CSJ - SL537-2024

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL537-2024 Radicación n.° 98382 Acta 9 Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por FLOR NANCY MAYORGA ÁNGEL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, el 31 de julio de 2020, en el proceso que adelantó contra CI CARBOCOQUE SA.

I. ANTECEDENTES Flor Nancy Mayorga Ángel, llamó a juicio a CI Carbocoque SA, para que se declarara que: entre ellas existió contrato de trabajo a término indefinido, la demandada culminó sin justa causa «estando disminuida en su salud por lo cual gozaba de estabilidad laboral reforzada».

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Radicación n.° 98382 Consecuencialmente, solicitó ordenarle reintegrarla al cargo que ocupaba sin solución de continuidad y, pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, los aportes al sistema de seguridad social, la sanción del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 50 salarios mínimos legales por concepto de indemnización total y ordinaria de perjuicios, el reembolso de $427.255 por servicios de salud, su indexación y las costas. Como fundamento de sus pretensiones, narró que: con la demandada celebró contrato de trabajo a término indefinido el 17 de febrero de 2010, previo a la vinculación la empresa le ordenó la práctica de exámenes de ingreso sin

que apareciera enfermedad del sistema respiratorio.

Dijo que ocupó los cargos de: auxiliar administrativa, secretaria asistente de operaciones y de compras en la planta de coquizado en Lenguazaque y, devengó como último salario la suma de $880.425; que ejecutaba sus actividades, en gran parte, a cielo abierto expuesta a la contaminación emitida por los hornos que desprenden polvo y gases contaminantes, sin que la empresa le suministrara los tapabocas apropiados, lo que influyó en que desarrollara síntomas de «asma y faringoamigdalitis», que no padecía antes de su ingreso.

Aseguró que: sus dolencias iniciaron con repetidas gripas, hasta evolucionar en un cuadro clínico de mayor gravedad, tal como lo reseña la historia clínica; en

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Radicación n.° 98382 diciembre de 2011 con incapacidad de 3 días, a partir de junio de 2012 aparecen los primeros síntomas de asma, se ordenan exámenes y se practica prueba de función pulmonar; a principios del año 2013, es remitida al especialista en neumología y se confirma, posteriormente, el diagnostico de asma y faringoamidalitis, lo que trajo como consecuencia que el 12 de junio siguiente fuera hospitalizada y, le otorgan 3 días de incapacidad; el 3 de julio el médico laboral le prescribió recomendaciones laborales dirigidas a la empleadora, para continuar tratamiento médico, rehabilitación y estudio. Agregó que el 4 de julio de 2013, un día después de las

recomendaciones médicas, informó a la empresa de su estado de salud porque hizo entrega de ellas al ingeniero Leonel Guio – Jefe de Recursos Humanos, sin embargo, el 21 de agosto siguiente, la demandada le terminó, sin justa causa, el contrato de trabajo, lo que constituyó una actitud que discriminó a una persona disminuida en su salud. Aseveró que un día después de finalizado el contrato, la empresa ordenó la práctica del examen médico de retiro, que arrojó resultado con: «patología de refracción en visión lejana y próxima, restricción ligera, sobrepeso, asma en tratamiento» y recomiendan «continuar controles medicina interna y/o neumología, valoración por optometría, estudio y manejo de sobrepeso en su EPS y examen médico periódico», sin embargo, mantuvo la decisión de despedirla.

