CSJ - SL672-2018

19”) República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestlón N.” 4 GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL672-2018 Radicación n.” 49947 Acta 3 Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15 de octubre de 2010, dentro del proceso que le promovió OMAR

HERNÁN TRIVIÑO AYALA.

I. ANTECEDENTES El accionante demandó a la Empresa de Licores de Cundinamarca para procurar, en lo que interesa al recurso extraordinario, que se ordenara el reajuste de las cesantías y sus intereses, primas, vacaciones y la indemnización por despido sin justa causa; también suplicó la sanción moratoria y la indexación.

SCLAJPT-10 V.0O Radicación n. 49947 Fundó sus pretensiones, en que trabajó para la mencionada entidad del 17 de enero al 31 de julio de 1995, mediante contrato de trabajo a término fijo que tuvo una prórroga, tras lo cual fue vinculado el 1. de agosto del mismo año a través de uno indefinido, que perduró hasta el 3 de febrero de 2005, cuando fue despedido sin justa causa; que

devengaba una asignación mensual de $980.862 y un salario promedio mensual de $2.470.922,50, el cual no fue tenido en cuenta para liquidar sus prestaciones sociales, como tampoco el tiempo del primer contrato, ni los preceptos 18 (indemnización por despido), 52 (auxilio adicional de cesantía), 55 (auxilio familiar), 65 (prima de antighedad) y 79 (factores salariales) de la Convención Colectiva de Trabajo. La parte demandada precisó que al trabajador le reconocieron todos los beneficios legales y convencionales durante la vigencia del contrato a término indefinido, los cuales fueron incluidos en la liquidación final. Clarificó que la suma de $980.862 correspondía al último sueldo mensual básico devengado, y aceptó que la de $2.470.922,50 es el «salario promedio», según la constancia expedida el 15 de junio de 2005. Recalcó que el actor era beneficiario del régimen de retroactividad de liquidación de cesantías, en virtud del cual autorizó retiros parciales por las siguientes sumas: $3.377.315, $3.783.526, $1.826.107, $1.998.346, $2.702.906, $2.442.258 y $3.882.785, calculadas desde el 1.% de agosto de 1995 y con base en el artículo 52 convencional, y aseguró que el promotor no devengó horas extras, dominicales y festivos, viáticos, ni primas extralegales de ninguna clase, por lo que la variable del último mes era O. SCLAJPT-10 V.OO 7 % Radicación n.” 49947

Propuso las excepciones de falta de agotamiento de la reclamación administrativa, falta de causa por activa y/o inexistencia de los derechos pretendidos, prescripción, buena fe patronal, cobro de lo no debido, pago total de los salarios y prestaciones realmente causados y compensación. IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogota, mediante sentencia del 24 de febrero de 2009, absolvió de lo pedido y gravó en costas al demandante.

I. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 15 de octubre de 2010, resolvió la apelación propuesta por el extremo activo y revocó parcialmente la de primer grado; en su lugar accedió al reajuste de la cesantía por un valor de $7.091.949,04, y $82.364,08 diarios «[...] a partir del día 91 siguiente a la siguiente al 3 de febrero de 2005 (sic) y hasta que se verifique el pago de la anterior suma», por indemnización moratoria.

Para empezar, el juzgador tuvo por indiscutido que existió solución de continuidad entre el 31 de julio y el 1.% de agosto de 1995, interregno que, en consecuencia, no se podía incluir como parte del servicio. Luego encontró que las partes coincidían en que el último salario promedio devengado por el actor fue de $2.470.922,50, que la demandada informó que

