CSJ - SL540-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL540-2023 Radicación n.° 94237 Acta 08 Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por

JHON JAIRO LOPERA, GABRIEL HERNÁN MEJÍA

FLÓREZ, LUCELLY LLANO HERRERA, PATRICIA ELENA

OSPINA RAMÍREZ, JOHNNY ALBERTO MAFLA POSADA,

JUAN JAIRO GALLEGO ZAPATA, ÉDGAR DE JESÚS ROJO

ZAPATA, ARLEY DE JESÚS PARRA CANO, ÓSCAR DARÍO CEBALLOS HOLGUÍN, ROBINSON ANDRÉS ARIAS DÍAZ y DAVID ELÍAS ZAPATA TAPIAS, contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que instauraron en contra de la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., INDEGA S.A. y al que fueron vinculadas la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., la

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

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Radicación n.° 94237

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES,

COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Los demandantes demandaron a la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (en adelante Indega S.A.), para

que se declarara la existencia de unos contratos de trabajo, los cuales finalizaron sin justa causa. Como consecuencia pidieron se tuviera en cuenta lo devengado por John Jairo Montoya y Luis Fernando Sánchez como primer y segundo vendedor, para el cálculo de los reajustes de salario, las prestaciones sociales legales y extralegales, las indemnizaciones moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y por despido injusto, así como la devolución de los dineros sufragados a la seguridad social al cotizar como «[…] independientes» y la de los aportes que estos hicieron a favor de sus «[…] ayudantes o segundos vendedores». Solicitaron el reajuste de la seguridad social, teniendo en cuenta lo sufragado por los trabajadores de planta, el «[…] déficit de pensiones» por los largos períodos en los que estuvieron sin afiliación y la sanción por el incumplimiento de esta obligación. También que se condenara a la demandada a reembolsar «[…] los dineros que cada […] primer vendedor

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Radicación n.° 94237 debió cancelar por concepto de salarios, prestaciones sociales […] a sus […] segundos vendedores» y a reconocer la pensión sanción a los 55 años a Gabriel Mejía Flórez, Lucelly Llano Herrera, Jhonny Alberto Mafla Posada, Patricia Elena Ospina Ramírez, Édgar de Jesús Rojo, Juan Jairo Gallego y a los 60 años a John Lopera y Arley Parra Cano. Finalmente, requirieron la indexación y las costas del proceso. Como sustento de sus pretensiones, informaron los

cargos que desempeñaron, los extremos temporales de sus vínculos y los salarios devengados, así: Nombre Cargo Inicio Fin Salarios 2009 $3.400.000 2010 $3.800.000 Jhon Jairo Vendedor I 23/10/2003 15/4/2014 2011 $3.950.000 Lopera 2012 $4.150.000 2013 $4.500.000 2014 $4.800.000 Gabriel Mejía Flórez Vendedor I 14/2/1998 4/4/2014 Igual Patricia Ospina Vendedora I 6/8/2001 5/4/2014 Igual Johnny Mafla Vendedor I 27/10/1997 5/4/2014 Igual Juan Gallego Vendedor I 28/3/1994 14/4/2014 Igual Edgar Rojo Vendedor I 3/4/1994 5/5/2014 Igual 2009 $550.000 Lucelly Llano Vendedora II 23/10/2000 15/4/2014 2010 $600.000 2011 $650.000 2012 $700.000 2013 $750.000 2014 $800.000 Arley Parra Vendedor II 2/11/2000 5/4/2014 Igual Óscar Ceballos Vendedor II 2/9/2009 5/4/2014 Igual

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Radicación n.° 94237 Robinson Arias Vendedor II 1/2/2008 5/4/2014 Igual David Zapata Vendedor II 1/2/2008 5/4/2014 Igual Contaron que, para su incorporación a la empresa,

