CSJ - SL5243-2018

RepúbdleCi oclao mbia CorStuep rdeeJm uas ticia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNg:e2 s tión

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA

Magistrada Ponente SL5243-2018 Radicación n. 62199 º Acta 43 Bogotá, D. C., cuatro (04) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

LUIS ALBERTO DE LA HOZ CAMPO, JOSÉ ROQUE

VARGAS CASTRO, HUGO DUARTE SÁNCHEZ, JUAN MARENCO MENDOZA, LUIS FELIPE RUIZ y MANUEL MARÍA BARRIOS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012), en el proceso que le instauraron a la s.

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE A ESP.

ELECTRICARIBE S. A.

Mediante providencia del 6 de noviembre de 2013, esta Corporación aceptó la transacción entre la

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP. y los

demandantes HUGO MANUEL DUARTE SÁNCHEZ y JOSÉ SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 62199 ROQUE VARGAS CASTRO. Así mismo, mediante providencia del 29 de octubre 2014 se aceptó desistimiento de la demanda inicial respecto de MANUEL MARÍA BARRIOS SEGURA. Por lo anterior, es de precisar que el recurso de casación continuó

su trámite solamente respecto de los demandantes LUIS ALBERTO DE LA HOZ CAMPO, JUAN MARENCO MENDOZA y LUIS FELIPE RUIZ PERALTA y a ellos se concreta el estudio del mismo.

l. ANTECEDENTES

LUIS ALBERTO DE LA HOZ CAMPO, JOSÉ ROQUE

VARGAS CASTRO, HUGO DUARTE SÁNCHEZ, JUAN MARENCO MENDOZA, LUIS FELIPE RUIZ y MANUEL MARÍA BARRIOS SEGURA, llamaron a juicio a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP. -ELECTRICARIBE S. A., para que se condenara a reajustarles la pensión de jubilación, a partir del año 2005, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 º ª del artículo 1 º de la Ley 4 de 1976 y el parágrafo 1 º del º artículo 2 de la Convención Colectiva vigente para el periodo 1983-1985 y a pagarles las sumas que resultaren a su favor una vez realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, así como los intereses moratorias, la indexación y las costas del proceso º 1 a 7, cuaderno del (f. Juzgado). Fundamentaron sus peticiones, en que la demandada estaba obligada a reliquidar en un 15%, el valor de las mesadas pensionales, correspondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 2008, en cumplimiento a lo ordenado por el

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legislador en el parágrafo 3º , artículo 1 º de la Ley 4ª de 1976 y lo pactado con el sindicato de trabajadores en el artículo 106 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, ya que el valor de sus mesadas se encuentran dentro del rango de los cinco salarios mínimos; que solo han sido reajustadas por la demandada, de acuerdo al IPC aplicado como reajuste prestación de los demandados para los años 2005 en 5.50%, 2006 en 4.85%, 2007 en 4.43%, 2008 en 6.40%, 2009 en 6.40%, cuando los reajustes ordenados y pactados no podían ser inferiores al 15% anual, lo que significa que están en mora las diferencias dejadas de cancelar. Manifiestaron, que la demandada sustituyó a la Electrificadora del Atlántico en todas sus obligaciones º laborales; que mediante Escritura Pública n. 2274 de 6 de julio de 1988, fue constituida la sociedad anon1ma ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP; que su composición accionaria, es mayoritariamente privada, por lo cual, en virtud de los artículos 14.7 y 37 de la Ley 42 de 1994 y 97 de la Ley 489 de 1998, es de carácter privado; que º mediante Escritura Pública n. 002633 del 4 de agosto de 1988 perfeccionó un contrato de transferencia de activos de la Electrificadora del Atlántico S. A. ESP a favor de ELECTRICARIBE, obligándose esta última a pagar

determinados pasivos laborales de la primera entre, los cuales se encuentran las obligaciones a favor de los pensionados; que para tal fin se celebró un convenio de sustitución patronal que operó a partir del 16 de agosto de 1998; que la convención colectiva que recibió, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, la cual se fue renovando automáticamente, de

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Radicación n. º 62199 acuerdo por el artículo 4 78 del CST; que eran afiliados a Sin traelecol cuando laboran para Electran ta. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que la pensión de los actores solo ha sido reajustada de acuerdo con el IPC, para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Respecto de los demás, dijo que no eran ciertos o no eran hechos. En su defensa, propuso como excepciones de fondo, las que buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir enjuicio a cargo º de la demandada y compensación (f. 73 a 80, cuaderno del Juzgado).

