CSJ - SL5159-2018

RepúbdleCi oclao mbia cunSeu prdeemJ au sticia SadleaC asaLcaibóonr al CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente SL5159-2018 Radicación n. 68303 º Acta 43 Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte el recurso de casac1on que formulan ambas partes, contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario laboral que ÁNGELA ESPERANZA SILVA ARIAS adelanta contra

TERMOTASAJE·RO S.A. ESP.

I. ANTECEDENTES La citada accionante demandó a Termotasajero S.A.

ESP a fin de que se declare que es beneficiaria de la convenc1on colectiva de trabaj_o existente en la empresa y que fue despedida el 17 de diciembre de 2010, de manera unilateral, sin justa causa y sin observancia del procedimiento convencional. Así mismo, solicitó que se Radicación n. º 68303 declare que el beneficio de $1.745.000 y el auxilio de rodamiento por $450.000 son pagos salariales. En consecuencia, reclamó el reintegro a un cargo de igual o superior categoría, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, y la indexación de las condenas. En subsidio, demandó el pago de las prestaciones sociales de carácter convencional percibidas en los tres

años anteriores a la terminación de su contrato; el reajuste de sus prestaciones sociales e indemnizaciones pagadas a la finalización del vínculo, con inclusión de los beneficios no salariales por $1.745.000 y el auxilio de rodamiento por $450.000; la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y las costas procesales. En respaldo de sus pretensiones, relató que laboró en Termotasajero desde el 1 7 de junio de 2002 hasta el 1 7» « (sic) de diciembre de 2010, mediante contrato de trabajo suscrito a término indefinido; que el 7 de abril de 2009 celebró un nuevo contrato para ocupar el empleo de Jefe de Compras; que en esa oportunidad acordó un salario básico de $3. 051. 000, más «otros beneficios» por $1. 7 45. 000 y un auxilio de rodamiento mensual por $450.000. Narró que a través de oficio de 17 de diciembre de 201 O la empresa terminó su vínculo laboral de forma unilateral, bajo el argumento de una «reestructuración interna». 2 Radicación n. º 68303 Explicó que al interior de la compan1a existe un sindicato mayoritario denominado Sintraelecol, con el cual la empresa tiene suscrita una convención colectiva de trabajo, aplicable de f arma extensiva a todos los trabajadores por orden del artículo 4 71 del Código Sustantivo del Trabajo; que además, el artículo 2. de ese º instrumento colectivo expresamente extiende su campo de aplicación a la universalidad de los empleados de la

empresa. Indicó que segun la certificación expedida por Termosajero, el número de trabajadores de planta ascendía a 110 en el año 2010 y, de acuerdo con la certificación entregada por el sindicato, la densidad de afiliados a ese año era de 44. Por lo anterior, sostuvo que el número de trabajadores sindicalizados supera la tercera parte de la nómina, lo que significa que la convención colectiva aplica por extensión a todos los trabajadores. Aseguró que de acuerdo con el inciso 3. del artículo º 44 del convenio colectivo, Termotasajero estaba obligado a pasar copia al sindicato de toda carta que dirija a sus afiliados sobre llamados de atención, descargos, sanciones o despido, eslabón que omitió la empresa. Adicionalmente, refirió que la demandada pretermitió íntegramente el procedimiento convencional del artículo 44 y violó la garantía de estabilidad prevista en los artículos 63 y 64, parágrafo 1. ibídem. º 3 Radicación n. º 68303 Por otro lado, afirmó que la suma de $1.745.000 por y el auxilio de rodamiento por $450.000 «otros beneficios» son pagos retributivos del servicio, conforme lo establece el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. A ello, agregó que esta forma de remuneración excede el tope máximo del 40% permitido por el artículo 30 de la Ley 1393 de 201 O como pagos no remunerativos. Por último, manifestó que la convenc1on colectiva de trabajo vigente del 1. de marzo de 2000 al 28 de febrero de

