CSJ - SL464-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL464-2023 Radicación n.° 90021 Acta 7 Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por ELBER DE JESÚS GUZMÁN RIOS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 5 de febrero de 2020, dentro del proceso ordinario laboral que sigue contra la COOPERATIVA DE VIGILANCIA

Y SEGURIDAD PROFESIONAL DE ANTIOQUIACOOPEVIAN.

I. ANTECEDENTES Elber de Jesús Guzmán Ríos promovió demanda ordinaria laboral para que se declare la «ineficacia del acto jurídico unilateral colectivo de exclusión» expedido por la demandada. En virtud de ello, solicita que se ordene su reintegro o reinstalación como asociado de la Cooperativa

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Radicación n.° 90021 accionada y se condene al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de compensaciones ordinarias, auxilios de nocturnidad, movilización, alimentación y comunicaciones; descanso anual compensado; bonificación semestral y en general, todos los emolumentos que venía recibiendo a la fecha de la exclusión, hasta cuando sea efectivamente reintegrado; la indexación y las costas. De manera subsidiaria reclamó que se declare que la demandada «incumplió de manera grave y dolosa» el convenio cooperativo de trabajo asociado celebrado con el actor. Por

tanto, solicitó ordenar el cumplimiento del contrato y se condene a su reinstalación como asociado; el pago de la indemnización de perjuicios derivada del incumplimiento contractual equivalente a los dineros dejados de percibir por concepto de compensaciones ordinarias, auxilios de nocturnidad, movilización, alimentación y comunicaciones; descanso anual compensado; bonificación semestral y en general, todos los emolumentos que venía recibiendo antes de que se presentara el incumplimiento del contrato; la indexación y las costas. Como soporte de estas pretensiones manifestó que el 20 de febrero de 2009 celebró un contrato cooperativo de trabajo asociado con la demandada para desempeñarse como guarda de seguridad. Que el 17 de noviembre de 2015 la Cooperativa le informó su exclusión como asociado, con fundamento en una presunta violación de los estatutos y del régimen de trabajo asociado, en especial de los literales l) y o) del artículo 15 estatutario que contemplan como «causales» hacer

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Radicación n.° 90021 comentarios graves, falsos, delicados o malintencionados contra los asociados, directivos y empleados, realmente comprobadas y que afecten los intereses de la cooperativa y violar los estatutos. Explicó que en la carta de exclusión se le endilgó haber hecho comentarios malintencionados y falsos en redes sociales, según un informe técnico. Advirtió que él hizo unas manifestaciones de manera privada por la red de whatsapp con amigos personales, que, además, eran asociados y compañeros de trabajo; que no era una red institucional ni interna de la demandada y tampoco era pública; por el

contrario, es un chat privado al que se accede por invitación. Señaló que, en el referido chat, a través de un audio se quejó de que los nuevos miembros del Consejo de Administración se dejarían manipular de los demás órganos de dirección y de que no le suministraron la información que él solicitó, lo cual es cierto, pues para obtenerla tuvo que acudir a una acción de tutela, por lo que tal queja no era falsa. Señaló que objetó el referido concepto técnico tenido en cuenta por la demandada, con fundamento en una certificación del Consejo de Administración de la propiedad horizontal donde laboraba, pero fue confirmado el 5 de noviembre de 2015. Agregó que también fue acusado por afirmar, en la red de whatsapp, que el asociado Juan Carlos Velásquez había sido citado a descargos por temas que inventó la cooperativa y por haber criticado al Consejo de Administración; sin embargo, lo único que hizo fue expresar

