CSJ - SL734-2024

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL734-2024
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2024

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL734-2024 Radicación n.°96319 Acta 8 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ADRIANA ZÚÑIGA BOCANEGRA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 17 de mayo de 2022, en el proceso que instauró la recurrente contra SEGUROS DE

RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A., SIEMPRE A TU LADO ENFERMERÍA S.A.S y AURA TULIA GIRALDO GIRALDO, como litisconsorte necesario.

I. ANTECEDENTES Adriana Zúñiga Bocanegra llamó a juicio a la Administradora de Riesgos Profesionales ARL SURA1, con el fin de que se declare que es beneficiaria de la pensión de 1 En adelante SURA

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Radicación n.°96319 sobrevivientes, en calidad de madre de Juan David Zúñiga Bocanegra, quien murió el 10 de febrero de 2017. En consecuencia, solicitó que de manera conjunta o solidaria SURA y Siempre a tu lado Enfermería S.A.S., paguen las mesadas causadas a partir del fallecimiento, incluyendo las mesadas adicionales e intereses moratorios. De manera subsidiaria solicitó la indexación. Fundamentó sus peticiones en lo que interesa al recurso extraordinario en que Juan David Zúñiga Bocanegra murió en un accidente de tránsito, el 10 de

febrero de 2017; que al momento de su muerte se encontraba trabajando con la empresa de mensajería Siempre a tu lado Enfermería, pues así consta en el formato de accidente de trabajo, en el que se consignó que laboraba en el turno de 7 am a 12 am. – El accidente ocurrió a las 10 am, cuando transportaba una encomienda-. La empresa Siempre a tu lado Enfermería reportó el accidente. Mediante oficio de 4 de agosto de 2017 la ARL SURA manifestó su imposibilidad de realizar la calificación del origen del presunto evento de la muerte del demandante, puesto que el hecho se presentó cuando prestaba servicios para otro empleador – Quesera Piolínen el vehículo de propiedad de dicha empresa. Advirtió que quien lo tiene afiliado a riesgos laborales es Siempre a tu lado Enfermería S.A.S.

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Radicación n.°96319 En relación con los hechos relatados sostuvo que la propietaria de Quesera Piolín indicó que no tenía relación de trabajo con Juan David, y el día de su muerte se encontraba realizando una diligencia a través del empleador, Siempre a tu Lado Enfermería S.A.S. Señaló además que Juan David era soltero, no había procreado hijos y convivía con su madre y hermana menor y, además, era quien aportaba la mayor parte de recursos económicos en el hogar. Al dar respuesta a la demanda, la Administradora de Riesgos Profesionales ARL SURA se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de la muerte. Aclaró que cuando murió Juan David se

encontraba prestando servicios para la Avícola y Quesera Piolín, y trabajaba para dicha empresa desde el 24 de septiembre de 2016, ello de conformidad con las investigaciones realizadas y las manifestaciones de la demandante. Así mismo, precisó que, si bien la empresa Siempre a tu Lado Enfermería S.A.S. reportó el accidente de trabajo, lo cierto es que las funciones laborales se ejecutaban respecto de una empresa distinta de quien lo tenía afiliado a SURA. En su defensa propuso las siguientes excepciones: ausencia de cobertura de la prestación económica solicitada, falta de legitimación en la causa, imposibilidad de extender la afiliación a favor de la empresa Avícola Quesera Piolín, inexistencia de la obligación. De manera

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Radicación n.°96319 subsidiaria, la improcedencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por ausencia del cumplimiento de los requisitos legales. Y las genéricas de cobro de lo no debido, buena fe, compensación y prescripción. A través de curador ad litem, siempre a tu lado Enfermería S.A.S. en respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones y frente a los hechos, aceptó la muerte de Juan David, manifestó que SURA no calificó el origen del accidente en atención a las investigaciones realizadas, y aclaró que según el informe del accidente se encontraba realizando labores para la empresa. Negó los restantes hechos. En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido y buena fe. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, al que

correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 20 de noviembre de 2019 (fls. 267-269), decidió absolver a la demandada SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. de las pretensiones de la demanda y condenó en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo de 17 de mayo de 2022 al

