CSJ - SL5226-2018

República de Colombia cone Suprema de Justicia salad eC asacl•l.all•er al RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Magistrado ponente SL5226-2018 Radicación n. 63608 º Acta 45 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por BLANCA LIBIA TORO DE CÁRDENAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de abril de 2013, en el proceso que promovió contra el INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES (Hoy COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES BLANCA LIBIA TORO DE CÁRDENAS llamó a juicio al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para que, previos los trámites del proceso ordinario, se declarara que es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se condenara a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la pensión SCLAJPT-10 y_QQ Radicacíón n. º 63608 de veJez, «ap ardteiculrm pleinmtitoo tdaell orse quisitos exigpiodlroaL s e ylo»s i;nt ereses moratorias; y la indexación de las mesadas adeudadas.

En subsidio, solicitó que se condenara a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva de la pensión. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 1 de enero de 1950; que solicitó ante la demandada el

reconocimiento de la pensión de vejez y le fue negada mediante Resolución No. 023986 de 2009, bajo el argumento de que «sotleon cíoat izaadlsa iss t7e2m2as emansaisn, manifessutmaarr iasmeies ntctaoesrr espoatn oddleanav ida laboo raa llo úsl ti2m0oa sñ osqu»e ;co ntra esta decisión interpuso los recursos de la vía gubernativa, aduciendo que se había vinculado al sistema general de pensiones desde 1972, con el empleador Pedro Nel Ospina Vahos, representante de la firma CONFECCIONES OSPINA, y que había cotizado más de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión; que el ISS no repuso la resolución inicial al considerar que si bien tenía 747 semanas cotizadas, de las cuales más de 500 lo fueron dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, no reportaba ninguna semana cotizada antes del 1 de abril de 1994, de manera que no era viable analizar la solicitud pensiona! bajo el régimen de transición; que tenía 512,57 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, por lo que cumplía con los requisitos exigidos por el Decreto 758 de 1990. 2 SCLAJPT-10 V.DO Radicacni.º6ó 3n6 08 Al contestar la demanda, la entidad convocada a juicio se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el agotamiento de la reclamación administrativa. Lo demás dijo que no era cierto, no le

constaba o no era un hecho. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación, buena fe del ISS, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas y la genenca. 11.S ENTENDCEIP ARI MERAI NSTANCIA El Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 31 de marzo de 2011, absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda (Folios 87 a 92). 111S.E NTENDCEIS AE GUNIDNAS TANCIA Apeló la demandante y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 30 de abril de 2013, confirmó el de primera instancia (Folios 118 a 127). En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que el problema jurídico se circunscribía a determinar si la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, a partir de ese análisis, establecer 3

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n. º 63608 si cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez consagrada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que el juez de primera instancia había considerado que al primero de abril de 1994,l a actora no se encontraba afiliada a algún régimen de pensiones, pues su primera cotización había sido realizada el 18 de mayo de 1994, de modo que no había un

régimen que le fuera aplicable por transición; que estaba demostrado que la promotora del proceso nació el 1 de enero de 1950, que estaba afiliada al ISS para los riesgos de invalidez,v ejez y muerte y que dicha entidad había negado la prestación solicitada por cuanto la afiliada no cumplía las exigencias del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ni se podía estudiar la prestación bajo el régimen de transición; que el régimen de transición estaba dirigido a aquellas personas que estaban cercanas a pensionarse y tenían una expectativa que debía protegerse; que,e n los términos del artículo 36 de la ley de seguridad social,a las personas que,a 1 de abril de 1994,t uvieran 35 años de edad, en el caso de las mujeres,o 15 de servicios cotizados, se les respetaron las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen anterior al cual se encontraban afiliadas; que, en tales condiciones, para ser beneficiario del régimen de transición, el afiliado debió pertenecer a alguno de los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993. En su apoyo trajo a colación las sentencias CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 43181 y CSJ SL, 13 ene. 2012,rad. 48031. Bajo las anteriores premisas, concluyó el adqu em: SCLAJPT-V1.00 0 4 Radicación n. º 63608 Segúsned esprednerdlee g icsitvdroie nl a cimioernatnaotf eo lio 59l,a s eñoBrlaa nLciab Tioarod eC árdennaacsei l1óº d ee nero

