CSJ - SL715-2024

FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente SL715-2024 Radicación n.° 92964 Acta 8 Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 6 de septiembre de 2021, en el proceso que en su contra

instauró ISABEL LORELEY DEL SOCORRO MONTES

OYOLA.

I. ANTECEDENTES La demandante promovió proceso laboral para que, previas las declaraciones de rigor, se condenara a la administradora accionada al pago de la pensión de vejez, a partir de la fecha en que realizó la última cotización, esto es, 1º de agosto de 2014, junto con la mesada de diciembre

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Radicación n.° 92964 de cada año; los intereses moratorios; la indexación de cada una de las mesadas pensionales adeudadas; las costas y agencias en derecho. Fundamentó sus peticiones, en que: se encontraba afiliada y efectuando aportes a la A.F.P. Porvenir S.A., desde julio de 1994; el 23 de abril de 2019 le solicitó a la demandada le informara cuál sería el valor de su bono pensional, las semanas cotizadas y el saldo de la cuenta de ahorro pensional; la entidad accionada le informó que contaba con un bono pensional de $224.576.017, un total

de 839 semanas y un saldo para esa data de $ 243.986.704 en la cuenta de ahorros, para un total acumulado de $468.562.721; nació el 15 de octubre de 1959; la última cotización la hizo en el mes de julio de 2014; en octubre de 2018 se le hizo una proyección de valor de la mesada pensional que arrojó un valor de $1.833.700; el 16 de enero de 2019 solicitó a la AFP el reconocimiento y pago de la pensión de vejez la que a la fecha de la demanda no le había sido resuelta, con lo que está agotada la reclamación. Porvenir S.A., al dar respuesta, se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos aceptó que la demandante era afiliada de la A.F.P.; la edad que tenía, así como el valor de la mesada informada en la simulación entregada; de los demás indicó que eran apreciaciones subjetivas de la accionada, no le constaban o, no eran ciertos; manifestó, en especial, que sí le dio respuesta a la petición el 25 de enero de 2019, en la que le indicó que debía solicitar la cita de asesoría pensional para que le

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Radicación n.° 92964 informaran sobre el cumplimiento de los requisitos de ley o si requería algún proceso adicional. En su defensa formuló las excepciones de falta de causa para pedir, cobro de lo no debido y/o ausencia del derecho pretendido, buena fe, prescripción general de la acción judicial y las que resultaran probadas en el proceso.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería, mediante fallo del 10 de septiembre de 2020, declaró que la accionante tenía derecho a que la entidad de seguridad social accionada le reconozca y pague una pensión de vejez en cuantía de $1.833.700, a partir de la fecha de la sentencia. Sin costas en la instancia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, por sentencia del 6 de septiembre de 2021, resolvió: i) modificar la condena de primer grado en su numeral segundo, en el sentido de declarar que la demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del 16 de enero de 2019, y ii) adicionó la condena ordenando el reconocimiento del retroactivo pensional desde esa data, así como, el pago de los intereses moratorios sobre el retroactivo adeudado. Confirmó en todo lo demás, sin

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Radicación n.° 92964 costas en esta instancia. El juzgador identificó como problema jurídico a resolver el determinar: […] 1) Si a la demandante le corresponde realizar el trámite para la emisión de bono pensional, por el periodo cotizado ante el ISS, hoy Colpensiones; 2) examinar la fecha de causación y disfrute de la pensión de vejez a la luz del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, 3) el número de mesadas al año y 4) Si hay lugar al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley

100 de 1993. Puestas en esa dimensión las cosas, la sala sentenciadora, expuso que el bono pensional era un título de deuda pública, destinado a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones en el régimen de ahorro individual y que, conforme con el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, el cual citó, […] el legislador les ha asignado a las entidades administradoras de pensiones, competencia para determinar si las pensiones de sus afiliados se deben o no financiar con bono pensional y, en caso tal, realizar la gestión necesaria para solicitar su emisión, pues se trata de un trámite y proceso administrativo diseñado para tal efecto en los términos que establecen los Decretos 1513 de 1998 y 3798 de 2003. Adicionó que, «el afiliado no puede verse afectado por estos trámites administrativos que, legalmente, le corresponde realizar al respectivo fondo de pensiones (CSJ STL9160-2015)». En cuanto al segundo problema jurídico de la fecha de causación y disfrute de la pensión de vejez, atacada por ambas partes, explicó que era diferente como se daba en el