11.S ENTENDCEIP AR IMEIRAN STANCIA

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, º mediante fallo del 5 de noviembre de 2010 (f. 239 a 244, ibídem), resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la sociedad ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP. a reconocer y pagar a los señores LUIS ALBERTO

DE LA HOZ CAMPO, JOSÉ ROQUE VARGAS CASTRO, HUGO DUARTE SÁNCHEZ, JUAN MARENCO MENDOZA, LUIS FELIPE RUIZ y MANUEL BARRIOS, reajuste en porcentaje equivalente al 15% mensual sobre las mesadas pensionales del año 2006 a partir del 25 de noviembre, y las que se causen en los años subsiguientes.

SEGUNDO: SOBRE las diferencias descritas en el punto precedente, ELECTRICARIBE S.A. ESP., pagara intereses al actor conforme lo contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

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TERCEROD: e clarapsreo badpaa rcialmleane txec epcdieó n prescrispocbiróeenlr eajuqsuteed ebeh aceras lea sm esadas pensioncaolnae nst erioarli2 d5da edn oviemdber2 e0 06.

CUARTOC: O STAaS c argdoel ap artdee mandada.

QUINTOD: E no sera peladeas tas entencAiRaC,H WESE el expediepnrteeve,ij ae cucdieló amn i sma.

111. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandada, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, º mediante fallo del 28 de septiembre de 2012 (f. 268 a 279, cuaderno del Tribunal), decidió: REVOCAeRlf alalpoe laddeof ech6 ad en oviemdberaleñ o2 01O, proferpiodroe lJ uzgadNoo venLoa boradell C ircuidteo

Barranqyu einls lual ugaser d ispone: PRIMERAOB:S OLVEaR l ae mpredseam andaEdLaE CTRICARIBE S.AE.S P.d el asp retensiionnceosa dpaosrl oss eñorJeUsA N MARENCO MENDOZAL,U ISF ELIPREU IZP ERALTAy MANUEL MARÍA BARRIOdSe,c onformciodnla adms o tivacoiforneecsie nd as precedencia.

SEGUNDOC: O NDENAaR l ad emandaEdLaE CTRIFICADDEOLR A CARIBES .A.E SP.a continrueacro nocieelni dnoc remento convencisoonlailc iat laoddsoe mandanLtUeIsAS L BERTDOE L A HOZC AMPOJ,O SÉR OQ[JVEA RGASC ASTRyO HUGOD UARTE SÁNCHEpZe,ro s olao p artdier1lº dee nerod ealñ o2 011s,i empre y cuandeol v alodre lam esadar econocpiadraae la ño inmediataamnetnetresi eoair nf eraic oirn vceoc eesls alamríinoi mo legvailg enptoere, f ecdteol ac osjau zgaddear,i vdaedaloc uerdo concilicaetloerbireoan dtolr aeps a rtes.

TERCERLOa: s e ventuadlifeesr encqiuaess u rjeannc umplimiento del oa nterrieosrp eacltm oo ntdoe l asme sadapse nsionya elle s consigurieecnotneo cimdieerlne ttor oadcetbievrosá enir n dexadas

conforamlIe P Cc ertifipcoaerdl Do A NEh astealm omentdoep la go.

CUARTOS: i cno steansl aisn stancias QUINTOO:p ortunamreengtree eslee xpediean stueo ficindae origen.