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Radicación n.° 98382 Explicó que el 19 de noviembre de 2013, sufrió una crisis asmática y fue ingresada al Hospital de Ubaté en donde estuvo hospitalizada hasta el 26 del mismo mes y debió pagar la suma de $427.355 por servicios médicos. Manifestó que el 23 de septiembre de 2013, promovió tutela contra la empresa, por vulneración de su estabilidad laboral reforzada, acción en la que, en segunda instancia el Juez Promiscuo de Familia de Ubaté, amparó sus derechos fundamentales y ordenó a CI Carbocoque SA, que: «en el término de cuarenta y ocho horas (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia si aún no lo

hubiere hecho, proceda a reintegrar y de ser necesario, a reubicar a la señora Flor Nancy Mayorga Ángel dentro de su planta de personal en un cargo apto para lograr su desempeño laboral adecuado y compatible con su actual estado de salud. Para tal fin deberá contar con la asistencia permanente de la Administradora de Riesgos Laborales». Dijo que, una vez la empresa conoció la sentencia, pero sin consultarla, le ordenó el reintegro con traslado a la ciudad de Barranquilla, sin brindar otra alternativa, lo que le implicaba una notable desmejora de sus condiciones laborales, pues la decisión de la empresa conllevaba, en caso de aceptar, que tendría que asumir «un mayor costo de vida (arriendo, alimentación y transporte)», además de romper su núcleo familiar debido a que el salario era igual al que devengaba en Lenguazaque, «no pudiendo trasladarse con su familia, es decir, es un traslado a pérdidas».

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Radicación n.° 98382 Sostuvo que en declaración rendida el 27 de enero de 2014, en el trámite de la acción de tutela, el representante legal de la accionada descartó el reintegro en Bogotá, porque según dijo «tiene el inconveniente de la altura que es una de las condiciones que dice el médico que no puede ser, pues tiene problemas de altura (sic), no tenemos por el lado de Carbocoque ninguna otra oficina», sin embargo, afirma que en las recomendaciones laborales expedidas por medicina laboral no se desprendía en modo alguno «que como consecuencia de su afección de salud, deba

trasladarse a un lugar de poca altura y mucho menos abandonar su residencia en Lenguazaque». Aseguró que la demandada es líder en la extracción de carbón de socavón, producción y exportación de coque, que la ubica en una posición privilegiada en el mercado nacional y está llamada a soportar la mínima carga que le asiste con su trabajadora en función del principio de solidaridad que incorporó la Constitución Nacional. Informó que, por su convocatoria, el 28 de febrero de 2014 intentó conciliar las diferencias con su empleadora ante el Ministerio del Trabajo, no obstante, no fue posible porque la empresa mantuvo la posición de reintegro con traslado a Barranquilla y en su defecto, planteó una oferta de $5.000.000 a cambio de terminar el conflicto en forma definitiva, cifra que no correspondía a sus expectativas (fls. 98 a 115 cuaderno de las instancias).

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Radicación n.° 98382 CI Carbocoque SA, se opuso a las peticiones. De los hechos, aceptó: la vinculación laboral, el examen de ingreso, los cargos desempeñados, el cumplimiento de la orden de tutela reubicándola en la ciudad de Barranquilla y que se intentó conciliar las diferencias ante el Ministerio del Trabajo. Propuso la excepción de prescripción, así como las que denominó: improcedencia e inexistencia de la estabilidad laboral reforzada, terminación eficaz del contrato de trabajo, inexistencia de la obligación y de conocimiento del estado de salud, ausencia de relación de causalidad, buena fe,

enriquecimiento sin causa, cobro de lo no debido y pago. En su defensa, expuso que, haciendo uso de las facultades establecidas en la ley y sin trasgredir derecho alguno, decidió terminar el contrato de trabajo de la actora el 21 de agosto de 2013, fecha en la que igualmente finalizaron los contratos laborales de múltiples trabajadores, previo reconocimiento de sus prestaciones sociales e indemnización por despido; que para la fecha en que la actora fue despedida no estaba incapacitada y tampoco hizo manifestación de la supuesta enfermedad que padeciera; que una vez conoció de la tutela y su decisión, procedió a ordenar el reintegro en la ciudad de Barranquilla y a pesar de disponerse los gastos del traslado a dicha ciudad, la trabajadora no se presentó a laborar. Sostuvo que, al momento de finalizar el contrato, no tenía conocimiento del estado de salud de la trabajadora o