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Radicación n.° 92964 régimen de prima media que estaba sometido a fechas ciertas, como el cumplimiento de los requisitos, la desvinculación o retiro del sistema mientras que en el régimen RAIS, no podía hablarse de una fecha estrictamente fijada de causación y disfrute de la pensión, salvo en el evento de la garantía de pensión mínima, por cuanto todo dependía de la libre voluntad del afiliado y del

saldo en su cuenta de ahorro individual; citó el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 y señaló que, en todo caso, […] la figura del retroactivo pensional no es del todo ajena a su naturaleza y reglas, pues, en todo caso, existe una fecha cierta a partir de la cual se empieza a pagar la prestación, en función de la voluntad del afiliado y la acreditación del capital suficiente. En ese sentido, una vez EL AFILIADO REUNA EL

CAPITAL MÍNIMO EN SU CUENTA DE AHORRO INVIDUAL

(ARTÍCULO 64 DE LA LEY 100 DE 1993), Y SOLICITE ANTE SU RESPECTIVO FONDO DE PENSIONES EL RECONOCIMIENTO DE SU DERECHO PENSIONAL, es a partir de allí que se puede entender configurado el derecho. Por consiguiente, debe definirse en función de las particularidades de cada caso y, por las especificidades del régimen, debiendo tenerse en cuenta la forma en la que se hubiera hecho la proyección del capital y la voluntad del afiliado (Sentencia CSJ SL1168 –2019). El tribunal consideró, con soporte en la plataforma probatoria, que la accionante solicitó la pensión de vejez a la A.F.P., el 16 de enero de 2019; que el «23 de abril de 2019» Porvenir S.A. le hizo proyección de pensión que, con 59 años, le arrojaba una mesada pensional de $1.833.700, en retiro programado. Por lo que […] surge diáfano que reunía los requisitos para la misma, amén de mostrar su plena voluntad e intención de adquirir su derecho. De modo que, esta Corporación estima que la fecha de

reconocimiento de la pensión de vejez de la accionante, debió serlo a partir de 16 de enero de 2019, por lo que corresponde modificar el fallo de primera instancia frente a esta tópica, y, en

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Radicación n.° 92964 consecuencia, se condenará al pago del respectivo retroactivo pensional causado a partir de esta data. En cuanto al pago de 14 mesadas pensionales, consideró que la regla de su aplicación era igual en los dos regímenes; por lo que procedían si la prestación se había causado con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 o bien, para los que devengaran una mesada pensional inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y causaran su derecho hasta antes del 31 de julio de 2011, soportado en la sentencia CSJ SL2308–2020. Entonces como en el caso bajo estudio el derecho se causó en el 2019, accedía a solo a 13 mesadas al año. Finalmente, con relación a los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 indicó que procedían cuando se incurriera en mora en el pago de las mesadas pensionales, por ser el resarcimiento económico que aminoraba los efectos adversos producidos al acreedor por el retardo del deudor en cumplimiento de sus obligaciones, independiente del obrar de buena o mala fe, razón por la que los consideró procedentes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte pasiva, lo concedió el tribunal y lo admitió la Corte.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la entidad recurrente que la Corte

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Radicación n.° 92964 […]Con los dos primeros cargos formulados que la sentencia impugnada sea CASADA TOTALMENTE y en sede de instancia confirmar la sentencia del Juez [a] quo, proveyendo en costas en lo que corresponda. Con el tercer cargo aspira mi mandante que la sentencia sea PARCIALMENTE CASADA en cuanto que en el numeral [t]ercero la adicionó condenando al pago de intereses moratorios sobre el retroactivo pensional a partir del 17 de mayo de 2019. Con tal propósito formula tres ataques que no fueron objeto de réplica y se proceden a resolver de manera conjunta el 1° y 2° cargo, por cuanto, aunque se dirigen por diferentes vías, se complementan y pretenden el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea «de los artículos 64, 68, 115, 118, 121 de la Ley 100 de 1993, 1 y 2 del decreto 3798 de 2003, 1513 de 1995, artículo 20, que lo condujo a infringir los artículos 48 de la Constitución Política y 27 del Código Civil.» Dada la senda seleccionada asevera que se tienen por probados y no se discuten en esta vía que: la actora nació el 15 de octubre de 1959; su última cotización lo fue en el mes de julio de 2014; el 31 de octubre de 2018 la demandada le hizo una proyección de su pensión de vejez en cuantía de

$1.833.700 a los 59 años; el 16 de enero de 2019 la actora solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez y que a la presentación de la demanda Porvenir S.A., no le había dado una respuesta; a fecha de 23 de abril de 2019 la actora contaba con un monto proyectado de bono pensional

