CSJ - SL574-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL574-2023 Radicación n.° 95040 Acta 06 Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de febrero de 2022, en el proceso que instauró JOHN JAIRO PUERTA ÚSUGA en su contra, y de

la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ,

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE

ANTIOQUIA, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA DE SEGUROS S.A., la cual fuera vinculada como garante en el proceso.

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I. ANTECEDENTES John Jairo Puerta Úsuga llamó a juicio a las entidades y sociedades referenciadas, con el fin de que se declarara la nulidad de los dictámenes proferidos por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., el 19 de mayo de 2014, la Junta Regional de Calificación de Antioquia, el 26 de marzo de 2015 y la Junta Nacional de Calificación, el 10 de septiembre de 2015, y se disponga que tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50% con fecha de estructuración el 23 de noviembre de 2013, y en consecuencia, se condenara a la

AFP Porvenir S.A., a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común, los intereses moratorios y la indexación, lo que se demuestre extra y ultra petita, y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se afilió al régimen de ahorro individual a través de la AFP Porvenir S.A., en el mes de julio de 1998; que mediante dictamen del 19 de mayo de 2014, fue calificado por Mapfre Seguros Generales Colombia S.A., con una pérdida de capacidad laboral del 35.36% con fecha de estructuración del 6 de febrero del 2014; que la Junta Regional de Calificación de Invalidez mediante dictamen del 26 de marzo de 2015, modificó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, fijando el 35.46%, sin variar la fecha de estructuración, el cual fue ratificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 10 de septiembre de 2015, que se practicó un dictamen ante la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, en el que se estableció que tiene una pérdida de

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Radicación n.° 95040 capacidad laboral de origen común del 53.5%, con fecha de estructuración el 23 de noviembre de 2013, que los dictámenes cuya nulidad se demanda no son coherentes con su complejo patológico; que cuenta con los requisitos legales para acceder a la prestación; y que le solicitó a la AFP Porvenir S.A., la pensión de invalidez el 27 de junio de 2016 (fs. 2 a 18 C. digital 1ª inst.).

Al dar respuesta a la demanda, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, manifestó desconocer lo relativo a la afiliación del demandante al RAIS, la densidad de semanas cotizadas, la reclamación pensional a la AFP Porvenir S.A., y el contenido del documento de valoración de la pérdida de la capacidad laboral emanado de la IPS de la Universidad de Antioquia, el cual, afirmó, carece de toda validez; finalmente, asintió lo concerniente a la valoración y resultados de la calificación de pérdida de la capacidad laboral que le practicó al actor, aclarando que, el examen inicial se realizó por Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., persona jurídica distinta a la demandada. En su defensa, propuso como excepciones la falta de causa para pedir, petición antes de tiempo, nulidad de pleno derecho del dictamen de la IPS Universitaria, validez y obligatoriedad de los dictámenes impugnados, falta de legitimación en la causa por pasiva, incompatibilidad de prestaciones, inexistencia del derecho y de las obligaciones demandadas, ausencia de invalidez y de reclamación, inexistencia de mora, buena fe, prescripción y la “genérica”.

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Radicación n.° 95040 Adicionalmente, llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. (fs. 92 a 101 C. digital 1ª Inst.) La Junta Regional de Calificación de Antioquia, igualmente se opuso a las pretensiones, y en cuanto a los hechos, aceptó como cierto la calificación que emitió de la

pérdida de la capacidad laboral del demandante e indicó desconocer todo lo demás afirmado en la demanda. En su defensa formuló como excepciones, inexistencia de fundamentos de hechos y derechos de las pretensiones (fs. 135 a 137 C. digital 1ª Inst.). De otro lado, la AFP Porvenir S.A., en su respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones, y en cuanto a los hechos, admitió lo concerniente a la afiliación del demandante, el proceso y resultados de la calificación de la pérdida de capacidad laboral practicado a este; indicó desconocer lo relativo a la valoración que aquel adelantó ante la IPS Universitaria; y negó todo lo demás. En su defensa planteó como excepciones, la falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción, compensación, incompatibilidad entre el auxilio por incapacidad pagado por la EPS o la AFP y la pensión de invalidez (fs. 176 a 200 C. digital 1ª Inst.). Adicionalmente, solicitó llamar en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., (fs. 176 a 200 C. digital 1ª Inst.) y, a