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Radicación n.° 98382 que padeciera enfermedad, tampoco que estuviera en proceso de calificación de invalidez por limitación física; que en el sitio de trabajo no se encontraba expuesta a factores de riesgo de la supuesta enfermedad de asma (fls. 152 a 175 cuaderno de las instancias).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 20 de octubre de 2017 (CD a f.°. 586 cuaderno de las instancias), en el que dispuso: PRIMERO: CONDENAR a la sociedad C.I. CARBOCOQUE S.A. al

reintegro de la señora FLOR NANCY MAYORGA ÁNGEL al cargo que venía desempeñando para el momento del despido acaecido el 21 de agosto de 2013, o a otro de mayor o superior categoría, sin que exista solución de continuidad, atendiendo las recomendaciones médicas laborales a ella expedida por la EPS y ARL y, al pago de los salarios, prestaciones sociales y las cotizaciones a la seguridad social integral dejadas de percibir y pagar desde el 21 agosto de 2013 hasta que se haga efectivo el reintegro.

SEGUNDO: CONDENAR a la empresa C.I. CARBOCOQUE S.A. a pagar a favor de la demandante la suma de $5.282.550 equivalente a 180 días de salario de conformidad a lo reglado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

TERCERO: ABSOLVER a la sociedad CARBOCOQUE S.A. de las demás pretensiones incoadas en la demanda.

CUARTO: EXCEPCIONES se declaran no probadas las excepciones propuestas por la sociedad demandada.

QUINTO: Se condena en costas a la demandada, las agencias en derecho se tasan a favor de la demandante en un 20% de la condena impuesta y liquidada en esta sentencia.

Disconformes, los apoderados de las partes apelaron.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, profirió fallo el 31 de julio de 2020 (fls. 609 a 617 cuaderno de las instancias), en

el que dispuso revocar el de primer grado y absolver íntegramente a la demandada, sin costas en el recurso, pero impuso las de primera instancia a la actora. En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem empezó por remitirse a la línea que esta Sala de la Corte, como la Corte Constitucional han desarrollado en procura de reforzar la protección de los trabajadores con discapacidad o situación particular de salud, que confluyen en señalar que: i) se trata de una situación previa a la terminación del contrato, ii) el conocimiento del empleador de dicha situación y, iii) el nexo causal entre la desvinculación y la discapacidad del empleado, lo que equivale a que la finalización del contrato obedeció a la condición de salud. Luego revisó el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, DC, que diagnosticó a la actora asma de origen laboral, con pérdida de capacidad del 18%, estructurada al 11 de octubre de 2012, del que dijo no podía ser cuestionado en sede judicial; agregó que si bien la patología de la trabajadora se fijó en vigencia de la relación laboral, en porcentaje que conforme la jurisprudencia de esta Sala de la Corte hace que surja la protección del

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Radicación n.° 98382 artículo 26 de la Ley 361 de 1997, esa definición de la condición de salud, se dio 4 años después del finiquito del contrato, con el dictamen final proferido el 28 de agosto de 2017, lo que dejaba en evidencia que durante la vigencia del contrato la trabajadora no reportó discapacidad y la empleadora no tenía conocimiento de esa condición.

Agregó: […] aunque contrario a lo endilgado por el recurrente de la convocada,(sic) pese a que la empleadora tuvo conocimiento de las incapacidades, esa situación no tiene incidencia para derivar conocimiento de un estado de discapacidad de su empleada, pues además de lo reseñado en precedencia, se debe tener en cuenta que corresponden a 3 períodos distantes durante toda la relación de trabajo, que no superan los 3 días, situación que ni siquiera encaja dentro de los presupuestos manejados por el Máximo juez constitucional para derivar una estabilidad reforzada.