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Radicación n. º 62199 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló que le correspondía determinar si frente al incremento reclamado, solo es posible atenerse a lo plasmado en las convenciones colectivas, como en efecto lo hizo el a qua o si, por el contrario, es necesario revisar otras aristas que puedan tener incidencia en el derecho reclamado. Advirtió, que si bien el Acto Legislativo O 1 de 2005 restringe el marco de la negociación colectiva, también respeta los derechos adquiridos antes de su expedición; que se debía demostrar que por haberse reconocido el derecho pensiona! antes de su expedición los reajustes legítimamente ganados no podían ser desconocidos, pero lo cierto es que nin na gu aclaración se hizo sobre el particular, pues en la demanda no se precisó en qué fecha fue reconocido derecho pensiona! a cada uno de los demandantes, para poder proyectar en tiempo los efectos derivados de la norma constitucional, razón suficiente para desquiciar las bases en las que se asienta la sentencia de primera instancia. Razonó, que, con todo, ese escollo se supera en cierta forma con la información consignada en las distintas actas de conciliación celebrada entre la empresa y al no de los gu demandantes; que le asistía razón al demandado al cuestionar

la condena impuesta a favor del demandante LUIS FELIPE RUIZ PERALTA, pues a folio 102 del cuaderno del Juzgado, aparece un acta de conciliación en la cual acordaron el reconocimiento de una pensión voluntaria atada a las reglas que propusieron los conciliantes, es decir, que fijaron los parámetros para dichos reajustes anuales, acuerdo que hizo

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Radicación n. º 62199 tránsito a cosa juzgada, amen que el derecho pensional se causa en el año 2007, es decir, con posterioridad al Acto Legislativo O 1 de 2005. Señaló, que similares efectos se produjeron respecto de LUIS DE LA HOZ CAMPO, JOSÉ ROQUE VARGAS CASTRO, MANUEL BARRIOS SEGURA, HUGO MANUEL DUARTE SÁNCHEZ, que suscribieron actas de conciliación, las cuales aceptan la aplicación de un acuerdo suscrito por ASOPELIS, de donde son afiliadcs a ca 1bio de acceder a los beneficios, acordaron un sistema que facilita el reajuste anticipado del reajuste anual de pensiones vigentes y se aplica a las mesadas un reajuste anual no inferior al IPC causado, menos dos puntos, para cada uno de los 5 años entre el 2006 y el año 2010, a cambio del otorgamiento de unos bonos anticipados que compensen el sistema de reajuste, ventaja que había de adicionarse a otros beneficios por el simple acogimiento al acuerdo. Dijo, que la jurisprudencia ha entendido que luego de haberse pactado conciliación entre empleador y trabajador,

no es posible acudir a la jurisdicción para debatir nuevamente lo conciliado. En razon de ello, declaró oficiosamente probada la excepción de cosa juzgada, de conformidad con el artículo 306 del CPC; que lo anterior impide que sean reconocidos los ª reajustes de la Ley 4 de 1976, pactados convencionalmente, por lo menos los correspondientes a los años 2006 a 2010, pues fue ese precisamente el periodo objeto de conciliación y

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Radicación n. º 62199 solo respecto de los demandados LUIS ALBERTO DE LA HOZ, JOSE ROQUE VARGAS CASTRO y HUGO DUARTE SÁNCHEZ, quienes obtuvier01. el reconocimiento de la pensión en los años 1995, 1983 y 1982, respectivamente, aclarando que lo anterior, sin perjuicio que, a partir del 1 ºde enero de 2011, sus pensiones pudieran ser objeto del reajuste convencional, siempre y cuando el valor de la mesada causada para el año 201O , sea inferior a 5 veces el salario mínimo legal vigente. Respecto de MANUEL MARÍA BARRIOS, dijo que al haber causado la pensión en vigencia del Acto Legislativo O 1 de 2005, no tenía derecho al reajuste pensiona! decretado por la convención, por así disponerlo dicha norma constitucional, amén de que también suscribió una conciliación. Por último, con relación al demandante JUAN MARENCO MENDOZA, al no existir prueba al na de la fecha gu en que fue pensionado, no puede acceder a las pretensiones,

pues se desconoce si el derecho fue o no afectado por el Acto Legislativo 01 de 2005 (f.º 270 a 278, ibídem). IV.R ECURDSEOC ASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCED E LAI MPUGNACIÓN Pretende que la Corte,

