CSJ - SL506-2018

RepúbdlC'Ci oclao mbia CorStuep rdeeJm uas ticia Sadleca a saLcaibóonr al SadleDa e sconNg.1e' s tión ERNESTO FORERO VARGAS Magistproandeon te SL506-2018 Radicanc.i4ºó8 n1 31 Act0a4 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLÁNTICO -COOLITORAL-, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de noviembre de 2009, en el proceso ordinario que instauró EDGARDO CASTRO FONTALVO contra el recurrente. l. ANTECEDENTES Edgardo Castro Fontalvo llamó a a la JUICIO Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico -Coolitoral, con el fin de que se condene a reconocer y pagar: i) las sumas descontadas de los salarios y prestaciones sociales, por concepto de responsabilidad

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Radicación n. º 48131 civil y el auxilio de accidentes; ii) el reajuste del salario y de las prestaciones sociales; iii) la indemnización por falta de pago o moratoria, consagrada en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002; iu) la indexación; u) costas y agencias en derecho; y Vl) ultra y extra petita.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para Coolitoral mediante un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 21 de abril de 2001 hasta el 14 de abril de 2002; que el cargo desempeñado fue el de conductor, en un horario de lunes a domingo de 5 a.m. a 8 p.m.; que por razones de la actividad y conforme a la cláusula segunda del contrato de trabajo debía prestar el servicio los días domingos y festivos. Señaló que la empleadora no le canceló los salarios por trabajo extra o suplementario diurno, nocturno, dominicales y festivos; que tampoco pagó el 10% sobre el que recaudó diariamente en días «producbirduot o» ordinarios, ni el 15% del recaudado y «producbirduot o» entregado en días domingos y feriados; que el último salario devengado fue de $731.766 mensuales. Que la demandada descontó ilegalmente del salario y de las prestaciones sociales el valor por y «presudnatñooss » perjuicios causados por «accidernetsep onsabicliivdiald­- a pesar de que el trabajador no dctaou xilaicoc idente», resultó culpable ante las autoridades competentes; y de que la liquidación del contrato de trabajo no se practicó en legal forma, por no incluir el salario real devengado.

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Radicación n. º 48131 Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó

la vinculación y los extremos laborales; aclaró que del tiempo de servicios se deben descontar 27 días por licencias y suspensiones; que el cargo desempeñado fue chofer­ ca brador, pero que no era cierto el horario, pues siempre laboró ocho horas diarias, como quedó pactado en el contrato de trabajo, y que en la quincena trabajaba un domingo y el otro descansaba. Agregó que la demandada no tenía la obligación de pagar horas extras, trabajo suplementario diurno y nocturno, por cuanto el demandante siempre trabajó ocho horas diarias; que los porcentajes por «produbcriudtofuo e » pagado, pues él ganaba un salario promedio mensual y nunca reclamó y aceptó el valor del último salario devengado de $731. 766 mensuales. Frente a los descuentos ilegales, manifestó que no eran ciertos, ya que, cuando el demandante tuvo el accidente de tránsito el 27 de noviembre de 2001, aceptó su responsabilidad y se hizo cargo de los daños ocasionados a los dos vehículos, por haber golpeado por la parte trasera; y que pagó el valor total de las prestaciones sociales con base en el salario real promedio devengado. En su defensa, propuso las excepciones de falta de causa, inexistencia de las obligaciones y pago.

