CSJ - SL5598-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N.- 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL5598-2018 Radicación n.” 51734 Acta 40 Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por el demandante MAURICIO MESA LONDOÑO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 31 de enero de 2011, en el proceso que instauró en contra de COLOMBIA

MÓVIL S.A.

I ANTECEDENTES Mauricio Mesa Londoño promovió demanda laboral con el objeto de que, en forma principal, se declarara la nulidad del acta de conciliación suscrita entre las partes el 30 de diciembre de 2004 y la de la renuncia presentada por el demandante; como consecuencia, se ordenara su reinstalación en el cargo de Presidente de la sociedad demandada junto con el pago de los

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Radicación n. 51734 salarios, prestaciones legales, extralegales y “contractuales”, incluyendo la bonificación a largo plazo. En forma subsidiaria solicitó, se declarara que fue despedido sin justa causa y, al no haberse cumplido con los requisitos exigidos en el parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, se ordene su reinstalación al cargo de Presidente de Colombia Móvil S.A., a partir de la fecha de ejecutoria de la

sentencia, sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios y prestaciones causados desde la fecha del despido y hasta que sea «eintegrado». Como peticiones subsidiarias de las anteriores solicitó se condene a la sociedad demandada a pagarle el bono de despido injustificado, bono de enganche o compensatorio, bono anual por resultados, bonificación largo plazo», a reconocerle los beneficios correspondientes a apartamento en Bogotá, club social, 2 carros para su servicio con conductor y 4 tiquetes mensuales en la ruta Medellín - Bogotá para su familia, indemnización por falta de pago consagrada en el artículo 65 del CST, indexación, lo que resulte probado extra o ultra petita y, las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones en que se vinculó mediante contrato de trabajo a Colombia Móvil S.A. en el cargo de Presidente, entre el 27 de enero de 2003 y el 19 de septiembre de 2004, período en el cual jamás se le endilgó responsabilidad alguna por el incumplimiento de sus funciones con relación a la administración, dirección, proyección, planeación y ejecución de

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Radicación n. 51734 los programas y actuaciones propuestas, las que fueron aprobadas, patrocinadas y apoyadas por la accionada. Advirtió que, ante la magnitud del cargo y la trascendencia de la empresa en el mercado de la telefonía móvil, por recomendación de la Junta Directiva de la demandada se contrataron, varios estudios de alcance internacional para adoptar una propuesta de política de remuneración,

compensación e incentivos para la alta dirección de la empresa, con las firmas Spencer Stuart y Mackinsey And Co. Afirmó que el 24 de febrero de 2003 y por delegación de la Junta Directiva, Andrés Obregón, «después de una amplia y detallada discusión», suscribió con él un acuerdo salarial en el que se estipularon expresa y claramente las condiciones y los montos correspondientes a la compensación que habría de regir la relación laboral con Colombia Móvil S.A., entre las que se estipuló un salario correspondiente a $46.000.000.00, bonificación anual compensatoria fija equivalente a 2 salarios por año, bonificación por resultado (6 salarios), bonificación dargo plazo», salarios por despido injustificado, club de golf con gastos, salud prepagada, 2 carros con opción de compra, conductores para él y su familia, 4 tiquetes por mes Medellín — Bogotá D.C., para la familia, seguro de vida, seguro «seguridad» y reembolso de gastos «ida (apartamento, etc)» en Bogotá D.C.. Indicó que el esquema remunerativo propuesto por la firma Mackinsey And Co, fue ratificado el 21 de noviembre de 2003 en comunicación suscrita por el Gerente de EPM y el Presidente de la ETB, empresas controladoras del 100% de la propiedad de

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Radicación n. 51734 Colombia Móvil S.A., los que limitaron la cuota de administración y gastos del club al tope de $1.000.000.00 y el apoyo económico para el apartamento en Bogotá, hasta el 31 de diciembre de 2003. Pero que, a pesar de contar con condiciones

