CSJ - SL5695-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sata de Descongestión N." 1 ERNESTO FORERO VARGAS Magistrado ponente SL5695-2018 Radicación n.” 68041 Acta 44 Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ORIETTA MARGARITA ORELLANO PARRA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito de Santa Marta, el 16 de julio de 2012, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES.

I. ANTECEDENTES Orietta Margarita Orellano Parra llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que el demandado sea condenado a pagar las horas extras, dominicales, festivos, compensatorios y «diferencias de prestaciones dejadas de pagar» como las primas de servicio legal,

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Radicación n. 68041 extralegal y vacaciones; dotación; vacaciones; y demás prestaciones dejadas de pagar debidamente indexadas entre el 1% de enero del 2000 y el 26 de junio del 2003; la indemnización moratoria consagrada por el artículo 1 del Decreto 797 de 1949; la aplicación de las facultades ultra y extra petita; y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para el accionado como «trabajadora — oficial»

desempeñando el cargo de enfermera grado 27 con jornada laboral de 8 horas en la Unidad Hospitalaria Enrique de la Vega del Instituto de Seguros Sociales del departamento de Bolivar, desde el 21 de abril de 1992 al 25 de junio del 2003. Sostuvo que al 26 de junio de 2003 y a la presentación de la demanda, el convocado a juicio le adeuda horas extras, dominicales, festivos, vacaciones, compensatorios y «diferencias de prestaciones dejadas de pagar», tales como las primas de servicio legal, extralegal y vacaciones, correspondientes a los años 2000, 2001, 2002 y 2003, además de los reajustes a las prestaciones sociales. Relató que el día 23 de mayo de 2004, en comunicación general de trabajadores solicitó el reconocimiento y pago de las acreencias adeudadas; que el 11 de junio de 2004 le comunicaron que le reconocerían tales obligaciones, previa revisión y certificación de la Unidad Hospitalaria Clínica Enrique de la Vega; que mediante la Resolución 4933 del 30 de septiembre del 2005 le cancelaron por tales conceptos la suma de $5.855.677 y le negaron los reajustes salariales y

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Radicación n. 68041 demás prestaciones; adicionalmente, señaló que en el mencionado acto administrativo se declaró la existencia de una deuda de $6/155.432 por concepto de reajustes prestacionales que no ordenó cancelar. Mencionó que en virtud del Decreto 1750 del 26 de junio del 2003 se escindió la Vicepresidencia de Salud del ISS, a

través de la creación de las empresas sociales del Estado, las que, a partir de ese momento tienen a su cargo la administración de las clínicas y centros de atención ambulatoria. Narró que las resoluciones 2362 del 2003, 3184 del 29 de diciembre del 2003 y 2412 del 22 de junio del 2005 fijaron la competencia para el reconocimiento y pago de las acreencias laborales causadas con anterioridad al 26 de junio del 2003, en cabeza de la Vicepresidencia administrativa del Instituto, y asimismo, establecieron que las ESE debían certificar individualmente los conceptos adeudados a cada trabajador, tal como ocurrió con la demandante por certificación expedida el 27 de julio de 2005; y que pese a lo anterior y a la comunicación del 25 de septiembre del 2003, el ISS procedió a prescribir el derecho a recibir el valor de $594.171 por dominicales y festivos del año 2000. Al dar respuesta a la demanda, la parte pasiva se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dio por cierta la fecha de terminación de la relación laboral y la solicitud de reconocimiento y pago de las prestaciones adeudadas; que 3

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Radicación n. 68041 mediante comunicación del 11 de junio del 2004 le manifestaron que le reconocerían las acreencias, previa revisión y certificación; que existía una deuda de $6155.432 y estaban a la espera de la disponibilidad presupuestal; y que el Decreto 1750 del 26 de junio del 2003 creó las ESE quienes tienen a su cargo la administración de las clínicas y centros