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Radicación n.°96319 resolver el recurso de apelación presentado por la demandante, decidió confirmar la sentencia del juez de primera instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problemas jurídicos a resolver los siguientes: i) Si el juez de primer grado erró o acertó al disponer que el deceso del causante ocurrió en virtud de un accidente laboral a cargo de la empleadora Aura Tulia Giraldo Giraldo como propietaria de Avícola Quesera Piolín; ii) Si está en cabeza de la ARL Suramericana S.A., el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y, iii) Si se da cumplimiento a los requisitos por parte de la demandante para ser beneficiaria de la prestación económica. Estableció como hechos que no tienen discusión los siguientes:  Que el causante murió el 10 de febrero de 2017  Que este tuvo parentesco con la señora Adriana Zúñiga Bocanegra, en calidad de mamá. Respecto del primer problema jurídico, ¿Quién debe reconocer la pensión de sobrevivientes?

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Radicación n.°96319 El Tribunal consideró que la pensión de sobrevivientes se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico colombiano con el objetivo de brindar al grupo familiar de un pensionado o afiliado fallecido el soporte económico necesario para garantizar la satisfacción de sus necesidades, evitando así, que además de sufrir la aflicción por la ausencia de su ser querido, también tengan que afrontar la carencia de los recursos económicos que éste, con su trabajo o su mesada pensional les proveía. Tuvo en cuenta además lo dispuesto en el artículo «1 de la Ley 1295 de 1994, al definir el Sistema General de Riesgos Profesionales, el cual señala que es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos», destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Otros fundamentos normativos que sirvieron de base a su estudio fueron el artículo 1° de la Ley 1562 de 2012, que establece: el Sistema General de Riesgos Laborales y lo dispuesto en el artículo 3 de esta misma disposición, que define el accidente de trabajo e indica: «Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte».

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Así mismo, tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de aquella normativa que señala que todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tiene derecho al pago de subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Con dichas generalidades precisó el ad quem que, conforme a la jurisprudencia se ha abordado el tema de la obligación de los empleadores de afiliar a sus trabajadores a las administradoras de riesgos, para que sean estas las que, en un evento dado, respondan por determinada obligación conforme al suceso que sobrevenga respecto del trabajador con el que se tenga una vinculación laboral, y esto es claro, pues es regla general para todo tipo de relación de trabajo. De esta manera una vez afiliados los trabajadores, estaría en cabeza de la administradora a la que se encuentre afiliado el trabajador en el momento de la ocurrencia del siniestro, el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas que se deriven de este, tal como lo dispone el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 776 de 2002. En el análisis del caso concreto el ad quem encontró que una vez estudiada la prueba en su conjunto, es claro que la sociedad Siempre a tu Lado S.A.S., no fungió como empleadora de Zúñiga Bocanegra, pues escuchadas las declaraciones rendidas por la demandante y la señora

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Radicación n.°96319 Giraldo Giraldo, se advierte que esta última, fue su empleadora, y contrario a lo que manifestó la demandante,

no es cierto que la juez haya mal interpretado o analizado de manera errónea la sentencia SL 4572-2019, pues lo que hizo fue un análisis completo y juicioso del caso conforme a las pruebas aportadas. Advirtió que, si bien se llegó a la conclusión de que aparecen aportes a la ARL Suramericana S.A., por parte de Siempre a tu Lado Enfermería S.A.S., lo cierto es que esta no tenía vínculo o relación contractual con la señora Giraldo Giraldo quien es propietaria de Avícola Quesera Piolín, pues no se aportó prueba de tal hecho, como para inferir que esta última cotizaba a riesgos laborales a Suramericana S.A., a través de aquella como intermediaria. Finalmente, el Tribunal puso en conocimiento el incidente ocurrido respecto de unas pruebas que pretendieron ser aportadas de manera extemporánea frente a lo cual tampoco se hicieron uso de los recursos. Además, agregó que, si bien es cierto la señora Giraldo Giraldo fue verdadera empleadora del fallecido, no es menos cierto que no se encuentra acreditado que haya realizado aportes a riesgos laborales. De todas las pruebas en su conjunto -folios 14 a 22se desprende que Juan David laboró desde septiembre de 2016 hasta el 10 de febrero de 2017 para Avícola Quesera Piolín, pero llama la atención de la Sala, que la única afiliación probada fuera no por parte

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Radicación n.°96319 de este empleador, sino de Siempre a tu lado Enfermería S.A.S., a partir del 5 de enero de 2017.

