CSJ - SL402-2023

S República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala do Casación Laboral Sala de Descansa& ir 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL402-2023 Radicación n.° 90618 Acta 6 Bogotá, D. C., primero (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por HERNÁN DARÍO GONZÁLEZ URIBE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 25 de septiembre de 2020 en el proceso que instauró contra las sociedades BIENES Y BIENES S.A., B

Y B CONSTRUCTORES S.A., INVERSIONES CAMPOAMALIA

S.A. y URBANIZA S.A.

I. ANTECEDENTES Hernán Darío González Uribe, llamó a juicio a Bienes y Bienes S.A., B y B Constructores S.A., Inversiones Campoamalia S.A. y Urbaniza S.A., con el objeto de que se declarara que laboró para estas sociedades, desde el 8 de octubre de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2013; que no le fueron canceladas las

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Radicación n.° 90618 comisiones por ventas de los arios 2011 y 2012 por las sumas de $75.000.000 y $50.000.000 respectivamente, ni las prestaciones sociales por todo el tiempo servido. En consecuencia, se les condenara a pagarle las cesantías y sus intereses; las primas de servicios; las sanciones moratorias del artículo 65 del CST y la del numeral 3 del 99 de

la Ley 50 de 1990, o en su defecto, la indexación de las condenas; lo que se hallare probado extra o ultra petita y las costas procesales. Como fundamento de sus pretensiones, relató que el 8 de octubre de 2001, ingresó a laborar para la sociedad Bienes y Bienes S.A., a través de contrato de trabajo a término fijo de 6 meses, que «finalizaba el 7 de abril de 2002»; que el 9 de ese mismo mes, suscribió contrato de trabajo de duración indefinida con Inversiones Campoamalia S.A., para desempeñar el cargo de Coordinador de Obras, compañía que le comunicó el 27 de febrero de 2003,l a sustitución patronal con Bienes y Bienes S.A. a partir del 1 de marzo de esa anualidad; sin embargo, esta última el 1 de julio de 2003, le informó que dicha sustitución patronal «se haría efectiva de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2003, bajo las mismas condiciones de su anterior empleador, pero bajo (sic) el cargo de SUBDIRECTOR DE MERCADEO DE VENTAS» (Negrillas del texto original). Manifestó que el 15 de enero de 2004, Campoamalia S.A., le puso en conocimiento por escrito, la sustitución patronal con B y B Constructores S.A., a partir del 1 de ese mes y ario en

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Radicación n.° 90618 iguales condiciones al anterior y ésta sociedad, también le comunicó el 1 de agosto de 2007, la sustitución de empleadores desde esa calenda, con Urbaniza S.A., y que a partir de esa fecha

se desempeñaría como director de mercadeo y ventas; que devengaba un salario básico de $4.000.000 más el 0.05% de comisión por ventas sobre todos los proyectos a su cargo, con promedio mensual de $13.000.000; que una vez realizado el cierre de ventas anuales, le cancelaban el valor fijo anticipado y la diferencia de comisiones totales por aquellas; y, que a la fecha de presentación de la demanda, se le adeudaban las aquí reclamadas. Mencionó que el 30 de septiembre de 2013, renunció voluntariamente a su puesto de trabajo y el 9 de octubre de ese mismo ario, le entregaron la «liquidación definitiva de prestaciones sociales», pero «solo le fueron pagadas sus comisiones y vacaciones compensadas, pero no le fueron reconocidas sus prestaciones como cesantías, sus intereses, y primas de servicios». Por último, dijo que realizó sus funciones de manera normal, no tuvo llamados de atención ni suspensiones por faltas disciplinarias y que se destacaba en su puesto de trabajo; que a «mediados de 2014», por sus insistentes reclamaciones para el pago de las comisiones, Bienes y Bienes S.A. a través de su asistente jurídica, le remitió un correo electrónico en el que propuso conciliar y dio instrucciones para suscribir un documento que denominó ((ACUERDO DE PAGO DE BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO», mediante el cual pretendían cancelar las comisiones adeudadas con unos

