CSJ - SL578-2024

FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente SL578-2024 Radicación n.° 95968 Acta 03 Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Decide la Sala la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP contra la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario instaurado por WILSON RAMIRO ANGULO HINESTROZA en su contra. AUTO Reconózcase personería para actuar dentro del presente trámite, a la doctora Teresita Ciendúa Tangarife identificada con C.C. 38.238.315 y T.P. No.116.558 del C.S. de la J., como apoderada judicial del convocado, en los términos y para los efectos del poder que obra en el

SCLAJPT-09 V.00

Radicación n.° 95968 expediente.

I. ANTECEDENTES La accionante solicita invalidar la sentencia judicial referida y, en su lugar, declarar que a Wilson Ramiro Angulo Hinestroza «no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional contemplada en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero», por cuanto cumplió la edad requerida el 22 de diciembre de 2010, es decir, con posterioridad a la fecha límite

establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005 (31 de julio de 2010). Peticionó, además, que se declarara que al actor no le asiste derecho a la mesada 14 por la misma razón. Como consecuencia, solicitó que se ordenara al demandado a restituir la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en «exceso», según la orden impartida en la sentencia objeto de revisión, de manera indexada, así como, los intereses moratorios. Como sustento fáctico, sostuvo que: Wilson Ramiro Angulo Hinestroza nació el 22 de diciembre de 1955 y prestó sus servicios a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero del 17 de noviembre de 1978 al 27 de junio de 1999; el último cargo desempeñado fue el de Contador, en el municipio de Caucasia-Antioquia; por Resolución n.° 1899 del 22 de julio de 2011, el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, negó la pensión consignada en la Convención Colectiva de Trabajo 1998SCLAJPT-09 V.00 2 Radicación n.° 95968 1999; a través de la Resolución GNR 258466 del 15 de octubre de 2013, Colpensiones negó el reconocimiento de una pensión de vejez, decisión confirmada en el acto administrativo GNR 73866 del 5 de marzo de 2013; en forma posterior, por Resolución n.° VPB 17217 del 3 de octubre de 2014, la precitada entidad de previsión reconoce pensión de vejez al actor en cuantía igual a $994.547, a

partir del 22 de diciembre de 2010; mediante Resolución RDP 004179 del 12 de febrero de 2019, la UGPP niega el reconocimiento de una pensión convencional al no acreditarse los requisitos en forma previa al 31 de julio de 2010. Señaló que, posteriormente, el señor Angulo Hinestroza promovió proceso ordinario laboral, el cual correspondió en primera instancia, al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá el que, mediante sentencia de 20 de junio de 2019, absolvió a la hoy convocante. Sin embargo, en virtud de la segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, a través de decisión del 26 de febrero de 2021, dispuso: PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá el día 20 de junio de 2019 y en su lugar se CONDENA a la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP al reconocimiento y pago a favor de WILSON RAMIRO ANGULO HINESTROZA de la pensión convencional de jubilación a partir del 22 de octubre de 2015 en cuantía de $2.019.471 pesos o el mayor valor a cargo, producto de la compartibilidad entre la pensión convencional de jubilación reconocida y la de vejez que eventualmente reconozca Colpensiones, momento desde el cual deberá cancelar únicamente las diferencias que resulten entre el mayor valor de la pensión

convencional de jubilación y el monto de la pensión de vejez, en 14

SCLAJPT-09 V.00 3

Radicación n.° 95968 mesadas pensiónales al año, retroactivo pensional que se deberá indexar al momento del pago[…] Y, en cumplimiento de lo anterior, la entidad convocante dispuso, por Resolución RDP 026501 de octubre 5 de 2021, reconocer «una pensión restringida de jubilación[sic] a favor del señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza, en cuantía de $1.743.229 m/cte [sic], efectiva a partir del 22 de diciembre de 2010, con efectos fiscales por prescripción trienal a partir del 22 de octubre de 2015 fecha para la cual la suma corresponderá a $2.019.47», la que consintió como compartible con aquella prestación de vejez asumida por Colpensiones. Así, acudió a la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, al configurarse la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en consecuencia, solicitó: PRIMERO: Invalidar las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Superior[sic[ del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral en providencia del 26 de febrero de 2021 que revocó la del Juzgado 29 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá del 20 de junio de 2019 dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

– UGPP, con radicado No.1100131050292019001200.