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Radicación n.° 95040 Mapfre Colombia de Vida Seguros S.A., con fundamento en el contrato de seguro previsional celebrado con aquellas aseguradoras, o, en subsidio, que fueran vinculadas como litis consortes al proceso (fs. 259 a 2265 C. digital 1ª Inst.). Mediante providencia del 31 de marzo de 2017, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, negó la

referida petición y, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en decisión del 12 de julio de 2017, revocó lo resuelto por el ad quem para, en su lugar, ordenar el llamamiento en garantía de Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A. (fs. 286 a 291 C. digital 1ª Inst.) Una vez notificada del llamamiento la aseguradora, dio respuesta, donde aceptó la mayoría de los hechos, pero aclaró que no existe prueba de que el señor Puerta Úsuga estuvo afiliado a la AFP Horizonte, con la cual se suscribió la póliza de seguro previsional, y que aquella estuvo vigente solo hasta el 1° de enero de 2014, y la invalidez se estructuró el 6 de febrero de aquella anualidad. En su defensa, presentó como excepciones las que denominó, evento no amparado, ausencia de reclamación de exigibilidad y de mora, contrato no cumplido, prescripción, límite del valor asegurado y la “genérica o innominada” (Fs. 320 a 324 C. digital 1ª Inst.). Finalmente, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en su respuesta, precisó desconocer la mayoría de los hechos expuestos en la demanda, asintió solo lo relatado

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Radicación n.° 95040 respecto al proceso de valoración de la pérdida de capacidad practicado al demandante por parte de Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A., la Junta Regional de Calificación de Antioquia, y aquella entidad. En su defensa, formuló como excepciones, legalidad del

dictamen expedido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, improcedencia del petitum, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen, variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta, improcedencia de las pretensiones respecto de aquella entidad y, la “genérica” (fs. 370 a 389 C. digital 1ª Inst.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 17 de marzo de 2021 (fls. C3. Digital 1ª Inst.), resolvió: PRIMERO: DECLARAR que los dictámenes Nº 8135 del 19 de mayo de 2014, emitido por MAPFRE, 53561 del 26 de marzo de 2015, emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y 70751948 del 10 de septiembre de 2015, emitido por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, son VÁLIDOS, según lo explicado en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor JOHN JAIRO PUERTA USUGA identificado con cédula de ciudadanía N° 70.751.948, tiene una pérdida de CPL del 51,78% estructurada el 29 de enero de 2015, de origen común.

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TERCERO: DECLARAR que el afiliado JOHN JAIRO PUERTA USUGA, cumple con los requisitos de Ley para acceder a la

pensión de invalidez de origen común.

CUARTO: CONDENAR a PORVENIR S.A., representada legalmente por el doctor MIGUEL LAGARCHA MARTÍNEZ, o por quien haga sus veces, a reconocer al señor JOHN JAIRO PUERTA USUGA, por concepto de retroactivo pensional la suma de ($60.435.572), causados desde el 29 de enero de 2015 hasta el 28 de febrero de 2021

QUINTO: CONDENAR a PORVENIR S.A, representada legalmente por el doctor MIGUEL LAGARCHA MARTÍNEZ, o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar la pensión de INVALIDEZ a favor del señor JOHN JAIRO PUERTA USUGA quien se identifica con cédula de ciudadanía Nro. 70.751.948, y continuar pagando al demandante, a partir del 1 de marzo de 2021 una mesada pensional por valor de ($908.526), sin perjuicio de los aumentos legales propuestos para los años siguientes y teniendo en cuenta la mesada adicional de diciembre para cada una de las anualidades siguientes.

SEXTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a INDEXAR las mesadas pensionales en la proporción indicada, y para ello se tomará como extremo inicial del IPC, (Enero de 2015) (sic), y de ahí en adelante mes a mes dado que se trata de una obligación sucesiva y variable, teniendo como extremo final el del mes en el que se pague la obligación.

SEPTIMO: Se autoriza a PORVENIR S.A. para que en el momento del pago de las condenas que se concedieron, descuente el valor

de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

PESOS ($10.882.827), indexado, siempre y cuando se verifique que el demandante haya cobrado dicha suma de dinero por concepto de pago parcial.