de atención ambulatoria. Señaló que los actos administrativos fijaron en cabeza de la Vicepresidencia administrativa del demandado el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas con anterioridad al 26 de junio de 2003, que las ESE debían certificar individualmente los conceptos adeudados a cada trabajador como ocurrió con la demandante, y dio por parcialmente cierto que a la accionante se le adeudaban acreencias laborales, pero aclaró que era por conceptos de dominicales y festivos de los años 2000, 2001 y 2002; los reajustes de los años 2001 y 2002; las primas de servicio legal, extralegal; vacaciones, cesantías e intereses de cesantías de los años 2001 y 2002; y reajuste de las primas legal, extralegal y de vacaciones del año 2000; que se reconocieron con la citada Resolución 4933; que los reajustes prestacionales se encontraban a la espera de disponibilidad presupuestal; y que no era cierto que se le negaron los reajustes salariales. En cuanto a los demás hechos expresó que no eran ciertos. En su defensa dijo que operó el fenómeno de la prescripción y por ello no tenía la obligación de reconocer las acreencias reclamadas. Propuso las excepciones de mérito

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Radicación n. 68041 que denominó: prescripción de la acción y carencia del derecho.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena de Indias, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 30 de octubre del 2009, declaró

probada la excepción de prescripción, absolvió al demandado de las peticiones incoadas en su contra, condenó en costas a la demandante y ordenó que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en caso de que no fuera apelada la decisión.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongestión con sede en el Distrito de Santa Marta, mediante fallo del 16 de julio de 2012, en conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la accionante, confirmó la sentencia del a quo sin imponer costas en la instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal centró el problema jurídico en determinar si la actora tiene derecho o no al pago de reajustes de las prestaciones sociales, y si estas se encuentran bajo el fenómeno de la prescripción. Precisó que por medio del Decreto 1750 de 2003 se escindieron del ISS, la Vicepresidencia de Prestación de

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Radicación n. 68041 Servicios de Salud, así como todas las clínicas y centros de atención ambulatoria; igualmente, afirmó que se creó la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla. Por otra parte, estableció que la parte activa cumplió con el agotamiento de la reclamación administrativa desplegada el «19 de junio de 2008», y que el 31 de julio de 2008 fue respondida por el Instituto. Expuso que, conforme a la Resolución 4933 de 30 de septiembre de 2005, el ISS reconoció las prestaciones debidas como antiguo empleador, dado que, si bien la actora continuó sin solución de continuidad con la ESE José

Prudencio Padilla, para efecto del pago de las acreencias laborales causadas antes del 26 de junio de 2003, la relación contractual con el Instituto terminó; por tanto, la condena por las acreencias adeudadas a la trabajadora le acarrearía a la jurisdicción ordinaria laboral. Manifestó que no se puede inferir que el término prescriptivo comenzó a operar a partir del 9 de junio de 2008 con la presentación de la reclamación administrativa. Acto seguido, citó fragmentos de la sentencia CSJ SL, S abr. 2011, rad. 37767, y resaltó que como el derecho fue reconocido por la entidad demandada, la actora debió iniciar un proceso ejecutivo. Trajo a colación la sentencia C-072 de 1994 en la que se estudió la constitucionalidad de los artículos 151 y 488 del CPTSS y CST, respectivamente. Concluyó que la entidad accionada fue condenada a los

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Radicación n. 68041 reajustes prestacionales de los años 2000, 2001 y 2002, los que fueron reconocidos con la Resolución 4933 del 30 de septiembre de 2005; agregó que la reliquidación se encuentra prescrita «ya que la actora interrumpió la prescripción el 9 de junio de 2008; siendo así la demandante disponía de un término para presentar la reclamación, el cual era el día 24 de junio de 2006, y la demanda fue radicada el 20 de agosto de 2008, por lo tanto la acción estaba prescrita».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque totalmente el fallo proferido por el juez de primer grado y, en su lugar, condene a la accionada a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica. La Sala por cuestión de método estudiará los cargos dos y tres conjuntamente de manera inicial, por cuanto, aunque se dirigen por vías distintas, acusan similar proposición jurídica, su argumentación es afín y persiguen el mismo propósito, para luego de ser el caso abordar el análisis del tercer ataque q

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VI. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de violar, por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, «el artículo 8 de la Ley 6 de 1945 modificado por el artículo 2 de la Ley 64 de 1946, el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945, el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, los artículos 3 y 4 del Decreto 1045 de 1978, los artículos 467, 468 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, que modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945».

