CSJ - SL668-2025

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OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL668-2025 Radicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 Acta 007 Bogotá D. C. cuatro (4) de marzo de dos mil veinticinco (2025). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por CAMILO ALBERTO ESCOBAR GÓMEZ contra la sentencia proferida por la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de febrero de 2024, en el proceso que le instauró a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP).

AUTO Se acepta la renuncia presentada por la sociedad Omaj Consultores Jurídicos SAS identificada con Nit 901245500-1 como apoderada de la pasiva, al verificar el cumplimiento de lo señalado en el artículo 76 del CGP.Radicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

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Así las cosas, téngase a la sociedad Casación Laboral Estudio SAS identificada con NIT 900.739.123-5 y representada por la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda identificada con CC n.° 1.140.862.823 y TP n.° 287.982 del CSJ, como apoderada general de la UGPP según escritura

pública n.º 1957 del 16 de marzo de 2024.

I. ANTECEDENTES El accionante, llamó a juicio a la UGPP, con el fin de que se le reconociera la pensión de jubilación convencional desde el 22 de septiembre de 2016, de conformidad a lo señalado en el artículo 98 de la CCT 2001, «teniendo en cuenta una cuantía equivalente al 100% del promedio mensual de lo percibido en los últimos tres (03) años […]» dado que adquirió su derecho entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2016; que el pago de la mesada sea teniendo en cuenta la diferencia entre la peticionada y la que le reconoce Colpensiones; que sea por 14 mesadas anuales; los intereses moratorios desde que se causó la prestación por el retardo en su remuneración; la bonificación de que trata el art. 103 de la evocada convención; y, la indexación de todas las sumas.

Como sustento de sus pretensiones, sostuvo que laboró al servicio del Instituto de Seguros Sociales (ISS) entre el 8 de noviembre de 1989 y el día 30 del mismo mes del año 2012 como trabajador oficial, es decir por un periodo de más de dos décadas; que nació el 22 de septiembre de 1951 y alcanzó los 55 de edad en el 2016 y que; es beneficiario de los requisitos pensionales previstos en los preceptos 98 y 103 de laRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 3 convención colectiva de trabajo suscrita entre su ex empleadora y la organización sindical Sintraseguridad Social

SCLAJPT-10 V.00 3 convención colectiva de trabajo suscrita entre su ex empleadora y la organización sindical Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001. Al dar respuesta a la demanda, la UGPP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos precisó que «la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL No. 20210683005363097800292, se detalla los tiempos laborados, así como las interrupciones presentadas» ; que se atiene al contenido literal de las resoluciones y documentos que reposan en el expediente administrativo respecto de los que reconoce como ciertos; que no le constan las asignaciones que percibió en los últimos 3 años en que dice laboró para el ISS, así como, que los demás no son hechos. Adujo que, para cuando se pretendió el cumplimiento de los presupuestos de la CCT 2001-2004 en el año 2016, estos ya habían perdido vigencia, habida cuenta de que, esta se sujeta a lo previsto en el artículo 467 CST y que, el parágrafo 3° del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, limitó dichos acuerdos, además, a que las prestaciones pactadas de forma extralegal serían garantizadas si se adquirían como máximo el 31 de julio de 2010. En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIARadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIARadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

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El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá D. C. al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de abril de 2023, declaró como demostradas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas por la UGPP, para, en consecuencia, absolverla de las pretensiones incoadas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 29 de febrero de 2024, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, tuvo como problema jurídico determinar si el actor cumplió los requisitos contemplados en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, para acceder a la pensión de jubilación convencional a reconocer por la accionada UGPP. Advirtió que no existía discusión en que una vez se requirió a la demandada para el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional en favor del accionante, esta negó dicha solicitud, «argumentando la entidad en términos generales que el pacto […] había perdido su vigencia teniendo

requirió a la demandada para el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional en favor del accionante, esta negó dicha solicitud, «argumentando la entidad en términos generales que el pacto […] había perdido su vigencia teniendo en cuenta lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 (Fls. 22 a 25 y 37 a 44PDF 03 PRUEBAS).Radicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