Respecto de las recomendaciones laborales no existe prueba que permita establecer que la empleadora haya sido enterada, pues la demandante se limitó a efectuar esa manifestación tanto en el escrito genitor como en su jurada, sin que aparezca ningún medio de convicción que lo respalde, y era su carga probatoria hacerlo para por lo menos pretender derivar el alcance pretendido, ahora, en el hipotético de considerar el conocimiento de la empleadora por haber entregado a su empleada tapabocas después de su expedición, como lo quiso hacer ver el apoderado de la activa, tampoco resulta de incidencia para derivar el conocimiento de la condición de discapacidad, ya que ésta solo fue determinada 4 años después de fenecido el contrato de trabajo. Durante la vigencia de la relación laboral la trabajadora no presentó un estado de salud que ameritara atención o tratamiento especial, por esa razón es que las entidades a las que se encontraba afiliada para la atención en salud, no adelantaron ningún procedimiento para definirla, precisamente porque no se presentaban condiciones que requirieran un

tratamiento de atención y posterior calificación de salud. La prueba valorada en conjunto como lo exige el ordenamiento procesal legal vigente en consonancia con los principios de libre apreciación y sana crítica, permiten concluir que en el caso que

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Radicación n.° 98382 ocupa la atención no se consolidan los presupuestos que irrogan protección por discapacidad a los trabajadores, pues la ausencia de los requisitos analizados conduce igualmente a concluir que la decisión de la empleadora de finiquitar el contrato de trabajo, no fue otra que la prerrogativa prevista en la normativa positiva del trabajo consignada en la carta de terminación, y no la presunta condición de discapacidad planteada por la activa, a que hace referencia el tercer presupuesto del nexo causal entre la desvinculación y la discapacidad del empleado. No obstante lo anterior, se debe precisar que, los argumentos de la pasiva para desvirtuar este presupuesto, es decir, el nexo causal, no son de recibo, considerando que la situación de reestructuración de su representada, además de inoportuna constituye un claro desconocimiento del ordenamiento positivo, considerando que el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo establece que «la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos», y la carta de desvinculación nada refiere al respecto; se fundamentó en la prerrogativa que faculta a cualquiera de las partes de terminar el contrato de trabajo, asimismo, esa situación no puede pretender acreditar con el

dicho de un testigo, cuando ni siquiera existe prueba sumaria que lo respalde. En el mismo sentido, bastaría lo analizado para concluir que la inconformidad del impugnante de la activa respecto de la absolución de perjuicios está llamada al fracaso, por cuanto su prosperidad se funda en la pretendida condición de discapacidad de su representada desconocida por la empleadora, sino además, porque los argumentos expuestos en impugnación constituyen un hecho nuevo, ya que esa situación no fue controvertida en el proceso, precisamente porque a la terminación del vínculo no existía medio de convicción que estableciera el origen y porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la trabajadora, y la pretendida indemnización plena de perjuicios no se puede establecer con apreciaciones subjetivas como lo plantea el impugnante, sino con acreditación de culpa de la empleadora en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral, como lo prevé el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia recurrida, en sede de instancia, se confirme en su integralidad la sentencia de primera instancia, y provea en costas como corresponda.

Con tal propósito presenta un cargo, por la causal primera, que recibió réplica y se analiza a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los: […] Artículos 9, 13, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Esta violación de la ley sustancial del trabajo se integra como el artículo 55, sobre la ejecución de buena fe del contrato de trabajo, 56 sobre las obligaciones generales a cargo y 57 numerales 2 y 5 sobre obligaciones especiales a cargo del empleador contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo; así como los artículos 1, 13, 25, 47, 53 y 54 de la Constitución Nacional. Esto en concordancia también con las normas procesales como medio de relación con los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la S.S.

Como causa eficiente de la violación, lista los siguientes errores de hecho, que atribuye al tribunal:

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1. Dar por demostrado sin estarlo que la protección de estabilidad laboral reforzada a favor de la trabajadora sólo surge con la calificación de la discapacidad.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la protección de estabilidad laboral reforzada a favor de la trabajadora surge por la condición de salud sin necesidad de calificación de la discapacidad.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empleadora no tenía conocimiento de la condición de salud de la trabajadora.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la empleadora tenía conocimiento del estado de salud de la trabajadora.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no aportó

prueba alguna tendiente a informar a la empleadora su condición de salud.