Agrega que el Tribunal incurrió en la violación que endilga a través de la infracción medio de los artículos «488

y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 6 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, normas adjetivas que regulan la prescripción y la reclamación administrativa en materia laboral. Y el artículo 2539 del Código Civil». Menciona los siguientes errores de hecho en que incurrió el Tribunal:

1. Dar por demostrado, de forma equivocada, que el término para presentar la reclamación administrativa, venció el 24 de junio de 2006, por lo que al ser esta presentada el 9 de junio de 2008, la acción para reclamar los derechos de la demandante se encontraba prescrita.

2. No dar por demostrado, estándolo, que con la expedición de la resolución 4933 del 30 de septiembre de 2005, del Instituto de Seguros Sociales, se interrumpió naturalmente el término de prescripción de la acción de la demandante.

3. Dar por demostrado, de forma equivocada, que la demanda se presentó el 20 de agosto de 2008, cuando ya la acción de la demandante se encontraba prescrita.

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Radicación n. 68041 Precisa que los anteriores desaciertos fácticos se produjeron como consecuencia de la apreciación equivocada de las siguientes pruebas calificadas:

1. Resolución 4933 del 30 de septiembre de 2005, obrante a folios 13 a 18.

2. Comunicación general de trabajadores de fecha 23 de mayo de 2004, obrante a folios 29 a 33.

3 Reclamación administrativa, del 9 de junio de 2008, obrante a folios 8 a9. Refiere que el Tribunal incurrió en dislate en su fallo al concluir que el término para reclamar los derechos de la demandante prescribió el 24 de junio de 2006 y, por tanto, al momento en que se presentó la reclamación administrativa, que lo fue el 9 de junio de 2008, y en el que se presentó la demanda, 15 de agosto de 2008, la acción para reclamar sus derechos se encontraba prescrita. Destaca la poca claridad de la sentencia impugnada, toda vez que no dice si el ISS renunció o interrumpió la prescripción con la expedición de la Resolución 4933 del 30 de septiembre de 2005, pero acepta que este reconocimiento, «le acarrearía, en principio, la condena por parte de la jurisdicción ordinaria labora?». Arguye que al estudiar el tema de la prescripción, dijo: «no se puede inferir que el término de prescriptivo comenzó a operar a partir del 9 de junio de 2008 (folio 8-11) con la presentación de la reclamación administrativa», y concluye, luego de transcribir la sentencia de la Corte, que la

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Radicación n. 68041 demandante disponía hasta el 24 de junio de 2006 para presentar su reclamación, pero como la demanda fue presentada el 20 de agosto de 2008, la acción estaba prescrita, incurriendo de esta manera en el error fáctico de considerar que al momento de expedición de la Resolución

4933 de 2005, los derechos de la demandante se encontraban prescritos. Señala que en el expediente se desprende que no se presentó prescripción alguna de los derechos de la demandante, porque el término prescriptivo nunca se cumplió, ya que se interrumpió en dos ocasiones, primero por la comunicación general de trabajadores del año 2004 y, luego, por el reconocimiento expreso de la deuda por parte del instituto demandado en el 2005. Agrega que de la apreciación de la Resolución 4933 de 2005, en la que en el numeral 8 el Instituto de Seguros Sociales declara prescritos los dominicales y festivos del año 2000, se puede constatar que el reconocimiento que hace en el numeral 9 de los valores adeudados por concepto de reajustes prestacionales de los años 2001 y 2002 no se encontraban prescritos, pues, de haber sido así, los hubiese incluido en el numeral anterior. Respecto de los reajustes prestacionales de los años 2001 y 2002, indica que tampoco se encontraban prescritos al momento de expedirse la citada resolución, porque es consecuencia de la comunicación general de trabajadores presentada en el año 2004, en la que se solicita el pago de

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Radicación n. 68041 las acreencias laborales adeudadas, hecho aceptado en la contestación de la demanda. Por lo tanto, considera que la expedición de la Resolución 4933 de 2005, mediante la cual se reconoció expresamente una deuda a favor de la demandante, no significó la renuncia de la prescripción por parte del instituto demandado, sino la interrupción natural de la misma por

reconocimiento expreso del deudor. Finalmente, dice que la demanda que dio inicio al presente proceso se interpuso el 15 de agosto de 2008, esto dentro de los tres años siguiente a la expedición de la Resolución 4933 del 30 septiembre de 2005, por lo que, en ningún caso los derechos de la demandante se encontraban prescritos. Destaca que no se puede olvidar que con la prescripción se busca que los derechos cuenten con un grado de certeza y así garantizar la estabilidad jurídica, permitiendo que con el paso del tiempo se adquieran y/o se extingan derechos y obligaciones que en algunos eventos castigan la negligencia del acreedor al mostrarse inactivo en la persecución de sus acreencias.