SEGUNDA: Declarar que al señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, contemplada en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, por cuanto el citado cumplió la edad requerida con posterioridad a la fecha límite establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005 (31 de julio de 2010), es decir, el 22 de diciembre de 2010.

SCLAJPT-09 V.00 4

Radicación n.° 95968

TERCERA: Declarar que al señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza no le asiste el derecho al pago de la mesada catorce, en la medida que no es legítimamente acreedor de la prestación convencional; y ante el improbable cumplimiento de requisitos pensionales, tampoco sería acreedor de la misma, por cuanto la consolidación de su derecho pensional no se causó con anterioridad al 25 de julio de 2005, esto ocurrió hasta el 22 de diciembre de 2010.

CUARTA: Ordénese al señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza, restituirle a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en exceso, como consecuencia de las ordenes impartidas en las sentencias objeto de revisión y en adelante.

SEXTA: Ordénese al señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza,

que el pago que efectúe a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., así como los intereses moratorios estipulados en el artículo 192 ibídem, sobre los valores pagados por concepto del indebido reconocimiento pensional.

SEPTIMA: Condénese en costas procesales […]. (Negrilla del texto).

El fundamento de las pretensiones radica, principalmente, en la afirmación relativa a la no vocación de reconocimiento de la pensión convencional a favor del señor Wilson Ramiro Angulo, por cuanto tal hecho contraviene lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005. Luego de citar el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para los años 1998-1999, adujo que, el convocado […] no alcanzó a consolidar su derecho a la pensión de jubilación acordada convencionalmente; se reitera dado que el requisito de edad para la causación tan solo lo alcanzó el 22 de diciembre de 2010, sin que ello vulnere «derechos fundamentales y mucho menos se pueda afirmar que son adquiridos», pues para la entrada en vigor del acto legislativo, ni

SCLAJPT-09 V.00 5

Radicación n.° 95968 siquiera contaba con una mera expectativa de adquirir la prestación convencional, contrario a lo afirmado en la sentencias materia de esta acción, incluso en virtud a las prórrogas automáticas que se hubiesen presentado con la

[C]onvención [C]olectiva 1998-1999. En ese mismo orden de ideas, desde el punto de vista de la accionante y sobre la vigencia del precitado acuerdo colectivo, en particular, su cláusula 41, «no se encontraba vigente para el momento en que el ciudadano cumplió la edad exigida, toda vez que con la entrada en rigor del Acto Legislativo 01 de 2005, se dispuso expresamente que esta clase de convenciones perderían toda vigencia después del 31 de julio de 2010». Concluyó que, «Wilson Ramiro Angulo Hinestroza no cumple con los requisitos para acceder a la pensión en virtud de la [C]onvención [C]olectiva de [T]rabajo de la Caja de Crédito Agrario Industrial 1998 – 1999 en consonancia con el Acto Legislativo 01 de 2005 y las sentencia SU 555 de 2014». Finalmente, sobre la viabilidad de la mesada 14 pregonó, igualmente, su improcedencia, por cuanto la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, cuando reconoce el derecho a la pensión convencional, lo hace a partir del 22 de diciembre de 2010; de manera que, a las claras, si el salario mínimo legal mensual vigente para aquél entonces ascendía a la suma de $515.000 y la primera mesada convencional reporta el valor de $1.743.229, se supera el límite previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

