CSJ - SL660-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL660-2023 Radicación n.° 93315 Acta 08 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

ÁNGEL CUSTODIO YEPES ACONCHA, CARLOS

HUMBERTO BLANCO SEPÚLVEDA, LUIS EDUARDO

CAMACHO PLATA, ELIÉCER HERNÁNDEZ ACOSTA,

GUSTAVO ANTONIO FRANCO POLO, LUIS FERNANDO

CUERVO ARIZA, DARIO RAFAÉL MARTÍNEZ PACHECO,

LUIS GUILLERMO BERMÚDEZ FURNIELES, DENIS

MENDOZA DÍAZ, LUIS DANILO DÍAZ CORZO, JOSÉ

MIGUEL ESTUPIÑÁN, BELISARIO PINZÓN GARCÍA, JUAN

DAVID FLÓREZ MOYA, JESÚS MARÍA ZABALA

MAYORGA, EDUARDO ENRIQUE ALVALLE REINEL, LUIS

ALBERTO LONDOÑO ARANGO, FRANCISCO PÉREZ

PAREJA, JUAN CARLOS SANTAMARÍA CONTRERAS,

ALIRIO SANTAMARÍA GARCÍA, CÉSAR FERNANDO

JAIMES CÉSPEDES, SADY LEONEL DELGADO PABÓN,

ALEJANDRO JIMÉNEZ BARRAGÁN, ADRIÁN PEÑALOZA

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 93315

RAMOS, HARRISON JIMÉNEZ SALDAÑA, ISNARDO

CASTAÑEDA PÉREZ, DAMIAN ROMERO GIRALDO,

ÁLVARO EDUARDO MONTES, EMELINA PICO MURILLO, GEOVANY RODRÍGUEZ HOYOS y FANNY RIVERA VEGA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021) en el proceso que le instauraron a TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS PETROLEROS SAS y ECOPETROL S. A., donde se llamó como litisconsorte necesario a OCCIDENTAL ANDINA LLC y en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S. A.

I. ANTECEDENTES Los recurrentes llamaron a juicio a Transcontinental de Servicios Petroleros SAS y a Ecopetrol S. A., para que se declarara: i) que con la primera existieron contratos de trabajo a término fijo desde el 1° de enero de 2010, con vigencia de 365 días y, ii) la ineficacia de la terminación de los vínculos efectuada el 5 de abril de 2010 y, en consecuencia, se ordenara el reintegro de cada uno en los cargos ejercidos, sin solución de continuidad y se condenará a la primera y solidariamente a la segunda, a pagar los salarios y prestaciones sociales causados desde el despido y hasta que se diera la reinstalación, con la indexación de las sumas y las costas procesales.

Solicitaron subsidiariamente el reconocimiento de 8 meses y 25 días de «indemnización moratoria».

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Radicación n.° 93315 Narraron que celebraron contratos de trabajo a término

fijo por «360 días», iniciando el 1° de enero de 2010; que la actividad fue propia de la industria del petróleo y en ejecución del Contrato n.° «52066359», firmado con Ecopetrol

S. A. como operador del de colaboración «CIRA INFANTAS» que, a su turno, tiene como partícipes a la mencionada sociedad y a Occidental Andina LLC (Oxyandina); que el «5206359 suscrito entre Transcontinental y la Cira Infantas

(Ecopetrol y Oxyandina)», tuvo como objeto: Servicio de abandono o reactivación de pozos de petróleo mediante la contratación de un (1) equipo de reacondicionamiento H-25 o similar, para los campos de la superintendencia de operaciones de la Cira Infantas, de la Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol S. A. ubicada en el corregimiento de El Centro, Santander, durante la vigencia 2009, 2010. Relataron que se pactó una duración de «365» días calendario o hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que ocurriese primero, contada desde la fecha de suscripción del acta de inicio; que las labores desempeñadas por Transcontinental de Servicios Petroleros SAS, en las cuales participaron, eran propias de las actividades normales de Ecopetrol S. A.; que la interventoría y administración del contrato efectuada por dicha empresa tiene copia completa de los contratos de trabajo, pago de aportes y demás derechos laborales. Señalaron que en ejecución del Acto n.° «5206359» entre Transcontinental de Servicios Petroleros SAS y La Cira Infantas, laboraban 45 trabajadores; que los vínculos de

