CSJ - SL543-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL543-2023 Radicación n.° 90782 Acta 8 Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ENRIQUE GERARDO CHÁVEZ MONTES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 23 de octubre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

SGS COLOMBIA S. A. S.

Téngase por reasumido el poder por parte del abogado Gustavo José Gnecco Mendoza, con tarjeta profesional número 44.192, como apoderado de la demandada, conforme a la manifestación efectuada el 16 de marzo de 2022 y que obra en el cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 90782

I. ANTECEDENTES Enrique Gerardo Chávez Montes llamó a juicio a SGS Colombia S. A. SGS con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo, «iniciado el 1 de noviembre de 1987, terminó por decisión unilateral de la empleadora demandada, en forma unilateral y sin justa causa el día 15 de abril de 2015»; que «la demandada debe liquidar la indemnización por terminación unilateral y sin justa causa

(legal y extralegal) teniendo en cuenta como extremo inicial de la relación de trabajo el día 1 de noviembre de 1987» y que no estuvo afiliado a la seguridad social.

Como consecuencia de lo anterior, se condene a la referida empresa a pagar la suma de $650.967.544 por la diferencia adeudada por la indemnización extralegal por terminación del contrato de trabajo, en cuantía del 75% del salario mensual por cada año de servicio bajo el régimen de expatriados, debidamente indexada; $1.454.233.702 por concepto de saldo debido y actualizado, por indemnización legal por el despido; reintegro del valor que le fue descontado al término del contrato por carecer de autorización; indemnización moratoria por las deducciones, la pensión sanción por la omisión en la afiliación al sistema de pensiones, junto con las costas y agencias en derecho. Para fundamentar sus peticiones relató que, «se vinculó laboralmente con el grupo SGS a través de un contrato de trabajo a término indefinido»; que la «fecha de inicio de la relación laboral del demandante con el grupo SGS fue el día

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Radicación n.° 90782 11 de noviembre de 1987 en la ciudad de Lima Perú», desempeñando inicialmente el cargo de supervisor de minerales. Indicó que a finales de 1998 se le ordenó trasladarse a Bogotá, por lo que aceptó laborar en esta ciudad a partir del 1 de abril de 1999 y continuó prestando servicios al grupo, siendo el gerente general de SGS Colombia S. A., hoy SGS Colombia S. A. S; aclaró que dicho cambio no implicó solución de continuidad. Explicó que las partes acordaron en el contrato de trabajo firmado en Colombia que, en caso de pagarse la indemnización por terminación unilateral, se tomaría en

cuenta la fecha de ingreso al grupo SGS (cláusula tercera) y el valor de los beneficios extralegales (cláusula segunda); dijo que en su condición de personal extranjero se le aplicó y percibió los beneficios previstos por escrito en el estatuto de expatriados. Agregó que en 2005 firmó un contrato de trabajo, que tuvo por objeto incorporar al convenio laboral, el régimen de expatriados para mejorar sus condiciones, reiterándose que la fecha de ingreso al grupo SGS fue 1 de noviembre de 1987 y se acordó un nuevo régimen extralegal –adicional al legalpara calcular la indemnización en caso de rompimiento del nexo. Señaló que en el 2001 se le ordenó asumir la gerencia de SGS Venezuela S.A., labores que desarrolló de forma adicional desde Bogotá; que en 2010 la compañía cerró

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Radicación n.° 90782 operaciones en Venezuela, por lo que continuó únicamente con las actividades para la sociedad colombiana. Expuso que el contrato fue finalizado de forma unilateral y sin justa causa el 15 de abril de 2015, momento para el cual su sueldo básico mensual ascendía a $38.045.550; que en el último mes recibió por concepto de beneficios extralegales la suma de $10.257.561, monto que debía tenerse en cuenta para liquidar la indemnización, por lo que el salario promedio para calcular la indemnización por despido correspondía a $48.303.111. Dijo que la demandada reconoció la indemnización extralegal (régimen de expatriados) y la indemnización legal;

no obstante, tales conceptos fueron indebidamente liquidados por cuanto: i) en la indemnización legal se desconoció el extremo inicial de la relación de trabajo con el grupo SGS, pues, se tomó como fecha de inicio el 1 de abril de 1999 y además, no se aplicó la Ley 50 de 1990, en virtud de la cual le correspondían 1103 días de indemnización y no 245,63 que dijo la empleadora, por lo que tal rubro debió ser de $1.776.475.715 y no al valor pagado de $322.242.013; ii) en la indemnización extralegal no se tuvieron en cuenta los extremos reales ni el 75% del salario promedio mensual devengado por cada año de servicios ($48.303.111), por lo que lo que ascendía a $1.014.365.331, pero solo se reconocieron $363.397.787. Por último, precisó que la liquidación final de prestaciones fue pagada, pero la empleadora le hizo una