º 2002, se ha prorrogado en virtud de lo previsto en el artículo 4 78 del Código Sustantivo del Trabajo. Termotasajero S.A. ESP se opuso a las pretensiones de la demanda. De sus hechos, admitió que Ángela Esperanza Silva Arias laboró mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 17 de junio de 2002 hasta el de «17» (sic) diciembre de 2010, fecha en la que terminó por decisión unilateral de la empresa, sin justa causa, debido al proceso de reestructuración interna que adelantó la compañía. Así mismo, aceptó la prórroga automática de la convención colectiva de trabajo (2000-2002). Los restantes hechos los nego en su mayoría y frente a algunos manifestó no constarl e. En su defensa, expuso que la demandante no tiene derecho a los beneficios y prestaciones de la convención colectiva de trabajo, por dos razones. Primero, porque ocupó el empleo de Jefe del Departamento de Compras que corresponde al segundo nivel jerárquico, el cual es de 4 Radicación n. º 68303 confianza, dirección y maneJo, no sujeto a un horario laboral. Este cargo -aclarapor orden del artículo 2. del º convenio colectivo, se encuentra excluido de su aplicación. Segundo, porque mediante carta suscrita el 17 de junio de 2002 renunció a la convención colectiva de trabajo a fin de acceder al sisterna de retribución especial de la compañía, que es excluyente e incompatible con aquella. Puntualizó que en virtud de este sistema remuneratorio, la

demandant e rec::.bió además de su salario, una bonificación mensual por valor de $1.745.000 y un auxilio de rodamiento por $450.000. En cuan to a la declaración salarial que impetró respecto de los dos últimos conceptos citados, argumentó que no tienen carácter retributivo del servicio; además, sobre ellos recayó un acuerdo de exclusión salarial amparado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 y su fijación encuentra respaldo en el acta de la junta directiva en la que se ratificó el régimen de beneficios de los trabajadores excluidos del instrumento colectivo. En soporte de su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescnpc1on. A través de memorial que obra a folio 200, la accionante reformó su demanda. Añadió al acápite de hechos que su contrato laboral no corresponde a un cargo de confianza y manejo, en tanto que «esta modalidad de 5 Radicación n. º 68303 conattrol oss uscrilab dee mandada cone l persaol nno sidniaclizado». Termotasajero S.A. ESP replicó que ese hecho no era cierto. Explicó que el concepto de dirección, confianza y maneJo no es una modalidad contractual sino una característica de ciertos empleos; además, estos cargos los ocupan indistintamente trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, a través de fallo de 27 de noviembre de 2012, absolvió a la accionada de las pretensiones formuladas en su contra e

impuso costas a la parte actora.

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación que formuló la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante la sentencia recurrida en casación, corregida el 7 de mayo de 2014, revocó parcialmente el fallo del a qua. En su lugar, declaró ineficaz el acuerdo de exclusión salarial en cuanto al beneficio mensual de $1.745.000, a fin de darle efectos retributivos.

En consecuencia, y teniendo en cuenta un salario real de $4.796.000, condenó al pago de las siguientes sumas indexadas: (i$)34 .585.257 por auxilio de cesantías; (ii) 6 Radicación n. º 68303 $941.490 por intereses a las cesantías; (iii) $3.9 22.878 por vacaciones; (iv$7 ) .8 44.008 por prima de servicios, y (u) 36.834.992 por indemnización por despido injusto. Precisó que la indexación de estos montos debía continuar hasta tanto se haga efectivo su pago, sin perjuicio de que a la fecha de ejecutoria de la sentencia se causen intereses de mora. Adicionalmente, ordenó el reajuste de los aportes al subsistema de pensiones por toda la vigencia de la relación de trabajo, junto con el pago de los intereses liquidados por la administradora de pensiones designada por la demandant e y «sipne rjuidceti eon eqru ep agalro sa portes paras alujdu ntcoo nl osi nteredseem so rar especstiia vsoí see xigipearreea l c umplimideenl taco o ndena».