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Radicación n.° 93315 todos, incluidos ellos, fueron terminados intempestivamente y sin justa causa el 5 de abril de 2010, sin que mediara autorización o permiso del Ministerio de Protección Social, hoy de Trabajo, denominándolo «levantamiento de campamento», lo cual afectó sus derechos y dignidad. Sostuvieron que los despidos se dieron con ocasión del fallecimiento del trabajador José Antonio Cárdenas Navarro, el 25 de marzo de 2010, en actividades propias; que en consideración al número de servidores y los porcentajes legales, aquel constituyó un despido colectivo o, en caso de que no se calificara así, sin justa causa (f.° 32 a 40 y 127, cuaderno 1 del juzgado). Ecopetrol S. A. se opuso a las pretensiones. Admitió que suscribió el Contrato n.° «52066359» con Transcontinental de Servicios Petroleros SAS y Occidental Andina LCC, el objeto del mismo y el plazo de ejecución. Dijo que los demás hechos no le constaban o que no constituían tales. Propuso la excepción previa de «falta de competencia del juzgado» y la de mérito de prescripción. Llamó en garantía a Seguros del Estado S. A. con base en la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales n.° 36-44-101010844 y solicitó que vinculara a Occidental Andina LLC como litisconsorte necesario (f. ° 143 a 172, ib). Transcontinental de Servicios Petroleros SAS se resistió

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Radicación n.° 93315 a las súplicas. Aceptó que los contratos iniciaron el 1° de enero de 2010, que las actividades de los accionantes se efectuaron en ejecución del n.° «52066359», el objeto de éste y que fue suscrito por Ecopetrol S. A. y Occidental Andina LLC (Oxyandina). Manifestó que los restantes supuestos no eran ciertos o no le constaban. Aclaró que los vínculos laborales no fueron a término fijo por 360 días, sino por duración de una obra o labor determinada, cuya subsistencia se estableció en la cláusula 5ª, por «el tiempo que dure la realización de la obra o labor contrata[da]»; que terminaron ante la comunicación enviada por Ecopetrol S. A. en la que anunció la extinción del Acuerdo n.° «5206359», diciendo que las obras finalizaron el 1° de abril de 2010, lo que constituyó por sí solo la justa causa para finalización de las ataduras contractuales. Blandió en su defensa las excepciones perentorias de «ausencia de los presupuestos de ineficacia del supuesto despido colectivo conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990», «inexistencia de los supuestos contratos a término fijo alegados por los demandantes», «Transcontinental de Servicios Petroleros S.A.S. celebró y ejecutó de buena fe contratos por obra o labor de determinada», «terminación de los contratos por justa causa por la terminación de la obra o

labor contratada», «improcedencia del reintegro de los trabajadores y pago de salario y prestaciones sociales», pago, buena fe, cobro de lo no debido, prescripción de las obligaciones e innominada o genérica (f.° 274 a 286, cuaderno 2, ib).

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Radicación n.° 93315 Mediante auto del 27 de noviembre de 2014, se admitió el llamamiento en garantía efectuado por Ecopetrol S. A. a Seguros del Estado S. A. (f.° 1588 a 1591, cuaderno 5, ib). Esta sociedad discrepó de las rogativas de la demanda principal y dijo que no le constaba ninguno de sus fundamentos de hecho. Aceptó los soportes fácticos del llamamiento. Solicitó que, al resolver las pretensiones de este, se tuviera en cuenta la Póliza n.° 36-44-101010844 en lo referente al objeto del contrato de seguro, límite de cobertura, amparos pactados, fecha de expedición y vigencia. Planteó los medios exceptivos de fondo de «cobertura exclusiva de los riesgos pactados en la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidad estatal», «imposibilidad de afectar de (sic) la póliza de cumplimiento por las conductas contempladas en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990», «inexistencia de la obligación a cargo de Seguros del Estado S. A. si se declara relación laboral directa entre los demandantes y el Asegurado ECOPETROL S. A.», compensación, límite a la responsabilidad

y genérica (f.° 1613 a 1620, cuaderno 6, ibidem). Occidental Andina LLC, integrada con auto del 17 de febrero de 2017 (f.° 1653 a 1555, ib), rechazó las impetraciones. Consintió que el 6 de septiembre de 2005, junto con Ecopetrol S. A., suscribió un contrato de colaboración empresarial para la exploración y explotación del área la Cira Infantas donde Ecopetrol era operador y ella

