CSJ - SL689-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL689-2024 Radicación n.° 95992 Acta 09 Bogotá D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 16 de mayo de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró MARIO DE JESÚS MONTOYA GÓMEZ en contra de la entidad recurrente y de la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A.

I. ANTECEDENTES El mencionado demandante convocó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y

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Radicación n.° 95992 Cesantías Protección S. A., para que se declare la «inexistencia», «nulidad» o «ineficacia» del traslado de Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS específicamente a la AFP Protección S. A. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condene a la AFP privada, a trasladar los aportes de pensión a Colpensiones y a ésta última a recibir y validar los mismos. Igualmente, solicita se declaré que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y tiene derecho a la

pensión de vejez, por lo que Colpensiones debe reconocerla junto con los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación de las mesadas causadas a partir del 23 de febrero de 2014; así mismo al pago de las costas y agencias procesales. Como pretensiones subsidiarias solicitó se condene a Protección S. A. a reconocer la pensión de vejez en aplicación del Decreto 758 de 1990 en forma retroactiva a partir del 23 de febrero de 2014, fecha en la que cumplió los requisitos mínimos para acceder a ella; adicionalmente el pago de los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 23 de febrero de 1954; se afilió al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 31 de julio de 1978 y

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Radicación n.° 95992 cotizó hasta el 15 de septiembre de 2006 cuando se trasladó a la AFP Protección S. A., aunque nunca suscribió formulario de afiliación ni ha sido su voluntad de cambiar de régimen pensional; que al momento del supuesto traslado tampoco se le suministró la información necesaria sobre las características y ventajas comparativas de los regímenes pensionales; que debido a esa situación irregular algunos empleadores continuaron cotizándole al ISS, y que finalmente, el 29 de julio de 2016 agotó la vía gubernativa solicitando a Colpensiones el reconocimiento de las

pretensiones que reclama en el proceso, sin obtener respuesta. La Administradora Colombiana de Pensiones al contestar la demanda se opuso a las pretensiones por carecer de fundamentación fáctica, legal y probatoria. En relación con los supuestos fácticos, aceptó la fecha de nacimiento del demandante, los tiempos en que cotizó en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, la fecha de traslado a la AFP Protección S. A., y los aportes que se efectuaron por error al ISS. Sobre los demás hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, se remitió al artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, a las sentencias C789-2002; C1024-2002; SU062-2010 y a la aplicabilidad del precedente judicial. Formuló como excepciones de mérito la imposibilidad de que Colpensiones decrete la ineficacia del traslado,

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Radicación n.° 95992 improcedencia de la declaratoria de invalidez del traslado; improcedencia de la indexación de las condenas; la de prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y la «inominada» (sic) o genérica. Por su parte Protección S. A. al dar respuesta a la demanda inaugural también se opuso a todas y cada una de las peticiones formuladas en su contra. Respecto de los hechos, admitió el relativo a la fecha de afiliación al régimen de ahorro individual con la AFP Protección S. A., que lo fue con la solicitud de vinculación No. 0894298 el 1 de abril de

1997; la petición presentada a la entidad, de la proyección de la pensión y de la reclamación administrativa. Frente a los demás, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Como razones de defensa adujo que el acto jurídico de la vinculación del actor al RAIS había cumplido las condiciones de existencia, validez y eficacia; que dicho cambio estuvo exento de vicios del consentimiento, pues a aquel se le brindó la información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz para que tomara la determinación de trasladarse, siendo convalidado por el actor al no hacer uso de los mecanismos legales para retornar al RPM. Propuso como medios exceptivos de fondo lo que tituló: acto existente jurídico y válido, ausencia de vicios del consentimiento, falta de legitimación en la causa, la prescripción del acto jurídico.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral de Medellín, mediante decisión del 16 de diciembre de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la AFP Protección S.A. faltó a su obligación de dar información veraz y oportuna a Mario de Jesús Montoya Gómez, al momento de trasladarse del Seguro Social a dicha entidad, Protección S.A. no verificó a lo largo de la afiliación de Mario de Jesús Montoya Gómez a Protección S.A. que le fuera más favorable permanecer en dicha AFP antes que en el régimen de Prima media, Mario de Jesús Montoya Gómez se identifica con la cédula de ciudadanía 70.506.976.

