CSJ - SL468-2024

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL468-2024
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2024

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL468-2024 Radicación n.° 98493 Acta 8 Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS, contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que en su contra y de ALIMENTOS

CÁRNICOS SAS, adelantó ADRIANA MARÍA CIFUENTES

VILLA.

I. ANTECEDENTES Adriana María Cifuentes Villa, llamó a juicio Industrias de Alimentos de Zenú SAS y Alimentos Cárnicos SAS, para que se declarara que: Zenú SAS., terminó unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo; la bonificación anual que le fue pagada bajo la condición de “no constitutiva de salario”, y sí lo era.

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Radicación n.°98493 Consecuentemente, pidió condenar a Zenú SAS., a pagarle: «una indemnización equivalente a 987,2 días de salario, en los términos establecidos en los Acuerdos de Calidad de Vida 2016-2018», según el capítulo 6, cláusula cuadragésima; reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta la bonificación anual constitutiva de salario que Zenú le otorgó por cumplimiento de metas; la sanción moratoria; y ‹‹sanción por no consignación del auxilio de cesantía››. Con Alimentos Cárnicos SAS, pidió declarar: la

existencia de un contrato de trabajo desde el 9 de marzo de 2010 y hasta 7 de abril de 2017; que nunca le sufragó salarios, prestaciones sociales, ni efectuó aportes al sistema de seguridad social; y le terminó unilateralmente el contrato. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, pidió: «se condene de manera individual, conjunta o solidariamente» a Alimentos Cárnicos SAS e Industria de Alimentos Zenú SAS, a pagarle: los salarios, prestaciones y aportes al sistema de seguridad social que no fueron sufragados por el periodo comprendido entre el 9 de marzo de 2010 y hasta el 7 de abril de 2017, de acuerdo al salario que devengó con Zenú SA, toda vez, que el cargo y funciones eran iguales; indemnización por despido; sanción moratoria; sanción por no consignación del auxilio de cesantía; indexación de las condenas a cargo de las dos compañías y las costas.

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Radicación n.°98493 Enunció que en caso de que no se declarara el vínculo con Alimentos Cárnicos SAS, y no se accediera a las condenas derivadas del mismo, se declarara que fungió como Coordinadora de Trade Marketing en Zenú SA., con una jornada de 432 horas mensuales, equivalente a un promedio de 100 horas semanales. Como consecuencia, Zenú SAS, fuera condenada a pagarle: horas extras causadas desde el 9 de marzo de 2010 hasta el 7 de abril de 2017; reliquidación y pago de prestaciones sociales; y sanción moratoria. Sustentó las pretensiones en que: ingresó a laborar el 3 de noviembre de 1992, con Industrias Alimenticias Noel

SA., para prestar servicios personales como secretaria en la ciudad de Medellín, pero el día 27 de diciembre de 2002, recibió una comunicación, en la cual le informaron que, a partir de 1 de enero de 2003, pasaría a laborar a órdenes de Zenú SA – hoy – Zenú SAS., como consecuencia de la sustitución patronal que operaría a partir de la fecha aludida. La empresa antes mencionada, el 3 de julio de 2003, le comunicó que había decidido promoverla al cargo de Trade Junior e incrementar su salario básico; el 9 de marzo de 2010, fue ascendida al cargo de Coordinadora Trade Marketing.

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Radicación n.°98493 Aseveró que Zenú SAS, además de ser empleadora actuó como simple intermediaria en los términos del artículo 35 del CST, porque a partir del 9 de marzo de 2010, le dio instrucciones para que no solo cumpliera funciones como Coordinadora de Trade Marketing, sino que también ejecutara trabajos adicionales en beneficio de Alimentos Cárnicos SAS, consistentes en la promoción para la distribución y venta de la marca Rica y CUNIT. Enunció que acatando órdenes de Zenú SAS., acudió a la ciudad de Ibagué el 28 de marzo de 2017, para liderar una actividad con el personal de la empresa Eficacia, que prestaba servicios a Alimentos Cárnicos SAS, y a Zenú SAS, en el impulso y surtido de los puntos de venta de las dos compañías. Agregó que, allí se percató de varias situaciones que no se ajustaban a la estrategia de ahorro y rentabilidad