Se insistió en que no hay claridad de si Giraldo Giraldo tuvo o no relación contractual con esta última empresa, a través de la que supuestamente se hacían los aportes del fallecido a Suramericana S.A., pues carece de material de prueba, además esta situación se corrobora con la declaración rendida por el señor José Gómez Ceballos, quien no es concordante con sus dichos. Inicialmente, dijo que se hacían a través de Siempre a tu lado, pero luego se contradice e indicó que no sabe, que no tiene conocimiento de ello, porque quien se encargaba de pagar los aportes era su hijo, quien administraba el establecimiento de comercio, y sumado a ello, el hijo de este testigo, quien es esposo de Giraldo Giraldo, no fue citado por la parte interesada. Concluyó el ad quem que no existe prueba con la que, en efecto, se demuestre que la señora Giraldo Giraldo aportó al sistema de riesgos profesionales y que Suramericana S.A., es a quien le corresponde sufragar la pensión de sobrevivientes. Pues se reitera, los aportes registrados se encuentran a nombre de Siempre a tu lado Enfermería S.A.S., y al momento del siniestro el fallecido no tenía vínculo laboral de ninguna índole con esta última, sino con Avícola Quesera Piolín, de propiedad de Giraldo Giraldo. Aunado a lo anterior, y conforme con todo lo expuesto, ante la omisión de los aportes que debía realizar la señora

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Giraldo Giraldo a una administradora de riesgos laborales, fácil resulta concluir que no existe obligación alguna por parte de Suramericana S.A., como para endilgarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, razón por la que se respaldan los argumentos dados por la juzgadora de primer grado, en este sentido. Precisó el Tribunal, que de encontrarse acreditados los requisitos para ser beneficiaria de la prestación económica solicitada, la obligación de sufragar la misma estaría en cabeza de Giraldo Giraldo, por cuanto ante la existencia de un vínculo laboral con Avícola Quesera Piolín, esta no cumplió con su deber legal de aportar al sistema de riesgo laboral frente al difunto. En relación con el segundo y tercer problema jurídico. El reconocimiento de la prestación Frente al estudio de los requisitos establecidos por la norma para verificar si la señora Zúñiga Bocanegra, es o no beneficiaria de la pensión de sobrevivientes como consecuencia del fallecimiento de su hijo, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 776 de 2002 que remite al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal (d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el colegiado de instancia citó lo sostenido en sentencia CC C–111-2006 que declaró inexequible la expresión de forma total y absoluta, frente al requisito de dependencia económica de los padres respecto de los hijos, dicha exigencia es en la que centra su reproche la parte actora.

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Al respecto, el juez de apelaciones indicó, que la dependencia económica de los ascendientes del hijo fallecido, no debe ser entendida como absoluta o total, ni requiere que los padres estén viviendo circunstancia de indigencia, pues guarda una íntima relación con las condiciones de vida en circunstancias de dignidad, sin que pueda establecerse una fría ecuación matemática para regular el asunto. Resulta en estos casos, agregó el juez de apelaciones, imperioso para el juzgador establecer caso a caso si convergen elementos que permitan percibir que el aporte dado por el causante era de tal entidad, que su ausencia impacta de manera vital las condiciones de vida de su ascendiente supérstite. Se apoyó en sentencias CSJ SL 37212020, SL2800-2014 y, SL4217-2018, entre muchas otras. Así las cosas, señaló en relación con la dependencia que: La expresión ‘total y absoluta’, debía entenderse que la dependencia allí exigida no podía tener tal connotación, en la medida en que, en su sentir, aquella se configura cuando los beneficiarios de la prestación, no son autosuficientes económicamente así tengan un ingreso o patrimonio, y cuando para poder subsistir dignamente ‘se hallan supeditados al ingreso proveniente del de cujus’; tampoco esas acepciones constituyen un error jurídico, dado que tales razonamientos están acordes a los parámetros jurisprudenciales que de tiempo atrás la Sala de Casación Laboral ha adoctrinado sobre esta precisa temática, antes y después de la expedición de la norma de marras, e incluso mientras estuvo en vigor el enunciado ‘de

forma total y absoluta’, en el sentido de que el requisito de la dependencia económica, está concebido bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para poder subsistir, con la precisión de que ‘no descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional