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Radicación n. º 62199 [. ..] case la providencia recurrida revocando la absolución y convertida en sede de instancia revocar la de Primera Grado (sic) imponiendo la condena a favor de los señores LUIS ALBERTO DE LA HOZ CAMPO, JOSÉ ROQUE VARGAS CASTRO, RUGO DUARTE SÁNCHEZ, JUAN MARENCO MENDOZA, LUIS FELIPE RUIZ PERALTA, MANUEL MARÍA BARRIOS, conforme lo consagra la convención colectiva de trabajo allegada oportunamente al expediente, tal como lo solicita en la demanda genitora (f.º5, cuaderno de la Corte) Con tal propósito, formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados de manera conjunta por la parte demandada y se estudiarán simultáneamente el primero, tercero y cuarto, por contener defectos formales, para finalmente analizar el segundo.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia impugnada de quebrantar directamente la ley sustantiva por «faldteaa p licadceil óans siguiennotremsal se galceosni, n cideennlc aip aa rrtees olutiva,

perjudicalnodsio n teredseem si sm andantLeesy:1 0 0 de 19. 93,a rtíc1u4l;oD ecreRteog lament6a9r2id oe 1 .9 94, artíc4u1l,Co. S.d elT .1 3,1 4y 15,y ConstitPuocliíótni ca, artíc4u8ly o5 s3 ». Para la demostración del cargo señalaron que la violación de la ley se produjo en forma directa, porque el sentenciador colegiado no aplicó las normas sustanciales que regulan el tema pensional al caso sometido a estudio, determinando la validez de las actas de conciliación aportadas por la demandada.

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Radicación n. º 62199 Aseguran, que con relación a las pensiones de ongen convencional o voluntaria, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL29022-2007, dijo: «luego, respecto de estas prestaciones extralegales, también caben los postulados constitucionales previstos en los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, que prevén el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones legales»; que bajo el anterior contexto, no cabe duda que la prestación extralegal también está cobijada por las disposiciones denunciadas como violadas, toda vez que los acuerdos conciliatorios en que se fundamentó el ad quem para dar por probada la excepción de cosa juzgada, dispone que el reajuste pensiona! será igual al IPC menos dos puntos, lo que va en contra vía de las reglas legales del aumento anual de las pensiones, de conformidad

al sistema general de seguridad social, por cuanto lo mínimo es el IPC, por lo que se estaría desconociendo el principio de la irrenunciabilidad de los derechos m1n1mo de los pensionados y al mantenimiento del poder adquisitivo constante de la pensión. Afirman, que las actas n. 11262 , del 3 de diciembre de º 2007 (folios 102 a 105, cuaderno del Juzgado), 5809 de 26 de Julio de 2006 (folios 162 al 166, ibídem), 511 O del 12 julio 12 de 2006 (folios 176 al 179, ibídem), 6565 de agosto 28 de 2006 (folios 180 y 181, ibídem) 5612 de julio 18 de 2006 (folios 192 al 195, ibídem), fueron suscritas basándose en un preacuerdo firmado por Electricaribe S. A. ESP y las asociaciones de pensionados de dicha empresa «calendado 26d e mayo del año en cita», o sea cuando ya estaba en vigor el Acto Legislativo n. º 01 de 2005.

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10 Radicación n. º 62199 Manifiestan, que el acto legislativo en su contenido literal se refiere al que es toda manifestación de « acto jurídico», voluntad que tenga por fin producir un efecto jurídico que crea, modifica o extingue una situación; que el citado acuerdo conciliatorio es un acto jurídico, que para el caso en estudio deviene proscrito por disponerlo así el acto legislativo en comento. En ese orden de ideas, explican que la susodicha

conciliación es ineficaz y, por tanto, inaplicable al caso, por contrariar, no sólo normas de orden público sino, el memorado acto legislativo, al regular condiciones pensionales diferentes a las ya establecidas. Por tal razón, el Tribunal se equivoca dándole valor legal a la plurimentada acta de conciliación, que, en síntesis, es nula por referirse a un tema pensiona!. Alegan que no son de recibo las razones expuestas por el Juzgador de segunda instancia, toda vez que está avalando una conciliación contraria a la Constitución y la ley, pues ella quebranta el principio de los derechos adquiridos si tenemos en cuenta que el reajuste del 15% sobre la cuantía de la pensión es un derecho que ingresó al patrimonio de los demandantes y se trata de una prestación de rango constitucional, por lo que mal puede desconocerse el porcentaje a incrementar por efectos de una conciliación realizada para zanjar controversias que nunca existieron respecto al monto de la pensión y sobre los incrementos que se le debe aplicar a la misma, es decir, no existía razón alguna para acudir a este mecanismo para poner fin a diferencias 11