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Radicación n.° 90021 un concepto personal en cuanto a que los motivos de tal citación eran infundados. Refirió que dicho compañero de trabajo (Juan Carlos Velásquez) fue citado por una situación similar a la de él, y tan solo fue sancionado con suspensión, no con exclusión. Dijo que también se le reprochó haber manifestado que Carlos Torres, miembro del referido Consejo de Administración «iba por lo de él», pese a que en la diligencia de descargos aclaró que tal expresión simplemente aludía a que este directivo iba a mejorar su condición personal al entrar al Consejo de Administración. Explicó que sus

expresiones y opiniones en un entorno privado fueron calificadas por la demandada como comentarios falsos y malintencionados y con base en ello fue excluido. Resaltó que no se respetó la escala de faltas y sanciones contempladas en los parágrafos de los artículos 22 y 23 del Reglamento Interno de Trabajo Asociado. Insiste en que la decisión de excluirlo fue irregular y no se siguió el procedimiento establecido para ello en el artículo 16 estatutario, pues se superó el término máximo de 15 días para adelantar la investigación sumaria, y, aunque presentó recursos contra la decisión de la Cooperativa, esta fue confirmada. Finalmente precisó que el literal e) del artículo 19 de los estatutos prevé como prohibición para la demandada, excluir al asociado sin justa causa, y en este caso, él no violó sus

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Radicación n.° 90021 deberes ni prohibiciones y la accionada desconoció su derecho al debido proceso. La Cooperativa Coopevian respondió la demanda oponiéndose a lo pretendido. En relación con los hechos aceptó la vinculación con el demandante, así como su vigencia, la labor ejercida, el texto de la carta de exclusión, la objeción a esta decisión, la escala de sanciones prevista en los estatutos y la prohibición de excluir a un asociado sin justa causa; de los demás indicó que no eran ciertos. En su favor explicó que el asociado demandante fue excluido de la cooperativa porque se demostró que violó los estatutos y el Régimen de Trabajo Asociado; de hecho, el

actor admitió las manifestaciones que hizo en la red social de whatsapp. Aclaró que las causales de exclusión son autónomas y no obligan a aplicar la escala de sanciones a la que se refiere el accionante, más cuando esta opera en relación con las faltas cometidas como vigilante, no como asociado de Coopevian CTA; además, sí se cumplieron los términos previstos para la investigación respectiva. Formuló las excepciones de falta de jurisdicción, inexistencia de la obligación, falta de fundamento jurídico y prescripción, las cuales fueron calificadas como de mérito o de fondo por el juez de primer grado, y, por ende, concluyó que debían estudiarse al proferir la sentencia (audiencia del 4 de mayo de 2017 (folio 321).

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Radicación n.° 90021

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia dictada el 2 de noviembre de 2017, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre Elber de Jesús Guzmán Ríos […] y COOPEVIAN CTA, existió un convenio de trabajo asociado, entre el 20 de febrero de 2009 y el 17 de noviembre de 2015, el cual terminó con la exclusión del demandante, ajustada a la normatividad existente.

SEGUNDO: DECLARAR QUE PROSPERA la excepción de inexistencia de la obligación de reintegro y la inexistencia de causa para declarar ineficaz el acto de la exclusión.

TERCERO: Las demás excepciones quedan resueltas

implícitamente. […] En relación con la excepción de falta de jurisdicción, el a quo precisó que el juez del trabajo sí era competente para conocer de esta controversia, no solo porque así lo dispone expresamente el artículo 59 de la Ley 79 de 1988, sino porque el derecho al trabajo abarca tanto el prestado de manera subordinada como asociativa, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional; de ahí que los principios constitucionales en materia laboral también son aplicables a quien presta sus servicios como cooperado.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín conoció el recurso de apelación presentado por la parte actora, y mediante decisión proferida el 5 de febrero de 2020,

