CSJ - SL423-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL423-2024 Radicación n.° 97852 Acta 07 Bogotá, D. C., cinco (05) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por VÍCTOR JAVIER GÓMEZ MEDINA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente

contra la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL y la FIDUCIARIA LA PREVISORA

S. A. en calidad de vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES

CAPRECOM LIQUIDADO.

Se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social al abogado Javier Mantilla Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía 79.368.801 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 59.979 del C. S.

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Radicación n.° 97852 de la J. en los términos y para los efectos del mandato que le fue conferido y que obra en el cuaderno digital de la Corte. Así mismo, se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de la Fiduciaria La Previsora S. A. como vocera y administradora del PAR Caprecom Liquidado al abogado Sebastián Sarmiento Orozco, identificado con la cédula de ciudadanía 1.010.236.070 de Bogotá y portador

de la tarjeta profesional 358.421 del C. S. de la J. en los términos y para los efectos del poder que se le confirió y que reposa en el cuaderno digital de esta corporación.

I. ANTECEDENTES Víctor Javier Gómez Medina demandó a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y a la Fiduciaria La Previsora S. A. como vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom Liquidado, con el fin de que se declare que estuvo vinculado a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) EICE mediante varios contratos de trabajo, surtidos en los siguientes lapsos: del 20 de septiembre de 2013 al 27 de junio de 2014; del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre del mismo año; del 13 de enero de 2015 al 20 de enero de 2016 y del 16 de febrero de 2016 al 30 de noviembre de esa misma anualidad.

En consecuencia, solicitó se condene «a la demandada» al reconocimiento de las primas de servicios; compensación de vacaciones en dinero; primas de

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Radicación n.° 97852 vacaciones; primas de navidad; auxilio de cesantías; intereses a las cesantías; sanción por mora en el pago de los intereses a las cesantías; aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones; así como los intereses moratorios por no pago de aportes a seguridad social causados durante la ejecución de cada uno de los contratos de trabajo. Adicionalmente impetró el pago de la indemnización por despido injusto causada el 20 de enero de 2016 y que

se declare «la subsistencia ficcionada de cada uno de los contratos de trabajo, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 797 de 1949» en subsidio de esta pretensión solicitó la indexación de las sumas adeudadas, y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue vinculado mediante varios contratos de prestación de servicios a favor de Caprecom EICE en liquidación, en los siguientes periodos: Desde Hasta 20 de septiembre de 2013 27 de junio de 2014 1 de julio de 2014 31 de diciembre de 2014 13 de enero de 2015 20 de enero de 2016 16 de febrero de 2016 4 de mayo de 2016 Destacó que recibió por concepto de remuneración los siguientes rubros: Mes Monto

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Radicación n.° 97852 Septiembre 2013 $930.798 Octubre a diciembre 2013 $1.861.569 Enero 2014 $1.493.775 Febrero a mayo 2014 $1.792.549 Junio 2014 $1.643.162 Julio a diciembre 2014 $1.792.549 Enero 2015 $1.135.281 Febrero a diciembre 2015 $1.792.549 Enero 2016 $1.792.549 Febrero a abril 2016 $2.000.000 Indicó que continuó prestando sus servicios a Caprecom EICE en liquidación, del 5 de mayo al 30 de noviembre de 2016, a través de la empresa de servicios temporales, Temporales Uno – A S. A. S., lapso en el que

recibió como remuneración la suma mensual de $2.500.000 y desarrolló actividades que no correspondían a trabajos ocasionales ni tuvo como objeto reemplazar a personal en vacaciones, en uso de licencia, incapacidad por enfermedad o maternidad ni atender incrementos en la producción, pues correspondieron a las mismas que ejecutó cuando se le vinculó mediante contratos de prestación de servicios con el propósito de «ocultar» la existencia de los contratos de trabajo. Adujo que el representante legal de la Fiduprevisora «entidad liquidadora de CAPRECOM» dio por terminado su contrato de trabajo mediante comunicación fechada el 20 de enero de 2016, no obstante, el 16 de febrero siguiente, suscribió un nuevo contrato, que se ejecutó hasta el 30 de noviembre de esa anualidad.

