CSJ - SL580-2024

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL580-2024 Radicación n.° 99161 Acta 09 Bogotá D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación que CARMEN CECILIA VÁSQUEZ SARMIENTO interpuso contra la sentencia, que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., profirió el 30 de noviembre de 2022, en el proceso que SANDRA PATRICIA PERDOMO MOSQUERA instauró contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAAB - E.S.P., trámite al cual se vinculó a la recurrente como interviniente ad excludendum.

I. ANTECEDENTES Sandra Patricia Perdomo Mosquera demandó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAAB - E.S.P. (en adelante la EAAB - E.S.P.,), con el fin de

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Radicación n.° 99161 obtener el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de jubilación de su compañero permanente, así como el retroactivo por concepto de las mesadas causadas y dejadas de cancelar y la indexación. Fundamentó sus peticiones en que convivió con Octavio Navarrete Niño desde febrero de 2012 y que este así lo declaró ante el Notario Quinto del Círculo de Neiva, documento que no fue tachado en el trámite administrativo. Refirió que mediante la Resolución n.º G-0119 del 18

de marzo de 1986, la demandada reconoció la pensión de jubilación al causante. Indicó que su compañero permanente falleció el 30 de diciembre de 2017 y que el 21 de marzo de 2018 solicitó la pensión de sobrevivientes a la demandada. Expuso que Carmen Cecilia Vásquez Sarmiento también requirió el reconocimiento pensional en calidad de excónyuge. Manifestó que la EAAB - E.S.P., negó el derecho de ambas tras considerar que era la justicia laboral la que debía resolver la controversia. Aseguró que repuso dicha decisión; no obstante, en acto administrativo n.º 0689 de 8 de agosto de 2018 la entidad confirmó su determinación. El 13 de mayo de 2019 el juzgado de conocimiento, admitió la demanda y ordenó la vinculación de Carmen Cecilia Vásquez Sarmiento como interviniente ad excludendum.

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Radicación n.° 99161 Al contestar la demanda, la EAAB - E.S.P., pidió que se desestimaran las súplicas elevadas en su contra y en cuanto a los hechos, aceptó la condición de pensionado del causante, la fecha de su fallecimiento, las reclamaciones, su respuesta y el recurso. Adujo que no le constaba la convivencia de la demandante con Octavio Navarrete Niño y negó los demás. Propuso las excepciones de buena fe y prescripción. Por su parte, Carmen Cecilia Vásquez Sarmiento se opuso a la prosperidad de las pretensiones, frente a los

hechos admitió el reconocimiento pensional a favor del causante, su fallecimiento y las reclamaciones administrativas. Negó los restantes. Planteó las excepciones de no configuración de los requisitos legales para acceder al derecho, inexistencia de convivencia con el causante y de la obligación y falta de legitimación en la causa por activa. Por otra parte, presentó demanda como tercera ad excludendum en la que solicitó la sustitución pensional de su excónyuge, las mesadas pensionales indexadas desde la fecha de fallecimiento y los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Subsidiariamente, pidió que se le pagaran las mesadas en proporción al tiempo de convivencia que tuvo con aquél,

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Radicación n.° 99161 esto es, 34 años y 20 días, así como los intereses moratorios o la indexación. Señaló que el 3 de enero de 1970 contrajo matrimonio con el causante y desde entonces iniciaron su convivencia hasta el 23 de enero de 2004, fecha en la que se dispuso la cesación de efectos civiles del matrimonio católico debido al maltrato físico y psicológico que el fallecido ejercía sobre ella; que procrearon 3 hijos y que, pese a que cesó su cohabitación, lo mismo no ocurrió con el apoyo moral, la ayuda mutua, la comprensión y el cariño entre la expareja. Afirmó que Octavio Navarrete Niño laboró en la empresa desde el 15 de marzo de 1963 hasta el 29 de noviembre de 1985. Sostuvo que aquel adquirió la pensión

de jubilación por el tiempo de servicio prestado y que, en su calidad de esposa, lo ayudó, apoyó, socorrió, favoreció y procuró para que lograra estructurar la prestación. Resaltó que el fallecido nunca quiso rehacer su vida sentimental con otra pareja, que no convivió con nadie, que el día de su deceso nadie lo auxilió ni lo llevó a un centro asistencial, lo que demuestra que vivía solo. Asegura que los vecinos reconocen a Sandra Patricia Perdomo Mosquera como la persona que limpiaba la casa y preparaba sus alimentos por ser la empleada doméstica y no su compañera permanente. Al responder la demanda, la EAAB - E.S.P., solicitó que se desestimaran las súplicas elevadas en su contra y en