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Radicación n.° 90021 confirmó la sentencia de primer grado y condenó en costas al demandante. Precisó que le correspondía determinar si la exclusión del asociado de Coopevian, fue ineficaz o no, es decir, si obedeció a una verdadera causa estatutaria justificada o no. Aclaró que no era materia de debate la naturaleza del vínculo contractual entre las partes y resaltó que según el artículo 25 de la Ley 79 de 1988, una de las formas de perder la calidad de asociado cooperativo es la exclusión, para lo cual los estatutos deben establecer el procedimiento a seguir. Refirió que de la carta de exclusión que le fue notificada al demandante el 17 de noviembre de 2017, se establecía que: i) la investigación se originó a partir de un informe que

dio cuenta de la existencia de un audio en el que se hacían comentarios malintencionados contra la demandada; ii) el audio fue emitido por el actor, quien reconoció su voz; iii) se adelantó diligencia de descargos en la que se indagó por el referido audio; iv) el comité técnico de operaciones emitió concepto catalogando como falsas y malintencionadas las expresiones del accionante; v) el investigado disciplinariamente tuvo la oportunidad para replicar y vi) la cooperativa concluyó que las manifestaciones hechas por el actor atentaban contra la imagen de las personas y las instituciones y generaba «un riesgo de daño a la imagen de la entidad» frente a los usuarios que estaban en contacto con

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Radicación n.° 90021 los demás asociados. Señaló que la demandada le endilgó al actor la violación de las disposiciones estatutarias previstas en los literales l) y o) del artículo 15 de los estatutos, relativas a la exclusión de los cooperados que realicen comentarios o afirmaciones graves, falsas, delicadas y malintencionadas contra los asociados, directivos y empleados, que afecten los intereses de la Cooperativa. Y advirtió que de un análisis de las circunstancias particulares en que obró el demandante al emitir el audio de whatsapp, se colige que tal actuación se subsumía en la referida estipulación estatutaria. Explicó que las expresiones del demandante que se escuchan en el «medio visible a folio 217», son graves e irrespetuosas, además, no tienen soporte probatorio, tal como lo admitió el señor Guzmán Ríos en la diligencia

descargos. En esa oportunidad, el actor reconoció que no tenía pruebas de los manejos irregulares de la cooperativa como lo manifestó a un grupo de personas que hacían parte de ella, por lo que el colegiado consideró que se trató de un actuar indebido, provocador y contrario a los intereses de la demandada. Aclaró que el hecho de que en el chat de whatsapp, donde se emitió el audio, no participaran representantes de la Junta, no implica que la conducta pierda trascendencia, porque en todo caso, fueron enviadas a un grupo de asociados. El Tribunal advirtió que se podían identificar los directivos de la cooperativa contra quienes se dirigieron los

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Radicación n.° 90021 insultos y acusaciones del demandante, y que no se trató de expresiones como crítica constructiva a la gestión social de la entidad, ni en búsqueda del mejoramiento del grupo de cooperados, sino de manifestaciones que innegablemente le hacían daño a la imagen de la accionada. Recalcó que los términos en que el actor se refirió a los directivos no corresponden a una sana convivencia, a una pretensión de diálogo o de intercambio de ideas para un mejoramiento en común, por el contrario, sus afirmaciones creaban sentimientos de división y controversia estigmatizando a un grupo de directivos. Dijo que en todo ente colectivo existen intereses comunes, y aunque es dable que se presenten desacuerdos en la forma como se desempeñan las actividades, lo cierto es que ventilar el inconformismo de una manera tan radical y enfilar a los integrantes del grupo a tomar medidas contra

las situaciones que se denuncian, constituye un proceder que atenta contra los intereses de la cooperativa. Reconoció que la red social whatsapp puede ser concebida como un medio de comunicación privado, pero cuando lo allí expresado se convierte en una invitación general a todas las personas del grupo de chat para asumir determinado comportamiento contra un ente o una junta directiva, es evidente que trasciende a la esfera colectiva. Explicó que la Corte Constitucional ha establecido la diferencia entre las comunicaciones a través de redes sociales, identificándolas como privadas, semiprivadas y públicas, y aunque en principio, las manifestaciones del

