CSJ - SL573-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL573-2024 Radicación n.° 97546 Acta 008 Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALEXANDER TORRES MARTÍNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de octubre de 2022, en el proceso que instauró contra el BANCO COMERCIAL AV

VILLAS SA.

Se reconoce personería para actuar a Rafael Rodríguez Torres con TP 60.277 del Consejo Superior de la Judicatura, para que obre como apoderado judicial de la demandada, de conformidad a la documentación que obra en el cuaderno de la Corte.

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 97546

I. ANTECEDENTES Alexander Torres Martínez llamó a juicio al Banco Comercial AV Villas SA, en lo que concierne al recurso, para que se le condenara al pago de la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal en la invalidez que adquirió estando a su servicio.

Fundamentó sus peticiones en que laboró al servicio de la entidad bancaria en Cali, a través de contrato de trabajo a término indefinido del 27 de enero de 1997 al 21 de enero de 2002; que el último cargo desempeñado fue el de analista de cobranza administrativo, devengando un salario mensual de $1.160.000; que fue despedido en forma unilateral y sin justa causa, cuando se encontraba afectado

de una patología relacionada con un trastorno depresivo ansioso, sin autorización del Ministerio del Trabajo; que estando al servicio de la demandada sufrió varios trastornos depresivos ansiosos, recibiendo manejo psiquiátrico, por lo que los médicos tratantes, los días 4 y 8 de mayo de 2001 le ordenaron reubicación laboral; que fue remitido por la EPS Sanitas al Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, donde fue valorado por la doctora Diana P. Henao el 21 de agosto de 2001, quien le diagnosticó un trastorno depresivo ansioso debido a gran estrés laboral, por lo que le recomendó continuar con la medicación y el tratamiento por psiquiatría y psicología, conjuntamente.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 97546 Narró que con fundamento en ello, la Administradora de Riesgos Profesionales Seguros de Vida Alfa SA, por intermedio del Departamento de Salud Ocupacional, inició proceso para la calificación del origen de la enfermedad, mediante formato único de reporte del 6 de septiembre de 2001; que mediante comunicación de esa misma data, recibida en el Departamento de Salud Ocupacional, adjuntó la recomendación de reubicación de puesto de trabajo por la patología presentada, además del formato antes referido; que no obstante lo anterior, la empresa no lo reubicó de puesto de trabajo; que para la fecha del finiquito laboral se encontraba enfermo, como lo corroboraba el examen de aptitud realizado el 19 de marzo de 2002, y por el contrario, el de ingreso efectuado el 30 de enero de 1997, había

informado que no presentaba enfermedad ni patología alguna, que gozaba de integridad física y psiquiátrica total. Añadió que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca con una pérdida de capacidad laboral de origen profesional del 56.55%, con fecha de estructuración del 25 de agosto de 2006; que inició proceso laboral para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el cual fue tramitado en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, quien le reconoció la pensión de invalidez, decisión que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, y no casada por la Corte, al acudirse al recurso extraordinario por parte de la ARP, por lo que el otorgamiento de la prestación quedó en firme; que por las patologías presentadas debía permanecer en tratamiento

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 97546 psiquiátrico y psicológico; que la enfermedad profesional adquirida ocurrió por culpa de la empleadora, ya que desde agosto de 2001 fue reportada, empero, aquella fue negligente en ubicarlo laboralmente, como lo declararon varias testigos en el juicio antes referido. Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo con Alexander Torres Martínez, el último cargo desempeñado y el salario; así como el examen médico de ingreso realizado el 30 de enero de 1997; la terminación del vínculo en forma unilateral; la calificación por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez

del Valle del Cauca; y el proceso previo que instauró en su contra. En cuanto a los demás, expresó que la vinculación del demandante a término indefinido solo inició a partir del 29 de abril de 1997, finalizando el 20 de enero de 2002; que el trabajador nunca presentó incapacidades relacionadas con episodios ansiosos o depresivos durante el tiempo que duró la relación laboral, y tampoco fue notificada por parte de la EPS o ARP, acerca de la reubicación laboral; que aquel jamás padeció enfermedad profesional alguna, sufrió de una patología llamada trastorno depresivo ansioso, calificada por Seguros de Vida Alfa SA ARP, como de origen común, la cual tampoco generó incapacidades o recomendaciones.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 97546 En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, pago y compensación, y prescripción. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali mediante sentencia del 20 de enero de 2022, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada, en consecuencia, la absolvió de los pedimentos.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de sentencia del 28 de octubre de 2022, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem fijó como problema jurídico, establecer si se cumplen