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Radicación n.° 90618 derechos fiduciarios sobre un apartamento en el proyecto

«Maderos del Campo», de propiedad de las accionadas; sin embargo, tras realizar varias observaciones a este documento, nunca se pronunciaron sobre el mismo, ni le pagaron las comisiones (1°2 a 9 y 41 a 48). Las sociedades Bienes y Bienes S.A., B y B Constructores S.A. e Inversiones Campoamalia S.A., al contestar conjuntamente la demanda, se opusieron a todas las pretensiones; aceptaron la mayoría de los hechos, excepto la fecha de la comunicación de la sustitución patronal entre la primera y la última de las mencionadas sociedades, que aclararon fue del 21 de julio de 2003; que según el acuerdo sin firma allegado por el demandante, reclama a Urbaniza S.A., el pago de bonificaciones y no de comisiones, conceptos distintos que se encontraban prescritos; que le cancelaron comisiones y vacaciones, pero no prestaciones sociales, en razón a que no tenía derecho a ellas, por cuanto devengaba el salario integral previsto en el artículo 132 del CST, modificado por el 18 de la Ley 50 de 1990; y, para el ario 2014, el actor o nada tenia que ven> con las demandadas. Negaron los demás hechos. En su defensa, manifestaron que para el 1 de agosto de 2007, el demandante, por sustitución patronal, pasó a laborar para Urbaniza S.A., con salario integral que ya percibía desde el ario 2005 de B y B Constructores S.A., como se demuestra con los «comunicados dirigidos a Conavi y a la Embajada Española». Propuso como excepciones de mérito, las de inexistencia de la relación laboral, falta de legitimación en la causa por pasiva,

4 SCLAJPT-10 V.00 lo Radicación n.° 90618 prescripción, buena fe, pago, inexistencia de la obligación, yi<toda otra que resultare probada dentro del proceso» (f.°52 a 58). Urbaniza S.A., al responder, también se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la sustitución patronal al igual que .la comunicación en ese sentido dirigida al actor; el cargo que este ocupó como subdirector de mercadeo y ventas; su renuncia voluntaria, con la aclaración que «no manifestó inconformidad alguna frente a la sociedad»; y, que no suscribieron ningún acuerdo, por lo que )(solo quedó en actos preparativos y no produjo efectos»; sobre los restantes hechos, indicó que no le constaban. Adujo en su defensa, que en «el mes de mayo de 20080, dicha sociedad y el demandante, modificaron la forma de pago del salario y ratificaron la modalidad de salario integral, regulado en el articulo 132 del CST, por tanto, sus prestaciones sociales fueron canceladas y carece de fundamento su petición de condena por sanciones por no pago de las mismas. Adicionó: [...] al actor le fue pagado su salario y las comisiones que se causaron cuando había derecho a ellas, ninguna suma por estos conceptos se le quedó adeudando [...]. Como se expresó al dar respuesta a los hechos de la demanda, el empleador, como un acto de mera liberalidad al final del ejercicio contable y financiero participa de algunas de las utilidades de los proyectos al demandante, siempre y cuando las condiciones económicas y los resultados así lo permitieran, y es lo que persigue en

esta acción judicial disfrazando la pretensión, porque el actor es conocedor que no tiene derecho a ello. Formuló las excepciones previas de indebida acumulación de pretensiones y falta de requisitos formales de la demanda; como de fondo, las de prescripción, buena fe, pago e inexistencia de la obligación (10 74 a 83).

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Radicación n.° 90618

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 2 de septiembre de 2015 (f.°CD 363), declaró probadas las excepciones propuestas y absolvió a todos los accionados de las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por apelación del demandante, dictó fallo el 25 de septiembre de 2020 (f.°767 a 773), en el que dispuso confirmar la decisión de primera instancia y condenó en costas al impugnante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal manifestó que el problema jurídico consistía en determinar inicialmente, la « eficacia y validez del acuerdo de salario integral pactado en otro si al contrato de trabajo en 2008 y su incidencia en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales deprecadas en la demanda»; y, luego, el «valor probatorio de la documental aportada en torno a la suma de $125.000.000 que el demandante advierte como adeudada, por concepto de comisiones». Señaló que dejaba por establecido, que gen caso de existir

condena, ésta seria impuesta a cargo de Urbaniza S.A., por ser la última empleadora del demandante», toda vez que, desde su contestación al libelo introductor, al igual que las restantes 6