VII. RÉPLICA Después de hacer mención del tema que tratan varios de los artículos citados en la proposición jurídica, reitera que no hay demostración que sea coherente con la misma, y frente al tema probatorio acontece lo mismo porque no dice SCLAIPT-10 v.00 1

Radicación n. 68041 en que consistió la indebida apreciación o en que forma el Tribunal incurrió en los errores de hecho. No obstante, indica que lo que pretende la recurrente es establecer una nueva interpretación de las normas de prescripción establecidas en el CST; que las mismas no sean tenidas en cuenta y se recurra a normas supletorias como son las del CC, desconociendo lo que establece el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, que a ellas debe recurrirse cuando no existe norma «exactamente aplicable al caso controvertido”», y que en el tema que ocupa la atención, están los artículos 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS.

Adicional indica que, si en gracia de discusión se aceptara que la accionante interrumpió la prescripción con el reclamo elevado en mayo de 2004, la demanda debió ser interpuesta antes del 23 de mayo de 2007, pues se habría interrumpido solamente por tres años, motivo por el que considera que lo que pretende es desconocer las normas de la prescripción en materia laboral. Agrega que la demandante no recurrió la Resolución 4933 de 2005, en la que se discutió el tema aquí reclamado y se manifestó que se negaba el reconocimiento solicitado, razón por lo cual la misma se encuentra en firme y goza de presunción de legalidad. VIL. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de infringir, por la vía directa y en la infracción directa, «el artículo 8 de la Ley 6 de 1945

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Radicación n. 68041 modificado por el artículo 2 de la Ley 64 de 1946, el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945, el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, los artículos 3 y 4 del Decreto 1045 de 1978, los artículos 19, 467, 468 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, que modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945». Señala que el Tribunal incurrió en la infracción medio de los artículos 1488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 6 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,

normas adjetivas que regulan la prescripción y la reclamación administrativa en materia laboral. Y el artículo 2539 del Código Civil». Considera que la sentencia de la Sala Laboral en que se apoyó el Tribunal no es aplicable al presente caso, porque no se puede hablar de renuncia de la prescripción, que fue la figura analizada en esa providencia, sino de interrupción natural de la misma, toda vez que al momento de reconocimiento de las obligaciones por parte del Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 4933 de 2005, estas no se encontraban prescritas. Manifiesta que la interrupción natural de la prescripción se encuentra consagrada en el artículo 2539 del Código Civil, que establece: “ARTICULO 2539. <INTERRUPCIÓN NATURAL Y CIVIL DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA>. La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la 13

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Radicación n. 68041 obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2524.” (Subrayas fuera de texto). Precisa que la prescripción en materia laboral está regulada, en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, que la establecen en tres años; y el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, para los derechos laborales de los trabajadores oficiales. Además, agrega que el artículo 489 del CST y los demás citados establecen la interrupción de la prescripción

por el simple reclamo del trabajador. Aclara que los preceptos señalados no se pueden entender como excluyentes de la figura de la prescripción y su interrupción, pues están consagradas en otros cánones como el código civil; por lo tanto, no pueden considerarse como inoperantes o inaplicables «las reglas ordinarias en materia de interrupción de la prescripción, particularmente la llamada interrupción natural, que tiene lugar cuando el deudor reconoce la existencia de la deuda». En consideración a lo expuesto, dice que el hecho que en materia laboral se considere interrumpida la prescripción por una vez con una reclamación escrita, no significa que se excluya la interrupción natural consagrada en material civil, «toda vez que lo que en verdad sucede es que las normas del trabajo le dan un alcance mucho más amplio y favorable a esta figura, llevándola hasta concederles sus efectos cuando el que reclama es el acreedor. Pero, se repite, ello no significa que la declaración hecha directamente por el deudor, esto es, por el empleador, carezca de consecuencias jurídicas en

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Radicación n. 68041 materia laboral». De este modo adiciona que, «la aplicación del artículo 2539 del Código Civil en materia laboral, encuentra también fundamento en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que las consecuencias del reconocimiento expreso de una deuda laboral por parte del empleador es una circunstancia de hecho que no está expresamente regulada por el Derecho del Trabajo», pero que el artículo 145 del CPTSS, remite a las normas procesales civiles.