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Radicación n.° 90782 deducción sin autorización; que no estuvo afiliado al sistema de seguridad social en pensiones y que la demandada es una multinacional de Suiza, dedicada en América Latina a la extracción de minerales (f.os 3 a 13). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, únicamente admitió que pagó la indemnización legal y extralegal por la terminación del nexo, pero puntualizó que tales conceptos fueron calculados debidamente junto con la liquidación final de acreencias legales; también aceptó que la labor fue ejecutada personalmente y atendiendo las

instrucciones del empleador, pero aclaró que como gerente general era él quien ejercía subordinación sobre los trabajadores de la demandada, contando con autonomía en su horario de trabajo. Frente a los demás, dijo no eran ciertos, no le constaban o no correspondían a situaciones fácticas. En su defensa manifestó que de lo previsto en el numeral 9.3 del contrato de trabajo suscrito el 9 de febrero de 2005, se extraía que la liquidación extralegal solo debía comprender el periodo del 1 de noviembre de 1987 al 31 de marzo de 1999. Ello, porque en la Política de Expatriados, aplicable por lo pactado en el contrato, tenía como objetivo que los trabajadores expatriados no perdieran el derecho al pago de una indemnización por los periodos previos en los que prestaron el servicio, pero que renunciaran con ocasión del traslado a otro país. Así, explicó que el beneficio no fue creado para que se recibiera un doble pago por concepto de

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Radicación n.° 90782 indemnización, sino para compensar los periodos por los que legalmente no se reconocería una indemnización, por mediar renuncia a fin de aceptar el traslado de país. Agregó que entre las partes nunca se pactó que la indemnización extralegal sería adicional a la legal, por lo que esas dos indemnizaciones bajo ningún concepto son acumulables. De otra parte, estimó que, conforme al artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, son afiliados voluntarios al sistema de pensiones,

los extranjeros que en virtud del contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o cualquier otro; exigencias que se cumplían en este caso, porque el demandante es de nacionalidad peruana y está cobijado por dos regímenes pensionales en el extranjero el de Perú y Suiza. Por consiguiente, al encontrarse asegurados los riesgos y contingencias en esos países, no detentaba la calidad de afiliado obligatorio al sistema de seguridad social en pensiones en Colombia y, por ello no se daba el principal supuesto establecido en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 para que surgiera el derecho a la «pensión sanción deprecada», dado que no existió omisión en el deber de afiliación.

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Radicación n.° 90782 Formuló las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe y compensación (f.os 97 a 117).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 5 de diciembre de 2019 absolvió a la demandada (f.°

744).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación de la parte actora el 23 de octubre de 2020 confirmó la decisión de primer grado (f.os 760 a 775).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado

consideró como problemas jurídicos a resolver, los siguientes: i) si entre las partes existió una sola relación laboral y si su vigencia se dio desde el 11 de noviembre de 1987, iniciado en Lima – Perú, hasta el 15 de abril de 2015, finalizado en Bogotá – Colombia, ii) en caso afirmativo, se establecería cuál fue el salario promedio para liquidar las prestaciones sociales, y si resultaba procedente incluir los beneficios extralegales como factor salarial; iii) si era viable reliquidar las indemnizaciones legal y extralegal por terminación del contrato de trabajo sin justa causa; iv) verificar los descuentos realizados por la demandada; v) si

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Radicación n.° 90782 había lugar a la pensión sanción y, vi) a la indemnización moratoria. En cuanto a la vigencia del vínculo laboral señaló que no era objeto de controversia que la relación laboral inicial que el actor sostuvo con SGS S.A. - Sucursal Perú, fue mediante contratos de trabajo a término fijo así: i) del «2» de noviembre de 1987 al 1 de noviembre de 1988 (f.os 125 a 128), renovado del 2 de noviembre de 1988 al 31 de octubre de 1989 (f.° 129), posteriormente renovado desde el «1 de noviembre de 1989» hasta el «31 de octubre de 1990» (f.° 130); ii) del «24 de enero de 1990» hasta el «23 de abril de 1990» (f.os 131 y 132); iii) desde el «24 de abril de 1990» hasta el «25 de julio de 1990»