claras, precisas y expresamente convenidas de remuneración, en reunión de Junta Directiva el 22 de diciembre de esa anualidad, «en forma sorpresiva, unilateral, e ilegal se ordenó que el demandante y los demás miembros de su equipo suscribieran un acta de conciliación ante el Ministerio de Trabajo en la que se modificaban las condiciones laborales en forma inferior a las pactadas. Afirmó que compareció el 30 de diciembre de 2003 ante un funcionario del Ministerio de la Protección Social, en cuya presencia se le exhibió un documento que ya estaba elaborado y contenía los términos de su vinculación, respecto del cual no tuvo una opción distinta a la de suscribirlo. El 16 de septiembre de 2004, el Presidente de la Junta Directiva Rafael Antonio Orduz Medina y Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, miembro de la mencionada junta, se reunieron con él y le entregaron una comunicación por medio la cual la empresa daba por terminado unilateralmente su contrato de trabajo a partir de dicha calenda, sin que con antelación a ella se le hubiere hecho llamado de atención alguno. Aseveró que ante la situación de desconcierto, los convocantes a la reunión le propusieron que presentara su carta de renuncia y a cambio de ello, se retiraría tal comunicación de despido y se le garantizaría el pago de la indemnización pactada por la ruptura del contrato. Frente a tal situación, dijo, «mo tuvo otra opción que la de presentar la carta de renuncia que, como única alternativa a la

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Radicación n. 51734 salida ya determinada por la empresa, y notificada personalmente, le quedaba al doctor MESA LONDOÑO».

Informó que el 10 de noviembre de 2004 se le entregó la liquidación final de prestaciones sociales, a la que le formuló varias objeciones, ante la evidencia de su discordancia con la ley, pues se liquidó tomando en cuenta los términos y condiciones salariales y prestacionales contenidas en el documento de conciliación suscrito entre las partes y no, sobre los valores que legalmente habían convenido y en la que, no se incluyó el valor correspondiente a la indemnización por despido. Refirió que 26 de mayo de 2005 presentó ante el representante legal de la sociedad demandada una reclamación formal respecto de los derechos que le fueron vulnerados y que hoy son materia de la presente acción judicial, la que le fue respondida en forma desfavorable el 9 de junio de 2005. Al dar respuesta a la demanda, Colombia Móvil S.A. se opuso a todas las pretensiones. De los hechos, aceptó: la vinculación laboral, el cargo desempeñado, la contratación de las firmas Spencer Stuar y Mackinsey And Co para buscar la implantación de una política de remuneración, compensación e incentivos, la liquidación de prestaciones sociales, la reclamación presentada y la respuesta dada a la misma. No propuso excepciones (f. 262-281 cuaderno de instancia). IL SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Fue proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, D. C., el 30 de septiembre de 2009, y en ella resolvió:

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PRIMERO: CONDENAR a la demandada COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.

a pagar al demandante MAURICIO MESA LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 8.348.387 las sumas que se relacionan a continuación, de conformidad a la parte motiva de esta sentencia: a. $552.000.000 a título de indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa. b. Al pago diario de $1.533.333,33, a partir del 20 de septiembre de 2004 y hasta la fecha en que se acredite el pago al trabajador, en los términos del parágrafo 1 del Art. 65 del C.S.T., el estado de pago de las cotizaciones al sistema integral de seguridad social y parafiscalidad, de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato de trabajo del demandante, con posterioridad a esta sentencia, a título de indemnización moratoria.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en la demanda por parte del demandante.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada.

Oportunamente tásense.

III. SENTENCIA DEL TRIBUNAL Apelaron las partes, y la Sala Laboral de Descongestión del

Tribunal Superior de Bogotá, D.C., emitió fallo el 31 de enero de 2011 (£ 89-105 cuaderno del Tribunal), en el que resolvió: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, en cuanto condenó a la sociedad demandada de las indemnizaciones por despido injusto y moratoria, para en su lugar,

ABSOLVERLA de tales reclamaciones, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás.

TERCERO: COSTAS. Las de primera instancia serán a cargo de la parte demandada. No se impone en la alzada.

Posteriormente, en proveído calendado de 5 de abril de 2011 (£.109-110 cuaderno del Tribunal), dispuso: SCLAJPT-10 v.00 Radicación n. 51734

PRIMERO: CORREGIR el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por esta Corporación el 31 de enero de 2011, el cual quedará así: “COSTAS Las de primera instancia serán a cargo de la parte demandante. No se imponen en la alzada (sic).