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Radicación n. 49947 el trabajador era beneficiario del régimen de retroactividad

del auxilio de cesantía y destacó los retiros parciales de este emolumento. Procedió entonces a revisar la liquidación final de prestaciones sociales, en la que halló que para la prima extralegal de navidad se tuvo un salario de $2.470.923, de $1.761.310 para la de antigúedad y las cesantías las calculó con un promedio de $2.383.968, pese a que la propia demandada dejó constancia en el documento de folio 13, que con corte a 30 de enero de 2005 el demandante registraba, por ese concepto, $2.470.922.50. Dicho esto, recalcó que en lo que hace al sistema retroactivo, desde la Ley 65 de 1946 se estipuló que el auxilio de cesantía se computaría con el salario fijo y lo que se recibiera a cualquier otro título, siempre que retribuyera directa o indirectamente el servicio. Desde esa óptica, consideró: Es por ello, que de la liquidación de cesantías no le cabe la menor duda a la Sala, que debe hacerse con base en el salario del último año de servicio, que en este caso comprende desde el 3 de febrero de 2004 hasta el 3 de febrero de 2005, mas no el del mes inmediatamente anterior como sí ocurre con la indemnización y las primas de antigúiedad y de navidad reglamentadas en la convención. En estas condiciones procede la reliquidación de las cesantías, teniendo en cuenta un salario base de $2.470.922,50 al que se le suma los 8 días de salario adicionales por cada año e servicio consignados en el artículo 52 de la Convención Colectiva,

esto es $658.912.66, se obtiene un salario base de liquidación de $3.129.835,16 multiplicado por los 3423 días laborados entre el 1. de agosto de 1995 y el 3 de febrero de 2005, se obtiene un total de cesantías de $29.759.516,04 menos $20.413.243 de pagos parciales de cesantías, menos $2.254.324 pagados en la liquidación final de prestaciones (folio 12), se obttene una diferencia a favor del trabajador de $7.091.949,04.

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191 Radicación n.” 49947 Resuelto lo precedente, emprendió el análisis de la indemnización moratoria, y para ello echó mano del artículo 1% del Decreto 797 de 1949, del que extrajo que /...] el no pago de prestaciones y salarios e indemnizaciones a que tenga derecho el trabajador, genera en contra del empleador la vigencia del contrato en los términos de la ley», y acotó que, según la jurisprudencia de esta Corte, la mala fe del patrono se presume cuando se incumple ese deber, quedando a cargo de este desquiciarla. Enfatizado esto, estimó que no existían elementos de juicio que indicaran la razón del obrar equivocado del empleador al no liquidar correctamente la acreencia en mención, pues la propia entidad manifestó en su defensa que siendo el actor beneficiario de dicho sistema, su último salario promedio devengado fue la suma de $2.470.922,50, [...] sin embargo de manera inexplicable, liquida las cesantías con un salario de $1.882.080».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte pasiva, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende eÍ recurrente que la Corte, «/...] case el ordinal primero de la sentencia acusada y no la case en lo restante, para que una vez hecho ello y constituida en sede de instancíia, luego confirme el fallo del juez a quo con la provisión correspondiente en materia de costas». En subsidio, pidió que: [...] case la sentencia acusada respecto de la condena que involucra por el concepto de indemnización moratoria, y que no la case en lo restante, para que una vez constituida en Tribunal de SCLAJPT-10 V.OO S Radicación n. 49947 instancia luego revoque el fallo de primer grado respecto [de] la absolución que envuelve por concepto de “reajuste de la cesantía” para en su lugar a la entidad demandada (sic) a satisfacer esa carga en cuantía de $7.091.949,04, y confirme dicho fallo en lo restante con la correspondiente provisión en materia de costas.

Formuló 2 cargos por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados y se estudiarán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, acusó la aplicación indebida de los arts. 8, 11 y 17 de la L. 6/45, 37 y 52 del D 2127/45, modificado por el 10 del D 797/49, 467 del CST, 174 y 177 del CPC, 6, 50, 51, 60, 61, 145 y 151 del CPTSS, en relación

