CSJ - SL5095-2018

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JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL5095-2018 Radicación n. 60987 º Acta 41 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). La Sala decide el recurso de casación interpuesto p.or

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

ELECTRICARIBE S.A E.S.P., contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 29 de febrero de 2012, en el proceso que instauró en su contra SONIA

GIACOMETTO DURÁN.

I. ANTECEDENTES Sonia Giacometto Durán demandó a Electricaribe S.A., con la finalidad de que fuera condenada al reconocimiento y pago de las diferencias de las cesan tías y a la reliquidación de la pensión de jubilación con base en el salario promedio, incluido el transporte intermunicipal que reemplaza al legal de conformidad con el artículo 49 de la convención colectiva, los reajustes pensionales debidamente indexados, los

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Radicación n. º 60987 intereses legales, la sanc1on moratoria y las costas del proceso (fls. 2 a 6). Fundamentó sus peticiones, en que la sociedad demandada es sustituta patronal de la Electrificadora del Atlántico S. A., para la cual laboró entre el 27 de junio de

1977 y el 29 de junio de 2001, cuando le terminaron el contrato por el reconocimiento de la pensión convencional. Manifestó que fue afiliada a Sintraelecol y pagó los aportes sindicales; que el 5 de julio de 2005, agotó la vía gubernativa para la reliquidación de la pensión de jubilación con el salario promedio y los factores salariales como el subsidio de alimento y el transporte intermunicipal, que reemplazara al transporte legal de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la convención colectiva de trabajo y en los artículos 7 de la Ley 1 de 1963 y 42, 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978. Señaló que aún vinculada a la empresa, por vía judicial solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales con base en la inclusión de los subsidios antedichos; dicho proceso «curesnae lJ uzgaPdroi meLraob orbaalje olr adicNaod o 00/ 200q0uiperne seangtoót amdieev nígtauo b ernaetl2i 5v a ) y que fue desconocido por la encausada al dej undieo1 999» ) momento de su despido; empero, considera que tiene el derecho al reajuste, dada su calidad de pensionada. Adujo que la empresa también desconoció los factores salariales en especie, tales como órdenes de comida desde 2

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Radicación n. º 60987 19 96 hasta la fecha de retiro, y el valor del transporte

intermunicipal que la empresa le pagó, en tanto su último lugar de trabajo fue el municipio de Sabanalarga - Atlántico. La enjuiciada se opuso a las pretensiones de la demanda y, en su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, pago y compensación (fls. 334 a 346). Negó la mayona de los hechos como estaban planteados. Aclaró que la actora laboró con la Electrificadora del Atlántico en la época indicada en la demanda y que, en virtud del convenio de sustitución patronal, pasó a la accionada a partir del 16 de agosto de 1998, hasta cuando le fue reconocida la pensión convencional, en tanto era beneficiaria de la convención colectiva. Adujo que la demandante no devengaba transporte intermunicipal y que el subsidio de alimentación fue liquidado en debida forma.

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante proveído de 15 de octubre de 201 O (fls. 397 a 405), el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla,

resolvió:

PRIMERO: CONDENESE a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.

ESP, a pagar al demandante (siScON)IA CECILIA GIACOMEITO DURAN, incrementar al demandante (silac p)en sión de jubilación én cuantía de $1.208.151.oo, a partir del 28 de noviembre del año 2.001, más los reajustes legales establecidos en la Ley, y los

intereses correspondientes por el no pago oportuno y completo de la misma, sumas estas que deberán indexarse.

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SEGUNDCOo: n deanl aadr e mandaalpd aag doe l ar eliquidación dec esanptoívraa sl doer$ 11.859.m3á0s1e .lio not,ed reé1ls2 % sobrees tadsi ferepnocril aassr, a zondeess arroleln•ea ld as considerando.

TERCERCOo: n denaa lra d emandaad caa nceslaalra rios moratoarr iaazsdó en$ 53.69d5e.s6d0ee,l2 9d en oviemdberle año2 .0h0a1s etla2 8d en oviemdbearlñe o2 0 .0 3, ya p ardteilr 20d en oviemdbe2r .e0 0p3o,lr o psr ime2r4mo ess easl2, 5 m es canceilnatre rmeosreast oarl iata assm aá xidmeac réddielt iob re asignacceirótni fpioclraa Sd uopse rinteBnadnecnacAriria6ta 5 .