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Radicación n.° 90021 demandante se dieron en un grupo específico de personas, tuvieron trascendencia social «en el medio en el cual se emplea». Insistió en que las expresiones del accionante atentaban claramente contra el buen nombre de la cooperativa, generaban un riesgo frente a la gestión de sus directivos y dejaban entrever una actitud malintencionada y dañina, más cuando no contaba pruebas contra tales directivos. Adujo que, al tratarse de un ente cooperativo, las inconformidades debieron plantearse en un escenario de deliberación bajo las reglas de decoro y respeto a los demás asociados y con pruebas de lo afirmado, para que no se configurara una justa causa de exclusión. Sin embargo, se formularon en un entorno de asociados, no de terceros, y al margen de las directivas, lo cual evidencia una situación «irregular, malintencionada y dañina» para los intereses

colectivos. Siendo ello así, no era necesario que la demandada acreditara un perjuicio, pues este surge de las propias afirmaciones del actor.

Proporcionalidad de la sanción: explicó que la norma estatutaria no consagra una escala de faltas o sanciones, simplemente establece unos hechos cuya consecuencia es la exclusión; por tanto, no puede decirse que la sanción fue desproporcionada, pues estatutariamente no existía otra consecuencia distinta a la exclusión.

Aclaró que la parte actora no demostró que se hubiese dado un trato disciplinario distinto e injustificado a la

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Radicación n.° 90021 situación tanto de él como del asociado Juan Carlos Velásquez; además, recordó que cada caso debe analizarse a partir de sus propias particularidades, y no se allegaron pruebas para evaluar las condiciones bajo las cuales fue sancionado el señor Velásquez. Finalmente, expuso que no se observaba ninguna irregularidad ni violación al debido proceso en la forma como la demandada obtuvo el medio de comunicación que contenía las expresiones del demandante. Precisamente al tratarse de manifestaciones dirigidas a un grupo de asociados, no era extraño que se hubiesen hecho circular dentro de todo el entorno cooperativo, y llegaran a ser escuchadas por todos los asociados. Así las cosas, concluyó que se respetó el debido proceso y que la exclusión del actor obedeció a la comisión de una falta grave.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

El recurrente pretende que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia se revoque la decisión de primer grado: en cuanto absolvió a la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Profesional de Antioquia Coopevian CTA del reintegro solicitado,

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Radicación n.° 90021 declarando en su lugar que el acto jurídico de exclusión del demandante es ineficaz por falta objeto y causa. Se revoque en cuanto absolvió a la cooperativa demandada del pago de todos los ingresos que debió percibir el demandante ex asociado entre la fecha de su ineficaz exclusión y la fecha de su reinstalación efectiva, en la misma forma en la que lo venía haciendo cuando era asociado activo de la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Profesional de Antioquia Coopevian CTA. En su lugar, se ordene el reintegro del señor Elber de Jesús Guzmán Ríos con el consecuente pago de todo lo que recibía como trabajador asociado a la fecha de su ineficaz exclusión, debidamente indexado. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por la parte demandada.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por transgredir la ley sustancial, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 4, 19 numeral 3, 23 numerales 3 y 5, 25 de la Ley 79 de 1988, 24 del Decreto 4588 de 2006 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 29 de la

Constitución Política y los artículos 1501, 1546 y 1746 del CC. Indica que el juzgador incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que Elber de Jesús Guzmán Ríos realizó comentarios o afirmaciones graves en contra de los asociados, directivos y empleados de Coopevian.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que Elber de Jesús Guzmán Ríos realizó comentarios o afirmaciones falsas en contra de los asociados, directivos y empleados de Coopevian.

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3. Dar por demostrado, sin estarlo, que Elber de Jesús Guzmán Ríos realizó comentarios o afirmaciones delicadas en contra de los asociados, directivos y empleados de Coopevian.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que Elber de Jesús Guzmán Ríos realizó comentarios o afirmaciones malintencionadas en contra de los asociados, directivos y empleados de Coopevian.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que Elber de Jesús Guzmán Ríos realizó comentarios o afirmaciones que afectaron los intereses sociales de Coopevian CTA.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que Elber de Jesús Guzmán Ríos violó los estatutos de la Cooperativa Coopevian CTA.

