CSJ - SL705-2024

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente SL705-2024 Radicación nº. 96203 Acta 08 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALVINS ENRIQUE GUTIÉRREZ BRETT, frente a la sentencia del veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral que instauró en contra de CBI COLOMBIANA S.A. y REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. REFICAR, como llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. y

CONFIANZA S.A.

I. ANTECEDENTES El accionante llamó a juicio a CBI Colombiana S.A. y Refinería de Cartagena S.A. Reficar, a fin de que se declarara la existencia del vínculo laboral con la primera de las convocadas, entre el 29 de abril de 2013 y el 14 de abril

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Radicación n.° 96203 de 2014; la ineficacia del pacto de exclusión salarial contenido en el mencionado contrato y que devengó los siguientes incentivos de naturaleza salarial: bonificación de asistencia, de productividad, de progreso convencional, de progreso tubería, HSE convencional, prima técnica convencional, auxilio de gastos de transferencia bancaria, auxilio de lavandería y bono de alimentación Sodexho. Solicitó declarar que el empleador no tuvo en cuenta al

momento de efectuar la liquidación de las prestaciones sociales y vacaciones, la totalidad de los factores salariales adeudados. En consecuencia, demandó le sea reliquidados aquellos conceptos. A su vez, afirmó que CBI Colombiana S.A. fue contratista de la Refinería de Cartagena S.A. Reficar, por lo que son solidariamente responsables del pago de la diferencia entre lo pagado por prestaciones sociales y lo realmente adeudado, teniendo como salario $3.910.978.00 mensual; de la indemnización por despido sin justa causa, por $1.682.684; del reajuste por vacaciones disfrutadas por $1.120.088; de la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por $12.360.660; de la indemnización e intereses moratorios del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por $106.919.709. Finalmente, reclamó, condenar en costas judiciales y gastos procesales. Fundó sus aspiraciones, en que celebró el 29 de abril de 2013 contrato laboral a término fijo inferior a un año con CBI Colombiana S.A., el que se prolongó hasta el 14 de abril

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Radicación n.° 96203 de 2014; desempeñó el cargo de soldador; percibió como último salario $2.438.081; vínculo que el empleador finiquitó de forma unilateral y sin justa causa. Afirmó que, a la celebración del contrato, pactaron un bono de asistencia como contribución directa a la labor y/o por el reporte de un incidente o accidente de trabajo, el cual

fue devengado durante toda la vigencia del vínculo laboral, por valor de $1.097.136 mensual, consignado así: i) Aporte del empleado al cumplimiento del cronograma (puntualidad, asistencia y permanencia en el puesto). ii) Desempeño individual y de su equipo de trabajo respecto a la higiene, salud y medio ambiente. Esta bonificación de causarse será calculada y pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicio, y no hace

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Radicación n.° 96203 parte de la remuneración ordinaria. En consecuencia, esta bonificación no integrará la base de liquidación de ninguna acreencia que tenga como referencia la remuneración o salario ordinario, específicamente, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo; mientras que será tenida en cuenta para efectos del cálculo de prestaciones sociales - cesantías, intereses y primas de servicio - aporte a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero". Agregó, que además se pactó, en atención a su calidad de extranjero, bonos mensuales de alimentación por $200.000, auxilio de transferencia bancaria por $210.000 y auxilio de lavandería por $173.200 mensual. Adujo, que le fue pagado un incentivo de productividad de “forma condicionada al cumplimiento de expectativas de trabajo”, que recibió en junio de 2013 por valor de $70.000 y en julio (SIC) de 2014 por monto de $416.800. Expuso que, en septiembre de 2013 celebró con su

empleadora Convención Colectiva de Trabajo, en virtud de la cual se pactó un incentivo HSE convencional, “condicionado a una mayor diligencia de cuidado en las normas de seguridad y salud en el trabajo”, el cual devengó durante los meses de octubre de 2013 por $41.044, noviembre de 2013 por $214.690, diciembre de 2013 por $205.218, enero de 2014 por $241.211, febrero de 2014 por $226.507, marzo de 2014 por $230.191 y, abril de 2014 por $365.712.