con los arts. 53 de la CN; 1, 2, 4 y 12 lit. f) de la L. de 6/45; 1, 2,3,4, 13, 14, 18, 20, 47 lit. g) y 48 del D 2127/45; 30 de la L. 64/46; 1, 2 y 3 del D 2567/46; 1 de la L. 65/46; 6 del D 1160/47; 16, 19, 127, 468, 469, 471, 476 y 488 del CST; 37 y 39 del DL 2351/65; 5, 8,9, 10, 27 y 30 del DL 3135/0608; 1 del D 3148/68; 5 inc. 1, 43 a 49, 51 y 70 a 73 del DR 1848/69; 1 de la L. 52/75; 58 del D 1042/78; 3, 5, 8, 21, 23, 32 y 33 del D 1045/78, 1.% de la L. 33/85; 19 del DL 2420/68; 1 y 3 del D 3130/68; 6 y 26 lit. b) del D 1050/68; 26 del D 2400/68; 7 de la L. 33/71; 1 y 4 de la L. 37/73; 11 y 21 del D 1945/75; 1 de la Ley 4/76, y 84, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. Endilga la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que el salario

promedio devengado por el demandante durante el último año de servicio fue de $2.470.992,50, por lo que entonces es con este guarismo con el que debe liquidarse su cesantía.

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2. No dar por demostrado, siendo evidente, que la asignación mensual del demandante fue durante su último año de servicios de $980.862.00, por lo que entonces es esta retribución y no otra la que debe considerarse para efectos de liquidar su cesantía.

En subsidio: No dar por demostrado, siendo evidente, que la asignación mensual del demandante durante su último año de servicios fue de $980.862.00, valor que sumado a los factores fijos tomados en cuenta para derivar el salario promedio ($1.771.00 como salario en especie $44.499.84 como subsidio de transporte) arroja la cantidad de $1.027.133.00, guarismo éste que adicionado a su vez al elemento variable ($854.948.00) totaliza la suma de $1.882.080, considerada para establecer el salario diaro en perspectiva de lo dispuesto por el artículo 5 de la convención colectiva traída al plenario, por lo que entonces al liquidar la cesantía del señor Omar Hemán Triviño Ayala con este último valor la entidad procedió en forma legal.

3. No dar por demostrado, siendo incontrovertible, que todos los anticipos de cesantía solicitados por el trabajador se liquidaron con un salario compuesto por la asignación básica (valor establecido para cada período), más el valor de los factores fijos

(salario en especie y subsidio de transporte) más los factores variables (1/ 12 parte de los recargos por labor en horas extras

devengados en el último año de servicios + 1/12 parte de los factores salariales reconocidos en la liquidación definitiva), método de cálculo este aceptado por el señor Omar Hemán Triviño Ayala sin ninguna reserva y de lo cual cabe inferir razonablemente que cuando la entidad lo utilizó para liquidar la cesantía del último período actuó en derecho y de buena fe.

4. No dar por demostrado, en armonía con los errores de hecho denunciados antes, que la constancia salarial que obra al folio 13 del cuademo principal es irreal respecto de la cifra que allí se indica como salario promedio ($2.470.922.50) en cuanto jamás percibida o causada por el señor Omar Hemán Trwino Ayala y/o considerada para liquiy dpaagrar la cesantía de dicho trabajador.

Dijo que lo anterior obedeció a la apreciación errónea de las siguientes pruebas: [...] el libelo introductorio (folios 4 a 10), la liquidación de prestaciones definitivas del trabajador (folio 12) y la constancia salarial expedida por la demandada (folio 13) en relación con las convenciones colectivas arrimadas a los autos (folios 229 a 355), y al dejar de apreciar las solicitudes de anticipo de cesantías hechas por el demandante y correspondientes a los años comprendidos entre el 2000 y el 2004, la liquidación y aprobación de las mismas y las certificaciones salariales pertinentes (folios 136, 141, 142, 152a 154, 161, 162, 170, 171, 179, 180, 188, 191, 192, 384 y 385 del cuademo de pruebas anexas) así como la