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Radicación n.° 93315 ejecutora. Sostuvo que los restantes hechos no le constaban. Planteó como excepción mixta la prescripción y como de mérito las de pago, compensación, buena fe y genérica (f. ° 1787 a 1798, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, el 26 de junio de 2019, decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre [los demandantes1] y la empleadora TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS DE PETRÓLEO LTDA2 identificada con NIT 860.504.726-2 existió una relación laboral, conforme la parte motiva.

SEGUNDO: ABSOLVER a las demandadas TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS DE PETRÓLEO LTDA identificada con NIT 860.504.726-2, ECOPETROL S. A., identificada con NIT 899.999.068-1 y OCCIDENTAL ANDINA LLC identificada con NIT 860.004.864-5, ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO identificada con NIT 860.004.864-6 de

todas y cada una de las aspiraciones incoadas en su contra por los aquí demandantes. Por lo expuesto en la motiva.

TERCERO: COSTAS, a cargo de la parte demandante. Tásense como agencias en derecho, la suma de un (1) salario mínimo legal vigente COP OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS (COP$828.116,oo), a cada una de las entidades accionadas.

CUARTO: Contra la presente decisión cabe el RECURSO DE APELACIÓN y en caso de no interponerse dicho recurso envíese a la Honorable Sala Laboral de TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA para que surta el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de la parte demandante […] (acta de f. ° 2536 a 2538, cuaderno 8 ib, en relación con el CD de f. ° 2535, ibidem) 1 Los cuales fueron identificados con nombre completo y documentos de identificación.

2 Hoy SAS.

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Radicación n.° 93315

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 4 de junio de 2021, al resolver el recurso de apelación de los accionantes, confirmó la sentencia de primer grado.

Dijo que, conforme al principio de consonancia, debía determinar: i) si se configuró un despido colectivo y, en consecuencia, ii) si procedía el reintegro y pago de las acreencias laborales de cada uno de los reclamantes, mientras subsidiariamente, iii) si era viable estudiar el despido injusto, su configuración y la respectiva

indemnización; que en caso de que saliera avante alguna condena, le correspondía precisar, iv) si Ecopetrol S. A. y Occidental Andina LLC eran solidariamente responsables y, si así sucedía, v) la responsabilidad de la llamada en garantía Seguros del Estado S. A. Tuvo por incontrovertida la suscripción de los contratos de trabajo en la modalidad de obra o labor contratada el 1° de enero de 2010, con Transcontinental de Servicios Petroleros Ltda. (hoy SAS) y que terminaron entre los días 4, 5 y 7 de abril del mismo año, «pues así se declaró por el A-quo y nada se refutó». Precisó que en tratándose de contratos por obra o labor determinada, no se requiere estipular con exactitud temporal la fecha de terminación, pues su duración se entiende definida por el tiempo en el que se desarrolle la obra o labor

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Radicación n.° 93315 encomendada, motivo por el cual, es necesario especificarla claramente, en tanto es la que ofrece certeza sobre la extensión del vínculo; que la Corte ha definido que es suficiente el acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador para que nazca a la vida jurídica y que, en caso de que no se determine en debida forma la duración de la obra, se entenderá que es a término indefinido (CSJ SL, 15 ag. 2018, rad. 69399). Apuntó que, con base en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que modificó el 40 del Decreto Ley 2351 de 1965, en aras de hallar si existió un despido colectivo era necesario

establecer: i) el sin justa causa; ii) el número de trabajadores vinculados a la empresa y, iii) si en los últimos 6 meses (7 de octubre de 2009 y 7 de abril de 2010), fueron desvinculados dependientes en el porcentaje indicado en la ley; que la jurisdicción laboral tiene competencia para calificar el despido colectivo y sus efectos ante la ausencia de decisión administrativa (CSJ SL5501-2018, donde se cita la CSJ SL16805-2016). Indicó que las codemandadas celebraron el Contrato n. ° 5206359 (f. ° 213 a 244, ibidem) cuyo objeto se concretó en:

SERVICIO DE ABANDONO Y/O REACTIVACIÓN DE POZOS DE

PETRÓLEO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN (1) EQUIPO

DE REACONDICIONAMIENTO H-25 O SIMILAR, PARA LOS

CAMPOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES LA

CIRA INFANTAS, DE LA GERENCIA REGIONAL DEL

MAGDALENA MEDIO DE ECOPETROL S. A. UBICADA EN EL

CORREGIMIENTO EL CENTRO, SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2009 Y 2010.

Agregó que las enjuiciadas pactaron que el plazo de

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Radicación n.° 93315 ejecución sería de 365 días calendario o hasta el 31 de diciembre de 2010, «lo que ocurra primero», contabilizado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio o de la fecha que allí se indicara; que como término de liquidación

se acordaron 4 meses desde la fecha de finalización del de ejecución. Advirtió que en comunicación dirigida al representante legal de Transcontinental de Servicios Petroleros SAS (f. ° 292, ib), suscrita por el gestor administrativo del contrato, radicada el 15 de abril de 2010, se indicó que «habiéndose finalizado las obras del contrato n.° 5206359 el 1° de abril de 2010 – tal como se informó en correo electrónico de esa fechase le requiere para que allegue el acta de finalización debidamente firmada, adjuntándose la misma a folio siguiente». Señaló que Ecopetrol S. A. aportó con la contestación la Liquidación Unilateral del Contrato en mención, fechada 30 de septiembre de 2010 (f.° 245 a 251, ibidem); que al plenario también se allegaron los contratos suscritos entre los petentes y la empleadora3; que en los celebrados por Gustavo Franco, Juan Santamaría, Damián Romero y José Fernando Céspedes se precisó que el objeto, […] sería (el) del contrato No 5206359 firmado con Ecopetrol S., destacando que, para los dos primeros nombrados, la modalidad del convenio fue a término fijo inferior a un año, aun cuando el demandante Juan Santamaría a la par, esto es, en la misma fecha firmó un contrato por obra o labor determinada. 3 Mismos que relacionó en un cuadro visible de f. ° 2562 a 2564.

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Radicación n.° 93315 Añadió que el resto de los trabajadores acordó con el

dador del empleo, con la salvedad que algunos especificaron que se trataba de 10 pozos y otros de 20, que el objeto de la obra era, […] servicio de abandono y/o reactivación de pozos de petróleo para los campos de la superintendencia de operaciones la Cira Infantas, de la gerencia regional del Magdalena Medio de Ecopetrol Sa (sic) ubicada en el corregimiento el centro Santander. Resaltó que no podía confundirse el objeto o esencia del contrato comercial celebrado entre las empresas demandadas y el de cada uno de los suscritos entre la empleadora y los subordinados, pues, […] si bien es cierto, éstos se circunscribieron o derivaron del negocio jurídico «matriz», es decir, del primero, las estipulaciones contractuales que hicieran las compañías Transcontinental de Servicios Petroleros SAS y Ecopetrol Sa (sic), distan de aquellas convenidas entre el empleador y trabajadores; ergo, no obligan en las mismas condiciones al patrono respecto de sus subordinados, luego, el término de ejecución pactado entre aquellas, esto es, 365 días o hasta el 31 de diciembre de 2010 condicionado a «lo que primero ocurra», no puede extenderse a cada uno de los 30 contratos antes descritos, como lo pregona la recurrente (subrayas del Tribunal). Sustentó lo anterior en que el Acto Comercial n.° 5206359 era del 30 de septiembre de 2009 (f. ° 213 a 244, ibidem) y los suscritos entre la empleadora y los demandantes oscilaron entre el 1° de enero y el 18 de febrero de 2010, es decir, el lapso de ejecución no podía computarse

en los mismos términos para los promotores de la acción, porque estos iniciaron sus labores «vencidos 3 y 4 meses desde su suscripción»; que aunque algunos negocios jurídicos fueron en el 2008 y 2009, no hacían parte de las pretensiones del gestor.