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Luego, recordó el texto del artículo de la CCT en mención y, frente a la vigencia de esta, refirió que, conforme a su segundo precepto, esta «regirá por un término de tres años contados desde 1° de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004», sin que se hubiera previsto prórroga, desahucio o denuncia, por lo que se debía dar aplicación a los cánones 478 y 479 del CST, entendiendo que, sin que exista otro acuerdo que lo remplace en su totalidad, se entiende que «se ha venido prorrogando por periodos de 6 meses», los cuales de todas formas, no pueden superar en principio lo previsto en el parágrafo 3.° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, que los derechos acogidos

por esta, si no se constituyeron como de aquellos adquiridos, feneció la oportunidad de beneficiarse de los mismos, el 31 de julio de 2010. En soporte de lo anterior, trajo a colación apartes de la decisión CSJ SL3635-2020 en la que se analiza, «en especial lo atinente a los artículos 2.° y 98 convencionales», de los que se desprende la extensión de sus beneficios hasta el año 2017, lo que le permitió auscultar las pruebas en aras de determinar si cumplió los requisitos de tiempo de servicio y edad con el fin de que se le reconociera la prestación en los términos del inciso 1.° del 98 CCT. Para tal efecto, determinó que los 55 años de edad los alcanzó en el año 2016, el día 22 del mes de septiembre, conforme a su fecha de nacimiento que data de 1961, considerando que «en principio, debe aplicársele lo reglado en el numeral 2.° del artículo en mención […]», empero que elRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 6 tiempo de servicio no le fue suficiente, habida cuenta de que laboró entre el 3 de diciembre de 1996 y el 30 de noviembre de 2012 por un espacio de 15 años, 11 meses y 28 días, sin que hubiera acreditado sus oficios como trabajador oficial durante 20 años. Frente al punto adujo que: En tal sentido, palmario resulta que el actor no acreditó los 20 años como trabajador oficial como así lo establece el artículo 98 de la convención objeto de reproche, sin que el tiempo de

En tal sentido, palmario resulta que el actor no acreditó los 20 años como trabajador oficial como así lo establece el artículo 98 de la convención objeto de reproche, sin que el tiempo de servicios como empleado público pueda ser tenido en cuenta para lo pertinente, así lo ha sostenido la alta Corporación en sentencia SL3170-2022, Radicación No. 91073 del 6 de septiembre de 2022, donde hizo un análisis al texto convencional a través del cual dejó por sentado que para el estatus pensional con tiempos públicos era requisito sine qua non ostentar la calidad de trabajadores oficiales[…]. Aunado a ello, explicó que, aunque el soporte de la alzada fue que según «las certificaciones que expidiera el PAR ISS con radicaciones No. 1032 del 7 de julio de 2021 y 1105 del 5 de agosto de 2021, así como la expedida por el extinto ISS el 28 de febrero de 2008», se dijo que se desempeñó como trabajador oficial en el cargo de odontólogo por el periodo comprendido entre el 7 de abril de 1992 y el 30 de noviembre de 2012, es decir, por espacio de 20 años,7 meses y 24 días, lo cierto era que dicha manifestación no era suficiente para «desestimar la certificación de tiempos laborados CETIL […], la cual por demás la regula LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y que determina los verdaderos tiempos laborados por el demandante». Para soportar la forma de como impartió dicho análisis y conclusión respecto de las certificaciones laborales,

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y que determina los verdaderos tiempos laborados por el demandante». Para soportar la forma de como impartió dicho análisis y conclusión respecto de las certificaciones laborales, convocó el texto de la sentencia CSJ SL523-2019 y destacóRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 7 la facultad que ostenta en virtud de lo estatuido en el artículo 61 CPTSS, lo que de paso le sirvió para establecer que tampoco era beneficiario de la bonificación dispuesta en el art. 103 de la evocada CCT.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Camilo Alberto Escobar Pacheco, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia confutada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y, en su lugar, acceda a todas las pretensiones de la demanda. Ello por cuanto, absolvió a la UGPP por encontrar que, para acumular los veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos señalados en el artículo 98 de la Convención pluricitada , solo debe tenerse en

cuenta la calidad de trabajador oficial, y adicionalmente que las pruebas certificados expedidos por el PARISS quien asumió el archivo del ISS empleador, no se les da por primacía a pesar de certificar 20 años laborados en calidad de trabajador oficial desde el año 1992 hasta el año 2012, por lo que no reconoció las súplicas de la demanda. Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual es objeto de crítica por la UGPP.