SEGUNDO: DECLARAR que protección S.A. causó un grave perjuicio en la mesada pensional del demandante Mario de Jesús Montoya Gómez, pues ni siquiera se la ha pagado. Al hacerle en forma descuidada pago de devolución de saldos.

TERCERO: DECLARAR la responsabilidad constitucional y profesional de la AFP Protección, sea en el perjuicio o menoscabo a la Seguridad Social en pensiones acaecida. En su

afiliado, Mario de Jesús Montoya Gómez.

CUARTO: DECLARAR u ORDENAR a la AFP protección S.A., que a partir del primero de enero del año 2022 inscriba en nómina de pensionados a Mario de Jesús Montoya Gómez para que le siga pagando pensión de vejez. En una cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, incluyendo la mesada extraordinaria de diciembre de cada año.

QUINTO: ORDENAR a la AFP protección S.A. pagar retroactivo pensional al demandante desde el 13 de febrero de 2014, liquidado hasta el 31 de diciembre del presente año, en la suma de $ 77.993.190 suma dinero que se debe indexar mes tras mes hasta cuando real y efectivamente se pague al demandante, incluyendo las mesadas extraordinarias de cada diciembre.

SÉPTIMO: (sic) No prospera la excepción de ausencia de responsabilidad de la demandada Protección S.A.

OCTAVO: se absuelve de todas las pretensiones a Colpensiones.

NOVENO: Costas procesales a cargo de Protección S.A. AFP agencias en Derecho, instancia en la suma de $3.634.000 pesos. En favor de Mario de Jesús Montoya Gómez.

DÉCIMO: Absolver a Protección S.A. de las pretensiones de reconocimiento y pago de intereses moratorios, solicitada en las

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Radicación n.° 95992 pretensiones de este proceso.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer de los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la AFP Protección S. A., así como al dar trámite al grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, a través de la sentencia del 16 de mayo de 2022, decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín venida en apelación y consulta, para en su lugar, DECLARAR la ineficacia de la afiliación y traslado del señor MARIO DE JESÚS MONTOYA GÓMEZ al RAIS, con lo cual retorna de manera automática al RPMPD, según y conforme la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a PROTECCIÓN S.A. trasladar o devolver a COLPENSIONES todos los valores que aún conserve en la cuenta de ahorro individual de MARIO DE JESÚS MONTOYA GÓMEZ, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1.746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado. Igualmente, ORDENAR a PROTECCIÓN S.A. trasladar o devolver a COLPENSIONES los descuentos realizados sobre las cotizaciones para cubrir los seguros previsionales, gastos o comisión de administración y los

aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, debidamente indexados, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES, a reactivar la afiliación del demandante al régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, y a recibir todos los recursos que le sean trasladados por las AFP PROTECCIÓN S.A., validando en su historia laboral todas las cotizaciones efectuadas en el RAIS.

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor MARIO DE JESÚS MONTOYA GÓMEZ la suma de $82.629.971 por concepto de retroactivo pensional por vejez causado entre el 23 de febrero de 2014 y el 30 de abril de 2022. A partir del 1º de mayo de 2022 COLPENSIONES, deberá cancelar una mesada

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Radicación n.° 95992 pensional por vejez en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente, la cual se incrementará anualmente conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y sobre 13 mesadas pensionales al año. Parágrafo 1º: ORDENAR a COLPENSIONES a indexar el retroactivo pensional por pagar y las mesadas que se sigan causando, de conformidad y según lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Parágrafo 2º: AUTORIZAR a COLPENSIONES para que descuente del retroactivo pensional a que hubiere lugar, las cotizaciones que por mandato legal deben hacerse con destino

al sistema de seguridad social en salud.

QUINTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES a compensar de la suma que deba pagar por concepto de retroactivo pensional y de las mesadas que se sigan causando, la suma de $86.953.399, pagada al demandante el 13 de junio de 2019, debidamente indexada.