SCLAJPT-09 V.00 6

Radicación n.° 95968 En sus palabras, el derecho del convocado «no se causó antes del 29 de julio de 2005, este se causó[sic] al

cumplir los 55 años de edad, es decir, el 22 de diciembre de 2010, fecha en la cual cumplió todos los requisitos para acceder a la prestación, razón por la cual no tendría derecho a la mesada 14». Agregó la afectación al principio de la sostenibilidad financiera y la existencia de un abuso del derecho. El señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza fue debidamente notificado y dentro del término de traslado, presentó oposición. En su escrito, luego de referirse al artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 19981999, indicó las diferentes interpretaciones que pueden extractarse de su texto, las que lo llevan a afirmar que su derecho pensional fue adquirido antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 por lo que, la revisión no se encuentra llamada a prosperar. Citó reiterados pronunciamientos de esta Sala, donde se ha abordado la intelección del precitado aparte convencional, entre ellos, los que identificó como «SL5262018, SL4550-2018, SL289-2018, SL3197-2018, SL56402018, SL820-2019, SL1046-2020, SL4138-2020» y concluyó que existe un derecho adquirido a su favor, pues había reunido los requisitos para la prestación discutida y, ante ello, la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005 no podía cercenarlo.

SCLAJPT-09 V.00 7

Radicación n.° 95968 Surtido el trámite de rigor, procede la Sala a emitir la sentencia que en derecho corresponda, previas las

siguientes:

II. CONSIDERACIONES Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión; este aspecto ha sido insistentemente advertido por esta Corporación, entre otras en la Sentencia CSJ SL3117-2023 donde se reiteró lo expuesto en la CSJ SL12910-2017, en la cual se estableció: La Sala ha insistido, no obstante, en la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión y, por dicha vía, ha establecido que por ese conducto no es dable volver a discutir indefinidamente los extremos de un proceso resuelto a través de una decisión ejecutoriada, o suplir los medios de impugnación previstos por el legislador en cada procedimiento, sino que su finalidad concreta es la de evitar la expoliación de los recursos públicos, a partir de unas precisas causales que deben ser invocadas dentro de un marco serio y responsable.

Por lo mismo, la Corte ha dicho que, […] la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la Administración

de Justicia de su trascendental función, sino que el uso del

SCLAJPT-09 V.00 8

Radicación n.° 95968 mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales… (CSJ SL, 15 abr. 2005, rad. 25761, reiterada en CSJ SL, 21 en. 2006, rad. 28263; CSJ SL, 22 abr. 2008, rad. 30517; CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 31802; y CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157, entre otras). También ha sostenido la Corte que es al juez del trabajo al que le compete ponderar razonablemente la gravedad de los vicios, omisiones o extralimitaciones contenidas en las sentencias, transacciones o conciliaciones cuestionadas, así como su apego a las causales establecidas legalmente para la revisión. En tal medida, ha señalado que: Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del erario, imponen una labor mucho más exigente que con otro tipo de asuntos que se ponen en conocimiento del juez. Es por eso que, excepcionalmente, los otros principios que entran en colisión con tan particular medida, como la cosa

juzgada y la seguridad jurídica, deben ceder para, en su lugar, concretar unas aspiraciones sociales, que están estrechamente relacionadas con los recursos que de manera irregular terminan satisfaciendo pretensiones particulares, específicamente cuando existe palmaria evidencia de que ello ocurre. Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta. Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”, y es entonces en esa perspectiva que procede el recurso, cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría una vulneración del artículo 29 de la Constitución

SCLAJPT-09 V.00 9

Radicación n.° 95968 Política. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 48410, reiterada en CSJ SL,

13 mar. 2013, rad. 44157 y CSJ SL7107-2015). Conforme a la línea expuesta, uno de los propósitos del legislador para la revisión creada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como mecanismo excepcional, fue cubrir omisiones en la defensa judicial para evitar perjuicios sobre el erario, de allí que, como se indicó, constituya una excepción al principio de cosa juzgada, todo a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y, a la vez, proteger el bien común (CSJ SL2599-2021); por ello, para su procedencia no requiere de la existencia de una sentencia penal (CSJ SL12910-2017). Debe precisarse, que el hecho de que la UGPP no hubiese interpuesto el recurso de casación, no impide acudir a la revisión pues ello no es un requisito de procedibilidad y, además, se exhibe insoslayable el bien jurídico que se protege con el mencionado mecanismo procesal. La entidad accionante en revisión se duele de la condena impuesta a su cargo por cuanto la pensión de jubilación convencional reconocida por la Sala Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la decisión confutada transgrede el ordenamiento jurídico dado que la edad para acceder a dicha prestación se cumplió el 22 de diciembre de 2010, esto es, con posterioridad al límite previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