SCLAJPT-10 V.OO 7 o Radicación n,” 49947 comunicación dirigida por la entidad al demandante el día 22 de noviembre de 2004 (folio 34) y la correspondiente modificación contractual suscrita por las partes (folto 35 del mismo anexo). Para demostrar los supuestos desatinos, censuró que el Tribunal haya tomado como único fundamento la constancia de folio 13, pues si bien allí quedó consignado que el salario promedio que recibió el actor durante su último año de servicios era de $2.470.922,50, ello es «aparentemente cierto», dado que si ese mismo documento informa que la asignación ordinaria mensual era de $980.862, y así se indicó en el hecho 4.% de la demanda y lo ratificaban los documentos de folios 34 y 35, que se acusan como ignorados, [...] resulta sospechoso, por decir lo menos, que se le hubiese certificado un salario promedio de más del doble de dicha suma», lo que d[...] solo puede explicarse como un error», inferencia que aduce, se apoya en las pruebas no apreciadas, en especial la hoja de vida allegada al plenario, que a su juicio extraían lo siguiente: Basta reparar en las solicitudes de anticipo de cesantías hechas por el demandante y correspondientes a los años comprendidos entre el 2000 y el 2004, en la liquidación y aprobación de las mismas y en las certificaciones salariales pertinentes (folios 136, 141, 142, 152a 154, 161, 162, 170, 171, 179, 180, 188, 191, 192, 384 y 385 del cuadero de pruebas anexas) así como en la

comunicación dirigida por la entidad al demandante el día 22 de noviembre de 2004 (folio 34) y en la correspondiente modificación contractual suscrita por las partes (folio 35 del mismo anexo), medios todos estos ignorados por el sentenciador, para corroborar dos evidencias: (i) que el salario promedio considerado para liquidar los anticipos de cesantía solicitados por el trabajador derivaba de la integración de tres componentes, a saber: la asignación básica (valor establecido para cada período), más la repercusión de los factores fijos (salario en especie y subsidio de transporte) más la incidencia de los factores variables (1/ 12 parte de los recargos por labor en horas extras devengados en el último año de servicios + 1/12 parte de los factores salariales reconocidos en la liquidación definitiva) y (ii) que la sumatoria

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111 Radicación n. 49947 correspondiente no produce el salario promedio acogido por el sentenciador en su fallo. La constancia sobre los conceptos percibidos por el actor durante el año 2004 (folio 136 del cuademo de anexos) es suficientemente ilustrativa sobre esta verdad. Si durante el periodo inmediatamente anterior al de su desvinculación el trabajador acumuló ingresos totales de $9'837.259.84, resultado de sumar las variables relacionadas en este documento con los factores fijos que también figuran allí (sueldo + salario en especie + subsidio de transporte), el salario promedio del trabajador en dicho período, calculado con el método aritmético empleado por el ad quem, sería de $819.771.58, guarismo que ciertamente no se corresponde con

el sustancialmente superior que aparece en el folio 13. A lo anterior añadió que como era indiscutible que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 3 de febrero de 2005, no se causaron recargos por horas extras o algún beneficio que pudiese repercutir en el salario variable, quedaba al descubierto que «/...] para liquidar la porción de cesantía que le correspondía en perspectiva de los anticipos recibidos no podía ser otro que el de su asignación básica, es decir, la suma de $980.862.00». Consecuentemente, erró el juzgador al concluir que para obtener los 8 días adicionales contemplados por el artículo 51 de la Convención Colectiva, debía hacerlo con la suma de $2.470.992,50. Refugiado en esa perspectiva, aseveró que de haber apreciado la prueba militante a folio 136, se habría concluido que la indicada asignación mensual, [...] sumada a los factores fijos tomados en cuenta para derivar el salario promedio ($1.771.00 como salario en especie + $44.499.84 como subsidio de transporte) arroja la cantidad de $1.027.133.00, guarismo este que adicionado a su vez al elemento variable ($854.948.00) totaliza la suma de $1.882.080, que fue la considerada por la entidad para liquidar la cesantía debida a su ex trabajador de conformidad con lo establecido por la convención colectiva traída al proceso. Para establecer esta verdad, es decir, que la Empresa de Licores de Cundinamarca siempre liquidó los anticipos de cesantía del