de las sociedades, por eso las comunicó vía telefónica a la «coordinadora de personal punto de venta» quien le manifestó que la logística se había organizado conforme las instrucciones impartidas por la jefe María Gómez. Contó que el 6 de abril de 2017, recibió una notificación del área de talento humano, que la citaba a descargos el 7 de abril siguiente, por supuestos hechos ocurridos en meses pasados con Lina Restrepo, específicamente le endilgaron que no le gustaba trabajar con mujeres y que había descalificado su trabajo con expresiones peyorativas.

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Radicación n.°98493 Contó que asistió a los descargos en compañía de otros dos trabajadores, la interrogaron sobre la relación que había tenido con Lina Restrepo, le pusieron de presente las versiones libres de esta trabajadora y de otras dos, y ese mismo día le terminaron el contrato por escrito. Expuso que devengó una bonificación anual reconocida y pagada en dos periodos, derivada del cumplimiento de metas, y en el último año ascendió a $11.205.531, adicionalmente con Zenú SAS, a la fecha del despido tenía una asignación básica de $5.446.056. Refirió que con Zenú SAS, laboró desde el 3 de noviembre de 1992 y hasta el 7 de abril de 2017, y con Alimentos Cárnicos SAS, desde el 9 de marzo de 2010 y hasta el 7 de abril de 2017 y que a la terminación de los contratos, se encontraban vigentes los Acuerdos Calidad de Vida 2016-2018 y el pacto colectivo 2016-2018.

Zenú SAS, se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra. De los hechos aceptó: que laboró con Noel SA; y el 27 de noviembre de 2002, se le informó que pasaba a laborar con Zenú SA. En su defensa argumentó que la prestación de servicios siempre fue a Zenú SAS, pero la demandante pretendía confundir al despacho, al enunciar que prestó servicios a una empresa diferente, pero en realidad nunca se configuró una coexistencia de contratos. Apuntó que el

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Radicación n.°98493 contrato terminó con justa causa, por incumplir el reglamento interno de trabajo, al faltar al respeto y ejercer conductas descalificadoras y malos tratamientos hacia sus compañeros de trabajo. En cuanto al salario, dijo que la accionante pactó con esa empresa, «el pago NO periódico, excepcional, no habitual y, sujeto como lo menciona la apoderada de la demandante, al cumplimiento de metas del concurso de ventas», que además fue objeto de desalarización. Propuso las excepciones de pago, compensación, prescripción y las que llamó, inexistencia de las obligaciones demandadas, falta de título y causa en la demandante, cobro de lo no debido, buena fe, enriquecimiento sin causa, y mala fe de la demandante. Alimentos Cárnicos SAS (f.°319 a 347, expediente electrónico), se opuso s las peticiones en su contra. Argumentó que las instrucciones a la accionante siempre las dio Zenú SAS, pero entre las dos compañías celebraron un contrato con miras a que los trabajadores adelantaran gestiones comerciales que beneficiaran a las dos empresas.

Replicó las excepciones de la otra demandada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.°98493 Concluido el trámite el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, emitió fallo el 12 de septiembre de 2022, en el que decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre la sociedad Industria de Alimentos Zenú SAS., y la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA, existió contrato de trabajo cuya vigencia tuvo lugar el 03 de noviembre de 1992 al 07 de abril de 2017, habiendo percibido la trabajadora como último salario la suma de $5.441.040.

SEGUNDO: DECLARAR que la terminación de dicho contrato se dio sin que mediara justa causa, dando lugar a la indemnización que para estos eventos prevé el pacto colectivo de trabajo suscrito entre las partes, condenar a INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS., a pagar a la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA por este concepto la suma de $183.689.510.

