CSJ - SL643-2024

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL643-2024 Radicación n.°94983 Acta 4 Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ECOSTOR INDUSTRIES S.A.S., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 10 de marzo de 2022, en el proceso que instauró SANTIAGO ORTIZ OROZCO contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES Santiago Ortiz Orozco llamó a juicio a ECOSTOR Industries S.A.S, con el fin de que le sea reconocido el auxilio de transporte o bono de transporte como factor salarial, la indemnización moratoria con ocasión del no pago de salarios y prestaciones sociales consagrada en el Código Sustantivo de Trabajo, dado que se dejaron de pagar primas

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Radicación n.° 94983 de servicios, cesantías y seguridad social (salud, pensión y fondo de solidaridad pensional), por haberse utilizando montos que no obedecían al real salario. Tal condena debe computarse desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha de la sentencia, el pago de la indemnización por terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y aportes a la seguridad social. Que se declare que la demandada utilizó la figura de auxilio de transporte para fragmentar el salario y que dicho auxilio hace parte del salario fijado en el contrato de trabajo

a término indefinido suscrito desde el año 2013.

Que se declare que:  La cláusula décima quinta presente al final del contrato de trabajo suscrito por las partes conforme la normatividad vigente es nula, ineficaz o inaplicable, pues no cumple con los requisitos mínimos legales para ser vinculante para las partes;  Que la cláusula compromisoria suscrita fue una maniobra de mala fe; que existió mala fe por parte de la empresa pues nunca hizo un esfuerzo por estar al día con el pago de sus obligaciones;  Que se realizó un descuento ilegal en enero de 2018 respecto de las vacaciones para pagar el valor correspondiente a salud, pensión y el fondo de solidaridad pensional.

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Radicación n.° 94983 Fundamentó sus peticiones, en lo que interesa al recurso de casación, en lo siguiente: Suscribió contrato de trabajo a término indefinido con la empresa demandada desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 13 de noviembre de 2018 cuando presentó su renuncia, que el salario devengado para el año 2013 era de $1.350.000; que su cargo era de coordinador de producción y en las labores anexas y complementarias al mismo, que desde el año 2013 se le pagaba una suma que se denominada auxilio de transporte o bono de transporte, que no corresponde al regulado por el Código Sustantivo del Trabajo; que dicho auxilio no era tenido en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. Afirmó que le fueron pagados de manera incompleta y tardía las cesantías correspondientes al año 2016, las

cuales se pagaron el 6 de noviembre de 2018; las cesantías del año 2015 se pagaron con un salario base inferior y no fue incluido el auxilio de transporte; las cesantías del año 2017 fueron pagadas el 20 de febrero de 2018 y con un salario menor al real; las cesantías del año 2017 se pagaron con un salario base menor. Agregó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del CST el auxilio de transporte constituye salario y debió ser tenido en cuenta para la liquidación de cesantías, primas y seguridad social.

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Radicación n.° 94983 La demanda no fue contestada dentro del término.

II. SENTENCIA DE PRIMERA

INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Funza, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia de 2 de noviembre de 2021 (fls. 272275), decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor SANTIAGO ORTIZ OROZCO y la sociedad ECOSTOR INDUSTRIES S.A.S. existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido vigente desde el 01 de agosto de 2013 hasta el 13 de diciembre de 2018 por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR que el concepto de auxilio de transporte que fue reconocido durante la vigencia de la relación laboral constituye salario en los términos del art. 127 del C.S.T. conforme a los argumentos reseñados en la parte de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la empresa demandada

ECOSTOR INDUSTRIES S.A.S. a realizar el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones a favor del señor SANTIAGO ORTIZ OROZCO durante los siguientes periodos: a) Del 01 de agosto de 2013 y hasta 31 de diciembre de 2013 sobre un ingreso base de cotización de $1.700.000,00. b) Del 01 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014 sobre un ingreso base de cotización de $1.721.000,00. c) Del 01 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015 sobre un ingreso base de cotización de $2.127.000,00. Acá debe dejarse claro que los periodos en los que se realizaron los aportes deberán cancelar la diferencia entre el valor pagado por la empresa y el valor que ha debido reconocerse conforme al salario antes señalado. d) Del 01 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016 sobre un ingreso base de cotización de $2.909.600,00.; durante este periodo igualmente deberá pagar el empleador los aportes sobre la diferencia entre el

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Radicación n.° 94983 valor que pagó al fondo de pensiones y el valor que debió reconocer. e) Del 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 sobre un ingreso base de cotización de $3.632.000,00.; durante este periodo igualmente deberá pagar el empleador los aportes sobre la diferencia entre el valor que pagó al fondo de pensiones y el valor que debió reconocer. f) Del 01 de enero de 2018 y hasta el 13 de diciembre de

2018 sobre un ingreso base de cotización de $3.817.296,00.