los presupuestos fácticos y jurídicos para dar por demostrada la excepción de prescripción. Ello, pese a advertir, que el a quo no expresó nada en la parte resolutiva de la sentencia, sobre la declaratoria de responsabilidad por culpa patronal, como sí ocurrió en la motiva.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 97546 Así, dijo que no se encontraban en discusión los siguientes supuestos fácticos: i) la culpa patronal en que incurrió el empleador frente a la causación de la enfermedad del demandante -tal conclusión no fue refutada por el BANCO demandado; ii) ALEXANDER TORRES MARTÍNEZ fue despedido sin justa causa, a partir del 21 de enero de 2002 (fl. 34, one drive) siendo Analista I y estando vinculado con contrato a término indefinido, percibiendo una indemnización por $ 4’044.020, pagada junto a su liquidación definitiva de prestaciones sociales el 24-01-2002, en cuantía total de $ 5’926.650 (fl. 36, onedrive); iii) a petición del demandante -ante la negativa del Banco a practicarle examen médico de egresoel demandante precisó (sic), el 7 de febrero de 2002, de la entonces ARP SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. “certificación médica del estado en que me encuentro al ser retirado de la empresa” (fl. 39, one drive); el Banco el 14 de marzo de 2002 facilitó la práctica del examen médico de retiro, a través de COLSANITAS donde se registró […] iv) La JRCI del Valle del Cauca emitió el dictamen No. 01520935 del demandante con PCL del 56,55% por origen profesional, del diagnóstico “sx ansioso depresivo sec a estrés laboral, trastorno afectivo bipolar”, con fecha de estructuración de la invalidez del 25-08-2006, con constancia de notificación al demandante del 21 de septiembre de 2006 (fl. 104-107, one drive); v) el demandante trabó juicio ordinario laboral ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali desde el año 2002 hasta después de la decisión de 24 de julio de 2012 emanada de la Sala de Casación Laboral (fls. 353378, one drive), en la cual se zanjó lo relativo a que padece “alteraciones funcionales (…) causadas por factores de riesgo de origen ocupacional y no ocupacional”, radicándose la discrepancia con la ARL frente al dictamen emitido por la JRCI del Valle en torno al origen de la contingencia, respecto de lo cual, la providencia de segunda instancia del 15-08-2008 señaló: […].

Luego expresó lo siguiente: Tal sentencia de la Sala de Casación Laboral conclusiva en el origen mixto de la patología del demandante decidió no casar la providencia de Tribunal que confirmó la condena en contra de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES a pagar pensión de invalidez de

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 97546 origen profesional a partir del 25 de agosto de 2006, en cuantía de $641.460. Decisión ésta de carácter declarativo y no constitutivo.

Por manera que entendiéndose la prescripción como un medio de defensa para extinguir los derechos y en materia laboral, también la capacidad de accionar, cumple advertir conforme a los artículos 151 del CPTYSS, en armonía con el artículo 488 del C.S.T. el momento a partir del cual se ha de contar el término de los 3 años que tenía el demandante para reclamar sus pretendidos derechos de crédito y obligaciones a cargo del exempleador. Dijo que, el balance jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral, en lo concerniente, enseñaba lo siguiente: - En sentencia rad. 39631 del 30-10-2012, se computa a partir de la fecha en que se establezcan las secuelas que el accidente de trabajo haya dejado al trabajador - El término se contabiliza a partir de la calificación de la incapacidad por las autoridades competentes. - En sentencia rad. 39446 del 14-08-2012 la fecha partir de la cual el trabajador se encuentra en posibilidad de exigir la indemnización plena de perjuicios se determina a partir del momento de la calificación médica definitiva que establece las secuelas sujetas a reparación. - En sentencia rad. 39867 del 6-07-2011, opera desde el momento de la calificación del grado de invalidez y no desde la calificación de la incapacidad. - En sentencia rad. 31894 del 2-07-2008, la prescripción de los derechos derivados de la ocurrencia de un accidente de trabajo, empiezan a correr desde la fecha del último tratamiento médico. - En sentencia rad. 21133 del 24-09-2003, el término se

contabiliza a partir del momento de la calificación médica definitiva que determina las secuelas sujetas a reparación. Referenció la sentencia del Consejo de Estado CE, 7 feb. 2018, rad. 200800100, en la que se analizó un caso de estrés laboral, como un hecho dañoso de tracto sucesivo.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 97546 A partir de la evolución documentada de la patología del actor, coligió, que aquel desde el año 2000 sufrió los primeros síntomas de manera intensa, los cuales fueron dictaminados por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez como de origen profesional en el año 2004, momento a partir del cual debió promover el proceso respectivo, de considerar la incidencia de la conducta del exempleador en su configuración, «pues media (sic) dictamen en firme, de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca sobre el PCL y fecha de estructuración»; relación que presentó en los siguientes términos:

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 97546 Por ende, consideró aplicable el criterio, según el cual, el término de prescripción se cuenta a partir de la fecha de notificación del dictamen, y no desde la data de estructuración de la pérdida de capacidad laboral (CSJ SL2652-2021 y CSJ SL633-2020 y CSJ SL1794-2019), «pues es el momento a partir del cual, el trabajador puede

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 97546 anhelar imputar la responsabilidad a su empleador por su

conducta culposa suficientemente comprobada». Igualmente advirtió, que las afecciones del actor se calificaron con posterioridad a la terminación de su vínculo laboral; aspecto que lo libera del poder subordinante y limitativo de su capacidad para demandar, ya que es el momento en que, según el Consejo de Estado, cesó la perturbación. Precisó que la confluencia de causas de origen común sobre la enfermedad tipificada como laboral —punto debatido judicialmente hasta el año 2012—, no tenía por qué prolongar el término para ejercitar las acciones legales de manera indefinida, como lo sostiene el recurrente: en primer lugar, porque dicho conflicto se trabó con el sistema de seguridad social, y no con el empleador; y en segundo lugar, porque un criterio de flexibilidad o apertura para la fijación de la responsabilidad subjetiva de que trata el artículo 216 del CS del T., que incluso cobije datas posteriores al finiquito contractual, riñe con la razón de ser de la indemnización subjetiva y la excepción de prescripción que se considera «una institución estricta o restrictiva fundada en la necesidad de otorgar seguridad jurídica y no en razones de justicia» (CSJ SL1728-2021). Y que incluso, tomando cualquiera de los mencionados momentos, es decir, cuando el hecho se hizo notorio, cuando se notificó el dictamen, o cuando se establecieron las secuelas dañosas a reparar, debía confirmarse la

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 97546 decisión de primer grado, en el sentido de declarar probada la excepción de prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada «[…] para que una vez constituida en sede de instancia, REVOQUE en su integridad la sentencia de primer grado y en su lugar acceda a las pretensiones contenidas en la demanda sobre las cuales no se encontró probada la excepción de cosa juzgada. Sobre costas decidirá lo que en derecho corresponda».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación que se resuelven conjuntamente en razón a que ameritan similar decisión; replicados por la demandada.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del art. 216 del CST, en relación con el 488 ibidem, 151 del CPTSS y 41 de la Ley 100 de 1993; lo que condujo a la aplicación indebida del 136 del CCA; y a la

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 97546 infracción directa del 35 y 40 del Decreto 2463 de 2001, 13, 48 y 53 de la CP, y 1504 y 2530 del CC, aplicables al procedimiento del trabajo, por remisión del 145 del CPTSS. Indica que, en razón de la senda escogida, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos que tuvo por acreditados por el ad quem:

1. La culpa patronal en que incurrió el empleador frente a la causación de la enfermedad del demandante. ii) ALEXANDER TORRES MARTÍNEZ fue despedido sin justa causa, a partir del 21 de enero de 2002, siendo Analista I y estando vinculado con contrato a término indefinido, percibiendo una indemnización por $4’044.020, pagada junto a su liquidación definitiva de prestaciones sociales el 24-01-2002, en cuantía total de $5’926.650. iii) Ante la negativa del Banco a practicarle examen médico de egreso, el 7 de febrero de 2002 el demandante solicitó a la ARP SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. “certificación médica del estado en que me encuentro al ser retirado de la empresa”, por lo que el Banco el 14 de marzo de 2002 facilitó la práctica del examen médico de retiro, a través de COLSANITAS. v) La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca emitió el dictamen No. 0152-0935 con PCL del 56,55% por origen profesional, del diagnóstico “SX ANSIOSO DEPRESIVO SEC A ESTRÉS LABORAL, TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR”, con fecha de estructuración de la invalidez del 25-08-2006, con constancia de notificación al demandante del 21 de septiembre de 2006. vi) El demandante trabó juicio ordinario laboral ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali desde el año 2002 hasta después de la decisión de 24 de julio de 2012 emanada de la Sala de Casación Laboral, en la cual se zanjó lo