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Radicación n.° 96203 Convenio colectivo en que se estableció también, el incentivo progreso tubería, el que retribuía directamente la prestación de sus servicios, pues se le pagaba independientemente si cumplía o no con la “productividad tubería”, beneficio que obtuvo durante los meses de noviembre de 2013 por $1.389.57, diciembre de 20l3 por $1.282.987, enero de 2014 por $442.137, febrero de 2014 por $1.313.446, marzo de 2014 por $348.631 y abril de 2014 por $826.985. Igualmente se incorporó un incentivo por concepto de prima técnica convencional, el que percibió en octubre de 2013 por $2.416.299, noviembre de 2013 por $1.893.856, diciembre de 2013 por $1.921.284, enero de 2014 por $1.946.558, febrero de 2014 por $1 .613.004, marzo de 2014 por $1.982.356 y abril de 2014 por $871.807.

Además, en la Convención se reemplazó el incentivo de productividad por el de progreso convencional, pagado en diciembre de 2013 por $222.267, enero de 2014 por $205.218 y $116.511, febrero de 2014 por $319.989, marzo de 2014 por $55.765 y abril de 2014 por $132.279. Bonos devengados durante la relación laboral que afirmó, no fueron tenidos en cuenta para liquidar las prestaciones sociales durante y al finiquito del contrato, ignorando que, en la Convención Colectiva de Trabajo, se obligó a cumplir el pacto de exclusividad salarial, referente a los beneficios referenciados.

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Radicación n.° 96203 Finalmente indicó, que las sociedades demandadas trabajaron en conjunto, como empleadora y contratista, durante la vigencia de su vínculo, por lo que son solidariamente responsables frente a lo adeudado. Al dar respuesta a la demanda la apoderada judicial de CBI Colombiana S.A., se opuso a la totalidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la existencia de la relación laboral y sus extremos, al igual que, el pago de los incentivos convencionales cuyo factor salarial se discute, y negó o indicó no constarle los demás. Fundó su defensa, en que las referidas bonificaciones o incentivos tienen su origen en el contrato o la convención colectiva, por lo que, resulta válido suscribir sobre ellos pactos de «desalarización» a fin de restarle eficazmente esa connotación. Propuso como excepciones las que denominó; «Buena fe de mi procurada, prescripción e innominada». (fs.

139 a 154 Cuaderno digital 1 de primera instancia) Por su parte, la mandataria judicial de la Refinería de Cartagena S.A., llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. - Confianza S.A. y a Liberty Seguros S.A., solicitando se declare que el monto de las eventuales condenas que pudieran imponerse en su contra sea cubierto por dichas entidades, en razón a la póliza No. 01-EX000898 del 16 de julio de 2010. (fs. 225 a 228 Cuaderno digital 1 de primera instancia).

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Radicación n.° 96203 Rechazó las pretensiones elevadas en su contra, por cuanto, aquella empresa no hizo parte de la relación laboral alegada y, del componente fáctico, no emerge respaldo de lo reclamado en su contra, pues indicó no constarle los hechos denunciados, a excepción de lo afirmado frente a su objeto social y la existencia del proyecto de expansión. Además, se opuso a la declaratoria de solidaridad pretendida, ya que, no basta ser contratista de la sociedad demandada, pues se requiere además «de múltiples condicionamientos: contratar a "precio determinado", "asumiendo todos los riesgos", realizando la obra o trabajo acordados "con sus propios medios" y, finalmente, "con plena libertad y autonomía técnica y directiva"». Finalmente formuló como excepciones «inexistencia de las obligaciones, prescripción e innominada». (Fls. 237 a 253 Cuaderno digital 1 de primera instancia). El apoderado de la Compañía Aseguradora de Fianzas