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Radicación n.°96319 fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación que predica la norma Adicionalmente expuso que, conforme los precedentes citados, es claro que son elementos estructurales de la dependencia: i) la falta de autosuficiencia económica, a partir de recursos propios o de terceros y, ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí misma y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo. De otra parte, precisó el colegiado de instancia que la subordinación económica de los padres que procuran el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es una situación que debe ser definida en cada caso particular y concreto, a fin de establecer si los ingresos que reciben son suficientes para satisfacer las necesidades básicas y de sostenimiento, en cuyo caso no se configura el presupuesto legal para acceder a la prestación pensional. Luego, cuando aquellos son precarios o insuficientes para proveerse de lo necesario, al punto que el apoyo o ayuda -así sea parcialdel hijo o hija es determinante para llevar una vida en condiciones dignas. En otras palabras, aclaró el ad quem que no significa

que cualquier ayuda que se confiera a los ascendientes, es la que tiene la virtualidad de configurar la dependencia económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino es la que tiene la connotación de ser relevante, esencial y

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Radicación n.°96319 preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017 y SL1243-2019). Con tales fundamentos al revisar la segunda instancia si el apoyo económico predicado por la demandante se encontraba demostrado, al estudiar los testimonios que obran en el proceso advirtió que el señor Gómez Ceballos, indicó que no tenía conocimiento de la vida privada de la demandante, es así como concluyó que no se brindó información de la dependencia de Zúñiga Bocanegra frente a su hijo. Asimismo, luego de cotejar las declaraciones rendidas por la misma demandante con la de María Yuleidi Agudelo Giraldo, quien era novia del difunto, encontró cierta divergencia, pues, mientras la primera aduce que su hijo le ayudaba con el pago de internet, luego indicó que le pasaba $300.000 mensuales, la segunda, refirió que el causante le pasaba la suma de $600.000, no obstante, en lo que sí son coincidentes es en las supuestas labores que desempeñaba la demandante en vida del fallecido, que lo

era como manicurista y vendedora de productos de revista. El Tribunal además advirtió que en la misma declaración rendida por la demandante se informó que ella era la que se encargaba de los gastos del hogar, que siempre han vivido con sus padres, porque su papá, cuando recibió la pensión –de lo cual se desconoce el momento de

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Radicación n.°96319 adquisiciónes el encargado de cubrir la cuota de la casa que adquirió como propiedad –de esto tampoco se tiene certeza de cuándo fue el momento en que se adquirió-. Para el ad quem lo que se sabe entonces es que Juan David se introdujo al mundo laboral, en el año 2016 y empezó a colaborar con los gastos, pero se recalca, la misma declarante afirmó que ella se encargaba de la manutención del hogar, lo que en principio le otorgó certeza al Tribunal de que la labor de manicure y venta de revistas le generaba no solo para los gastos propios, sino también para cubrir los gastos de la casa en la que vivía con sus padres, su hijo fallecido y una hija. Se tomó en cuenta además que, la demandante se encuentra afiliada a una EPS en el régimen contributivo, pues se consulta al RUAF, y se evidencia su situación de activa a la EPS y medicina prepagada Suramericana S.A. y al Fondo de pensiones Colfondos desde el año 2008 – con fecha mucho anterior al deceso de su hijo-. Tomó en consideración además la segunda instancia, que se hizo referencia a que la demandante tiene una hija con problemas renales y que por esta razón fue que se afilió

al sistema de salud, sin embargo, no se encuentra acreditado en el plenario ello, pues no se aportó la historia clínica de la hija, además, el censor de una manera escueta indicó que la demandante asevera tener una hija en esas condiciones, pero no se esmeró por demostrar este hecho, para por lo menos hacer una valoración pormenorizada de

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Radicación n.°96319 esta situación y poder verificar si fue esta la razón por la que se afilió a la EPS. Lo que sí se acreditó es que, respecto de su hijo fallecido, la demandante es una persona joven, pues está entre los 40 y 42 años de edad, actualmente se encuentra vinculada laboralmente como ella misma lo manifestó en su declaración, recibe todas las garantías de ley, no es una persona con algún tipo de discapacidad como para hacerla acreedora de la pensión solicitada. Tampoco se acreditó que en vida del causante estuviera pasando por alguna situación económica tal que dependiera económicamente de su hijo, contrario, y se reitera, la misma declarante dejó claro que ella se encargaba de los gastos, que su hijo le brindaba un ayuda, que siempre han vivido y actualmente vive con sus padres en casa propia, luego no se avizora que estuviera pasando necesidades económicas. IV.RECURSO DE CASACIÓN (PARTE DEMANDANTE) Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte «CASE LA