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Radicación n.° 92964 de $224.576.017 y un saldo de la cuenta individual a esa fecha de $243.986.704. Aduce que, conforme al artículo 64 de la Ley 100 de 1993, para definir el capital necesario para obtener la pensión de vejez se debe incluir el valor del bono pensional, si a esto hay lugar; refiere que se hace efectivo, según el artículo 67 de la misma ley, cuando se cumpla la edad para acceder a la pensión, lo que en voces del artículo 68 respecto al 115 de la normativa, para las mujeres es de 60 años, y para el hombre, de 62 años. Por manera que, a la fecha de solicitud, la accionante aún no contaba con el bono aludido ya que no había llegado a la edad exigida en la ley para su redención, aspecto probado por el colegiado cuando no hubo discusión en que la accionante apenas el 15 de octubre de 2019 llegaba a los 60 años, lo que para la entidad recurrente evidencia el error de la sala sentenciadora por considerar que, […] el reconocimiento de la pensión de vejez en la cuantía inicial proyectada de $1.833.700 procedía a partir del 16 de enero de 2019, por lo que desconoció y se rebeló contra las precisas

disposiciones que estimamos violadas y que lo condujo a: i) ordenar el pago del retroactivo pensional a partir del 16 de enero de 2019; y, b) condenar a los intereses moratorios a partir del 17 de mayo de 2019, como lo resolvió en la sentencia, sin fijarse ni detenerse que a esas fechas la actora aun no contaba con el monto necesario para financiar una pensión de al menos el 110% de un salario mínimo. En el acápite de la sentencia impugnada denominado Fecha de causación y disfrute, nótese que el Ad quem confunde lo dispuesto en un régimen y otro, puesto que hasta cita el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por decreto 758 de 1990 que no tiene nada que ver con el problema jurídico a resolver. Igualmente supone que una proyección hipotética de una

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Radicación n.° 92964 pensión futura constituye una verdad, de ahí que dio por sentado que a la fecha del 16 de enero de 2019 ya se contaba con el capital necesario y eso contraviene expresas disposiciones que hemos citado como violadas. De ahí, afirma que el colegiado desconoció la norma acusada como quiera que, solo hasta los 60 años y no antes, es la redención del bono, por lo que mal podía condenar a pagar una pensión «con el monto total proyectado hipotéticamente siempre y cuando contara con el capital para su financiación» y, menos, la condena de un retroactivo «cuando aún la actora no tenía cumplidos los requisitos de los artículos 67 y 68 de la Ley 100 de 1993».

Resalta que el juez de la alzada señaló que el saldo de la cuenta de ahorro pensional era de $243.986.704, como quiera que el monto del bono pensional solo era una proyección, entonces refrenda que faltaba la edad a efectos de que fuera redimido el título respectivo y abonado en la cuenta pensional de la accionante. Acusa al fallador de segunda instancia de variar el precedente CSJ SL1168-2019, cuando establece que el derecho se configura cuando se reúna el capital mínimo en la cuenta de ahorro, dejando de lado que, ese capital mínimo se completa cuando la actora llegó a los 60 años e insiste en que «(…) mal podía condenar a pagar un retroactivo en fecha anterior a la del cumplimiento de ese requisito y menos fulminar condena por intereses moratorios».

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Radicación n.° 92964 Adiciona al argumento que, con el fallo fustigado, se interpretan erróneamente los artículos 64, 68, 115, 118, 121 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se desconocen los requisitos exigidos para acceder a una prestación en el RAIS, como es completar el capital necesario para financiar una pensión de vejez de al menos el 110% de un 1 SMLMV y que, la prestación de vejez se financia con el saldo de la cuenta de ahorro individual, que está compuesta por las cotizaciones, los rendimientos y el bono pensional, si tiene derecho a ello. Por manera que «no puede el operador judicial otorgar prestaciones pensionales dentro del régimen vigente de ahorro individual con solidaridad con base en

criterios que se apartan de la finalidad y la sostenibilidad financiera del sistema.», lo que conlleva la infracción directa del artículo 48 de la Constitución Política. Finalmente, acusa la infracción directa del artículo 27 del Título Preliminar del Código Civil basado en que «cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal, so pretexto de consultar su espíritu».

VII. CARGO SEGUNDO Controvierte la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta por «aplicar indebidamente los artículos 64, 68, 115, 118, 121, 141 de la Ley 100 de 1993, 1 y 2 del decreto 3798 de 2003 y 1513 de 1995, artículo 20, que lo condujo a infringir las reglas pensionales establecidas en los artículos 48 de la Constitución Política y 27 del Código Civil».