tuvieron que realizar entrevistas, pruebas sicotécnicas, exámenes médicos y suscribir contratos mercantiles. Adicionalmente, que ejecutaron sus labores de forma personal y bajo la subordinación de la compañía. Enunciaron que las tareas que cumplieron eran esenciales, conexas y complementarias del objeto social de la demandada y que ella les suministró las herramientas necesarias para desempeñarlas. Precisaron que John Jairo Montoya y Luis Fernando Sánchez, quienes fungían como primer y segundo vendedor, «[…] son las únicas personas del área de ventas» de Indega S.A. vinculadas directamente a la planta de personal, a pesar de que antes, en los años noventa, todo el departamento contaba con trabajadores directos, de suerte que la operación comercial se trasladó a los concesionarios. Narraron que fueron obligados a contratar los servicios contables de la sociedad BPO Consulting, para que realizara la liquidación de las planillas y retenciones por combustible, salarios de ayudantes, arrendamientos de camiones y bodegas, entre otros. Expresaron que, en el 2014 la empresa los visitó en los diferentes municipios donde laboraban, para que firmaran

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Radicación n.° 94237 una transacción con el objetivo de finiquitar los contratos comerciales, sin embargo, no lo hicieron. De igual forma, que aquella ha celebrado convenciones y pactos colectivos, de los cuales no fueron beneficiarios. Indicaron que nunca les pagaron las prestaciones sociales, ni los beneficios extralegales, que solamente les sufragaron las vacaciones a partir de 2009. Indega S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a

las pretensiones y no aceptó los hechos. Argumentó que Jhon Jairo Lopera, Gabriel Hernán Mejía Flórez, Patricia Ospina Ramírez, Jhonny Alberto Mafla Posada, Juan Jairo Gallego Zapata y Edgar de Jesús Rojo Zapata nunca fueron trabajadores de la compañía, pues únicamente compraban productos para revenderlos y distribuirlos con total autonomía e independencia a través de contratos de concesión. Sobre los demás demandantes, sostuvo que la empresa no tuvo relación alguna con ellos y dijo que presuntamente, «[…] Arley Parra Cano y Óscar Darío Ceballos Olguín (sic) fueron empleados de la demandante Patricia Ospina Ramírez y la señora Lucelly Llano Herrera, es al parecer cónyuge o compañera […] de […] Jhon Jairo Lopera». Propuso como excepciones previas las de falta de competencia, indebida acumulación de pretensiones y de fondo las de buena fe, inexistencia de la obligación, de

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Radicación n.° 94237 vínculo laboral o comercial, prescripción, pago y compensación. Mediante auto del 13 de julio de 2016, el juzgado de conocimiento integró al proceso a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (en adelante Porvenir S.A.) y a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (en adelante Protección S.A.). Colpensiones no se opuso a las pretensiones, por el

contrario, coadyuvó la «[…] solicitud en el sentido de que deben pagarse todos aquellos aportes omitidos a pensiones durante el tiempo de ejecución de cada contrato laboral». Sobre los hechos, declaró que no le constaban. Dijo que desconocía si los demandantes prestaron sus servicios a la compañía como trabajadores, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudieron desarrollar las vinculaciones. Como excepciones, planteó la de imposibilidad de condena en costas. Porvenir S.A. expresó que las pretensiones no estaban dirigidas en su contra. Sobre los hechos, aseguró que no le constaban. Arguyó que no era la empleadora de los funcionarios y que ignoraba la relación jurídica que sostuvieron con terceros.

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Radicación n.° 94237 Como excepciones relacionó las de hecho exclusivo de un tercero y buena fe. Protección S.A. objetó las peticiones. No aceptó ningún hecho y como excepciones propuso las de buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 13 de julio de 2021, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín declaró probadas las excepciones de inexistencia de vínculo laboral y de la obligación, propuestas por Indega S.A., y como consecuencia, la absolvió por todo concepto.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de octubre de 2021,

confirmó la decisión de primera instancia. Como problema jurídico se planteó resolver si entre las partes se configuró una relación laboral. Resaltó que el derecho al trabajo tiene como pilar fundamental el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