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If Radicación n.° 90618 demandadas, asumieron sus obligaciones en relación con el promotor del proceso, en virtud de la sustitución de empleadores que operó entre ellas. Tras aludir a la eficacia y validez del acuerdo del salario integral y reproducir los numerales 2, 3 y 4 del artículo 132 del CST, indicó que, para determinar la eficacia de su pacto, se debía verificar: 1) que las partes lo hubieren celebrado por escrito; y 2)« que la asignación sea por lo menos equivalente a 10 salarios mínimos legales vigentes más el factor prestacional no inferior al 30% de dicha cuantía». En cuanto al primer supuesto, dijo que esta Sala, con anterioridad a la sentencia CSJ SL2804-2020, sostuvo el criterio que no se requería de una fórmula sacramental para entender celebrado el acuerdo de salario integral, sino que «debe estar contenido en algún documento que de fe del mismo, pudiendo celebrarse incluso a instancia del empleador, siempre que pueda inferirse razonablemente la aceptación tácita del salario integral por parte del trabajador>. Reseñó que, a partir de la mencionada sentencia, esta Corte «rectificó su postura en torno a la aceptación tácita del salario integral», copió varios segmentos relativos a la exigencia de «la forma escrita consustancial del acto», que «no puede suplirse a través del silencio o comportamiento de/trabajador. Es

indispensable que la forma preordenada por el legislador se cumpla, de lo contrario, el acto es inexistente», al igual que las salvedades allí contenidas, en el sentido de que lo anterior, no significa que el pacto de salario integral deba estar incorporado

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Radicación n.° 90618 en el clausulado del contrato de trabajo, por cuanto si bien podía suscribirse como un anexo al mismo o mediante documento separado o, «incluso, mediante un cruce de comunicaciones que refleje la intención del trabajador de convenir un salario integral, con todas sus consecuencias», pero que en «modo alguno releva de la obligación de cumplir la formalidad escrita para substituirla (sic) por conductas inductivas del trabajador». Al descender al acervo probatorio, advirtió que a folio 70, se encontraba el original de la comunicación aportada por la parte demandada, dirigida por B y B Constructores al actor, el 28 de febrero de 2006, en la que indicó que, a partir del 1 de enero de ese ario, «su salario ascendería a $5.305.000 como salario integral», prueba que no fue tachada. Destacó que además de lo anterior, el demandante confesó que en « el año 2005 acordó de manera voluntaria, sin que mediara presión alguna», con B y B Constructores, el salario integral y para la fecha de sustitución patronal con Urbaniza S.A., «continuaba siendo esa, su modalidad de salario» (Negrillas del texto original); también admitió que Bienes y Bienes S.A., Inversiones Campoamalia S.A. yB y B Constructores S.A., cancelaron la totalidad de los salarios, prestaciones sociales,

vacaciones y comisiones causadas a su favor. Posteriormente, en razón a la sustitución patronal a Urbaniza S.A., el 1 de agosto de 2007 (f.°86), el contrato de trabajo continuó ejecutándose en los mismos términos, con un salario integral. Estimó relevante que «adicionalmente», Urbaniza S.A. y el actor, acordaron por escrito un «otro sí al contrato de trabajo, 8