de1 95p0o,er n dael,1º d ea brdiel1 99f4e,c dheae ntreand a vigencdiesali stgeemnae dreap le nsiionnterosd upcoilrda Lo e y 100d e1 99e3n,e ls ectporri vatdeon4,í4 aa ñocsu mpliSdions . embarsgóole,om peazc óo tiazlIa SrpS a rlaor si esdgeWMo se l1 8 dem aydoe 1 99{fl4s 4.2 y 5 2p)u,e asu nqeunel ad emanadlae gó encontcroatriszepa anrdpaoe n sidoensedesel a ño1 97a2t ravés deelm pleaPdeodNrre oO[ s piVnaah orse,p resednetl aafin rtmea ConfeccOisopniennsao a, c redeiltlaóol i ntedrieolpr ro ceso, incumplliace anrdpgoroa c esiamlp uepsoterala rtí1c7 u7dl eoCl . deP .Cd.ea, p licaancailóónag lpi rcoac edilmaibeon(rtaaor1l t4 .5 CPd eTly d el aS S). Aslía cso salsad, e mandnaont teenr íéag ipmeenns iaonntae[ar ior laL ey10 0d e1 99t3o,d vae qzu neo h abeífae ctcuoatdioz aciones alI ScSo ann teriaolr1º i d deaa bdri dle1 99y4n ,o d emostternóe r pertenaeu nncani oarm ativaindtaedrp iohorar b,se ird soe rvidora

públoih caab,te rra bacjoaundn eo m pleqaudteou rv iaes suce a rgo elr econocyip maigedonep t eon sioEsna esscí.o maoc,i elrjatu ae za dep rimienrsat acnucainapd roofi edreec isaibósno luytaoq ruiea , elA cuer0d4o9d e1 99a0p,r obpaoderol D ecr7e5t8do e mli smo añon,u ncfau eu nan ormaa e llaap licpaoblrlo qe u,en op uede beneficdieaé rsstea .

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el apoderado del a demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, sep rocede a resolver.

5 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 63608

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede instancia, revoque la de primera instancia y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal pnmera de casación, que fue replicado y enseguida se estudia.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 9 de la Ley 797 de 2003; 141 de la Ley 100 de 1993; 8 de la Ley 153

de 1887; y 48 y 53 de la Constitución Política. En la demostración, aduce la censura que, dada la vía escogida para el ataque, no controvierte las conclusiones fácticas a las que llegó el que no es acertada la adq uem; inteligencia que el juez plural le dio al artículo 36 de la ley de seguridad social, aunque hubiera estado soportada en la jurisprudencia de esta Sala de Casación Laboral, por cuanto no se corresponde con el espíritu y finalidad del régimen de transición en pensiones, ya que su eficacia «seex tiean de aquelplearss onqausei niciaaproornt leuse gdoel av igencia que antes de la entrada en vigencia del aL ey1 00d e1 993»; 6

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n. º 63608 del referido ordenamiento, en Colombia solamente existía un régimen pensiona!: el de prima media o reparto simple; que el hecho de que existieran varias reglamentaciones de ese único régimen, no afecta la eficacia y aplicación del citado artículo 36; que el derecho a la pensión de vejez se causa con el cumplimiento de la edad requerida y el tiempo de servicios, de modo que es un error considerar que quienes no estuvieron vinculados laboralmente, o no realizaron cotizaciones antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenían una expectativa de adquirir el derecho a la pensión de vejez, «pueelst enuenrr ecorernci udaon atl oae daedx igida polra l eyya l eg enelrapa o sibidleir edcaodlg aessre manas

dec otizoae clit óine mdpeos ervipcairolaso grealdr e recho queg aranutniacv ee jdeizg ndael am ismmaa neqruae s e genelraap osibial qiudiaedyn at enuínaa d ensiddaed que la posición del Tribunal una semanas»; «encierra» discriminación injustificada, que condena a las personas que iniciaron su vida laboral a una edad madura, a no poder acceder a una pensión en las mismas condiciones de favorabilidad de quienes iniciaron su vida laboral antes del 1 de abril de 1994; que el genuino sentido del multicitado artículo 36 de la ley de seguridad social es el de que el régimen de transición allí previsto se aplica a quienes, al 1 de abril de 1994, tuvieran más de 35 años de edad, en el caso de las mujeres, o 15 años de servicios cotizados; que si una persona es beneficiaria del régimen de transición en razón de la edad, durante los 20 años siguientes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones puede completar el número de semanas exigidas en las normas anteriores, de ahí que el plazo para acceder a la pensión de vejez por 7

