CSJ - SL687-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL687-2024 Radicación n.° 97973 Acta 010 Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de abril de 2022, en el proceso ordinario laboral que GUILLERMO SIERRA BARRENECHE, le sigue a ella, y

también a COLFONDOS SA. PENSIONES Y CESANTÍAS

(COLFONDOS SA.); a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES); y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA. (FIDUPREVISORA SA.), en su condición de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA; al cual se vinculó a la empresa ASESORES EN DERECHO SAS, en calidad de

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Radicación n.° 97973 mandataria con representación de la COMPAÑÍA DE

INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE SA.

(PANFLOTA), como litisconsorte necesario por pasiva. AUTO Se reconoce personería dentro del presente asunto a la firma Casación Laboral Estudio SAS, representada legalmente por la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda, con tarjeta profesional n.° 287.982 del C. S. de la J, como

apoderada judicial de la accionada Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en los términos y para los efectos de la escritura pública obrante en el expediente digital -cuaderno de la Corte-. Aunado a lo anterior, téngase en cuenta la renuncia presentada por la profesional del derecho Diana Carolina Fuquen Avella, quien actuaba como apoderada de la convocada a la lid Colfondos SA. Pensiones y Cesantías (Colfondos SA.), en los términos del memorial que aparece en el expediente digital -cuaderno de la Corte-.

I. ANTECEDENTES

Accionó Guillermo Sierra Barreneche contra las demandadas, pretendiendo lo siguiente: i) se le reliquidara la pensión plena de jubilación ya reconocida por la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, «aplicando el límite de veinte (20)

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Radicación n.° 97973 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de 1997», en atención a lo preceptuado en los artículos 18 y 35 de la Ley 100 de 1993; y, en consecuencia, ii) se le condenara a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia —como administradora del Fondo Nacional del Café— al pago de las diferencias causadas respecto de las mesadas pensionales ya entregadas desde noviembre de 1997, hasta la ejecutoria de la sentencia; junto con las primas de junio y diciembre; y la indexación de lo adeudado; iii) se impusiera a la prenombrada accionada, a transferir los fondos necesarios a la Fiduciaria La Previsora

—en su calidad de administradora y vocera del patrimonio autónomo Panflota—, con la finalidad de cubrir las mesadas pensionales futuras; iv) se ordenara a la última entidad en mención, efectuar los pagos correspondientes a la prestación económica deprecada, cubriendo las disparidades surgidas entre la prerrogativa que debía reconocer Colpensiones y la pensión completa de jubilación; v) se instara a Colfondos SA. a trasladar a la aludida administradora pública, la rentabilidad derivada de las cotizaciones previamente mencionadas;

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Radicación n.° 97973 vi) se condenara a Colpensiones a reconocerle la pensión de vejez compartida, reliquidada con los últimos diez años de cotizaciones que debió haber realizado, en principio, la extinta la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA. (Panflota) y, posteriormente, la Fiduciaria La Previsora como administradora de esta última. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 22 de febrero de 1943; que prestó sus servicios a la Flota Mercante Grancolombiana —hoy, extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA—, mediante 3 contratos de trabajo a término indefinido, de la siguiente manera: i) desde 1964 hasta 1975, lapso en el cual, el extremo patronal no realizó aportes al sistema pensional, y cuyo nexo finalizó con su renuncia; ii) de noviembre de 1980 hasta agosto de 1991; interregno en el que ejerció los cargos de jefe ingeniero en los buques e ingeniero de puerto

en New York (EEUU). Agregó que, durante aquel vínculo, no realizó cotizaciones ante algún fondo pensional, siendo asumidas las contingencias de IVM, en forma directa, por la empleadora.; y, iii) de agosto de 1991 al 15 de octubre de 1997, periodo en el que su último empleo fue el de gerente de administración de buques, siendo trasladado a Bogotá DC, devengó $6.500.000 como salario integral. Indicó que, entre septiembre de 1991 y abril de 1995, cotizó al SGP público administrado por el ISS, hoy Colpensiones; aunado a que, en mayo de 1995, se trasladó al régimen privado ante Colfondos SA; entidad a la que la