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Radicación n.° 93315 Denotó que el nexo mercantil aludido no correspondía a uno por obra o labor regido por el CST, pero sí los habidos con los reclamantes, en los que no era posible definir el tiempo de duración desde el principio, pues se ataba al periodo requerido para culminar la actividad convenida; que por ello no estaban sujetos a prórrogas o renovaciones, por lo que no podía pender del término de 365 días, máxime porque no se pactó así en los acuerdos; que salvo los con Gustavo Franco, Juan Santamaría, Damián Romero y José Fernando Céspedes, los demás no concertaron la actividad a ejecutar en idénticos términos, porque: […] las empresas condicionaron el servicio de abandono y/o reactivación no solo a la contratación de un equipo específico sino además a la vigencia 2009 y 2010, periodo que no fue pactado entre la enjuiciada Transcontinental de Servicios de Petróleos Sas (sic) y sus operarios; por el contrario, de los 30 demandantes 8, esto es, Alejandro Jiménez Barragán, Harrison Jiménez, Álvaro Montes, Adrián Peñaloza, Emelina Pico Murillo, Juan Santamaría, Alirio Santamaría y Sady Delgado, explicitaron

que la obra se firmaba por 10 pozos, y de estos, solo 5 modificaron su contrato para aumentar la obra a 20 pozos, sin definir en número de días, el tiempo en que se ejecutaría la obra. Lo que quiere decir, que no es sujetaron al espacio temporal Destacó que, si bien respecto de los 18 trabajadores que celebraron el contrato plasmando únicamente «el servicio de abandono y/o reactivación de pozos», sin concretar cuántos, se generaba cierta ambigüedad y, con ello, ausencia de claridad en la obra específicamente convenida, lo cierto era que tales convenios derivaron de los pactos entre las empresas enjuiciadas y no podía modificar la declaratoria de que la vinculación fue bajo la modalidad de obra o labor, ya que tal determinación de la juez inicial no fue objetada y

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Radicación n.° 93315 hacerlo iría en contra del principio de consonancia. Subrayó que, aunque los apelantes criticaron la validez dada por la juez inicial al acta de finalización de las obras, en tanto no evidenció que allí se hizo referencia a una fecha diferente y posterior a la que tuvo en cuenta la empleadora, aquella estaba amparada por la libertad de apreciación probatoria para formar su convencimiento del artículo 61 del CPTSS; que la comunicación dirigida al representante legal de Transcontinental de Servicios Petroleros SAS, suscrita por el gestor administrativo del contrato de la Superintendencia La Cira Infantas, radicado el 15 de abril de 2010, no fue tachado de falso por la parte actora en el momento procesal oportuno, por lo que, al provenir de Ecopetrol, gozaba de

credibilidad. Agregó que con el último documento en mención, la empresa contratante procuró obtener la firma del acta de finalización de las obras del Convenio n.° 5206359 ocurrida el 1° de abril de 2010, donde, además de identificar el objeto del mismo, se adujo «por la ejecución del objeto contractual y la ejecución del valor estimado del mismo», se precisó que dicha situación se informó vía correo electrónico en la misma fecha antes referida y se remitió el acta de finalización del nexo, la cual, si bien no aparecía firmada por el representante legal de la contratista, ello obedeció precisamente a que eso fue lo que se requirió con la comunicación (f.° 293, ib). Expresó que,

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Radicación n.° 93315 […] Modo tal, imperioso resulta relievar (sic) que incluso fue el mandatario judicial de los recurrentes, quien puso sobre la mesa la controversia judicial suscitada entre Transcontinental de Servicios Petroleros Sas. (sic), y Ecopetrol Sa. (sic), con ocasión de la finalización del acuerdo contractual identificado como 5206359, cuyas consecuencias jurídicas de paso dígase no son competencia del Juez del Trabajo, pero de la cual se infiere, que la empresa empleadora acudió ante la Administración de Justicia en aras de obtener el resarcimiento de los presuntos perjuicios que con dicha disposición unilateral le ocasionó la sociedad estatal, pues así se deriva de la simple lectura del acápite de pretensiones del proceso de rad. 2011-0142700 que cursa ante el Tribunal Administrativo de Santander, promovido por