(f.os 133 y 134); iv) del «26 de julio de 1990» al «31 de octubre de 1990» (f.os 135 y 136) y v) desde el 1 de noviembre de 1990 hasta el 30 de enero de 1991. Destacó que al plenario se allegó la prueba de la renuncia voluntaria del actor como gerente de división de minerales, el 31 de marzo de 1999 (f.° 139), junto con la liquidación, por el lapso del 24 de enero de 1990 al 31 de marzo de 1999 (f.° 140) con la anotación de haber recibido de «SGS Perú la totalidad de 37.439,89 soles por renuncia voluntaria», sin que se le adeudara suma por concepto de sueldos, indemnizaciones, vacaciones y los beneficios a los que tenía derecho. Explicó que, posteriormente, el demandante celebró con la sociedad demandada SGS Colombia S.A. un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 1 de abril de 1999 al

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Radicación n.° 90782 15 de abril de 2015, según la liquidación y certificación expedida por la gerente de recursos humanos, en donde aparecía que el nexo finalizó de manera unilateral por parte del empleador y sin justa causa (f.os 144 a 147 y 159 y 160). Por lo anterior encontró que, si bien el promotor estuvo vinculado al Grupo SGS, lo cierto era que inicialmente lo fue a través de sendos contratos de trabajo a término fijo de un año o de tres meses, desde el 2 de noviembre de 1987 hasta el 31 de marzo de 1999, fecha en la cual renunció

voluntariamente a SGS Perú y que, ulteriormente, se celebró un contrato a término indefinido con SGS Colombia, del 1 de abril de 1999 al 15 de abril de 2015. Expuso que la naturaleza del contrato de trabajo a término fijo no mutaba a uno a término indefinido por el hecho de que se prorrogue varias veces (CSJ SL20716-2017). Por consiguiente, el vínculo inicial que suscribió bajo la modalidad de contrato a término fijo en Perú no cambiaba «a una sola vinculación a término indefinido», máxime que cada uno de los convenios de trabajo a término fijo fue terminado por cumplimiento del plazo pactado y debidamente liquidado. En ese sentido, dijo que no prosperaba la pretensión de que se declare una sola relación laboral desde el «8» de noviembre de 1987, máxime si se tenía en cuenta que el último contrato de trabajo a término fijo suscrito con SGS Perú finalizó el 31 de marzo de 1999 por renuncia voluntaria del trabajador, luego de lo cual inició un nuevo vínculo con SGS Colombia S. A., a término indefinido, el cual se extendió

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Radicación n.° 90782 del 1 de abril de 1999 al 15 de abril de 2015. En cuanto al último salario devengado por el actor, precisó que esta no era una pretensión, pues tan solo reclamaba la reliquidación de la indemnización tanto legal como extralegal, así como la pensión sanción e indemnización moratoria, sin que hubiera buscado modificar la remuneración con la que le habían sido liquidadas las

prestaciones. Además, destacó la contradicción del apoderado del actor, pues, mientras que en el recurso de apelación señalaba que el salario fue de $55.075.901 en el hecho 18 de la demanda había indicado que correspondió a $48.303.111. Así, según la certificación de la gerente de recursos humanos del 15 de abril de 2015, determinó que el actor laboró para la compañía demandada desde el 1 de abril de 1999 hasta el 15 de abril de 2015 mediante un contrato de trabajo a término indefinido, finalizado por decisión unilateral del empleador sin justa causa, percibiendo como último salario integral mensual la suma de $38.091.100. Aclaró que no desconocía que el promotor del proceso recibió unos beneficios extralegales, incluso, el representante legal de la demandada en interrogatorio de parte así lo había aceptado, pero dijo que tomaría solamente lo percibido, sin incluir los beneficios extralegales, porque en la cláusula decimosegunda del contrato de trabajo a término indefinido se establecían las exclusiones salariales indicándose que ninguno de los pagos enumerados en el artículo 128 del CST,