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Radicación n.° 99161 cuanto a los hechos, aceptó la fecha del matrimonio de la pareja y su cesación, el tiempo laborado por el causante en la empresa y la pensión de jubilación reconocida a favor de él. Frente a los demás indicó que no le constaban. Presentó las excepciones de inexistencia del derecho y la obligación, buena fe y prescripción. A su vez, Sandra Patricia Perdomo Mosquera se opuso a las pretensiones de la interviniente ad excludendum. Frente a los hechos, admitió los relativos al estatus de pensionado del causante, la vinculación con la empresa y el fallecimiento; refirió que no le constaban los correspondientes a la relación matrimonial ni la violencia intrafamiliar y negó los demás. Propuso las excepciones de carencia de derecho en la demandante Vásquez Sarmiento, mejor derecho en cabeza

suya e inaplicabilidad de la jurisprudencia nacional invocada al caso concreto.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá D. C., mediante fallo de 9 de febrero de 2022, absolvió a la entidad de las pretensiones elevadas por las demandantes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 99161 Al resolver las apelaciones presentadas por Sandra Patricia Perdomo Mosquera y Carmen Cecilia Vásquez Sarmiento, mediante fallo de 30 de noviembre de 2022, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., confirmó la decisión proferida en primera instancia. El Tribunal sostuvo que no era materia de discusión que, (i) Carmen Cecilia Vásquez Sarmiento y Octavio Navarrete Niño contrajeron matrimonio el 3 de enero de 1970; (ii) mediante sentencia del 23 de enero de 2004 el Juzgado Primero de Familia de Bogotá D. C., decretó la cesación de efectos civiles del matrimonio católico; (iii) a través de Resolución n.º 0119 del 18 de marzo de 1986, la EAAB - E.S.P., le reconoció al señor Navarrete Niño la pensión de jubilación a partir del 30 de noviembre de 1985, en cuantía de $110.481; y (iv) Sandra Patricia Perdomo Mosquera y Carmen Cecilia Vásquez Sarmiento solicitaron el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, no

obstante, la demandada la negó. A continuación, mencionó que, en atención a la fecha del fallecimiento del causante, esto es, el 30 de diciembre de 2017, las disposiciones llamadas a regular la prestación eran los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por el 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. En esa medida, adujo que le correspondía determinar si (i) Navarrete Niño y Perdomo Mosquera convivieron en calidad de compañeros permanentes durante los 5 años

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Radicación n.° 99161 anteriores al fallecimiento del causante; y (ii) si Carmen Cecilia Vásquez es acreedora de la sustitución pensional pese a la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico con el causante. Con el fin de resolver estos planteamientos enunció las pruebas presentes en el expediente, esto es, los testimonios, los interrogatorios de parte, las declaraciones extraprocesales y las documentales. Frente al primer problema jurídico, refirió que Sandra Patricia Perdomo Mosquera no logró demostrar la convivencia con Octavio Navarrete Niño dentro de los cinco años anteriores a la muerte de este, toda vez que estuvo renuente a responder el interrogatorio de parte, los testimonios fueron contradictorios, y en el acta de levantamiento del cadáver del causante indicó que vivía en una dirección diferente a la de él y que su estado civil era soltera, sin unión marital de hecho. Por otra parte, en cuanto al derecho solicitado por Carmen Cecilia Vásquez Sarmiento, el fallador indicó que,

pese a que dos de los hijos del causante relataron hechos de violencia intrafamiliar de su padre hacia ellos y su progenitora, lo cierto es que para que la cónyuge supérstite pudiera ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente es requisito indispensable la vigencia del vínculo matrimonial. Sumado a ello, sostuvo que esta Corte ha considero que, aunque exista divorcio se podría reconocer la pensión

