CSJ - SL617-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL617-2023 Radicación n.° 90790 Acta 08 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Procede la Sala a proferir sentencia de instancia dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARGARITA BRAVO DE HERNÁNDEZ en contra de la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Como se expresó en la sentencia CSJ SL2683-2022, la demandante, en esencia, pretendió el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 18 de abril de 2001, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Mario Hernández, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa de que trata el artículo 53 de la CP, junto con los

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Radicación n.° 90790 intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación. El Juez de primer grado resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la señora MARGARITA BRAVO DE HERNÁNDEZ tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge el señor MARIO HERNÁNDEZ, a partir del 17 de abril de 2001, en un monto del salario mínimo, con las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia debidamente indexadas. Mesadas pensionales que deben empezar a pagarse a partir del 18 de abril de 2001.

SEGUNDO: ORDENAR A COLPENSIONES incluya en nómina a la aquí demandante señora MARGARITA BRAVO DE HERNÁNDEZ, le brinde los servicios de salud necesarios en calidad de beneficiaria de la pensión dejada por su cónyuge señor

MARIO HERNÁNDEZ.

TERCERO: AUTORIZAR a la demandada Colpensiones a realizar los descuentos de dicha mesada pensional por los aportes en salud que se deban realizar a los aportes causados a partir del 18 de abril de 2001, fecha en la cual se reconoce se debe iniciar a pagar la pensión.

CUARTO: ORDENAR A COLPENSIONES, cancelar a lo actora un retroactivo pensional desde el 18 de abril de 2001 y hasta cuando sea incluida en nómina, por lo expuesto en precedencia sumas que deberán ser debidamente indexadas.

QUINTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES para que del retroactivo pensional que deuda a la demandante descuenta el valor de $2'970.812.00, dineros que canceló al señor MARIO HERNÁNDEZ como indemnización sustitutiva de la pensión, esto sin afectar el mínimo vital de la señora MARGARITA BRAVO.

SEXTO. ABSOLVER a la demandada COLPENSIONES, del pago de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: CONDENAR A COLPENSIONES, a pagar las costas procesales a favor de la parte demandante en un 100%. Tásense por Secretaría.

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Radicación n.° 90790

En grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 16 de septiembre de 2020, revocó el fallo del juzgado y absolvió de las pretensiones de la demanda. Esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL2683-2022, del 11 de julio de 2022, decidió el recurso de casación interpuesto por Margarita Bravo de Hernández, contra la sentencia proferida por el Tribunal, en la que se casó la decisión cuestionada, con el siguiente argumento: Con fines de resolver, debe la Sala comenzar por aclarar que, aun cuando mediante providencia del 7 de noviembre de 2014 (f.° 43, primer archivo del cuaderno digital del Juzgado), se tuvo por no contestada la demanda por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, el juez inicial, de manera oficiosa, en el decreto de pruebas, incorporó el Cd de folio 34 del cuaderno del Juzgado, contentivo de la historia laboral y el expediente administrativo de Margarita Bravo de Hernández, así como el Cd de folio 44 con la historia laboral y el expediente administrativo del fallecido Mario Hernández (f.° 101 del primer archivo del cuaderno digital del Juzgado). De allí que, en lo que comporta al expediente administrativo de la accionante Margarita Bravo de Hernández se constata la existencia de la Resolución n.° GNR 285927 del 18 de septiembre de 2015 cuya apreciación acusa la impugnante y que no se ocupó de individualizar en la extensa foliatura de este. Analizada la prueba en lo que se refiere a la queja de la

recurrente, quien dice que de ella no se decanta que se encontrara disfrutando de la sustitución pensional que se dio por establecida en la segunda instancia, encuentra la Sala que en dicho acto administrativo, que se presentó como consecuencia de la negación de la solicitud de la pensión de sobrevivientes deprecada, en efecto, como bien lo alega la censura, no se ventiló su derecho y menos aún, consta el reconocimiento de sustitución pensional alguna en su favor, puesto que atiende a la solicitud prestacional de «Victoria González» en calidad de «compañera permanente» del fallecido Mario Hernández, persona completamente ajena al presente proceso.