relativo a que padece “alteraciones funcionales (…) causadas por factores de riesgo de origen ocupacional y no ocupacional”, radicándose la discrepancia con la ARL frente al dictamen emitido por la JRCI del Valle en torno al origen de la contingencia. vii) La Sala de Casación Laboral concluyó un origen mixto de la patología del demandante, decidió no casar la providencia de Tribunal que confirmó la condena en contra de SEGUROS DE

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 97546 VIDA ALFA S.A. ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES a pagar pensión de invalidez de origen profesional a partir del 25 de agosto de 2006, en cuantía de $641.460. Alega que la inconformidad con la decisión de segunda instancia radica en la declaratoria de la excepción de prescripción; lo que expone, se presentó acorde con cuatro puntos medulares, que encuentran prosperidad de manera independiente o conjunta. En primer lugar, en lo relacionado con el origen de la patología del demandante, asevera lo siguiente: Tal como se sostuvo en la providencia confutada, y que obviamente no es objeto de debate, en proceso anterior adelantado contra la entidad accionada “…la Sala de Casación Laboral conclusiva en el origen mixto de la patología del demandante, decidió no casar la providencia de Tribunal que confirmó la condena en contra de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES a pagar pensión de invalidez de origen profesional a partir del 25 de agosto de 2006, en cuantía de $641.460”.

El Colegiado otorgó a dicha providencia una naturaleza declarativa, no constitutiva, olvidando que ésta última ha sido denominada como aquella que “…genera derechos y obligaciones hacia el pasado de un status laboral que apenas vendría a ser ‘constituido’ mediante esa clase de sentencia, por ser sabido que esta tipología de providencias crea, extingue o modifica una determinada situación jurídica, esto es, genera una ‘innovación’ jurídica”, es decir, una situación jurídica que antes no existía…” (SL3169-2014). Deviene paladino, que fue sólo hasta que se emitió la sentencia de casación 37892 del 24 de julio de 2012, cuando se determinó un origen mixto de las patologías, que se tuvo certeza respecto lo determinado en el Dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, notificado el 21 de septiembre de 2006, en el cual se estipuló un origen profesional, pues antes de dicha providencia judicial, se encontraba en discordia si las enfermedades diagnosticadas al actor, fueron con ocasión de su trabajo o contrario sensu, de naturaleza común, lo que sólo pudo ser resuelto ante la jurisdicción ordinaria laboral, quien a través de su proveído constituyó el hecho generador del derecho solicitado. Por lo

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 97546 tanto, es a partir de la ejecutoria de dicha providencia que debe contabilizarse el término prescriptivo para iniciar la acción judicial, tendiente a solicitar la indemnización plena de perjuicios a la luz del artículo 216 del CST, como en efecto

sucedió, pues ya se tiene absoluta certidumbre sobre el origen patológico. Además, como la decisión de esa Corporación creó una situación Jurídica que antes no existía, deviene en una decisión constitutiva, no declarativa. En segundo lugar, tratándose de la figura de la caducidad, sostiene lo siguiente: Es imperioso restringir el embate a la configuración del fenómeno prescriptivo a la luz de los artículos 488 del CST y 151 del CPL y SS, no de la caducidad sobre la cual se cimentó el Colegiado, teniendo en cuenta que “…la caducidad está prevista para las acciones que se surten ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la prescripción es propia de los trámites del proceso ordinario laboral, de modo que, en uno y otro caso, los juzgadores tienen el deber de aplicar con observancia de las formas propias de cada juicio, las disposiciones adjetivas que de acuerdo con la naturaleza del litigio, la jurisdicción y la competencia corresponda1.. En otras palabras, se equivocó el Juez de Alzada al adaptar esa figura jurídica extintiva al caso de autos. En tercer lugar, en lo atinente a la fecha a partir de la cual debía contabilizarse el término prescriptivo, expresa lo siguiente: Erró también el colegiado al considerar que el término prescriptivo para reclamar la indemnización de perjuicios por culpa patronal debía contabilizarse desde el 21 de septiembre de 2006, cuando fue notificado el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral emanado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle, no obstante tener por