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Radicación n.° 99161 de sobrevivientes cuando se demuestre que hubo violencia intrafamiliar o de género ejercida por el causante hacia su cónyuge; no obstante, en esos casos existió «[…] continuidad en la convivencia, lazos de apoyo al esposo agresor o cuidado de la familia por la solicitante» (CSJ SL1727-2020), circunstancia que no se acreditó en el presente asunto. Lo anterior, toda vez que, desde que se dio la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, hubo una separación total, pues Vásquez Sarmiento reside fuera del país desde entonces, «[…] no se comunicó con el causante y, contrajo nuevas nupcias».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Carmen Cecilia Vásquez Sarmiento, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos en que es presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case el fallo recurrido para que, en sede de instancia, revoque el del juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones elevadas en la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven conjuntamente, al perseguir la misma finalidad.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, el último modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003; 5, 8, 17, 67, 69, 70, 102 y 105 del Decreto 1260 de 1970 y 42, 48, 53, 228 y 230 de la Constitución Política.

Señala que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 3.2.1. No dar por demostrado, estándolo, que a la fecha del fallecimiento del cónyuge Octavio Navarrete, estaba vigente el vínculo del matrimonio católico con Carmen Cecilia Vásquez N. por cuanto jamás se anuló por el Tribunal Eclesiástico. 3.2.2. No dar por demostrado estándolo, que la actora Vásquez Sarmiento convivió con su esposo Octavio durante más de cinco (5) años, habiéndole hecho durante treinta y cuatro (34) años anteriores al fallecimiento, que la hacen acreedora a la pensión de sobrevivientes como derecho fundamental esencial. 3.2.3. No dar por justificado estándolo, que la Separación [sic] y Cesación [sic] de los Efectos [sic] Civiles [sic] del Matrimonio [sic] de los aludidos esposos, se dio por culpa del causante, en

virtud al maltrato, violación intrafamiliar o violencia de género acaecido mucho antes de la cesación de los efectos civiles del matrimonio declarado en enero 23 del año 2004. 3.2.4. Dar por evidente, sin estarlo, que a la cónyuge sobreviviente no le asiste el derecho a la pensión por sustitución de su esposo, por el hecho de ser sujeto pasivo de la acción sobre Cesación [sic] de los Efectos [sic] Civiles [sic] del Matrimonio [sic]. 3.2.5. Dar por cierto en contra de la Carta Política, que la Cesación [sic] de los Efectos [sic] Civiles [sic] del Matrimonio [sic] Católico [sic], hace desaparecer y renunciar al derecho fundamental esencial a la pensión de sobrevivientes a sabiendas de que es esencial, inalienable, irrenunciable y universal entre otras características.

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Radicación n.° 99161 3.2.6. No dar por evidente estándolo, que a pesar de la Cesación [sic] de los Efectos [sic] Civiles [sic] del Matrimonio [sic], persistió la convivencia moral y espiritual hasta el deceso del cónyuge Navarrete Niño y por ende el derecho a la pensión de sobrevivientes. 3.2.7. No dar por demostrado estándolo, que la pensión otorgada al finado Navarrete Niño, se estructuró y consolidó en el año 1985 con la ayuda y convivencia de la esposa Vásquez Sarmiento, cuando aún no se había presentado separación de cuerpos, ni disolución de sociedad conyugal, tampoco su

liquidación y menos cesación de los efectos civiles del matrimonio (negrilla original). Como pruebas indebidamente apreciadas menciona: 3.3.1. Resolución 0119 de marzo 10 de 1986, donde la empresa demandada otorga la pensión de jubilación al finado Octavio Navarrete Niño a partir de noviembre 30 de 1985 (Fs.13 a 15 y 72 a 73 del proceso). 3.3.2. Acta de registro del matrimonio católico celebrado el 3 de enero de 1970, con anotación de la sentencia del 23 de enero de 2004 del cese de los efectos civiles del matrimonio católico y escritura pública No. 1679 del 23 de abril de 1992, sobre disolución y liquidación de la sociedad conyugal entre Octavio Navarrete Niño y Carmen Cecilia Vásquez (Fs.100 del proceso). 3.3.4. Confesión surgida de la demanda de la Sra. Carmen Cecilia Vásquez S. como interventora excluyente donde confiesa que a la fecha del fallecimiento del esposo no había convivencia, porque por culpa de él, tuvo que abandonarlo e irse a los EE.UU. luego se dio lugar a la Cesación [sic] de los efectos civiles del matrimonio a instancias del fallecido.