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Radicación n.° 94237 Recordó que según el artículo 23 del estatuto laboral, para que se configurara un contrato de trabajo, se requerían tres elementos, la prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia y la remuneración. A su vez, mencionó que el artículo 24 de esa misma codificación, consagra una «[…] presunción legal de subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio». De los contratos celebrados entre Panamco Colombia S.A. –hoy Indega S.A.- y «[…] algunos de los codemandantes», infirió que tuvieron como propósito la reventa de productos Coca Cola y que estos iniciaron: i) con Gabriel Hernán Mejía Flórez el 19 de julio de 2001; ii) Juan Jairo Gallego Zapata «[…] no aparece la fecha de inicio, ya que dicho contrato está incompleto»; iii) John Jairo Lopera el 2 de marzo de 2001; iv) Jhony Alberto Mafla Posada el 2 de febrero de 2008 y con v) Patricia Elena Ospina Ramírez el 17 de julio de 2002. De los interrogatorios de parte, extractó: […] respecto al tipo de contrato, los mismos reiteran lo afirmado en la demanda, en torno a que tenían un contrato laboral con la demandada, aclarando que el mismo no era para la reventa de productos, solo el señor Juan Jairo Gallego Zapata, aceptó que

firmó un contrato de concesión, así mismo, la señora Lucelly Llano Herrera, quien se presenta como segunda vendedora en la bodega, siendo el primer vendedor Jhon Jairo Lopera, confesó que revendían los productos de la empresa. Los demás actores, niegan o dicen desconocer el contrato de concesión. Los demandantes son coincidentes en indicar que era Coca Cola quien indicaba los precios de los productos y que estaban sujetos a ellos. No obstante, respecto de los gastos administrativos que acarreaba el contrato, la parte activa de la Litis, acepta que pagaba todo lo que generaba la distribución de los productos, del dinero que le era depositado por Coca Cola, gastos tales como el arriendo de las bodegas, la gasolina necesaria para movilizar los

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Radicación n.° 94237 camiones, el salario de los ayudantes y demás, llamando la atención el hecho de que muchos de los interesados, aduzcan que la empresa les descontaba de las comisiones, esos gastos; esas comisiones, según explican, se traducían en la diferencia entre el valor que se le pagaba a Coca Cola por el producto y el monto en el cual lo vendían. Sobre ese mismo ítem, el señor Juan Jairo Gallego Zapata aseveró que a ellos les aclararon que, con la comisión, tenían que cubrir todos los gastos de la bodega, salarios y seguridad social, información que se las dio el jefe de ventas (negrillas propias del texto). En lo que atañe a lo devengado, recalcó que Lucelly Llano Herrera, Patricia Elena Ospina Ramírez y Édgar de

Jesús Zapata dijeron que los vendedores percibían un salario básico, sin que ninguno precisara a cuánto ascendía. Detalló que Jairo Lopera, fue enfático al sostener que «[…] nunca compró productos a Indega, ya que todo lo que llegaba a la bodega era en consignación»; por su parte, Jonny Alberto Mafla, exteriorizó que recibía créditos de la entidad para adquirir los productos y por último Édgar de Jesús Rojo Zapata, aseguró que «[…] tenía una línea de crédito que se empleaba sobre todo en las temporadas». Recordó que los demandantes, comentaron que sus jefes directos eran Esneider Gutiérrez, Óscar Pajón, Iván Urbina o la persona encargada de la zona, quien los visitaba cada quince días, mensualmente o cada dos meses. No obstante, David Elías Zapata, declaró que cada semana eran inspeccionados y recibían órdenes de un supervisor de la compañía.

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Radicación n.° 94237 En lo que atañe al horario, recalcó que Gabriel Hernán Mejía Flórez, «[…] indicó que debía cumplirse un horario»; David Elías Zapata Tapias afirmó que tenía que terminar la ruta que les fuera establecida y que por lo general salían a las 6 a.m. y regresaban a las 5 p.m. o 6 p.m., circunstancia ratificada por Robinson Andrés Arias Díaz. Enunció que el señor Mejía Flórez, contó que «[…] repartía los productos en carretilla que era suministrada por

