CSJ - SL663-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL663-2023 Radicación n.° 87171 Acta 09 Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por POLIPROPILENO DEL CARIBE – PROPILCO S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de enero de 2018, en el proceso que instauró contra la UNIÓN

SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO –

USO.

I. ANTECEDENTES Polipropileno del Caribe S.A. (en adelante Propilco S.A.) demandó a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (en adelante la USO), con el fin de que se declarara

(i) la ilegalidad de las reformas a los estatutos depositadas ante el Ministerio de la Protección Social los días 9 de febrero de 2011, 24 de septiembre de 2010 y 17 de septiembre de

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Radicación n.° 87171 2008; (ii) se ordenara la «cancelación» del registro sindical de la modificación estatutaria; (iii) se la exonerara de la negociación del pliego de peticiones presentado por el sindicato y, (iv) se condenara al pago de los perjuicios morales y materiales originados por las afiliaciones y el cese de actividades irregulares promovidos por la organización sindical. Fundamentó sus peticiones, en que durante los meses de mayo y junio de 2011, la USO inició una serie de

afiliaciones ilegales de trabajadores de Propilco S.A., así como de empresas contratistas y de subcontratistas, con fundamento en los cambios que hizo a los artículos 1º y 2º de sus estatutos, en particular en lo referido a la definición de la industria donde tenía presencia el sindicato. Sostuvo que según lo dispuesto en los Decretos 284 de 1957 y 3164 de 2003, su objeto y actividad comerciales, así como los de sus contratistas y subcontratistas, no tenían relación alguna con la exploración, extracción y/o transporte de petróleo, sino que correspondían a la transformación y producción de las industrias plásticas, totalmente distintas a las primeras. Por lo que, de conformidad con la ley, «[…] el sindicato de la industria del petróleo no sería el llamado a agrupar válidamente a trabajadores de los plásticos». Agregó que la USO reformó sus estatutos a fin de posibilitar la adhesión de trabajadores directos y contratistas, vinculados a empresas nacionales o extranjeras, matrices o filiales, que laboraran para la industria de los hidrocarburos, «[…] la petroquímica y

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Radicación n.° 87171 similares, conexas o complementarias» y las de carburantes, biodiesel y/o biocombustibles; ajustes que fueron registrados ante el Ministerio de Protección Social mediante las constancias de depósito n.º 0007 de 2011, n.º 0045 de 2010 y n.º 1182 de 2008. Aseguró que las reformas fueron contrarias a la Constitución y a la ley, al permitir la afiliación al sindicato

por el hecho, entre otros, «[…] de utilizarse un derivado de la industria del petróleo o un hidrocarburo en el proceso industrial de dicha empresa». Afirmó que la agremiación demandada, representada por la subdirectiva de Cartagena, prometió a los convocados que si se afiliaban, gozarían de las prebendas convencionales de Ecopetrol S.A., lo que a todas luces era engañoso; que vinculó a personal de vigilancia, de taxis, de empresas de servicios temporales y de contratistas independientes que no desarrollaban actividades petroleras y que, además, promovió un cese parcial de actividades del 7 al 9 de junio de 2011, que fue constatado por el Ministerio de Protección Social y que le ocasionó perjuicios económicos, morales y materiales. Al dar respuesta a la demanda, la USO se opuso a todas las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la realización de las reformas estatutarias y su depósito, pero negó que las afiliaciones fueran ilegales, pues es un sindicato de la industria petrolera que podía agrupar trabajadores que laboraran «[…] no sólo en el sector de extracción de hidrocarburos», sino también «[…] en todo el sector

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Radicación n.° 87171 manufacturero y de procesamiento que tenga el petróleo como materia prima objeto de desarrollo». Dijo que el objeto social de Propilco S.A. no estaba restringido a las actividades enunciadas en la demanda, sino que también comprendía las de «[…] ELABORAR, FABRICAR,

PROCESAR, TRANSFORMAR, ADQUIRIR Y/O ENAJENAR,

IMPORTAR, EXPORTAR, TRANSPORTAR, DISTRIBUIR Y EN

GENERAL COMERCIALIZAR INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y

PRODUCTOS QUÍMICOS, EN ESPECIAL (I) RESINAS Y

COMPUESTOS DE POLIPROPILENO, SUS PRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS; (II) PRODUCTOS DE LA PRETROQUÍMICA