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Radicación n.° 97973 patronal realizó los aportes correspondientes, hasta el 15 de octubre de 1997. Seguidamente, narró a través del acta de conciliación n.° 33, suscrita el 16 de octubre de 1997, se dio por terminado, de manera consensuada, el vínculo laboral con la Flota Mercante Grancolombiana SA. —hoy, extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA—. Precisó que, en dicho acuerdo, la exempleadora le reconoció la pensión de jubilación plena, con una mesada inicial de $2.580.075, equivalente a 15 SMLMV para el año 1997, atendiendo a que, según el Decreto 2334 de 1996, la remuneración mínima ascendía a $172.005. Adicionalmente, se estipuló que quedaba eximido de los

requisitos de edad y tiempo de servicio necesarios para obtener el derecho a evocada prestación; y, a su vez, se le reconoció como beneficiario del régimen de transición, según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de

1993. Por último, se acotó que la empresa se comprometía a continuar aportando a los riesgos de IVM, hasta que cumpliera con las exigencias estipuladas por el ISS para recibir la prerrogativa de vejez; y que la responsabilidad recaería sobre la prenombrada entidad administradora pública, en caso de que el monto otorgado por este organismo fuera mayor que el abonado por el antiguo empleador.

En virtud de lo anterior, manifestó que mediante la Resolución n.° 026 adiada a 26 de noviembre de 1997, la

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Radicación n.° 97973 extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA. formalizó el reconocimiento de la pensión de jubilación plena, con el reseñado monto inicial de $2.580.075; acto en el que se reafirmó la consideración sobre la compatibilidad con la prestación legal de vejez que pudiera ser otorgada posteriormente. No obstante ello, enfatizó que a partir de la evocada data, ha percibido sus mensualidades limitadas al tope de 15 SMLMV, conforme al artículo 2.º de la Ley 71 de 1988. Detalló que, desde noviembre de 1997 hasta mediados de 1999, recibió los aportes correspondientes a su mesada pensional; sin embargo, aseguró que, entre la última época mencionada y el 2001, cesaron los desembolsos de las

asignaciones adicionales a cargo de la ya extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA; pago que se reanudó en la última anualidad reseñada en precedencia, y perduró hasta la fecha de presentación de la demanda. De otro lado, recordó que a través de la sentencia CC SU-1023-2001, se ordenó remitir a la Fiduciaria La Previsora SA. (Fiduprevisora SA.), en su condición de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, la nómina de pensionados de la evocada exempleadora. Explicó, además, que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto n.° 400-10928 del 28 de agosto de 2012, resolvió declarar terminado el proceso liquidatorio, extinguida la personería jurídica y la cancelación de la matrícula mercantil de la pluricitada Compañía de

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Radicación n.° 97973 Inversiones; e igualmente ordenó a la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, que mantuviera el reconocimiento del pasivo pensional de la fenecida dadora del laborío; y, a su vez, que aquella debía poner a disposición de la Fiduprevisora SA, los dineros destinados para asegurar el pago de la prestación económica de los extrabajadores. Por último, refirió que, en el año 2012 —al alcanzar los 69 años—, presentó ante Colfondos SA, la solicitud de pago de «la porción de la pensión compartida que le correspondía reconocer» a su favor. Petición que fue denegada, bajo el

argumento de que dicha prestación era compartida con el ISS —hoy Colpensiones— y que, en consecuencia, no era procedente concederla. Adicionó que, el 14 de marzo de 2016, la prenombrada AFP privada le remitió una comunicación en la que le fue informado «que su afiliación a dicha entidad se encontraba inactiva, y que se estaba realizando el trámite de traslado de fondos al ISS, hoy Colpensiones». Por consiguiente, relató que, el 10 de junio de 2016, reclamó ante Colpensiones el reconocimiento de la deprecada prerrogativa compartida; del cual obtuvo respuesta negativa, en atención a que no se encontraba afiliado ante dicha administradora. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones impetradas. En cuanto a los hechos, únicamente aceptó la data de nacimiento del