Coca Cola»; Jonny Alberto Mafla Posada, Juan Jairo Gallego Zapata, John Jairo Lopera, Patricia Elena Ospina Ramírez y Robinson Andrés Arias Díaz, por su parte, expusieron que no tenían vehículos de su propiedad para desarrollar el contrato, sino que utilizaron los de empresa. Precisó que Lucelly Llano Herrera, aseguró que los productos los transportaba en un motocarro que adquirió con un crédito que le hizo la empresa. Sobre la posibilidad de contratar personal, refirió: Jonny Alberto Mafla Posada indicó que no estaba autorizado, agregando que siempre estaban él y su compañero de bodega, Aníbal Rodríguez; Juan Jairo Gallego Zapata adujo que no contrató a terceros, pero sí tenía compañeros que eran contratados por la empresa y le ayudaban, que era él quien le pagaba a los compañeros con el dinero que la empresa le pagaba por comisiones; Lucelly Llano Herrera narró que la compañía le descontaba de las comisiones que le reconocía a Jhon Jairo, del salario que le daban a ella; Patricia Elena Ospina Ramírez detalló que nunca tuvo trabajadores, que tuvo compañeros de trabajo, que era Coca Cola quien hacía los contratos, que fue Coca Cola quien la obligó a firmar la carta de terminación del contrato del señor Óscar Darío Ceballos Holguín, que ella pagaba el salario de Arley de Jesús Parra y ese dinero se lo descontaba Coca Cola de sus comisiones; John Jairo Lopera afirmó que no contrató a su esposa Lucelly Llano Herrera, que la contrató el señor Nelson

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Radicación n.° 94237 Hernández que fue el primer jefe de ventas que tuvieron, el salario de su esposa lo estableció la empresa y lo descontaba de las comisiones; Edgar de Jesús Rojo Zapata adujo que tenía dos compañeros, llamados David Elías Zapata y Robinson Díaz, de las comisiones él sacaba el dinero para cancelarles, se ganaban el mínimo y tenían comisiones si las ventas eran buenas; Arley de Jesús Parra Cano, explicó que fue afiliado a la seguridad social como empleado de Patricia Elena Ospina, pero se dio por orden de Coca Cola, él era el segundo vendedor, Patricia les decía que tenían qué hacer, ella era la encargada de buscar las personas para laborar; Óscar Darío Ceballos Holguín, contó que laboró para Coca Cola por intermedio de la señora Patricia Ospina, el pago lo recibía de ella, ella lo afilió a la seguridad social, por autorización de la empresa, Patricia le terminó el contrato, pero por orden de la compañía; Robinson Andrés Arias Díaz afirmó que Edgar de Jesús Rojo Zapata era el vendedor primero y era quien le pagaba, no está enterado de quien los afilió a la seguridad social, él le entregó su hoja de vida al señor Edgar para trabajar. De lo expresado por los declarantes, dedujo que, si bien afirmaban que no tuvieron autonomía para prestar sus servicios, sus dichos no pueden tenerse como prueba, toda vez que el interrogatorio de parte, está en caminado a generar una confesión «[…] sobre aspectos que sean desfavorables a sus pretensiones, en tanto, a la parte no le es permitido valerse de su propio dicho como prueba».

Consideró que las afirmaciones sobre la contratación y el despido de los segundos vendedores que se hacía por instrucción de la compañía, se desvirtuaron con las cartas que Patricia Elena Ospina Ramírez les envió el 5 de abril de 2014 a Ceballos Holguín y Parra Cano, terminándoles su contrato de trabajo sin justa causa y con sus afiliaciones a la EPS Comfenalco. Subrayó que los demandantes «[…] confesaron que los denominados primeros vendedores, les pagaban el salario a

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Radicación n.° 94237 los segundos vendedores, insistiendo que Coca Cola les descontaba esos pagos de las comisiones», circunstancia esta última no acreditaba, ya que la empresa «[…] depositaba el valor pactado a cada bodeguero y de ahí, los mismos cubrían todos los gastos del servicio». Aseguró que lo anterior se corroboraba con el contrato de arrendamiento de una bodega en Jericó (Antioquia), celebrado entre la señora Ospina Ramírez y Claudia Ospina, el cual, estuvo vigente del 1º de diciembre de 2009 al 1º de ese mes de 2010 y del 1º de mayo de 2012 al 1º de mayo de

2013. Así como con el celebrado el 1º de enero de 2012, entre Juan Jairo y Luis Fernando Gallego Zapata, «[…] encontrando que arrendador y arrendatario, en cada uno de los casos, resultaban siendo familiares».