6. No concluir, siendo ello evidente, que el actor tenía derecho a percibir la comisión por el contrato con el Fondo Rotatorio de la Policía en la cuantía (sic).

Asegura que los yerros ocurrieron como resultado del equivocado análisis del dictamen, de las incapacidades y las recomendaciones medico laborales. Manifiesta que las razones del colegiado para revocar la decisión del a quo, son contrarias a derecho, por tanto, ilegales e inconstitucionales y dan lugar a que se case la sentencia. Después de copiar apartes de la sentencia cuestionada, en punto al dictamen emitido por la Junta de Calificación y la consideración de que su definición fue dada 4 años después de finalizado el contrato, lo que dejaba en evidencia que la trabajadora no reportó una discapacidad y que la empleadora tampoco tuvo conocimiento de esa condición, sostuvo que la empresa sí conoció las incapacidades, pero que no tenían la incidencia para derivar un estado de discapacidad de la empleada, por

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Radicación n.° 98382 haberse expedido en períodos distantes. De lo anterior, considera que el fallador hizo una interpretación ajena, contraria a lo reiterado por la Jurisprudencia y al principio de favorabilidad, porque para derivar la protección por estabilidad laboral reforzada no se requiere calificación, que sólo el conocimiento de la condición de salud coloca a la trabajadora en situación de debilidad manifiesta, en otras palabras, «el fuero de salud no se obtiene por la calificación de una pérdida de capacidad laboral (discapacidad) plasmada en un dictamen», sino, por

el conocimiento que tuvo la empleadora, del estado de salud de su trabajadora. Afirma que la sentencia censurada incurre en contradicciones flagrantes, a partir de su propia argumentación, pues el Tribunal concluye que la patología de la trabajadora se originó en vigencia de la relación laboral, con el porcentaje dentro de los topes del PCL, pero dijo que esa condición de salud se da 4 años después de finiquitado el contrato, lo que configura un «dislate tremendo, es decir, la condición de salud deviene por la calificación plasmada en el dictamen del 28 de agosto de 2017, lo cual constituye un exabrupto. El valor probatorio del dictamen deviene que confirma el origen de la enfermedad, la fecha de estructuración y el porcentaje de capacidad laboral, en eso es consistente y constituye plena prueba de la condición de salud que agobiaba a la trabajadora». En lo que hace al conocimiento de la demandada

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Radicación n.° 98382 durante la vigencia del contrato, de la situación de salud de la trabajadora, dice que de los medios de prueba aportados emerge con claridad, que sí sabía de tal condición, y así se comprueba con las incapacidades adosadas que fueron conocidas y en las que aparece el diagnóstico. A lo anterior, agrega que era tan evidente que la empresa sabía de los padecimientos, que en el «examen médico de retiro» que fue ordenado por la misma demandada, le dicen a la trabajadora «que continúe en los controles de medicina interna y neumología, asma en tratamiento», lo que ratifica que la empresa conocía plenamente el estado de salud de la actora y, ameritaba su

protección como sujeto de especial protección.

VII. RÉPLICA Asegura que el cargo presenta graves yerros de orden técnico que impiden su estudio, no se identifican y tampoco se demuestran debidamente los errores que se le atribuyen al Tribunal.

Sostiene que la decisión cuestionada no es contraria a las comprobaciones que demuestran las pruebas allegadas y que las apreciaciones de la recurrente no pasan de ser reproches subjetivos a la decisión cuestionada, sin la suficiente fuerza para romper con la legalidad de la decisión.