SEGUNDO: Cumplida la ejecutoria del presente auto, remítanse nuevamente las diligencias al Despacho, para decidir sobre la viabilidad del recurso de casación.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada, el ad quem, en lo que interesa al recurso extraordinario, expresó: «Del estudio conjunto al material probatorio allegado al plenario» y concluyó que la terminación del contrato de trabajo del actor, provino de su iniciativa libre y voluntaria «al presentar su dimisión al cargo que ostentaba», la que fue comunicada a la Junta Directiva y aceptada por esta en reunión celebrada el 21 de septiembre de 2004. Desestimó como fundamento de la terminación del contrato de trabajo suscrito entre las partes, «la supuesta decisión de despido que aparece a folio 123 a 125 del cuaderno

número 3», en tanto no se adoptó por la Junta Directiva de la sociedad, ente que consideró «sería la autoridad corporativa legitimada para tomar una determinación de esa naturaleza». Sobre tal aspecto, añadió: Precisamente, si la vinculación del demandante se hizo por decisión de la Junta Directiva de la Empresa, adoptada en reunión del día 30 de enero de 2003, según el acta número 001 de dicha calenda, visible a folio 44 a 49 del cuademo principal, su desvinculación ha debido adoptarse a través de ese mismo mecanismo, situación ésta que no aparece demostrada en el proceso para eventualmente darle prevalencia a la carta de despido, pues en derecho las cosas se

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Radicación n. 51734 deshacen como se hacen. De ahí que resulte creíble la versión del deponente ORDUZ MEDINA, cuando asevera que la carta de terminación del contrato era simplemente un borrador sobre las razones que se tenían respecto a la inconformidad que se tenía de su gestión como presidente de la compañía, a fin de que el demandante las analizara. Ahora bien, aun cuando esa circunstancia fue la que desencadenó la presentación de la renuncia del demandante, tal situación no puede invalidar la manifestación de voluntad que éste expresó en la carta de dimisión al cargo que desempeñaba, máxime si se tiene en cuenta que en el plenario no obra prueba de algún vicio del consentimiento que tenga la virtualidad de restarle eficacia jurídica a esa decisión. Obsérvese, que en la citada carta de renuncia, el actor motivo (sic) su

dejación del cargo en motivaciones estrictamente personales, tal como se resaltó con precedencia. Adicionalmente, si se tiene en cuenta la posición jerárquica que ostentaba el actor dentro de la estructura de la demandada, como presidente de la misma, las supuestas irregularidades que se le dieron a conocer y la intención que tenía la empresa de prescindir de sus servicios, no son constitutivas de coacción o presión indebida alguna, capaz de invalidar el acto jurídico de la renuencia (sic), pues a lo sumo, lo que existió fue una negociación por algunas eventuales irregularidades cometidas por el demandante en el desempeño de sus funciones que dieron como lugar la terminación del contrato por mutuo acuerdo. En lo relacionado con la indemnización moratoria prevista en el parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, estableció que aun cuando es cierto que no obra prueba que demuestre el ancumplimiento» por parte de la sociedad demandada de su obligación de informar al trabajador sobre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, luego de remitirse a lo dispuesto en la sentencia CSJ SL, 27 jul. 2010, rad. 40581, de esta Corte, encontró que al folio 847 «obra prueba del cumplimiento de la sociedad demandada con el pago de los aportes parafiscales, y con las entidades de la seguridad social integrab, lo que acredita el cumplimiento de la obligación por parte del empleador.

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Radicación n. 51734 Y a renglón seguido, agregó: De igual forma, si el actor era el presidente de la sociedad demandada

Y su representante legal, cualquier eventual incumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de la Seguridad Social Integral, lo cual no sucedió, sería atribuible a él. Así mismo, el trabajador en virtud del cargo que ostentaba, debía conocer de primera mano sobre el estado de su situación con los aportes, razón ésta que sirve de sustento para considerar que no existió mala fe en la accionada al no comunicar esa situación al actor. Posteriormente abordó el estudio de la apelación interpuesta por el demandante, que hizo «adicar concretamente en la nulidad que viene aduciendo del acta de conciliación celebrada entre las partes el 30 de diciembre de 2003, y que el a quo encontró ajustada a derecho», respecto de la cual determinó que «no presenta ninguna irregularidad que conlleve a restarle eficacia jurídica, pues todos y cada uno de los requisitos que se exigen para la validez de cualquier acto jurídico, previstos en el artículo 1502 del Código Civil Colombiano, se reúnen a cabalidad». Arribó a tal conclusión en cuanto encontró que la misma se llevó a cabo ante autoridad competente, las partes concurrieron a ella y en señal de asentimiento a lo allí plasmado impusieron su firma, además que, en cuanto al objeto y causa lícita, [...] también se cumple a plenitud en el acuerdo celebrado, pues los aspectos que fueron objeto del arreglo amigable entre las partes, no configura desconocimiento (sic) de derechos ciertos e indiscutibles, y menos aun (sic), consagra la renuncia del mínimo de derechos y garantías que consagran las normas sociales, pues el hecho de que se

haya mutado o cambiado las condiciones de un contrato de trabajo que se celebró con anterioridad, tal situación no es suficiente para restarle efectos a ese acuerdo de voluntades cuando no se trasgrede el ordenamiento jurídico. 9