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I ZRadicación n.° 90618 disponiendo que, a partir del 01 de mayo de 2008, el trabajador devengaría un salario integral mensual como remuneración directa por las funciones del cargo establecidas, por valor de $6.000.000» (f.°85); que desde esa fecha, percibiría unos beneficios no constitutivos de salario, por $1.000.000, acuerdo que se celebró de «manera totalmente voluntaria como retribución indirecta por la relación laboral»; y, que «ese dinero se destinó a [un]f ondo para pensión voluntaria del actor. Adicionalmente se convino por mera liberalidad del empleador [que] este podría pagar bonificaciones ocasionales y participación en utilidades de la empresa, sin que estas constituyeran salario» y por ello, era válido y eficaz el salario pactado. Ahora, sobre el requisito 2), consagrado en el artículo 132 del CST, indicó que para el ario 2006, el valor del salario integral ($4.080.000) «más el 30% de ese valor atribuible a prestaciones sociales» equivalía a $5.304.000, que correspondía a lo fijado en el documento de folio 70 y en las certificaciones que lo

corroboran (f.°71 y 72); que además, la empresa reconoció las vacaciones el 18 de diciembre de 2006 con base en el mismo salario; y, en cuanto a su reproche porque no se le incluyeron pagos adicionales, «tales como comisiones en el acuerdo contenido en el referido otro si al contrato de trabajo que debieron ser consideradas para cancelarle prestaciones y parafiscalidad, coligió que o no acreditó dicha parte a cuánto ascendían esas comisiones para que se hubiera determinado la incidencia que pudo tener en las prestaciones y parafiscalidad». En respuesta al reproche del actor con fundamento en que los documentos de folios 99 y 102 reflejan que para la época en

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Radicación n.° 90618 que se pactan los $6.000.000, «ya venía percibiéndolos y por ello al no ocasionar una mejora económica [...] se vulneraron sus derechosf undamentales presumiendo que obligaba al empleador del incremento del 30% de ese valor a título def actor prestacional que actualmente se encuentra insatisfecho», dijo que no se demostró ningún detrimento patrimonial, pues en el documento de mayo de 2008, se reconocieron ingresos por $6.000.000 más $1.000.000 por beneficios no constitutivos de salario, para el pago de cotizaciones voluntarias en el fondo de pensiones. Agregó que «al venirse recibiendo un salario integral, de presentarse una desmejora en su cuantía, ello no le restaría validez ni eficacia, 1...] pues en ese caso, habría lugar a un reajuste sobre el salario para garantizar que lo percibido equivale

por lo menos a 13 veces el smlv para la época en que se pague el salario integral», como lo indicaron las sentencias de esta Corporación, «de radicación 17214 de 2002 y 42445» y adicionalmente, el documento de folio 99 se refería al pago de las vacaciones del ario 2007, las cuales, conforme el artículo 192 del CST, correspondía a la suma devengada de $6.000.000 al momento del disfrute,18 de enero de 2008. Sobre la inconformidad del accionante relativa a que el 1 de mayo de 2008, fecha en que acordó el salario integral, debieron cancelársele las prestaciones sociales a esa data para que el pacto tuviera validez, dijo que no se aportó prueba en ese sentido y no fue discutido al fijarse el litigio, por lo que no podía ser objeto de apelación; sin embargo, no le asistía razón porque dicho pago no era requisito de validez para el cambio de modalidad salarial, «debiéndose recordar que la modificación a 'o

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3 Radicación n.° 90618 salario integral no se presentó en la fecha mencionada, sino con antelación, cuando la empleadora era una sociedad diferente a Urbaniza S.A.» y el actor confesó que las empleadoras distintas a esta, le habían pagado sus salarios, prestaciones, comisiones y vacaciones. Refirió que en relación con los puntos apelados por la falta de aumento de su salario anual y la inclusión de todos los valores percibidos durante la ejecución del contrato con Urbaniza S.A., como el $1.000.000 con destino a fondo de pensiones voluntarias, «no fueron discutidos en el escrito de

demanda» y «tampoco objeto de litigio en la primera instancia», por lo que resultaba improcedente el pronunciamiento sobre los mismos, con mayor razón, la aspiración del actor era el reajuste de las vacaciones que ya se le habían cancelado a la terminación del contrato y no fue pretensión del libelo inicial.

Adicionó que: De otro lado, cabe anotar que a partir de mayo 1 de 2011 ambas partes reconocen que se modificó el salario integral fijo, al convenirse verbalmente la forma de pago del salario constituido por una suma fija de dinero $4.000.000 más una suma variable como es el 0.005% de comisiones sobre ventas pagados a manera de anticipos mensuales quc llegaban a $9.000.000, y al final del año se verificaba cuánto quedaba pendiente de comisiones y que éstas se le pagaban.