Y como no valoradas describe: 3.4.1. Documento denuncia ante la Inspección de Policía. 3.4.2. Testimonios de: a) Fernando Navarrete Niño (archivo 30, minuto 01-25-17). b) Ivonne Marcela Navarrete Sarmiento [sic]. (Archivo 30, minuto 02-25-58).

c) Ovidio Espinosa Gallón (archivo 30, minuto 03-00-32). d) Octavio Enrique Navarrete. (Archivo 30, minuto 00-16-03). e) Kilian Joaquín Ávila Gutiérrez (Fs.94). f) Gustavo de Jesús Duque Arbeláez (FS.92).

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Radicación n.° 99161 En la demostración del cargo afirma que el Tribunal erró al no tener en cuenta que la demandante se separó de su cónyuge por ser víctima de violencia intrafamiliar y de género, debido al trato cruel, degradante e inhumano que recibieron ella y sus hijos por parte del causante, quien puso en peligro sus vidas y seguridad física. Aduce que este ignoró que ella convivió con Octavio Navarrete Niño durante 34 años y que, por causa de la violencia que vivió, tuvo que solicitar la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico y emigrar a otro país. Precisa que se omitió el análisis de las normas constitucionales y legales, así como el de la jurisprudencia relativas a la violencia de género, pues en casos como este debía protegerse el derecho fundamental a la seguridad social de quien entregó 34 años de su vida a un hogar en el que fue maltratada, tal como dieron cuenta los testigos. Menciona que no se realizó un estudio serio frente a la razón por la cual en este caso particular se configura la excepción para conceder la prestación, tal como se argumentó en el recurso de apelación. Señala que el

fallador no examinó con cuidado las pruebas del expediente en un tema tan sensible como el presente y se refirió superficialmente al asunto, ignorando los deberes del juez descritos en la sentencia CC T-012 de 2016, citada en la providencia CSJ SL1727-2020.

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Radicación n.° 99161 Expone que con base en los testimonios de Ivonne y Octavio Navarrete Vásquez -hijos del causante-, se admitió que existió violencia en su contra; sin embargo, no se otorgó el derecho porque no hubo continuidad en la convivencia. Señala que, pese a que confesó que desde 2004 cesaron los efectos civiles del matrimonio y emigró a Estados Unidos «[…] donde ha permanecido en estado de soltería», el fallador afirmó que contrajo nuevas nupcias, circunstancia que no se probó «[…] como lo exigen los artículos 102 y 105 del Decreto 1260 de 1970». Destaca que no se tuvo en cuenta la denuncia que presentó el 13 de marzo de 1992 donde expuso «[…] las barbaridades cometidas, entre ellas el [sic] de haber intentado ahorcar a su hijo de 15 años». Cuenta que el Tribunal indicó que después de la ruptura del vínculo matrimonial debía demostrarse continuidad en la convivencia y lazos de apoyo con el agresor, requisito que no solo luce impertinente, sino que además no se exige en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Igualmente, transcribe apartes de la sentencia CSJ SL2010-2019 y expone que la norma que regula la pensión

de sobrevivientes no exige a la cónyuge supérstite convivencia simultánea a la muerte del causante ni la vigencia del vínculo matrimonial, máxime cuando la separación fue por culpa de este debido a la violencia que ejerció contra su pareja.