CUARTO: CONDENAR a la demandada ECOSTOR INDUSTRIES S.A.S. a pagar al señor SANTIAGO ORTIZ OROZCO las siguientes sumas y conceptos: Por concepto de la prima de servicios del año 2017 la suma de $3.632.480,00. Por concepto de diferencias no reconocidas a favor del trabajador demandante sobre la liquidación del año 2018 las siguientes cantidades: a) Sobre las cesantías $333.471,80 b) Sobre los intereses a las cesantías $38.127,31. c) Sobre Primas de servicios $2.067.119,80 d) Sobre compensación en dinero por vacaciones $84.868,40 e) Frente al rubro de compensación en dinero por vacaciones deberá pagarse debidamente indexado este valor desde la fecha de su causación, esto es, desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el momento en que se verifique el pago tomando en cuenta el Índice de Precios al Consumidor

(IPC) certificado por el DANE. f) Por concepto de sanción por no consignación oportuna al fondo de cesantías correspondiente al año 2015 la suma de $25.524.000,00. g) Por concepto de sanción por no consignación oportuna al fondo de cesantías correspondiente al año 2016 la suma de $34.915.200,00. h) Por concepto de sanción por no consignación oportuna al fondo de cesantías correspondiente al año 2017 la suma de $36.203.717,33. i) Por concepto de sanción moratoria que contempla el art.

65 del C.S.T. liquidada desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el día 13 de diciembre de 2020, a razón de un día de salario por cada día de mora la suma de $96.642.917,33; a partir del 14 de diciembre de 2020 y en adelante deberá pagarse intereses liquidados a la tasa más alta que certifique la Superintendencia Financiera de Colombia intereses moratorios sobre los conceptos de cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios. j) Por concepto de indemnización por despido sin justa causa la suma de $15.141.940,80. QUINTO: CONDENAR a la sociedad demandada a pagar al trabajador demandante por concepto a) de diferencias del auxilio de cesantías del año 2015 la suma de $350.000,00.

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Radicación n.° 94983 QUINTO. CONDENAR a la sociedad demandada a pagar al trabajador: b) por concepto de diferencia a los intereses a las cesantías del año 2015 la suma de $42.000,00. c) Por concepto de diferencia de las cesantías del año 2017 la suma de $116.880,00. d) por concepto de diferencia de los intereses a las cesantías la suma de $14.025.60

III. SENTENCIA DE SEGUNDA

INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante fallo de 10 de marzo de 2022 al estudiar el recurso de apelación presentado por la demandada decidió confirmar la sentencia de primera instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró necesario estudiar cuatro temas: 1)

determinar si el auxilio o bono de transporte y movilización tiene naturaleza salarial, como lo determinó el juzgado, o si dicho carácter fue excluido por acuerdo expreso de las partes; 2) si la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías, solo procede cuando hay omisión completa de pago, o si igualmente es viable cuando la consignación es parcial; 3) si en la falta de pago de prestaciones sociales al terminar el contrato de trabajo y en la omisión de pago completo y oportuno de las cesantías anuales puede vislumbrarse que hubo buena fe de la empresa; y 4) determinar si se estableció que el contrato terminó por despido indirecto.

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Radicación n.° 94983 Naturaleza Salarial del auxilio o bono de transporte. En relación con el primer problema jurídico el ad quem tuvo en cuenta el contenido de los artículos 127 y 128 del CST; refirió que el primero define el concepto de salario y expresa que está constituido no solo por la remuneración ordinaria sino todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio «sea cualquiera la forma o denominación que se adopte» como sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas o comisiones. A su turno, el segundo, constituye la antípoda del anterior, y define lo que no es salario, para lo cual utiliza las nociones de ocasionalidad y mera liberalidad en su recepción por el trabajador.