A este acuerdo la parte actora pretende desconocer el carácter de salario integral para exigir el pago de prestaciones sociales, sin embargo, al absolver interrogatorio de parte el demandante confesó que si se trataba de salario integral y esa intención se evidencia en el manejo dado por la empresa a los pagos realizados y la anotación expresa de tratarse de salario integral que aparece en las nóminas de pago del hoy demandante por parte de Urbaniza S.A., y a ello se añade que, también confesó el demandante el cumplimiento del último acuerdo de pago de comisiones, como consta en folios séptimo y octavo de la demanda, cuando expresa que una vez realizado el cierre de ventas anuales se le pagaba el valor fijo

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Radicación n.° 90618 anticipado y la diferencia de comisiones totales por las ventas

anuales (FI. 3). (Negrillas del texto original). Resaltó que en el hecho 4 de la demanda, el actor aclaró que además de las anteriores comisiones, al final de cada ario para el cierre de ventas, no solo le pagaban las adeudadas, sino que le era reconocida una «adicional por el total de las ventas anuales»; pero, que en relación con ésta, la parte demandada indicó que se trataba de una bonificación o participación de utilidades en el ejercicio anual, la cual, en efecto, encontró estipulada en el otrosí del contrato de trabajo, literal fi del parágrafo 1 (f.°85), que transcribió. De dicha cláusula dedujo que cuando el accionante persigue el pago de $125.000.000 por los conceptos que denomina «comisiones», de los arios 2011 y 2012, la parte enjuiciada aduce que son participaciones de utilidades y en este sentido, el ex trabajador, [...] en folio 11 expresa que las bonificaciones correspondientes al 2010 por $75.000.000 y al 2011 por $50.000.000 no se han cancelado, y a que en 2012 y 2013 no le fueron asignadas bonificaciones por parte de la gerencia, es evidente que no refiere a comisiones porque él mismo confesó que se le pagaron, y lo que afirma se le adeuda son bonificaciones o participaciones de utilidades que claramente configuran un beneficio que por mera liberalidad del empleador se convino y es también discrecional del empleador reconocerla, es decir, que no le obliga. Acto seguido se refiere al valor probatorio de la documental

aportada en torno a la suma de $125.000.000 que «el demandante advierte como adeudada por concepto de comisiones, pero que se trata de bonificaciones o participaciones de utilidades». Reprodujo los artículos 2, literal a), 9 y 10 de la Ley 527 de 1999 y 243 y 247 del CGP y arguyó que para 12

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Ice Radicación n.° 90618 atribuirle validez a los correos electrónicos aportados por el actor a fin de demostrar que Urbaniza S.A., adeudaba la anterior suma, « las copias debían permitir la certeza de quién las escribió, a quién se dirigieron y cuándo, aunque no estuviesen firmados, pues debe garantizarse la integridad del documento, so pena de no asignarse valor probatorio». Manifestó que los mensajes electrónicos que reposan en folios 4( 1 0/1 3» no garantizan la integridad exigida por el articulo 9 de la Ley 527 de 1999, debido a las «anotaciones para ilustrar al lector, en este caso alj uez, sobre su contenido»; que, Tampoco existe certeza sobre quién los escribió; además, de que el hoy demandante, es quien le solicita a alguien llamado Juan Carlos, le indique si sus correos electrónicos le llegan o no. Si bien, al final del f1.12 aparece la 'firma' de Lina Marcela Palacio Salazar, como asistente jurídica de Bienes 86 Bienes, señalando que su dirección de correo electrónico es mpalaciobienesybienes.com, en ninguna de las tres hojas se aprecia que desde esa dirección se esté remitiendo