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Radicación n.° 90790 […] Así, es evidente que el Tribunal, por falta de atención, incurrió en el reprochable error de dar por establecido, a partir de ese documento, que la actora disfrutaba de la sustitución pensional de la prestación reconocida por la extinta Puertos de Colombia al causante, misma a partir de la cual razonó que no era posible dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa con fines de reconocer su derecho a la pensión de sobrevivientes. […] De forma que, la única limitante impuesta por la jurisprudencia de esta Corporación en el tránsito legislativo que aquí se ventila, esto es, una pensión de sobrevivientes cuya norma aplicable al caso es la Ley 100 de 1993 en su versión original, puesto que el causante falleció el 17 de abril de 2001 y respecto a la cual se pretende que se reconozca con el Acuerdo 049 de 1990, es que se acuda a la norma inmediatamente anterior vigente a la que

regularía, siempre que el afiliado hubiere cotizado 300 semanas o más antes de la vigencia del estatuto de la seguridad social, pero con la condición de que el deceso se verifique en vigencia de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1967-2022), lo cual, es plenamente aplicable en este caso (f.° 93 a 95 del primer archivo del cuaderno digital del Juzgado), sin que a este, le impongan la temporalidad que por vía jurisprudencial se consideró cuando se trata del paso entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003. En sede de instancia y, para mejor proveer, se dispuso que, por secretaría, se oficiara a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para que, en el término de 10 días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, allegara al expediente certificación en la que conste si con ocasión del fallecimiento del señor Mario Hernández, ocurrido el 17 de abril de 2001, se presentaron beneficiarios reclamantes adicionales; si a los mismos les fue reconocida prestación pensional o sustitutiva alguna; si se encuentra en curso algún trámite al respecto; y, lo propio, pero respecto a Margarita Bravo de Hernández. Todo lo anterior en forma detallada, clara y concreta.

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Radicación n.° 90790 La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, dio respuesta al oficio librado por la Secretaría de la Corte, señalando mediante misivas del 18 de agosto de 2022, que […] revisada la base de datos de la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, se

determinó que, con corte al período de julio de 2022, no se registran pensiones de sustitución o sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor HERNÁNDEZ MARIO, quien se identificaba en vida con la C.C. 2497852. Por otra parte, se determinó que a la señora BRAVO DE HERNÁNDEZ MARGARITA, quien se identifica con la C.C. 29208153, le fue reconocida PENSION DE VEJEZ. Dicha prestación ingresó en la Nómina de Pensionados en el período de diciembre de 1992, registrando en estado activa con corte al período de julio de 2022. Así mismo, informó que […] una vez verificado el expediente del asegurado MARIO HERNÁNDEZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con Cédula de Ciudadanía No. 2.497.852, se observan las siguientes solicitudes de Pensión de Sobrevivientes: Radicado No. 216977 del 28 de agosto de 2001: por medio del cual se presenta la señora MARGARITA BRAVO DE HERNÁNDEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 29.208.153, quien solicita el reconocimiento de la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes a causa del fallecimiento del señor MARIO HERNÁNDEZ en calidad de Cónyuge. Mediante Resolución No. 013278 del 1 de diciembre de 2003 el Instituto de Seguros Sociales resuelve negar el reconocimiento de la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes solicitada por la señora Margarita

Bravo de Hernández. Radicado No. 2013_6835108 del 24 de septiembre de 2013: por medio del cual se presenta el abogado Marino Riascos Salazar identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.476.511 y T.P. 91.193 D1 del C. S de la J, actuando en representación de la señora VICTORIA GONZÁLEZ

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Radicación n.° 90790 identificada con Cédula de Ciudadanía No. 66.731.914, quien solicita el reconocimiento de la Pensión de Sobrevivientes a causa del fallecimiento del señor MARIO HERNÁNDEZ en calidad de Compañera Permanente. Mediante Resolución GNR 285927 del 18 de septiembre de 2015 esta Administradora de Pensiones resuelve negar el reconocimiento de la Pensión de Sobrevivientes solicitada por la señora Victoria González. Radicado No. 2015_9690541 del 09 de octubre de 2015: por medio del cual se presenta el abogado Marino Riascos Salazar, ya identificado, actuando en representación de la señora Victoria González, presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución GNR 285927 del 18 de septiembre de 2015. Mediante Resolución GNR 404292 del 12 de diciembre de 2015 esta Administradora de Pensiones resuelve recurso de reposición y decide confirmar en todas sus partes la Resolución GNR 285927 del 18 de septiembre de 2015. Posteriormente, mediante Resolución VPB 12163 del 11 de