TOTALIDAD de la sentencia impugnada de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cali del 05 de abril de 2022, que CONFIRMÓ la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali del 23 de

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Radicación n.°96319 octubre de 2019, y una vez quebrado el fallo del Tribunal, constituida la Corte en sede de instancia, y en su lugar, proceda a resolver el recurso de apelación para que REVOQUE el fallo de instancia en que negó la pensión anhelada y acceda a las suplicas de la demanda inicial y provea sobre las costas». Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación los cuales fueron replicados oportunamente.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de «violar la Ley por la vía directa, en el concepto de infracción directa como violación de medio de los Arts. 54, 60, 61 y 83 del CPTSS, artículo 167 del CGP aplicable por integración en los juicios laborales por expresa remisión del 145 del CPTSS, que llevó a desatender el cabal y genuino entendimiento de los artículos 1 de la Ley 1295 de 1994, 1, 3 y 7 de la Ley 1562 de 2012, arts. 1 y 11 de la Ley 776 de 2002 en relación con los Arts.46 y 47 de la ley 100 de 1993 y los Arts. 13, 28, 29, 53, 228 y 229 de la Carta Política».

Señaló la censura que el ad quem dejó de aplicar las

normas que gobiernan el aporte, práctica y decreto de pruebas y, de paso, dejó sin sustento las pretensiones de su demanda fincadas en el cumplimiento de las exigencias legales en los artículos 1 y 11 de la Ley 776 de 2002, en armonía con los artículos 1, 3 y 7 de la Ley 1562 de 2012,

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Radicación n.°96319 lo que le impidió valorar debidamente los elementos de juicio que se trajeron al plenario para demostrar que los aportes a riesgos laborales efectuados por la empleadora Giraldo Giraldo se realizaban a través de la empresa Siempre A Tu Lado Enfermería S.A.S., por lo que debe ser la ARL SURA quien asuma el pago de la prestación pensional por muerte. Advirtió además, que el objetivo de la demanda es que se declare que existe el derecho de obtener la pensión de sobrevivientes del sistema de riesgos laborales a cargo de la empresa SURA ARL, como madre dependiente de su hijo fallecido en los términos del Art. 11 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con los arts. 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los Arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, al haberse presentado el deceso del cotizante con ocasión de la ocurrencia de un accidente de trabajo. Para ese momento, el señor Juan David se encontraba afiliado a SURA a través de su empleadora Aura Tulia Giraldo Giraldo, quien realizaba los aportes a seguridad social a través de la empresa Siempre A Tu Lado Enfermería S.A.S.

Para la censura si no existía claridad frente a la forma cómo se realizaron los aportes a riesgos laborales por cuenta de la empleadora Giraldo Giraldo, el ad quem debió esclarecer esa duda a través de la prueba oficiosa, pues tratándose de un derecho pensional era su obligación la práctica de tales pruebas si estimaba que no había certeza frente al tema a resolver. Lo anterior puesto que al tratarse de un derecho fundamental como es la pensión de

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Radicación n.°96319 sobrevivencia, se debe garantizar al máximo el acceso efectivo a la administración de justicia. Citó distintos precedentes constitucionales CC C4262002 y su definición según la CC C1083-2005, con el fin de recordar que bajo el principio de libre apreciación de la prueba del artículo 61 del CPTSS en orden a garantizar el derecho pretendido. Para la recurrente el Tribunal debió en virtud del recurso de alzada acudir el artículo 83 de la misma normativa, pues se daban los presupuestos ahí establecidos para tal efecto, de tal manera que contaba ciertos elementos de juicio que fueron presentados al momento del interrogatorio de parte rendido por la señora Giraldo Giraldo, que no se tuvieron en cuenta tanto en primera como en segunda instancia, entre ellos, el certificado de cuenta de cobro de aportes a pensión y recibo de pago de aportes a seguridad social expedidos a favor de Quesera Piolín, entre los que se reporta el pago de los aportes del causante. Es así como advierte que la conclusión a la que se debía llegar es que, en este asunto se

daban todas las condiciones para que el Tribunal decretara la prueba de oficio, toda vez que se trata de una probanza necesaria para el esclarecimiento de los hechos del proceso. La recurrente además hizo énfasis en las potestades oficiosas del juez laboral para lo cual se apoyó en la sentencia CSJ SL 3550-2021, y añadió que no se puede perder de vista que el juez tiene potestades oficiosas y que el modelo procesal acogido por la legislación colombiana, que combina los sistemas de actividad probatoria de corte