SEXTO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera correrán a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor del demandante. Tásense.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal comenzó por precisar que el problema jurídico a resolver se centraba en definir si operó la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional efectuado a la AFP Protección S. A., y de ser así, conocer cuáles son las consecuencias jurídicas que devienen de la misma; así mismo, si el demandante es beneficiario de la pensión de vejez. A efectos de resolver los mencionados interrogantes, advirtió de entrada que acogía los lineamiento de esta Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, frente a la obligación ineludible de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones desde su creación; que la suscripción de un formulario es insuficiente para

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Radicación n.° 95992 probar el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; que la carga de la prueba recaía sobre la entidad, por virtud de su inversión a favor del afiliado como parte débil de la relación jurídica contractual. En la misma dirección precisó que para la data del traslado, esto es, 1 de abril de 1997, la AFP tenía la

obligación de brindar información detallada, bajo los lineamientos de los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 97 numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, tal y como lo ha señalado la Corte el deber de « “ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. (…) suministrar (…) una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. (…)». Destacó que Protección S. A. no había acreditado de manera siquiera sumaria el cumplimiento de las obligaciones que le imponía la normativa vigente; es decir, no había puesto en conocimiento del afiliado los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía suministrar.

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Radicación n.° 95992 Igualmente dijo que como no había soporte documental de que a la fecha del traslado del régimen pensional sele hubiere suministrado una información verbal, aquello denotaba una contravención a lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no bastaba con aportar un formato pre-impreso de vinculación, que no comportaba más que una «proforma» utilizada por la citada administradora. Que lo que en verdad se requería era una efectiva e integral asesoría brindada al momento de dicho

traslado, indicándole al potencial afiliado las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, los requisitos y condiciones necesarias para causar la pensión de vejez o la anticipada antes de la edad mínima, dado que no se trataba solo de persuadirlo con llamativos rendimientos financieros, sino que se le debía haber prestado asesoría integral y completa en función de que pudiera lograr en lo futuro la pensión que mejor se acompasara con sus expectativas pensionales y la densidad de cotización alcanzada en toda su vida laboral. Resaltó que no se practicó el interrogatorio de parte al demandante, por lo que no era posible que hubiera confesado haber recibido asesoría, o conocer las características de los regímenes pensionales, indicándole cuáles eran las ventajas o desventajas de afiliarse al RAIS y las modalidades y requisitos pensionales de este. Así mismo hizo alusión a las reasesorías para el traslado entre AFP del mismo régimen, afirmando que las mismas no convalidan la actuación viciada de traslado de

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Radicación n.° 95992 régimen pensional; de manera que el hecho de que el demandante se le hubiera calculado e informado, el 4 de mayo de 2016, su situación pensional futura en el RAIS (doc. 003 pág. 31), ello, per se, no tenía la virtualidad de subsanar o convalidar las notorias falencias de información al momento del traslado de régimen pensional. Destacó que el demandante no tiene la calidad de pensionado, sino que fue beneficiario de la devolución de saldos (art. 66 Ley 100 de 1993), la cual le fue reconocida

toda vez que a la edad requerida para acceder a la asignación mínima no reunía la densidad de cotización requerida, ni completaba el capital suficiente para financiar una pensión con el SMLMV. Indicó que la devolución de saldos es una prestación económica del RAIS con un objeto equiparable a la indemnización sustitutiva consagrada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 para el RMP, memorando que «“el reconocimiento de la indemnización sustitutiva no tiene incidencia frente al reconocimiento del derecho principal como lo es la pensión de vejez, siempre y cuando este último se haya causado antes del reconocimiento de la referida indemnización”», siendo que lo que solicitaba finalmente el aquí demandante es su pensión de vejez, la cual fue causada con antelación a la devolución de saldos. Agregó que, si dicha prestación no era óbice para el reconocimiento del derecho pensional a cargo de Colpensiones, tampoco debía ser impedimento para