Dijo que no se probó el cumplimiento de un horario, porque «[…] no tenían un control subordinante por parte de algún trabajador de Indega, ya que los mismos eran visitados»

esporádicamente, pero solo con la intención de darles recomendaciones generales sobre la ejecución del contrato. Resumió las principales características del contrato de concesión, así: i) el concesionario adquiere a nombre propio la mercancía para revenderla, por lo que «[…] queda atado con el adquiriente»; ii) la ganancia que tiene el concesionario, es la diferencia entre el precio del fabricante y el de la reventa al consumidor; iii) se ejecuta entre comerciantes independientes y sin «[…] subordinación jurídica a un tercero»; iv) el contratante desarrolla las actividades dentro de una

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Radicación n.° 94237 zona y en una rama precisa del comercio y v) el vínculo se ejecuta bajo la confianza existente entre las partes, son «[…] intuitu personae». En ese orden, determinó que no existió un contrato de trabajo entre las partes, sino uno de concesión. De los testimonios de Guillermo León Restrepo Arboleda, Javier Zapata y Jhon Jairo Montoya, infirió que no desvirtuaban la existencia de un contrato civil. Recalcó que Restrepo Arboleda, declaró que se desempeñó como jefe de ventas y apuntó: […] tenía a cargo cinco o seis jefes de ventas a través de los cuales les hacían llegar información a los actores, declaró que los mismos, debían visitar las bodegas al menos una vez a la semana, les hablaban sobre promociones, sobre cómo se debían manejar los productos, los capacitaban en mercadeo y les decían cómo debía ser la presentación personal de los vendedores,

llegando a incluso a manifestar que los demandantes se reunían con él una vez al mes en la planta de Medellín. El mismo testigo afirmó que los pagos en los que incurrían los demandantes, estaban implícitos en el valor de los productos que vendían, es decir, de la comisión que percibían, ellos sacaban ese dinero, así mismo que los accionantes pagaban primero el pedido y luego despachaban los productos, quedando sin sustento lo indicado por el codemandante John Jairo Lopera, cuando afirma que la mercancía se la entregaban en depósito. Hace referencia el declarante al hecho que los demandantes debían cumplir un horario, sin embargo, reconoce que no había un empleado de Indega encargado de vigilar su cumplimiento. Frente a los segundos vendedores, dio a conocer que la empresa indicó que les debían pagar el salario mínimo, […] pero ello, no quedó estipulado por escrito, agregando que los primeros vendedores delegaban en los segundos vendedores sus funciones. Finalmente narró que para el 2009, entró la empresa BPO a Indega, para manejar el tema de pérdidas y ganancias de cada bodega.

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Radicación n.° 94237 Subrayó que Javier Zapata, pregonó ser coordinador de despachos en diversas poblaciones y que los vendedores le hacían pedidos, no obstante, expresó que no tuvo contacto con los demandantes. Memoró que el testigo Jhon Jairo Montoya, quien laboró para Indega S.A., contó que era el encargado de llevar los productos a ellos, sin embargo, desconoció los contratos que tenían con la compañía y lo «[…] relacionado con las

comisiones». También expuso que el declarante comentó que algunos de los accionantes, «[…] tenían carros, entonces tenían más gastos, por ejemplo, Patricia y Juan Jairo tenían carros asignados por la compañía»; que estos iban dos veces al mes a la empresa, para enterarse de promociones y avances del mercado. Para cerrar, narró que los «[…] distribuidores incurrían en gastos de empleados, uniformes, seguridad social, camiones, costos que cubrían los bodegueros y lo pagaban de la comisión que se ganaban». De lo dicho por Iván Urbina Oñate, recalcó que enfatizó que los demandantes prestaron servicios bajo un modelo de concesión de reventa de productos; que se les hacían algunas recomendaciones, con el propósito de incrementar las ventas; que cada uno tenía la libertad de escoger cuántos ayudantes necesitaba y que era responsabilidad de ellos

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Radicación n.° 94237 hacer la afiliación a la seguridad social y el pago de los salarios. Recordó que el testigo también reveló que los concesionarios tenían la oportunidad de adquirir uniformes de la empresa para que fueran identificados, como parte de la cultura comercial; escogían los locales; pagaban los gastos de esos lugares y que la mayoría contaba con automotores para hacer la distribución del producto. Conforme a lo analizado, el Tribunal determinó que «[…] no existía una prestación personal del servicio, por cuanto los demandantes podían delegar sus funciones en los segundos vendedores» y acotó que no puede presumirse la subordinación «[…] en tanto en un contrato comercial para la reventa del producto, la contratante podía fijar las reglas

relacionadas con la marca de su propiedad». Del convenio de concesión, celebrado entre la demandada y Gabriel Hernán Mejía Flórez, infirió que la empresa tenía el deber de hacer los estudios de mercado y diseñar las estrategias comerciales. Estableció que los funcionarios obtuvieron comisiones, que correspondieron a la ganancia «[…] por la reventa realizada por los mismos y que no estaban atadas a la prestación del servicio, sino a la cantidad de producto adquirido y la negociación del valor mismo para la reventa».