Transcontinental de Servicios Petroleros Sas. (sic), contra Ecopetrol Sa. (sic) y que se allegó al plenario (folios 1913-2469), en el que se lee […] Pretensiones que igualmente fueron certificadas por la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander en respuesta al oficio No 352 emitido por el Juzgado de origen (folios 18851888); y de las cuales, contrario al dicho de la censura, se advierte que, en efecto ECOPETROL SA (sic) si dio por finalizadas las obras contratadas en el convenio No 5206359 el 1° de abril de 2010 (subrayas del Tribunal). Refirió que no era plausible confundir el paso de liquidación del contrato, que incluía, entre otros, ajustes administrativos, temas de pólizas, pagos y demás, con la finalización de las obras, la cual se consolidó el 1° de abril de 2010 por decisión unilateral de Ecopetrol S. A, a pesar de la continuación del proyecto con entidades distintas ajenas al proceso, como lo manifestaron los demandantes al absolver los interrogatorios de parte. Convalidó la conclusión de primera instancia relacionada con que la terminación de los 30 contratos de trabajo por duración de obra o labor determinada, celebrados entre los promotores de la acción y Transcontinental de Servicios Petroleros SAS, tuvo como causa el fenecimiento del

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Radicación n.° 93315 objeto del Convenio n.° 5206359, ocurrido el 1° de abril de 2010, por decisión unilateral de Ecopetrol S. A. Reforzó su tesis en que de la documental de f. ° 245 a

251 ibidem, respecto de la cual los apelantes indicaron que no se tuvo en cuenta la fecha en que se materializó (30 de septiembre de 2010), emergía que se formalizó y suscribió unilateralmente por el gestor administrativo y administrador del Contrato n.° 5206359 para Ecopetrol S. A., es decir, sin participación de la empleadora demandada. Recordó que, […] cada uno de los demandantes absolvieron interrogatorio y manifestaron que las labores del último pozo en que se prestó (sic) servicios, culminaron, el mismo en que informaron la ocurrencia de un siniestro en la humanidad de un compañero y si bien es cierto, indicaron en su mayoría que se encontraban en labores de movilización del equipo para operar otro pozo o locación, también informaron al unísono que la obra contratada, esto es, la pactada en el contrato n.° 5206359 culminó el 1° de abril de 2010 para TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS

PETROLEROS SAS.

Puntualizó que, contrario a la intelección dada por los apelantes, del interrogatorio de parte del representante legal de la dadora del empleo, lo que se infería, acompasado con los 30 interrogatorios de los accionantes, era que las labores operativas de abandono y reacondicionamiento de pozos en el campo La Cira Infantas, continuó después del 1° de abril de 2010, pero no en cabeza de la contratista Transcontinental de Servicios Petróleos SAS, ya que todos manifestaron que fue adjudicado a otras empresas, «a su juicio por la ocurrencia de una fatalidad durante su desarrollo»

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Radicación n.° 93315 y que algunos señalaron que se le asignó a «STS DE LOS

ANDES».

Coligió que las obras contratadas en el Negocio Jurídico n.° 5206359, que se pactó entre las codemandadas, finiquitó el 1° de abril de 2010, por decisión unilateral de Ecopetrol S.

A. como contratante, consecuencia de lo cual, la empresa empleadora dio por terminados los 30 contratos de trabajo por duración de obra o labor, que derivaron del convenio comercial, por configurarse una justa causa, que no es otra, que la finalización de la obra, lo que desdibujaba el pretenso despido colectivo.

Razonó que, allende lo anterior, tampoco se cumplieron las demás exigencias del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, porque los interesados no demostraron el número de trabajadores que hacían parte de la patronal para el 1° de abril de 2010, para así poder determinar si se configuró el porcentaje de trabajadores desvinculados en los últimos 6 meses, en la medida que no se fue más allá de la afirmación de que eran aproximadamente 45 personas (f. ° 2554 a 2568, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Sala, […] CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, la H. Sala de Casación Laboral de la Corte