7. Dar por demostrado, sin estarlo que Elber de Jesús Guzmán Ríos incurrió en una conducta tipificada como causal de exclusión en los estatutos de la Cooperativa Coopevian CTA.

8. No dar por demostrado, estándolo, que Elber de Jesús

Guzmán Ríos estaba llevando a cabo labores de auditoría y fiscalización de los órganos directivos de Coopevian.

9. No dar por demostrado, estándolo, que el Consejo de Administración estaba impedido para definir la exclusión del demandante por evidenciarse un claro conflicto de intereses.

Refiere que estos errores surgieron por la indebida valoración de las siguientes pruebas:

1. Misiva de exclusión de fecha 17 de noviembre de 2015 (folios 49 a 59)

2. Estatutos y Régimen de Trabajo Asociado y Compensaciones

(folios 98 y ss – 237 y ss.)

3. Audio de whatsapp del demandante (folio 217)

4. Descargos rendidos por el actor el 6 de octubre de 2015 (folios 219 a 221)

Igualmente, por la falta de apreciación de:

1. Derecho de petición enviado por Elber de Jesús Guzmán Ríos y otros 25 asociados de Coopevian el 14 de septiembre de 2015 (folios 85 a 88).

2. Respuesta a derecho de petición emitida por Carlos Ariel Corredor Silva (folios 91 y 92).

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3. Acción de tutela presentada el 29 de septiembre de 2015

(folios 80 a 84)

4. Oficio expedido por el Juzgado 21 Civil Municipal de Oralidad de Medellín del 16 de octubre de 2015, mediante el cual se informa el contenido de la sentencia de tutela

(folios 96 y 97).

5. Proceso disciplinario adelantado contra Juan Carlos Velásquez Ceballos, asociado de Coopevian CTA (folios 66

a 79). Explica que las normas denunciadas establecen que los estatutos cooperativos deben consagrar las causales de exclusión y los procedimientos para ello, los cuales deben ser observados por los órganos directivos encargados de aplicarlos para garantizar el debido proceso y el principio de legalidad. Refiere que el artículo 13 de los estatutos establece los motivos por lo que se pierde la calidad de asociado, entre ellos, la exclusión; y los literales l) y o) de la cláusula 15 contemplan como causal de exclusión: i) hacer comentarios o afirmaciones graves, falsas, delicadas y malintencionadas contra los asociados, directivos y empleados, realmente comprobadas que afecten los intereses sociales de la cooperativa y ii) violar los estatutos, las cuales fueron endilgadas al actor en la carta del 17 de noviembre de 2015. Menciona que la prueba de la supuesta comisión de la falta es un audio emitido en un grupo de chat de whatsapp; sin embargo, considera que fue mal valorado, pues de él no se deriva la causal alegada por la demandada por las siguientes razones:

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1. En el mensaje cuestionado, el actor empieza por invitar a sus compañeros a convocar a una Asamblea General de Asociados, sin que el Tribunal hubiese tenido en cuenta que para ese momento se presentaba una evidente inconformidad frente a la gestión de los directivos y órganos de control de la cooperativa; tanto es así, que los asociados buscaban reunirse en Asamblea General, no de delegados.

Resalta que esa inconformidad no era exclusiva del accionante, pues en el mismo audio él refiere que, «como lo

dice el compañero Javier, esta gente no tiene voluntad de nada […] están peor que los otros». Y al decir «otros», alude a los anteriores miembros del Consejo de Administración, que fueron excluidos por malos manejos financieros. Lo relevante es que, además del actor, otro asociado pensaba lo mismo en torno a la falta de voluntad de las directivas, por lo que el descontento era «generalizado» y lo que pretendían los cooperados era ejercer un control del manejo administrativo y financiero. Dice que lo anterior se corrobora con los documentos de folios 85 a 88, que acreditan que el 14 de septiembre de 2015, el señor Guzmán Ríos y otros 25 asociados solicitaron a la Cooperativa información sobre las decisiones administrativas y financieras adoptadas por el Consejo de Administración, sin obtener respuesta; situación que exacerbó los ánimos de los peticionarios, así, el actor tuvo que instaurar una acción de tutela para que se le suministrara la información requerida, y efectivamente su