VI. CARGO ÚNICORadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

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Acusa la sentencia por violar la ley sustancial en la vía de los hechos y bajo la modalidad de aplicación indebida de los parágrafos 2 y 3 transitorios del Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 CP y de los números 21, 467, 468, 470, 476 y 478 CST por, el error evidente en la aplicación de lo señalado en los artículos 2, 98 y 103 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001; transgrediendo los artículos 164, 165, 166, 167 y 176 del Código General del Proceso y los artículos 51, 54, 54ª, 60 y 61 Del (SIC) decreto (SIC) Ley 2158 de 1948 y por ende los artículos 13, 25, 48, 49, 53, 58, 83, 84, 150, 228, 230, 271 y 335 de la Constitución Política de Colombia.

48, 49, 53, 58, 83, 84, 150, 228, 230, 271 y 335 de la Constitución Política de Colombia. Para tal efecto, argumenta que el juzgador plural incurre en errores de hecho, como:

1. Haber dado por demostrado, no estándolo, que las partes firmantes de la [Convención] Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001, acordaron que los veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto[,] señalados en el artículo 98 deben ser contabilizados teniendo en cuenta únicamente el tiempo servido en calidad de trabajador oficial.

2. No haber dado por demostrado, estándolo, que mi poderdante siempre tuvo la calidad de trabajador oficial cuando estuvo al servicio del ISS acorde con la realidad.

3. No haber dado por demostrado, estándolo, que el cargo que ostento mi poderdante en el ISS no encaja como el de empleado público de acuerdo con lo señalado en la Ley.

4. Haber dado por demostrado, no estándolo, que cuando el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social señala al inicio del párrafo “El Trabajador Oficial” se entiende que es está la calidad que se exige para el requisito de tiempo de los veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto.

5. Haber dado por demostrado, no estándolo, que la condición de trabajador oficial durante los veinte (20) años de servicio

para el requisito de tiempo de los veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto.

5. Haber dado por demostrado, no estándolo, que la condición de trabajador oficial durante los veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto es la que da lugar a laRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

SCLAJPT-10 V.00 9 pensión.

6. Haber dado por demostrado, no estándolo, que las partes firmantes de la [Convención] Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001, acordaron que no se iba a tener en cuenta la calidad de empleado público que iban a tener algunos trabajadores del ISS.

7. Haber dado por demostrado, no estándolo, que la calidad de empleado público que certifico (SIC) el PARISS dentro del periodo de tiempo servido al mismo ISS y con el mismo cargo, se ajusta a un cargo de empleado público.

8. No haber dado por demostrado, estándolo, que mi poderdante si acumulo los veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto.

9. No haber dado por demostrado, estándolo, que otras formas de vinculación al ISS diferente a la de Trabajador Oficial también son válidas para contabilizar el tiempo de servicio exigido por el artículo 98 de la Convención pluricitada, para obtener el reconocimiento de la pensión.

10. No haber dado por demostrado, estándolo, que al demandante le asiste derecho al reconocimiento de la Pensión de

artículo 98 de la Convención pluricitada, para obtener el reconocimiento de la pensión.

10. No haber dado por demostrado, estándolo, que al demandante le asiste derecho al reconocimiento de la Pensión de Jubilación Convencional señalada en el artículo 98 de la Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001.