S.A. - Confianza S.A., igualmente se opuso a todas las pretensiones de la demanda y, respecto de los hechos, sostuvo desconocerlos por ser ajenos a esa entidad, por no haber tenido relación legal o contractual con el demandante. En su defensa sostuvo que la póliza suscrita con CBI Colombiana S.A., solo cubre la indemnización consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, no así las obligaciones derivadas de pactos extralegales, colectivos o convencionales, bonificaciones, seguridad social, parafiscales, enfermedades profesionales, horas extras, recargos o trabajos suplementarios, intereses, indexaciones,

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Radicación n.° 96203 costas o agencias en derecho. (fs. 341 a 352 Cuaderno digital 1 de primera instancia). Por último, la mandataria judicial de Liberty Seguros S.A., rechazó las pretensiones invocadas en la demanda y, frente a los hechos, aceptó la existencia del vínculo contractual con CBI Colombiana S.A., manifestando que no todos los conceptos reclamados por el demandante encuentran cobertura en la póliza suscrita, por lo que, su obligación está condicionada a los parámetros bajo los cuales se imponga una eventual condena. Propuso como excepciones las que denominó «falta de cumplimiento de los requisitos para afectar la póliza de cumplimiento EX000898, improcedencia del pago del siniestro por parte de Liberty Seguros S.A. a Reficar S.A., improcedencia al pago de sanción moratoria a cargo de la aseguradora, suma asegurada como límite

máximo de la responsabilidad de la aseguradora, disminución del valor asegurado de la póliza EX000898 expedida por Confianza S.A., límite de porcentaje de riesgo a cargo de Liberty Seguros S.A., la responsabilidad indemnizatoria del asegurador no puede constituirse en fuente de enriquecimiento.» (fs. 19 a 27 Cuaderno digital 2 de primera instancia).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, en sentencia del 20 de febrero de 2018, dispuso: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor ALVINS ENRIQUE GUTIERREZ BRETT identificado con la C.E. 438301, y la demandada CBI COLOMBIANA S.A., existió un contrato de

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Radicación n.° 96203 trabajo que inició el 29 de abril de 2013 y finalizó el 14 de abril de 2014 sin justa causa.

SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia del contenido de las cláusulas contractuales y convencionales que previeron establecer el carácter no salarial de la BONIFICACIÓN DE

ASISTENCIA, EL INCENTIVO HSE, EL INCENTIVO DE PROGRESO, EL INCENTIVO DE PROGRESO DE TUBERÍA, por las razones que se dejaron expuestas en la parte considerativa de esta providencia, y como consecuencia de ello, atribuirle el carácter de salario a estos pagos.

TERCERO: DISPONER que se debe reliquidar las prestaciones sociales, las vacaciones, los aportes a la seguridad social del demandante, así como la indemnización por despido injusto, correspondiéndole al demandante por estos conceptos las

siguientes sumas; - Reliquidación de Vacaciones disfrutadas: $692.555 - Reliquidación de vacaciones compensadas: $89.154 - Reliquidación de Cesantías: $2.536.829. - Reliquidación de Intereses de cesantías: $172.153. - Reliquidación de Primas semestrales de servicios: $1.228.221 - Reliquidación de Indemnización por Despido Injusto y diferencias causadas: $3.329.679,01 - Reliquidación de aportes a Seguridad Social en Salud y Pensiones, que deberán ser pagados por OBI (SIC) COLOMBIANA S.A., en las entidades de Seguridad Social a las cuales estuvo afiliado el demandante, con el reconocimiento de los intereses moratorios que eventualmente se llegaren a causar.

CUARTO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción frente a las pretensiones causadas entre el 29 de abril de 2013 y el 24 de junio de 2013, y NO PROBADAS el resto de las excepciones de mérito propuestas.

QUINTO: CONDENAR a la demandada CBI COLOMBIANA S.A., al pago de la indemnización moratoria por falta de pago completo de las cesantías del demandante, en razón a la suma diaria de $223.003, a partir del 15 de febrero del año 2014 y hasta el 14 de abril del mismo año.