Con tal definición al analizar el contrato de trabajo encontró que las partes acordaron en una de las cláusulas del contrato de trabajo el pago de un salario de $1.350.000, más un auxilio de transporte de $350.000 pagadero mensualmente, aunque en números aparece $400.000. Así mismo, en la cláusula cuarta acordaron que no constituye salario los pagos o reconocimientos que se le hagan al trabajador en dinero y/o especie por concepto de beneficios o auxilios ocasionales o habituales acordados estatutariamente, comercial o contractualmente u otorgados en forma extralegal por la empresa, tales como alimentación, vehículo, habitación, vestuario, transporte, auxilio de transporte o movilización, hoteles, aguinaldos, pasajes,

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Radicación n.° 94983 uniformes, sobresueldos, primas o bonificaciones extralegales de vacaciones, de servicios o cualquier otro beneficio adicional a los antes mencionados. Precisó el Tribunal que el solo hecho de que un concepto o pago determinado sea excluido por las partes en el contrato de trabajo de su connotación salarial, no significa que los jueces deben atenerse de manera inexorable a dicha calificación, o tenerla como incuestionable, porque en este campo también aplica el principio de primacía de la realidad, que se traduce en que debe darse prevalencia a los datos de la realidad sobre la que brote de los documentos. Por otro lado, señaló que tampoco es dable tener como espurio todo convenio que las partes realicen al respecto, pues se trata de una potestad legal que se da a los contratantes para que a su arbitrio provean sobre la

materia, sin que se trate desde luego, de un poder absoluto e ilimitado. En el caso concreto, a juicio de la segunda instancia resulta pertinente tener en cuenta que según ha considerado la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral), la suma que se excluya de su naturaleza salarial debe destinarse al objeto que se anuncia en la estipulación o cláusula respectiva; es decir, que si se trata de un auxilio de transporte, debe no solo hacerse la especificación respectiva, sino demostrar que había unos requerimientos extraordinarios en materia de transporte para llegar al sitio

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Radicación n.° 94983 de trabajo o para prestar los servicios, que justifiquen ese pago adicional, y que se entendería que se excluyese de la calidad de salario en tanto no está destinado a enriquecer el patrimonio de quien lo recibe, ni a remunerar su labor, sino a compensar unos gastos de movilización superiores a los usuales, regulación que debe quedar expresada y además ser demostrada en el curso del proceso, sin que sea suficiente con su simple alegación. En esa medida le asiste razón al juez de primera instancia. Advirtió que la suma pactada como auxilio no presentaba justificación en relación con los requerimientos extraordinarios de transporte, pues nada se dijo sobre ese punto, amén de que tampoco acreditó de forma fehaciente que la suma reconocida se destinara a esos menesteres, con lo que se incumplieron las exigencias contenidas en la sentencia SL 4304-2021, -precedente vigente al momento de proferir la decisión-. Respecto de la sanción moratoria. En relación con la sanción moratoria señaló el

Tribunal que, si bien el art. 99 de la Ley 50 de 1990 parecería indicar que la sanción procede cuando hay omisión total en la consignación de las cesantías, esa interpretación literal fue rechazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 403-2013, reiterada, entre otras, en la decisión de instancia de 25 de abril de 2018, radicado 44426, SL 1451-2018, al considerar que la sanción es viable tanto cuando no se

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Radicación n.° 94983 consigna como cuando se hace de manera deficiente o deficitaria, claro está siempre que se descarte que dicha conducta haya estado revestida de buena fe. Explicó el ad quem que el solo pago insuficiente no conlleva, sin más, la aplicación de la sanción, pues ello implicaría la aplicación automática de la misma, ya que en todo caso deben analizarse las razones de la conducta del empleador. De modo que el planteamiento de la recurrente, desde el punto de vista estrictamente jurídico en cuanto entraña el alcance de una disposición normativa, no es de recibo. Buena fe en el no pago de las prestaciones sociales. Consideró el Tribunal que el a quo tuvo en cuenta para imponer la sanción por falta de consignación de cesantías, tanto la consignación deficitaria por no incluir el factor salarial de auxilio de transporte, como el pago tardío de algunos años, en especial, los años 2016 y 2017, que solo vinieron a consignarse en noviembre de 2018. Y para la sanción moratoria del artículo 65 invocó también el pago

deficiente ya mencionado, como la falta de pago de algunas prestaciones, como las primas de servicios de unos años (folios 40-41). En relación con el pago tardío de las cesantías, el recurso de apelación no hace ningún cuestionamiento. Y es claro, además, que no adujo ni demostró ninguna razón plausible para considerar que su conducta omisiva hubiese