C:TS..(si c). [el] CUARTCOo:n deniagsuea lmael nadt eem andaac daan celarle retroapcetnisviodo ensad[ee l2 9d en oviemdberaleñ o2 .001 hasltaaf ecehnaq usee h ageaf ecetlpi avgoo .

QUINTSOe: D ecla(rsica) rn op robadZaa[[s] se]x cepcwnes

plantepaodlraa [d se]m and[a..d]. a.

SEXTCOO: S TAaSc ardgeol ap ardteem andada. 11. 1SENTENCIDAE SEGUNDAI NSTANCIA Se surtió por apelación de la convocada a juicio y culminó con el fallo gravado, mediante el cual, el Tribunal confirmó la decisión del a qua y condenó en costas a la derrotada en juicio (fls. 423 a 427).

Centró el problema jurídico en determinar si el auxilio de transporte intermunicipal de origen convencional, debía ser incluido como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales de la demandante y, de ser procedente, reliquidar la pensión de jubilación y «los salarios moratorias». En punto a lo primero, transcribió la sentencia CSJ SL, 30 jul. 1989, sin número de radicación y la cláusula 49 de la convención colectiva de trabajo 1998 - 1999, y destacó que

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Radicación n. º 60987 con la demanda inicial se aportaron copias de los recibos de nómina correspondientes a los años 2000 y 2001, en los cuales constaba el pago habitual (mensual) del beneficio aludido. Consideró que dado que la norma convencional disponía que el auxilio de transporte intermunicipal sustituía al auxilio legal, era necesario determinar el significado de la palabra sustituir; por ello, acudió al «diccionario enciclopédico o Larousse que lo define "como poner ponerse a una persona o y se refirió a las sentencias CSJ cosa en nombre de otra"»,

SL, 7 may. 2008, rad. 29592 y CSJ SL, 8 feb. 2011, rad. 35493, en cuanto a la procedencia de incluir el beneficio convencional en la base para liquidar cesantías y demás prestaciones sociales; relacionó pronunciamientos de la misma Corporación en igual sentido, en tanto conforme a las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, se trataba de una suma periódica percibida por la trabajadora durante el último año de servicios.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la convocada ajuicio, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia gravada, en cuanto confirmó la sentencia de primer grado, para que, en sede de instancia, revoque el fallo condenatorio y absuelva a la demandada de las pretensiones.

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Radicanc.ºi6 ó0n9 87 Con tal propósito formula dos cargos, que no fueron replicados, los cuales se resolverán conjuntamente dado que se dirigen por la misma vía de ataque, denuncian acervo probatorio semejante y persiguen la misma finalidad. VI.C ARGOP RIMERO Acusa violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 127, 128, 249, 260 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 de la Ley 52 de 1975; 2 de la Ley 15 de 1959; 7 de la Ley 1 de 1963 y 1 del Decreto 797 de 1949. Relaciona como errores de hecho los siguientes:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el subsidio de transporte legal es factor salarial.

2. Dar por demostrado, estarlo, que el auxilio extralegal sm intermunicipal es factor salarial.

3. No tener por demostrado, estándola, que la demandada expresó razones atendibles en relación con la no inclusión del auxilio de transporte factor salarial. como

4. No dar por demostrado, estándola, que la parte demandada apeló la totalidad del fallo dictado en primera instancia.

Señala como pruebas no apreciadas, la liquidación de prestaciones sociales (fl. 229); como equivocadamente valoradas, la «COMPILACIÓN DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES, DEBIDAMENTE ACTUALIZADA CON EL ACTA FINAL DEL ACUERDO MARCO SECTORIAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO PLIEGO ÚNICO NACIONAL 1998-199911 (fls. 9 a 79), el escrito de apelación (fls. 406 a 408) y la contestación de la demanda (fls. 334 a 345).

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Radicacni.ºó 6 n0 987 Arguye que al valorar la Compilación de los Convenios Colectivos (fls. 9 a 79), el Tribunal se limitó a trascribir la cláusula 49, mediante la cual se convino el transporte intermunicipal, de donde concluyó que, como quiera que el beneficio sustituía al auxilio legal, debía ser «incluido como factor salarial para determinar el promedio de las cesantías y la pensión de jubilación tal como concluyó el a-qua en la