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n. º 63608 transiceixópni ernee la ño2 014q;u ee lT ribuneanlt,o nces, adiciuonnr ae quinsoip troe vipsotrlo al epya reaf ecdteo s beneficidaerrlsé eg imdeetn r ansiceinóp ne nsiones, «cuando indiqcuaee lb enefidceipoe nddeel aa filiaacnitóenr lioco ura,l

es qued ea ceptalrats ees eixsp uepsotrea l j uez no correcto»; coleginaodt oe,n drsíean tiqduoee lm ulticiatratdíoc3 u6l o del aL ey1 00h ubieirnac luciodmoo b eneficiadreli ao s transiacq iuóine nteusv iedreatne rmiendaaddqa;u ev allea penap reguntacrusáhelu, b iesriad loa s ituacdieóu nn a persoennal am ismsai tuacdieló and emandasnitn eos e hubieerxap edliadL oe y1 00d e1 993q;u es il ar espueesst a quee sap ersohnaab raícac edai ldaop ensidóenv ejenzo, hayd udad e qued ebenr espetárlsaescl oen diciones anteriores. Termienlca e nsdoirc ieqnudeoe, n t odcoa sos,ed ebe aplieclap rr incdiepf iaov orabiplriedvaiedsn tl ooa sr tículos 53d el aC onstitPuocliíótyn2i 1cd ae Cló diSguos tandteilv o Trabadjeom ,a nerqau es ea cojlaa i nterpremtáasc ión favorapbalrleaa d emandanptueel,sa C ortCeo nstitucional haa doptaudnoap osicdiiófne rseonbtrele am aterdieal ,o quee se jempllaso e ntenCcCi Ta02d1e 2 013d,e l aq ue reprodaulcgeu npoass ajes.

VI. IRÉPLICA

Aduceelv ocejruod icdiela ale ntiddaedm andaqduae elc argnoo t ienveo cacidóepn r osperipdoarcd u,a nteol Tribunnoac lo metlioóys e rrjousr íddiecq ousel oa cuslaa censupruae,ss il ad emandannote es taafiblai adaan ingún

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n. º 63608 régimen de pensiones antes del 1 de abril de 1994, no tiene ningún régimen anterior que le pudiera ser aplicable en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En su apoyo, transcribe la sentencia CSJ SL, 6 nov. 2013, rad. 48361 y cita la CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 41271, entre otras. VIII.C ONSIDERACIONES En lo fundamental, la controversia que propone el cargo se circunscribe a determinar si la demandante tiene en su favor, por vía del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, derecho a la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de igual anualidad, pese a que para el 1 de abril de 1994, cuando entró a regir el referido precepto transicional, no se encontraba afiliada a ningún régimen pensional. En ese sentido, debe precisarse que el Tribunal negó el derecho pretendido, luego de determinar, con base en las pruebas, que la actora sólo comenzó a cotizar después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, aspecto fáctico

sobre el cual, vale resaltar, no existe discusión. Sobre el régimen de transición en pensiones, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que éste fue establecido con el fin de proteger a una población de trabajadores antiguos o con cierto número de años de servicio y de edad, para que pudieran pensionarse en términos· más favorables a los que 9

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n. º 63608 trae la nueva ley. Así, en sentencia CSJ SL, 21 mar. 2002, rad. 17768, reiterada en la CSJ SL, 3 oct. 2008, rad. 33442, se dijo: Elr égidmeet nr anseincm iaótne dreip ae nsioinnetsr,o daulc ido ordenamjiuernitndoai ccioo ennéa plo crae lativraemceinetnet e, esu nm ecaniqsumaeot eneúlria g odrep lr incdielp aai pol icación generea iln medidaetl aal eyE.s u nb enefipcairola o s trabajadaonrteisg quuoesp, a rlaa f echdae l ae ntraedna vigendceli ala e nyu evnaoh, a na ccedaiúdnao ld ereqcuheso e traCtoan.s iesnat pel ilcala erg islaanctieórlnioq o ured, es uyo esa lgeox cepciyo pnoarll om, i smdoe,r iguraopslai cación restringida. Si bien es cierto que la Corte ha sostenido que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sólo impone como requisitos para obtener los beneficios del régimen de transición la edad o los