Facultó a la empresa demandada para descontar de las condenas, las sumas de dinero que hubiese entregado, y la absolvió de las restantes pretensiones de la demanda. En sustento de su decisión, empezó por plantear los siguientes problemas jurídicos: (1) ¿la convención colectiva de trabajo vigente en la empresa, aplicaba a Ángela Esperanza Silva Arias al tiempo de su despido? De ser afirmativo lo anterior, (2) ¿tiene derecho a los beneficios y prestaciones convencionales? Por último, (3) ¿son salario las sumas de dinero que percibió en forma adicional a su sueldo básico? 7 Radicación n. º 68303 Sostuvo que para construir su sentencia tendría en cuenta los documentos aportados y solicitados por ambas partes, los interrogatorios y el testimonio del señor Inocencia Cogollos Zárate. Frente al pnmer problema jurídico, adujo que la demandante mediante comunicación de 1 7 de junio de 2002, dirigida a Termotasajero, manifestó su decisión libre y voluntaria de no acogerse a los beneficios de la convención colectiva de trabajo, hecho que ratificó en el interrogatorio de parte que se le formuló. Adicionó que no existía prueba que acreditara que hubiese sido coaccionada o engañada, ni indicio de que con posterioridad hubiese manifestado a su empleador su decisión de adherirse a las prerrogativas de la convención o afiliado al sindicato. Advirtió que si bien es cierto el testigo Inocencia Cogollos Zárate relató que algunos empleados eran obligados a firmar esa renuncia al momento de ingresar a la

empresa, también lo es que afirmó que conocía este hecho de manera general, y que no tuvo acceso a «no específica», esa documentación. Por lo anterior, concluyó que no era posible darle mérito a su declaración «por cuanto la misma proviene de un conocimiento general, sin soporte probatorio y alguno sí de oídas». Descartó que la renuncia a los derechos convencionales fuese solamente para la vigencia del contrato a término fijo suscrito al ingresar a la empresa, en tanto que en el otrosí de 16 de octubre de 2003, a través del 8 Radicación n. º 68303 cual se modificó la duración del contrato de término fijo a indefinido, ratificó esa decisión (f.º 135). Adujo que esa ratificación no fue impuesta por parte de la empresa y que la demandante no estaba «obligada a "ratificar su voluntad de no beneficiarse de la convención colectiva de trabajo"». Manifestó que la actora en el curso del vínculo no expreso su deseo de rescindir lo acordado con la demandada; además, recibía bonificaciones únicas por no pertenecer al régimen colectivo y no se le descontó de su salario cuota sindical. De ello, dedujo que renunció al convenio colectivo de manera voluntaria, premisa que le sirvió de fundamento para resolver el segundo problema jurídico en el sentido que Silva Arias no tiene derecho a las prestaciones y auxilios convencionales. En lo relativo al tercer problema jurídico, observó que a folio 20 la Directora de Gestión Humana de Termotasajero certificó que la demandante

«por su contrato de trabajo recibe mensualmente como otros beneficios la suma de y $1. 745.000 pesos MI cte., un auxi.lio de rodamiento por valor de $450.0 00 pesos MI cte, los cuales no son salario ni Lo anterior, subrayó, fue acordado por factor prestacional». las partes en el contrato de trabajo inicial, en los otrosíes y en el contrato final. Arguyó que, conforme a lo anterior, la demandante percibió $2.195.000 por pagos no constitutivos de salario, cifra que equivale al 71. 94% del total del último salario básico devengado ($3.051.000). Con base en esta 9 Radicación n. º 68303 circunstancia, indicó que esta f arma de retribución «desnaturalizó el elemento esencial del salario, desmejorando a la actora por la prestación de sus servicios, lo cual va en contravía de la normativa laboral, así como de los principios constitucionales de la primacía de la realidad, irrenunciabilidad de los derechos laborales y la remuneración mínima vital y móvil, incluso del Convenio 95 de la OIT que hace parte del bloque de constitucionalidad». Así pues, subrayó que ese pacto era ineficaz. Adujo que si bien la ley autoriza a las partes para elaborar pactos de exclusión salarial, lo cierto es que debe existir «una proporcionalidad razonable» entre esos beneficios con lo realmente devengado. A pesar de lo anterior, sostuvo que el auxilio de rodamiento por $450.000 no tenía connotación salarial, mientras que «la suma de $1. 745.000 sí se considera que