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Radicación n.° 94237 En ese orden, dijo que se desvirtuó la «[…] existencia de una relación subordinada, regulada por el Código Sustantivo de Trabajo».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, formulan un cargo por la causal primera, el cual es oportunamente replicado y se resuelve a continuación.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case totalmente el fallo del Tribunal, y en sede de instancia revoque el del juzgado y «[…] acoja las pretensiones de la demanda».

VI. CARGO ÚNICO Denuncian la violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 22, 23, 24, 64, 65, 133, 134, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 de la Ley 50 de 1990, 17 de la Ley 100 de 1993 y 8 de la Ley 153 de 1887.

Relacionan los siguientes errores de hecho:

• Dar por demostrado, sin estarlo, que LOS DEMANDANTES le prestaron sus servicios personales a INDEGA S.A. bajo condiciones de autonomía e independencia ajenas a un contrato laboral y propias de un contrato de concesión mercantil. - No dar por demostrado, estándolo que LOS DEMANDANTES le prestaron sus servicios personales a INDEGA

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Radicación n.° 94237 S.A. bajo condiciones de subordinación y dependencia propias de un contrato de trabajo. - Dar por demostrado sin estarlo, que INDEGA S.A. desvirtuó la presunción de subordinación y de existencia de la relación laboral. Acusan al Tribunal de no apreciar los correos electrónicos denominados i) días de descanso de Jhon Jairo Lopera; ii) cobertura marca tamaño y paquete presupuesto agosto; iii) seguimiento volumen; iv) cierre de agosto y cuota septiembre; v) seguimientos noviembre 25; vi) seguimientos y cierre enero; vii) censo neveras; viii) cesión de posición contractual; ix) «[…]Amalfi.xls»; x) bitácora y solicitud y xi) visita Pueblo Rico y Tarso. También los del 17 y 25 de enero de 2014. Como elementos probatorios erradamente valorados, las comunicaciones del 5 de abril de 2014, enviadas por Patricia Elena Ospina Ramírez a Óscar Darío Ceballos y Arley de Jesús Parra Cano; los contratos de arrendamiento de 26 de enero de 2010, 1° de mayo de 2012, celebrados entre Patricia Elena y Claudia Ospina Ramírez; convenio de

arrendamiento del 1° de enero de 2012, suscrito entre Juan Jairo y Luis Fernando Gallego Zapata; documento de concesión del 19 de julio de 2001; la «[…] confesión deducida de los interrogatorios de parte» y los testimonios de Guillermo León Restrepo, Jhon Jairo Montoya, Javier de Jesús Zapata e Iván Urbina Oñate. Afirman que el Tribunal se equivocó al concluir que prestaron servicios a la empresa de forma autónoma, en el

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Radicación n.° 94237 marco de una relación comercial, por cuanto las pruebas demuestran la subordinación a la que estaban sometidos. Detallan que se pretermitieron los correos electrónicos enviados por el señor Gutiérrez a la señora Lucelly Llano Herrera y Gabriel Hernán Mejía Flórez del 2 de agosto, 8 de septiembre, 25 de noviembre de 2013 y 22 de enero de 2014, los cuales prueban los requerimientos que se les hacían al ser reconocidos como parte del equipo de trabajo de la compañía, no como comerciantes independientes y la «[…] inconformidad […] cuando no cumplían las metas impuestas». Apuntalan que lo anterior, se corrobora también con los mensajes enviados el 12 de febrero de 2013 y 17 de agosto de 2013, los cuales denotan la «[…] injerencia de la sociedad demandada en las tareas que cumplían los demandantes como vendedores», lo que contraría la naturaleza de un contrato de concesión. Recalcan que también se omitió apreciar los correos electrónicos denominados «días de descanso de Jhon Jairo

Lopera» remitidos entre Luis Fernando Londoño, Arturo Salamanca Rico, Enia Maricella Velázquez Builes y el señor Lopera, ellos reflejan «[…] una situación propia de una relación subordinada (las vacaciones), completamente ajena a los contratos mercantiles de concesión». Anotan que, si se hubieran valorado dichos documentos, se hubiera concluido que la relación entre las partes, no se ejecutó «[…] bajo los lineamientos de una relación de tipo comercial».