sentencia materia de impugnación»; que al referirse a la norma convencional sobre factores salariales que debían tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, coligió sin explicación que, «aunque entre tales factores no aparece el auxilio de transporte intermunicipal en comento, de todas maneras "no es dable concluir que (dicho auxilio) no deba incluirse como base para la liquidación de las prestaciones sociales del demandante"». Afirma que el dislate consistió en que, si bien, el auxilio de transporte es de creación legal, su naturaleza y objeto no son salariales, dado que no corresponde a una retribución directa del trabajo, sino que se encuentra destinado al cubrimiento de gastos de desplazamiento del empleado, razón por la cual el artículo 7 de la Ley 1 de 1963, dispuso su naturaleza no salarial y «a modo de excepción que exige interpretación restrictiva, acepta incorporarlo como base de la liquidación de prestaciones sociales, sin que por ello pierda su condición de beneficio prestacional y, por ende, no salarial». Señala que si la naturaleza no salarial se predica del auxilio de transporte legal, con mayor razón debe derivarse del convencional, según lo dispuesto en el artículo 128 del

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Radicación n. º 60987 Código Sustantivo del Trabajo, a menos de que se pacte en la misma convención colectiva. Asevera que si el sentenciador de alzada hubiera analizado correctamente el artículo 49 del convenio colectivo (fls. 9 a 79), habría advertido que en dicho precepto no se acordó incluir el auxilio extralegal de transporte

intermunicipal entre los factores salariales para liquidar las prestaciones sociales, por manera que no existe sustento para ordenar las reliquidaciones y la indemnización moratoria. Sostiene que el estaba en la obligación de ad quem revisar la legalidad de las condenas contenidas en los numerales segundo y tercero del fallo de primer grado, en cuanto a la reliquidación de cesantías y de la indemnización moratoria, así como la contestación de la demanda, en la que se expresó que la demandada había cancelado puntualmente los salarios y demás prestaciones, «incluida la liquidación final cuando solicitó el reconocimiento de la pensión Enseguida discurrió: convencionali>. Lo anteriaopra,r ecrea tificcoandm oa yore videnecni ae l documenqtuoe c ontielnale i quidafciinóadnle prestaciones socia(lFeosl 2i2o8sa 230)n,oa precipaodrea lA dQ uemq,u ea l relaciloonfsaa rc tosraelsa ribaalsepesa rlaa l iquidavciisóinb,l es a foli2o2 9,n o inclueylea uxileixot raldeeg atlr ansporte; documenetsote en r elaccioónne lc uanlo c onsqtuae l ap arte actorhau bieroab jetatdaol d ocumenot oe xpresasduo inconforamlir deasdp ecto. Finalmente, recaba en que el error en que incurrió el fallador de segundo grado se derivó de la equivocada

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Radicación n. º 60987 apreciación de la convención colectiva, junto con las demás

piezas procesales, así como la falta de valoración de la liquidación definitiva, lo cual lo condujo a entender que el citado auxilio extralegal es factor salarial. VIIC.A RGSOE GUNDO Acusa violación indirecta, por aplicación indebida del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 128, 260, 467 y 469 ibídem; 11, 36 y 42 de la Ley 100 de 1993; 53 de la Constitución Política; 1494 del Código Civil; 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil; y las leyes 52 de 1975 y 1 de 1963. Aduce como errores fácticos del ad quem, los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándola, que el eje central de la controversia en este proceso, giró en tomo al entendimiento de la cláusula convencional que regula el auxilio intermunicipal de transporte.

2. No dar por demostrado, estándola, que del entendimiento que hizo el juzgador de la cláusula convencional que regula el auxilio de transporte intermunicipal se derivaron las condenas.

3. No dar por demostrado que la demandada cubrió al egreso de la trabajadora todos los emolumentos que creyó deberle.

4. No dar por demostrado, estándola, que la demandante durante la relación laboral y al momento de la liquidación final, no expresó ninguna inconformidad por la no inclusión del referido auxilio de transporte, lo cual solamente expuso en la presentación de la demanda.

Relaciona el mismo acervo probatorio que en el cargo SCLAJPT-V1.00 0 9

Radicación n. º 60987 primero y adiciona como mal valoradas, la demanda (fls.2 a 6), el acta de audiencia de conciliación y primera de trámite (fls. 362 a 364) y segunda de trámite (fls. 395 y 396). Manifiesta que en los numerales segundo y tercero de la decisión de primer grado, el impuso condenas por a qua diferencias y reajustes, originadas en la interpretación de una cláusula convencional, confirmadas en segunda instancia. Asegura que para imponer la sanc1on moratoria, el Tribunal no expuso argumento alguno, y que, además, incurrió en los errores enrostrados porque «sea poyó básicameenntl eap recaarrigau mentadceilJó unz gadsoi,n o manifestacivóanl oracaidóinc ioanlaglu ndaa,n dop or supuesatm aa lJae d el ae mpleadeoi rgan oraenled soc rdiet o apelación». Resalta que la precariedad del sustento de la sentencia acusada, con la correcta valoración del acervo «sdee smoronw> probatorio, pues de las pruebas denunciadas se advierte que solo hasta la promoción del litigio, la actora solicitó el pago del auxilio extralegal de transporte intermunicipal, a más que tampoco alegó su inconformidad una vez recibió la liquidación definitiva. Refiere que la sanción no puede ser automática y que, en la contestación de la demanda se demostró la buena fe de la demandada, al aceptar que al momento de la liquidación 10