SCLAJPT-09 V.00 10

Radicación n.° 95968 Ahora bien, para elucidar si le asiste razón a la

accionante, menester resulta memorar que los siguientes soportes fácticos están incólumes: (i) que Wilson Ramiro Angulo Hinestroza laboró al servicio de la Caja Agraria del 17 de noviembre de 1978 al 27 de junio de 1999, esto es, más de 20 años; (ii) que nació el 22 de diciembre de 1955, luego cumplió 55 años de edad el mismo día y mes del año 2010 por lo que, al momento de su retiro de la entidad, no contaba con la edad requerida en la norma convencional; (iii) que ante la negativa del reconocimiento pensional inició proceso ordinario que culminó con la sentencia aquí confutada en la que se ordenó a la UGPP proceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a su favor, a partir del 22 de octubre de 2015, en cuantía inicial de $2.019.471 compartible con la asumida por Colpensiones y en 14 mensualidades. Entonces, se itera, a la Corte le corresponde dilucidar si el señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza, al 31 de julio de 2010, cuando por fuerza del Parágrafo Transitorio 3.º del Acto Legislativo 01 de 2005, perdieron vigencia las reglas de carácter pensional que regían contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, entre ellas, las que aquí se tratan, tenía una expectativa legítima o un derecho adquirido. Para dar respuesta, es necesario precisar que esta Corporación ya resolvió el problema planteado en pronunciamiento CSJ SL526-2018, reiterado, entre otros,

mediante fallos CSJ SL4550-2018, CSJ SL527-2022 y CSJ

SCLAJPT-09 V.00 11

Radicación n.° 95968 SL4232-2022, en las que la Sala tuvo oportunidad de analizar el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, para establecer cuáles son los requisitos para acceder a la pensión allí estatuida decisión que, por su importancia, será transcrita en extenso: Pues bien, preliminarmente habrá que decir para resolver la controversia propuesta en el recurso es que para la Sala fluye indubitable que la redacción del artículo 41 convencional en estudio, particularmente en su Parágrafo 1º, desde su vista gramatical, sistemática y teleológica o finalística no tiene más que una lectura: 1) que se aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, esto es, a quienes a partir de la vigencia de la convención colectiva de trabajo de marras perdieron la condición de trabajadores activos; 2) que para la estructuración del derecho pensional se exige haberse prestado cuando menos veinte (20) años de servicio a la citada empresa; y 3) que el disfrute o goce de la prestación se producirse cuando se arriba por el ex trabajador a la edad de cincuenta (50) años, si se es mujer, y de cincuenta (55) años, si se es hombre. Esto último habrá de resaltarse por constituir el meollo del asunto, ya que, en criterio de la Corte, y tal cual lo alega el recurrente, la edad pensional no se acordó en la aludida

disposición como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo de la empresa, por ende, como un requisito para la estructuración del derecho sino apenas como una condición para su exigibilidad, goce o disfrute. En efecto, la jurisprudencia vigente ha sostenido que es ineludible a la hora de establecerse los beneficiarios de las prebendas convencionales la existencia y vigencia de la relación laboral que a éstos legitima, de tal suerte que, de no acreditarse tales conceptos, no se abrirá paso el respectivo reclamo, tal discernimiento por desprenderse del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo que la convención colectiva de trabajo se celebra “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia” y, obviamente, los contratos de trabajo durante la vigencia de la convención colectiva de trabajo son los que igualmente están vigentes, no los que no lo están o que nunca lo han estado. De esa suerte, cualquier beneficio convencional en favor de quien no está ligado por un contrato de trabajo con la empresa suscribiente de la correspondiente convención colectiva de trabajo debe estar expresamente previsto por los convencionistas, por constituir según lo visto una estipulación para otro, para un tercero, tal es el caso de las