TERCERO: ABSOLVER a INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS, de las demás pretensiones instauradas en su contra por la

señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA.

CUARTO: DECLARAR que no existió, vínculo contractual laboral entre la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA y ALIMENTOS CÁRNICOS SAS., y se ABSUELVE a dicha sociedad de todas las pretensiones instauradas en contra por la señora

ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA.

QUINTO: COSTAS a cargo de la parte demandante y en favor de

ALIMENTOS CÁRNICOS SAS., para cuya liquidación se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, e igualmente las COSTAS a cargo de la INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS, en favor de la demandante (…).

SEXTO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de las obligaciones propuesta por ALIMENTOS CÁRNICOS SAS., no así los demás medios defensivos invocados tanto por esta sociedad como por INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS.

Disconformes, el demandante y la Industria de Alimentos Zenú SAS apelaron.

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Radicación n.°98493

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para desatar los recursos, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, emitió sentencia el 12 de diciembre de 2022, en la que decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el día 12 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA

contra INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS y ALIMENTOS CÁRNICOS SAS., para en su lugar: DECLARAR que el pago por concepto de “concurso de ventas” reconocido por el empleador en el año 2014, constituye factor salarial, por lo que está obligado INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ SAS., a reliquidar a la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA el auxilio de cesantía, los intereses a las cesantías y las primas de servicios.

CONDENAR a INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ SAS., a pagarle a la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA, las siguientes sumas de dinero por concepto de reliquidación de prestaciones sociales: Auxilio de cesantías: $3.025.964

Intereses sobre cesantías: $309.992

Primas de servicios: $2.455.336

CONDENAR: a INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ SAS., a pagarle a la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA, por sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la suma de $164.185.090.

CONDENAR a INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ SAS a pagarle a la señora ADRIANA MARÍA CIFUENTES VILLA, por sanción del artículo 65 del CST., la suma de $207.943.656, equivalente a un día de salario de $288.811, por 24 meses, contados desde el 8 de abril de 2017 hasta 8 de abril de 2019, y a partir del mes 25, deberá reconocerse sobre el valor adeudado por reajuste de las prestaciones sociales intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera.

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Radicación n.°98493

ABSOLVER: a INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ SAS., del reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia en cuanto absolvió a ALIMENTOS CÁRNICOS SAS, de todas las

pretensiones presentadas en su contra.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, en el fallo se expresó: los problemas jurídicos se centraban en determinar: (i) si el pago realizado por Zenú SAS., a la demandante, por concepto de concurso de ventas constituía factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales; (ii) si procedía las sanciones consagradas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST. Previo al análisis de los problemas, refirió que se encontraban las siguientes pruebas:

1. Certificación expedida por Industrias de Alimentos Zenú SAS., donde constaba que la actora prestó servicios a esa sociedad desde el 3 de noviembre de 1992 y hasta el 7 de abril de 2017, siendo el último cargo el de Coordinador de Trade Marketing, con salario de $5.441.056.

2. Recibió las siguientes sumas por “concurso de

ventas-no salario”: AÑO Mes Valor Pag. 2014 enero $6.847.535 01/pág.812 2015 febrero $7.052.961 01/pág.813

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Radicación n.°98493 2015 julio $3.933.928 01/Pág. 815 2016 Enero $7.271.603 01/pág.816 2016 julio $3.933.928 01/pág.817 2017 febrero $7.271.603 01/pág.818

3. Las partes estipularon que los valores pagados por bonificaciones por participar en el concurso de ventas de Productos Cárnicos SAS, no constituía salario.