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Radicancº.6 i 0ó9n8 7 del contrato de trabajo, canceló todos los factores constitutivos de salario, con lo cual se demostró que la intención «jamás fue la de burlar los derechos del trabajador». VIIIC.O NSIRADECIONES Dado que la inconformidad del recurrente recae principalmente en la indebida intelección que le diera el Tribunal a la cláusula 49 de la convención colectiva de trabajo, mediante la cual fue confirmada la orden de reliquidar las prestaciones sociales y la pens1on de jubilación, con base en la inclusión del auxilio de transporte intermunicipal, importa memorar que esta Corporación, mediante sentencia CSJ SL, 8 feb. 201 1, rad. 35493, interpretó la norma convencional, en los siguientes términos: El cargo persigue quebrar la sentencia de segundo grado, en cuanto confirmó el fallo parcialmente condenatorio del a qua, y para el censor endilgó tres errores de hecho, tendientes a esto demostrar que el Tribunal equivocó, al concluir que el beneficio se convencional denominado "transporte intermunicipal" era factor salarial para el cálculo de prestaciones sociales y la pensión de jubilación, cuando en verdad fue acordado como "una ayuda de naturaleza no salarial". Que, por consiguiente, la demandada ELECTRICARIBE S.A. ESP, a contrario de lo sostenido por la alzada, sí cumplió con lo establecido en la convención colectiva de trabajo vigente para años 1998 - 1999, al determinar la base los salarial a favor del demandante, siendo improcedente el reajuste

impetrado. Para lo anterior denunció la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de valoración de otras. La cláusula cuestionada que contiene el beneficio convencional llamado <transporte intermunicipal>, del siguiente tenor literal: es "ARTICULO 49°. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SCLAJPT-10 V.00 1 1 Radicación n. º 60987 A patridre l af irmdae l ap resentceov nencilóanE ,m presa reconeoráce lv aldoertl r apnostree nb usd,e a cuercdoonl at ariaf delI. N.T R..Aa. aquelltorsaj baadeosr quev ivafune ra del peírmeotu rrbandoe l ac iudadde,no td redle partameynp treos te suss erviecnic ousa liqeurdae l aisn satcailondeels a e ntideand lac iuddaedB arrauniqlla. Ela nteriaouxri ldieot rapnsortes ustiteulya eux ililgoea l det rapnsortye exnoear a laE mpresad ep resteasrts ee rviac io locsi tatdarobsja adoersE.n n ingcúans eol m encionaaudxoi dlei o trapnostreq ues el ec oncead ees totsr ajbaadeosrd ebersáe r inefriaolrA uxillieogq aule a utroiaz elG obiern(CoO N.V8 9-91)" (raelstlaa S alfaol,o i 30 delc uadoe prrniinapcl, compilacdieloó scn on veosnc iolecostv iivgepnatarel oss

años1 998199)9. Delc ontendiedl oac láusturlaan scnriots ae,d epsrendqeu ee l citaaduox idlei< ort ansprotien termpuanlis>ce ih ubiepraac tado segúlno a segrual ac ensrua,c omo" unaay uddae n atrualenzoa sala,"riq aulep ermietxac ilreu stfeac topra ar efectodsel qiuidar prestacisoonceisa lyeasq ,u ea lr epsectnoo s ed cien aday; cofnomre se puedel e,e rloq uee sptuilad ichpore cpeto covnencniaole s elp agod e eseb enfeiciop,a ar aquellos trajbaadeosrq uev ivedne ntdroe ld epatramenpteoor f uerad el peírmeturrboa ndoe l ac iuddaedB ararnquidlolnadp ere stasnu s servichiaobsi,é ndaocsoer daedxpore samentqeu ee sea uxilio extralseugsatli teulay uex ildieto r anspolretg,ea s linq uee n ningcúans sou m ontpou edsae irfn eriaoé rs te. Loa ntersiiogirinf cqau ea,le steaqrup iaardoe lm encniaodaou xilio de trapnostrei nterimpcuianlc onvenciaolan uaxli llieog adle transpporaatr ee,lT riubnadle btee nseere seb enfeiceixot ralegal comfoac tosra liaarpla,ar e fectdoesl al iquiddaecp ireósnt aciones sociayl leaps e nsidóenj ubilaqcuiecó ornr pesondeanla ct,oe rn