(sic) EN TODAS SUS FORMAS PARTICULARMENTE

PROPILENO, ETILENO Y PROPANO O CUALQUIER OTRO ELEMENTO SEMEJANTE O SUSTITUTO QUE LLEGUE A DESARROLLAR ESTA INDUSTRIA», siendo ellos hidrocarburos obtenidos mediante la refinación de petróleo. Afirmó que el legislador colombiano no estableció qué actividades comprendían la conformación de un sindicato de la industria petrolera, por lo que la interpretación de la demandante sobre los decretos 284 de 1957 y 3164 de 2003 era violatoria de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Añadió que, según la clasificación de actividades económicas de la Comisión de Expertos de ese organismo, División 35, «[…] cuando la producción o actividad de plástico, tiene como materia prima base petróleo, se clasifica en el mismo grupo o actividad económica del petróleo», que corresponde a «La Fabricación de sustancias químicas y de

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Radicación n.° 87171 productos químicos, derivados del petróleo y del carbón, caucho y plásticos». Aseguró que no engañó a sus afiliados, sino que les manifestó que adelantaría las acciones legales pertinentes para procurarles el reconocimiento de mejores condiciones

laborales mediante los mecanismos dispuestos para tal fin, lo que correspondía al ejercicio legítimo del derecho de asociación sindical. Por último, en relación con los hechos ocurridos entre el 7 y el 9 de junio de 2011, desmintió la promoción de actividad ilegal alguna; adujo que el Ministerio de la Protección Social no le atribuyó tal responsabilidad; indicó que la competencia para pronunciarse sobre el asunto era de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y que no le constaban los supuestos perjuicios solicitados. En su defensa propuso las excepciones que denominó como falta de competencia para pronunciarse sobre la pretensión de perjuicios, inoponibilidad de actas de constatación de cese a la USO y carencia de legitimación por activa. Al dar trámite al litigio, se presentó conflicto de competencia promovido por el Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad. Mediante sentencia del 22 de mayo de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

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Radicación n.° 87171 Judicatura la resolvió y asignó la competencia a esta jurisdicción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 26 de abril de 2017, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto recurso de apelación por la entidad demandante, la Sala Séptima de Decisión Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 25 de enero de 2018, confirmó la sentencia de primera instancia. Estimó como problemas jurídicos a resolver, definir si las reformas estatutarias realizadas y depositadas ante el Ministerio de la Protección Social se ajustaron a los parámetros constitucionales y legales; de otra parte, si se ocasionaron los perjuicios reclamados con ocasión de afiliaciones irregulares y ceses de actividades promovidos por la USO, subdirectiva de Cartagena. Como marco jurídico, dispuso los artículos 2° del Convenio 87 de la OIT; 39 de la Constitución Política; 353, 356 y 359 del Código Sustantivo del Trabajo y 164 del Código General del Proceso. Posteriormente, consideró,

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Radicación n.° 87171 En el caso que nos ocupa, analizado en conjunto el acervo probatorio recaudado dentro del devenir procesal, consistente en la prueba documental aportados (sic) y el interrogatorio absuelto por cada una de las partes, así como del sentido y alcance del cuadro normativo citado en precedencia, fácil resulta concluir a la Sala que la sentencia del juez de primera instancia habrá de confirmarse, en primer término por cuanto las reformas estatutarias efectuadas por la USO como sindicato de industria, cumplieron en rigor el trámite establecido en el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, aunado a que las mismas no se encuentran inmersas dentro de ninguna de las causales establecidas de forma taxativa en el numeral cuarto del citado artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, para negar su