Procedió a examinar si, el pago denominado «concurso

de ventas» constituía factor salarial. Recordó que la actora pidió que se revocara la sentencia de primer grado en cuanto se negó a tener como salario ese pago. Dijo que de acuerdo a la documental que allegó Zenú SAS, con la contestación de la demanda, la accionante entre el año 2014 y 2017, recibió en forma periódica unas sumas de dinero por “concurso de ventas”. Enunció que el anterior ítem, se hallaba descrito en la presentación denominada “La liga de la justicia. Asociación de Super Ejecutivos”, aportada por Zenú SAS., donde se aparecía que para acceder al premio, se contempló que el mismo aplicaba para las personas que componían la fuerza comercial de la compañía (ventas, desarrollo comercial y logística de distribución), y se medía de acuerdo a dos indicadores: (i) porcentaje de cumplimiento de ventas regional negocio cárnico y (ii) presupuesto de gastos gestionables regional, para el cual se estableció un sistema de puntos. Agregó que, el pago se liquidaba de forma trimestral,

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Radicación n.°98493 semestral y anual, de acuerdo a los lineamientos fijados por el empleador. Aseveró que «observadas las bases sobre las que se fundamentó la retribución entregada a la trabajadora» de la misma advertía cinco aspectos: (i) se encuentra atada al desarrollo de la labor, debiéndose pertenecer al área comercial; (ii) su liquidación y pago es periódico; (iii) existían unos indicadores que debía cumplir la asalariada para que se reconociera el pago; (iv) la medición y

condiciones, fueron diseñadas por la empleadora; (v) el pago no se realizaba para una mejor prestación del servicio, sino que tenía como objetivo enriquecer el patrimonio del subordinado. Adujo que «estos elementos del denominado concurso, permiten establecer que el premio entregado es una remuneración por la prestación del servicio», toda vez, que se identificaban los criterios que la jurisprudencia (CSJ SL5159-2018), ha decantado como orientadores para determinar cuándo la suma que se entregaba era retributiva del trabajo, tales como la habitualidad y el enriquecimiento del patrimonio del empleado. Refirió que no obstante que el a quo encontró probados los anteriores elementos, le desconoció el carácter de retribución directa del servicio, «por advertir que la misma se reconoció producto de un trabajo en equipo», pero ello no tenía la capacidad de desvirtuar el trabajo individual que debió efectuar la actora en sus funciones de coordinación, como lo había enseñado

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Radicación n.°98493 esta Sala de Casación en fallo CSJ SL2322-2020, del que copió un segmento. Afirmó que para la liquidación de prestaciones sociales, no podía pactarse la exclusión del aludido pago, porque ello desconocía el artículo 127 del CST, mandato que corresponde a un desarrollo del principio de prevalencia de la realidad frente a las formas. Por lo descrito, procedía la reliquidación del auxilio de cesantía, prima de servicios e intereses de la cesantía, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 7 de abril de

2017, que era el lapso de tiempo en que tenía incidencia los valores que acreditó le fueron reconocidos por premios. Dijo que con la presentación de la demanda el 17 de enero de 2018, se interrumpió el término de la prescripción extintiva, lo que implicaba que los derechos exigibles con anterioridad al 17 de enero de 2015 estaban afectados por la prescripción, salvo el auxilio de cesantía, porque se hacía exigible a la terminación del contrato (CSJ SL4633-2021 y SL1639-2022), consecuentemente, liquidó los derechos así: Reajuste auxilio de cesantía Año Mayor valor Días Reajuste cesantía 2014 $570.628 360 $570.628 2015 $915.574 360 $915.574 2016 $933.794 360 $933.794 2017 $2.248.952 97 $605.968 $3.025.964

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Radicación n.°98493 Reajuste intereses a las cesantías Año Días Reajuste cesantía Intereses 2014 360 $570.628 $68.475 2015 360 $915.574 $109.869 2016 360 $933.794 $112.055 2017 97 $605.968 $19.593 $309.992 Reajuste prima de servicios Año/semestre Mayor valor Días Reajuste cesantía 2015-I $1.175.494 180 $587.747 2015-II $655.655 180 $327.828 2016-I $1.211.934 180 $605.967 2016-II $655.655 180 $327.828 2017-I $2.248.952 97 $605.968

$2.455.336 Expresó que, según lo analizado, debía condenar a Zenú SAS., a pagarle a la promotora del juicio esos valores. A continuación, estudió la petición de las sanciones de los artículos artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, y argumentó que no procedían de manera automática, pues era necesario constatar si el deudor demostró la existencia de razones serias y atendibles que lo situaran en el campo de la buena fe liberatoria, siendo carga del empleador probar las razones atendibles.