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Radicación n. º 48131 11.S ENTENDCEPI RAI MEIRNAS TANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de diciembre de 2007 (f.º 264-271), resolvió: i) condenar a la

Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico -Coolitoral a reintegrarle al demandante las sumas de $135.000 y $184.000, por descuentos realizados de las prestaciones sociales por « resp . Civil y aux. accidente»; ii) condenar a la demandada al pago de salarios moratorias en la cuantía de $23. 792.20 diarios desde el 20 de abril de 2002 hasta que se haga efectivo el pago; y iii) costas a cargo de la accionada. 111S.E NTENDCESI EAG UNIDNAS TANCIA La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 30 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico -Coolitoraly confirmó en su integridad la sentencia impugnada. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal dio por probados los siguientes supuestos fácticos: i) la existencia del contrato de trabajo a término indefinido desde el 21 de abril de 2001; iz) el cargo desempeñado como conductorcobrador; iiz) la terminación de la relación laboral el 14 de abril de 2002; y iv) el último salario

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Radicación n. º 48131 mensual devengado de $713. 766. Manifestó que la apelación radicó su inconformidad en la condena a pagar o reintegrar los descuentos efectuados junto con la moratoria y las costas del proceso. Consideró como fundamento de su decisión, que los

argumentos expuestos en el recurso no tuvieron la fuerza jurídica para desquiciar la condena, porque los pilares sobre los que se soportó la decisión del a qua fueron contundentes al establecer que, con el acta de liquidación y por aceptación de la demandada, que al actor se le efectuaron descuentos de $135.500 bajo la denominación de responsabilidad civil y la suma de $184. 000 como auxilio de accidente, conceptos que se subsumen en la prohibición del artículo 149 del CST, por referirse a indemnizaciones o daños ocasionados al vehículo de trabajo, en accidente de tránsito de que da cuenta el informe obrante a folio 66; que como se lee, no se permitió la intervención de la autoridad competente, situación que sustrajo al trabajador de alguna responsabilidad personal frente a su empleadora, ya que, la cláusula décima del contrato de trabajo, estableció: El trabajador será directamente responsable ante terceros y ante el patrono por el valor de los darfos y perjuicios causados en accidentes o choque, siempre que resulte responsable o culpable mediante fallos de las autoridades competentes. El trabajador autoriza desde ahora, y en modo expreso para que el patrono descuente tales sumas de su salario, prestaciones e indemnizaciones. Estimó que al no acreditarse el fallo de autoridad competente que coloque en cabeza del trabajador la responsabilidad sobre la ocurrencia del «insucetaslo c»om,o

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Radicación n. º 48131 lo consagra la cláusula citada ni mucho menos establecer el monto de los daños, mal hizo el empleador a

motup ropio fijar dicho valor de manera unilateral y proceder a efectuar los descuentos del salario y prestaciones adeudadas. En cuanto a la inconformidad frente a la indemnización moratoria del artículo 65 CST, indicó que si bien es cierto esta sanción no se impone de manera automática e inexorable, en el caso en estudio no podía colegirse la buena fe que alegaba la pasiva, cuando sin ninguna justificación se apartó de la claridad y literalidad del texto contractual que alega, sin que hubiese pronunciamiento de responsabilidad, para descontar en forma caprichosa y arbitraria las sumas referidas, sin reseñar razones verdaderamente atendibles para su exonerac1on. Expuso que no era procedente la solicitud de la alzada en cuanto a que se condene al pago de dicha sanción conforme con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, por la sencilla razón hermenéutica de la aplicación de la ley en el tiempo, que consagra su vigencia a partir de la promulgación de la misma, acto jurídico que tuvo ocurrencia el 27 de diciembre de 2002, por tanto, es improcedente su estudio con efectos retroactivos al mes de abril de 2002 cuando tuvo ocurrencia la terminación de la relación laboral.

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Radicación n.º 48131

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico -Coolitoral-, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia

recurrida, para que, en sede de instancia, « dictleaq uee n derechcoo rrespoanbdseo,l viedned loo sc argodse la demandaa l aC ooperaDteimvaan dadean,r azódne h aberse autorizeaxdpor esamepnotree lt rabajaDdeomra ndanltoes descuenrteoasl izayd eonss ubsidhiaob,e rspeo rl ah oy demandaldoams i smoass istiddeaa bss olubtuae nfae ).) Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del numeral 1 º del artículo 59, y los artículos 65 y 149 del Código Sustantivo del trabajo en relación con los artículos 13, 18, 19, 55, 249 y 306 del mismo estatuto.