lotsé rmidneoalsr tílco7u º del aL ey1 ª d e1 963,m áximqeu es u pagof ue habitpuoarhl a bséerlsei epmre canceleand" ot odlaass o quinceyn/a mse se"s,d ea cuerad looq uem uestrlaanns ó minas deúltl imaoñ od es ervicioobasrn,t easf o lio4s5 3a 460y 583a 590d elc uaderndoe lJ uzgadoT.o do loc ualn o resulta descabelyl asdíro az onadyo ajustadaol c itadmoa tiearl probaritool,oq ued ecsartdaep lanloac omisdieóu nn e rrdoer hechcoo ne lc arácdteem ra nfieistuo o stensible. Brota claro,e ntonces,q ue el Tribunal no se equivocó en

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Radicación n. º 60987 la lectura que le impartiera al precepto extralegal, más aún cuando coligió que el pago del auxilio de transporte intermunicipal, fue devengado por la trabajadora mes a mes, conclusión fáctica que al no ser atacada por el recurrente, también permanece inalterable como soporte de la decisión gravada. En lo que corresponde a la contestación de la demanda (fls. 334 a 345), prueba denunciada como mal apreciada por el sentenciador de alzada, no fue tenida en cuenta por el Tribunal para su decisión, como quiera que sus argumentos se basaron únicamente en la valoración de la convención colectiva de trabajo, de suerte que no le es dable al recurrente atribuir equivocaciones de juicio valorativo a medios de

convicción que no fueron valorados. En la liquidación final de prestaciones sociales, denunciada como no apreciada por el ad quem no se ) vislumbra elemento alguno que desvirtúe la conclusión del fallo gravado; por el contrario, lo que se observa es que allí no se incluyó el rubro controvertido, por manera que su valoración, en lugar de oscurecer, reafirma la conclusión de la alzada, sobre la obligación de incluir tal beneficio como factor salarial. En lo que corresponde al segundo cargo, con el que persigue el quiebre de la sentencia, en cuanto aplicó en forma auto1nática la sanción n1oratoria, de la revisión de la decisión censurada se desprende que el Tribunal no se ocupó de la indemnización reclamada, de suerte que no pudo incurrir en

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Radicanc.6iº0ó 9n8 7 los errores de orden fáctico endilgados. Si la demandante esperaba un pronunciamiento expreso en cuanto a este tópico, contaba con los mecanismos procesales previstos en las instancias ordinarias del proceso, co1no es el caso de la adición de la sentencia de que da cuenta el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, recogido en el 287 del Código General del Proceso, dado que el recurso extraordinario no es el medio adecuado para alcanzar tal propósito. Además, conviene advertir que la acusación tampoco expone, ni sugiere, una violación del principio de consonancia por preterición de alguno de los asuntos objeto de la apelación. Con todo, vale memorar que en lo que concerniente a la

alegación tardía de los trabajadores respecto del desacuerdo por los en1olumentos sufragados por el empleador, esta Sala ha establecido que dado el carácter irrenunciable de los derechos y prerrogativas laborales consagrados en las nonnas laborales, «lodse noimnaodsf iniquo iptaozys s alovs geniécroqsu es easnu csritpoosru nt rbaajado,rd em anear agluna lev edasnu deerchoa reclamasru sa creencias se labaolressip osetriormecnotnes idqeureea le mpleadolra s (CSJ SL 8 jul. 2008, rad. 32371). adeuda» En conclusión, al no haberse demostrado los yerros fácticos achacados por la censura a la decisión gravada, la misma conserva la doble presunción de legalidad y acierto de que viene revestida. Por lo anterior, los cargos no prosperan. Sin costas en el recurso extraordinario, dado que no hubo réplica.

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Radicación n. º 60987

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de febrero de 2012, por la Sala de Descongestión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por SONIA GIACOMETTO DURÁN contra

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

ELECTRICARIBE S.A E.S.P.

Costas, como se dij o.

Cópiese, notifiquese, publíquese, cum devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ 1 ::,.. g C) fi

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