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Radicación n.°96319 dispositivo e inquisitivo, le otorga al juez el poder de decretar pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes (num. 4º art. 37 C.P.C.), constatar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes (art. 179 C.P.C.) y, específicamente en el proceso laboral, de ordenar la práctica de todas aquellas pruebas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos (art. 54 del C.P.T. y S.S.) así como solicitar las demás que considere [el tribunal] necesarias para resolver la apelación o la consulta (art. 83 del C.P.T. y S.S.). Recordó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 228 de la C.P. se le imponen al juez el deber de tener iniciativa en la averiguación de la verdad real, para lo cual debe procurar, de oficio, acopiar los elementos de juicio idóneos que le permitan eliminar las dudas fundadas

que tenga en torno a los supuestos fácticos del proceso, esclarecer espacios oscuros del pleito y constatar la veracidad de los hechos sometidos a su consideración, lo cual no puede hacerse de manera arbitraria u oficiosa. Concluyó la censura que resultaba obligatorio para el tribunal investigar para definir de fondo la afiliación del causante con SURA ARL y pronunciarse sobre las posibles inconsistencias de tal vinculación si las había, así como los cuestionamientos respecto de la condición de empleador y del pagador de aportes a los riesgos laborales.

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VII. RÉPLICA Presentó oposición Seguros de Vida Suramericana S.A., y advirtió que lo que realmente pretende la recurrente es introducir al proceso documentos de manera extemporánea. Señaló que la finalidad del recurso de casación tiene como objetivo analizar las trasgresiones en que pueda incurrir el juez plural por errores en el juicio, es decir, errores in iudicando y no por el tipo de fallas que aduce la censura, ocurrieron en el procedimiento.

Agregó además que la recurrente pretende usar la violación de medio con el fin de prohijar trámites insatisfechos respecto de los cuales no formuló reparo alguno, por consiguiente, el submotivo de la trasgresión de la Ley sustancial se dirige únicamente a los eventos limitados por la jurisprudencia dentro de los cuales se desatacan falencias procesales como la incongruencia y la falta de consonancia en la sentencia de segunda instancia, es decir, todo aquello que tiene relación directa con el

derecho sustancial, siempre y cuando se observe una omisión o actuación claramente imputable al juez y no a las partes. Lo anterior, por cuanto la causal de violación medio solo es llamada a prosperar como mecanismo para controversias relativas a la aducción, aportación y validez de las pruebas, siempre y cuando la recurrente hubiere agotado los remedios procesales que tenía a su alcance, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

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VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en la obligación que tiene el empleador de afiliar a los trabajadores a las administradoras de riesgos, con el fin de responder por las obligaciones y reconocimiento de prestaciones asistenciales.

Para ello estudió la prueba aportada al proceso con lo cual determinó que la sociedad Siempre a tu Lado S.A.S., no fungió como empleadora de Zúñiga Bocanegra. Tuvo en cuenta para ello las declaraciones rendidas por la demandante y la señora Giraldo Giraldo, a quien estableció como empleadora. Adicionalmente, determinó que no existía vínculo o relación contractual entre Siempre a tu Lado Enfermería S.A.S., y la señora Giraldo Giraldo, quien es propietaria de Avícola Quesera Piolín, establecimiento para el cual se encontraba trabajando Juan David Zúñiga, cuando murió en virtud de un accidente de trabajo. Para el ad quem se acreditó que Giraldo Giraldo fue la verdadera empleadora del fallecido pues así se concluye de lo consignado a folios 14 a 22, documental con la que se

prueba que Juan David laboró desde septiembre de 2016 hasta el 10 de febrero de 2017 para Avícola Quesera Piolín, y la única afiliación probada fue no por parte de este empleador, sino de Siempre a tu lado Enfermería S.A.S., a partir del 5 de enero de 2017. De otra parte, no se acreditó la relación entre Siempre a tu lado Enferm

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