Por todo lo anterior, colige que en el presente caso, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2539del Código Civil, se debe necesariamente colegir que el reconocimiento expreso que hizo la demandada, mediante resolución, de la existencia de la deuda a favor de la demandante, interrumpió la prescripción de la acción de la recurrente y, por ello, puede concurrir con el reclamo que realizó la trabajadora; circunstancias que permiten concluir que el Tribunal incurrió en la infracción medio de las normas adjetivas mencionadas, lo que a su vez le condujo a infringir directamente las normas sustantivas relacionadas que consagran la indemnización moratoria.

IX. RÉPLICA Precisa el tema que trata cada norma enlistada en la proposición jurídica y dice que estas solo hacen mención a la interrupción natural y civil de la prescripción extintiva; destaca que en materia laboral el legislador estableció una

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Radicación n. 68041 figura de interrupción que es el reclamo el trabajador, por lo que no está dado al intérprete establecer nuevas condiciones como lo pretende la recurrente. En el caso que nos ocupa la demandante no ejerció su derecho dentro de los tres años siguientes, lo hizo casi cinco años después, por lo que la decisión del juzgado de primera instancia y el Tribunal está acorde al caso, sin que pueda pretenderse una interpretación diferente.

X. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en que el ISS reconoció a la actora a través de acto administrativo, las prestaciones adeudadas hasta la fecha de su escisión, pero que la petición de reliquidación se encuentra prescrita

porque el término trienal comenzó a correr el 26 de junio de 2003; por tanto, la actora contaba con un término máximo hasta el 24 de junio de 2006 para incoar la acción, lo que no hizo, pues la demanda se radicó el 24 de agosto de 2008. Además, señaló que como la accionada reconoció a través de acto administrativo las sumas adeudadas, debió iniciar acción ejecutiva; y con relación a la interrupción de la prescripción consideró que ésta se pretendió interrumpir fuera de término, porque lo realizó el 9 de junio de 2008. La censura expone que el Tribunal incurrió en yerro al declarar probada la excepción de prescripción a partir del 24 de junio de 2006, por lo siguiente: i) con la comunicación general de trabajadores del año 2004 se presentó la

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Radicación n. 68041 interrupción del acreedor por parte de la trabajadora demandante, en los términos previstos en el artículo 151 del CPTSS, lo que la habilitó tres años más para demandar, cometido que ejecutó en tiempo, esto es, el 20 de agosto de 2008; y ii) con la expedición por parte del ISS de la Resolución 4933 del 30 de septiembre de 2005 se presentó la interrupción natural de la acción, por el reconocimiento expreso de la obligación, según el artículo 2539 del CC, que en manera alguna se puede interpretar como renuncia por parte de la demandada; además, que la interrupción de la prescripción, tanto por parte del acreedor como del deudor, son concurrentes o compatibles.

Así las cosas, le corresponde a la Sala analizar los reproches de la censura para determinar si en el sub lite se presentó interrupción de la prescripción, tanto por parte del acreedor-demandante como, de manera natural, por el deudor-demandado. Por razones metodológicas se abordará el estudio de la acusación en este orden. Primeramente, la Sala advierte que no existe discusión alguna en relación a los siguientes supuestos fácticos que encontró acreditados el Tribunal: i) la actora prestó sus servicios al ISS hasta el 25 de junio de 2003; ii) la enjuiciada profirió la Resolución 4933 de 2005, por medio de la cual reconoció la deuda de acreencias de los años 2000, 2001 y 2002; y iii) la demanda inaugural se instauró el 15 de agosto de 2008. Respecto a la interrupción de la prescripción, tanto del