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Radicación n.° 97852 Expuso que en el periodo que transcurrió entre el 20 de septiembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2016, desarrolló funciones «dentro de los Procesos y reportes de la BDUA en aseguramiento» en la subdirección EPS para gestionar la afiliación y registro, las cuales eran de carácter permanente en la entidad, actividad que realizó obedeciendo siempre las órdenes e instrucciones del personal directivo de Caprecom así como atendiendo su reglamento interno de trabajo, siendo obligado además, a suscribir una planilla en la que se relacionaban los elementos recibidos y entregados en cada oportunidad, sin ser afiliado al sistema de seguridad social en salud ni pensiones. Manifestó que el 6 de enero de 2016 se emitió la

circular L-004 en la que se le recordó a todos los funcionarios que el horario de trabajo era de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:45 p. m., lo que además se les comunicó por la Unidad de Recursos Humanos a través de correo electrónico asignado, el cual correspondía a vgomezm@caprecom.gov.co, al que también le remitieron información relativa al uso obligatorio del carné para identificarse como funcionario ante la empresa de seguridad, y que correspondía a un medio de comunicación con su jefe directa así como con los jefes de diferentes áreas. Señaló que durante el tiempo en que prestó sus servicios no se le pagaron primas de servicios, vacaciones,

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Radicación n.° 97852 primas de vacaciones, primas de navidad, auxilio de cesantías, intereses de cesantías ni aportes a seguridad social en salud y pensiones. Finalmente aseveró que el Ministerio de Salud y Protección Social asumió los pasivos laborales de Caprecom, motivo por el que el 14 de junio de 2017 presentó la correspondiente reclamación administrativa, la que se trasladó al día 22 del mismo mes y año al PAR de Caprecom para su pronunciamiento, quien dio la respuesta correspondiente el 25 de julio siguiente. Al dar respuesta a la demanda, la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que le fue presentada una reclamación administrativa y que la trasladó al PAR Caprecom por ser de su competencia; de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban.

En su defensa arguyó que no era posible, jurídicamente, que un organismo de orden nacional, como es la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social adoptara determinaciones de carácter administrativo asignadas a entidades descentralizadas que no dependían del mismo como ocurre en el asunto, menos cuando no intervino en los hechos y omisiones que se le endilgan a Caprecom. Manifestó que aun cuando el artículo 3 del Decreto 140 de 2017 dispuso la subrogación de algunas de las obligaciones que estaban a cargo de Caprecom, se

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Radicación n.° 97852 encontraba condicionada a dos situaciones: i) que las acreencias correspondieran a indemnizaciones, fueran laborales y gastos propios del proceso liquidatario y; ii) que la obligación de pago surgiera cuando se determinara que los activos remanentes de la liquidación no fueran suficientes para cancelarlas. Pues de lo contrario los pagos debían efectuarse con cargo a los recursos transferidos por parte del liquidador para la constitución del PAR. Propuso como excepciones de mérito las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de contrato realidad; prescripción; inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; inexistencia de la solidaridad entre Caprecom y el Ministerio de Salud y Protección Social; y la innominada. A su turno la Fiduciaria La Previsora S. A. como vocera y administradora el Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR Caprecom Liquidado dio respuesta a la demanda inicial oponiéndose a las pretensiones de esta.

Respecto de los hechos aceptó que le fue trasladada la reclamación administrativa presentada por el actor y que la contestó; de los demás dijo que no le constaban o que no eran tales. Dijo que las razones de la defensa se basaban en lo previsto en la Ley 80 de 1993, según la cual, un contrato de prestación de servicios no configuraba los elementos de una relación laboral, tal como lo aceptó el actor, de ahí que siempre hubiera presentado de manera consciente la oferta

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Radicación n.° 97852 de servicios que posteriormente condujo a la suscripción de los contratos correspondientes, los que ejecutó de forma independiente y con su propia autonomía, dada la ausencia de subordinación y horarios; además no recibió mensualidades como pago, en tanto las sumas canceladas correspondieron al anticipo descontado del vínculo administrativo que existió. Formuló como excepciones de fondo las de prescripción; inexistencia de la aplicación de la primacía de la realidad; inexistencia del derecho y de la obligación; pago; ausencia del vínculo de carácter laboral; cobro de lo no debido; relación contractual con el actor no era de naturaleza laboral; buena fe; inexistencia de la convención colectiva; presunción de legalidad de los actos administrativos y contratos celebrados entre las partes; cosa juzgada y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 20 de noviembre de 2019 dispuso: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor VÍCTOR JAVIER