Indica que los quebrantos normativos denunciados se originaron en los siguientes errores manifiestos de hecho:

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Radicancº.i4 ó8n1 31 Acusamloass entenecni sau aparqtuee c ondean al a Demandaad ar enitegraarldl eem andalnatses umadse $135.00y0 ,$0108 4.00q0u,e0l 0e h abídae scontaald o Demandapnotcreo ncedpetR oe sponsabciilvyii adlua xdid lei o prestacsioocnieqasul (eess i acla) c tor. Citó como pruebas dejadas de apreciar: a) la carta de

fecha 27 de noviembre de 2001; b) el informe de accidente n 336 del 28 de noviembre de 2001; y c) la autorización del º trabajador para que la empresa efectuara descuentos. En la demostración del cargo manifiesta que el trabajador autorizó a la empresa a descontar de su salario la suma de $30.000 quincenalmente hasta completar la cantidad de $800.000 y/ o saldo de sus prestaciones sociales en caso de retiro, los cuales estaba destinados a un fondo de responsabilidad civil por valor de $270.000 y a un auxilio de accidente equivalente a $530.000, incluyendo los gastos de un accidente de tránsito que ocurrió el 27 de noviembre de 2001, a las 3:10 pm, en la calle Murillo con Circunvalar, siniestro en el que el actor aceptó haber golpeado la parte trasera de otro bus. Frente al anterior hecho se realizó el «Acta de accidente º de la cual se extrae que no se requirió la N 336», intervención de la autoridad competente, en tanto que los involucrados en el siniestro decidieron conciliar. Señala que el Tribunal equivocadamente consideró que los descuentos realizados al trabajador, se subsumían en la prohibición del artículo 149 del CST, tomándolos como «indemnizaciones por daños ocasionados a la máquina o vehículo de trabajo», relacionándolo con el accidente de

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8 Radicación n.º 48131 tránseinte ol,q uen os ep ermiltaii ón tervednecl iaó n autoricdoamdp etepnuteels,a c láusduélcai dmeacl o ntrato

det rabacjoon saugnraóa utorizdaecd ieósnc ueenntl oo s siguietnétremsi nos: Elt rabajsaedrdoáir r ectarmeesnptoena snatbtele er cyea rnotse elp atrpoonerol v aldoerl odsa rlyo pse rjuciacuisoased no s accidoe cnhtoeq suiee,m qpurere e surletsep onos caubllpea ble mediafnatleld oels a asu toricdoamdpeest eenltt reasb;a jador autordiezsada eh orya e nm odeox prpeasroqa u ee lP atrono descuetnatlseeu sm adse s us alaprrieos,t acsioocnieaesl es indemnizaciones. Indiqcuae e la dq ueme rradamecnotleid geil óa cláusturlaan scqruieta aln, o a creditealfr asledl eol a autoricdoamdp eteqnutece o loqeunce a bedzeatl r abajador lar esponsabsiolbirldeaao dc urredneclia ac cidetnatle , comso ea corednóe lc ontryas toob,re elq uantoum mo nto del osd añomsa,l p odíeale mpleamdootrpu r oprfiijoa,r dichvoa ldoerm aneruan ilatyep rraolc eade efre cteusaors descuednetsloa sl ayrp iroe stacaidoenuedsa das. Reprodtuecxet ualmloeasnr tteí c5u9ln ousm er1aº l, 65y 149d eCló diSguos tandteitlvr oa bapjaora,ac otqaure

losd escuenat olso ss alaryi opsr estacidoen leoss empleadeosst,áp ne rmitsiideomsp qrueep reviamseen te consenesnetnre ele mpleayd sourst rabajaddoerjeasn,do poers crliaat uot orizpaacrriaeó anl izarlos. Agregqau,ee lc olegpiraedtoe rlmaiv tailóo radceli aó n prueqbuae c ontileaan uet orizparceivócinoa n,v eneindtar e lapsa rtyes su scrpioteral t rabajyac doomrco,o nsecuencia dee lloor,d eneólr eintedgeru on ass umasd ed inero lícitamreentteen iAddaesm.á sen, cláusduélcai mdae l