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Radicación n.° 94983 estado revestida de buena fe, la cual debe entenderse como aquellos comportamientos rectos y honestos, la conciencia de haber obrado legalmente y con ánimo exento de fraude, o la creencia fundada y razonable de no deber, pues no se entiende cómo pudo abstenerse de cumplir durante varios periodos con la referida obligación de consignar en un fondo, que es clara y evidente. Añadió que el hecho de que posteriormente hubiese consignado una suma no puede dar paso a concluir que existe buena fe, pues ya el incumplimiento se había producido y generado todas sus consecuencias legales. Y, en lo atinente a la consignación deficiente, tampoco se vislumbran esas razones de buena fe, por cuanto no es claro que cuando las partes realizaron el pacto de exclusión salarial pudieran existir dudas fundadas sobre la naturaleza salarial del auxilio de transporte, dado que por ningún lado se consignaron las razones para justificar su inclusión, ni mucho menos se adujo ni demostró que esos dineros se destinaron al objeto que se podía deducir de su denominación, siendo que se trató de un pago habitual y permanente y por ende, se presumía su carácter salarial.

De otra parte explicó el Tribunal que la sanción moratoria del artículo 65 del CST también se impuso por la falta de pago de unas primas de servicios, aspecto este que no es mencionado por la recurrente, y que por sí solo bastaría para sostener la condena, por cuanto no se vislumbran razones de buena fe para dicha omisión, siendo claro que de acuerdo con la jurisprudencia prevaleciente, es

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Radicación n.° 94983 la demandada la que debe acreditar que su conducta estuvo revestida de buena fe, sin que sea carga del demandante acreditar mala fe. El despido indirecto. Finalmente señaló en relación con la renuncia del trabajador que esta tuvo fundamento en el incumplimiento continuo del empleador, que dejó de pagar cesantías, primas, cotizaciones a salud y pensiones, descuentos ilegales, como consta en la carta de fecha 13 de noviembre de 2018, obrante a folios 40 y 41. El demandante apoyó su dimisión en los artículos 47, numeral 2; 55; 57 numerales 4 y 9; 59 numerales 1 y 9; 61 numeral 1 literal h); 62 Literal B) numerales y 8; y 66 del CST. Y se encontró demostrado en el expediente el pago tardío de los aportes a seguridad social, incluso los correspondientes a pensiones de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018, los cuales solo vinieron a cancelarse, el día 1 y el 21 de noviembre de dicho año, es decir, después de presentada la carta de renuncia, el segundo se pagó el 30 de noviembre, y

el de noviembre, el 12 de diciembre, ello conforme con la historia laboral. Así mismo ocurrió con los aportes a salud de mayo, octubre y noviembre de 2018, no aparecen realizados, según se desprende de la certificación expedida por Sanitas EPS, como tampoco la prima de servicios de 2018. De manera que estos dos comportamientos son suficientes para considerar que la empresa empleadora incumplió de

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Radicación n.° 94983 manera sistemática y sin razones válidas sus obligaciones legales, una de las cuales es precisamente el pago oportuno de los aportes a la seguridad social. Afirmó el colegiado de instancia que no se puede perder de vista que, en el caso del despido indirecto también opera la exigencia de la inmediatez, de suerte que los incumplimientos de años anteriores no pueden ser aducidos varios años después, en tanto es posible deducir que fueron condonados, con mayor razón si esas faltas, como ocurre con las cesantías, fueron subsanadas antes de que se presentara la carta de terminación.

IV. IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte CASE totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la sentencia del a quo y, en su lugar, se absuelva de las pretensiones de la demanda.

Subsidiariamente, solicito: la CASACIÓN PARCIAL de la sentencia recurrida. En sede de instancia, solicito, se revoque la sentencia del a quo, y en su

lugar, se absuelva a ECOSTOR INDUSTRIES SAS de las

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Radicación n.° 94983 siguientes condenas impuestas según el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia: f) Por concepto de sanción por no consignación oportuna al fondo de cesantías correspondiente al año 2015 la suma de $25.524.000,00. g) Por concepto de sanción por no consignación oportuna al fondo de cesantías correspondiente al año 2016 la suma de $34.915.200,00. h) Por concepto de sanción por no consignación oportuna al fondo de cesantías correspondiente al año 2017 la suma de $36.203.717,33. i) Por concepto de sanción moratoria que contempla el art. 65 del C.S.T. liquidada desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el día 13 de diciembre de 2020, a razón de un día de salario por cada día de mora la suma de $96.642.917,33; a partir del 14 de diciembre de 2020 y en adelante deberá pagarse intereses liquidados a la tasa más alta que certifique la Superintendencia Financiera de Colombia intereses moratorios sobre los conceptos de cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios. Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación. Los dos primeros cargos se resolverán de manera conjunta, por compartir argumentos y elenco normativo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 127 del C.S.T. subrogado por el 14 de la Ley 50