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Radicación n. 49947 trabajador con el sistema de cálculo que según su convicción íntima y de buena fe se ajustaba a derecho y que el señor Omar Hernán Triviño Ayala también siempre avaló dicho método, al sentenciador le hubiera bastado con comparar la liquidación del anticipo de cesantía verificada en el año 2004 y cuyos comprobantes corren a los folios 141 y 142 del cuaderno de anexos (medios estos ignorados en su decisión) con la liquidación que dio origen a este proceso y cuyos comprobantes obran en los folios 12 y 13 del cuademo principal (pruebas estas apreciadas con error en cuanto desligadas de las restantes). Siendo la asignación básica idéntica en ambo momentos ($980.862.00) y los factores fijos también relativamente iguales en cuanto que solo se observa una pequeña diferencia en el subsidio de transporte, la retroactividad de la cesantía arrojó un resultado para el primer año de $20.816.756.00 y para el último período de $20.413.243.00, es decir relativamente igual. Siendo esto así, ¿por qué razón el señor Omar Hemán Trwiño Ayala se abstuvo de formular algún reparo respecto del anticipo de cesantía recibido el 11 de mayo de 2004 en cuantía de $3.777.315.00 según el comprobante de pago firmado por él mismo como aparee al folio 141 de la hoja de vida aportada con la contestación de la demanda? Simplemente porque el trabajador era plenamente consciente de que el método de cálculo seguido por la entidad para derivar el salario base de liquidación era acertado.

Por último, propuso las consideraciones de instancia que en su criterio debían exponerse una vez casada la providencia.

VII. RÉPLICA El demandante estimó que el Tribunal no incurrió en ninguno de los errores que se le endilgan. Recalcó que la constancia de folio 13 es un documento auténtico, reconocido como tal en la contestación de la demanda y no fue tachado de falso, además de que nunca se censuró en las etapas procesales, por lo que constituye plena prueba.

Consideró que la recurrente desconoce que el articulo 79 de la Convención Colectiva de Trabajo determina los factores integrantes del salario, y el 52 regula el auxilio adicional de

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2 Radicación n. 49947 cesantías, y afirmó que no se acredita cuál fue el error cometido en la sentencia en cuanto al método de liquidación realizado, pues se limita a decir que el trabajador lo aceptó. VIIL CONSIDERACIONES La Sala observa que el juez de alzada accedió a reajustar lo que la demandada le pagó por cesantías al actor, dado que advirtió que en la liquidación definitiva de prestaciones, que obra a folio 12 del cartulario, se utilizó como salario promedio mensual la suma de $1.882.080, que según lo que ahí se lee, resultó de una porción fija de $1.027.133 y variable de $854.948, valores diferentes a los certificados por la entidad a folio 13, donde se dejó constancia de una asignación mensual de $980.862, y un salario promedio mensual de $2.470.922,50, cifras últimas a las que el Tribunal les otorgó

mayor valía demostrativa, por estar consignados en una certificación expedida por la entidad, cuyo contenido fáctico fue aceptado en la contestación de la demanda. El recurrente considera que el juzgador cometió un yerro protuberante al no percatarse de que la certificación de folio 13 contenía una información que era «aparentemente» cierta, pues a su juicio, refiere un salario promedio mensual por el doble de la asignación que, /...] solo puede explicarse como un error», el cual hubiese sido evitado por el Tribunal, de haber apreciado correctamente la demanda inicial, la liquidación de prestaciones definitivas del trabajador, la propia constancia salarial de folio 13 y las convenciones colectivas obrantes, y no pasar por alto las solicitudes de SCLAIPT-10 V.0O H Radicación n. 49947 anticipo de cesantías realizadas por el demandante en los años 2000 y 2004, su liquidación y aprobación, las certificaciones salariales de folios 136, 141, 142, 152 a 154, 161, 162, 170, 171, 179, 180, 188, 191, 192, 384 y 385, la comunicación dirigida al trabajador el 22 de noviembre de 2004 y el otrosí al contrato de trabajo, de fólíos 34 y 35, respectivamente. Pues bien, en lo que hace a la certificación laboral, es pertinente memorar que estos documentos expedidos por el empleador, y que dejan constancia sobre temas atinentes al contrato de trabajo, como el tiempo de servicios, el salario u otro aspecto, gozan de plena eficacia probatoria. Además, la