SEXTO: CONDENAR a OBI (SIC) COLOMBIANA S.A., a reconocer y pagar al demandante la indemnización establecida en el artículo 65 del CST, a partir del día 15 de abril del año 2016 y hasta que se produzca el pago total de las diferencias de

prestaciones sociales que han sido objeto de condena en esta sentencia, que corresponde al interés moratorio legal más alto vigente señalado por la Superintendencia Bancaria hasta el momento en que se produzca su pago, tal como se dejó expuesta en la parte considerativa de esta providencia.

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Radicación n.° 96203

SEPTIMO: ABSOLVER a la demanda CBI COLOMBIANA S.A.., frente a las pretensiones de declaratoria de naturaleza salarial de los pagos correspondientes a AUXILIO DE GASTOS DE

TRANSFERENCIA BANCARIA, AUXILIO DE LAVANDERÍA, y

BONO DE ALIMENTACIÓN SODEXHO.

OCTAVO: ABSOLVER a las demandada (SIC) REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. y las llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. Y CONFIANZA S.A., de las pretensiones de la demanda por las razones que se dejaron expuestas.

NOVENO: CONDENAR en costas a la demandada CBI COLOMBIANA S.A., para lo que se señalan agencias en derecho en la suma equivalente al 25% del valor de las condenas impuestas en esta providencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Inconformes con la decisión, los apoderados de la parte demandante y la demandada CBI Colombiana S.A. interpusieron recurso de apelación, el que correspondió a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Judicial de Cartagena, la que, mediante sentencia del 22 de octubre de 2021, decidió: PRIMERO: REVOCAR los ordinales segundo, tercero, cuarto,

quinto, sexto y noveno de la sentencia de fecha veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018), proferida por (SIC) Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, dentro del presente proceso Ordinario Laboral promovido por ALVINS GUTERREZ (SIC) BRETT contra CBI COLOMBIANA S.A., por las razones expuestas, para en su lugar, absolver a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. de la totalidad de las pretensiones.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida en el resto de sus partes.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan agencias en derecho el equivalente a ½

SMLMV.

CUARTO: Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

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Radicación n.° 96203 Centró el análisis en tres problemas jurídicos: i) determinar si los bonos mensuales devengados por el promotor constituyen factor salarial, para lo cual estimó imperante establecer el alcance del pacto de «desalarización» según los artículos 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 15 de la Ley 50 de 1990; ii) establecer si hay lugar a la reliquidación de las prestaciones sociales y, en tal sentido, si es dable condenar al pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; iii) si existió responsabilidad solidaria de las demandadas. Para dar solución, el colegiado estudió la incidencia

salarial de las bonificaciones, en los siguientes términos: i). Bonificación de asistencia: Es una prerrogativa estipulada en la cláusula cuarta del contrato de trabajo, que se concedería de acuerdo a unos porcentajes, tasados conforme al cumplimiento de dos indicadores, así: i) Aporte del empleado al cumplimiento del cronograma (puntualidad, asistencia y permanencia en el puesto).

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Radicación n.° 96203 ii) Desempeño individual y de su equipo de trabajo respecto a la higiene, salud y medio ambiente. Frente a ello, denotó que con respecto a la mencionada bonificación se decía: Esta bonificación de causarse será calculada y pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicio, y no hace parte de la remuneración ordinaria. En consecuencia, esta bonificación no integrará la base de liquidación de ninguna acreencia que tenga como referencia la remuneración o salario ordinario, específicamente, recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo; mientras que será tenida en cuenta para efectos del cálculo de prestaciones sociales - cesantías, intereses y primas de servicio - aporte a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero. En tal sentido, extrajo que, para algunos emolumentos se estableció que el bono de asistencia no constituía salario,