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Radicación n.° 90021 derecho fundamental de petición fue amparado, como consta en documentos de folios 80 a 84 y 96 y 97. Explica que estos documentos muestran el contexto en el que el actor emitió el mensaje de whatsapp, fue llamado a descargos, se adelantó el proceso disciplinario y finalmente se excluyó de la cooperativa; pues es evidente que había una situación de inconformidad y «ánimos caldeados». De ahí que el audio denunciado no podía ser analizado de manera aislada, sino que debían tenerse en cuenta las circunstancias

en que se emitió. Hace notar que el trámite disciplinario se inició tan pronto presentó la petición y la acción de tutela antes referidas.

2. Menciona que el actor también manifestó en el audio que «estos como que se van a dejar manipular [por] este nuevo Consejo» de las áreas directivas de la entidad, y resalta que expresó «como que», es decir, una probabilidad que está por confirmarse; es su opinión de que, al parecer, así era; por lo que tal frase no implica una acusación categórica, sino una percepción de lo que pensaba que podría ocurrir. En esa medida, esta manifestación no se enmarca en las previsiones del literal l) del artículo 15 estatutario.

En efecto, dice, no es grave, porque no endilga falsamente una conducta típica ni hace imputaciones, y menos aún, deshonrosas. No es falsa, dado que alude a una hipótesis. No es malintencionada, de hecho, ni en los descargos ni en el proceso disciplinario se indagó cuál fue la intención con la que se envió el mensaje de audio, tampoco

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Radicación n.° 90021 se probó, y mucho menos se demostró que fuese mala; este calificativo resulta subjetivo y proviene precisamente de los miembros del Consejo de Administración que deciden sobre la imposición de la sanción, tal como consta en la carta de exclusión. Aclara que los descargos fueron mal valorados porque: i) nunca se indagó la intención del demandante y ii) el Consejo de Administración no podía decidir la exclusión del actor, dado que existía un conflicto de intereses; para los

integrantes de este organismo pudo existir mala intención, pero para un tercero imparcial, no. Recuerda que, según el diccionario de la RAE, malintencionado significa «que tiene mala intención», y lo cierto es que no existe prueba de ello y no se sabe de dónde la dedujo el colegiado. Lo que sí es posible establecer es que el ánimo del demandante era ejercer sus derechos como asociado y dueño de la Cooperativa y expresar su descontento frente a malos manejos previos. Advierte que, en los términos de la norma estatutaria invocada por la cooperativa, el comentario del asociado debía ser «grave, falso, delicado y malintencionado y afectar los intereses de la demandada»; la estipulación establece estas condiciones de manera conjuntiva, no disyuntiva.

3. Indica que en otro aparte del audio el actor expuso: «Todas esas bellezas allá creen que la empresa es de ellos y siguen con las mismas, siguen igual. Este Consejo no tiene nada de voluntad, nada es nada. Entonces compañeros, con ese cuento viejo de que les vamos a dar una oportunidad y de

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Radicación n.° 90021 que van a querer, nada. Primero niegan toda solicitud, todas, y las niegan con un solo comunicado». Estas manifestaciones no son graves, ni son imputaciones de delitos o deshonrosas contra alguna persona. Tampoco son falsas, pues según los documentos de folios 80 a 85, los asociados sí presentaron una solicitud y no obtuvieron respuesta de fondo hasta que se interpuso una acción de tutela para ello (folio 96). Además,

se trata de la opinión del actor, nada más.