Corte tiene dicho que en presencia de este tipo de instrumentos, el juzgador debe partir de su veracidad, pues no es usual que en estos se falte a la verdad, teniendo en cuenta la responsabilidad patrimonial que ello puede generar, y es justamente por esa razón que si en la contienda judicial el patrono pretende desvirtuar el hecho admitido, debe hacerlo con argumentos que no dejen vestigio de duda al juzgador, quien ante esa circunstancia debe acentuar el rigor del juicio valorativo de la prueba que se contrapone. Así quedó expuesto en sentencia CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8360, reiterada en CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 386066 y recientemente en CSJ SL6621-2017, última que iteró: En esta línea de pensamiento, es oportuno resaltar que esta Corporación, respecto a los hechos expresados en los certificados laborales, ha sostenido que deben reputarse como ciertos, a menos que el empleador demandado acredite contundentemente que lo

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113 Radicación n. 49947 registrado en esas constancias no se aviene a la verdad. Por ejemplo, en sentencia SL14426-2014, en la que se reiteró el criterio expuesto en los fallos SL 8360, 8 mar. 1996, SL 36748, 23 sept. 2009, SL 34393, 24 ago. 2010 y SL 38666, 30 abr. 2013, señaló: [....] Sobre el valor probatorio de los certificados laborales, esta Sala de Casación en sentencia CSJ SL, 8 mar. 199%6, rad. 83060,

reiterada en CSJ SL, 23 sept. 2009, rad. 36748, CSJ SL, 24 ago. 2010, rad. 34393, CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38666, señaló: El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la relación laboral. Es claro que el Tribunal formó prevalentemente su convencimiento con base en la certificación de folio 153, emanada de la entidad demandada y que informa, sin ninguna confusión, que la asignación mensual del actor era de $980.962, y que con corte al 30 de enero de 2005, es decir el mes previo a la terminación del contrato -3 de febrero de ese año-, presentaba un salario promedio mensual de $2.470.922,50.

Y no se le puede endilgar ningún error manifiesto al juzgador en la apreciación de ese documento, pues en el decurso de las instancias la parte demandada no logró maniatar esa verdad procesal. En efecto, precisamente de la demanda inicial, que es una de las pruebas calificadas que

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Radicación n. 49947 se estiman como equivocadamente apreciadas, se advierte que en el hecho 4. el actor manifestó devengar en su último cargo, 1[...] una asignación mensual de $980.862,00 y con un salario promedio mensual de $2.470.922,50», ante lo cual, dijo la demandada al contestarlo: /...] No es cierto: La suma de $980.862, correspondió al último sueldo mensual básico devengado. Es cierto: El salario promedio mensual del señor Triviño Ayala, ascendió a la suma de $2.470.922.50, conforme a los términos de la constancia expedida el 15 de junto de 2005, por la Subgerente de Talento Humano de la entidad» (subraya la Corte). Luego, en el hecho siguiente, dijo el demandante que la empresa «/...] expidió certificación de fecha 15 de junio del año 2005, donde hace constar que el señor Omar Hernán Triviño al 30 de enero del año 2005, presenta un salario promedio mensual de $2.470.922, 00 mensuales», y frente a esto, la pasiva ratificó: /...] Es cierto, según el documento que obra a folio 326 de la hoja de vida». En lo que hace a las demás pruebas atacadas, debe