marzo de 2016 esta Administradora de Pensiones resuelve recurso de apelación y decide confirmar en todas sus partes la Resolución GNR 285927 del 18 de septiembre de 2015. Radicado No. 2019_7955323 del 13 de junio de 2019: por medio del cual se presenta el abogado Gener Obregón Izajar identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.839.726 y T.P. 186.026 del C. S de la J, actuando en representación de la señora Victoria González, ya identificada, a fin de solicitar el reconocimiento de la Pensión de Sobrevivientes a causa del fallecimiento del señor MARIO HERNÁNDEZ en calidad de Compañera Permanente. Mediante Resolución SUB 195668 del 24 de julio de 2019 esta Administradora de Pensiones resuelve negar el reconocimiento de la Pensión de Sobrevivientes solicitada por la señora Victoria González. Con posterioridad a esta última solicitud, no se han radicado más peticiones en relación al reconocimiento de la Pensión de Sobrevivientes a causa del fallecimiento del señor MARIO HERNÁNDEZ (Q.E.P.D) que se encuentren por resolver. Surtido lo anterior, previo traslado a las partes, retornó el expediente, a efectos de dictar la siguiente,

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Radicación n.° 90790

II. SENTENCIA DE INSTANCIA En sede de instancia, es necesario precisar que el juez inicial acogió las pretensiones de la demanda, al considerar en primer lugar que, de acuerdo a la fecha del fallecimiento del señor Mario Hernández (17 de abril de 2001), la

normatividad aplicable era la Ley 100 de 1993, artículo 46 y que de acuerdo a la historia laboral del causante este había cotizado un total de 552.14 semanas entre el 1° de febrero de 1970 y el 31 de agosto de 1980, por lo que no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes por no haber cotizado el número de semanas requerido. No obstante lo anterior, señaló que en aplicación del principio de la condición más beneficiosa y en consonancia con el precedente jurisprudencial, la normatividad anterior al fallecimiento del señor Hernández, era el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, y que en concordancia con el reporte de semanas cotizadas, este había cotizado más de 300 semanas en cualquier época, por lo que dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. De otro lado, indicó que respecto al interrogante según el cual, si la pensión otorgada por Puertos de Colombia al causante es excluyente con la pensión que otorga Colpensiones, refirió que el tema se reguló a partir del año 1985 y en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990; y que como las pensiones de Foncolpuertos no son financiadas con los recursos de los fondos de pensiones, sino con recursos que parten del propio creador, quien asume esta carga

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Radicación n.° 90790 prestacional al no afiliar al trabajador a un fondo de pensiones, mientras que los recursos administrados por Colpensiones provienen de los propios afiliados que van a un fondo solidario para el pago de su futura pensión, no se

pueden tener como dineros públicos a pesar de ser administrados por una entidad pública, por tanto aquí no operaba la prohibición del artículo 128 de la CP, por lo que tales pensiones no resultaban excluyentes. En lo que atañe a la acreditación de los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivencia, advirtió el juzgado que, de acuerdo a las probanzas, se demostró que la demandante y el causante convivieron como cónyuges hasta el momento de su muerte por espacio de 40 años de manera continua e ininterrumpida, por lo que el 100% de la pensión de sobrevivientes debía ser adjudicado a la señora Margarita Bravo de Hernández. Así mismo, puso de presente que la referida pensión debe ser reconocida desde el deceso del causante, esto es el 17 de abril de 2001, como quiera que al no haber tenido por contestada la demandada por parte de Colpensiones, la excepción de prescripción formulada no tenía aplicación. En cuanto al reconocimiento de los intereses moratorios, se anotó que no proceden en este caso, como quiera que la prestación se reconoció bajo el marco del Acuerdo 049 de 1990 y en aplicación de la condición más beneficiosa.