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Radicación n. º 48131 contrato de trabajo, también existía autorización por parte del señor Castro Fontalvo, para que la empresa realizara descuentos por el « valor de los daños y perjuicios causados en accidente o choque». Finalmente, esgrime que el trabajador de forma libre y voluntaria, aceptó su responsabilidad en el accidente de tránsito al conciliar con el afectado, y de i al manera gu cuando tramitó ante el empleador el préstamo «para atender la indemnización de los perjuicios irrogados con su conducta culpable al vehículo de la Empresa de Transporte Lolaya ) cuyo valor autorizó a la Empresa Demandada se le descontara de su salario la suma de $30. 000, 00 quincenalmente hasta completar la cantidad de $800. 000, 00 y/ o saldo de mis prestaciones sociales en caso de retiro[. .. ]».

Razón por la cual, al momento de su retiro de la empresa, se realizaron los descuentos autorizados de su salario y prestaciones sociales.

VII. RÉPLICA Indica el opositor que, si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha venido morigerando la técnica, también lo es que el recurso de casación se debe ceñir a la misma. Que en el presente caso, más que una demanda de casación, el censor ventiló un extenso alegato de instancia, plasmado en el escrito los siguientes

reproches: SCLAJPT-10 V.DO JO Radicación n. º 48131 El alcance de la impugnación es precano, pues no advirtió que se debe hacer con el fallo de la primera instancia; se acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial de manera indirecta, sin embargo, no identifica la modalidad de la infracción; se ataca la sentencia por vía indirecta, pero hace un enjuiciamiento a las normas enunciadas fundamentand o su raciocinio en sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, el recurso se asemeja a un alegato de instancia.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en que la cláusula décima del contrato de trabajo establecía: «Elt rabajador y serád irectarnreenstpeo nsaabnlteet erceroasn tee l y patropnoore lv alodre l osd años perjuiccaiuossa deons o o accidentecsh oqusei,e mprqeu er esulrtees ponsable y culpabmleed ianftael ldoesl asa utoridacdoemsp etente>>,

que, al no acreditarse con la condición pactada ni el valor de los daños, no podía el empleador fijar el motup ropio valor de manera unilateral y descontar del salario y prestaciones sociales. Que las pruebas son contundentes para demostrar que al demandante se le efectuaron descuentos de $135.000 por concepto de responsabilidad civil y la suma de $184.000 por auxilio de accidente, situación prohibida por el artículo 149 del CST. La censura radica su inconformidad en que el trabajador autorizó a la empresa a descontar de su salario la suma de $30.000 quincenalmente hasta completar la

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Radicación n. º 48131 cant i dad de $800. 000 y/ o saldo de sus prestaciones sociales en caso de retiro, los cuales estaba destinados a un fondo de responsabilidad civil por valor de $270.000 y a un auxilio de accidente equivalente a $530.000, que igualmente tramitó ante la empresa un préstamo para cubrir el acuerdo de conciliación por un accidente de tránsito ocasionado con el vehículo de la empleadora, y dentro del cual aceptó su responsabilidad, evitando con ello, la intervención de la autoridad. Así las cosas, corresponde a esta Sala determinar si el Tribunal se equivocó al dar por establecido que los descuentos realizados al salario y a las prestaciones sociales por el empleador, se encontraban prohibidos conforme el artículo 149 del CST. Empieza esta Corporación por analizar el alcance de la demanda de casación, en la cual, luego de solicitar que se «catsoet almlae snenttenec»ia de segunda instancia, pide