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VIII. CONSIDERACIONES Para revocar la decisión de primer grado, el Tribunal adujo que a pesar de que la demandante presentaba un diagnóstico de asma de origen laboral, con PCL del 18% estructurada el 11 de octubre de 2012, esto es, en vigencia de la relación laboral, tal calificación se dio luego de transcurridos 4 años de finalizado el contrato, lo que dejaba en evidencia que mientras se desarrolló el vínculo laboral la trabajadora no reportaba ninguna discapacidad y, que la empresa no tenía conocimiento de esa condición.

A lo anterior agregó que, si bien presentó incapacidades, de ellas tampoco podía colegirse que la empresa supiera del estado de salud de la trabajadora, toda vez que «corresponden a 3 periodos distantes durante toda la relación de trabajo, que no superaron los 3 días». Amén que, tampoco obra prueba de que conociera las recomendaciones laborales que dice le fueron expedidas, «pues la demandante se limitó a efectuar esa manifestación

tanto en el escrito genitor como en su jurada, sin que aparezca algún medio de convicción que lo respalde». Así, conforme a los principios de la libre apreciación de la prueba y sana crítica, concluyó que la condición de discapacidad de la demandante «sólo fue determinada 4 años después de fenecido el contrato de trabajo», de lo cual se podía colegir que la decisión de la empleadora de finiquitar el contrato de trabajo, no fue otra que la prerrogativa prevista en la normativa positiva del trabajo

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Radicación n.° 98382 consignada en la carta de terminación, que no, en la presunta condición de salud alegada por ella. La recurrente, sostiene que se equivoca el fallador de alzada al concluir que el empleador no fue conocedor de su estado de salud, en tanto el dictamen emitido por la Junta de Calificación lo fue 4 años después de terminado el contrato, por lo que no se podía derivar protección alguna, cuando, en su decir, precisamente con él se confirma es el origen de la enfermedad, la fecha de su estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, «prueba de la condición de salud que agobiaba a la trabajadora». Refiere, además, que igualmente erró el ad quem al sostener que, si bien la empleadora conoció las incapacidades concedidas a la trabajadora, no tuvo en cuenta que «en ellas aparece incluso el diagnóstico de salud», es decir, que si conocía de sus padecimientos. Resalta que, «el conocimiento fue tan evidente para la empresa que en el examen médico de retiro allegado al

proceso, ordenado por la empresa, le dicen a la trabajadora que continúe en los controles de medicina interna y neumología, asma en tratamiento», por lo que, contrario a lo sostenido por el colegiado de instancia «se acreditó que la empresa conocía del estado de salud de la trabajadora y por ende ameritaba la protección como sujeto de especial.» (sic). Conforme los planteamientos anteriores, procede la Sala a determinar, si como lo dedujo el Tribunal, el

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Radicación n.° 98382 empleador para la data de finiquito de la relación laboral, no era conocedor del estado de salud de la trabajadora por lo que, no estaba obligado a prodigarle protección especial en razón a ella. De las incapacidades médicas otorgadas a la demandante y que acusa la censura, como mal valoradas, se observa lo siguiente: - Folio 409: Certificado de Incapacidad emitido por la EPS Famisanar Ltda con fecha de expedición 15 de diciembre de 2011 por 3 días de incapacidad «código de diagnóstico J029 + J209», contingencia «Enfermedad General». - Folio 410: Orden de incapacidad – E.S.E. Hospital El Salvador de Ubaté, con fecha de inicio 12 de junio de 2013, días de incapacidad 3, diagnóstico principal «J459 ASMA, NO ESPECIFICADA». - Folio 411: Certificado de Incapacidad emitido por la EPS Famisanar Ltda con fecha de expedición 8 de junio de 2012 por 2 días de incapacidad «código de diagnóstico J459».

Efectivamente, como lo coligió el Tribunal, dicha documental da cuenta de tres períodos de incapacidad que en forma interrumpida se dieron a la trabajadora, una por cada anualidad 2011, 2012 y 2013 y, aunque en las dos primeras el diagnóstico de la trabajadora es expresado en un código alfanumérico, la que le fuera expedida para la última anualidad -2013en la que, dicho sea de paso, acaeció el despido, sí consigna expresamente «J459 ASMA, NO ESPECIFICADA», referencia que también corresponde al diagnóstico de la emitida para junio de 2012.