OCTAVO: Se autoriza a PORVENIR S.A. para que del retroactivo reconocido se le descuente los aportes en salud correspondientes.

NOVENO: ABSOLVER A PORVENIR S.A del reconocimiento y pago de los intereses moratorios pretendidos por el demandante DÉCIMO: ABSOLVER A MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A de responder en virtud de la póliza de seguro previsional colectivo de invalidez y sobrevivientes, de acuerdo a lo expresado en la parte motiva.

DECIMO: (sic) Las restantes excepciones propuestas por la demandada, en el escrito de la contestación de la demanda, han quedado resueltas implícitamente con lo manifestado en la parte motiva a excepción de la de prescripción y compensación que se hicieron un pronunciamiento expreso

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 3 de febrero de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que los problemas a resolver, atendiendo el principio de consonancia, eran: “i) la validez de los dictámenes emitidos por las entidades del sistema dentro del trámite administrativo adelantado por el demandante; ii) la acreditación de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50% que le permitiría acceder a la pensión

de invalidez; iii) la idoneidad y eficacia probatoria del dictamen elaborado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de BOGOTÁ – Cundinamarca; iv) temas accesorios como la indexación y las costas; y v) los límites de cobertura de la entidad llamada en garantía.”. Para resolver los citados interrogantes, procedió al análisis de los diferentes dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos con ocasión de la invalidez del demandante, de los cuales advirtió lo siguiente:

1. En primer lugar, mediante dictamen 8135 del 19 de mayo de 2014, MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. determinó una pérdida de capacidad laboral al demandante del 35.36%, con fecha de estructuración el 6 de febrero de ese mismo año por las patologías de “POP Rodilla izquierda LAM 10 – POP Hombro izquierdo LAM 10 – Dolor hombro izquierdo – Dolor rodilla derecha” (fls. 21 a 23).

2. Por su parte, ante la inconformidad planteada por el afiliado, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió

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Radicación n.° 95040 el dictamen Nº 53561 del 26 de marzo de 2015 en el que se estableció que el demandante padecía “Síndrome de manguito rotatorio” y “Gonartrosis no especificada”, patologías que arrojaron un porcentaje de 36.46%, estructurada el mismo 6 de febrero de 2014. (fls. 24 a 28).

3. La anterior decisión fue apelada y la Junta Nacional de

Calificación de Invalidez, a través del dictamen 707514948 del 10 de septiembre de 2015, confirmó en su integridad el de la Junta Regional, tanto en su diagnóstico, porcentaje y fecha de estructuración (fls. 29 a 32)

4. Con la demanda se presentó un dictamen elaborado por la IPS UNIVERSITARIA de la Universidad de Antioquia el 10 de junio de 2016, en el que se definió como diagnóstico “Artrosis erosiva – traumatismo del tendón del manguito rotatorio del hombro – otras espondilopatías inflamatorias especificadas”, estableciendo un porcentaje de 53.5% y con estructuración el día 23 de noviembre de 2013 (fls. 33 a 37).

5. En el curso del proceso, concretamente el 4 de diciembre de 2020 y como prueba solicitada y decretada a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, mediante dictamen 8650, dictaminó una pérdida de capacidad laboral al actor de 51.78% estructurada el 29 de enero de 2015, teniendo en cuenta como patologías “Artrosis no especificada – Hipertensión esencial – Lesiones de hombro – otros trastornos de la rodilla” (Archivo Nº 4 expediente digital).

Señaló que, atendiendo los argumentos planteados por las demandadas en su respuesta a la demanda, era necesario previamente recordar que, conforme a los artículos 11 inciso 2º y artículo 40 del Decreto Reglamentario 2463 de 2001, es posible que los dictámenes de las juntas puedan ser

controvertidos ante la jurisdicción ordinaria en lo laboral, los cuales, incluso, pueden ser desvirtuados con la aportación de otros medios de prueba, correspondiéndole al juez evaluar y establecer la realidad de cada situación.