tiene incidencia salarial por tratarse según la certificación expedida por la empresa de un beneficio mensual, sin destinación específica alguna, como se lee a folio 20». Añadió que el auxilio de rodamiento, en comparfición con el otro beneficio, sí era una «suma razonable» y, además, fue reconocida para facilitar la prestación del servicio de la demandante en función de su cargo. Para complementar su argumento, acudió al acta 17 de 2009 de la junta directiva de Termotasajero que señaló un límite del 35% de los beneficios extralegales. 10 Radicación n. º 68303 A continuación, citó dos sentencias de esta Corporación y subrayó que «si bien el legislador en materia o laboral no ha previsto una disposición para limitar el monto porcentaje de lo que pueden pactar empleador y trabajador como ingreso no salarial, al convenir el monto de este último, la lógica impone que debe existir entre lo considerado como salario y lo que no lo es, una proporción razonable, teniendo presente que tal pacto puede afectar derechos mínimos irrenunciables del trabajador en materia de prestaciones sociales, incluyendo lo relacionado con su derecho a la pensión de vejez». En consecuencia, manifestó, si la remuneración total fue de $5.246.000, compuesta por $3.051.000 de sueldo básico y $2.195.000, al aplicar el 35% al salario básico, arroja un monto de $1.067.850, que correspondería a la suma máxima no salarial. Añadió que

«como el auxilio de rodamiento no supera el valor de $1.067.850, dado que 000, correspondió a la suma de $450. se considerará como factor no salarial». Así, aseguro que debía reconocerse de manera favorable la incidencia salarial al valor reconocido como bonificación mensual de $1.745.000, por lo que era procedente revocar la sentencia del juez a e imponer las qua condenas antes descritas, teniendo en cuenta un salario total de $4. 796. 000, «es decir la suma de la asignación básica mensual de $3.051.000, más $1. 745.000 reconocida o como beneficio bonificación sin especificación determinada según la constancia mencionada». 11 Radicación n. º 68303 Por último, declaró la prescripción de los derechos exigibles antes del 25 de mayo de 2009, salvo los aportes a la seguridad social y cesantías; precisó que el contrato de trabajo fue hasta el 19 de diciembre de 2010 y, en cuanto a la sanción moratoria, manifestó que en el recurso de apelación la demandante no controvirtió la decisión absolutoria del juzgado.

IV. LOS RECURSOS DE CASACIÓN Ángela Esperanza Silva Arias y Termotasajero S.A. ESP recurrieron en casación. Por razones metodológicas, la Corte resolverá ambos recursos conjuntamente.

V. RECURSO DE CASACIÓN (ÁNGELA ESPERANZA

SILVA ARIAS)

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la parte demandante que la Corte case el fallo impugnado en cuanto no declaró que le asistía derecho a los beneficios convencionales (reintegro), no incluyó el

auxilio de rodamiento como factor salarial y absolvió de la sanción moratoria. En sede de instancia, reclama que se acceda a esas pretensiones. Con tal propósito, formula cuatro cargos, que fueron objeto de réplica por la empresa accionada. 12 Radicación n. º 68303

VII. CARGO PRIMERO Por la v1a indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, le atribuye a la sentencia controvertida la violación de los artículos 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 22, 24, 37, 39, 43, 46, 65, 104, 108, 127, 128 y 374 ibídem, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política.

Lo anterior como consecuencia de los siguientes errores. manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los efectos de la renuncia a los beneficios de la convención colectiva presentada por la actora el 1 7 de junio de 2002, se hubiesen extendido hasta la finalización del vínculo laboral.

2. No dar por demostrado, estándola, que la renuncia a los beneficios de la convención colectiva presentada por la actora el 17 de junio de 2002, solo aplica para la vigencia del contrato de

trabajo a término fzjo suscrito al comienzo de su relación laboral.