años de servicio cotizados, y en ningún momento el de estar afiliado a un sistema de pensiones al entrar a regir la nueva ley de seguridad social, dicho razonamiento corresponde a casos en que los demandantes, al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenían vínculo laboral vigente, pero que con anterioridad a la fecha en que entró a regir dicha disposición sí habían estado afiliados a algún régimen pensional, posición que no es dable aplicar al caso que hoy ocupa la atención de la Sala. Se afirma lo anterior por cuanto, no obstante que la aquí accionant e al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía la edad prevista en su artículo 36, no es viable aplicarle el régimen de transición ya que con anterioridad a la fecha de 10 SCLAJPT-10 V.DO Radiacciónn.º 6 3608 entrada en vigencia de esa legislación no estaba, ni estuvo, afiliada a ningún régimen pensiona!. Para la Sala, en el presente caso es indispensable que hubiese estado afiliada a un sistema pensiona! con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993, inclusión que a su vez permitiría determinar cuál es el régimen anterior que la beneficiaria. Cumple anotar que, como lo adoctrinó esta Sala de la Corte en la sentencia CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 43181, reiterada en la CSJ SL, 26 jun. 2012, rad. 42729, al implementarse con la Ley 100 de 1993 un nuevo sistema general de seguridad social en pensiones, quiso el legislador que los trabajadores «antigyau fuoesra »p,or edad o por

tiempo de servicios, que estuvieran «afiliaa udn o«sr»é gimen anternoi vioernan, fr,us tradas abruptamente las expectativas de pensión que tenían con el sistema al cual se encontraban afiliados, y ninguna expectativa vería frustrada quien, como la demandante, no había estado afiliada a ningún régimen antes de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, no se vería afectada con la transición. Caso en el cual no podría determinarse cuál sería el régimen anterior que resultaría aplicable, sin que sea dado al afiliado escogerlo dentro del sector privado o público a su conveniencia. En este sentido se pronunció esta Corporación, en sentencia CSJ SL2129-2014, reiterada en la CSJ SL161612015,e n los siguientes términos:

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n. º 63608 Lo que objeto de polémica en casación, es determinar a sí es si pesar de que a 1 de abril de 1994 la demandante tenía más de 35 años, esta sola circunstancia por sí misma la hace merecedora del régimen de transición regulado por el artículo 36 acusado por su errónea interpretación, y por consiguiente, le aplique el régimen se pensional anterior del ISS, esto es, el Acuerdo 049 de 1990. Válido rememorar que legislativos en materia de es los cambios derechos sociales, y la pensión de vejez lo por antonomasia, en es algunas ocasiones modifican los que la ley anterior requisitos establecía para acceder a esta prestación, tomándolos más rigurosos, por ejemplo, frente a la tasa de reemplazo, el número de

semanas de cotización del tiempo de y, en cuanto a la o servicios edad, lo cual, por supuesto, dificulta a las personas alcanzar ese logro, no obstante la expectativa legítima que tienen en relación con la normatividad anterior. Para evitar que estas personas vean truncadas aspiraciones, sus el mismo legislador tiene la obligación de establecer los mecanismos tendientes a garantizar a este grupo poblacional próximo a cumplir los requisitos para pensión de ve1ez, que su efectivamente le respete esa expectativa. se En efecto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegió dicha expectación, y en tal virtud dispuso que personas estas conservarían derecho a pensionarse conforme al régimen su anterior, el cual en la mayoría de los seguramente resultaba casos más favorable, eso sí, en la medida en que acreditaran el cumplimiento de las reglas previstas para ello, decir, que a 1 de es abril de 1994 fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, su edad fuera de 40 35 más años de o o edad tratándose de hombres mujeres, respectivamente, o o tuvieran 15 o más años de servicios o cotizados.