inscripción en el registro sindical por parte del Ministerio del Trabajo, pues en tratándose de los trabajadores de la empresa demandante afiliados a la USO, estos pertenecen al ramo de la industria del petróleo y sus derivados tal como se colige del objeto social y comercial de la empresa accionante, según certificado de existencia y representación legal visto a folio 14 a 17 del expediente; por lo que dicha reforma no es contraria a la Constitución y a la Ley, gozando de plena validez. Obsérvese cómo el artículo segundo del convenio 87 establece que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estime conveniente, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la mismas, circunstancias estas que cumplió el sindicato demandado, razón por la cual no son de recibo para la Sala las alegaciones sobre las cuales basa el recurso de apelación la entidad demandada. Y en segundo término, tampoco hay lugar al reconocimiento y pago de los perjuicios demandados a través de la presente acción, pues como lo manifestó el mismo impugnante y como figura en las actas de constatación del cese de actividades, este cese no se produjo por trabajadores vinculados directamente por la empresa demandante y afiliados a la USO, sino por trabajadores de las empresas contratistas de la entidad accionante, por lo que cualquier perjuicio que se haya generado en contra de la demandante y a consecuencia del cese, este fluye de una responsabilidad civil extracontractual, por lo que no es competente el juez laboral para su reconocimiento y pago, dado

que los posibles daños que se le imputan a la USO no tienen como fuente directa o indirecta el contrato de trabajo, por cuanto los trabajadores que entraron en cese no estaban bajo la subordinación laboral de la entidad demandante, tal como lo sostuvo la misma Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 12 de septiembre de 2012, Magistrado Ponente Carlos Ernesto Molina Monsalve; acción en la que la entidad demandante pretendía la declaratoria de ilegalidad del cese promovido por la seccional de Cartagena de la Unión Sindical Obrera, USO, los días 7, 8 y 9 de junio del 2011.

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Radicación n.° 87171 En ese orden de ideas, sin más elucubraciones, no encuentra la sala reparo alguno a la decisión del a quo, razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada por encontrarla ajustada a derecho de acuerdo con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Propilco S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que la Corte case la sentencia atacada para que, en sede de instancia, revoque el fallo del juzgado y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que no son objeto de réplica y se estudian de forma conjunta, dado que presentan hechos y

argumentos conexos y complementarios entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 353, 356, 366 y 370 del Código Sustantivo del Trabajo; 39, 93 y 95 de la Constitución Política y 2 y 8 del Convenio 87 de la OIT; así como en la modalidad de

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Radicación n.° 87171 infracción directa del 1º del Decreto 284 de 1957, en concordancia con el 1º del Decreto 3164 de 2003. Sostiene que el Tribunal olvidó que los artículos 8º del Convenio 87 de la OIT, 39 inciso 2º de la Constitución Política y 353 numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo, complementan las disposiciones en que se basó para tomar su decisión, pues según los primeros, las organizaciones sindicales, en su creación y funcionamiento, no se encuentran sujetas exclusivamente a sus estatutos, sino que adicionalmente se les impone respetar la ley y ajustarse al orden legal y a los principios democráticos, lo que viene a ser reforzado por el artículo 95 constitucional. Afirma que, de aplicarse correctamente la normativa citada, el Tribunal habría concluido que el contenido de los estatutos de un sindicato no puede contravenir la Constitución y la ley como pilares del orden público pues, La lectura fragmentada de las normas propuesta (sic) en la sentencia atacada, llevaría a la conclusión equivocada que la no intervención del estado en la creación y funcionamiento de los

sindicatos supone que estos no están obligados a cumplir y acatar la constitución y la ley, rigiéndose solo por sus propios estatutos; lo que supone confundir los conceptos de autonomía y de soberanía, sin que de ninguna manera pueda entenderse que las organizaciones sindicales son soberanas frente a los estados a cuyo amparo se constituyen. Recuerda que la USO es una organización sindical de industria que, de acuerdo con el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, declarado exequible en sentencia constitucional CC C-180 de 2016, debe conformarse por individuos que presten sus servicios a empresas de la misma rama de actividad económica, «Sin que pueda