Suprema de Justicia, REVOQUE la sentencia de primer grado, y en su lugar, se profiera sentencia donde se acojan las pretensiones de la demanda, estas son, que se declare la existencia de contratos de trabajo entre los demandantes y la empresa TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS PETROLEROS SAS, con extremos temporales desde el 1º de enero de 2010 y hasta el 5 de abril de 2010, que se declare que en esta última fecha la empresa empleadora llevó a cabo un despido colectivo sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo y, como consecuencia, que se declare la ineficacia de las terminaciones de los contratos de trabajo de los demandantes, se ordene el reintegro laboral de todos los demandantes y se ordene el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por cada uno de los demandantes, dineros debidamente indexados. En subsidio de las anteriores, se pretende, a título de indemnización por despido sin justa causa, el pago de los salarios y prestaciones sociales causados desde el 1º de abril de 2020 y hasta el 15 de abril de 2010 (fecha de la Liquidación Unilateral del Contrato comercial No. 5206359 suscrito entre las convocadas a juicio. Condenas en las que se solicitan sean declarados solidariamente responsables a ECOPETROL S. A. y OCCIDENTAL ANDINA LLC, como miembros del contrato de colaboración La Cira Infantas y dueños y beneficiaros de la obra determinada para la cual fueron contratados los demandantes. Por otro lado, se solicita el uso de las facultades ultra y extra petita frente a los demandantes GUSTAVO ANTONIO FRANCO

quien celebró un contrato a término fijo inferior a un año con fecha de vencimiento pactada 4 de mayo de 2010, y ELIECER HERNÁNDEZ ACOSTA de quien no se aportó prueba del texto contractual por lo que se debe tener bajo la modalidad indefinida por ser verbal, en caso de resultarles más favorable en el evento que se niegue la pretensión de declarar la terminación sin justa causa de contratos de trabajo por obra o labor determinada; puesto que para ellos las consecuencias jurídicas son distintas habida cuenta que la causal objetiva de terminación para estos contratos no puede ser equiparable a la terminación de una obra extraña. Lo anterior es una realidad probatoria que el juez laboral no puede desconocer en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, cuando dos de los demandantes tienen una realidad contractual diferente a los demás, la cual les puede

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Radicación n.° 93315 resultar más favorable en el caso que se niegue la pretensión de declarar la terminación sin justa causa de contratos de trabajo por obra o labor determinada; máxime por contar con amplias facultades ultra y extra petita cuando encuentre hechos probados en el curso del proceso. Así las cosas, se solicita a los honorables magistrados que en la sentencia de instancia que se profiera, y, se repite, sólo en el caso que sea más favorable para los demandantes GUSTAVO ANTONIO FRANCO y ELIECER HERNÁNDEZ ACOSTA en el evento que no prospere la pretensión de declarar la terminación sin justa causa de contratos de trabajo por obra o labor determinada, se les dé un trato diferencial a los demandantes

GUSTAVO ANTONIO FRANCO quien celebró un contrato a término fijo inferior a un año con fecha de vencimiento pactada 4 de mayo de 2010 y ELIECER HERNÁNDEZ ACOSTA de quien no se aportó prueba del texto contractual, por lo que se debe tener bajo la modalidad indefinida por ser verbal, como se explicará más adelante. Sobre las costas se resolverá de acuerdo con el resultado del proceso (f. ° 5 a 6, archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022110135717», cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formulan dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por Ecopetrol S.

A. y Occidental Andina LLC, y se pasan a estudiar conjuntamente, pues se encauzaron por la misma vía, comparten proposición jurídica y pretenden idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Denuncian que el segundo fallo trasgrede la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 28, 34, 45, 46, 55, 61, 140 del CST; 67 de la Ley 50 de 1990 y 1º, 25 y 53 de la CP.

Manifiestan que el Tribunal incurrió en yerros fácticos por la «equivocada apreciación de las pruebas», lo que lo llevó a absolver a las enjuiciadas, tras concluir que el 1° de abril de 2010 sus contratos de trabajo, celebrados por duración de

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 93315 obra o labor, terminaron por la causal legal de la extinción

de la obra misma, en razón a la decisión unilateral de Ecopetrol S. A. de finalizar el Convenio Comercial n. ° 5206359 con Transcontinental de Servicios Petroleros SAS, a partir del cual se derivaron sus nexos laborales. Estiman que, como consecuencia de la desacertada valoración probatoria frente a la lega