no se analizaron la totalidad de las pruebas allegadas adecuadamente conforme se debieron haber analizado por lo manifestado anteriormente, además de que no se aplicó adecuadamente un convencimiento inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la prueba atendiendo las diferentes circunstancias del pleito. Frente al artículo 8 de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, es claro que al no haber una ley exactamente aplicable al presente caso, se deberá dar aplicabilidad a las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto a la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.

VII. RÉPLICA La Chec S.A. indica que este cargo incurre en defectos técnicos insubsanables pues, se formuló por la vía

indirecta; no obstante, aduce aspectos jurídicos. Igualmente, sostiene que, […] en una misma acusación, se observa que incluye dentro de la proposición jurídica los artículos “60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; artículos 164, 165, 167, 170, 176, 279, 243, 244, 250 del Código General del Proceso”, sin embargo, no cumple con el deber de denunciar tales disposiciones bajo la modalidad de “violación de medio”, pues

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Radicación n.° 97797 por sabido se tiene que en Casación Laboral está permitida la acusación de disposiciones adjetivas como violación de medio derivada de la afectación de preceptivas sustanciales, debiendo el impugnante demostrar la transgresión de la norma procesal y el modo en que este proceder afectó la disposición sustancial, lo cual no hizo. Refiere que el recurrente olvidó que cuando el ataque se dirige por la senda fáctica debe mencionar (i) los errores de hecho o de derecho que existan, (ii) las pruebas que no fueron apreciadas por el fallador o cuáles no valoró en debida forma y su razón, y (iii) cómo esa omisión o errada valoración probatoria lo condujo a los desatinos y explicar de forma clara lo que la norma en realidad acredita. Así las cosas, afirma que la sustentación del cargo constituye un alegato de instancia en el que no se observa un discurso coherente dirigido a minar el eje fundamental de la sentencia de segunda instancia.

Por otra parte, sostiene que el Tribunal no cometió ningún desatino fáctico o jurídico, pues esta Corte tiene dicho que los efectos de las cláusulas convencionales no pueden extenderse más allá de 31 de julio de 2010, pero que si la norma colectiva así lo dispuso, debía respetarse en atención a la voluntad de las partes y la garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo con las reglas del pacto suscrito. Afirma que el fallador indicó que en el expediente no había prueba que demostrara que para la vigencia 20042005 existía convención que se encontrara surtiendo efectos para el 29 de julio de 2005 y que tampoco operó la

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Radicación n.° 97797 prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, porque las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 del mismo estatuto, argumentos que no fueron controvertidos por el demandante. Manifiesta que la cláusula 64 de la Convención celebrada para el período 2005-2012 estipuló que todas las anteriores perdieron su vigencia y que, aun cuando hubiera operado la prórroga automática, su operatividad se extendió hasta el 31 de julio de 2010. Indica que la pensión de jubilación convencional no ingresó al patrimonio del demandante como un derecho adquirido, en la medida que, si bien los 20 años de servicios los cumplió el 21 de octubre de 2005, lo cierto es que el requisito de la edad lo acreditó el 20 de julio de 2017. Ello

sumado al hecho que para la fecha en que se suscribió la Convención Colectiva 1988-1989 el trabajador contaba con poco más de dos años al servicio de la empresa; luego, no tenía una expectativa legítima frente a la prestación. Destaca que la cláusula convencional estableció que la pensión de jubilación sería para quienes cumplieran el tiempo de servicios y la edad correspondientes, sin que la intención de las partes hubiera sido que el primero de los requisitos se tuviera como único de causación, pues así lo hubieran plasmado explícitamente, pero ello no ocurrió.

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Radicación n.° 97797 En esa medida, expone que no existen dos interpretaciones válidas para la cláusula convencional, toda vez que el texto es claro e inequívoco, y no es posible invocar el principio de favorabilidad. Asegura que esta Corporación dispuso que el juez no tiene la función de fijar el sentido de las cláusulas convencionales, pues, en principio, son las partes a quienes les corresponde determinarlo. Menciona que no es aplicable el principio de la condición más beneficiosa y que el cambio normativo que se implementó con el Acto Legislativo 01 de 2005 no se dio de manera abrupta, pues consagró un término para que los afiliados pudieran cumplir con los requisitos para causar la prestación. Finalmente, asegura que el cargo no está llamado a prosperar, en tanto, […] como atinadamente lo concluyó el sentenciador de segundo grado, tres eran las condiciones para la estructuración del beneficio pensional: (i) encontrarse vinculado a CHEC S.A.