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Radicación n.° 87171 simultáneamente dicho sindicato involucrar la afiliación de trabajadores de otras ramas o sectores económicos diferentes al del petróleo». Expone que el alcance de aquella se encuentra expresamente delimitado en los artículos 1º de los Decretos 284 de 1957 y 3164 de 2003 (cuyo contenido transcribe), los cuales debió confrontar el Tribunal con el contenido de las reformas estatutarias del sindicato, […] a efectos de establecer si las actividades relacionadas en dichas reformas se encuentran contempladas dentro de aquellas que conforme a la ley son propias o esenciales de la industria del petróleo, pues de no estar allí contempladas debe entenderse que no pueden ser objeto de agrupación de afiliados por parte de la USO al no hacer parte de la industria del petróleo a cuyos trabajadores representada (sic) dicho sindicato. Sin embargo dicho análisis jurídico brilla por su ausencia en la sentencia que

aquí se discute, en la que se limitó el Tribunal de Bogotá a considerar sin ningún análisis legal que la demandante conforme a su objeto social hace parte de la industria del petróleo y sus derivados, sin acudir a las normas que definen el alcance de las actividades de dicha industria, análisis normativo indispensable para llegar a tal conclusión. Para finalizar, anota que la sentencia de la Corte Constitucional CC C-465 de 2008, otorga la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral para discutir la validez de reformas estatutarias o nombramientos de juntas directivas cuando se considere que con ellas se vulneró el ordenamiento jurídico.

VII. CARGO SEGUNDO Alega que la sentencia impugnada vulnera la ley sustancial por la vía directa, en calidad de violación medio de los artículos 29, 229 y 256 de la Constitución Política; 112

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Radicación n.° 87171 de la Ley 270 de 1996; 16 y 139 del Código General del Proceso; 2, numeral 1º, y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; que a su vez derivaron en la aplicación indebida del 370 y 373 del Código Sustantivo del Trabajo. Asegura que el Tribunal violó el principio de consonancia procesal pues, lejos de analizar los argumentos del recurso de apelación, estudió otros aspectos que no fueron objeto de reclamo. Precisa que este se fundamentó en resaltar que la autonomía en la creación y funcionamiento de las

organizaciones sindicales, no implicaba la posibilidad de desconocer la Constitución o la ley por parte de aquellos y que, en todo caso, se encontraban debidamente acreditados los perjuicios. Pese a ello, el Tribunal no examinó el asunto reclamado, sino que consideró que la indemnización debía reclamarse ante los jueces civiles y no ante los ordinarios laborales. Agrega, como agravante, que la discusión sobre la competencia fue dirimida a través de la resolución de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura que decidió sobre el conflicto negativo de competencia, por lo que no le era posible reabrir tal discusión, de manera que al hacerlo, se violentó su derecho al debido proceso. Reitera que la sentencia constitucional CC C-465 de 2008, determinó la posibilidad que los jueces laborales estudien y fallen sobre la validez de las reformas estatutarias

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Radicación n.° 87171 de los sindicatos, «[…] lo que sin duda permite reclamar los perjuicios que se generen» y manifiesta que según el numeral 4 del artículo 373 del compilado laboral, estas organizaciones son responsables por sus actuaciones y omisiones y por los menoscabos que de ellas se deriven «[…] independientemente que quienes participen en los hechos dañosos sean trabajadores de la empresa que dicho sindicato representa». Añade que, Resulta un contrasentido inaceptable que en la sentencia se concluya que la demandada puede válidamente afiliar y representar trabajadores al servicio de la empresa demandante, pero al mismo tiempo considere que los perjuicios causados por

el sindicato en ejercicio de esas actividades de representación no sean susceptibles de ser reclamados ante los jueces del trabajo sino ante los jueces civiles. Agrega que, no obstante todo lo anterior, es violatorio del debido proceso que, declarada la falta de competencia para conocer de un conflicto, el Tribunal omitiera su obligación legal de remitir las diligencias al juez competente a fin de resolver el asunto de fondo. Para finalizar, concluye, En ese orden de ideas, consideramos que la discusión acercas (sic) de la competencia del juez en la que se adentró el Tribunal de Bogotá en su sentencia resultaba improcedente en los términos de los artículos 66 A del CPT, 256 de la Constitución Política y 112 de la ley 270 de 1996; en todo caso de ser viable la discusión acerca de tal competencia, debió concluirse que los jueces laborales sí son competentes para conocer de las pretensiones propuestas en la demanda […] y en el caso improbable que se determinara la falta de competencia, la decisión no podía ser emitir sentencia absolutoria frente a tales pretensiones, como se hizo en este caso, sino la remisión de las diligencias al juez que se considerara competente para tal efecto.