de 1990, y artículo 128 del C.S.T. subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, en consonancia con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 100 de 1993. La censura adujo los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo que, el auxilio o bono de transporte y movilización pagado por mi representada al demandante, tiene naturaleza salarial.

2. Dar por demostrado, sin estarlo que, el auxilio o bono de

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Radicación n.° 94983 transporte y movilización pagado por mi representada al demandante, no tuvo como finalidad atender requerimientos de transporte para llegar al sitio de trabajo o para prestar servicios.

3. Dar por demostrado, sin estarlo que, el auxilio o bono de transporte y movilización pagado por mi representada al demandante, tuvo como finalidad remunerar su labor.

4. Dar por demostrado, sin estarlo que, el auxilio o bono de transporte y movilización pagado por mi representada al demandante, tuvo como finalidad incrementar su patrimonio.

5. Dar por demostrado, sin estarlo que, el auxilio o bono de transporte y movilización pagado por mi representada al demandante, no tuvo como finalidad compensar unos gastos de movilización superiores a los usuales Consideró como pruebas erróneamente apreciadas las siguientes: a) Contrato de trabajo (folios 18 a 21 del expediente digital). b) Poder especial (folios 43 y 44 del expediente digital).

c) Solicitud de conciliación (folios 46 y 47 del expediente digital). d) Respuesta renuncia voluntaria (folio 54 del expediente digital). e) Facturas de venta (folios 30 a 37 del expediente digital) La recurrente estimó que el Tribunal apreció el contrato y encontró que las partes acordaron expresamente excluir salarialmente un concepto denominado auxilio o bono de salario. Sin perjuicio de lo anterior, echó de menos el ad quem la prueba de que las sumas de dinero pagadas en vigencia del contrato de trabajo por dicho concepto realmente fueran usadas para atender requerimientos de transporte y movilización. Lo cierto es que sí existe prueba, no solo del pacto de exclusión salarial expreso, sino también de que se cumplió con la finalidad del concepto excluido salarialmente. Para el efecto, bastaba leer la cláusula octava del contrato de trabajo (folio 19 del expediente digital).

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Radicación n.° 94983 En dicha cláusula se estableció que el lugar de prestación de servicios era la ciudad de Mosquera. Si a este evidente presupuesto, se le hubiera sumado, el lugar de residencia del demandante se habría concluido que, sí se demostró la finalidad perseguida con el pago del auxilio o bono de transporte excluido. Es decir, que los presupuestos jurisprudenciales que echó de menos el juzgador de segunda instancia, sí estaban plenamente probados y se acreditaron con las pruebas recaudadas, razón por la cual el yerro es evidente o manifiesto. En efecto, si bien por regla general un trabajador debe

desplazarse de su domicilio al lugar de trabajo y ello puede calificarse como no excepcional o extraordinario, lo anterior, tampoco es óbice para que el empleador, reconozca beneficios o auxilios adicionales a los mínimos establecidos en la ley, para cubrir este requerimiento de desplazamiento. Y es que, si lo anterior no fuera cierto, se cerraría al empleador la posibilidad de generar el reconocimiento de auxilios o beneficios en dinero o especie, para cubrir la necesidad de desplazamiento de sus trabajadores. Es decir, si las necesidades de desplazamiento tuvieran que ser extraordinarias para que las partes pudieran pactar un auxilio no salarial, se incurriría en una carga o requerimiento excesivo que podría perjudicar las relaciones

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Radicación n.° 94983 de trabajo, dejando en ciertos casos a los trabajadores sin la posibilidad de acceder a dicho beneficio o auxilio. En el presente caso, el poder otorgado el 10 de septiembre de 2018 y la solicitud de conciliación de 7 de junio de 2018 (en ambas fechas el contrato de trabajo aún estaba activo) determinaron como lugar de domicilio del demandante el siguiente: Carrera 10 No. 5-32 Conjunto Belverde 1 Torre 13 en Mosquera (Cundinamarca). Por otra parte, como se evidencia en el documento de respuesta a la renuncia presentada por el demandante (folio 54 del expediente digital), en la propia solicitud de conciliación y en las facturas de ventas aportadas con la demanda (folios 30 a 37 del expediente digital), la dirección de la demandada para la época de los hechos es: Avenida