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Radicación n.° 97973 promotor del juicio. Frente a los demás, manifestó que no le constaban. Planteó, como excepciones de mérito, las de prescripción y caducidad; inexistencia del derecho y de la obligación; cobro de lo no debido; y buena fe. Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, también mostró resistencia frente a las rogativas presentadas en la demanda inicial. Con relación a los planteamientos fácticos, señaló que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, sostuvo que, al demandante le fue otorgada la pensión de jubilación voluntaria, según las condiciones establecidas en el acta de

conciliación n.° 33, suscrita con la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, aún sin el cumplimiento de los requisitos legales para obtener la prerrogativa de la que trata el artículo 239 del CST. En consecuencia, recalcó que no hay fundamento para acceder a la reliquidación pretendida, pues el reconocimiento se hizo por «mera liberalidad de un tercero no vinculado, cuyos actos no le generan compromisos». Propuso la excepción previa que denominó, falta de integración del litisconsorcio necesario, respecto de la empresa Asesores en Derecho SAS; y, de fondo, planteó las de inexistencia de la obligación; falta de legitimación en la causa; prescripción; buena fe; ausencia de causa para pedir; enriquecimiento injustificado; pago y compensación; y, cosa juzgada.

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Radicación n.° 97973 A su turno, Colfondos SA, igualmente se opuso a los pedimentos. En cuanto a los supuestos de hecho, aceptó los alusivos a que, para la época en que finalizó el nexo empleaticio, el actor se encontraba vinculado ante dicha administradora; la solicitud que elevó el demandante ante aquella, en aras de obtener la porción de la pensión compartida; la respuesta negativa emitida frente a la anterior petición; y, por último, la comunicación proferida en la que se informaba el estado de afiliación «inactivo». Alegó que el demandante, en ejercicio de su libertad, optó por trasladarse al RAIS; circunstancia que se materializó. Sin embargo, puso de presente que, una vez

que se tuvo conocimiento de la existencia de la pensión compartida, llevó a cabo todas las gestiones necesarias ante Colpensiones y procedió a transferirle las contribuciones efectuadas por el accionante; encontrándose válida su vinculación a la evocada AFP pública, con data de inicio de efectividad del 27 de abril de 1995. Como medios exceptivos formuló los que denominó, en su tenor literal, inexistencia de la obligación en cabeza de Colfondos SA; buena fe; cobro de lo no debido; falta de causa para pedir; prescripción y caducidad. El juzgado de conocimiento por medio de auto del 14 de junio de 2017 tuvo por no contestada la demanda por parte de la codemandada Fiduciaria La Previsora SA. (Fiduprevisora SA.), en su condición de vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Panflota.

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Radicación n.° 97973 Posteriormente, mediante proveído emitido el 9 de abril de 2018, ordenó vincular al proceso a la empresa Asesores en Derecho SAS —mandataria con representación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA. (Panflota)—, en calidad de litisconsorte necesaria por pasiva; quien, al pronunciarse en torno al libelo genitor, se resistió a lo reclamado. Tratándose de los hechos, aceptó los relativos a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-1023-2001, junto a sus efectos; y lo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades a través del auto n.° 400-10928 del 28 de agosto de 2012. Frente a los demás,

expresó que no le constaban o que no eran ciertos por tratarse de apreciaciones personales del demandante. En su defensa, elevó las excepciones de fondo que tituló como inexistencia de la obligación de reliquidación de la mesada debido al cumplimiento de acuerdo conciliatorio y la normatividad aplicable; cosa juzgada; ausencia del deber de indexación de la primera asignación pensional de los ex trabajadores de la CIFM liquidada; prescripción; buena fe; inexistencia de la obligación; y oposición a la condena de costas y los presuntos perjuicios irrogados al actor.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 97973 El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 26 de enero de 2021, resolvió: PRIMERO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA cuyo vocero y administrador es FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, a reliquidar el monto de la pensión reconocida al demandante GUILLERMO SIERRA BARRENECHE mediante Resolución inicial n.° 026 del 23 de noviembre del año de 1997, en una suma inicial al año 1997 de $3.440.100.oo, que al momento de la prescriptibilidad asciende a la suma de $10.318.964.oo. Se ordenará el reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo pagado por la enjuiciada y lo que debía cancelarse sobre el valor real de la mesada pensional por

concepto de mesadas pensionales incluida las de junio y diciembre, conforme la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR de forma subsidiaria a la FEDERECIÓN NACIOAL (sic) DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del Fondo Nacional del Café, por las condenas impuestas en el numeral anterior dentro de la diferencia suscitada.

TERCERO: ABSOLVER a ASESORES EN DERECHO, COLFONDOS Y COLPENSIONES, de todas y cada una de las pretensiones de la demandada.

CUARTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA cuyo vocero y administrador es FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, y, de manera subsidiaria, a la FEDERECIÓN NACIOAL (sic) DE CAFETEROS DE COLOMBIA, a pagar las respectivas diferencias desde el 8 de septiembre del año 2013, en adelante, teniendo en cuenta para el año 2013, un valor inicial de $10.318.964.oo; valores que lógicamente son reajustable año a año conforme el IPC certificado por el DANE.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la demandada FEDERECIÓN NACIOAL (sic) DE CAFETEROS DE COLOMBIA y por el PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA cuyo vocero y administrador es FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, y declarar probadas las excepciones de petición antes de tiempo que se conde (sic) a favor de COLPENSIONES y la de inexistencia de la obligación a cargo de COLFONDOS, finalmente la excepción de inexistencia de la obligación a cargo

de ASESORES EN DERECHO como mandataria con representación de PANFLOTA.

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SEXTO: CONDENAR en costas a las demandados (sic) PANFLOTA y FEDERACIÓN DE CAFETEROS estableciéndose como agencias en derecho la suma de $1.500.000.oo a cargo de cada una de ellas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 27 de abril de 2022, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las convocadas a la lid: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia —como administradora del Fondo Nacional del Café—; Fiduciaria La Previsora SA. —Fiduprevisora SA.—; y por la empresa Asesores en Derecho SAS. —en calidad de mandataria con representación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA. (Panflota)—, resolvió: PRIMERO: ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia apelada en el sentido de autorizar efectuar el descuento por aportes a salud, con destino a la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el demandante, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Se CONFIRMA en lo demás la sentencia apelada y consultada.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de las apelantes, para lo cual se fijan como agencias en derecho la suma de $800.000.00, a cargo de cada una y en favor del demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal partió

de que no era objeto de discusión, que al iniciador del proceso le fue reconocida la pensión de jubilación, como decisión voluntaria de su exempleador, mediante el acta de conciliación n.° 33 y la Resolución n.º 026, ambas de 1997, en cuantía de $2.580.075, a partir del 26 de noviembre del mismo año. Acto seguido, indicó que, para la data reseñada en precedencia, el tope menor de la prestación pensional, según lo preceptuado por el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, no podría ser inferior al salario mínimo de la época; en cuyo aparte, además,

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Radicación n.° 97973 consagró que «las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 4.a. de 1992 no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2.º de la Ley 71 de 1988». Ahora, con relación al valor máximo, señaló que correspondía a veinte (20) SMLMV, conforme lo estipuló el parágrafo 3.° del canon 18 de la Ley 100 ibidem, cuyo contenido se materializó con la expedición del precepto 2.° del Decreto 314 de 1994, por medio del cual se ratificó la eliminación de la base de cotización sobre los quince (15) SMLMV, que establecía el postulado 2.° de la Ley 71 de 1988. Según los parámetros normativos expuestos con antelación, el colegiado consideró que: […] cuando la norma no discrimina los tipos de pensiones a que se refiere, por tanto, dentro de ellas pueden incluirse las

convencionales que se remiten a la ley para establecer los topes máximos de su cuantía, u otras referentes a otros sistemas de pensiones (CSJ SL, 17 feb. 2009, rad. 33536), por ende, considera la Sala que ello también procede, en tratándose de pensiones de jubilación plenas concedidas a través de pacto conciliatorio, como ocurre en el presente caso. La Sala de Casación Laboral, al estudiar casos de contornos similares al sub lite, y en contra de la misma empleadora del aquí demandante, tuvo la oportunidad de interpretar el aludido parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, y estimó que la prerrogativa allí contenida, era aplicable a toda clase de pensiones legales otorgadas incluso con anterioridad al Sistema de Seguridad Social Integral, siempre y cuando se satisfaga la condición de ser concedidas luego de la vigencia de la Ley 4.ª de 1992, porque precisamente el tope de 15 salarios mínimos establecido en la Ley 71 de 1988, fue derogado para toda clase de pensiones legales (CSJ SL, 11 jul. 2002 rad. 16935, reiterada en SL, 6 ago. 2002 rad. 17929, SL, 17 feb. rad. 33536, SL, 11 mar. rad. 31558, todas de 2009, SL, 6 mar. 2012 rad. 39953, SL6154-2015). Por consiguiente, coligió que era procedente la reliquidación pensional reclamada por el actor, y, en consecuencia, ratificó que acertó el a quo al impartir la condena alusiva al pago de las diferencias sobre las mesadas,

teniendo en cuenta el evocado límite de veinte (20) SMLMV. Finalmente, descendió al estudio de la responsabilidad subsidiaria por las obligaciones objeto de condena, que recayó en cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros de