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Radicación n.° 94237 Acusan al Tribunal de inadvertir la comunicación enviada el 3 de abril de 2014, por el asesor comercial de la demandada, Mauricio Lema Garcés a Gabriel Hernán Mejía, en la que le requiere el envío para ese mismo día de un censo de neveras. Advierten que dicha solicitud es una orden que la empresa dio al trabajador. Dicen que tampoco se tuvo en consideración, el mensaje electrónico remitido el 15 mayo de 2012, por Esnéider Antonio Gutiérrez Flórez a Lucelly Llano Ospina, pues de haberlo tenido en cuenta, se hubiera percatado de las instrucciones que impartió la accionada a los demandantes, por lo que claramente no contaban con independencia para ejercer sus actividades, ni siquiera «[…] en lo que respecta al manejo de los inmuebles en los que desarrollaban sus actividades». Exponen que no se consideró el correo electrónico, enviado por David Moreno el 25 de enero de 2014 a Juan Jairo Gallego, en el cual, se le invitó a mejorar la organización de la bodega, lo que «[…] desbordaba la autonomía propia de

un contrato de concesión». Situación que se confirma con los mensajes enviados el 15, 17 y 30 de enero de 2014. Expresan que estas pruebas, exhiben el control que ejercía la compañía sobre ellos. Destacan que el Tribunal, erró al no «[…] valorar la intervención de la sociedad demandada en la contratación de los segundos vendedores», pues así lo hace ver el mensaje que envió Patricia Ospina Ramírez a Luis Felipe González y a

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Radicación n.° 94237 Iván Urbina Oñate, en el cual «[…] les remite requerimiento de empleado». En punto a las pruebas erradamente valoradas, denuncian las cartas de despido de Óscar Darío Ceballos Holguín y Arley de Jesús Parra Cano firmadas por Patricia Elena Opina Ramírez, por cuanto: […] el Tribunal infiere una conclusión que no se ciñe al contenido de los documentos de los que derivó la misma. El contenido de las cartas solo dan cuenta del despido en sí mismo (aspecto formal) y no del origen de la decisión (aspecto que atiende a la realidad); a diferencia del correo electrónico precedentemente citado, que muestra la injerencia de la sociedad demandada en el manejo del personal. Sobre su interrogatorio de parte, rememoraron que si bien Lucelly Llano Herrera «reconoció que […] revendían productos de la empresa», con posterioridad expresó que la actividad no la ejecutaron libremente, por el contrario, siempre estuvieron bajo las directrices de Indega S.A. Detallan que se equivocó el Tribunal al sostener que los demandantes en sus interrogatorios aseguraron que con el

dinero que les pagaba la empresa, sufragaban los gastos que implicaba la distribución del producto, como el arriendo de bodegas, el salario de los ayudantes, entre otros, por el contrario, narraron que «[…] el valor de dichas erogaciones estaba comprendido en la suma de dinero que les era reconocida (a título de comisión) y […] que las condiciones las imponía la sociedad demandada». Concluyen que, de haberse hecho un estudio completo de las declaraciones, resultaba evidente que no aceptaron que asumían los gastos de la operación.

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Radicación n.° 94237 Informan que existió error al apreciar los contratos de arrendamiento, celebrados el 1º de diciembre de 2009 y el 1º de mayo de 2012, entre Patricia Elena y Claudia Ospina Ramírez, el de 1º de enero de 2012 y el suscrito por Juan Jairo y Luis Fernando Gallego Zapata, al concluir que se trataron de familiares. Explican que estos no prueban las condiciones en las que se «[…] prestaba el servicio, ni de los mismos puede deducirse autonomía». Hacen ver que el Tribunal, no tuvo en cuenta los correos electrónicos que remitió Esnéide