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Precisa como errores de hecho:

1. Dar por establecido, sin estarlo, que la demandante a la fecha del 16 de enero de 2019 contaba con el capital necesario para financiar la pensión de vejez;

2. No dar por probado, estándolo, que para la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez aún no se había cumplido el requisito para redimir el bono pensional de la actora;

3. No dar por probado, estándolo, que para el 16 de enero de 2019 la actora no había cumplido 60 años; Lo anterior, por la apreciación equivocada y falta de

valoración de los siguientes elementos de juicio:

PRUEBA DOCUMENTAL INAPRECIADA: 1.- Copia de la historia laboral emitida por PORVENIR S.A.; 2.- Copia de la simulación o proyección pensional elaborada por PORVENIR S.A. folio 12 cuaderno de primera instancia a folios 14 a 17 del cuaderno de primera instancia; 3.- Copia de la reclamación administrativa realizada por la actora a 16 de enero de 2019, a folio 18 del cuaderno de primera instancia.

Señala que está demostrado, y no fue refutado, que la actora al 16 de enero de 2019 no contaba con el capital requerido para financiar una pensión mensual de vejez. Sostiene que el colegiado tuvo por probado que a esa fecha la actora contaba con un saldo en cuenta pensional de $243.986.704, lo que según la censura era insuficiente para financiar la prestación. Además, que [D]e acuerdo con la proyección realizada por PORVENIR S.A., tenía un bono pensional pendiente de redimir de $224.576.017 al cumplimiento de la edad de 60 años, no antes, por lo que no podía el Tribunal suponer que antes de la fecha del 15 de octubre de 2019 ya podía la actora contar con un dinero de bono pensional que no estaba depositado en cuenta de ahorro pensional, simplemente porque no se había redimido y mal podía disponerse de un dinero que no había ingresado en cuenta de la actora, ya que faltaba lo más importante: que La Nación Ministerio de Hacienda – Oficina de Bonos Pensionales

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Radicación n.° 92964 redimiera tal título con destino a la cuenta individual de la

actora. De esta manera, sostiene que lo anterior condujo a la aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, puesto que no había incumplido su obligación de reconocer la prestación solicitada pues reitera que, al 16 de enero de 2019, no se había completado el requisito de capital necesario, puesto que el ahorro con el que disponía era insuficiente para financiar la pensión de vejez.

VIII. CONSIDERACIONES Se recuerda que la sala sentenciadora señaló que el trámite del bono pensional estaba en cabeza de la administradora de pensiones y esto no podía afectar a un afiliado. Así, confirmó el reconocimiento al pago de la pensión de vejez a la actora; no obstante, modificó la fecha a partir de la cual procedía la misma, por cuanto la figura del retroactivo no era del todo ajena en el RAIS. Expuso que ello era así por existir una fecha cierta a partir de la cual se empieza a pagar la prestación en función de la voluntad del afiliado y la acreditación del capital suficiente.

En ese sentido estableció como premisa que, si se reúne el capital mínimo y, existe solicitud pensional ante la administradora, el reconocimiento respectivo es a partir de esta última data, ello por cuanto, en su entender, este es el momento donde puede entenderse configurado el derecho.

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Radicación n.° 92964 Con base en tal pensamiento, encontró procedente el acceso a la pensión desde el 16 de enero de 2019, fecha de la solicitud de la pensión de vejez, para ello tuvo en cuenta la proyección pensional del fondo accionado de abril de

2019 que reposa en el expediente folios 14 a 17 en la que informaba que, a la actora con 59 años, le arrojaba una mesada pensional de $1.833.700, en la modalidad de retiro programado. La censura sostiene que la hipótesis de la sala sentenciadora es equívoca, toda vez que la accionante al momento de elevar la solicitud no contaba con el capital suficiente para financiar la pensión -enero de 2019-, como quiera que el bono pensional no se había redimido por no contar con la edad exigida en la ley para tal efecto. Así mismo, la entidad recurrente acusa al colegiado de suponer que una proyección hipotética de una pensión futura, constituye una verdad, de manera que de ella se da por sentado el cumplimiento del capital mínimo requerido para acceder a una pensión de vejez en el RAIS. Puestas en ese escenario las cosas, le corresponde a esta Corporación establecer si erró el juzgador al concluir que la accionante tenía el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez del RAIS desde el 16 de enero de 2019, soportado en la simulación efectuada por la administradora. Conforme con el alcance de la impugnación propuesto