Denuncia como medios incorrectamente valorados (i) el escrito de la demanda, (ii) la certificación n.° 1032 del 7 de julio de 2021 expedida por el PARISS y, (iii) la CCT suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social el 31 de octubre de 2001. Como soporte de su argumentación, aduce que el tribunal valoró de una manera equivocada dicho material, y que ello condujo a «un yerro manifiesto en la estimación de los medios de convicción o su falta de valoración, pues el requisito de tiempo de servicio exigido por el artículo 98 de la Convención pluricitada, para obtener el reconocimiento de la pensión, no significa que los veinte (20) años de servicioRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 10 continuo o discontinuo al Instituto sean en la calidad de trabajador oficial […]», lo que implica que se le exigió un requisito adicional al del texto convencional pues asegura

continuo o discontinuo al Instituto sean en la calidad de trabajador oficial […]», lo que implica que se le exigió un requisito adicional al del texto convencional pues asegura que en su contenido no se prevé la diferenciación de la calidad del laborante para el cálculo de las décadas en mención. Manifiesta que, el juez plural dejó de lado al decidir, lo que corresponde al principio de favorabilidad en materia laboral, siendo que debía tomarse la certificación número 1032 del 7 de junio de 2021 expedida por el PAR ISS para convalidar las décadas a lugar, pues le resulta absurdo que el ISS certifique que ostentó la calidad de empleado público durante el tiempo que laboró para ella , «desconociendo los reiterados pronunciamientos legales y jurisprudenciales, los cuales claramente han señalado que mientras el trabajador oficial vinculado al ISS, continúe con el mismo cargo, desempeñando las actividades descritas en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, deben mantener por mandato de la Ley, esa clasificación». En tal sentido, convoca el texto del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 frente a la denominación de los empleos y afirma que, «las actividades que conforman sirven de apoyo a la

entidad, como un todo, para su correcto funcionamiento y en enlace con su objeto social, son oficiales», así como, que en sentencia CSJ SL13627-2015 analógicamente se reconoció dicha prestación a una «una trabajadora oficial del ISS que paso a la ESE en calidad de empleada pública» pues entiende que, mientras el trabajador no desempeñe un cargo directivo,Radicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 11 «debe prevalecer la realidad de su status y validar su verdadera calidad de trabajador oficial», lo que también sucedió en la providencia CSJ SL2503-2022 en la que dice se indicó que se puede dar «la sumatoria del tiempo laborado en el ISS con el de otras entidades públicas, sin que se requiera que sea solo como trabajador oficial, porque el acuerdo colectivo no hace esa diferenciación». Asimismo, advierte que la Corte Constitucional ha reiterado que «si a juicio del fallador de la norma -y esto incluye a las convenciones colectivaspresenta dos alternativas posibles de interpretación, el juez debe inclinarse por la más favorable al trabajador[…]», configurándose ante la implementación que le es perjudicial, «un defecto por desconocimiento de la Constitución» y que, la que le ha dado la Corte constituye un precedente obligatorio que no fue

observado por el colegiado, el cual es armónico con las dadas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que «aunque lleven el título de recomendaciones “son de […] cumplimiento para Colombia, por haber sido ratificadas por el Consejo de Administración de la organización”». Agrega que de los errores expuestos y lo señalado por el colegiado, se evidencia, además, que el ad quem «no da una interpretación acertada a la calidad real de servidor público y al tiempo exigido de los veinte (20) años continuos o discontinuos prestados al ISS como requerido para obtener el reconocimiento por el artículo 98 de la Convención Colectiva […]», como quiera que se confunde la calidad que se le dio a algunos laborantes y, la que se exige de trabajador oficialRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 12 cuando otro tema es el requisito del tiempo exigido «el cual es veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto sin diferenciar la calidad que debería ostentar el trabajador en ese periodo de tiempo».