acreditado que el señor ALEXANDER TORRES MARTÍNEZ fue diagnosticado desde el año 2000 con “SX ANSIOSO DEPRESIVO SEC A ESTRÉS LABORAL, TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR”, sin que haya analizado, en virtud de dicha situación, cómo se debe contabilizar el termino trienal. 1 Sala de Casación Laboral SL 183-2018. Radicación N° 49884 del 14 de febrero de 2018.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 97546 Lo anterior, teniendo en cuenta que: “…La Corte ha destacado que aquellos eventos en que concurren patologías severas, como el alcoholismo crónico y trastornos depresivos, corresponden a los catalogados por la doctrina como «casos difíciles»: […] no solo porque comprometen aspectos morales que pueden conducir a desviar el debate, a los que se suma la estigmatización que en algunos sectores pueden llegar a existir y que avocan, como resultado contraproducente a la exclusión social y profesional de quienes los padecen y también por la propia dificultad que supone determinar la incapacidad volitiva o de discernimiento derivada de los trastornos mentales y depresivos. (CSJ SL3181-2019) “De ahí que, en criterio de la Corporación, este tipo de padecimientos mentales y adicciones ubican a los trabajadores en condición de vulnerabilidad, y tornan necesaria la protección de sus derechos por mandato constitucional y legal, «lo cual también encuentra soporte en varios instrumentos internacionales como por ejemplo en La Recomendación 818 de 1977, de la Asamblea Parlamentaria del

Consejo de Europa, y en la Resolución 61/106 del Sistema de Naciones Unidas» (ibídem)”. (Resalto SL1410-2023, Radicación N° 95171 del 21-06-2023) El Tribunal debía tener en cuenta que la patología diagnosticada como ANSIOSO DEPRESIVO SEC A ESTRÉS LABORAL, TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, no solo es catalogada como un caso difícil, sino como una enfermedad crónica y degenerativa, sobre lo cual esa Corporación ha puntualizado que “…tratándose de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, no siempre esa fecha de estructuración de la invalidez dictaminada técnicamente coincide con la pérdida definitiva de la capacidad laboral, pues al ser patologías que avanzan o se agravan con el transcurrir del tiempo, es factible que la persona siga trabajando aun después de que se presenten los primeros síntomas, de que se establezca la clase de enfermedad o desde que se inicien los respectivos tratamientos… SL2964-2020) Con lo anterior no se persigue el cambio de fecha de estructuración, máxime atendiendo el sendero escogido, lo que se intenta dilucidar, es que dada la connotación de las enfermedades que padece el demandante, crónicas y degenerativas, si bien puede mantenerse la fecha de estructuración, (cuando superó el 50%), no pasa lo mismo con la pérdida definitiva de capacidad laboral, la que con el transcurso del tiempo tiende a aumentar como consecuencia de las afecciones suscitadas.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 97546 Colofón de lo expuesto en precedencia, se le imprime al

Colegiado la interpretación errada del artículo 216 del CST, al haber contabilizado el termino trienal desde el 21 de septiembre de 2006, cuando se notificó el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral emanado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en el que a su criterio se establecían las secuelas de las enfermedades profesionales adquiridas al servicio de su ex empleador, BANCO COMERCIAL AV VILLAS, y como consecuencia de su negligencia, sin tener en cuenta que las patologías crónicas, degenerativas y progresivas del demandante, generan daños paulatinos en su integridad, cuyas secuelas van a verse con mayor intensidad con el paso del tiempo, de forma permanente. Ha temperado esa Corporación en múltiples oportunidades, que: “…ciertamente, la posibilidad del trabajador de obtener una indemnización «plena» de perjuicios solo es factible cuando se conocen, a ciencia cierta o con un grado relevante de certeza, las consecuencias del daño en su salud e integridad corporal y mental. Aquí, en términos reales, podría hablarse de posibilidad de obrar o de acción.” (Resalto. SL303-2019) Si bien el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 faculta a las Juntas Regionales y la Junta Nacional para que califiquen el estado de invalidez de conformidad con lo dispuesto en el manual único para la calificación y demás normas concordantes, el Dictamen que aquellas emiten no tiene una connotación absoluta, ya que: “Lo anterior en armonía con las disposiciones que regulan los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez,