GÓMEZ MEDINA, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.470.445, estuvo vinculado mediante contratos a término Fijo (contrato realidad) con la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM hoy FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" EICE LIQUIDADO en liquidación, por los siguientes periodos: desde el 20 de

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Radicación n.° 97852 Septiembre de 2013 al 27 de Junio de 2014, del 1 de Julio de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, del 13 de Enero de 2015 al 20 de Enero de 2016 y finalmente para el periodo del 16 de Febrero de 2016 al 30 de Abril de 2016, de conformidad a las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO: CONDENAR a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM hoy FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. como vocero y administrador del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" EICE LIQUIDADO a pagar a favor del señor VÍCTOR JAVIER GÓMEZ MEDINA los siguientes conceptos laborales: 1. cesantías por todo el tiempo laborado por valor de $4.767,056.

2. Interés a la cesantía por la suma de $572.046.

3. Prima de servicios por la suma de $4.767.056.

4. Vacaciones por la suma de $2.383.528.

5. Indemnización por despido sin justa causa la suma de

$17.356.755.

6. Indemnización moratoria en razón de un día de salario por cada día de mora a razón a (sic) $81.081.08 pesos diarios desde el 30 de julio de 2016 (fecha que resulta de aplicar término de suspensión de los 90 días previsto en el artículo 1º del decreto 797 de 1949 y teniendo en cuenta que la finalización del contrato operó el 30 de Abril de 2016) hasta el día 27 de Enero de 2017, fecha en la cual se aprueba acta final del proceso liquidatario de CAPRECOM.

TERCERO: CONDENAR a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM hoy FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. como vocero y administrador del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" EICE LIQUIDADO a pagar a favor del señor VÍCTOR JAVIER GÓMEZ MEDINA, los aportes en seguridad social en pensión, para el caso de marras la AFP Protección S.A., entidad a la cual se encuentra afiliado el actor, previo cálculo actuarial que realice la AFP por· los periodos laborados comprendidos entre 20 de Septiembre de 2013 al 27 de Junio de 2014, del l de Julio de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, del 13 de Enero de 2015 al

20 de Enero de 2016 y finalmente para el periodo del 16 de Febrero de 2016 al 30 de Abril de 2016 y con base en los salarios (IBC) de cada año tal como se dijo en líneas anteriores.

CUARTO: ABSOLVER a la demandada Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM hoy FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. como vocero y

administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE

REMANENTES. DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE

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Radicación n.° 97852 COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE LIQUIDADO de las demás pretensiones incoadas en el presente asunto por el demandante, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

QUINTO: ABSOLVER a LA NACIÓN/MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN de todas y cada de las pretensiones propuestas por la parte actora, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción, acorde a lo precedentemente expuesto, relevándose del estudio de los demás medios exceptivos, dado el resultado de la Litis.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada CAPRECOM hoy FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. como vocero y administrador del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" EICE LIQUIDADO, señálense corno agencias en derecho la suma de $1.800.000,oo.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar los recursos de apelación interpuestos por el demandante y el PAR Caprecom, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de esta última, mediante proveído del 25 de noviembre de 2020 resolvió: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019, por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, conforme se expuso en las motivaciones.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problema jurídico determinar si existió un contrato de trabajo entre las partes y en caso afirmativo establecer la procedencia de las acreencias laborales

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Radicación n.° 97852 pretendidas en la demanda, así como de las condenas impuestas a la convocada. Adujo que en consideración a la naturaleza jurídica de la demandada, de declararse la existencia del vínculo laboral deprecado, el mismo se regía por las normas propias de los trabajadores oficiales, esto es, el Decreto 2127 de 1945, el que en su artículo 2 preveía como elementos esenciales del contrato de trabajo: a) la actividad personal del trabajador; b) la dependencia de este respecto del empleador que le otorgaba la facultad de darle órdenes y verificar su cumplimiento y; c) el salario como retribución del servicio. Puso de presente que en el presente asunto, la prestación personal del servicio se encontraba acreditada

con los documentos vistos en los folios 23 a 29, correspondientes a las certificaciones expedidas por la jefe de archivo de la entidad empleadora de los diferentes contratos de trabajo así: i) del 20 de septiembre de 2013 al 27 de junio de 2014; ii) del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014; iii) del 13 de enero de 2015 al 20 de enero de 2016 y; iv) del 16 de febrero de 2016 a 30 de abril de 2016. Manifestó que al tenor de la certificación del folio 30, el promotor de la contienda prestó sus servicios como trabajador en misión para Caprecom mediante la empresa Temporales Uno A S. A. S. por el tiempo comprendido entre el 5 de mayo y el 30 de noviembre de 2016, siendo