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Radicación n. 68041 acreedor como del deudor, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes oportunidades, en las cuales han definido ampliamente su sentido y alcance, así como su compatibilidad. Al efecto, por la pertinencia del asunto, se cita in extenso la reciente sentencia CSJ SL5262-2018, proferida por esta misma Sala, cuyo texto señala lo que a continuación se transcribe: En ese orden de ideas, y en virtud de que a lo largo de los cargos el censor hace alusión a distintos términos, tales como la interrupción del acreedor, la interrupción o renuncia natural del deudor, se considera necesario y pertinente traer precisamente a

colación las reglas y subreglas que respecto de la prescripción ha construido la Sala a través de su jurisprudencia. La prescripción La prescripción extintiva ha sido concebida como una institución del ordenamiento jurídico encaminada a otorgarle certeza y seguridad a las relaciones jurídicas, así como a la realización de un ejercicio responsable de los derechos que de ellas emanan (CSJ SL17798-2015). Dicha figura se justifica por motivos de orden práctico, en tanto pretende que las situaciones de hecho prolongadas en el tiempo se solucionen, limitando el derecho de acción para que sea ejercido en un término razonable, en aras de la seguridad jurídica. Sobre la naturaleza y fines de la prescripción, esta Sala anotó en sentencia CSJ SL4222-2017, rad. 44643, lo siguiente: “Para tal efecto, es bueno empezar por recordar que la prescripción extintiva es una institución del ordenamiento jurídico tendiente a dar estabilidad, firmeza, certidumbre y carácter definitivo a los derechos, propósito que no se logra si no se cumplen con estrictez Y justeza los marcos normativos que la regulan, pues de otro modo el resultado producido por su indebida aplicación o su erróneo entendimiento no habrá de ser la seguridad jurídica perseguida por el legislador, sino, cosa bien distinta, la justificada insatisfacción social derivada de la pérdida de oportunidades y derechos que un proceder de tal entidad conlleva. Esta última es una de las más cardinales razones para que la jurisprudencia y la doctrina consideren que la prescripción extintiva no sea un instituto de interpretación amplia o extensiva,

sino todo lo contrario, de interpretación estricta o restrictiva”, predicamento que debe aplicarse con mayor énfasis en el derecho

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Radicación n. 68041 del trabajo, por no estar fundado dicho instituto en este específico campo del derecho en razones últimas de justicia, sino en específicas necesidades de seguridad jurídica. También, que para que pueda sostenerse que la prescripción extintiva es sólo posible invocarla --conforme a una regla prácticamente universal--, por vía de excepción, esto es, como medio de defensa procesal; y muy ocasionalmente por vía de acción, es decir, como parte del petitum de la demanda judicial. Además, que se condiciona su aplicación a la alegación expresa por parte del que se beneficia con ella, quien, no obstante, con observación de las disposiciones que en cada ordenamiento la regulan, pueda natural o civilmente renunciaria”. Por ello se ha establecido, por regla general, que el término prescriptivo, a la luz del artículo 151 del CPTSS, es de tres (3) años contados a partir de la fecha en que los derechos se han hecho exigibles, con excepción de algunos conceptos o acreencias que tienen un periodo de prescripción especial, como, por ejemplo, el de las vacaciones, las cuales son exigibles hasta cuando venza el año que tiene el empleador para concederlas, momento en el que comienza el término trienal. A su vez, el artículo 488 del CST consagra que «las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de

prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto». De otro lado, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, establece que “las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”. En este punto, cabe aclarar que, para efectos de la prescripción de las acreencias laborales de los trabajadores oficiales cuando elevan peticiones de carácter laboral ante sus empleadores, el Código Contencioso Administrativo hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no está llamado a operar. Así lo sostuvo la Sala en la sentencia CSJ SL, 31 ag. 2010, rad. 43883, reiterada en la CSJ SL20028-2017, rad. 41166, cuando señaló que: “No está demás advertir que ya esta Sala, desde antaño, se ha pronunciado sobre la no aplicación del Código Contencioso Administrativo frente a las peticiones de carácter laboral que formulan los trabajadores oficiales ante sus empleadores oficiales, como se puede ver en la sentencia radicado No. 8004 de 1996, así: Pertinente es señalar al respecto que la figura del agotamiento de la vía gubemativa tiene una entidad propia en tratándose de los

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Radicación n. 68041 trabajadores al servicio del Estado en los juicios de competencia de los jueces del trabajo, y está regulada por el artículo 7” de la ley 24 de 1.947 -que modificó el inciso segundo del artículo 58 de la ley 6“ de 1945-, el cual dispuso en su inciso segundo que para

efectos laborales, se entenderá haberse agotado el procedimiento gubernativo la tardanza de un mes o más en resolver la