decirse que la liquidación de prestaciones definitivas de folio 12, aun cuando lo allí consignado fue lo que precisamente se debatió en juicio, en todo caso se observaría que el salario promedio fue distinto en cada prestación; así, para la prima extralegal de navidad se tuvo la suma de $2.470.923, que es justo la relacionada en la certificación cuestionada; sin embargo, la prima de antigúedad se calculó con un salario de $1.761.310, mientras que vpara las cesantías fue de $1.882.080, e igual suma para la indemnización convencional. SCLAIPT-10 V.OO l4 1 y Radicación n.” 49947 Esta disonancia fue advertida por el Tribunal con el claro propósito de señalar que tales referentes no se compadecían con lo que se hizo constar en la misiva de folio 13, premisa que quedó por fuera del ataque, dado que el censor solo se preocupó por explicar que el promedio salarial mensual no era el que allá se informó, sin parar mientes en que esa cifra sí fue tomada para otra prestación, que se itera a riesgo de repetición, fue justo lo que llevó al colegiado a conferirle a la certificación un peso probatorio superior, en aras de solventar esa particularidad. Lo acabado de clarificar es cardinal para el análisis subsiguiente del cargo, pues le suprime toda incidencia en la solución judicial a las demás pruebas calificadas atacadas, como la de folio 136, 142, 153, 162, 171, 180 y 192, que enlista los conceptos que se tomaban en cuenta para liquidar las cesantías y en los que pretende apoyarse la recurrente,

en especial en el de folio 136, para elaborar las operaciones que le resultan en un monto inferior al reflejado en la constancia; empero, poco o ningún asidero tienen en desvirtuar la razón por la que otra prestación sí se calculó con el salario promedio mensual certificado a folio 13. Tampoco lo logran las liquidaciones de cesantías parciales, de folios 141, 152, 161, 170, 179, 188, 191, menos aún la certificación de folio 384, que da cuenta de un salario promedio mensual, para enero de 2004, de $1.747.400.83, pues no derruyen el ejercicio valorativo realizado por el Tribunal, en punto a darle mayor predominancia a la indicada prueba.

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Radicación n. 49947 Ni las comunicaciones de 22 de noviembre de 2004, ni el otrosí al contrato de folio 35, que corroboran que la asignación mensual del actor para esa data ascendía a $980.862, generan alguna aflicción a la premisa fáctica que se ha venido elucidando, la que vale decir, en realidad no atañe a ese concepto, sino al salario promedio mensual. Por último, el accionante no indicó cuál precepto de la convención colectiva malinterpretó el Tribunal, por lo que viene a ser un ataque carente de sustento. Descendiendo de todo lo anterior, es necesario recordar que la Corte, de forma reiterativa e inveterada, ha puntualizado que cuando se acusa la ley sustancial por la vía indirecta, el quiebre del fallo solo es posible si se demuestra la comisión de un desatino de orden fáctico manifiesto, que

se da cuando el juzgador le hace decir a un elemento de juicio algo que no indica, o le oculta lo que a la simple vista dimana. Por otro lado, cuando el ataque se basa en la falta de apreciación de algunos medios de convicción, no basta con señalar esa circunstancia para visualizar su prosperidad, si la sentencia construyó sus pilares fácticos en otros que son suficientes para blindarla jurídicamente, y de estos no se exhibe el desafuero valorativo, que es lo que aquí ocurre, pues como quedó visto, aun cuando el extremo pasivo alegó la desatención y un equivocado análisis de varios medios de prueba, lo cierto es que lo que concluyó el Tribunal de la certificación de folio 13 y la confesión de la demandada, desde el punto de vista estrictamente fáctico-casacional, no

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115 Radicación n. 49947 se exhibe absurdo; por el contrario, tales elementos se vislumbran suficientes para apoyar la determinación judicial a la que arribó. Además, vale destacar que en incontables ocasiones la Corte ha puntualizado que resulta indispensable argumentar la incidencia demostrativa que tuvo la omisión de valoración de medios de prueba que se endilga en la solución judicial, puesto que, [....] en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin

sujeción