4. Otra manifestación del accionante, tiene que ver con la persecución a algunos asociados y con los llamados a descargos a diferentes compañeros «solamente por sospechas», lo cual no constituye una acusación falsa, dado que a folios 66 a 79 se acredita que el cooperado Juan Carlos Velásquez Ceballos fue llamado a descargos por exteriorizar opiniones personales y en esa oportunidad, dicha persona explicó que se sentía perseguido por la Cooperativa, que los asociados como él solo pretendían que se aclararan algunas situaciones financieras y que para ello debían entregarles las pruebas que pedían, y también afirmó que lo manifestado en audios por los cooperados no pasaba de ser su opinión.

Esto corrobora la existencia de un malestar entre los asociados en razón a los posibles malos manejos, y en ese contexto es que se emiten los mensajes de whatsapp por los que son cuestionados tanto el señor Velásquez como el demandante. Aclara que lo expresado por el actor tampoco afecta los intereses sociales de la Cooperativa, por el contrario, evidencia un control frente a la labor administrativa y directiva. Lo que resulta contrario a los

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Radicación n.° 90021 intereses cooperativos es que los asociados no puedan acceder a la información financiera para esclarecer sospechas sobre malos manejos.

5. También se manifestó en el audio que «creen que esto es una empresa privada», lo cual no es falso, sino cierto, pues pese a ser asociados de la Cooperativa, al solicitar información financiera de esta, les fue negada, tal como

consta en documento de folios 91 a 92. Encuentra que lo perseguido por el actor no era realizar críticas, positivas o negativas, sino expresar su inconformidad e invitar a los asociados a convocar a una Asamblea General. El demandante y sus compañeros no eran subordinados de la demandada, sino asociados y dueños de la Cooperativa que aportaban su trabajo y dinero para su sostenimiento; por tanto, tenía derecho a cuestionar las decisiones y manifestar sus opiniones, así como a ejercer los controles necesarios de advertir sospechas de malversación de dinero o malos manejos. Además, en el mensaje de whatsapp no se alude a vías de hecho, confrontaciones o violencia como lo consideró el Tribunal.

6. Otra afirmación hecha en el audio controvertido es haber dicho que algunos compañeros habían asegurado que «Carlos Torres había dicho que él iba por lo de él […] que iba por su carro», la cual no constituye una imputación deshonrosa ni endilga la comisión de un delito, solamente da cuenta de la impotencia, hastío y malestar del actor por lo que él consideraba malos manejos financieros.

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Radicación n.° 90021 Además, en la diligencia de descargos el demandante explicó que se trató de comentarios que le hicieron otros compañeros, pero no que sabía si «ir por lo de él», se refería a una cuestión de progreso, de estudiar, salir adelante y llegar al Consejo de Administración, o si se trataba de llegar a ese organismo por «rosca»; lo que de todas maneras no puede catalogarse como la imputación falsa de un delito.

Así las cosas, considera que, si el colegiado hubiese valorado correctamente el mensaje de audio de whatsapp en conjunto con los documentos denunciados, habría reconocido el contexto en que se emitieron las manifestaciones del asociado y habría advertido que no fueron graves, falsas, delicadas y malintencionadas y que afectaran los intereses sociales de la demandada; por ende, no se configuraba la causal invocada en la carta de exclusión.

VII. RÉPLICA La parte demandada asegura que el análisis probatorio efectuado por el Tribunal es acertado, y que en la sustentación del cargo no se discuten las expresiones del demandante que justificaron su exclusión, las cuales efectivamente fueron malintencionadas, pues no de otra forma se pueden calificar manifestaciones como que «se van a dejar manipular, por lo menos otros sabían robar, se hacían procesos disciplinarios por sospecha». Refiere que no existía un conflicto de intereses porque por disposición estatutaria,

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Radicación n.° 90021 es el mismo Consejo de Administración el facultado para excluir a los asociados.

VIII. CONSIDERACIONES De manera previa es necesario aclarar que, ante la excepción de falta de jurisdicción propuesta por la parte demandada, el juez de primera ins