VII. RÉPLICA Aduce la oposición que, los errores de hecho propuestos se sintetizan en que, «el colegiado dio por demostrado, sin estarlo, que el tiempo de servicio como empleado público no era dable sumarlo para arribar a los 20 años de servicio que depreca la convención colectiva para causar la mesada de

jubilación», y que, luego de excluir los argumentos jurídicos y las transcripciones jurisprudenciales de que echa mano el casacionista, no se identifica ni acredita un error manifiesto y protuberante en la determinación del fallador, pues al tenor literal del artículo 98 de la CCT, se desprende que « se exige a los trabajadores oficiales, el cumplimiento de 20 años de servicio; tiempo que por lógica y teniendo en cuenta que las convenciones colectivas no se aplican a los empleados públicos». Lo anterior, por cuanto dicha denominación se la otorga la ley y aunque se debate, la decisión no resulta desacertada. Resalta que a lo largo del escrito el casacionista se soporta en argumentos contradictorios y que, como este trabajó como odontólogo general al servicio del ISS, por la naturaleza del mismo fungió como empleado público, lo que incluso se reporta en el certificado CETIL adjunto al procesoRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 13 y visto a folio 100 del cuaderno de primera instancia, del cual no se debate su contenido en la censura. Así mismo, recuerda que los antiguos puestos de trabajo del instituto tuvieron variación en su regulación y por tanto en su clasificación, por lo que «no siempre fueron reconocidos como trabajadores oficiales, siendo sólo ese tiempo, el que les permita arribar a los 20 años establecidos en la convención, tal como se advierte en [la] sentencia CSJ

reconocidos como trabajadores oficiales, siendo sólo ese tiempo, el que les permita arribar a los 20 años establecidos en la convención, tal como se advierte en [la] sentencia CSJ SL1537-2024» de la que transcribe el aparte en que se indica que, «De modo que estos servicios prestados como empleado público en otras entidades no se pueden computar para completar el tiempo de servicio requerido». Insiste en la facultad de la libre formación del convencimiento que ampara la sentencia y asegura que esta «no constituye yerro fáctico, como quiera que el juez puede fundar su decisión en pruebas que le ofrezcan mayor persuasión o credibilidad».

VIII. CONSIDERACIONES Sea lo primero indicar que, la sentencia impugnada viene precedida de la doble presunción de acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias. Esta se basa en la necesidad social de que, imperen los principios de certeza y confianza legítima, que, generan las decisiones tomadas por un funcionario público investido de jurisdicción y competencia, en ejercicio de las facultades y deberes de orden legal y constitucional.Radicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

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Sin embargo, dicha presunción puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades.

Sin embargo, dicha presunción puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades. A tal efecto, su tarea parte de la identificación de los pilares sobre los que está construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerán la vía y la modalidad de ataque que deba seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS. En el recurso extraordinario de casación se enjuicia la sentencia gravada para establecer si, al dictarla, el Tribunal observó los preceptos propios del sistema normativo que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos de las partes. Por ello, en esta sede se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia emitida por el juez colegiado y, excepcionalmente, la del juez unipersonal. Por el contrario, no se ventila el litigio entre quienes actúan como partes opuestas en las instancias. Conforme a lo anterior, valga recordar que, con el fin de lograr que, se cumpla la pluralidad de objetos del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede invocar razones como si fuera un alegato de instancia. Así, quien la formula debe reunir, no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un

razones como si fuera un alegato de instancia. Así, quien la formula debe reunir, no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordesRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 15 con su propósito. En ese orden, por la seriedad de los fines que persigue la ahora presentada, la impugnante ha de cumplir con la carga de demostrar la falencia jurídica en que se incurrió al adoptar la decisión confutada. Con relación a la expresión de los motivos de casación, en la sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684, reiterada en la decisión CSJ SL 3049-2022, CSJ SL1330-2023 y CSJ SL1616-2023, la corporación explicó: […] La primera causal del recurso extraordinario de casación laboral comprende dos formas de infracción legal por el sentenciador: la vía directa y la vía indirecta. En la primera, en cualquiera de sus tres modalidades infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, la violación se produce con independencia de la situación fáctica y probatoria del proceso, pues el debate se limita exclusivamente a la controversia jurídica. En la segunda, la violación se configura por la defectuosa apreciación que hace el juzgador de los medios de prueba calificados por haberlos ignorado (error de hecho), o cuando da por establecido un hecho con un medio no autorizado y para el cual la ley exige prueba ad substantiam actus o deja de apreciar una prueba de tal naturaleza debiendo hacerlo (error de derecho).