E.S.P. a 31 de diciembre de 1987, (ii) haber prestado servicios exclusivos a CHEC S.A. E.S.P. durante veinte (20) años continuos o discontinuos y (iii) que el trabajador arribara a la edad de 55 años; requisitos acumulativos, que, imperativamente, debían concurrir antes del 31 de julio de 2010, por cuanto no se probó que para la vigencia 2004 – 2005 existiera convención alguna o que se encontrara surtiendo efectos para el 29 de julio de 2005 y cuyo plazo inicialmente pactado aún no culminara, como tampoco que operó la prórroga automática del artículo 478 C.S.T., porque las partes no presentaron denuncia en los términos del artículo 479 ibidem.

VIII. SEGUNDO CARGO

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Radicación n.° 97797 Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, de los artículos 1º, 13, 25, 41, 49, 53 y 93 de la Constitución Política, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, «Ley 74 de 1968», 9º de la Ley 16 de 1972 y 44 de la Ley 153 de 1887. Argumenta que el Tribunal dejó de aplicar las pautas jurisprudenciales en materia de pensiones de jubilación convencionales, para lo cual acudió a lo dicho por esta Corte en las sentencias CSJ SL3343-2020 y CSJ SL33292021.

Posteriormente señala:

De esta forma, se reitera que para este caso la edad es un requisito de exigibilidad de la pensión, la cual se causó desde el cumplimiento efectivo del tiempo de servicios, mucho antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, dando lugar al quiebre de la decisión definida por parte del Tribunal donde el requisito de la edad, al ser de exigibilidad, se puede llegar a reclamar posterior a la entrada en vigencia de la adición constitucional descrita. En sentencia SU-267 de 2019, la Corte Constitucional determinó que existen distintas maneras de interpretar las clausulas [sic] convencionales, donde en caso de que exista múltiples lecturas de un caso concreto, se debe concluir que a los jueces les corresponde resolver los casos desde un enfoque en que se aplique un mandato superior, más aun [sic] cuando se encuentre en discusión derechos pensionales, al argumentar que “Se destaca que, en las sentencias SU-241 de 2015 y SU113 de 2018, la Corte abordó casos con similares situaciones fácticas y jurídicas al presente asunto. En dichas oportunidades, se indicó que las convenciones colectivas son auténticas fuentes de Derecho y no pueden ser consideradas simplemente como elementos probatorios. En consecuencia, su interpretación debe ceñirse a los principios constitucionales, entre los cuales se destacan favorabilidad e in dubio pro operario (artículo 53 Superior)”, debiendo ser aplicados estos

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 97797 principios en favor del trabajador siempre que existan dudas al respecto.

[…] En base [sic] a lo anterior, es claro que basándonos en los sentidos de fallo que han sido interpretados por parte de las Atlas Cortes, para resolver las demandas por pensiones convencionales o de jubilación, y teniendo en cuenta que la Convención Colectiva de Trabajo es fuente autónoma de derecho, al regular las relaciones laborales particulares, se debe aplicar el principio de favorabilidad al presente caso conforme lo ha manifestado su Honorable Corporación para que en el presente caso se aplique el principio de favorabilidad respecto del articulado convencional solicitado, donde se dé la interpretación más favorable para el demandante, la cual es que el tiempo de servicios se da como el requisito de causación y el cumplimiento de la edad se da como el requisito de exigibilidad. Existió entonces por parte del Tribunal una violación por la vida [sic] directa respecto en la modalidad de interpretación errónea de los artículos constitucionales mencionados, principalmente del principio de favorabilidad, consistente en optar siempre por la situación más favorable al trabajador o pensionado en caso de duda en la aplicación de normas o interpretaciones jurídicas, siendo esta directriz no opcional, sino de obligatorio cumplimiento por expreso mandato normativo y constitucional, cumpliendo entonces con las garantías reconocidas y a las cuales se les ha otorgado un carácter de inali