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Radicación n.° 90782 modificado por la Ley 50 de 1990, gozaría de tal carácter, y pactándose que los siguientes beneficios tampoco lo tendrían: auxilio de alimentación y alojamiento, bonificaciones extralegales incluidas las de rendimiento, primas extralegales, viáticos ocasionales, auxilio de vehículo, auxilio de rodamiento, servicios médicos, alojamiento en

dinero o en especie, auxilio de parqueadero y bonificaciones. Agregó que tampoco ignoraba el documento denominado paquete de compensación (f.° 25), en el que se indicaba que el salario básico anual del actor ascendía a la suma de $457.093.200, lo que arrojaba el promedio mensual de $38.091.100, conforme se extraía de la aludida certificación expedida por la demandada. En cuanto a la indemnización legal por despido sin justa causa, halló que, según la liquidación le fue pagada la suma de $322.242.013, calculada desde el 1 de abril de 1999 al 15 de abril de 2015, según lo previsto en el artículo 64 del CST. Estimó que dicho cálculo obedeció a que el contrato de trabajo en Colombia nació a la vida jurídica en 1999, y en ese orden, tal concepto debía pagarse según lo previsto en la Ley 789 de 2002 y no en la Ley 50 de 1990, como lo pretendía el apelante. Explicó que el parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 789 establece un régimen de transición que dispone que, la tabla de indemnización consagrada en los literales b), e) y d) del artículo 6 de la Ley 50 de 1990, se aplica a aquellos trabajadores que llevaran 10 años de servicio al momento de entrar en vigencia dicha ley, pero, en el presente asunto, para

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Radicación n.° 90782 el 2 de diciembre de 2002, el accionante tan solo tenía tres años de servicios en la empresa demandada. Al calcular la indemnización legal, según el literal b) del

artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, con base en un salario de $38.091.100 y liquidada desde el 1 de abril de 1999 hasta el 15 de abril de 2015, arrojó la suma de $311.941.420,32, es decir, que lo pagado por la empleadora ($322.242.013) era superior a lo tasado por la colegiatura. Frente a la indemnización extralegal por despido sin justa causa indicó que las partes suscribieron un documento (con traducción oficial f.os 50 a 61) en virtud del cual, se incluyó al contrato la política de expatriados. En la cláusula 9.1. se dispuso que el empleador o empleado podían terminar el acuerdo en cualquier momento, dando notificación por escrito al otro con tres meses de anticipación; y, en la cláusula 9.3 se estableció lo siguiente: “9.3 En el evento en que el Empleador termine este contrato según lo acordado en la cláusula 9.1. y en caso de que el empleado haya estado empleado continuamente (Por empleador o un miembro del Grupo) por un periodo mayor a 10 años, el Empleado tendrá derecho a una indemnización por cantidad igual al 75% de la base de un salario mensual multiplicado por el número de años totales de servicio continuo, por el Empleado inmediatamente anterior a la terminación menos una suma equivalente a cualquier pago que se haya hecho con respecto al periodo de preaviso al cual se refiere la cláusula 9.1” Con base en dicha cláusula, precisó que la indemnización extralegal debía liquidarse únicamente con la base mensual que recibió el demandante, por lo que tampoco

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Radicación n.° 90782 era procedente incluir los beneficios extralegales que pretendía el apelante. Explicó que la convocada a juicio había estimado tal indemnización con el tiempo laborado en SGS Perú, esto es, del «8» de noviembre de 1987 al 31 de marzo de 1999, pues la indemnización legal la pagó desde el 1 de abril de 1999 hasta el 15 de abril de 2015, «evitando así un doble pago por concepto de indemnizaciones». Consideró que la política de expatriados no fue creada con la intención de que se recibiera un doble pago de indemnización, sino que, compensara los periodos por los que, legalmente, no se le reconocería una indemnización por haber presentado renuncia para aceptar el traslado a otro país. Así, estimó que la finalidad de la indemnización extralegal consagrada en la política de expatriados se cumplió, debido a que el actor no fue indemnizado por el periodo de prestación de servicios en Perú, pues para aceptar el traslado a Colombia tuvo que presentar renuncia en ese país. Insistió en que la indemnización extralegal no fue pactada para que fuera adicional al periodo que correspondería por indemnización legal, por lo que debía entenderse que bajo ningún concepto las dos indemnizaciones (legal y extralegal) eran acumulables, ya que la convenida como extralegal no tuvo como finalidad reparar un perjuicio mayor o enriquecer al entonces trabajador, sino que fue acordada para compensar el tiempo de servicio que «el trabajador hubiera tenido con el empleador inmediatamente anterior a SGS Colombia, periodos sobre los