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Radicación n.° 99161 Refiere que los hechos que otorgan la pensión de sobrevivientes están demostrados, pues el matrimonio católico es indisoluble sumado a que la norma solo exige que la cónyuge hubiera convivido con el causante por más de cinco años en cualquier tiempo, requisito que cumple, en la medida que permaneció a su lado por el lapso de 34. Así mismo, indica: Pero, además, no se tuvo en cuenta que es jurisprudencia adoctrinada, que los efectos civiles del matrimonio católico a la luz del derecho vigente, conforme a la constitución y la ley son: a) el cambio de estado civil de soltero a casado, b) la afiliación legitima para los hijos que nacen dentro del matrimonio o se legitiman por el vínculo y c) la sociedad conyugal que se forma por el hecho del matrimonio. De allí, entonces, que la consecuencia jurídica de la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, se reduce a determinar si la sociedad conyugal se disuelve para entrar en liquidación si antes no se había realizado, y por supuesto que aunque la pareja queda ligada al vínculo matrimonial religioso, pueden volver a casarse conforme a la ley civil, quedando vigente el vínculo conyugal católico por ser un sacramento indisoluble, el cual solo se finaliza con la nulidad declarada por

el Tribunal Eclesiástico o por muerte de uno de los contrayentes acorde con el Código Canónico (negrilla original). Lo anterior quiere decir, que al presentarse aquella figura vendría la liquidación de los bienes materiales tangibles de la masa y no los intangibles como sería la pensión de sobrevivientes constitutivo como derecho fundamental esencial de la seguridad social, en este caso el derecho de la demandante Sra. Vásquez Saramiento [sic] a la que se hizo acreedora con la pacífica convivencia simultánea a la ayuda en la construcción de la pensión de su esposo reconocida antes de que se presentara el cese de los efectos civiles del matrimonio, a más de que este se presentó a raíz del mal trato sufrido por la accionante probado y reconocido en el fallo. Por otra parte, asegura que no se analizaron los argumentos planteados en la apelación, pues no se resolvió

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Radicación n.° 99161 «[…] de manera clara y fehaciente si la cónyuge tenía o no derecho a la pensión de sobrevivientes, a pesar de que la separación o cesación de los efectos civiles del matrimonio católico aún vigente se dio por culpa del cónyuge fallecido» por el maltrato que ejerció sobre la demandante, lo que constituye una excepción a la exigencia de convivencia, tal como lo adoctrinó esta Corte en sentencia CSJ SL20102019. Manifiesta que los errores de hecho cometidos por el Tribunal quedaron demostrados con las pruebas calificadas del expediente y que, en razón a ello, se referiría a los

testimonios que no se valoraron en debida forma o que no se tuvieron en cuenta. Así las cosas, resalta que Fernando Navarrete Niño, Ovidio Espinosa Gallón, Kilian Joaquín Ávila Gutiérrez, Gustavo de Jesús Duque Arbeláez, Ovidio Espinosa Gallón, Octavio Enrique e Ivonne Marcela Navarrete Vásquez dieron cuenta de la convivencia ininterrumpida de los excónyuges por más de 34 años. Aduce que los hermanos Navarrete Vásquez indicaron que la relación de sus progenitores fue «caótica y tóxica» debido a la agresividad y alcoholismo de su papá, quién ejerció actos de violencia contra su madre y ellos. Sostiene que Gustavo de Jesús Duque y Kilian Joaquín Ávila informaron que, pese a la separación de los esposos, siguieron en comunicación por 17 años «[…] por

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Radicación n.° 99161 cuanto los unían lazos de afecto por el hogar que habían conformado» y que no hicieron nueva vida marital con otras personas. En ese orden, afirma que los excónyuges tuvieron una convivencia «[…] moral y espiritual que les permitió vivir solos todo el tiempo» en comunicación constante.

VII. RÉPLICA La EAAB - E.S.P., indica que la recurrente erró al acusar de manera simultánea algunas pruebas testimoniales como no valoradas y mal apreciadas.