3. No dar por demostrado, estándola, que con la suscripción del nuevo contrato de trabajo a término indefinido, el 7 de abril de 2009, quedaron sin efecto las disposiciones anteriores, entre ellas, la renuncia a la convención colectiva.

4. Dar por demostrado, sin ser ello cierto, que una vez se suscribe el contrato de trabajo a término indefinido, la actora estuvo obligada a ratificar su voluntad de no beneficiarse de la convención colectiva de trabajo, habiendo continuado con dicha voluntad.

5. No dar por demostrado, estándola, que la señora SILVA ARIAS es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre TERMOTASAJERO S.A. E.S.P y SINTRAELECOL, para los años 2000-2002, la cual se encontraba vigente por prórroga automática a1 17 de diciembre de 201 O, cuando se desvincula la actora.

13 Radicación n. º 68303 Asegura que los errores de citados se originaron facto en la valoración equivocada del contrato de trabajo a término fijo suscrito el 17 de junio de 2002 y sus otrosíes, la comunicación de 1 7 de junio de 2002, el contrato de trabajo a término indefinido celebrado el 7 de abril de 2009, la convención colectiva de trabajo, el reglamento interno de trabajo, las constancias laborales, la comunicación del 17 de octubre de 2010, el interrogatorio de parte de la demandante y los testimonios de Inocencia Cogollos Zárate,

Ender Rolano Jaime Peñaranda, Jesús Orlando Martínez Pedraza, Nelson Javier Montaña Dueñas, Francisco José Montes Bermón y José Mario Aparicio Díaz. En desarrollo de su acusación, critica al Tribunal por haber dado por acreditado que la renuncia a los beneficios convencionales suscrita en junio de 2002 conservó sus efectos hasta el fin de la relación de trabajo, al margen de si las partes celebraron un nuevo negocio jurídico. En tal dirección, expone que los contendientes suscribieron un contrato de trabajo a término fijo el 17 de junio de 2002 y dos otrosíes de fechas 16 de octubre de 2003 y 29 de abril de 2005, que en el primero de ellos la accionante ratificó el deseo de no beneficiarse de la convención colectiva de trabajo. Sin embargo -precisa-, el 7 de abril de 2009 firmaron un nuevo contrato de trabajo a término indefinido, en cuya cláusula décima segunda se consignó que el acuerdo reemplazaba en su integridad y dejaba sin efecto o «cualqoutirecoro ntrvaetrob aels crito». 14 Radicación n. º 68303 Asegura que en el nuevo vínculo laboral los suscriptores no manifestaron su interés en ratificar la renuncia a la convención colectiva de trabajo, de manera que no era plausible aseverar, como lo hizo el juez plural, que «la actora estuvo obligada a ratificar su voluntad de no beneficiarse de la convención colectiva de trabajo». De esta forma, sostiene que el Tribunal cometió el mayúsculo error de no advertir que las partes dejaron sin efecto todos los actos contractuales previos.

Subraya que por haber quedado sin efecto la renuncia a la convención colectiva de trabajo, sumado al hecho que ocupó el cargo de Jefe de Compras, tiene derecho a los beneficios convencionales de acuerdo con los artículos 45 del reglamento interno de trabajo, y 2 y 3 del instrumento colectivo. Dentro de estas prerrogativas, resalta los artículos 44 y 63 convencionales, relativos al procedimiento disciplinario y la garantía de estabilidad en Termotasajero, esto, para decir que tiene derecho al reintegro en tanto que la empresa no siguió el trámite sancionatorio. Por otro lado, acude al interrogatorio de parte rendido por la demandante, con el propósito de demostrar que ella corroboró, en sus propias palabras, lo antes expuesto. Finalmente, puntualiza que los testigos no ofrecen elementos de juicio en tanto que la suscripción del contrato laboral es un negocio entre las partes. 15 Radicación n. º 68303

VIII. CARGOS SEGUNDO Y TERCERO Por la vía directa, y bajo los conceptos de aplicación indebida (cargo primero) e interpretación errónea (cargo segundo), la proponente le atribuye a la sentencia controvertida la violación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en relación con los artículos 22, 24, 37, 39, 43, 64, 65, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo,