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Radicación n. º 62199 inexisetntes; que en materia laboral toda conciliación sobre derechos ciertos, es decir, no discutidos, esát proscrita legalmente. Mása ún, el artículo 48 y 53 de la CN garantiza el incremento anual de las pensiones, lo que, con el lesivo acuerdo conciliatorio, objeto de debate, se ha tornado en disminución del monto pensional. Afirman, que no esc onciliación el acto que sólo contiene

la renuncia de un derecho que no se disputa, mása ún cuando solamente se beneficia una de lasp artes, que para el caso en análisis quien se benefició de la conciliación tantas veces citada fue la paret poderosa, es decir Electricaribe, en detrimento de losd erechosd el pensionado que perderá, en principio, el 10% del de sum esada. quantum Advierten, que el incremento pensional anual relatado en líneas anteriores, ha sido reconocido por esat Sala, mediante sentencia CSJ SL, 19 de sep. 2006, rad. 29288 y otras. Igual ha procedido el Tribunal Superior de Barranquilla en una cantidad importante de procesos, por ello esv álido afirmar que la empresa « acude a la malévolamente» conciliación como la única vía que le quedaba para desconocer la obligación convencional, para así tratar de escamotearle al pensionado el real incremento de la presatción que se viene tratando, ya que éset no podía esart por debajo del 15% si suv alor esi nferior a cinco (5) vecese l salario mínimo mensual, para de esa forma proyectar durante cinco (5) años una disminución total del 10% de la misma. (f.º 6 a 9, ibídem).

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12 Radicación n. º 62199 VIIC.A RGOT ERCERO Acusan que la providencia impugnada quebrantó directamente la ley sustantiva por interpretación errónea « del assi guineonnntaelsse gacloeinsn ,c ideenln paca irat e rseoultviap,e rjudiclaoinsnd toe rdeesm eissm andtaens:

artíc4u8l5,o3 sy 5 8d el aC onstiNtacuicoiynó 1an6ld eCl. S.d eTl»(f . º 12 a 15, cuaderno de la Corte). Para sustentación de la acusación indican que la violación de la ley se produjo en forma directa, porque el sentenciador colegiado aplicó incorrectamente las normas citadas en la proposición jurídica que regulan el tema. Aluden que el Juzgador colegiado entiende respecto de las pretensiones de LUIS FELIPE RUIZ PERALTA y MANUEL MARIA BARRIOS, que el Acto Legislativo O 1 de 2005 sepultó todas las conquistas obtenidas, a través de acuerdos colectivos en materia pensiona!, argumentando que la convención colectiva en que se finca el derecho peticionado había perdido vigencia, como se afirma en la sentencia recurrida; lo cual no comparte, por cuanto lo que perdió vigor con el prementado acto fueron las reglas convencionales referentes a temas pensionales, más no así los derechos adquiridos al amparo de las referidas convenciones, por tanto, no pueden perder el incremento en estudio, desconociéndose el pnnc1p10 constitucional consagrado en el canon 58 de la CP. Expresan que no hay duda que se trata de un derecho

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Radicación n. º 62199 adquirido que entró a su patrimonio antes de la expedición del citado acto legislativo, de conformidad con la Ley 4ª de 1.976; que no es legítimo desconocer que la norma

convencional en que se soporta el derecho deprecado estaba vigente cuando cobra vigor el plurimentado acto, por lo que para el caso no tiene aplicación, pues se trata de una situación consolidada bajo una disposición convencional anterior a su expedición. VIII.C ARGO CUARTO Acusan la sentencia impugnada de quebrantar directamente la ley sustantiva, por infracción directa «de los artículos 54 y el inciso 2do del artículo 83 del Código de Procedimiento Laboral, como violación medio, en relación con el art. 229 de la Constitución Política, con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, perjudicando los intereses de mi representado señor JUAN MARENCO

MENDOZA».