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Radicación n.° 95040 Y que, lo anterior se complementa con lo establecido en el Decreto 1352 de 2013, el cual, de manera específica, dispone en su artículo 44 que: “Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente”. Dijo que ello, significa que los dictámenes emitidos por las EPS, AFP o por las juntas calificadoras no son prueba solemne o incontestable, no son definitivos ni inmutables, no atan de ninguna manera al juez y no tienen carácter absoluto o vinculante de forma tal que no permita apartarse de lo que en ellos se dice, pues se trata de un acto sometido a control jurisdiccional, conforme lo ha considerado esta Corte entre otras providencias, en la CSJ SL, 19 oct. 2006, rad. 29.622, en la que se reitera lo dicho en providencia CSJ SL, 13 sep. 2006, rad. 29.328 y cuyo criterio se acogió más adelante en providencias CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31.062, CSJ SL, 4

nov. 2015, rad. 53986, CSJ SL1044-2019, rad. 68074, y la CSJ SL, 28 abr. 2021, rad. 83859. Luego analizó el contenido de los diferentes dictámenes, y concluyó, que la posición adoptada por la a quo, de reconocer la pensión de invalidez al actor con base en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca que estableció un porcentaje de 51.78%, esta ajustada a derecho, gracias a que

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Radicación n.° 95040 existen elementos de juicio suficientes, técnicos y científicos, firmes y precisos, para acoger lo allí establecido. Expresó, que a la anterior deducción llegó, al apreciar el dictamen con un análisis lógico y comparativo de los fundamentos y las conclusiones brindadas por los expertos, teniendo en cuenta, además, la solidez, claridad y calidad e integralidad en el desarrollo de dicho estudio técnico, así como la idoneidad del perito y, al observar que, la valoración se obtuvo conforme a la evaluación médica realizada y al amplio y actualizado historial clínico del señor Puerta Úsuga. Resaltó, que no podía olvidarse que se trata de una prueba practicada por solicitud de una de las entidades que conforman el polo pasivo de la relación procesal - Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., prueba que fue ordenada por el Tribunal, ante la impugnación respecto de la decisión inicial que en tal sentido había sido adoptada en primera instancia, motivo por el que consideró que, dicho dictamen podía ser

tenido en cuenta, en virtud de lo establecido por el artículo 232 del CGP, que indica que “El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos…” Determinó, que aquella nueva valoración de la pérdida de capacidad laboral realizada al demandante, tiene pleno respaldo clínico, fue realizada por una entidad competente, capacitada y autorizada para tales efectos, y aclaró, que ello no implicaba necesariamente que el dictamen de la Junta Nacional, fuera errado y deba ser anulado, por cuanto existe

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Radicación n.° 95040 una diferencia en el tiempo de valoración entre unos y otros de cinco años – del 2015 al 2020 –, y este último se encuentra sustentado en nuevas evidencias médicas, tratamientos y conceptos, que llevaron a considerar al demandante como persona inválida, a consecuencia de la evolución de sus patologías y, de la naturaleza degenerativa y progresiva de la artrosis, además de la hipertensión arterial posteriormente diagnosticada, que condujeron a limitaciones antálgicas en los movimientos de rodillas y hombro, y otros trastornos en extremidades inferiores y superiores. Por último, en lo que interesa en la resolución del recurso extraordinario, se tiene que el Tribunal concluyó que: Con base en esas valoraciones médicas y los conceptos emitidos por los especialistas según la amplia historia clínica que del paciente ha sido aportada al expediente, se advierte una real afectación en la condición de salud, sin que la recurrente presente soporte alguno para contradecirlo, de manera que para la Sala es

admisible el criterio médico de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ de Bogotá – Cundinamarca cuando determina la invalidez del demandante, pues las condiciones de salud en que se encuentra y que viene padeciendo desde hace varios años, le impiden un adecuado desempeño de sus actividades laborales y que se convierten en un elemento adicional y fundamental a la hora de establecer el derecho que reclama. De otro lado, en lo que concierne al límite de cobertura de la póliza previsional, determinó el juez colegiado que, no resulta admisible el argumento presentado por el recurrente, según el cual, con la condena se sobrepasa el límite de cobertura de la entidad llamada en garantía, lo que sería una situación imprevisible que implicaría un pago excesivo, por cuanto:

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Radicación n.° 95040 […] la procedencia del llamamiento en garantía y la asunción del riesgo por parte de la aseguradora cuando de pensiones de sobrevivencia o invalidez se trata dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, aplicando para ello el artículo 64 del Código General del Proceso, ya que con la suscripción de la póliza colectiva de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes, es posible que la eventual pensión que se reconozca pueda financiarse con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital requerido a cargo de la aseguradora, tal y como lo dispone el numeral primero del artículo 77 de la Ley 100 de 1993. Igualmente considera, que la condena impuesta

contra la AFP Porvenir S.A., al pago de la pensión de invalidez, no necesariamente implica que la llamada en garantía asuma de manera automática una obligación, ya que la vigencia de la póliza puede influir en una decisión adversa o favorable, como ocurrió en el presente asunto, en la que se declaró por el a quo, que Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., no tenía obligación alguna en virtud de la vigencia de la póliza aportada, lo cual, afirmó, no tiene que incidir en la decisión adoptada, de reconocimiento de la pensión de invalidez al demandante pues, en todo caso, no se le está desconociendo el derecho que le asiste a reclamar ante la aseguradora que corresponda, en caso de que en realidad cuente con una póliza de aseguramiento por las vías legales que para el efecto existen, acreditando eso sí su vigencia, monto, cobertura y, demás exigencias.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, le absuelva de todas las pretensiones de la demanda. Y, sobre costas, provea según corresponda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica, y que

se procederán a resolver por razones de método, de manera conjunta la segunda y tercera imputación, por cuanto, a pesar de estar dirigidos por diferentes vías de violación de la ley sustancial, acusan similar elenco normativo, tienen un mismo objetivo y, se fundamentan en argumentos similares y complementarios, y aparte se desatará el otro cargo.

VI. CARGO PRIMERO Se acusa la sentencia, por la vía directa, por infracción directa de los artículos 60, 70 y 108 de la Ley 100 de 1993 y 11 del Decreto 832 de 1996, lo que llevó a la aplicación indebida de los artículos 39, 40 y 69 de la Ley 100 de 1993.

En la demostración, afirma la censura que, el Tribunal no pasó desapercibido que la póliza de seguro previsional contratada entre la AFP Porvenir S.A. y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., no tenía cobertura para la fecha en la cual

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Radicación n.° 95040 se estructuró la invalidez del demandante, esto es, el 29 de enero de 2015. Sin embargo, le restó importancia a esa situación, considerando que: […] ese hecho como tal no tiene porqué incidir en la decisión adoptada relacionada con el reconocimiento de la pensión de invalidez al demandante y mucho menos en el valor de la condena que se ha impuesto, pues en todo caso no se le está desconociendo el derecho que le asiste a reclamar ante la aseguradora que corresponda en caso de que en realidad cuente con una póliza de aseguramiento vigente para la época de estructuración de la

invalidez del demandante; si ello es así, perfectamente puede obtener su cumplimiento por las vías legales que para el efecto existen, acreditando eso sí su vigencia, monto, cobertura y demás exigencias que deba cumplir. Considera que, tal discurrir del fallador, desconoce abiertamente las normas que gobiernan la financiación de la pensión de invalidez en el RAIS, la naturaleza jurídica de la suma adicional y la necesidad de que esta exista para que pueda reconocerse una pensión de invalidez, como la otorgada al demandante . Acusa al juez de la alzada de no tener en cuenta, que a pesar de que el RAIS está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, existen otros mecanismos de financiación de las prestaciones que otorga, en la que cumplen un papel fundamental las compañías de seguros que sean contratadas para contribuir a la integración del capital necesario para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivientes. Lo cual se desprende de lo que establece el artículo 70 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con el cual “las pensiones de invalidez se financiarán con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a éste hubiere lugar, y la suma adicional que sea necesaria para

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Radicación n.° 95040 completar el capital que financie el monto de la pensión. La suma adicional estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes.”