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Radicación n.° 90790 Finalmente expuso que el hecho de que el causante haya recibido en vida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no impedía el reconocimiento pensional ahora deprecado, de acuerdo al precedente jurisprudencial y autorizó a Colpensiones que del retroactivo adeudado descontara el valor reconocido por concepto de

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Entonces, en sede de instancia, el problema jurídico consiste en determinar si el señor Hernández, al momento de su fallecimiento, dejó causado el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, conforme al Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en caso positivo, igualmente si la señora Margarita Bravo de Hernández, en calidad de cónyuge supérstite, acredita los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y si hay lugar a pagar intereses moratorios o a ordenar la indexación. Ahora bien, en sede casacional quedó claro que a la señora Margarita Bravo de Hernández, no le fue sustituida la pensión de jubilación convencional reconocida al señor Hernández, por la extinta empresa Puertos de Colombia. Igualmente, que la pensión de jubilación convencional a la que se hizo alusión en precedencia, no fue reconocida a la señora Victoria González, quien también compareció ante Colpensiones a reclamar la pensión de sobrevivientes, como se evidenció, entre otras, en la Resolución n.° GNR 285927 del 18 de septiembre de 2015, que atendió la solicitud

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Radicación n.° 90790 prestacional de «Victoria González» en calidad de «compañera permanente» del fallecido Mario Hernández, además de la respuesta proporcionada el pasado 18 de agosto de 2022, por Colpensiones al requerimiento realizado por esta Corporación, que da cuenta de las solicitudes de pensión de sobrevivientes elevadas tanto por Margarita Bravo de

Hernández como por Victoria González. Al punto, resulta evidente que además de la señora Margarita Bravo de Hernández, existe otra persona con interés en la prestación pensional aquí reclamada, que no hace parte del proceso de la referencia y resulta imperioso precisar que en eventos como este, ni por previsión legal ora por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que da origen al proceso, se aprecia la necesidad de integrar el contradictorio, ya que la relación jurídica, tal como aquí se plantea, no está formada por un conjunto plural de sujetos que no pueda dividirse y que exija su comparecencia de manera imperativa al proceso, por el contrario, cada uno de los beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás. Al respecto en sentencia CSJ SL 15 feb. 2011, rad. 34939, se indicó: Al margen de lo dicho, cabe anotar, que ha sido criterio adoctrinado de la Sala, que en controversias como la que ocupa la atención de la Sala, por lo general no se da la figura del litisconsorcio necesario entre la cónyuge y otro beneficiario que para el caso correspondería a la hija extramatrimonial del causante <mayor de edad que adelanta estudios>, y al respecto conviene traer a colación lo señalado por la Corte en sentencia del 24 de junio de 1999 radicado 11862, reiterada en casación del 21 de febrero de 2006 radicación 24954, que aunque era en relación con la comparecencia de la compañera permanente, sus enseñanzas tienen plena aplicabilidad en este asunto, oportunidad en la cual se dijo:

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Radicación n.° 90790 “(....) Tiene razón el recurrente, puesto que el ad quem se equivocó al concluir que era necesario integrar un litis consorcio entre la cónyuge sobreviviente, demandante, y la presunta compañera del mismo, puesto que según lo tiene establecido esta Sala, ni por previsión legal, como tampoco por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que dio origen al juicio se da la exigencia señalada por el sentenciador, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás. Entre otras, en la sentencia de radicación 6810 del 2 de noviembre de 1994 se estudió el punto […]. Y más recientemente la sentencia CSJ SL 16855-2015, enseñó: […] estima la Sala pertinente traer a la memoria que en casos como el presente, la Corte ha dicho que entre posibles beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, verbi gracia entre cónyuge y compañera(o) permanente, no es posible predicar un litis consorcio necesario, pues la resolución de la controversia judicial puede darse en favor de una de ellas sin que sea necesario la comparecencia de la otra, pues el eventual mejor derecho de la última puede ser objeto de declaración en otro juicio. […] Ese criterio ha sido constante y pacífico, como se refleja, entre otras, en sentencias CSJ SL, del 24 jun. 1999, rad. 11862, del 21 de feb. de 2006, rad. 24954, del 15 de feb. y 25 de oct. del