174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política. En sustento de su embate, sostiene que segun el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, la totalidad de los pagos no salariales no pueden ser superiores al 40% del total de la remuneración. De esta forma, asegura que el Tribunal ha debido sumar la bonificación por $1.745.000 y el auxilio de rodamiento por $450.000 para determinar si excedían el límite referido. Critica que el juez plural para efectos de establecer si la remuneración de la demandante se ajustaba a los topes máximos, haya examinado por separado el beneficio de $1.745.000 y el auxilio de rodamiento; también que producto de ese ejercicio, haya concluido que el segundo no era salario porque no superó el 35% del salario base ($1.067 .850). 16 Radicación n. º 68303 De acuerdo con lo anterior, concluye que el acuerdo celebrado entre las partes debe declararse ineficaz, pues «cumple con las condiciones de habitualidad, periodicidad en su pago y retribución del servicio, de la bonificación tenida en cuenta por el Tribunal, sin importar el nombre o la denominación que para efectos de constitución de salario le haya dado Termotasajero».

IX. CARGO CUARTO Por la vía directa, en la modalidad de interpretación erronea, le imputa a la sentencia impugnada la transgresión del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, violación

medio que condujo a la infracción directa del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 22, 24, 37, 39, 43, 64, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 ibídem, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61 y 62 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 174, 1 77 y 305 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política. Al inicio de su disertación, recuerda que el Tribunal negó la sanción moratoria bajo el argumento de que no fue materia de apelación. Asegura que este razonamiento transgrede el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, incorporado como artículo 66 A al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en tanto que este precepto en modo alguno es una excusa para 17 Radicación n. º 68303 que los jueces se sustraigan de su papel protector de los derechos de los trabajadores. Destaca que el principio de la consonancia es una garantía del derecho de contradicción, de manera que si desde la demanda inicial se reclamó la sanción moratoria es porque tal pretensión lleva implícita la declaratoria previa de inclusión salarial de la bonificación y el auxilio de rodamiento. Por esta consideración, señala que el juez plural estaba obligado a pronunciarse sobre la sanción moratoria, en tanto era un aspecto «inescindible de lo pedido

en apelación, con cual por demás hacía efectivo el principio lo judicial universal de iura novit curia». Insiste en que no es transgresor del principio de consonancia el decidir sobre puntos inmersos o inescindibles de las materias apeladas, puesto que la «suerte de lo accesorio corre la misma suerte de lo principal». A renglón seguido, cita extensamente la sentencia CSJ SL, 30 abr. 2014, rad. 46013, en torno al deber de los jueces de segunda instancia de pronunciarse sobre los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador.

X. RÉPLICA En cuanto al primer cargo, el demandado asegura que la conclusión del Tribunal es razonable y construida sobre una sana crítica. En esa línea, precisa, por un lado, que la renuncia, al ser un acto unilateral, es inmodificable

18 Radicación n. º 68303 mediante acuerdo bilateral; por otro, que la convención colectiva objeto de renuncia, fue la misma durante la vigencia de la relación laboral. Así mismo, sostiene que el contrato laboral firmado en el 2009 no erigió una nueva relación de trabajo, por lo que . . no era necesario una nueva renuncia. En relación con los cargos segundo y tercero, le atribuye al recurrente imprecisiones en su estructuración, dado que argumenta, al mismo tiempo, que los pagos no salariales superaron el 40% de la remuneración y, además, que el auxilio de rodamiento es salario. Así, señala que es contradictorio afirmar que un pago no es salario y, a su vez, alegar su connotación retributiva.

Por último, en lo atinente al cuarto cargo, destaca que el Tribunal se ciñó al principio de congruencia, dado que el demandante no apeló la sanción moratoria.