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Radicación n.° 95992 declarar la ineficacia de traslado en el sub lite, tal y como lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por lo expuesto, afirmó, debía revocar la sentencia y declarar la ineficacia de la afiliación de traslado y el retorno al RPM sin solución de continuidad. Ahora bien, como quiera que la ineficacia del traslado conlleva que el fondo privado devuelva todas las cotizaciones realizadas, incluyendo los porcentajes, gastos o comisión de administración, así como también lo

descontado para el fondo de garantía de pensión mínima y las sumas de la aseguradora (primas seguros previsionales), carecería de sentido la declaratoria de la ineficacia, de no ordenar el traslado de todos los valores que tuviera el demandante en su cuenta individual para garantizar no solo la sostenibilidad financiera del sistema, sino también para el cumplimiento del principio de solidaridad. También precisó que, aunque Protección le reconoció al demandante la prestación económica devolución de saldos el 15 de febrero de 2019, en un monto de $86.953.399, que pagó el 13 de junio de ese mismo año, ello no era impedimento para que se le ordenara a dicha entidad devolver la totalidad de los saldos del accionante, por cuanto no existía prueba que demostrara la entrega íntegra del ahorro y si existía todavía. De la misma manera ordenó la indexación de las sumas que se devolvieran por

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Radicación n.° 95992 cuanto, aunque ello no fue materia de debate, debía reconocerse de manera oficiosa, en cuanto no es una condena sino un reconocimiento al efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (CSJ SL950-2022). Visto lo anterior, revocó la decisión del juzgado en tanto declaró que la prestación del demandante estaba en cabeza de la AFP llamada a juicio, y en su lugar, declaró la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional, ordenando el retorno del actor al RPM a cargo de Colpensiones, sin solución de continuidad, junto con la

devolución de todos los aportes existentes en la cuenta de ahorro individual del demandante, incluyendo los rubros deducidos de las cotizaciones realizadas por la AFP accionada, los que deberían devolverse debidamente indexadas. En relación con la excepción de prescripción manifestó que como quiera que en los procesos donde se solicitaba la declaratoria de ineficacia, determinan el traslado de aportes los cuales están ligados íntimamente con el reconocimiento de una pensión de vejez, aquellos eran de naturaleza imprescriptible. Frente a la pensión de vejez sostuvo que estaba demostrado en el proceso que el accionante era beneficiario del régimen de transición pensional, pues acreditó los requisitos mínimos exigidos al 1 de abril de 1994, esto es, contaba con 40 años cumplidos, beneficio transicional que no fue afectado por el Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto

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Radicación n.° 95992 contaba con más de 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005, pues reportaba 826 semanas de cotización a tal fecha, siendo su régimen inmediatamente anterior aplicable, el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como quiera que tuvo la calidad de trabajador dependiente del sector privado. De la misma manera señaló que atendiendo a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el accionante satisfacía los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, dado que arribó a los 60 años de edad el 23 de febrero de 2014 y

para la misma calenda ya contaba con 584,86 semanas cotizadas contadas a partir del 24 de febrero de 1994, es decir, en los 20 años inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida, lo anterior de acuerdo a las historias laborales aportadas por las aquí llamadas a juicio. Así mismo indicó que la prestación se otorgaría a razón de un salario mínimo mensual legal vigente y que su disfrute sería a partir del 23 de febrero de 2014, ya que la última cotización había sido el 11 de enero de 2013 (sic) y que sería a razón de 13 mesadas anuales por haberse causado después del 31 de julio de 2011 según las voces del Acto Legislativo 01 de 2005 Advirtió que la prescripción no prosperaría ya que la demanda se había presentado el 30 de noviembre de 2016, es decir, dentro del término previsto en los artículos 488

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Radicación n.° 95992 del CST y 151 del CPTSS. Realizó las operaciones matemáticas de rigor, y afirmó que al actor se le adeudaba como retroactivo la suma de $82.629.971 de la cual se debía autorizar las deducciones por concepto de aportes por salud; y añadió: Compensación De cara a la excepción de compensación propuesta por COLPENSIONES, tenemos que el 15 de febrero de 2019 PROTECCIÓN S.A. le reconoció al demandante la devolución de saldos, misma que le fue pagada el 13 de junio de 2019 en cuantía de $86.953.399 (doc. 034 pág. 2 y 4), de forma que,