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Radicación n.° 97973 Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y determinó lo siguiente: Se advierte que la calidad de empresa matriz o subordinante de la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café, respecto de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, se extrae de la comunicación del 29 de abril de 1998, oportunamente anotada en el registro mercantil, en virtud de la cual se informó a la Cámara de Comercio de Bogotá, que "en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café y con recursos de éste como matriz, se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia", esto es, con extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA. De lo anterior, se tiene que contrario a lo afirmado en la alzada era del resorte de la Federación acreditar que en efecto la liquidación de su subordinada no fue atribuible a sus acciones y decisiones como matriz, situación que se encuentra desprovista de respaldo probatorio en el plenario. […] De esta manera, queda evidenciado que la eliminación por mandato legal de la reserva de carga, además de ser un hecho anterior al ingreso de la Federación Nacional de Cafeteros como socio mayoritario de la CIFM, ni siquiera es la causa que generó el descalabro económico de esta última, pues se considera que al contar aquella con el 80% de la propiedad accionaria de la

CIFM, ello le significó asumir una representación mayoritaria en su Junta Directiva, y por ende, controlar el poder decisorio de ese órgano conforme a lo establecido en el artículo 437 del Código de Comercio, por lo que las consecuencias favorables o adversas en materia económica de los actos ejecutados por la CIFM, son imputables a la Federación Nacional de Cafeteros por vía de acción u omisión. Reforzó su postura con lo discurrido a través de las sentencias CSJ SL153310-2014; CSJ SL471-2019 y CSJ SL1973-2019; que citó.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, una vez constituida en sede de instancia, revoque en su integridad el fallo proferido por el a quo y, en su lugar, se nieguen las pretensiones incoadas en el libelo genitor.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son objeto de réplica por parte de Guillermo Sierra Barreneche; y se resuelven conjuntamente los dos últimos, dada su similitud de propósito y base argumentativa. Ahora, en este punto importa destacar que, si bien Colpensiones presenta un escrito dentro del término de traslado de la demanda extraordinaria, a juicio de la Sala, este no constituye una oposición real, pues no ataca los

cargos propuestos en el líbelo casacional; simplemente, se limita a afirmar que «no tiene competencia para inmiscuirse en el reproche relacionado», y que, de accederse a lo pretendido por la censura, en nada afectaría a dicha administradora.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de transgredir, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, de los

siguientes preceptos:

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Radicación n.° 97973 […] artículos 148 de la Ley 222 de 1995 y 126 de la Ley 1116 de 2006; en concordancia con los artículos 822; 1262 y 1263 del Código de Comercio; 2142 y 2186 del Código Civil; 2 y 6 de la Constitución Nacional. Esta vulneración dio lugar, también, a la indebida aplicación de los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 18 original y 35 de la Ley 100 de 1993. En su demostración señala, que no discute la conclusión a la que arribó el juez plural, atinente a que no se encuentra desvirtuada la presunción establecida en el párrafo del canon 148 de la Ley 222 de 1995, con respecto a la empresa matriz o controladora de la sociedad subordinada que está inmersa en el proceso de concordato o de liquidación obligatoria. A continuación, precisa que su objeción va dirigida contra las siguientes conclusiones del Tribunal: 1) La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, está vinculada este proceso como administradora del Fondo Nacional

del Café, y en dicha condición se le condena. 2) Que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, inscribió en la cámara de comercio su situación de matriz o controlante de la sociedad Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., por adquirir, con recursos del Fondo, un número acciones de esa sociedad que la colocaban en esa situación. 4) Que el Fondo Nacional del Café, por ley, es una cuenta parafiscal y, por ende, independientemente que sus recursos tengan una destinación específica, su dueño, es la Nación. 4) (sic) Que la lógica consecuencia de lo antes transcrito es que, como el Fondo Nacional del Café es una cuenta corriente de naturaleza parafiscal, ello significa que no es persona; y solo las personas naturales o jurídicas son sujetos de derecho y obligaciones; también lo son los patrimonios autónomos, condición de la carece el Fondo Nacional del Café. 5) Que la declaración de la responsabilidad subsidiaria que hizo la Corte Constitución, en la sentencia SU-1023 de 2001, con relación a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, no fue definitiva sino provisional, pues precisó que ello debería ser definido por la jurisdicción ordinaria, lo que implica que la determinación que al respecto