Señalan como errores de evidentes de hecho los siguientes: l.No a dvteirqru,e p,o mra ndalteoq ealJlu, e zl abaoltr ieennter e susd ebeesrl,a d irenc dceiplóro ecdimiepnaatr qoa ranteilz ar deerchfou ndameanldt eablip droo c-easl oad eefnsa. 2.N oa dvteirqru ee lJ uzqaddoerS euqndIans tainact,i elnae obilqacdieóp nr actliacspa rru ebdaecser tadeansl ap rimera cuanednoé stdee iadreoa nd cuisre. 3.D arp odre mostrsaiednso t.a aruleto o.d laasps r uebpaesd idas v polra psa tresd ecretpaoderalJ su z qadfuoe ropnr acticadas. 4.N oa dvteirqru ee lJ uzqadodre S euqndIans atncitai,e lnae

obliqacdieód ne credteam ra nerao foiscail asp ruebqause consindeecrees apraiarra seso lvleaar pe lación.

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Radicación n. º 62199 Para la sustentación del cargo manifiestan que el inciso º 2 del artículo 83 del CPTSS, modificado por el artículo 141 de la Ley 712 de 2001, señala los casos en que el Tribunal puede ordenar y practicar pruebas cuando en la primera instancia sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el ad quem, a petición de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta. Aducen, que la jurisprudencia ha establecido que los jueces laborales de segunda instancia tienen la potestad de practicar las pruebas decretadas por el juzgado que dejaron de recepcionarse sin responsabilidad de quien las solicitó y de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación. Por lo cual el Tribunal incurrió en evidentes errores al no decretar de oficio, al momento de desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, las pruebas solicitadas por la parte demandante señor JUAN MARENCO MENDOZA (historia laboral individualizada) en el acápite de pruebas en poder de la parte demandada; no obstante, haber reconocido la demandada en su contestación la calidad de jubilado. Menciona que la decisión tomada por el ad quem no es válida, por cuanto el artículo 29 de la Constitución, confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del debido

proceso y la estructura probatoria de los procesos, no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia

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Radicación n. º 62199 probatoria. Como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: ie)l derecho para presentarlas y solicitarlas; iie)l derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; el iii) derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; i)ve l derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v)el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos y viel) derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso, los pnnc1p1os rectores del procedimiento laboral, especialrnente el del impulso obligado del proceso, le exigen al Juez que lo dirija de manera pronta y oportuna sin perjuicio del derecho de defensa de las partes, que fue precisamente el que el Tribunal le conculcó al no decretar de manera oficiosa pruebas que considere necesarias para resolver la apelación señaladas en el inciso º º 2 del artículo 83 del CPL (f. 15 y 16, cuaderno de la Corte).

IX. RÉPLICA

Manifiesta que para todos los efectos solo cabe predicar la condición de demandantes en casación respecto JUAN MARENCO MENDOZA, LUIS FELIPE RUIZ PERALTA y MANUEBLA RIROS,to da vez que respecto de HUGOM ANUEL SÁNCHEZ y JOSÉ ROQUE VARGAS CASTRO se aceptó transacción sobre la totalidad del litigio (f.º 69 y 70, ibíd). em

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16 Radicación n. º 62199 Respecto a LUIS ALBERTO DE LA HOZ, señaló que la sentencia del Tribunal condenó a lo solicitado, es decir, no hay mérito para formular inconformidad y si bien lo hace indicando que tal reconocimiento ocurrirá solo a partir del 1 º de enero de 2011, siempre y cuando el valor de las mesadas reconocidas para el año inmediatamente anterior, sea inferior a cinco veces el salario mínimo legal vigente, la parte recurrente en casación en ninguno de los cuatro cargos dirige la acusación para discutir dicha fecha. . . fi Aduce, que el alcance de la 1mpugnac1on es técnicamente defectuoso, dado que si en el punto primero de la parte resolutiva de sentencia del Tribunal, absolvió a la demandada respecto de lo pretendido por los demandantes JUAN MARENCO MENDOZA, LUIS FELIPE RUIZ PERALTA y MANUEL MARÍA BARRIOS y, en el segundo punto, accedió a lo solicitado por HUGO MANUEL DUARTE SÁNCHEZ, JOSÉ ROQUE VARGAS CASTRO y LUIS ALBERTO DE LA HOZ CAMPO; la parte recurrente debió solicitar la casación parcial

de la sentencia e indicar a continuación lo que según su aspiración correspondería disponer, en sede instancia, respecto de los demandantes en relación con los cuales se absolvió a la demandada; que este yerro que plantea un contrasentido que no le es dable a la Corte corregir y tampoco precisó el alcance de la impugnación en sede instancia. Indica, que aunque las anteriores deficiencias resultan suficientes para desestimar la demanda de casación, en todo caso la parte recurrent e carece de razón al acusar la vulneración de normas sustanciales por la vía directa en los