Refiere que, contrario a lo dicho por aquella, el juez de apelaciones no desconoció que existió un vínculo

matrimonial por más de 34 años ni que el estatus de pensionado del causante se adquirió en vigencia de esa relación ni los hechos de violencia que dieron como resultado la separación de la pareja; luego, no se puede acusar de indebida apreciación las pruebas que demostraron esos hechos. Manifiesta que en el expediente no hay prueba que demuestre que entre los excónyuges existió apoyo moral, ayuda mutua, comprensión y cariño después de la separación que se dio en 2004. Aduce que, si bien la norma solo exige cinco años de convivencia en cualquier tiempo antes del fallecimiento del

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Radicación n.° 99161 pensionado para la pensión de sobrevivientes, lo cierto es que menciona como beneficiarios al cónyuge o compañero permanente supérstite; de ahí que solo quienes tengan esa calidad pueden acceder a la prestación. Así las cosas, precisa que, independientemente de las causas que originaron la terminación de la relación matrimonial, a la fecha de fallecimiento del causante los excónyuges tenían trece años de separados y, al no existir ni el vínculo legal ni la convivencia, la demandante no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes. Dice que a lo largo del proceso se mencionó que la separación se dio por hechos de violencia, «[…] los cuales no fueron probados» y que, si bien en algunas ocasiones la Corte ha protegido al cónyuge separado por ese motivo, lo cierto es que el Tribunal indicó que en esos casos existió continuidad en la convivencia y lazos de apoyo. Concluye que el cargo es infundado, en tanto la

convivencia por más de 34 años con el causante y los hechos de violencia no tienen la vocación de quebrar el fallo de segunda instancia.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de

interpretación errónea de los artículos:

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Radicación n.° 99161 […] 12 y 13 de la ley 797 de 2003, modificatorios de los artículo 42, 46 y 47 de la ley [sic] 100 de 1993, 1 de la ley [sic] 113 de 1985 y 1° y 2° de la ley [sic] 12 de 1975; 152 del C. Civil. 34 de la Ley 962 de 2005, 48 de la Carta Política y la jurisprudencia como norma consagrada en las sentencias de casación proferidas por la Corte Suprema de Justicia, SL. 1180 de 2022, con radicación 87811, SL. 1399/18 con radicación 45779, SL.5141/19, SL. 3251/21, SL.1869/20, SL. 1727/20, SL. 6519/17, SL.7299/15, SLSL.2010/19, con radicación 45045 de 2019 referidas al derecho de solicitar la pensión de sobrevivientes acorde con la convivencia y su ruptura por culpa imputable al cónyuge lo cual condujo a la INFRACCIÓN DIRECTA, al ignorar o rebelarse en aplicar los artículos 4, 46, 53, 228 y 230 de la Carta Política; artículo 7° de la Ley [sic]

artículos 1671, 1672 y 1673 del Código Canónico; artículos IIIVII y VIII del concordato suscrito entre Colombia y la Santa Sede el 12 de octubre de 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974; artículos 27, 31 y 64 del C. Civil. Luego de transcribir apartes de la sentencia, menciona que el Tribunal no ofreció una motivación clara y congruente, cuando indicó «[…] que para que la cónyuge supérstite pueda ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, es requisito indispensable la vigencia del vínculo matrimonial, que no se presenta en el examine», pues no existe prueba que demuestre que la unión se hubiera declarado nula por el tribunal eclesiástico que sería el competente jurídicamente.

Asegura que: […] es posible que se haya considerado que con el cese de los efectos civiles del matrimonio católico, éste había quedado extinguido; interpretación equívoca, porque en esta causa a la muerte del Sr. Navarrete Niño el acto canónico y por ende jurídico estaba en pleno vigor, por ser indisoluble y no se había anulado para poder afirmar que después de la nulidad había cesado definitivamente cualquier derecho civil o laboral; pues lo que sí había ocurrido era el cese de la convivencia desde enero 23 de 2004: (Art.42 incisos. 7, 8 y 9 de la Carta Política), no obstante que el apoyo moral como un intangible perduró hasta el fin de los días del causante como se demostró.