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Radicación n.° 90782 cuales no se reconocería una indemnización legal», por haber presentado el extrabajador renuncia a fin de aceptar su traslado a otro país. Con fundamento en ello calculó la indemnización extralegal, para lo cual tomó el 75% del salario base ($38.091.100), y lo multiplicó por los años laborados para SGS Perú, esto es, desde el «8» de noviembre de 1987 al 31 de marzo de 1999, (11 años) en razón de que el objetivo de la política de expatriados consistía en que dichos trabajadores no perdieran el derecho al pago de una indemnización por periodos previos laborados, pero que, por al traslado a otro país, presentaron renuncia voluntaria al contrato que tuvieron. Lo anterior arrojó la suma de $314.251.575, monto inferior al pagado por la demandada ($363.397.787) como indemnización extralegal. En cuanto a la pensión sanción explicó que, según el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, son afiliados voluntarios al Sistema General de Pensiones los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país, y «no» (sic) estén cubiertos por algún régimen de su país de origen. Luego, relievó que en el plenario no se discutió la calidad de trabajador extranjero del demandante, y que al momento de suscribir el contrato de trabajo a término indefinido en Colombia (1 de abril de 1999), se encontraba afiliado al Sistema de Pensiones de su ciudad de origen Lima

– Perú (f.° 708 a 714), por lo que se trataba de un afiliado

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Radicación n.° 90782 voluntario, de ahí que la demandada no tenía la obligación de afiliarlo al sistema pensional colombiano. Además, SGS Colombia S. A. había sufragado el seguro pensional según la relación de pagos certificada por la representante legal de la sociedad demandada (f.os 169 – 186). Agregó que no compartía la tesis del demandante en cuanto a que del numeral 7 del contrato de trabajo firmado en 2005, mediante el cual se incorporó el régimen de expatriados, se derivaba que su afiliación al Sistema General de Pensiones colombiano fuera obligatoria, ya que dicha cláusula establecía que el pago de seguridad social estaría sujeto al estatuto de Seguridad Social colombiano, con lo que se refería a que la compañía demandada no tenía la obligación de afiliarlo, pues de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el actor se catalogaba como un afiliado voluntario del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Dijo que el promotor del proceso se encontraba amparado en materia de salud y por el riesgo de muerte, conforme al seguro que fue contratado con Previnter y que pagó SGS Suiza, quedando acreditado que se encontraba cotizando para otro país, razón por la cual, su afiliación, en calidad de trabajador extranjero tenía la calidad de voluntaria. Así concluyó que como ya había sido asegurado y amparado para los riesgos y contingencias de vejez, invalidez

y muerte en Perú y Suiza, no tenía la calidad de afiliado

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Radicación n.° 90782 obligatorio al Sistema de Seguridad Social en Pensiones en Colombia, por lo que no había lugar a la pensión sanción reclamada. Finalmente, en cuanto a la indemnización moratoria dijo que conforme al artículo 65 del CST, correspondía al empleador cancelar al trabajador los salarios y prestaciones adeudados al término de la relación laboral, salvo en los casos autorizados por la ley o convenidos por las partes, facultándose la imposición de una indemnización en el evento de mora. Expuso que su aplicación no operaba de forma automática, con la simple verificación de la mora en el pago, pues era necesario analizar la conducta del empleador para determinar si actuó de mala fe al no sufragar los valores a los que estaba obligado, pudiendo alegar circunstancias que lo eximieran de su pago (CSJ SL, 24 en 2012. Rad. 34288). Ello significaba que la sanción del artículo 65 del CST procedía si la empresa no aportaba razones satisfactorias y justificativas de su conducta. En este caso, encontró que la liquidación final de prestaciones sociales del contrato a término indefinido fue recibida por el actor el «27 de abril de 2015», es decir «un par de días después de haber dado por terminado la relación laboral», quien plasmó su inconformidad puesto que no estaba reflejado el pago de todos sus derechos. Por lo anterior, consideró que la buena fe de la

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Radicación n.° 90782 demandada estaba acreditada, pues una vez finalizó la

relación laboral, aquella le pagó la liquidación final de prestaciones sociales, lo que la exoneraba de la sanción reclamada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que se case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su lugar, condene a la demandada conforme a lo solicitado en el escrito inicial.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados. La Sala analizará conjuntamente los dos primeros por referirse al mismo tema y estar soportados en iguales fundamentos y, posteriormente, el tercero.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 10, 13, 14, 16, 18, 19, 47, 61

(subrogado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990), 64

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Radicación n.° 90782 (subrogado por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990), 127 (subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990) y 128 (subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990) del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, 8 de la Ley 153 de 1887, 53 y 230 de la

Constitución Política. Asegura que la violación de la ley se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Considerar en contra de la evidencia, que la solicitud elevada por el demandante consistió en la declaratoria de una única relación de trabajo con SGS COLOMBIA S.A.S. desde el 8 de noviembre de 1.987.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que de la documental mencionada en precedencia se pudo establecer, contrario a lo afirmado por el recurrente, que si bien el demandante estuvo vinculado al grupo S.G.S., lo cierto es que inicialmente se vinculó con contratos a término fijo desde el 2 noviembre de 1.987 hasta el 31 de marzo de 1.999 y a partir del 1º de abril de 1.999 con contrato a término indefinido.