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Radicación n.°98493 Explicó que, «la compañía accionada», expuso que entre ellos existía un pacto de exclusión salarial, pero no aportó razones o elementos de juicio convincentes que le permitieran exonerarse de las moratorias, porque con el análisis que se había realizado en el acápite correspondiente, era claro el carácter retributivo de los premios, sin que la consignación parcial del auxilio de cesantía y los pagos realizados a la terminación del contrato, fueran criterio para evitar su imposición, porque de antaño la jurisprudencia decantó que para ser liberatorio, el pago debe hacerse de manera completa (CSJ SL5146-2020, que reiteró lo descrito en CSJ SL403-2013 y SL1451-2018). Concluyó que, debía revocar la sentencia de primera instancia, en cuanto absolvió a Zenú SAS, y en su lugar condenarla al pago de las sanciones de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST. Calculó el salario

reajustado así: Año Salario Reajuste Salario Total Salario día 2014 $5.370.043 $570.628 $5.940.671 $198.022 2015 $5.799.473 $915.574 $6.715.047 $223.835 2016 $6.171.864 $933.794 $7.105.658 $236.855 2017 $6.415.367 $2.248.952 $8.664.319 $288.811 Luego cuantificó la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así: Año Desde Hasta Días Salario día Total

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Radicación n.°98493 2014 15/02/2015 14/02/2016 360 $198.022 $71.288.052 2015 15/02/2016 14/02/2017 360 $223.835 $80.580.564 2016 15/02/2017 07/04/2017 52 $236.855 $12.316.474 $164.185.090 De la moratoria del artículo 65 del CST, recordó que se causaba por 24 meses, contados desde el 8 de abril de 2017 hasta el mismo día y mes de 2019, «con base en el salario diario de $288.811, la suma de $207.943.656 y a partir del mes 25, sobre el valor adeudado por reajuste de las prestaciones sociales intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera». A pie de página, refiriéndose al salario base de liquidación antes mencionado, detalló: «es producto de suma el salario mensual con base en el cual se liquidó el auxilio final de cesantía (01/pág. 334) más el

factor salarial del concurso de ventas para el año 2017». La apoderada de la demandada, elevó solicitud de adición de la sentencia, porque en su opinión, la «Sala omitió el estudio de la excepción denominada Compensación», toda vez, que se probó que la actora se benefició de derechos extralegales, que en aplicación del artículo 43 del pacto colectivo conducía a la «imputabilidad de dichas asignaciones». El 28 de febrero de 2023, el Tribunal decidió: «NEGAR la solicitud de adición», que fundamentó así:

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Radicación n.°98493 De lo señalado, es claro que las decisiones judiciales son susceptibles de adición en aquellos eventos en que se hayan dejado de resolver aspectos esenciales de la litis, circunstancia que no se configura en este caso, puesto que de conformidad con lo resuelto por el juez a-quo en el numeral 6° de la decisión de primera instancia fueron desestimados los medios exceptivos propuestos por las sociedades demandadas, resolución que no mereció reparó por la apoderada de Zenú S.A.S. pues revisada la sustentación de su recurso se encuentra que la misma se circunscribió a la condena a la indemnización por despido injusto, sin que en esa oportunidad existiendo una condena a su cargo la recurrente hiciera alusión a la compensación de estos valores. En este punto es necesario recordar que de conformidad con el mandato del artículo 66a del CST y SS, “la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso

de apelación ” en ese orden al no ser tema de inconformidad el referente a la eventual procedencia de la compensación (excepción propia cuya configuración debe ser rogada) no contaba esta Sala con competencia para pronunciarse, por lo que no existe la omisión que expresa la memorialista y en ese sentido se negará la solicitud presentada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Zenú SAS, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, a continuación se procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación de la sentencia impugnada en cuanto la condenó a reliquidar el auxilio de cesantía, los intereses a la cesantía y primas legales de servicio, así como le impuso sanciones moratorias contempladas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, y en sede de