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Insiste en que:

[…] la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, se reduce a determinar si la sociedad conyugal se disuelve para entrar en liquidación si antes no se había realizado, y aunque los cónyuges quedan ligados al vínculo matrimonial religioso, pueden casarse conforme a la ley civil, quedando vigente el vínculo conyugal por ser un sacramento indisoluble, el cual solo se finaliza con la nulidad declarada por el Tribunal Eclesiástico o por muerte de uno de los contrayentes, acorde con los artículos 1671, 1672 y 1673 del Código Canónico; artículos IIIVII y VIII del concordato suscrito entre Colombia y la Santa Sede el 12 de octubre de 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974. […] En lógica jurídica constitucional, al presentarse aquella figura (cesación) vendría la liquidación de los bienes materiales tangibles de la masa y no los intangibles como sería la pensión de sobrevivientes constitutiva como derecho fundamental esencial de la seguridad social, en este caso el derecho de la demandante a la que se hizo acreedora con la pacífica convivencia simultánea a la ayuda en la construcción de la pensión de su esposo reconocida mucho antes de presentarse el cese de los efectos civiles del matrimonio, a más de haberse declarado a raíz del mal trato sufrido por la accionante, debidamente acreditado en los autos y reconocido en el fallo. Además, el cese de los efectos civiles del matrimonio católico no extingue el derecho por ser fundamental esencial declarado por la Corte Constitucional. T.398 de 2013 y T.245 de 2017;

Artículos 13 de la Ley 797 de 2003, 42, 48, 228 y 230 de la C.P interpretados erradamente unos e ignorados otros. […] Lo dicho es así, porque de acuerdo con la jurisprudencia adoctrinada SL 1399/18, reiterada en las sentencias SL.1180 con radicado 87811 de 2022, SL 362/21, SL. 1727/20, SL.4499/20, SL.1869/20, SL. 5141/19, entre otras; el derecho a la pensión de sobrevivientes la tiene el cónyuge que a la muerte de su pareja tiene vigente el vínculo matrimonial y ha convivido más de cinco (5) años en cualquier tiempo como en este asunto y entonces, las figuras del derecho de familia como la separación de bienes, la disolución de la sociedad conyugal y la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico no pueden impedir la adquisición de dicha prestación social. Por otra parte, sostiene que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 no prevé que con la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico se pierde el derecho a la

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Radicación n.° 99161 pensión de sobrevivientes, pues «[…] sería inconstitucional», resalta que lo único que exige es que exista convivencia superior a cinco años en cualquier tiempo, circunstancia que se encuentra acreditada en el proceso, pues los excónyuges convivieron por más de 34 años y hasta el fallecimiento del causante se apoyaron moralmente. En atención a ello, afirma que la sentencia no goza de presunción de legalidad, toda vez que incurrió en la

interpretación errónea no solo de la ley aplicable, sino también de la jurisprudencia al exigir convivencia después de la separación. Refiere que al causante le fue reconocida la pensión de sobrevivientes el 18 de marzo de 1986, de donde se puede concluir que la demandante ayudó a construir la prestación, ya que para esa época estaba vigente el vínculo matrimonial. Transcribe apartes de la sentencia CSJ SL1180-2022 relativa a la convivencia y el derecho de la cónyuge supérstite a recibir la pensión. Afirma que el Tribunal ignoró la convivencia que por 34 años tuvieron los cónyuges y que la demandante ayudó en la construcción y consolidación de la pensión de jubilación del causante. Seguidamente, asegura que fue enfática al mencionar que la separación con Navarrete Niño se dio como consecuencia del maltrato físico y psicológico y la violencia intrafamiliar que él ejercía sobre ella; no obstante, el apoyo

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Radicación n.° 99161 moral, la ayuda mutua, la comprensión y el cariño siguieron intactos en la pareja, al punto que no formaron vida marital con nadie más. Menciona que el maltrato quedó demostrado en el proceso y pese a que así fue reconocido en el fallo, el Tribunal pasó por alto la excepción a la convivencia y negó el derecho. Expone que se pretendía que la demandante se siguiera humillando frente al maltrato que le propiciaba su cónyuge. Dice que el fallador ignoró el contenido del artículo 7º

de la Ley 1160 de 1989 aplicable al caso porque los hechos de violencia y la separación se dieron en vigencia de esa norma y que de considerarse que no es aplicable, debe acudirse a la figura de la fuerza mayor y el caso fortuito contemplados en el artículo 64 del Código Civil que le permitía a la demandante fini