Troncal de Occidente No. 20-85 Manzana 3 Bodega 28 (Zona Franca de Occidente) en la ciudad de Mosquera Cundinamarca. Lo anterior, quiere decir que, si se hubiera profundizado en la situación concreta de hecho mediante el análisis de los medios de prueba que se estimaron como erróneamente apreciados, se habría podido concluir la necesidad de desplazamiento. Al llegar a esta conclusión, el ad quem no habría considerado que, el pago del salario, prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social fue deficitario. En esa medida se considera por parte de la censura que el cargo debe prosperar.

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VII. RÉPLICA El opositor consideró que no existieron errores de hecho manifiestos que conduzcan a revocar los fallos en ambas instancias. A su juicio, se logró probar en la audiencia del Art. 80 del CPT y SS de instrucción y juzgamiento en primera instancia, así como en segunda instancia ante el Tribunal, conforme lo exige la ley, que el auxilio o bono de transporte constituye salario.

Por otro lado, también se probó en audiencia que el auxilio o bono pactado, no tenía la finalidad de pagar el transporte del demandante para llegar a su sitio de labor. Igualmente, se probó que el bono citado tenía realmente finalidad remuneratoria de la labor, para incrementar su patrimonio. La denominada compensación de gastos de movilización no fue objeto de controversia en instancia judicial. De modo que no corresponde estudiar este aspecto en sede de casación. Añadió que todas las etapas procesales se agotaron, y

que el fallo se sustentó en la normatividad laboral y jurisprudencia vigente. Para la réplica el Tribunal, no evidenció de ningún modo que la valoración de las pruebas realizada por la juez de instancia fuera errada o contraria a la ley laboral. El Código General del Proceso (CGP) en los Arts.171, 176, 240, 241, 242 señaló que el juez practica personalmente todas las pruebas garantizando inmediación, concentración y

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Radicación n.° 94983 contradicción, asignando el mérito de cada prueba; que los hechos probados en el proceso sirven también como indicio, que los indicios se pueden deducir de la conducta procesal de las partes y que deben apreciarse en conjunto por el juez según su gravedad, concordancia y relación con otras pruebas del proceso. Añadió que acreditó en el proceso ordinario laboral que el auxilio o bono de transporte constituía salario. No existe en el proceso prueba alguna que conduzca a una conclusión distinta. Las sentencias en primera y segunda instancia confirmaron que el auxilio o bono de transporte demandado, era remuneración fija mensual como contraprestación directa del servicio que prestaba de forma personal a la demandada. No era un pago aleatorio, ocasional o liberalmente concedido. Es un hecho fuera de todo debate. Tal conclusión se basó en las pruebas aportadas oportunamente en el proceso y la normativa aplicable, contenida en el Art. 127 y 128 del CST.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por la vía directa, en el concepto de

interpretación errónea del artículo 127 del C.S.T. subrogado por el artículo 14 de Ley 50 de 1990, y artículo 128 del C.S.T. subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990.

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Radicación n.° 94983 En relación con los reajustes ordenados respecto de las cotizaciones en seguridad social a juicio de la censura, deriva de una interpretación errónea de la Ley. El Tribunal, en la sentencia recurrida, ordenó el reajuste de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones. También dispuso reajustar las prestaciones sociales y vacaciones. Para lo anterior, aplicó los artículos 127 y 128 del C.S.T. y los interpretó de manera errónea. El entendimiento de las normas por parte del ad quem condujo a un yerro que pretende atacar la recurrente así: la conclusión genérica a la que llega el juzgador a partir de la interpretación de los artículos 127 y 128 del C.S.T. Es decir, lo que hace que este cargo deba prosperar es la errónea concepción del Tribunal, cuando al aplicar las normas mencionadas, concluye que siempre que el pago sea habitual debe reconocerse, además del pacto expreso de exclusión salarial, la finalidad del pago. Entonces, habida cuenta el sendero por el cual se dirige este cargo, no se desconoce la inferencia fáctica del juez colegiado en torno a que, se pactó expresamente entre las partes el pago de un auxilio o bono de transporte no salarial. Esa misma conclusión fáctica, al verse reflejada en la aplicación de la Ley sustancial,