efectivamente ha de compensarse tal valor del retroactivo pensional materia de condena, en consideración a que los recursos de la devolución de saldos corresponden a la financiación de la pensión de vejez en el RPMPD, debiéndose ordenar la compensación indexada de tales valores, por cuanto la pérdida del valor adquisitivo de la moneda constituye un hecho notorio posible inclusive de reconocimiento oficioso (SL359-2021). […] De otro lado, importa relievar por la Sala que el valor pagado por devolución de saldos, no puede ser compensado de la condena al pago de los gastos o comisión de administración, lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima y los gastos de la aseguradora (primas previsionales), habida cuenta de que la devolución de saldos corresponde al “(…) capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional”, es decir, que la devolución de saldos corresponde a un valor debido al cotizante promotor del juicio y que debía ingresar a su patrimonio. Por la misma razón, no es procedente ordenar el reintegro a la AFP de lo pagado por devolución de saldos, en la medida en que los recursos que integraron la devolución de saldos, nunca pertenecieron al patrimonio de dicha sociedad, sino que siempre estuvieron destinados a financiar la pensión de vejez del demandante. En cuanto a los intereses moratorios, adujo que a la luz del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aquellos se generan por el retardo en el pago de los derechos pensionales, pero que, en el

presente caso, Colpensiones se había negado al reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento «en una aplicación minuciosa de la ley, a saber, que el demandante se encontraba válidamente (sic) afiliado al RAIS», situación que a penas con la presente sentencia se venía a modificar, por lo que debía absolver de dicha carga, aunque en su lugar ordenaría la

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Radicación n.° 95992 indexación del retroactivo ya que la devaluación monetaria constituía un hecho notorio. Finalmente se abstuvo de imponer condena por concepto de costas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que se case la sentencia impugnada, en lo que corresponde a la declaratoria de ineficacia de traslado, para que, en sede de instancia «CONFIRME el fallo del Aquo» en lo que tiene que ver con la absolución a Colpensiones.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo el cual es replicado únicamente por el demandante, ya que la AFP Protección S. A. manifiesta no tener razones para oponerse y no hay ninguna solicitud que afecte sus intereses.

VI. CARGO ÚNICO

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Radicación n.° 95992 Acusa la sentencia por vía directa, de violar por infracción directa el artículo 1509 del Código Civil y por la

interpretación errónea de los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 y, 97 numeral 1° del Decreto 663 de 1993 que condujo a la aplicación indebida de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, 12, 13 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y el parágrafo 6 del Acto Legislativo 01 de 2005. En la demostración del cargo aclara que denuncia los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, aunque en ninguno de esos preceptos se encuentran regladas las obligaciones que el colegiado impuso, y que lo hace acudiendo a la modalidad de interpretación errónea, no a la aplicación indebida, porque la sentencia fustigada se apoyó en algunas providencias de esta Corte Suprema de Justicia que desarrollan el tema de la ineficacia del traslado. Luego aduce que no discute los fundamentos fácticos en los que se soportó la providencia fustigada relativos a que el actor quien cotizaba al ISS hoy Colpensiones desde 1978, se afilió al RAIS en 1997; que tampoco está en duda que el demandante en 2013 reclamó ante Protección S. A., el reconocimiento de una pensión de invalidez; ni que dicha AFP hizo la proyección de la prestación a solicitud del actor en el mes de mayo de 2016, momento para el cual aquel no reunía las semanas mínimas a efecto de ser beneficiario de la pensión de vejez o la garantía mínima de pensión en el RAIS; y que también está fuera de debate que Protección