SCLAJPT-09 V.00 12

Radicación n.° 95968 prebendas extendidas en favor de los hijos de los trabajadores, o de los ex trabajadores, o de los pensionados e, incluso, de terceros totalmente ajenos a las relaciones contractuales de la empresa pero por cuya actividad pueden verse afectados en alguno de sus intereses, verbi gracia, la comunidad circundante

de la misma. La vigencia de las relaciones contractuales de trabajo como objeto de la aplicación directa de las normas convencionales explica con facilidad que la edad pensional por ella prevista sea un requisito de estructuración de la prestación, por eso, al lado de otros presupuestos, como por ejemplo el tiempo de servicio, el cumplimiento de la edad pensional durante su vigencia termina siendo consecuencia necesaria de su naturaleza temporal. No ocurre lo mismo, entiende la Corte, cuando la prestación pensional se extiende expresamente a ex trabajadores de la empresa, pues en tal caso, la edad establecida para el acceso a la pensión no está atada a una relación laboral o vínculo jurídico vigente, sino todo lo contrario, a una situación personal o individual, por tanto no puede ser vista como un requisito de estructuración o conformación del derecho, sino simplemente como una condición de su exigibilidad, goce o disfrute. Ante tal situación lo que fuerza concluir es que los requisitos de la pensión así prevista se reducen a dos: la prestación de servicios durante un determinado tiempo, para este caso 20 años, y la desvinculación del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa; y la edad indicada en la norma deviene en una condición personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensional. Es totalmente entendible la anterior afirmación si se observa que el cumplimiento de la edad pensional en estos casos resulta totalmente indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, dado que para el momento en que el ex trabajador cumple la edad establecida en la norma pensional convencional se requerirá que la relación laboral haya perdido su vigencia.

Nótese a ese respecto que la disposición convencional parte del presupuesto de que el trabajador ya ha cumplido la materialidad laboral que le da causa a la prestación pensional: el tiempo de servicios, pero considera la circunstancia que impide al trabajador acceder a la pensión conforme a la regla general, la del cumplimiento de la edad pensional en vigencia de la relación laboral, por tanto, toma tal circunstancia como condición necesaria para el reconocimiento del derecho, esto es, que ya no exista vinculación laboral, o por causa imputable a la empresa o por iniciativa del propio trabajador, para de allí señalar que el acceso a la prestación se producirá cuando cumpla la edad de cincuenta (50) años, si es mujer, o cincuenta

SCLAJPT-09 V.00 13

Radicación n.° 95968 y cinco (55) si es hombre, lo que es tanto como decir que con el cumplimiento de las dos condiciones iniciales se tendrá el derecho, pero su goce o disfrute solo se producirá al cumplimiento de la última, la anotada edad. Así, la edad considerada en la estipulación convencional fluye indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, por exigir ésta que tal ocurrencia se produzca cuando el ex trabajador ya no se encuentra amparado directamente por ella, resultando que, de una parte, éste hubiere perdido la condición de trabajador de la empresa; y de otra, que sea en un todo posible que ni siquiera la disposición convencional para ese nuevo momento mantenga vigencia en el marco de las relaciones contractuales de la misma empresa. De ese modo, en forma alguna puede concluirse que la dicha edad sea requisito