que en sede de instancia se «dicltaqe u ee nd erecho corresapbosnodlev,di eel nocdsao r gdoels ad emanadl aa CooperDaetmiavnad aednra a,z dóenh aberasuet orizado expresapmoeernlt t rea baDjeamdaonrd laondste es cuentos realiyz eands ousb sihdaiboe,pr oslreah odye mandlaodsa mismaossi stdiead basso lbuuteafn ea>> c. on lo cual, puede interpretarse que el querer del recurrente es que se revoque la sentencia del aq upaar a que en su lugar se absuelva a la demandada de las pretensiones de la demanda.

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Radicación n. º 48131 Ens eugndlou gasret, i eqnuees obreel t emoajb teod e discóun,s eistSaa lar ectieemnenetne s entceinaC SJ SL13616-2107e,x psró:e El artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, vigente para la época de los hechos, era del siguiente tenor literal:

1. El {empleador} no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el {empleador}, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por dmfos ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de

elementos de trabajo; avances o anticipos de salario; entrega de mercancías, provisión de alimentos, y precio de alojamiento.

2. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses.

La prohibición arriba establecida, parece, pues, superada siempre que el trabajador conceda la autorización que para cada caso otorgue el trabajador, esta es una norma protectora del salario y de abuso de la condición dominante que puede ejercer el empleador, por ello cabe preguntarse, si esa autorización puede ser obtenida bajo fuerza y coacción, e incluso, avalarse en juicio, sin que exista prueba de la responsabilidad del trabajador en la existencia de Jaltantes. En el caso sub examine, tanto por intermedio de apoderado, como a través de su representante legal, la demandada confesó el origen de los descuentos, no sustentado en préstamos, que legalmente puede realizar y por ende descontar a su trabajadora, sino que tales descuentos, tenían su fundamento en una sanción impuesta por las pérdidas económicas que para el empleador representaba el fa ltante de caja. Así las cosas, habiéndose establecido que el ad quem omitió la valoración de las documentales y de la confesión de la parte demandada, ya reseñadas, con las cuales bien, hubiese podido determinar, que: a) el origen de los descuentos, provinieron de la

imputación de fa ltantes de caja a la actora, no de préstamo alguno; b) que a efectos de tal imputación, no se agotó procedimiento previo, contenido en el reglamento intenw del

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Radicación n. º 48131 trabajo; y c) que la trabajadora, devengaba el salario mznzmo legal mensual vigente para la época, que ascendía a la suma de $342.000.oo; se colige que incurrió en error el juzgador de segunda instancia al no aplicar los artículos 149 y 150 del CST, que por una parte, en el inciso 2ºd el primero de los enunciados, de manera diáfana, prescribe la imposibilidad de efectuar la retención o deducción, "aun cuando exista orden escrita del trabajador», cuando quiera «que se afecte el salario mínimo legal o convencional», o «en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres mesesii, tal como aquí ocurrió; en el cual, si bien hubo autorización de la trabajadora, la misma, no legitimaba tal descuento, por cuanto, se itera, con tales descuentos, no sólo se afectaba su salario mínimo legal; sino que el total de la deuda, $6.102.500.oo, supera con creces 1 el monto de su salario en tres meses, esto es $1.026.000.oo. En se ndo lugar, atendiendo que la acusac1on está gu encaminada por la senda indirecta, es deber de la Corte señalar que, de conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, modificatorio del 23 de la Ley 16 de

1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta y, además, como lo ha dicho ésta corporación, que provenga de manera evidente de al na de gu las tres pruebas calificadas, esto es, documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial. Bajo los anteriores lineamientos se entran a estudiar las pruebas acusadas, así: En la carta de fecha 27 de noviembre de 2001, obrante a folio 65, se evidencia en la referencia <ofndo de reposnsailidbacdiv il2 70.00-0a uilxio dea cidceen5 t30.000» que el demandante «uaotrizóa desonct»ad re su salario la suma de $30.000 quincenalmente hasta completar la