S.A le reconoció, en febrero de 2019, luego de haberse

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Radicación n.° 95992 presentado la demanda que dio pie al presente proceso, la devolución de saldos en cuantía de $86.953.399. Destaca que su inconformidad radica en que el colegiado interpretó erróneamente el artículo 97 del Decreto 663 de 1993 pues resolvió el conflicto con fundamento en los precedentes actuales que sobre la ineficacia del traslado se han edificado, como si fuese un caso de simple de mutación del RPM al RAIS carente de información, desconociendo que en este caso el demandante no logró configurar ninguna pensión en el régimen privado al punto que le hicieron devolución de saldos, y que, a pesar de ello, el Tribunal le impuso a Colpensiones la asunción de una pensión para la cual no hay recursos, afectando la sostenibilidad financiera del sistema. Además, porque, si bien es cierto, desde la creación de los fondos administradores de pensión se fijó a cargo de estas el deber de brindar información clara y fundada, la normativa vigente no se dispuso que se hiciera en la magnitud que precisó el juez colectivo en su sentencia, esto es, la de proporcionar una ilustración acerca de las condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, la existencia de una transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales y la proyección comparativa de las mesadas; pues esos aspectos han sido consagrados legalmente con posterioridad al traslado del accionante.

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Radicación n.° 95992 Por otra parte, considera que el demandante convalidó su afiliación inicial al RAIS, con «múltiples actuaciones», como es la devolución de saldos. Señala que el Tribunal soportó su decisión en un error de derecho en que pudo incurrir el afiliado a la hora del traslado aduciendo no saber que no podría obtener una mesada de vejez en el RAIS, el cual no vicia el consentimiento como lo prevé el artículo 1509 del Código Civil, para lo que se apoya en apartes de la sentencia CC C 993 de 2006, que transcribe. Finalmente, asegura que «se encuentra más que probado en el expediente, que la intención del afiliado de permanecer en el régimen privado, sólo varió cuando constató que no reuniría las semanas mínimas», sin olvidar que reclamó la devolución de los saldos de su cuenta individual y que ello genera «un golpe a la sostenibilidad financiera al régimen de prima media que tendrá que subsidiar mes a mes una mesada pensional sobre la cual, ya ni siquiera existe devolución de aportes -como lo encontró el colegiado y por lo cual autorizó su compensación-».

VII. RÉPLICA La parte demandante se opone a la prosperidad del único cargo formulado, bajo el argumento de que es equivocado el planteamiento que hace la entidad recurrente, toda vez que, no derriba la conclusión que realizó el Tribunal Superior de Medellín frente a que no se encontró prueba alguna de que se hubiera brindado

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información al demandante en la fecha del traslado de régimen pensional. Así mismo, manifiesta que el cargo está dirigido a demostrar que el deber de información para el momento en que se presentó el traslado, esto es, en el año 1997, no tenía el alcance que le dio el colegiado; lo que aun en el evento en que se estimara que el deber de información para ese entonces tenía una exigencia menor, ello no hace que fuera inexistente o no exigible a la entidad administradora. De igual manera subraya que contrario a lo manifestado por la recurrente, el ad quem dio una correcta aplicación de la ley sustancial y jurisprudencial sobre el asunto materia de debate, para lo que se apoya en la providencia CSJ SL1688-2019. Insiste en que para el presente caso no hay prueba del cumplimiento mínimo del deber de información, no habiendo lugar a casar la sentencia, porque la decisión de la segunda instancia no se funda en la existencia de un error de derecho, como lo pretende señalar la entidad recurrente. Por último puntualiza que la recurrente hace referencia a que el demandante convalidó la afiliación, al haber recibido la devolución de saldos en el régimen de ahorro individual con solidaridad; sin embargo, ello tampoco se ajusta a la jurisprudencia de esta Sala Laboral que ha dispuesto que el efecto de la declaración de

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Radicación n.° 95992 ineficacia es que todo vuelve al estado anterior al acto declarado ineficaz; y que si bien en el caso de los pensionados en el RAIS la reciente jurisprudencia ha negado la declaratoria de ineficaz del acto de traslado, esta

línea jurisprudencial no es aplicable en los casos en los que se ha presentado es la devolución de saldos, como se señala en la sentencia CSJ SL2120-2023 del 31 de julio de 2023.

VIII. CONSIDERACIONES El sentenciador declaró la ineficacia del traslado del actor al RAIS, esencialmente, porque Protección S. A., a quien le correspondía la carga de la prueba, no había demostrado el cumplimiento de la obligación legal de brindar información, asesoría integral y suficiente a su eventual afiliado, como le competía en el momento de la mutación.

Precisó el j