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Radicación n.° 97852 reconocida a favor de este la respectiva liquidación de prestaciones sociales (fo. 32). Se refirió al interrogatorio de parte rendido por el actor así como al testimonio de Yenny Fernanda Garzón Pachón en torno a las condiciones en que se prestaron los servicios por parte del primero y señaló que, en el texto de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes se previó que estos se regían por la Ley 80 de 1993 y que según el numeral tercero del artículo 32 de dicha normativa estos solo pueden ejecutarse con personas naturales cuando las actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no las realice el personal de planta o se requieran conocimientos especializados. Aludió a la sentencia CC C154-1997 en la que se

estudió la constitucionalidad del mencionado numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y señaló que la reiterada jurisprudencia de esta Sala ha enseñado que en el evento de presentarse «discordia entre la realidad y los (sic) que consignan los documentos prevalece lo que sucede en el ámbito fáctico», lo que respaldó en la decisión CSJ SL, 2 ag. 2004, rad. 22259. Afirmó que la subordinación jurídica era el elemento que diferenciaba el contrato de trabajo de cualquier otra relación de carácter laboral, pues aun cuando el cumplimiento de órdenes y de un horario no eran hechos definitivos para la demostración del contrato de trabajo, era

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Radicación n.° 97852 criterio reiterado que en las relaciones laborales se aplicaba el principio de contrato realidad, en consideración a que prevalecía la naturaleza jurídica del vínculo que materialmente se haya dado. Señaló que «del acontecer procesal que tuvo el juicio en primera instancia, así como de la misma naturaleza de la labor para la cual fue contratado el actor», las funciones de tipo administrativo y de apoyo a las diferentes actividades internas de la entidad, así como las de las estipulaciones establecidas en los contratos de prestación de servicios emergían las características propias del contrato de trabajo, pues no podía existir independencia en unas labores de ese tipo, «que evidentemente realiza el personal de planta de la entidad por corresponder a labores fijas y constantes, para los procesos que se venían adelantando». Enfatizó en que no podía desestimarse que la

subordinación como elemento determinante de la vinculación laboral mediante contrato de trabajo, en el asunto, se encontraba demostrada, en tanto el demandante para ejercer sus funciones estaba sometido a las órdenes y directrices de los jefes de área a la cual fue asignado, sin que para la actividad por él desarrollada se requirieran conocimientos especializados; así mismo cumplía un horario, lo que era indicativo de subordinación al tenor del artículo 1 de la Ley 6 de 1945. Sobre los efectos de la presunción a la que se refiere el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, la que debía ser

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Radicación n.° 97852 desvirtuada por el «beneficiario del servicio» precisó que la demandada no ejerció actividad alguna en ese sentido y, por el contrario, con los medios de prueba recaudados en el proceso se estableció que el demandante estuvo sujeto a subordinación. Así las cosas, coligió que se acreditó la existencia de un vínculo laboral entre las partes, regido por cuatro contratos de trabajo vigentes en las fechas definidas en primera instancia, motivo por el que confirmó la decisión en ese sentido. Respecto a las inconformidades de la parte demandante, aseveró que era dable determinar en primer lugar, lo referente al extremo final del vínculo laboral declarado por el juez unipersonal, en tanto a su juicio, correspondía al 30 de noviembre de 2016 y no al 30 de abril del mismo año como se estableció, pasando por alto el tiempo de servicios prestados a través de la EST pues «ejerció actividades para Caprecom».