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal en cuanto revocó parcialmente la decisión del a quo, «específicamente en lo relacionado con la terminación del contrato de trabajo del demandante y la consecuente absolución de la súplica de la indemnización por despido indexada y la indemnización por Mora», para que, en sede de instancia, confirme parcialmente la proferida por el juez de primer grado, [...] en cuanto condenó al pago de la suma de $552.000.000,00 a título de indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin Justa causa y a la indemnización moratoria y la ADICIONE para que se acceda a CONDENAR en su orden, atendiendo las pretensiones principales y subsidiarias a todas las demás súplicas de la demanda, con su debida corrección monetaria, imponiendo las costas de primera y segunda instancia a la sociedad demandada, y en cuanto a las costas del recurso de casación se provea como en derecho corresponda.

Con tal propósito formula cuatro cargos, replicados oportunamente por la demandada, los cuales se estudian a continuación.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada por la causal primera de casación, de violar por la vía indirecta la ley sustancial, en la SCLAIPT-10 v.00 O Radicación n. 51734 modalidad de aplicación indebida de los artículos 26, 1502, 1508, 1510, 1513, 1519, 1523, 1524, 1551, 1602, 1625, 1626, 1627, 1687, 1740, 1741, 1742, 1743 y 1746, 2469, 2470, 2475 y 2480 del CC y 2 de la Ley 50 de 1936; 1,2, 14, 15, 18, 19, 78, 32, 61 del CST, este último subrogado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990, 64 del CST modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002; 7 del Decreto 2351 de 1965 y, 8 y 11 de la Ley 153 de 1887. Adujo que la anterior violación de la ley, se produjo porque el Tribunal incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante presentó a la Junta Directiva de la sociedad demandada carta de renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba, el 17 de septiembre de 2004 con constancia de recibido del 22 de ese mismo mes y año.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo que existió entre las partes finalizó por renuncia libre, espontánea y voluntaria del trabajador demandante.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Junta Directiva de la

Sociedad demandada aceptó en reunión del 21 de septiembre de 2004 la renuncia del actor.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la renuncia del trabajador demandante aceptada por la demandada, dio lugar a la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que “la empresa tenía pensado fenecer por su propia iniciativa el contrato de trabajo que tenía vigente con el actor”, pero que “esa intención no logró materializarse formalmente”, siendo la carta de despido “simplemente un borrador” derivado de “una negociación por algunas eventuales irregularidades cometidas por el demandante en el desempeño de sus funciones”.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo del demandante finalizó por decisión unilateral de la empleadora demandada, conforme a la carta de despido calendada el 16 de septiembre de 2004, entregada en la misma fecha al actor, misiva con la cual se protocolizó la terminación del contrato de trabajo.

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7. No dar por demostrado, estándolo, que fue la misma Junta Directiva de la sociedad demandada, a través de su presidente señor RAFAEL ANTONIO ORDUZ MEDINA y otro de sus miembros señor JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIÉRREZ, quien tomó la determinación de cancelar el contrato de trabajo del demandante argumentando una justa causa.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no fue coaccionado o presionado para que presentara renuncia a su cargo y que por consiguiente la terminación del contrato de trabajo no estuvo afectada por vicios del consentimiento.

9. No dar por demostrado, estándolo, que el actor fue presionado para que después de habérsele notificado el despido, presentara una carta de renuncia.

10. No dar por demostrado, estándolo, que cuando el demandante fue obligado a presentar la carta de renuncia, el contrato de trabajo ya había terminado y por tanto esa finalización unilateral por parte de la empleadora había surtido efectos legales o jurídicos.

11. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante en la carta de renuncia que se le obligó a suscribir, como en su aparente aceptación, la empleadora nunca se retractó expresamente de la decisión de cancelar el contrato de trabajo en forma unilateral e injusta, como tampoco las partes consistieron en dejar sin efecto esa primera terminación de la relación laboral que se había protocolizado con la carta de despido de fecha 16 de septiembre de 2004.

12. No dar por demostrado, estándolo, que en relación con los motivos invocados en la carta de despido fechada el 16 de septiembre de 2004, el demandante no cometió ninguna de las conductas, omisiones Y hechos atribuidos como justa causa de despido.

Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas la contestación de la demanda (f.? 262-281 cuaderno principal), carta de despido de 16 de septiembre de 2004 (£ 197-199 cuaderno principal o 123-125 cuaderno n. 3), carta de renuncia de 17 de septiembre de 2004 con constancia de recibido de 22 de ese mismo mes y año (f. 434-435 cuaderno principal), acta de Junta

Directiva de la sociedad demandada n. 001 de 30 de enero de 2003 (f£ 44-49 cuaderno principal), acta de Junta Directiva de la sociedad demandada n. 22 de 21 de septiembre de 2004 (£ 370-371 cuaderno principal), documento suscrito por el SCLAJPT-10 v.00 Radicación n. 51734 demandante (f. 206-210 cuaderno principal) y, los testimonios de Juan Felipe Gaviria y Rafael Antonio Orduz (f. 576-586 cuaderno principal). Como pruebas dejadas de apreciar, acusa el testimonio de Augusto López Valencia (f. 553 cuaderno principal). El asunto que la censura somete al escrutinio de la Sala, como se indica en la demostración del cargo se limita «al tema de la forma de terminación del contrato de trabajo y sus consecuencias jurídicas, entre ellas, la indemnización por despido debidamente indexada». Indica que la equivocación del Tribunal parte de concluir que el contrato del demandante terminó por mutuo acuerdo con su empleador, a partir de una renuncia libre, espontánea y voluntaria presentada por aquel, «lo cual va en contravía de lo demostrado en la contestación de la demanda y las pruebas denunciadas», y que desconoce, en su sentir, que la relación laboral terminó por decisión unilateral y sin justa causa comprobada por parte del empleador. Resalta que, tal como se aceptó en el escrito de contestación de la demanda, el actor del juicio laboró al servicio de la convocada a juicio entre el 27 de enero de 2003 y el +19 de septiembre de 2004» (negrilla y resaltado del texto),

Lo que significa que el contrato de trabajo que ató a las partes no pudo finalizar el 22 de septiembre de 2004, como lo afirma la empleadora, fecha que aparece en señal de recibido de la supuesta renuncia, según la carta que obra a folio 435 del expediente, pues como lo confesó la misma accionada en la contestación de la demanda, el vínculo

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Radicación n. 51734 contractual terminó mucho antes del 19 de septiembre de 2004 (Fs. 262 y 273); esto es, en septiembre 16 de 2004 (subrayado del texto). Precisa que, Igualmente, el Tribunal cae en contradicción y mala apreciación de la prueba, al establecer que el contrato de trabajo del actor culminó con la carta de renuncia fechada el 17 de septiembre de 2004 pero recibida por la demandada el “22 de ese mismo mes y año”, y asegurar que dicha renuncia fue aceptada por la Junta Directiva de la empresa “en reunión del 21 de septiembre de 2004, según acta número 22 de la citada calenda, visible a folio 370 a 371”, por no ser creíble o posible que se acepte una renuncia en una fecha en que aún no estaba presentada la dimisión del cargo, lo cual tiene como única explicación que la mencionada renuncia es aparente y tuvo lugar después de la terminación legal de la relación laboral, que como se explicará más adelante, la misma fue fruto de un engaño, coacción, fuerza o presión ejercida sobre el actor por los miembros de la junta directiva (negrilla y resaltado del texto). Se duele también del yerro en el que incurre el ad quem al

considerar que la carta de despido calendada de 16 de septiembre de 2004, entregada en esa misma fecha al actor, «era simplemente un borrador», pues en su texto se expresaba la decisión de la Junta Directiva de dar por terminado su contrato de trabajo ante la existencia de hechos graves constitutivos de justa causa, «Si fuera un borrador no estaría esa carta de despido en original, definitiva o en limpio, y menos con la firma del Presidente y uno de los miembros de la Junta Directiva de la demandada». Al respecto, señala: Al haberse notificado el despido al demandante con la anterior comunicación, donde se expresaron los motivos que tuvo la sociedad demandada para el rompimiento del vínculo contractual, no queda duda que esa carta contiene la “intención” irreversible de la empresa de prescindir de los servicios de dicho trabajador, argumentando unas justas causas que no fueron probadas, por lo cual es totalmente

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Radicación n. 51734 desatinado lo afirmado por el Tribunal de que “esa intención no logró materializarse formalmente”, cuando lo cierto es que el despido se consolidó con la citada carta, no desconocida y menos tachada de falsa por las partes, y que se expidió mucho antes de obligarse al demandante a renunciar de un cargo del cual ya había sido despedido, y fue precisamente tal situación la que generó en el demandante la fuerza o presión que lo llevó a la desesperación y a dimitir sin voluntad libre y espontánea. Añade que de llegarse a la conclusión que los dos miembros de la junta directiva que suscribieron la comunicación de despido dirigida al demandante no estaban facultados para ello, ha de tenerse en cuenta que la renuncia

presentada por el trabajador accionante se produjo bajo un vicio del consentimiento por lo que, dicho acto jurídico carece de validez.