SCLAJPT-10V .00 12

Radicacni.ºó6 n3 608 Nótesqeu el ar aznó des erp arai mplementuanrr éigmend e tarnsicicóuna ndoop erau n cambiloge islatievno m ateria pensionnaole ,s o trqau el ad ep rogteera quieneesst uveine r próximosa pensiosnea,rr epsetánedso llosr eqisuitoqsu el es

exigeílas istepmean sioqnuaell esa plibcaac ona ntelacailó n nuevo,s inq uee llsoi gnifiqquue ep arab enfieciardsee esta garansteíaan ecesaersitoac ro tainzdeon e sem omento. Paraq uel oa nterjiuosrt ifiqsuueo perativiedsad de,c, iq rues e apliqueelb enfieciod elr éigmend et arnsicieósnp ,re spuuesto fundamentqaule e seg rupo poblaci,o fnranetlea lc ambio legliastitveon,ge ane sem omentuon ae xpectatligevíat idmeaq ue sup ensisóenrp ár oducdteao p lirce als isteomr aég imepne nsional anteridoerlc uaels b enfieciarisoi,nq ues eam enestteern elra condicdieóc no tizanatcet ievnoe ,s tcea sop,a rae l1 dea bridle 1994. Port antlolg,ea ra la setroa lq uea rrieblóT r biunaelnc uanqtuoe lad emandanntoee n cjaad entdreol opsr espuuestdoesl an orma acusadeast, o talema etnitnapduoe,ps a ar lad atdae e ntraedna vgiencdieanl u evsoi stegmean erdaepl e nsionleass e,ñ aoM rolina de Vélezn ot enínai ngnuae xpectatdievp ae nsiosneac ronu n réigmena nterai loarL ey1 00,v erbigrealcp irae,v ipsatroa l os trajbaadeosra filiadeonsp ensionaleI sS Se,n t antsoó lion gresó

porp rimevreaza ls istepmean sioenl1a O [d eo ctbured e1 994. Esthea s ideol c ritedreei so tCao rtye a,s eín r eciensteen tencia CSJ SL,1 3n ov2.0 13,r ad4.9 418,s ed ijo: «Peustaass íl asc osasb,i edne bec onclsueqi uree lju ezd el a alzadan o incrurieón desfuaeroa glunoa le ntendqeure l a titularai udnar déig mepne nsiopnoarv[ í ade t arnsiciimóponn e, comom ínimqou,e s eh ayae stadafiol iadaolm ismdou ranstue ordinavriigae ncpiuae,s s ólpou edea ccederasled erecho pensiosnisa e[c umplelno ssu peustodseh echqou el ap articular SCL.AJPT1-0V .00 13 Radicación n. º 63608 normqau lero ge uleax iegpler ,i mdeer oc ualeosvb iamente, los es, que hubiteerneil daco o ndidceai .filóina adlo elploor se mimso, cuanntoo d abdleierv uanrd eerchdoeu ncao ndiqcuineóu nn ca es tuvo. se Aslíoh ae ntenldjaiu dproiru sdencdiela aS alaals ostqeuneeel r predmiecnatdoerl é igmepne nsiionnmae[d iataanmteenartlie o r prevpioslrta Lo e y1 00d e1 993q,u eex ieglae r tlío3c 6ud el a

mismpaa raam paarra ciertos del ap olbación sectores trajbaadoqruate e níuanenapx ectapteinvsaic oononfar[ma el as queen momenrtgeoía ynq ,u peo r vgiencia dsiposciiones ese su fuerodne rogasdloaasm,e nptuee dhea creeprse cdteoq uienes se hubietreannli adcsoo ndidceai .filóina adl oodssi e vrsroeísgm enes pensioqnuapela ersea s éap oca puelsa,a .filiación subsitísan, postearl iavo irg ednecl iaLa e y10 0d e1 993, de1l d e esto es, º abrdie1l9 49, entieeefncdatedu aal r epsectriéivgmoe pno erl se que hubeio eptradod,e c,ai ldr ep rimmead cioapn r etsación se es dfieniad ald ea horrion divciodsnulo aild ar« idad. o (. ). . lparo piCaor tCeo nusctiitoennsa eln ten5c9id7ae 2l0 Esm ás, Cden ovieed me1b 9r9,7a dle cleaxreuaqireb l leapx res«ialó canu al encueenna t.filriaddoepsla» á rgfroas egunddeaolr tlío3c 6u se precnetdeemecnpotieap droe,c siosebóe r pla rtliacru: «Eenef ctcoo,ma ori rbad ijqou,i eanl efasec hdae e ntreand a