Así, afirmó que durante el tiempo comprendido entre el 5 de mayo y el 30 de noviembre de 2016 el actor sostuvo un contrato de trabajo con la Empresa Temporales Uno-A, sin que esta hubiera sido convocada al proceso como demandada, a efectos de responder de manera solidaria frente a una posible vulneración de derechos en la forma de contratación del promotor de la contienda, pues «de manera puntual se pretendió la declaratoria del contrato de trabajo con la entidad demandada Caprecom, siendo confesado por

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Radicación n.° 97852 el demandante al absolver interrogatorio de parte que estuvo vinculado con la entidad demandada hasta el mes de marzo de 2016» de manera que no era procedente que a través del recurso de apelación se pretendiera modificar la demanda inaugural en el citado aspecto, de ahí que dispuso la confirmación de la sentencia de primer grado sobre ese particular. Frente a la indemnización moratoria destacó que el recurso de apelación de la parte demandante perseguía su imposición por cada uno de los contratos celebrados y, por su parte, Caprecom que también recurrió, pretendía que esa condena fuera revocada con fundamento en que actuó bajo el convencimiento de estar en presencia de una vinculación regida por contratos de prestación de servicios. En torno a esta materia adujo que la demandada no presentó razones atendibles que evidenciaran la buena fe en su actuar, pues limitó su defensa a expresar que la relación de trabajo con el demandante se ejecutó en virtud de contratos de prestación de servicios, por lo que era evidente que la mencionada sanción se causó una vez vencidos los

90 días previstos en el Decreto 797 de 1949 a partir de la fecha de terminación de la relación laboral y hasta la finalización del proceso de liquidación de la empleadora lo que ocurrió el 27 de enero de 2017 como lo determinó el a quo. Agregó que no era dable acoger la tesis de la parte actora «al solicitar que se profieran diferentes y sucesivas

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Radicación n.° 97852 condenas por tal sanción respecto de cada uno de los diferentes contratos, toda vez que no existe respaldo legal, ni jurisprudencial alguno que así lo establezca». En cuanto al pago de los aportes a seguridad social en salud pretendidos en el recurso de alzada expresó que era claro que estos tuvieron lugar en vigencia del vínculo contractual que existió, motivo por el que no resultaba ajustado a derecho disponer su pago «cuando el vínculo ya ha desaparecido», por lo que confirmó la decisión absolutoria del juzgado. Sobre la inconformidad de la parte demandante frente a las primas de navidad y de vacaciones, a las que no se accedió en primera instancia, señaló que se encontraban consagradas en el Decreto 1045 de 1978 y que tal como se enseñó a través de la sentencia CSJ SL, sin fecha, rad. 23932 no se aplicaban a las empresas industriales y comerciales del Estado como Caprecom, de ahí que no había lugar a su reconocimiento.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case

parcialmente la sentencia fustigada, en cuanto confirmó la

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Radicación n.° 97852 decisión de primer grado en lo atinente a las absoluciones por concepto de la «subsistencia ficcionada» de cada uno de los contratos de trabajo para que, en sede de instancia, modifique la providencia del a quo y en su lugar condene a la demandada Fiduciaria La Previsora S. A. como vocera y administradora del PAR Caprecom liquidado, al pago de un día de salario por cada día de retardo a partir del día 91, contado desde la terminación de cada uno de los contratos de trabajo con su correspondiente indexación. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por las demandadas, de los cuales se resolverán de manera conjunta el primero y el segundo por dirigirse por la misma vía, denunciar idéntico elenco normativo y sustentarse en los mismos argumentos; y por último el tercero.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1 del Decreto 797 de 1949 y 2.2.30.6.16. del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, en relación con el artículo 230 de la CP.

Para demostrar el cargo afirma que no discute los hechos que tuvo por demostrados el Tribunal, entre otros, que Caprecom EICE y Víctor Javier Gómez Medina estuvieron vinculados mediante cuatro contratos de trabajo así: i) del 20 de septiembre de 2013 al 27 de junio de 2014;