VII. RÉPLICA Considera la sociedad demandada que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del CST, la libre formación del convencimiento se establece como el método principal para decidir los juicios del trabajo y que, justamente, a partir de dicho principio adoptó el ad quem su decisión, la que no puede ser susceptible de acusación por error evidente de hecho cuando este no tiene la característica de ser ostensible por no apartarse totalmente de la realidad probatoria, por lo que el Tribunal no podía interpretar la manifestación de voluntad libre y espontánea plasmada por el demandante en su carta de renuncia, en forma diferente a como lo hizo y, que dar validez a la carta de terminación unilateral del contrato de trabajo que le fue entregada al accionante, sería desconocer que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, esto es, que era la Junta

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Radicación n. 51734 Directiva, organismo que dispuso la vinculación del demandante a la sociedad, la misma .con autoridad para disponer su desvinculación, lo que no ocurrió en el sub lite, por lo que, tal decisión, debió entenderse en el sentido en el que lo hizo el Colegiado de Instancia, como un mero borrador de la decisión del empleador de fenecer de manera unilateral el vínculo contractual.

VII. CONSIDERACIONES Como lo definió la censura, el cargo se contrae a establecer si se equivocó el Tribunal en relación con la forma de terminación del contrato de trabajo del demandante, que

concluyó, correspondió a una renuncia pura y simple presentada por el trabajador demandante. Sobre el particular indicó el ad quem, que: Del estudio conjunto al material probatorio allegado al plenario, estima la Sala, que contrario a lo inferido por el primer sentenciador, la terminación del contrato de trabajo que unió a las partes contendientes, provino por iniciativa libre y espontánea del trabajador al presentar su dimisión al cargo que ostentaba, comunicada a la Junta Directiva de la empresa y aceptada por esta en reunión del 21 de septiembre de 2004, según el acta número 22 de la citada calenda, visible a folio 370 a 371, pues en el documento correspondiente este mismo manifestó que su decisión obedecía (folio 434) a que “los negocios familiares demanda mi atención (sic) hoy más que nunca”. Sentado lo anterior, enfila su ataque el recurrente indicando que el primer error en el que incurre el Tribunal es en el de desconocer que la relación laboral que ató a las partes SCLAJPT-10 V.00 me Radicación n. 51734 terminó por decisión unilateral y sin justa causa comprobada por la parte empleadora, por cuanto lo invocado en la carta de despido no obedece a la verdad ni a la realidad contractual. De acuerdo a los hechos que se expusieron por el demandante en el escrito inaugural del juicio, el 16 de septiembre de 2004, fue citado por los Doctores Rafael Antonio Orduz Medina y Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Presidente y miembro de la Junta Directiva de la demandada, respectivamente, a una reunión en la que le entregaron una comunicación por medio de la cual se le daba por cancelado

unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador quien, en tal misiva, alegaba justa causa para ello. Refiere el accionante que con antelación a dicha comunicación jamás había sido objeto de llamado de atención alguno, así como tampoco de reclamación o cuestionamiento a su labor por parte de la Junta Directiva de Colombia Móvil S.A. E.S.P. y que, por el contrario, «todo el entorno comercial y social, así como la misma competencia de la Empresa, admiraba la puesta en marcha de la Compañía bajo la Presidencia del Dr. Mesa Londoño». Agregó que ante tal situación y frente a la decisión tomada por los representantes legales de EPM y ETB con quienes se encontraba reunido, «compelido como estaba a salir despedido de la empresa bajo unos falsos y temerarios cargos que de todas maneras lesionaban gravemente su patrimonio moral, profesional, social y familiar, no tuvo otra opción que la de presentar la carta de renuncia». 17

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Radicación n. 51734 Dentro de las pruebas que denuncia como erróneamente apreciadas por el fallador, se encuentra la contestación de la demanda, de la que extrae la aceptación por parte del empleador no solo