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Radicación n.°98493 instancia, se confirme la absolución de estas peticiones. «Subsidiariamente que se reliquide conforme a la ley la sanción moratoria del artículo 65 del CST impuesta». Con ese propósito, propone tres cargos que recibieron réplica de la actora. Alimentos Cárnicos SAS, manifestó que coadyuvaba las solicitudes del recurso extraordinario.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa la aplicación indebida, como violación medio, del artículo 66A del CPTSS, y del artículo 282 del CGP, «violación que a su vez derivó en la aplicación indebida de los artículos 65, 249, 253, 306 y 309 del CST,

así como el 99 de la ley 50 de 1990». En el desarrollo alega que una vez proferida la sentencia de segunda instancia, que revocó la condena impuesta al pago de indemnización por despido injusto y la absolución inicial por reliquidación de prestaciones sociales, solicitó en forma oportuna que «se pronunciara por vía de adición el Tribunal de Medellín frente a la excepción de compensación que se propuso por mi representada desde la contestación de la demanda», en relación con la reliquidación de prestaciones sociales. Indica que el Tribunal negó la adición y transcribe los argumentos que esa colegiatura otorgó para no acceder a

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Radicación n.°98493 esa solicitud. A continuación, argumenta que el juez de segundo nivel, exigió un imposible jurídico, porque la única condena impuesta en primera instancia fue el pago de la indemnización por despido, y, le absolvieron de la reliquidación de cesantía, intereses a las cesantía y prima legal de servicios, por ende, «no podía mi representada interponer recurso de apelación solicitando que se compensara el valor de unas condenas frente a las cuales se había impartido absolución», porque el artículo 66A, no faculta sustentar el recurso de cara a pretensiones que fueron negadas. En consecuencia, si «solo hasta el fallo de primera instancia» (sic), se determinó la existencia de una diferencia en el pago de prestaciones, solo en ese momento procesal había lugar a resolver la excepción de compensación, por eso el ad quem, en aplicación del artículo 282 del CGP, estaba compelido a desatar todas las excepciones,

incluyendo la compensación, toda vez, que se estaban imponiendo nuevas condenas. Sostiene que la aplicación indebida «de la norma procesal», impidió que el Tribunal determinara bajo la égida del artículo 308 del CST, los valores objeto de condena por el reajuste de cesantía, intereses, y primas legales de servicios, que pudieran verse compensados con otros pagos, especialmente de naturaleza extralegal que reconoció a la demandante y analizara si aplicada la compensación quedaban saldos insolutos a la terminación del contrato

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Radicación n.°98493 para efectos de la imposición de la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del CST. Para finalizar, asevera: «si en un ejercicio de extremo formalismo y culto a la ritualidad», se considerara que lo solicitado en el escrito de adición, no corresponde a una compensación, sino a una imputación de pagos, lo cierto es que el precitado artículo 282 del CGP, exige al juez declarar las excepciones que halle probadas.

VII. RÉPLICA Afirma que si bien, en adición al contrato de trabajo, las partes acordaron que los valores pagados por «participar en el concurso de ventas no serían constitutivos de salario», el juez plural de instancia no incurrió en dislate, porque los pagos correspondían a comisiones, independientemente del nombre que se les diera.