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Radicación n. º 48131 cantidad de $800.000 y/ o saldo de sus prestaciones sociales en caso de retiro. La cláusula décima del contrato de trabajo celebrado entre el señor Castro Fontalvo y Cooliteral, refiere textualmente lo siguiente: Elt arbjaadosre rdáir cetamerneptsoesn aeba lntteec erorsy ante elp arotnop ore lv aldoerl odsa ñoy sp erjiucicoasu sadeons accidoe cnhtoeq usei,ep mreq uer seutler epsonsea ob clulpable mediafnaltleod sel aasu toridacdopemest en;t eel straiabdaor auotriza desdaeh oar y enm odoe xprespoa raqu ee lPa trono

descuetnatlese usm sa des us alia,o rprestacsioocniease l es indezmanciio.n es El señor Castro Fontalvo manifestó que los descuentos realizados en la liquidación final de sus prestaciones sociales fueron ilegales, por estar destinados a presuntos daños y perjuicios, causados en accidente de tránsito, sin existir fallo de autoridad competente, justificándolos con conceptos <ifo ndo de responsabilidad civil y auxilio de accidente». Frente a ello, la demandada dijo «no es cierto, cuando el demandante tuvo el accidente de tránsito 27 de noviembre de 2001 en su versión que hace de los hechos, acepta su responsabilidad y también se hace responsable de los daños ocasionados a los dos vehículos, por haberlos golpeado por la parte trasera». A folio 66 obra informe de accidente # 336, realizado el 28 de noviembre de 2001, en el que el señor Castro Fontalvo da su versión de los hechos y donde textualmente manifestó: « no intervino la autoridad competente porque el señor Federico Ramos se presentó en el sitio del accidente y

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Radicación n. º 48131 me dijo que ahí no había nada que hacer, que yo tenía que hacerm.e responsable de los daños». Es de aclarar que el señor Federico Ramos, es el encargado del fondo de responsabilidad civil y recaudo de la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico. º A folio 64 se evidencia el comprobante de egreso n 00252516 de fecha 24 de enero de 2002, a nombre del actor, por concepto de « vr. Préstamo para descontar la suma

de $30. 000 quincenales. En caso de retiro favor descontar de sus prestaciones sociales», en el «detalle» se manifiesta « crédito a empleados» $300. 000. Del análisis en contexto de las documentales reseñadas se constata que efectivamente los $800.000 que el demandante autorizó descontar de su salario fueron destinados a cubrir los «daños ocasionados a los dos vehículos» involucrados en el accidente de tránsito ocurrido el 27 de noviembre de 2001, pero que la empresa les dio el concepto de «fondo de responsabilidad civil 270. 000 - auxilio de accidente 530.000», pues es evidente que sólo hasta esa fecha se empezaron a realizar dichos descuentos, y más aún cuando a folio 64, obra prueba contundente que identifica que las deducciones del salario se realizan por «préstamo» y no con destino al fondo que Cooliteral afirma, sumado a que no demostró la existencia de éste ni funciona.

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Radicación n. º 48131 Ahora, respecto de la cláusula décima del contrato de trabajo, ésta exige que el trabajador sea declarado responsable de los daños y perJu1c1os causados en accidente o choque, mediante fallo de autoridad competente, el cual en este caso brilla por su ausencia, y el argumento que plantea la censura no es de recibo, ya que, en el documento que manifiesta estar aceptada la responsabilidad en el accidente de tránsito, lo único que textualmente dice «es el señor Federico Ramos se presentó en el sitio del accidente y ,ne dijo que ahí no había nada que

hacer, que yo tenía que hacerme responsable de los daños», lo que dista de ser una aceptación y más bien parecer ser un imposición del que era su jefe. Así las cosas, el Tribunal acertó al estimar que los descuentos por las sumas de $135.000 bajo la denominación de responsabilidad civil y $184. 000 como auxilio de accidente, que se dedujeron de la liquidación final de prestaciones sociales eran ilegales y, por ende, procedía su reintegro, máxime que corresponde a conceptos que se subsumen en la prohibición del artículo 149 del CST. De tal suerte que, al no demostrarse un error de hecho notorio, protuberante y manifiesto, la sentencia de segunda instancia guarda su doble de presunción de legalidad y acierto.