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Radicación n.° 98382 Ahora, lo que extrañó el juez de la alzada, es que de ellas pudiera colegirse el conocimiento de la enfermedad por parte del empleador; no obstante, no advirtió que no solo no se desconocieron ni tacharon de falsos aquellos documentos, sino que fue la misma C.I. Carbocoque S.A. con el escrito de contestación de la demanda quien los allegó al plenario, amén que a pesar de que el empleador ahora alegue en su defensa no conocerlos, tal negación resulta desvirtuada con los comprobantes de pago que él mismo allegara con la contestación de la demanda y, en los que se advierte, en el correspondiente a la quincena «16/06/2013 AL 30/06/2013» «AUX. DÍAS INIC. INCAP GRAL» «Días 3,00» (f.° 167) y, en el visible al folio 177, del período pagado «12-16-2011 AL 12/30/2011» se lee «Inf. 3,

Descripción IC. E. G. 15 AL 17/12/11 Valor 80,000.00», períodos que corresponden a las incapacidades antes citadas y, que dejan sin sustento la conclusión del Tribunal pues si no hubieran sido conocidas por el empleador, no habría razón para considerarlas al momento de calcular la remuneración quincenal de sus servicios. De aquel conocimiento, da cuenta igualmente el examen médico de egreso practicado a la trabajadora el 22 de agosto de 2013, esto es, el día siguiente al despido (f.° 418), en el que se emitió concepto médico «Retiro Satisfactorio con recomendaciones. PATOLOGÍA DE

REFRACCIÓN EN VISIÓN LEJANA Y PRÓXIMA.

RESTRICCIÓN LIGERA, SOBREPESO. ASMA EN

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Radicación n.° 98382 TRATAMIENTO» y se recomiendan controles por medicina interna y/o neumología. Como se observa, su contenido coincide con los diagnósticos que constan en las incapacidades médicas que en vigencia del vínculo se emitieran a la trabajadora y, en las que se registra la misma patología, tan es así, que luego de finalizado el contrato, en el examen de egreso, se le recomienda continuar en control médico. Además de lo anterior, el dictamen rendido a petición de la parte actora en el transcurso del proceso, contribuye a reafirmar la existencia de la afección de salud de la demandante al momento de su desvinculación, adquirida en desarrollo del vínculo contractual, pues allí concluyó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y

Cundinamarca, el 28 de agosto de 2017 (f.° 561-568) en complementación al dictamen rendido el 28 de noviembre de 2016 (f.° 552-557), luego de tener en cuenta para la calificación «Epicrisis o resumen de la historia clínica, Exámenes o pruebas paraclínicas, Historia Clínica, Análisis de puestos de trabajo y Valoraciones por especialistas», que Flor Nancy Mayorga Ángel fue diagnosticada con «J459 Asma, no especificada», «Origen: Enfermedad», «Riesgo: Laboral», «Fecha de estructuración: 11/12/2012» y, pérdida de capacidad laboral «18,00%». Y cierto es, como lo coligió el Tribunal, que dicha calificación fue realizada a la demandante con posterioridad a su desvinculación – 4 años -, no obstante, ello no es

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Radicación n.° 98382 suficiente para concluir que CI Carbocoque S.A. para la fecha de terminación del vínculo laboral, no era conocedora de la situación de salud de la demandante, pues como quedó visto, fue sujeto de varias incapacidades en vigencia del vínculo, conocidas por el empleador y, por la misma patología –asmaque le fuera diagnosticada también por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Aunque le asiste razón al juez de alzada, en que no existe prueba a que dé cuenta que las recomendaciones médicas que le diera a la trabajadora el Médico Laboral de la EPS Famisanar el 3 de julio de 2013, se hu