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Radicación n.° 97852 ii) del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014; iii) del 13 de enero de 2015 al 20 de enero de 2016 y iv) del 16 de febrero de 2016 al 30 de abril de 2016; y que la demandada no presentó razones atendibles que evidencien buena fe en su actuar. A continuación, sostiene que el artículo 1 del Decreto 797 de 1949 fue aplicado por el juez plural para confirmar la sanción por no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones correspondientes al último contrato de trabajo, que tuvo lugar entre el 16 de febrero y el 30 de abril de 2016. Sin embargo, a su juicio, tanto el contenido de la aludida disposición, como del artículo 2.2.30.6.16. del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 que lo derogó, fueron cercenados en tanto no restringen su aplicación a un solo contrato entre las mismas partes o al último contrato. Así las cosas, manifiesta que el colegiado no podía exigirle soportar su postura en jurisprudencia, porque el artículo 230 de la CP indica que «los jueces, en sus providencias, sólo (sic) están sometidos al imperio de la ley» y, si bien este rigor «ha sido morigerado precisamente por la jurisprudencia, no existe un solo precedente jurisprudencial que limite la subsistencia ficcionada del contrato (indemnización moratoria) a un solo contrato entre las mismas partes».

VII. RÉPLICA

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Radicación n.° 97852 La NaciónMinisterio de Salud y Protección Social se opone a la prosperidad del cargo manifestando que en la medida que el colegiado no encontró norma sustantiva de alcance nacional que «subsumiera los supuestos fácticos materia de debate» y en consecuencia, que respaldara el reconocimiento «de tantas indemnizaciones moratorias como contratos firmados», el recurrente tenía la obligación no solo de indicar la norma que echó de menos del juzgador sino de plantear como concepto de violación la infracción directa de esa disposición, con miras de «derruir adecuadamente el argumento jurídico» del Tribunal. La Fiduciaria La Previsora S. A. como vocera y administradora del PAR Caprecom liquidado presenta réplica argumentando que el reparo del censor no está llamado a salir avante como quiera que el juez plural aplicó correctamente «los estamentos legales citados en el cargo y existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral que disponen reglas que respaldan la decisión del Tribunal». Afirma que en materia de indemnización por el no pago de prestaciones con relación a trabajadores oficiales «está zanjado en la jurisprudencia laboral» que la norma que regula los conflictos es el artículo 1 del Decreto 797 de 1949; de ahí que la materia de análisis se circunscribe a los efectos de la norma cuando existe la declaración de varios contratos de trabajo como en el asunto.

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Radicación n.° 97852 Reproduce apartes de la sentencia CSJ SL, 12 ag. 1980, rad. 7148 para sostener que «ante múltiples contratos

declarados, debe establecerse si entre ellos ha trascurrido más de 90 días desde la terminación de uno y el inicio de otro, puesto que si terminado uno e iniciado el otro con un intervalo menos a 90 días, no acaece la mora, puesto que el trabajador continuaba vinculado a la entidad» y en esa medida, el cobro de emolumentos se difiere al final del último vínculo, lo que respalda en la decisión CSJ SL3792023.

VIII. CARGO SEGUNDO Impugna la providencia de segundo grado por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 52 del Decreto 2127 de 1945 (subrogado por el artículo 1 del Decreto 797 de 1949) y 2.2.30.6.16. del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, en relación con el artículo 230 de la CP.

Indica que el juez plural «se rebeló» frente a los artículos 1 del Decreto 797 de 1949, que subrogó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, y 2.2.30.6.16. del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 que lo derogó, al considerar que «no existe respaldo legal y jurisprudencial que soporte la subsistencia ficcionada (indemnización moratoria) de cada uno de los contratos ejecutados entre las mismas partes». Lo afirmando como quiera que los mencionados

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Radicación n.° 97852 preceptos no restringen su aplicación a un solo contrato entre las mismas partes o al último contrato, por el contrario la disposición transcrita ordena, en plural, «los

contratos de trabajo recobrarán toda su vigencia en los términos de la ley»; de manera que el sentenciador de la apelación no podía exigirle soportar por su postura en jurisprudencia menos cuando «no existe un solo precedente jurisprudencial que limite la subsistencia ficcionada del contrato (indemnización moratoria) a un solo contrato entre las mismas partes».

IX. RÉPLICA Se opone al cargo la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social afirmando que este carece de fundamento en tanto, contrario a lo endilgado, el juez de la alzada no desconoció el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, pues tal como emerge de la decisión atacada, tal disposición se citó expresamente por este, para limitar la fecha hasta la cual debía liquidarse la indemnización moratoria y, a continuación, cuando abordó la inconformidad de la parte demandante ref