e-mail alguno, es más, no hay prueba de un cruce de correos electrónicos, si no que la información suministrada en la copia, da cuenta de que se dirigen [desde] dgonzálezetintercasa.com (la dirección del hoy demandante) hacia juancyillegas@bienesybienes.com. Argumentó la carencia de valor probatorio del documento titulado «Acuerdo de pago de bonificación no constitutiva de salario» de folios 14 a 17, porque «carecía de firmas incluida la del demandante»; que tampoco encontró configurada la confesión del representante legal de Urbaniza S.A. en su interrogatorio, porque si bien, dijo que hubo un intento de acuerdo entre las partes sobre participaciones en las utilidades de la empresa, éste no se concretó, debido a que la sociedad desistió de los proyectos cuyas ventas estaban a cargo del actor, que no alcanzaron a perfeccionarse, en razón a que hizo «una cantidad de negocios mal hechos» que no generaron utilidades

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Radicación n.° 90618 sino costos adicionales, pues «se dedicó a abrir empresa del mismo ramo con ex socios de la misma compañía». Infirió del testimonio de Juan Carlos Villegas Sierra, que las cifras de $50.000.000 y $75.000.000, que en efecto, inicialmente podrían corresponder a participación de utilidades, por cuanto afirmó que después de la desvinculación del actor, ya finales de 2013», se le envió «un borrador» con una propuesta de pago y lo devolvió con algunas observaciones, pero «durante todos esos meses sef ueron desistiendo negocios,

entonces la cifra de ventas y las utilidades a las que habíamos llegado se desajustaron por la cantidad de desistimientos que se presentaron en la compañía». Concluyó que, al tenor del artículo 167 del CGP, el demandante no demostró la obligatoriedad del pago de las utilidades en los negocios, a cargo de Urbaniza S.A., «ni que esas sumas de dinero verdaderamente correspondieran a comisiones adeudadas por ventas que hubiera realizado»; inferencia que corroboró con el testigo citado por las partes, en el sentido de que « la bonificaciónf ue concedida por mera liberalidad, no porque mediara obligación alguna de la empleadora».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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Radicación n.° 90618

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case el fallo impugnado, en cuanto confirmó el de primer grado y convertido en tribunal de instancia, lo revoque y en su lugar proceda «a condenar a la demandada al reconocimiento y pago de las pretensiones de la demanda».

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados por todas las sociedades accionadas y se resolverán conjuntamente, en tanto presentan unidad de designio y similitud en la proposición jurídica.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia el fallo impugnado por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, «de los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 9, 13, 14, 16,

19, 21, 28, 55, 57 numeral 4, 59 numeral 9, 127, 128, 129, 249, 306, 340, 467, 468, y 467 ibídem; 1, 2, 5, 6, 25 y 53 de la Constitución Política [...h. Manifiesta que el juez de segunda instancia incurrió en la anterior infracción normativa, como consecuencia de la falta y errónea valoración de las pruebas arrimadas al proceso. Enuncia la defectuosa apreciación de: i) la demanda inicial; ii) «el documento que milita a folio 11 del expediente»; iii) el «documento denominado otro sí que milita a folio 85 del expediente»; y, iv) las «confesiones realizadas en el interrogatorio

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Radicación n.° 90618 de parte del representante legal de Urbaniza S.A.», lo cual condujo a la comisión de los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los pagos de 2010 por $75.000.000 y 2011 por $50.000.000 son bonificaciones.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que las partes pactaron que los pagos por las ventas anuales se había pactado que no serían constitutivas de factor salarial, prestacional y de aporte a seguridad social.

3. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos de 2010 por $75.000.000 y 2011 por $50.000.000 son comisiones.

4. No dar por demostrado, estándolo, que en el otro sí del contrato no aparece convenido por las partes que dichos conceptos no

serian constitutivos de factor salarial, prestacional y/o aportes a seguridad social.