se vingceidael al ey enconttrraajbbaaannyd oa dcsriatu ons se determriéingmaedpnoe nsi,no otn eanlpíroapni ameunndt eeerc ho adquiarp iednos isoesn eagnrú establpeoceris deo s losr equistois réigmetna;n tenuínaeanpx ectadtedi evrae fcrnhetoae t ales solo condicieoxgnieensc Nioao sb.s tea,ln ant uelveady e s eguridad o soclieacslo nceedlbi efiónc eiaon teepxsl iccaodnos,i setnle an te posibidleio dbatde nleapr e nsisóeng útna lreqesu isitos. Obviaem,le aLn et1y 00j, ustameenln aetp xer esdieómna nddaa,

SCLAJPT·lOV .00

14 Radicación n. º 63608 exigió quel oasc rdoereesa table finceieos tuvaifielridoaasna aglúnré gimepne nsi. Noonp aodíals edreo rtaf orm, paorqued el o conrti, rosaep rguentlaaC o r: t¿Ceuálessrie anl orse quios itos codniciomnásef sa rvaoblqeusse e h aríanpr evleacefrern tael a s exigenciadse l an uelvyea? Sil ap ersnoone as tavbian cdaua l a nigúnnré gimepne ns[i, noonex aisíatn is iiqeurlaae x pectadet iva derechao p ensrisoesn geaúnd etermdionsra equi, qsuiept oors

simpslues tórnad ecm caiteerriaianm posdiebp lreescr. isa Lugeo, por elemenraztoanleedessl ógicjuaír dic, earan ecerios a estabr ellce ocdniecionadmeie esnrt atfialoid oaa a glúnré gimen pens[i poarnae afectdoess e arc rdoer ealb efinceidoe ridovd ael régimedne transóin, ccionsisetnep nodetrep ensiodnea rse conrmfidoad colno rse quisy ictodonisc iopnreevsi sptaoresal régimeann ter». rio Y enc uanats oil otrsa badjoreasn oafi liadaou sn d eterdmoi na sistdeemp ae nsiaol mnoemesn tdoe l ae ntdare anv giencdieal nuervégoi mens ev edni scrdiomsfi rneaanl toeqsu seli eo s taban, sotna ménbp iertinelnostsgieu si enctreriisot sse endotsap olra jruipsrudencdieea s tCoarp orac, sigeóúnnl ocusal esn os ev ulnera elpr incidep iiguoad ald, pocru anntoeo s la mismsai tóuna ci jruídiclaad e q uietneensuí naeanxp ectadetd ievrae, c qhuolead e quienni aeústn a elx pevcatt aetnn:i ía «Recuérdesqeu leaig u adald fornmaoel sa jeanl eas teacbilmiento ded iferenecnie altrs a , tfinocdaase nc odniciornleeevsa nqtuees imponleann e cdeads died isgutiisrni tuacpiaorontaoe grasr les

tratamienditsotsi; ensttúoals tihmiótape is sexprelsaca o cnidoa rgelade j ustqiuceexii gaet ratr aal oigsu aldeesm o doi guayl a lodse sguialeenfs o rmdae sguia.»l( SenteCn-1c68i dae 1 959,M. P. DoctCaorlro Gsa vriaiD íaz). (. ..) Como la Corte no encuentra demostrados los 15

SCLAJPT·lO V.00

Radicación n. º 63608 quebrantos normativos que se le atribuyen a la sentencia recurrida, n1 razones para modificar su pacífico y consolidado criterio, explicado en la providencia pretranscrita, a ella se remite para restarle prosperidad al cargo. El cargo no sale avante. Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.750.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por BLANCA LIBIA TORO DE

CÁRDENAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

(Hoy COLPENSIONES).

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3. 750.000), que SCLAJPT1-0V .00 16 Radicación n. º 63608 se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga,c on arreglo a lo dispuesto en el articulo 366 del Código General del Proceso. Cópiese, notifiquese, publíquese, cúmplase devuélvase el expediente al tribunal de origen. __ _ {,. fi ·fi .

RIGOBERTO fiRRI BUENO cj ci

/ :l9

JOR LUISQU IROZ ALEMÁN

_______ ....___

SCLAJPT-01 V.00 17