XI.R ECURSDOE C ASACIÓ(NT ERMAOSTAJERSO. .A

ESP) XIIA.L CACNED EL AI MUPGNACIÓN Pretende la parte demandada que la Corte case totalmente el fallo controvertido y, en sede de instancia, confirme el del juez de primer nivel. 19 Radicación n. º 68303 En subsidio, solicita que se case parcialmente la sentencia en cuanto le otorgó incidencia salarial a la totalidad de la bonificación. En su lugar, pide que se le otorgue ese carácter solamente a la suma de $677.150 que corresponde al excedente sobre el 35% del salario ordinario. En sede de instancia, propone que se revoque parcialmente la decisión del juzgado y se reliquiden las prestaciones sociales y demás créditos laborales. Con tal objetivo, propuso un cargo, que replicó la demandante.

XIII. CARGO ÚNICO Le imputa a la sentencia controvertida la aplicación indebida, por la vía indirecta, de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 64, 189, 192, 249, 306, y 467 ibídleº.md e, la Ley 52 de 1975, 99 de la Ley 50 de 1990 y 204 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior como consecuencia de los siguientes errores de Jacto:

1.D arp ord emosatdro,s m esatrloq,u el asb onfiicaciones extralaelgeqsu el ee ranr econociad alsaa ctao dre manear adicioan sauls aliaorm ensauln,o o bstaenlta ec ueredxpor eso enter laps atress ober sun atrualenzoas alraiaclo,n stituyeron saliaoer nl otsé rmidneoalsr tílco1u 27de ClS T. 2.N od arp ord emotsradeos tánldaqo,u el asb oniifcacioqnuees periódicasmeel nert eceo nioecroan l aa ctao dref a rmaa dicional a su saliaor,e n elú ltipmeor iopdoor c onecptod e auxilio 20 Radicación n. º 68303 educativo -$1. 12 5. 000y por concepto de pensión voluntaria - $620. 000-, constituyeron un régimen de beneficios excluyente con cualquier otro sistema de beneficios extralegal, y fue el resultado de la directriz adoptada por la junta directiva de la entidad en cumplimiento del mandato dispuesto en la convención colectiva de trabajo.

3. No dar por demostrado estándola, que las bonificaciones extralegales que periódicamente se reconocieron a la actora, en el último periodo por concepto de auxilio educativo y pensión voluntaria, por lo menos en la proporción correspondiente al 35% del salario ordinario, no constituyeron salario por disposición expresa del acuerdo de la junta directiva que fue expedido en desarrollo de una norma convencional.

4. No dar por demostrado estándola, que un auxilio médico o

para construcción de una pensión voluntaria, dado su carácter prestacional, no tiene por .finalidad la retribución directa del servicio y por ende es perfectamente válido el acuerdo que de manera expresa ratifique su carácter no salarial. Resalta que los yerros de hecho enunciados se originaron en la valoración errada del otrosí de 29 de abril de 2005, el contrato laboral suscrito el 7 de abril de 2009, el acta n. 1 7 de la junta directiva de 22 de abril de 2009 y º la certificación de 26 de julio de 2010. Además, en la pretermisión de la convención colectiva de trabajo. En desarrollo de su embate, afirma que las bonificaciones reconocidas a la demandante tuvieron una destinación específica y se establecieron conforme a las directrices de la junta directiva plasmadas en el acta n. 17 de 22 de abril de 2009. Según esta acta, los trabajadores excluidos de la convención colectiva de trabajo, como la demandante (art. 2 CCT), tenían un régimen de beneficios extralegal que les permitía escoger prestaciones no salariales en materia de alimentación, educación, transporte y aportes voluntarios a pensión. 21 Radicación n. º 68303 Por lo anterior, subraya que con la demandante se convino un régimen de beneficios instrumentado en el otrosí de 29 de abril de 2005, y luego en la cláusula sexta del contrato de trabajo suscrito el 7 de abril de 2009 en el que se estipuló un pago no constitutivo de salario por $1.690.000, distribuido de la siguiente manera: $600.000 de pensión voluntaria y $1.090.000 de gastos médicos.

Arguye que aunque la certificación de 26 de julio de 2010 genéricamente alude a que la trabajadora 20), (f.º percibía $1.745.000 a título de benefici