Con el fin de sustentar lo afirmado, transcribe apartes de las sentencias CSJ SL2766-2021 y CSJ SL3942-2021, que rememoran lo señalado en la CSJ SL4108-2020, donde se indicó “[…] Y en lo que se refiere a las pensiones de invalidez, el legislador previó adicionalmente un esquema de aseguramiento previsional, de modo que al existir un déficit de financiamiento de la pensión, la prestación se respalde con la suma adicional faltante que asume la aseguradora con la que el fondo administrador contrató el seguro previsional para cubrir tales riesgos […]”. Indica que, en dichas providencias, además se precisó “El objeto del aseguramiento es definido por la ley, y como imperativo que es, se reproduce en las pólizas de seguros con las que se formaliza el vínculo de aseguramiento previsional, y consiste en garantizar la existencia de capital suficiente para financiar la pensión de invalidez o de sobrevivientes que se causa a favor del afiliado o de sus beneficiarios, esto es del valor actual de la pensión de referencia respectiva, integrándolo con la suma adicional que le falta al acumulado por aportes obligatorios y bono pensional si lo hubiere, en la cuenta de ahorro individual” Precisa que, atendiendo lo establecido por los artículos 70, 77 y 108 de la Ley 100 de 1993, y la jurisprudencia, la suma adicional tiene las siguientes características: “(i) tiene como objeto garantizar la existencia de capital suficiente para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes; (ii) es adicional, esto es, se suma o añade a algo, en este caso, a los recursos que tenga el trabajador

en su cuenta individual y al bono pensional; y, (iii) también es complementaria, vale decir, sirve para completar o perfeccionar algo: la

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Radicación n.° 95040 suma requerida para financiar la respectiva pensión, por lo que no en todos los casos debe pagarse, pues ello dependerá de las sumas que tenga el afiliado en su cuenta individual y del valor de su bono pensional, ya que estos pueden ser suficientes para financiar la pensión de sobrevivientes, lo que, sin embargo, es realmente excepcional.” Por lo que concluye que, no es posible que una pensión de invalidez se reconozca sin la garantía de la existencia de una suma adicional, lo cual solamente puede establecerse con la póliza contratada entre la administradora y una compañía se seguros, en la que se amparen los riesgos ocurridos en determinado periodo. Pero, en este caso, lo que está probado es que para la fecha en que se estructuró la invalidez del actor no había cobertura de la póliza previsional, lo cual obedece a que en los fallos de instancia se decidió acoger una fecha de estructuración que no fue la demandada, sino una posterior, aparte de que se tuvieron en cuenta patologías que no existían cuando se produjeron los dictámenes cuya nulidad se demandó y, que no es posible reconocer una pensión de invalidez sin que exista una póliza que garantice el pago de la suma adicional, según se desprende de lo establecido en el artículo 11 del Decreto 832 de 1996, desconocido, por el fallador. Señala, además, que así se parta del supuesto de que la

cobertura de la compañía de seguros es automática, de todos modos, debe existir una póliza que le dé soporte, lo cual no puede presumirse como alegremente lo hizo en este caso el Ad quem, al señalar que a la administradora “le asiste a reclamar ante la aseguradora que corresponda en caso de que en

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Radicación n.° 95040 realidad cuente con una póliza de aseguramiento vigente para la época de estructuración de la invalidez del demandante”. Manifiesta, que los desaciertos jurídicos en los que incurrió el juez de la alzada tuvieron notoria incidencia en la decisión que se impugna, habida cuenta de que lo llevaron a imponer una condena cuando no se dan los presupuestos legales para ello. En consecuencia, demanda que este cargo debe prosperar en la forma como se pidió en el alcance de la impugnación del recurso.

VII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión, en lo que hace relación estrictamente al tema objeto de análisis -el límite de la cobertura de la póliza previsional y su incidencia en el reconocimiento de la pensión de invalidez-, en que no existía discusión en cuanto a la procedencia del llamamiento en garantía y la asunción del riesgo por parte de la aseguradora cuando de pensiones de sobrevivencia o invalidez se trate dentro del RAIS, ya que con la suscripción de la póliza colectiva de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes, es posible que la eventual pensión que se reconozca pueda financiarse con la suma adicional que sea necesaria para

completar el capital requerido a cargo de la aseguradora, tal y como lo dispone el numeral primero del artículo 77 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 95040 Por lo que estimó, que la condena impuesta contra la AFP Porvenir S.A., al pago de la pensión de invalidez, no necesariamente implicaba que la llamada en garantía asuma de manera automática una obligación, ya que la vigencia de la póliza puede influir en una decisión adversa o favorable, como ocurrió en el presente asunto, en la que se declaró por el a quo, que Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., no tenía obligación alguna en virtud de la extinción de la vigencia de la póliza aportada, lo cual, consideró, no tiene porqué incidir en la decisión adoptada de reconocimiento de la aludida prestación, pues, en todo caso, no se