de estructuración del derecho, sino apenas de su exigibilidad, de su goce o disfrute. Entonces, siendo que los supuestos de hecho del derecho pensional aquí estudiado están limitados a la desvinculación del trabajador y la prestación del tiempo mínimo de servicio, pues la fecha del cumplimiento de la edad allí prevista es ajena a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, las únicas exigencias que lo estructuran o definen, que entiende la Corte deben producirse en el término de vigencia de ésta son las ya indicadas: desvinculación voluntaria o forzosa del servicio y tiempo del mismo. En tanto, la fecha del cumplimiento de la edad es de orden individual o particular, sin incidencia alguna en razón de la vigencia de la convención colectiva de trabajo, pues únicamente está atada a la situación particular del ex trabajador. Pero también entiende la Corte, en segundo término, que el aludido Parágrafo 1º previó el derecho pensional a favor de quienes habiendo sido trabajadores de la entidad le prestaron un tiempo de servicio mínimo de servicio pero no arribaron a cierta edad en su vigencia, porque, precisamente, a quienes les exigió tal condición pensional se refirió paladinamente al inicio del marco de las disposiciones pensional, se recuerda, de donde no ha lugar a concluir cosa distinta a que, para los primeros, los que perdieron la calidad de trabajadores activos, la edad no se tuvo como un requisito de estructuración del derecho --pues no lo podían cumplir en ese tiempo--, sino apenas de su disfrute. De desatenderse tal razonamiento resultaría inane la consideración también expresa del derecho pensional en favor de los trabajadores activos, a quienes sí se les exigió como

presupuesto pensional el cumplimiento de una determinada edad, cincuenta (50) o cincuenta y cinco (55) años según su género, y por supuesto la vigencia de su relación laboral, aparte del requisito material del derecho: la prestación de servicios

SCLAJPT-09 V.00 14

Radicación n.° 95968 durante un término mínimo de veinte (20) años. Y en tercer lugar, es la única conclusión a la que se puede arribar si se observa que la disposición en su conjunto quiso amparar con el beneficio pensional de jubilación a todos los servidores de la empresa sobre un mismo rasero, el que para la Corte es el más obvio: la prestación de servicios por un término mínimo pero apreciable, en los casos menos exigentes dieciocho (18) años y en los más veinte (20) años. Para el personal activo las exigencias adicionales de vinculación y edad, y para los que aquí se estudia, las de desvinculación y el máximo del servicio. Siendo ello así, advierte la Corte una redacción armónica del texto convencional tendiente a no dejar por fuera a quienes habiendo cumplido el tiempo de servicios exigido, se encontraren en determinada edad, solicitaren el reconocimiento del derecho en un hito temporal que allí también se estableció -- enero y marzo de 1992 y un (1) año posterior a la vigencia de la convención colectiva o del cumplimiento de la edad estando vinculados--, o ya no estuvieren al servicio de la entidad, últimos para los cuales la edad dejó de ser un requisito de estructuración del derecho pensional. […] De suerte que, trasladando los anteriores argumentos fácticos y jurídicos al asunto bajo escrutinio, cambiando lo

que haya que cambiar, se tiene que el señor Wilson Ramiro Angulo Hinestroza al 31 de julio de 2010, cuando por fuerza del Parágrafo Transitorio 3.º del Acto Legislativo 01 de 2005, perdieron vigencia las reglas de carácter pensional que regían, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, entre ellas las que aquí se tratan, ya contaba con un derecho adquirido, pues había reunido los dos requisitos del derecho pensional discutido: el tiempo de servicios y la desvinculación laboral, por lo que apenas estaba pendiente de arribar a la edad requerida para su goce o disfrute, la que sin discusión cumplió el 22 de diciembre de 2010.

SCLAJPT-09 V.00 15

Radicación n.° 95968 Aun cuando lo señalado de manera antecedente es suficiente para responder el cuestionamiento de la improcedencia de la mesada 14, dado que la prestación se causó con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, vale la pena traer a colación la sentencia CSJ SL2054-2019, la cual expone la postura de esta Sala sobre este tópico y donde se consideró que, […] Las mesadas adicionales de diciembre y junio, fueron creadas en dos momentos distintos: la primera a través del artículo 5.º de la Ley 4.ª de 1976 recogido en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, y la segunda –que se discute– a través del artículo 142 de la misma norma sustancial la cual prevé: […] Como se observa, inicialmente el legislador restringió el alcance

de la mesada de junio –la catorce– a quienes causaran la pensión antes del 1.º de enero de 1988, pero tal límite fue declarado inexequible por la Corte Constitucional