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Radicación n.° 97973 se acogió en el fallo gravado, se torna o es definitiva; es de advertir que, como el Tribunal, cita el aludido fallo, ello habilita para hacer referencia a su contenido.

Conforme a lo precedente, señala que el Fondo Nacional del Café no es una persona jurídica y ante dicha situación, debía identificarse que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de mandante de la Federación Nacional de Cafeteros, es quien tiene bajo su égida la titularidad de las acciones que se adquirieron de la sociedad Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA; por lo que al obviar ello, esgrime que el sentenciador incurrió en la vulneración e indebida aplicación de las normas citadas en la proposición jurídica del reproche. Recuerda que dicha temática fue objeto de estudio en la sentencia CC SU-1023-2001, y transcribe el punto 16 de la misma, con lo que evoca el que la medida adoptada frente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fondo Nacional del Café es transitoria, por lo que es al juez ordinario a quien le compete atribuir la responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. De igual manera, respecto a la naturaleza de los recursos que hacen parte del Fondo Nacional del Café, trae apartes de la sentencia CC C-840-2003; y, sobre ello, advierte: […] si el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica; si sus recursos que provienen de una contribución parafiscal, son de índole pública, inclusive lo señala la sentencia gravada; si la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia actúa como administrador de dicho Fondo, siendo su mandante el Estado

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Radicación n.° 97973 Colombiano; si la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia, en dicha calidad, adquirió la condición de matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA; y si en virtud de la liquidación de dicha sociedad filial, cabe aplicar la responsabilidad subsidiaria consagrada y regulada por el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se tiene que la misma debe recaer en el mandante, o sea, el Estado Colombiano, y no en el mandatario. De no ser así, se le estaría y está imponiendo una obligación a quien no es persona y, además, si por cualquier circunstancia cesa la contribución cafetera que nutre el Fondo, aquella desaparece, lo que sería funesto para el caso de las obligaciones pensionales que son de tracto sucesivo. Finalmente, solicita no se aplique al asunto lo expuesto por esta Sala a través del fallo CSJ SL1889-2021, para desestimar este mismo reproche en caso semejante contra la recurrente, dado que «acude a lo dicho en providencia CSJ SL1213-2021; empero, lo que esta se sostiene es equivocado», ya que: 1) Para determinar, en casación, que es como debió estudiarse dicha acusación, y no, como se hace, actuando como tribunal de instancia, no se necesita ni se necesitaba acudir a prueba, menos al contrato de administración celebrado entre el gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, pues ese documento no es idóneo, ninguna incidencia tiene, para inferir si el Fondo Nacional del Café es persona natural o jurídica, o es patrimonio autónomo, pues solamente teniendo esa calidad se puede ser, de acuerdo a la Constitución y la ley,

sujeto de derecho y obligaciones; 2) como en este proceso no se discute la responsabilidad del mandatario con relación al mandante, es un exabrupto dar a entender que en la proposición jurídica se debió mencionar el artículo 2155 del Código Civil, de haberse dado la situación que prevé esa norma y la que agrega, oficiosamente (fuera de sus funciones), la Sala de Descongestión en el fallo gravado: la ratificación por parte del demandante, para desestimar el cargo, era la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Públicoel que tenía, a través de una demanda de reconvención, haber planteado que se definiera lo uno y otro; 3) la cita que se hace de la sentencia de la Corte Constitucional SU 1023-2001, que es la génesis la controversia sobre la quién

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Radicación n.° 97973 (sic) debe responder, de manera definitiva, de las obligaciones pensionales a carga de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., luego Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., para ese caso, en realidad no avala el raciocinio del sentenciador ad quem, la transcripción final que de ese fallo de revisión de tutela se hace, la desvirtúa, e