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VIII. CONSIDERACIONES Dado que los cargos se presentan por la vía directa, no se discuten los supuestos fácticos ni probatorios del caso, en particular en lo referido a las reformas estatutarias que llevó a cabo la organización sindical en los años 2011, 2010 y 2008

y que fueron objeto de depósito ante el Ministerio de la Protección Social, mediante las constancias numeradas como 0007, 0045 y 1182, respectivamente; así como la definición de la USO como sindicato de industria, la promoción de afiliaciones sindicales entre trabajadores de Propilco S.A. y sus empresas contratistas y el cese parcial de servicios que promovió el sindicato del 7 al 9 de junio de 2011, en las instalaciones de la recurrente. En atención a los cargos expuestos, a la Sala le corresponde resolver como problemas jurídicos, determinar (i) si el Tribunal incurrió en un error normativo en lo atinente a la regulación constitucional y legal de las organizaciones sindicales y (ii) si se vulneró el principio de consonancia procesal en la sentencia atacada, cuestiones que se analizan en el mismo orden planteado.

I. Derecho de asociación sindical y la facultad de regulación constitucional y legal No es cierto, como lo sostiene el Tribunal, que la libertad sindical prevista en el Convenio 87 de la OIT y en el artículo 39 de la Carta Política, entrañe una autonomía absoluta para el funcionamiento de estas organizaciones, ya que el mismo texto constitucional precisa que, «La estructura interna y el

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Radicación n.° 87171 funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos» (subraya fuera del texto original). La anterior disposición es armónica con el Convenio 87, de manera que acierta la recurrente cuando afirma que el

Tribunal puso el foco en el artículo 2 del instrumento internacional, para concluir que los sindicatos solo están sujetos a la condición de observar sus estatutos, premisa que daría lugar a una suerte de autogestión absoluta de estas organizaciones, que no sólo resultaría contradictoria con el texto constitucional, sino que además no sería coherente con el numeral 8º del citado convenio, mediante el cual la OIT dispuso que, «Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad» (subraya fuera del texto original). El sistema normativo laboral internacional entiende el ejercicio del derecho de asociación sindical como parte fundamental de la vida en sociedad y del quehacer democrático, al punto que establece de forma expresa que los sindicatos, así como el resto de las personas que viven en comunidad, incluyendo empleadores y otras colectividades, deben sujetarse a los parámetros que las leyes les definen. Así lo ha reconocido expresamente la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia, como en la sentencia CC C1722021, donde afirmó:

190. Ahora bien, dado que este derecho fundamental tampoco es absoluto, el mismo artículo 39 de la Constitución estableció que la regulación autónoma sobre la estructura y funcionamiento

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Radicación n.° 87171 del sindicato se sujeta al “al orden legal y a los principios democráticos”. En este sentido, son posibles las restricciones o

limitaciones que el Legislador imponga en esta materia, pero aquellas deben ser las mínimas, indispensables y proporcionadas según la finalidad perseguida, por lo cual deben estar constitucionalmente justificadas y ser las “necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás” (subrayas fuera del texto original). Una lectura diferente atentaría no sólo contra los fines y propósitos del sindicalismo, sino contra los principios que soportan el sistema jurídico colombiano, entre ellos el imperio de la ley con enfoque social dentro de un Estado Social de Derecho, la seguridad jurídica, la prevalencia del bien común y la igualdad de los sujetos ante las normas vigentes. Así las cosas, la Carta Política, en armonía con los instrumentos internacionales de naturaleza laboral, dotó al sistema legal colombiano de la facultad para regular el desenvolvimiento de las organizaciones sindicales siempre y cuando no se vulnere la esencia misma del derecho de asociación sindical, al punto de desnaturalizarlo (numeral 2º, artículo 8º, Convenio 87 OIT y sentencias de la Corte Constitucional CC C-385 de 2000 y CC C-734 de 2008). Ese contexto constitucional es el que sustenta, entre otros, los postulados del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a organización interna, tipos y funcionamiento de los sindicatos, ya que, tal como lo reitera el artículo 353 del compilado laboral, «2. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y

cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título y

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Radicación n.° 87171 están sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al orden público». Bajo ese marco normativo, el sistema jurídico colombiano determina los tipos de sindicato que existen y pueden conformarse en el país, catálogo que aparece reseñado en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo y que no es meramente enunciativo, sino que tiene efectos imperativos y prácticos. En cuanto a los primeros, su vocación de cumplimiento, dada su naturaleza como ley y respecto de los segundos, ha de recordarse que el tipo de organización sindical que se elija tiene especiales y muy precisas consecuencias en la legislación nacional, entre otras las referidas a la delimitación del objeto del sindicato, la calidad de sus afiliados, el ejercicio de la negociación colectiva, los postulados estatutarios, lo atinente a reglas de mayorías y cuotas sindicales, entre otros. De esta manera, los ordenamientos internacional, constitucional y legal a nivel laboral, exigen a los sindicatos la observancia de las reglas locales atinentes a su conformación y funcionamiento, dentro de las que se encuentra la obligación de escoger uno de los cuatro tipos de sindicatos que establece el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 356, ya que tales categorías comportan características y efectos distintos según se trate. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia CC C180 de 2016, declaró la exequibilidad del mencionado

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Radicación n.° 87171 artículo, reafirmando la idoneidad del legislador colombiano al consagrar las especies de sindicato anotadas. Así lo afirmó:

58. La jurisprudencia constitucional ha determinado los elementos esenciales que componen el núcleo esencial del derecho fundamental de libertad sindical, referentes a diferentes aspectos del mismo tales como las facultades de autonomía y autodeterminación, manifestados en el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar su objeto, las condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus afiliados, su régimen disciplinario, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, entre muchos otros aspectos que atañen a su estructura, organización y funcionamiento -Supra numeral 36-.

59. No obstante, para el caso en concreto en el que se analiza si con la tipificación de las formas de asociación el Legislador excedió, de forma desproporcionada, su competencia afectando aspectos determinantes de la esencia del derecho de libertad sindical (CP, 39), en el párrafo 40 se concluyó que son aspectos relevantes: (i) que todo trabajador sin distinción de su origen, sexo, raza, nacionalidad, orientación política, sexual o religiosa entre otras, que se identifique en un grupo con intereses comunes tiene el derecho a asociarse libremente; (ii) la prohibición de intervención estatal se circunscribe a abstenerse de injerir en el ámbito de constitución, organización y funcionamiento interno, los cuales son exclusivos del sindicato,

siempre y cuando no transgredan el orden público; (iii) la garantía constitucional de libertad de asociación protege a la colectividad por lo que esta prima sobre los derechos subjetivos del trabajador que puedan concurrir o colisionar con los derechos de la organización; (iv) la disolución o cancelación de la personería jurídica solo puede darse por vía judicial.

60. Por otro lado, el entendimiento que la OIT tiene sobre la acepción “que estimen convenientes” contenida en el artículo 2 del Convenio 87 principalmente hace referencia al pluralismo sindical en tanto que en algunos países existen varias organizaciones de empleadores y de trabajadores y los interesados pueden elegir afiliarse a una o a otra de ellas, por razones de orden profesional, religioso o político reconociendo además que cada Estado miembro a través de su respectivo órgano legislativo puede establecer algunas formalidades para la creación de las organizaciones y determinar su marco normativo dejando a estas la mayor autonomía posible para regular los aspectos atinentes a su funcionamiento, estructura y administración, tal y como se constató en el párrafo 43.

61. Ahora bien, si bien en el derecho de asociación contemplado en el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT intrínsecamente está plasmado el concepto de que la libertad sindical comporta la facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda injerencia del Estado, al prescribir que “Los trabajadores y

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Radicación n.° 87171 los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con

la sola condición de observar los estatutos de las mismas” dicho criterio es complementario a la norma constitucionalSupra numeral 42y significa que no pueden mediar trabas legales o administrativas en la constitución o funcionamiento de los sindicatos. Ello realmente confiere la potestad de autoconformarse y autoregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden los miembros, con el límite que impone el inciso 2 del art. 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos. […]

63. Por todo lo expuesto, no existen dudas de la constitucionalidad del artículo 356 del C.S.T. y de la S.S., pues el constituyente derivado, actuando dentro d