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Radicación n. º 62199 cargos pnmero, tercero y cuarto, pues acepta los aspectos fácticos de la decisión del Tribunal lo que hace que deje sin ataque la columna vertebral del fallo de segunda instancia, dado que este tiene un fundamento eminentemente fáctico.

X. CONSIDERACIONES Cabe recordar que la demanda de casac1on de be ajustarse al estricto rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial y rigurosa que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable imposibilitando el estudio de fondo de los cargos.

Así mismo, en reiteradas oportunidades, ha dicho la Corte que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de

las partes les asiste la razón, habida cuenta que la labor de esta Corporación, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de la apelación, al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir rectamente el conflicto (sentencia CSJ SL14055-2016, reiterada, entre otras, por la providencia CSJ SL10092-2017). De igual modo, con relación a los requisitos de forma de la demanda en el recurso extraordinario de casación, esta Sala en sentencia CSJ SL 8626-2014, sostuvo:

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Radicación n. º 62199 Sorbel aesxi gendceifoannsa d el ade madnad ec asóanch aid ihco estCaort :e f. .} .la C ort, eunvaze más, ses iepnretcei dasa ae xpresr,a afincdaae n els istceomnaus ctiiotyn laelg qaulel, ad e madnad ec asóan,c ciolna cuaslep r etdeene lqu ireebd el as enteimpncuigand aa,e sá tsjuetaa unc ojunntdoe f ormadlaidesp araq ues eaat deinblEes.op sre cisos requerimiendett oécsn isceare clamnaopn or els impprlurei tdoe tribur rteavreencail afao n naldaid,s inpoorqu es ocno nsustaan ciales lara ciodnada dleilre crsuode c asóan,c foinnans ud ebdoip rocesy o soinm rpescdiibnlpearasq uen os ede snuaratlice.

Por esraaz ón,de sdea nta, eñsotSaa ldeal aC orteha a docritndaoq ue "Elc argoh a de ser compleents oufo nnulaónc,si fiucienetnse u desrraolly oefi caz enl oqu ep retdeen" (Sentednec1 8i dae a bridle 1969.Ga ceJtudai citCa.XXX,l núms2.3 10-2312,p .37 7).C SJ SL 17 de May. De 2011, rad. 42037. Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito con el que se pretende sustentar la acusación contiene graves deficiencias técnicas que comprometen el estudio de fondo del cargo propuesto y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación, por las siguientes razones: l. Respecto del alcance de la impugnación El alcance de la impugnación, que en casación es el de la demanda, en donde el recurrente debe pedir a la petimt u Corte, con la mayor claridad posible lo que se pretende de ella, resulta técnicamente defectuoso, por cuanto, si bien pidió que se de be casar la sentencia del Tribunal, incurre en la impropiedad de solicitarle a la Sala también que se revoque la absolución y, en sede de instancia, revoque la de primer grado imponiendo condena a favor de los demandantes, conforme lo consagra la convención colectiva de trabajo, pues en primer lugar, una vez casada o quebrada la sentencia de segunda instancia ella desaparece del espectro jurídico y por

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sustracción de materia no es viable revocarla y, en segundo lugar, lo peticionado en sede instancia respecto a que se revoque el fallo de primer grado no resulta procedente, toda vez que dicha decisión fue completamente favorable a los demandantes. No obstante, haciendo un esfuerzo intelectivo, se puede dar por superada esta falencia, teniendo en cuenta lo planteado en el alcance de la impugnación y en el desarrollo del cargo, pues se entiende que lo pretendiendo, en últimas, es que case la sentencia del Tribunal respecto de las absoluciones y al aspirar en sede de instancia que se condene a favor de los demandantes, la decisión de primera de instancia al ser favorable debe ser confirmada. Sin embargo, re