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Radicación n. º 48131 Por las anteriores razones, el Tribunal no cometió yerro fáctico alguno, por ende, el cargo se rechaza.

IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada por v1a indirecta, del numeral 1 del artículo 65 del CST, en relación con los º artículos 192,4 9y 306 del mismo estatuto, el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y 769 del Código

Civil Colombiano. Indica que los quebrantos normativos denunciados se originaron en el error manifiesto de hecho de «dar por demostrada, sin estarlo, la mala fe de la Empresa Demandada». En el desarrollo del cargo manifestó que en el expediente no existe prueba que desvirtué la presunción de legalidad de buena fe consagrada en el artículo 83 de la

Constitución Política conforme al cual «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas» y que es equivocada la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de justicia del 14de mayo de 1.987 citada por el Tribunal en tanto que, es anterior a la expedición de la nueva constitucional.

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Radicación n. º 48131 Transcribió textualmente el artículo 65 del CST, y refirió que en el proceso estaba probado que el demandante autorizó a la demandada a descontar de su salario la suma de $30.000 quincenalmente hasta completar la cantidad de $800.000 y/ o saldo de sus prestaciones sociales en caso de retiro, por lo cual era lógico y licito que, llegado el momento, si la obligación no había sido totalmente paga, se procediera a deducir de sus prestaciones sociales la suma adeudada y convenida. Agrega que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción. contraria, en todos los otros, la mala fe deberá probarse y no encontrándose instituida de manera expresa en el derecho laboral la presunción contraria, debe entonces demostrarse. / \

X. REPLICA Indica el opositor que, el cargo adolece de técnica, pues no identifica la modalidad de la infracción, y en fila el desarrollo del cargo por la vía jurídica y no por la fáctica y parece más un alegato que una demanda de casación.

XI.C ONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en que era procedente la indemnización moratoria por cuanto la demanda no demostró haber obrado de buena fe, pues se apartó de la claridad y literalidad del texto de la cláusula

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Radicación n. º 48131 décima del contrato de trabajo en la que justifica los descuentos, para proceder de forma caprichosa y arbitraria a deducir, las sumas de $135.000 por fondo de responsabilidad civil y $184.000 por auxilio de accidente, realizados en la liquidación final de las prestaciones sociales. La censura radica su inconformidad en que actuó de buena fe, pues los descuentos realizados estaban autorizados por el trabajador, siendo lógico realizar la deducción en los términos pactados. Agregó que la buena fe se presume y la mala se debe probar, por lo tanto, en este caso se debe presumir que actuó de buena fe. Así las cosas, corresponde a esta Sala determinar si el Tribunal se equivocó al dar por establecido que Cooliteral no obro de buena fe, al realizar los descuentos de la liquidación final de las prestaciones sociales del demandante, aduciendo una cláusula contractual que el empleador vulneró. En primer lugar, es imperioso recordar que el recurso extraordinario de casación no le otorga competencia a la Sala para juzgar la controversia planteada en el proceso a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente plantee bien la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada para establecer si el Tribunal atendió las normas jurídicas

que estaba obligado a aplicar para solucionar correctamente

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Radicación n.º 48131 la controversia sometida a su consideración y a mantener el imperio de la ley. Por lo anterior, se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como partes en las instancias. Asimismo, para la consecución del objeto del recurso, la demanda de casación debe reunir no sólo los requisitos formales previstos en el artículo