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Radicación n.° 96203 pero para otros si, razón por la que circunscribió el litigio a determinar si es válido jurídicamente hacer dicha

restricción salarial. Al efecto, analizó los artículos 127 y 128 del Código de Sustantivo del trabajo, que concibe los factores que constituyen salario y los que no, teniendo en cuenta la sentencia CSJ SL, feb. 1° de 2011, rad. 35771, en la que se reiteró que, las partes no pueden desconocer la naturaleza salarial de beneficios que por ley claramente tienen ese carácter, pues de hacerlo, necesariamente desencadena en la ineficacia de tal estipulación. Citó la sentencia CSJ SL3266-2018, a fin de recalcar que, sin importar la figura jurídica o contractual usada para excluir emolumentos del salario, si lo percibido es consecuencia directa de la labor desempeñada o la mera disposición de la fuerza de trabajo, operará el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Trajo a colación lo reseñado en la providencia CSJ SL177-2020, que reafirma lo anterior e impone al juzgador la tarea de analizar la prueba, a efectos de determinar si el convenio suscrito entre las partes se corresponde con la realidad de la relación laboral y si es válido. Concluyó que, esta Sala ha sido reiterativa en sostener la imposibilidad de pactar cláusulas que representen el «despoje del carácter salarial» sobre conceptos que se constituyan en remuneración directa del servicio.

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Radicación n.° 96203 Estudió lo relativo al bono de asistencia, determinando que no fue recibido como contraprestación directa del

servicio, sino que se dio respecto del cumplimiento de los presupuestos básicos antes mencionados y con el objetivo de contrarrestar el ausentismo del puesto de trabajo y fortalecer el alcance de los estándares de producción, situación que, a su juicio, se corrobora con los volantes de pago obrantes en el expediente, que precisamente se corresponden con las mensualidades en las que el trabajador asistió o se ausentó justificadamente de la empresa, en proporción a los días laborados. Igualmente, referenció la sentencia CSJ SL1399-2019, mediante la que esta Corporación señaló que, la habitualidad no es determinante para sostener que un emolumento constituye factor salarial, y concluyó, que el denominado bono de asistencia no tiene tal carácter, por lo que la cláusula que lo excluyó fue válida y eficaz; en todo caso, resaltó que la liquidación de prestaciones sociales, aportes a seguridad social, contribuciones parafiscales y vacaciones compensadas, si tuvo en cuenta tal rubro, razón por la cual, en este punto, confirmó la sentencia de primera instancia. ii) Gastos de transferencia bancaria y auxilio de lavandería: Encontró que estos beneficios fueron ofrecidos por laborar en la ciudad de Cartagena y se pagaron durante

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Radicación n.° 96203 todo el vínculo laboral, que tienen como fundamento el contrato de trabajo y, fueron concebidos con el propósito de ayudar al trabajador con los gastos bancarios que comportaban las transferencias de dinero a su país de origen, así como el lavado de la ropa que usaba para

trabajar en el Proyecto de Expansión de la Refinería de Cartagena, auxilios extralegales que estimó no son constitutivos de salario, ni tenidos en cuenta para cálculo de conceptos de carácter laboral. Frente a lo anterior, destacó el Tribunal que esos pagos no fueron pactados como contraprestación del servicio, sino para mitigar la manutención del trabajador en la ciudad de Cartagena y, que al ser expresa la exclusión de su carácter salarial, debe darse idéntico tratamiento que, a la bonificación de asistencia previamente estudiada, es decir, avalar el despoje de su incidencia. iii)Bono de alimentación Sodexho, incentivo de progreso, incentivo de progreso tubería y prima técnica: Determinó el colegiado que los mencionados bonos fueron pactados en la Convención Colectiva de Trabajo, cuya cláusula 12 estableció que "los salarios y bonificaciones del personal beneficiario, se aplicarán de acuerdo a como se describe en el Anexo No. 1 denominado Tabla de Salarios y Bonificaciones", aparte en donde se consignó lo siguiente:

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Radicación n.° 96203 "Incentivo progreso (hasta 10% Salario básico) - Sin incidencia salarial". "Incentivo progreso (únicamente disciplina de tubería) - Sin incidencia salarial" "Incentivo HSE - Sin incidencia salarial". Frente al particular, trajo a colación lo expresado por esta Corporación en sentencia CSJ SL, sep. 7 de 2010, rad. 37970, en la que se indicó que, son jurídicamente válidas y

eficaces las cláusulas plasmadas en las convenciones colectivas de trabajo realizadas entre empresa y sindicato, por autonomía de la voluntad y libertad contractual, en las que se pacten que algunas prestaciones extralegales que se reconozcan a los trabajadores no harán parte del salario, para efectos de la composición de la remuneración base para la liquidación de otros créditos laborales. Concluyó que, cuando se ha llegado a un acuerdo de exclusión salarial frente a determinadas prestaciones sociales de carácter extralegal, no es dable cuestionar con posterioridad tal disposición, salvo que sea dentro del marco propio de la denuncia de la norma convencional, por lo que no admitió lo pretendido por el recurrente frente a su solicitud de declaratoria de ineficacia de dichas cláusulas convencionales.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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Radicación n.° 96203

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante la formulación de dos cargos, replicados en

tiempo por la Refinería De Cartagena S.A. Reficar y Liberty Seguros S.A., solicita: Que se CASE la sentencia de fecha 22 de octubre de 2021, en cuanto a que la entidad CBI COLOMBIANA S.A (hoy en liquidación), no incluyo la PRIMA TECNICA CONVENCIONAL, INCENTIVO DE PROGRESO CONVENCIONAL, INCENTIVO DE PROGRESO TUBERIA CONVENCIONAL, BONO DE ASISTENICA E INCENTIVO HSE CONVENCIONAL como factores salariales en la

liquidación de acreencias laborales a favor del actor. Ahora bien, en el evento en que se declare como prospera esta Demanda de Casación, ello implica que se dicte sentencia sustitutiva y se analice y valore, que en las condenas impuestas sea declarada solidariamente responsable la sociedad comercial REFICAR SAS, y que se condene a las codemandadas a la indemnización moratoria prevista en el art.65 del Código Sustantivo de Trabajo y la prevista en el art.99 de la ley 50 de 1990

VI. CARGO PRIMERO Denunció la violación directa por interpretación errónea del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en relación con los artículos 22, 24, 37, 39, 43, 64, 65, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, 1602 del Código Civil, 13, 39, 43 y 53 de la Constitución Política.

Indicó que el juez de segundo nivel incurrió en error por violación de las precitadas normas, al considerar que la convención colectiva de trabajo tiene la virtualidad de permitir cualquier cláusula de «desalarización» sobre los

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Radicación n.° 96203 beneficios extralegales que en ella se reconocen, endilgando la condición de validez a todos los pactos de exclusión

salarial, indistinto de que con ellos se desconozca lo preceptuado en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Afirmó que, el órgano de apelaciones aplicó injustificadamente un análisis diferencial sobre la validez de cláusulas de exclusión salarial contenidas en una convención colectiva, lo cual, necesariamente implicaría que el artículo 128 ibidem tuviera un parágrafo con la siguiente disposición: «No obstante cuando los pactos de exclusión salarial estén contenidos en convenciones colectivas son plenamente válidos y su discusión solo será posible vía denuncia de la convención», por lo que, esa línea interpretativa constituye un alcance que la norma no ha distinguido. Manifestó que erró el Tribunal cuando sostuvo que las discusiones sobre pactos de exclusión salarial únicamente pueden ser tramitadas mediante la denuncia de la convención, pues, adelantar dicho procedimiento solo es posible en la medida en que exista un conflicto de orden económico, sin que sea dable promoverlo en razón a la existencia de discrepancias jurídicas frente al mismo cuerpo normativo. Al efecto, adujó que en el sub examine, el conflicto se centra en determinar la inviabilidad de la exclusión salarial sobre los beneficios contenidos en la convención colectiva, a fin de que estos sean tenidos en cuenta al momento de