concretamente el Decreto 2463 de 2001, que en el artículo 35 estipula que ellos son controvertibles ante los jueces del trabajo y en el artículo 40 que establece que las actuaciones de la junta no constituyen actos administrativos por lo que en estricto rigor y para efectos de la valoración probatoria que ha de realizar el juez dentro de la actuación judicial no están sometidos a la jerarquización propia de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, porque de conformidad con la Constitución y la Ley son los jueces laborales y no los peritos quienes tienen facultad para dirimir esa clase de controversias de la seguridad social con el carácter de cosa juzgada.” (subrayas fuera del texto, SL1364-2023) En consecuencia, el Colegiado estaba obligado y facultado para formar su convencimiento con base a lo que demostrara el restante acervo probatorio (historia clínica) con el fin de establecer las secuelas definitivas, a partir de las cuales podía

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 97546 contabilizar el término prescriptivo. Tópico que será decantado en el segundo cargo. Por último, en cuarto lugar, en lo relativo a la suspensión de la prescripción, razona de la siguiente manera: Es de vital importancia exaltar la magnitud de las enfermedades que padece el señor ALEXANDER TORRES MARTÍNEZ, ya que, el trastorno depresivo y afectivo bipolar, afecta su capacidad de discernimiento y normal desarrollo de la personalidad, encontrándose incurso dentro de los sujetos que consagra el artículo 1504 del Código Civil, haciéndolo incapaz para

ejecutar ciertos actos, como iniciar la acción ordinaria laboral tendiente al reconocimiento y pago de la indemnización por perjuicios que hoy se pretende. Consecuencia de lo anterior, a la luz del artículo 2530 del CC, dadas las graves circunstancias de salud por las que atraviesa el demandante, y la magnitud de sus afecciones psicofísicas, se encontraría suspendida la prescripción ordinaria. Además, la suspensión de la prescripción a la que hace alusión la norma, se refiere a los incapaces, pero jamás indica que dicha situación se encuentre condicionada a la representación o declaratoria de interdicción, para que sea a partir de allí cuando se comience a operar dicho precepto, ya que esa suspensión emerge en virtud de la incapacidad y estado de salud de la persona. La Sala de Casación Laboral, ha considerado respecto a la acepción del artículo 2530 cuya infracción directa se denuncia que: “… la suspensión opera sin consideración a que exista o no tal representación, por lo que debe entenderse que el modificado artículo 2530 del CC contiene un beneficio para determinadas personas a quienes la ley protege sin importar que el sujeto cuente o no con un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que aquel incurra no puede afectar la situación jurídica del representado.” (Resalto, sentencia de instancia SL1020-2021 con Radicación N° 52742 del 17 de marzo de 2021). Así mismo, en sentencia SL2456-2021 con Radicación N° 78287 del 8 de junio de 2021 se había sostenido que:

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 97546 “En ese orden, el termino (sic) extintivo se suspende en favor de la demandante dado su estado de salud, sin que el mismo se haya reanudado debido a que aún no ha superado la patología como se confirmó en el último dictamen. “Lo anterior según lo dispuesto en sentencias de 06 de septiembre de 1996, rad. 7565, de 11 de diciembre de 1998, rad. 11349, de18 de octubre de 2000, rad. 12890, de 07 de abril de 2005, rad. 24369 y de 15 de febrero de 2011, rad. 34817, en las cuales se dijo que: […] como el tema de la suspensión de la prescripción que afecta derechos de menores, sordomudos, incapaces, discapacitados mentales, y en general, de personas representadas por guarda, curador o tutor, no se encuentra regulado en los artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. P. del T., se debe acudir a las normas de aplicación supletoria, esto es, a los artículos 2541 y 2543 del C. C., puntualizando que aunque la ley laboral establece una prescripción que, frente a la prevista en otras legislaciones, puede considerarse de corto tiempo, ya que procura la reclamación rápida consecuente con la necesidad de definir ágilmente las controversias surgidas de una elación de trabajo, esta proyección cede en ciertas situaciones especiales en las que el Estado debe especial protección a determinadas personas, para quienes no corre el término extintivo de la prescripción, mientras estén en imposibilidad de actuar, y deja de operar en el momento en

que su representante ejerce en su nombre el derecho de acción y en desarrollo del mismo presenta la demanda, por lo que es claro que la suspensión opera sin consideración a que el sujeto cuente o no con un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que aquél incurra no puede afectar la situación jurídica del representado”. “Así mismo, no puede afirmarse que por contar con un c