5. No dar demostrado estándolo, que la comisión anual ingresó al patrimonio del demandante.

En la sustentación del cargo, tras reproducir parcialmente la sentencia atacada, asevera que al afirmar el juzgador que dos pagos por $50.000.000 y $75.000.000 son bonificaciones porque así lo refiere el demandante en el documento que milita a folio 11 del expediente, constituye una indebida valoración de la prueba», en razón a que si bien, en el documento se hacen unas observaciones a los numerales décimo y décimo segundo que mencionan bonificaciones, »dicha situación de suyo no permite afirmar, como erradamente lo hace la corporación, que dichos pagos constituían bonificaciones» que no tuvieran incidencia salarial, prestacional y de aportes a seguridad social. Arguye que, si el juez colegiado hubiese apreciado íntegramente el referido documento, habría concluido que el actor reclamaba unos pagos por su gestión, según lo acordado, en el sentido de que «al final de cada año se conciliaba el 16

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6 Radicación n.° 90618 porcentaje por ventas, más el básico y se restaban los anticipos, no siendo el pago, en ningún caso, inferior a $156.000.000» Sostiene que, el uso de la palabra « bonificación», no le atribuye dicha calidad y tampoco le resta la naturaleza salarial del pago, en tanto el artículo 53 constitucional y la legislación laboral, predican que ((las cosas son lo que son y no lo que las

partes quieren que sean»; además, la bonificación requiere de la concurrencia de unos elementos jurídicos que el demandante desconoce por su profesión, pero la denominación que le haya atribuido, en nada modifica su verdadera naturaleza y menos cuando se evidencia en el texto del documento que reclama pagos por la actividad realizada. Reprocha que, con sus inferencias, el ad quem dejó de lado las consecuencias jurídicas del artículo 65 del •CST por la falta de pago de las sumas reclamadas, con el «agravante» de restarle validez probatoria al documento de folios 10 a 13, luego del análisis de su literal ii), sobre la suma de $125.000.000, que el demandante advirtió, se le adeudada por concepto de comisiones, pero que «se trata de bonificaciones o participación de utilidades», afirmación que «trae consigo dos situaciones contradictorias»: • Para el Tribunal era claro, incluso en contra del documento de folio 11, que lo que reclamaba el demandante, en su sentir, eran comisiones, y no bonificaciones como la corporación afirma [...], Y, • Que dicho documento no tenía validez probatoria y se resalta lo dicho porque no se entiende cómo el Tribunal para darle la categoría de bonificación utiliza el folio 11 y para desconocer el acuerdo dice que el documento de folio 10/13 no tiene validez probatoria. Dicho de otra forma, la indebida valoración de la prueba salta de bulto pues no puede la corporación en unas

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Radicación n.° 90618 consideraciones darle validez a un documento que frente a otras no tiene validez probatoria y menos cuando dicha ambigua

interpretación perjudica al trabajador demandante. Expresa que el actor reclama el pago de las sumas adeudadas porque asilo convino con las accionadas de acuerdo con su actividad laboral, lo que evidencia la naturaleza salarial que atribuyó a los mencionados conceptos, por lo que resulta indebida la afirmación en el sentido de que el mismo accionante reconoció que los pagos eran bonificaciones, aduce que en los «hechos séptimo, octavo (sic) noveno y décimo sexto de la demanda y la pretensión segunda se expresa categóricamente su naturaleza salarial, prestacional y de aporte a seguridad social». Dice que además en el «otro sí» del contrato (f.°85), contrario a lo argüido por el Tribunal, en el folio 8 de la sentencia impugnada no se convino que los pagos se efectuarían por mera liberalidad del empleador; que lo pactado en la cláusula descrita por el ad quem, constituye un acuerdo general reproducida del artículo 128 del CST, pero de su redacción no se puede concluir como dijo de manera equivocada, que en la liquidación de comisiones sobre las ventas realizadas anualmente por el demandante, se acordó que serían bonificaciones ocasionales, participación de utilidades y menos que fueran pactadas por mera liberalidad de su empleador, ya que al proceso no se aportó ningún documento ni testimonio que diera cuenta de ello. Agrega que la redacción del documento permite apreciar que el acuerdo entre las partes sobre factores no salariales, prestacionales y de aportes a seguridad social, hace referencia a las aludidas bonificaciones y repartos de utilidad entregados por 18

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Radicación n.° 90618 el empleador por mera liberalidad, no sobre todos los pagos percibidos po