ignorado (error de hecho), o cuando da por establecido un hecho con un medio no autorizado y para el cual la ley exige prueba ad substantiam actus o deja de apreciar una prueba de tal naturaleza debiendo hacerlo (error de derecho). Nótese entonces que, se presenta mixtura de argumentos fácticos y jurídicos en el reproche, comoquiera que la discusión dispuesta no es netamente fáctica y además de la aplicación indebida que invoca en la proposición del mismo, por la senda fáctica, en su desarrollo se alude la interpretación errada de la convención y de la «calidad real del servidor público», lo que promueve el análisis jurídico de dichos aspectos al tenor de lo expuesto jurisprudencialmente frente a los mismos lo que resulta improcedente, sumado al hecho de que las modalidades enunciadas son excluyentesRadicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01 SCLAJPT-10 V.00 16 entre sí y pertenecen a distintas vías que debía criticar de forma independiente. No obstante, de superar dichas falencias, al entender que se encuentran en discusión derechos fundamentales como la seguridad social y el mínimo vital del recurrente, del sustento del ataque se concluye también que, el casacionista incurre en una imprecisión cuando insiste en la dualidad interpretativa del artículo 98 de la CCT 2001 para que se le conceda la pensión al fungir en realidad como un trabajador oficial, pues, menciona los principios de la condición más beneficiosa y favorabilidad bajo los mismos presupuestos, cuando aunque similares, por mandato legal se dispuso para este tipo de asuntos, el previsto en el art. 53 CP.

oficial, pues, menciona los principios de la condición más beneficiosa y favorabilidad bajo los mismos presupuestos, cuando aunque similares, por mandato legal se dispuso para este tipo de asuntos, el previsto en el art. 53 CP. Al respecto, en la sentencia CSJ SL3139-2023 reiterada en la CSJ SL676-2024 la corte explicó que: Las convenciones colectivas de trabajo son verdaderas fuentes formales del derecho, de modo que los jueces tienen el deber de interpretar sus enunciados normativos conforme a los principios de la hermenéutica jurídica laboral, entre los que se encuentra el de favorabilidad que está consagrado en la Constitución Política (artículo 53) y la ley sustantiva laboral (artículo 21 Código Sustantivo del Trabajo). Dicho mandato postula que en caso de que la fuente normativa –legal o extralegaladmita dos o más interpretaciones jurídicamente sólidas y razonables, los jueces están obligados a inclinarse por la que sea más conveniente para el trabajador. Asimismo, es importante destacar que las interpretaciones convencionales de índole pensional deben abordarse conforme a la finalidad que persiguen las partes, tal como lo adoctrinó la Sala en la sentencia CSJ SL168112017, que dispuso que los textos normativos, entre ellos los convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes».Radicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

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ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes».Radicación n.° 11001-31-050-15-2022-00017-01

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De igual manera, véase que tal como alude la oposición cuando el censor acusa las pruebas, se acusa la incorrecta valoración de la certificación del 7 de julio de 2021 expedida por el PARISS pero, deja de lado lo señalado en la electrónica de tiempos laborados CETIL del 17 de junio de 2021 que reposa a folio 100 del archivo PDF, la cual destacó de forma relevante el colegiado y le sirvió para que llegara a concluir que: «confrontado de forma minuciosa el expediente […], el tiempo laborado por el actor al servicio del extinto ISS como Odontólogo y en calidad de trabajador oficial abarcó el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 1996 y el 30 de noviembre de 2012, esto es, por espacio de 15 años, 11 meses y 28 días», por lo que siendo este el pilar fundamental de su argumentación, ante la omisión de su acusación, hace mantener lo que se dedujo a partir de este, incólume. En efecto, frente a la evocada falencia, como la presunción de acierto y legalidad que envuelve las decisiones

judiciales se mantiene y que, era necesario controvertir todos y cada uno de los pilares de la sentencia, debe recordarse que la corporación en proveído CSJ SL3471-2022 reiterado en la decisión CSJ SL315-2024, puntualizó: Resulta también imperioso señalar que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad socia