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Radicación n.° 92964 por la entidad de seguridad social, no se discute la existencia del derecho a la pensión de vejez en el RAIS, en rigor lo cuestionado es la data a partir de la cual esta debe ser reconocida; así mismo y, pese a que uno de los cargos se dirige por la vía indirecta, no es objeto de discusión que:

la actora se encuentra afiliada a la AFP demandada desde 1994; nació el 15 de octubre de 1959; su última cotización lo fue en el mes de julio de 2014; se le hizo a la demandada una proyección el 23 de abril de 2019 que arrojaba una pensión de vejez con mesada pensional de $1.833.700 a los 59 años; lo anterior, al atender que contaba con un monto proyectado de bono pensional de $224.576.017 y un saldo de la cuenta individual de $243.986.704. Pues bien, para abordar el estudio probatorio de la acusación es necesario rememorar lo que esta Corporación ha dejado sentado frente a la procedencia de la pensión de vejez tratándose del RAIS. La pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAISProcedencia Nadie discute que, en Colombia, con la entrada en vigor del estatuto pensional en el año 1994, el legislador creó la coexistencia de dos regímenes pensionales (Prima Media con Prestación DefinidaRPMy Ahorro Individual con SolidaridadRAIS) excluyentes y de estirpe diferente, lo que, sin hesitación ninguna, conlleva a que el acceso a los

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Radicación n.° 92964 servicios y prestaciones, entre otros, estriben en aquel escogido por el afiliado. En esa dirección, en el RPM, la pensión de vejez dependerá del cumplimiento de las condiciones de edad y tiempo de servicios o cotizaciones (artículo 33 Ley 100 de

1993), sin tener relevancia cuánto dinero aportó el afiliado; mientras que, en el RAIS, en primera medida, el reconocimiento sí obedecerá al capital acumulado en la cuenta de ahorro individual. No obstante, según el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, es requisito esencial para acceder a la prestación, tratándose de la contingencia de vejez, que el afiliado posea en su Cuenta de Ahorro Individual -CAIun capital que le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal vigente, palmario está, en armonía con lo dispuesto en el artículo 35 del mismo estatuto. Aquí, juzga conveniente la Corte precisar que la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez debe hacerse con estricto seguimiento de las normas que consagran cómo hacer este cálculo, incluyendo las variables a tenerse en cuenta, por ejemplo, las tablas de mortalidad, la existencia de beneficiarios del afiliado y su expectativa de vida. Esto para significar que no existe un monto preestablecido y que dependerá, en cada caso particular, de las condiciones personales y familiares del solicitante para encontrar cuál es el monto requerido para el acceso a la prestación, lo que la Sala, entre otras, ha señalado en las sentencias CSJ

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Radicación n.° 92964 SL1069-2023; CSJ SL5295-2021, CSJ SL5658-2021, CSJ SL 2686-2021, que reiteraron la CSJ SL2512-2021. En reciente jurisprudencia, esta Corporación se

pronunció con relación a este particular aspecto dejando por sentado que en el RAIS, para efectos de la determinación de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se debe observar la regulación que permite establecer el saldo mínimo requerido para materializar el respectivo derecho en el régimen de ahorro individual con solidaridad, en sentencia CSJ SL2798-2022 al referirse «al cálculo de las reservas actuariales para garantizar el pago de las pensiones se debe tener en cuenta lo siguiente»: Tasa de Tasa de Tabla de Factor de gasto para Modelos interés proyección de Mortalidad de la administración del actuariales técnico incrementos la pago de mesadas de aprobados por pensionales Superbancaria acuerdo a la la modalidad escogida superbancaria […]» En cuanto a la regulación puntual del saldo mínimo para acceder a la pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad, la sentencia CSJ SL3451-2022 expuso: iii) Marco normativo que gobierna la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez Esta Corporación ha explicado, con profusión, que la determinación del acceso a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, debe ser efectuado con total observancia de las normas que consagran la manera de realizar su cálculo. Por ejemplo, en las sentencias CSJ SL5295-2021, CSJ SL5658-2021, CSJ SL 2686-2021, que reiteraron la CSJ SL2512-2021, se razonó:

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Radicación n.° 92964

[…] la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez, debe hacerse con estricto seguimiento de las normas que consagran cómo hacer este cálculo, incluyendo las variables a tenerse en cuenta, por ejemplo, las tablas de mortalidad, la existencia de beneficiarios del afiliado y su expectativa de vida. Esto para significar que no existe un monto preestablecido y que dependerá, en cada caso particular, de las condiciones personales y familiares del solicitante para encontrar cuál es el monto requerido para el acceso a la prestación. (Negrita fuera de texto). En ese mismo horizonte, y en la misma providencia, se enseñó que: […] el fundamento del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 es, precisamente, que se reconozcan pensiones con recursos suficientes para su financiación, en el entendido que es una prestación a largo plazo y con alta probabilidad de ser sustituida en cabeza de los beneficiarios de segundo orden del afiliado». Negrilla fuera de texto A lo discurrido se suma que, acorde con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, tanto el reconocimiento de la prestación, como el monto de la mesada pensional, deben guardar correspondencia con lo acumulado en la CAI, toda vez que, una interpretación que escinda del cálculo para acceder al beneficio pensional el valor de la mesada a cancelar, conduce al acceso de la prestación sin el lleno de los requisitos de ley y, esto, por repercusión, golpeará los recursos que en el tiempo permitan el pago de la misma. Cumple afirmar que desde la reglamentación de 1996, el

Decreto 832, modificado por el artículo 2° del Decreto 142 de 2006 y, que se mantiene vigente en el artículo 2.2.5.5.1 del Decreto 1833 de 2016, compilatorio de las normas del sistema general de pensiones se dispuso, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa consulta a la Superintendencia Financiera, diseñar las fórmulas para la determinación del Saldo de Pensión Mínima, esto es, «el cálculo del saldo de una cuenta individual suficiente para cubrir vitaliciamente una pensión mínima, consultando los precios de las pólizas de Renta Vitalicia vigentes en el mercado», lo cual, en principio, fue regulado a través de la Resolución n.° 1875 de 1997, adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ocurrió, sin embargo, que la fórmula inicialmente elaborada requirió modificaciones, esto a consecuencia de que la misma no contemplaba aspectos, tales como que: (i) no consultaba los precios del mercado de una renta vitalicia o, el recargo de administración, desactualización por el número de mesadas a reconocer en virtud del Acto legislativo No. 1 del 2005, (ii) no

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Radicación n.° 92964 fijaba las normas para garantizar el pago a los sobrevivientes, pues para ese entonces, si el afiliado no tenía beneficiarios no era calculado el valor presente esperado para financiar la prestación de uno eventual, entre otros aspectos. Por ello, en el año 2015, la misma cartera, mediante Resolución n.° 3099, modificó la fórmula, atendiendo que las pensiones de

salario mínimo, de oficio, se debían reajustar en el mismo porcentaje definido por el gobierno para dicho rubro, de manera que era «[…]necesario establecer un parámetro de crecimiento del salario mínimo en el saldo de pensión mínima de que trata el artículo 9° del Decreto 832 de 1996» y, en el año 2017, nuevamente, se redefine el cálculo mediante la Resolución n.° 3023 de 2017, con la justificación de que: […] el Saldo de Pensión Mínima contemplado en el artículo 1° de la Resolución número 3099, en virtud del mandato del artículo 2.2.5.5.1 del Decreto número 1833 de 2016, debe consultar los precios del mercado, y por lo tanto, se requiere modificar la forma en que se realiza la mencionada consulta, estableciendo un procedimiento para su realización y aplicación, el cual debe ser establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. De igual manera, acorde con lo anterior, se adicionará el parágrafo 3° al artículo en mención, para incluir el procedimiento a seguir por las Administradoras de Fondos de Pensiones para aplicar la tasa de interés técnico y las fechas para su implementación. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 100 de 1993, las pensiones de vejez, entre otras, del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, podrán adoptar una de las siguientes modalidades a elección del afiliado o de los beneficiarios, según el caso: a) Renta vitalicia inmediata; b) Retiro programado; c) Retiro programado con

renta vitalicia diferida; o d) Las demás que autorice la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, el numeral 2 del literal a) del Artículo 2.31.4.3.2. del Decreto 2555 de 2010 establece una tasa de mercado de referencia para el cálculo de las reservas matemáticas de las entidades aseguradoras, acorde con ellos, se requiere modificar el artículo 1° de la Resolución número 3099 de 2015, para armonizar la tasa de interés técnico, con el cálculo de las reservas técnicas de las compañías de seguros teniendo en cuenta los riesgos inherentes al diseño del retiro programado.1 1https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent %2FWCC_CLUSTER-184961%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

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Radicación n.° 92964 Dicho esto, es