2011, radicaciones 34939 y 36379; y más recientemente en la del 22 de ag. de 2012, rad. 38450, habiéndose expuesto en la primera lo siguiente: “(...) Tiene razón el recurrente, puesto que el ad quem se equivocó al concluir que era necesario integrar un litis consorcio entre la cónyuge sobreviviente, demandante, y la presunta compañera del mismo, puesto que según lo tiene establecido esta Sala, ni por previsión legal, como tampoco por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que dio origen al juicio se da la exigencia señalada por el sentenciador, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás. En la última de las sentencias referidas, esta Sala de Casación,

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Radicación n.° 90790 asentó: “En efecto, ha sostenido de antaño esta Corporación que cuando está en discusión el derecho a una pensión de sobrevivientes entre la cónyuge y compañera permanente del causante no es necesario y riguroso integrar un litis consorcio, puesto que ni por previsión legal, como tampoco por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que da origen al juicio se da la exigencia procesal señalada, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás. En tratándose de la pensión de sobrevivientes, que fue la

pretensión definida en las instancias, no obstante que la demandante accionó en contra de Ecopetrol y de la señora Marlene Guerrero Fuentes, no resultaba dable considerar a ésta como litisconsorte necesaria, porque dicha prestación sólo era posible ser reconocida y pagada por la empresa demandada, y además, si no hubiera comparecido al juicio, ello no le impedía posteriormente reclamar judicialmente su anhelado derecho pensional. De lo anterior, se colige que no resulta imperativa la concurrencia de cónyuge y compañera permanente dentro del mismo proceso para efectos de dilucidar la controversia planteada por alguna de ellas y determinar la asistencia del derecho pensional, en tanto que en caso de un eventual mejor derecho de quien no hizo parte en el proceso puede ser objeto de declaración en otro. Claro lo previo, se continua con el estudio respectivo así: No generan discusión los siguientes aspectos fácticos: i) el matrimonio celebrado entre el causante y la demandante el 29 de enero de 1956; ii) que el causante estaba asegurado en el ISS para los riesgos de IVM; iii) que el hoy fallecido realizó cotizaciones desde el 1 de febrero de 1970 hasta el 31

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Radicación n.° 90790 de agosto de 1980, para un total de 552.14 semanas; iv) que la fecha de muerte del de cujus, fue el 17 de abril de 2001; v) que al momento del deceso no se encontraba cotizando al sistema general de pensiones. Debe decirse que esta Corporación ha señalado, en varias oportunidades, que cuando un afiliado fallece en

vigencia de la Ley 100 de 1993, sin reunir 26 semanas al momento de deceso, si era cotizante, o la misma densidad, pero en el año anterior a la ocurrencia del hecho nefasto; si no se tenía esta condición, debía reunir, para hacer efectivo el postulado de la condición más beneficiosa, las condiciones previstas en los artículos 6° y 25 del Acuerdo 049 de 1990. De ahí que se ha establecido, para la viabilidad de la condición más beneficiosa, que el causante reúna, al entrar en vigor la mencionada normativa, al menos 300 semanas en cualquier tiempo antes de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 o 150 dentro de los 6 años anteriores a la muerte, e igual número a la entrada en rigor de la mencionada Ley. Así, entre otras, en reciente sentencia de casación CSJ SL1663-2021, al respecto, se indicó: En todo caso, cabría decir, que no se equivocó el Tribunal al estudiar el asunto de esa manera, ya que la jurisprudencia de la Corte ha enseñado, que en tratándose de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al régimen de prima media, cuando ella acontezca en vigencia de la Ley 100 de 1993, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa busca resguardar las prerrogativas de los derechohabientes, otorgándoles la prestación por muerte, aunque el causante no hubiera cotizado 26 semanas al momento del deceso (afiliado cotizante) o en el año inmediatamente anterior (afiliado no