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Radicación n.° 96203 liquidar las prestaciones sociales, por lo que, los efectos de una sentencia son particulares y en tal sentido, no pueden considerarse económicos.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia de violación indirecta por error de hecho y ausencia de valoración probatoria, sosteniendo que el Tribunal ha debido tener en cuenta las documentales obrantes a folios 34 a 51 del expediente, mediante las cuales se evidencian los pagos realizados durante la relación laboral, pues de haberlas valorado, necesariamente hubiese llegado a la siguiente conclusión:

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Radicación n.° 96203 De donde se extrae que, en noviembre de 2013 el trabajador devengó ingresos retributivos del servicio por valor de $2.624.005, por lo que, contabilizando el salario básico, el bono de asistencia y las horas extras, el monto ascendió a $3.656.789, contrario a lo sucedido con los demás beneficios, cuya suma fue de $3.720.386.

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Radicación n.° 96203 Consideró que existe un error de hecho por no valorar oportunamente las pruebas allegadas al plenario, dado que, si las mismas hubieren sido tenidas en cuenta, necesariamente se tendría por demostrado que en el presente caso no existe una proporcionalidad en los ingresos percibidos con incidencia salarial. Señaló que se equivocó el juez de alzada, al no tener en cuenta que para declarar la validez del pacto de exclusión salarial contenido en el acuerdo colectivo, es menester verificar si el mismo versa sobre incentivos retributivos o no del servicio, pues, solo frente a los beneficios que no ostentan esa calidad existe libertad de las partes para prescindir de su carácter salarial.

Por otro lado, frente a las inconsistencias con respecto a lo decidido por el Colegiado sobre la prima técnica convencional, adujo que, los folios 34 a 51 del expediente dan cuenta de los volantes de pago de dicho incentivo así:

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Radicación n.° 96203 Por lo que concluyó, que de haberse tenido en cuenta esas pruebas al momento de fallar en segunda instancia, la decisión hubiera sido diferente, puesto que «la acusación de la prima técnica convencional dependía de la prestación directa del servicio, esto es, se veía disminuida en su pago por la ausencia justificada o no por parte del trabajador, y de otro lado, a mayor días laborados y mayores horas de trabajo suplementario causadas, ello implicaba un mayor valor del mismo».

VIII. RÉPLICA DE LA REFINERÍA DE

CARTAGENA S.A.

En primera medida, frente al alcance de la impugnación anotó:

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Radicación n.° 96203 Se entiende de la lectura entera de la demanda de casación, que lo perseguido es en verdad la casación parcial, no total de la sentencia que desató la apelación, concretamente en punto de la revocatoria a las absoluciones impartidas por el a quo de la reliquidación de múltiples acreencias laborales y de seguridad social integral, la imposición de las indemnizaciones moratorias a partir de la colación como factores salariales para la determinación de su monto a acreencias de origen convencional, más un pago diferente, de origen contractual, identificado como “”BONO DE ASISTENICA” (sic).

Expresó que el fallo de segunda instancia se emitió conforme a una argumentación de naturaleza estrictamente jurídica, por lo que no le es posible al casacionista realizar una aprehensión válida de sus argumentos en esta sede. En tal sentido, adujo que el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, no es una norma que hubiese sido seleccionada para estudio del Tribunal, razón por la cual, mal hace el recurrente al sostener que la misma fue interpretada erróneamente, pues esta modalidad supone la aplicación del precepto infringido al caso objeto de litigio; idéntica situación ocurre con otras normas contenidas en la proposición jurídica, tales como los artículos 22, 24, 37, 39, 64, 65, 104,108 y 374 del Código Sustantivo del Trabajo, que, además, a su juicio, ni siquiera encajan en la noción de norma sustancial. Bajo el contexto que antecede, indicó que la jurisprudencia ha sido enfática en sostener que la norma sustancial es exclusivamente aquel enunciado que enlaza una determinada consecuencia jurídica, por lo que, preceptos como los que definen el contrato y sus comp