VIII. CONSIDERACIONES Para comenzar, debe recordarse que cuando de la vía de puro derecho se trata, la argumentación debe centrarse en la confrontación entre la ley y la sentencia atacada, sin

referencias de naturaleza probatoria, como lo ha adoctrinado esta Corte, entre muchos, en proveído CSJ AL1908-2017, así: El ataque por la vía de puro derecho supone una plena conformidad frente al aspecto fáctico de la controversia y, por ello, la acusación debe formularse con abstracción de cualquier debate de carácter probatorio, de modo tal que el razonamiento

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Radicación n.°98493 del recurrente en casación debe realizarse única y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere vulnerados. Se reitera que la casación como medio de impugnación extraordinario, contiene exigencias de orden legal y otras producto del desenvolvimiento jurisprudencial, que deben ser acatadas por quien acude a él; entre tales requisitos está la coherencia entre la vía seleccionada y el estatuto de valor que le es propio. En ese orden, quien escoge la vía directa para el ataque, debe allanarse a las conclusiones fácticas contenidas en el fallo así como al análisis probatorio realizado por el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso, y mantener la controversia en un plano estrictamente jurídico. Siendo así, como para corroborar la tesis de la censura, la Sala tendría que examinar el escrito de solicitud de sentencia complementaria, pues el discurso se enfila a este documento, y esta actuación no puede adelantarse por la senda de jurídica elegida, porque como se dijo, por la vía de puro derecho, la disertación debe enfilarse a desplegar un ejercicio de confrontación entre la Ley y la sentencia, sin atender disquisiciones que impliquen valorar pruebas o

piezas procesales, el ataque no prospera.

IX. CARGO SEGUNDO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 65, 127, 128, 249, 253, 306, 308 del CST, y 99 de la Ley 50 de 1990.

Como causa eficiente de la violación, lista los siguientes errores:

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Radicación n.°98493

1. Dar por probado que el trabajador debe cumplir unos indicadores en el desarrollo de sus labores para que se cause el pago denominado “concurso de ventas”.

2. Dar por probado sin estarlo que los pagos denominados concurso de ventas, se reconocieron a la demandante de manera habitual.

3. No dar por demostrado estándolo que a la demandante mi representada le reconoció pagos extralegales por concepto de primas de vacaciones y primas de navidad.

4. No dar por probado estándolo que se encontraba pactada una cláusula de imputación de pagos extralegales a eventuales deudas o saldos pendientes por concepto de acreencias de naturaleza legal.

5. No dar por probado estándolo que la demandada liquidó cesantías, primas e intereses a las cesantías sobre valores superiores al salario básico del trabajador, actuando con confianza legítima de no adeudar ninguna acreencia a la demandante.

6. No dar por probado estándolo que la demandada actuó con real y manifiesta buena fe en relación con la demandante.

Afirma que los listados yerros resultaron de la mala valoración de: condiciones de participación y causación de pagos en el concurso de ventas (f.°437 a 445); perfil del

cargo de la accionante (f.°384 a 386); soportes de pago (f.°488 a 491 y 510 a 512); cláusula de imputabilidad de beneficios extralegales (f.°229); liquidación final de acreencias (f.°196); pacto de exclusión salarial por bonificaciones concurso de ventas (f.°380); certificación laboral (f.°381); adhesión de la demandante al pacto colectivo (f.°418).

SCLAJPT-10 V.00 21

Radicación n.°98493 Trascribe los argumentos que el Tribunal expuso para concluir que los pagos por «concurso de ventas» tenían naturaleza salarial, de allí subraya que el sentenciador de segundo nivel sostuvo que «existen unos indicadores que debe cumplir el trabajador en el desarrollo de sus labores para que se reconozca el mismo», y que los pagos eran habituales. Dice que los pagos no fueron habituales, porque al examinarse los comprobantes de nómina de folios 488 a 491, se encuentra que el pago por «concurso de ventas no salario», se reconoció una sola vez en 2014 (febrero), dos veces en 2015 (febrero y julio), dos veces en 2016 (enero y julio) y una vez en 2017 (febrero), por eso no fue frecuente. Menciona que también incurrió en error cuando afirmó que «existen unos indicadores que debe cumplir el

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