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Radicación n.° 90790 cotizante), exigidas por el artículo 46 de dicha ley -en su versión original-. Pero para hacer efectivo tal principio, el causante deberá haber reunido –al momento de entrar a regir el sistema, las condiciones (semanas cotizadas) exigidas por los artículos 6° y 25° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, o sea, las requeridas por el régimen inmediatamente anterior a la citada ley. Así, la Sala ha establecido que, para considerar viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el evento de una pensión de sobrevivientes, el causante debió haber reunido una de las siguientes condiciones: 1) al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de1993, haber cotizado al menos 300 semanas en cualquier tiempo; o 2) haber cotizado al menos 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del fallecimiento, e igual número a la entrada en vigencia de la citada ley. En sentencia CSJ SL4064-2019, sobre la aplicación de este principio, se indicó: «Pues bien, para dar respuesta a los planteamientos de la censura, importa recordar que en estos casos, en los que el óbito del causante ocurre en vigencia la Ley 100 de 1993, en su redacción original, la Corte ha aceptado la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en aras de permitir un estudio de la prestación a la luz de lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, de lo que son ejemplo las sentencias CSJ SL, 13 ag. 1997,

rad. 9758, CSJ SL, 9 jul. 2008, rad. 30581, CSJ SL, 12 abr. 2011, rad. 41300, y CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 47174. En la última de las providencias mencionadas, esta Corporación explicó: En lo que tiene que ver con el fondo de la acusación, contrario a lo que sostiene la censura, el Tribunal sí reconoció que el afiliado había fallecido durante la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, por tal razón, esa era la norma llamada a regular el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. No obstante, también entendió que a pesar de que no se reunían los requisitos allí definidos, era posible acudir a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por virtud del principio de la condición más beneficiosa. Con dicha reflexión no incurrió en alguna imprecisión jurídica, pues esta Sala de la Corte ha sostenido de manera reiterada que cuando la muerte del afiliado ocurre en vigencia de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, es posible estudiar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con apego a los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, por virtud del principio de la condición

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Radicación n.° 90790 más beneficiosa. Dicha orientación ha sido mantenida desde la sentencia del 13 de agosto de 1997, Rad. 9758, en la que se dijo

al respecto: (…) Además cabe resaltar que mientras los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron como requisitos de aportes para la pensión de sobrevivientes de origen común reunir 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo, el nuevo ordenamiento legal de prima media con prestación definida de la ley 100 redujo las semanas a sólo 26 en cualquier tiempo para quienes estuvieren afiliados al momento de la muerte, y para quienes dejaron de cotizar al sistema introdujo la condición de que las mismas 26 hubiesen sido sufragadas dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento, por lo que ante tal realidad y en atención al postulado protector propio del derecho del trabajo y de la seguridad social, se actualiza por excelencia en el caso objeto de estudio, el principio de la condición más beneficiosa, contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política. En consecuencia, sería violatorio de tal postulado y del principio constitucional de la proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de la ley 100 - que redujo drásticamente el requisito de intensidad de semanas -, quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al momento de su deceso. Por lo anterior, la circunstancia de no haber cotizado el causante

ninguna semana al ISS, en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, en manera alguna apareja la ineficacia de sus aportes durante más de 20 años (más de 1.200 semanas), porque esa condición más beneficiosa estatuida en el régimen del Acuerdo 049 está amparada por el artículo 53 supralegal y por ende tiene efectos después del 1º de abril de 1.994, para la eficacia del cubrimiento del seguro de invalidez, vejez y muerte, dado que el mínimo de semanas requerido estaba más que satisfecho; es más, era tal la densidad de ellas que superaba las exigidas para la pensión de vejez ( artículo 12 del mismo Acuerdo). Así mismo, no escapa a la Sala que ante una contradicción tan evidente, impone el sentido común el imperio de una solución cimentada en una interpretación y aplicación sistemática de normas y en el espíritu de las mismas, consultando los principios

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Radicación n.° 90790 de equidad y proporcionalidad. Y en tal orden de ideas se apartaría de estos postulados la decisión jurisdiccional que sin ningún análisis contextual aplicara al caso el artículo 46 de la ley 100 de 1.993, y so pretexto de haberse producido el deceso a los 3 meses y 23 días de entrar en vigencia el nuevo régimen de seguridad social y de no tener cotizadas el causante 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, se negase a sus derechohabientes la pensión de sobrevivientes, que edificó el afiliado durante más de 20 años, las que le daban derecho a causar no sólo pensión de sobrevivientes sino aun a estructurar

el requisito de aportes para la pensión de vejez. Si se acogiera tal solución fría y extremadamente exegética se llegaría al absurdo que un mínimo de cotizaciones efectuadas durante solo 6 meses anteriores a