3. Considerar en contra de la evidencia, que ante la modalidad contractual acordada por las partes en Perú y en Colombia, no se podía declarar una sola vinculación a término indefinido.

4. No dar por demostrado estándolo, que la solicitud que elevó el demandante en el proceso consistió en la reliquidación de la indemnización legal y extralegal ante la decisión de la empleadora demandada de concluir en forma unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo.

5. No dar por demostrado, estándolo, que en el contrato de trabajo que reposa a folios 144 a 147, las partes acordaron que la antigüedad, se debía tener en cuenta para el pago de la eventual indemnización, es decir, desde el 1º de noviembre de 1.987, día en que el demandante ingresó a prestar servicio al GRUPO S.G.S.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la solicitud de reliquidación de la indemnización legal y extralegal tiene como soporte el acuerdo suscrito por las partes en el contrato de trabajo del 1º de abril de 1.999.

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7. Considerar en contra de la evidencia, que la sociedad demandada liquidó en forma correcta tanto la indemnización legal como la extralegal.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el salario base de liquidación se controvirtió en el proceso para efectos de la liquidación de la indemnización.

9. Considerar en contra de la evidencia, que se contradice la parte actora, al pretender un salario superior al indicado en el hecho 18 de la demanda y que el salario para liquidar la indemnización es la suma de $38.091.100.

10. Considerar, en contra de la evidencia, que no es procedente incluir beneficios extralegales en la base salarial para liquidar la indemnización.

11. Considerar, en contra de la evidencia, que como la compañía demandada liquidó la indemnización extralegal por el tiempo laborado en SGS Perú, esto es, del 8 de noviembre de 1.987 al 31 de marzo de 1.999 y la legal desde el 1º de abril de 1.999 al 15 de abril de 2.015, evitó un doble pago por concepto de indemnizaciones.

12. Considerar, en contra de la evidencia, que debe entenderse que la política de expatriados no fue creada con la intención que se recibiera un doble pago de indemnización, sino que, por el contrario, para compensar el periodo en el que legalmente no se

reconociera una indemnización por haber presentado renuncia el demandante al aceptar el traslado a otro país.

13. Considerar, en contra de la evidencia, que la finalidad de la indemnización extralegal consagrada en la política de expatriados se cumplió debido a que el actor no fue indemnizado por el periodo de prestación de servicios en Perú.

14. Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que la indemnización extralegal no fue pactada para que fuera adicional al periodo que correspondiera a la indemnización legal, por lo que no debe entenderse bajo ningún concepto que las dos indemnizaciones, legal y extralegal, son acumulables, ya que la extralegal no tuvo como finalidad reparar un perjuicio mayor o enriquecer al entonces trabajador.

15. No dar por demostrado, estándolo, que al señor Enrique Chávez le asiste el derecho a la reliquidación de la indemnización legal y extralegal teniendo como extremo en cada una de ellas el día 1º de noviembre de 1.987 y con un salario superior.

Considera que estos errores ocurrieron por la

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Radicación n.° 90782 equivocada apreciación de las siguientes pruebas y piezas procesales: i) la demanda inicial (folios 3 a 13); ii) el escrito de contestación a la demanda (folios 97 a 117); iii) los contratos de trabajo (folios 125 a 138); iv) el documento de folio 139; v) el contrato de trabajo de folios 144 a 147, repetido a folios 20 a 23; vi) el contrato de folios 50 a 55 «(con traducción a folios 56 a 61, repetido a folios 148 a 153traducción de folios a 158-)»; vii) la liquidación (folio 159); viii) la certificación de folio 160; ix) el documento denominado paquete de compensación de folio 25 con traducción a folio 582; x) el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, prueba practicada en las audiencias celebradas los días 21 de julio y 28 de septiembre de 2017 y xi) la Política de Expatriados (folios 387 a 551). Como por no apreciar la traducción oficial que milita a folios 617 a 622 y el certificado de la Cámara de Comercio de folio 122. Para demo