CSJ - SL766-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL766-2023 Radicación n.° 85579 Acta 12 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. ESP

(ELECTROHUILA S. A. ESP) contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 1 de abril de 2019, en el proceso ordinario laboral que JAIME TOVAR LISCANO promovió en contra de la recurrente.

I. ANTECEDENTES Jaime Tovar Liscano demandó a la sociedad antes mencionada, con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido el cual operó del 9 de febrero de 2009 al 31 de octubre de 2013, que finalizó por decisión unilateral de la empleadora y sin justa

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Radicación n.° 85579 causa. En consecuencia, pidió, de manera principal, que se ordene el reintegro -de conformidad con lo previsto en los artículos 15 parágrafo 3 y 64 de la convención colectivay el pago de salarios, aportes a la seguridad social, vacaciones, indemnizaciones, prestaciones sociales y los reajustes «legales como convencionales», desde la fecha en que ocurrió el despido y hasta que se haga efectiva la reincorporación. Como pretensiones subsidiarias solicitó el pago de la indemnización por despido injusto -contemplada en el

artículo 15 de la convención colectiva-; los intereses de mora, las prestaciones sociales y los reajustes legales y convencionales de los últimos cinco años, teniendo en cuenta todos los factores salariales; la indemnización moratoria; la indexación y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que con la Electrificadora del Huila S. A. ESP suscribió un contrato de trabajo que se desarrolló dentro de los extremos temporales ya referidos, que desempeñó el cargo de auxiliar coordinador, y que para el momento del despido devengaba $1.753.502 como salario. Precisó que el 17 de septiembre de 2013 se dictó en su contra auto de apertura de investigación, que tuvo como fundamento la queja presentada por Fredy Hernán Guzmán Arenas el 6 de septiembre de «2006» (sic) que amplió en las audiencias celebradas los días 1 y 24 de octubre de 2013; que el 31 de octubre siguiente, mediante documento de

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Radicación n.° 85579 Gerencia n.° 254, «se impone una sanción disciplinaria», decisión contra la que presentó reclamación administrativa el 31 de marzo de 2014, obteniendo respuesta negativa el 10 de abril siguiente. Arguyó que no existía causa legal ni justa para despedirlo, y que el proceso disciplinario se adelantó con transgresión al debido proceso; que desde el inicio del vínculo laboral se afilió a la organización sindical, pagó los aportes estatutarios y se benefició de las convenciones colectivas; y

que los vales de alimentación y la bonificación por cumplimiento de metas no se incluyeron en la liquidación de «prestaciones sociales legales y extralegales». Al dar respuesta a la demanda (f.° 402), Electrohuila S.

A. ESP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la existencia del vínculo laboral, los extremos temporales, el cargo desempeñado, la calidad de beneficiario de la convención colectiva, el reconocimiento y pago de los vales de alimentación y de la bonificación por cumplimiento de metas, y la presentación de la reclamación administrativa y su respuesta. Frente a los demás supuestos fácticos afirmó que no eran ciertos o no le constaban.

A pesar de que en la contestación no existe acápite alguno en el que se reseñen los hechos y razones de la defensa, de la respuesta dada a los supuestos fácticos del escrito inaugural, en especial, después de negar los relacionados en los numeral 4, 5 y 6, dijo que «la terminación unilateral del contrato de trabajo del actor fue por justa causa

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Radicación n.° 85579 previo adelantamiento del trámite disciplinario interno en el que se observó el debido proceso y el derecho de defensa conforme a lo previsto en la legislación laboral y en la convención colectiva de trabajo». Así mismo, luego de negar los supuestos 8 y 17, indicó que «dentro del proceso disciplinario que concluyó con la terminación del contrato de trabajo por justa causa al demandante se pudo comprobar que la decisión se adoptó con fundamento en las pruebas legal

mente allegadas al proceso y que colocaron de presente la efectiva ocurrencia de los hechos que motivaron la investigación disciplinaria». Al efecto, propuso las excepciones de: «cumplimiento del procedimiento disciplinario pactado en la convención colectiva de trabajo suscrita entre Electrohuila S.A. E.S.P. y SintraelecolSubDirectiva Huila», prescripción, falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, inexistencia de la obligación demandada a cargo de Electrohuila S.A. E.S.P. y cobro de lo no debido, «improcedencia de reajustes económicos reclamadosfalta de causa para pedir», buena fe, compensación, «falta de prueba legal que demuestre la existencia de la convención colectiva auténtica y acta de depósito expedida por la autoridad laboral competente», y la «declaratoria de otras excepciones de mérito».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 4 de marzo de 2015 resolvió:

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Radicación n.° 85579 PRIMERO. DECLARAR que entre el señor JAIME TOVAR LISCANO como trabajador y la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. se encuentra vigente un contrato de trabajo a término indefinido que se inició el 9 de febrero de 2009, y por tanto ORDENAR a la demandada, REINTEGRE al actor a la empresa en el cargo que venía desempeñando, o a uno de igual o mejor categoría, sin solución de continuidad y conformando al actor la

cuenta de seguridad social por el lapso de despido y el reintegro. SEGUNDO. DECLARAR que en desarrollo de dicho contrato de trabajo la empresa demandada ha venido pagando a JAIME TOVAR LISCANO, vales de alimentación y bonificación por cumplimiento de metas; factores que constituyen salario para todos los efectos legales. TERCERO. DECLARAR INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES propuestas por la parte demandada.

CUARTO: CONDENAR a la entidad demandada al pago de los siguientes conceptos a favor de la parte demandante:

A) PRIMAS DE CARESTÍA, $506.920

B) PRIMAS DE JUNIO, $1.013.840

C) PRIMAS DE DICIEMBRE, $3.137.829

D) PRIMAS DE ANTIGÜEDAD $1.013.840

E) PRIMAS DE VACACIONES, $506.920

F) REAJUSTE DE LAS VACACIONES, $33.794,67

G) SALARIOS DEJADOS DE CANCELAR $16.257.064

Para un total general de $22.470.207.42, de los que se han de descontar los rubros respectivos ya pagados por la pasiva, y sobre el excedente se pagará la demandada intereses moratorios conforme a la fluctuación mensual que trae la Superfinanciera.

QUINTO: ABSOLVER a la entidad demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra conforme la parte motiva de la sentencia.

SEXTO: CONDENAR en costas la parte demandada A FAVOR DE LA ACTORA conforme al Acuerdo 1887 del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

SEPTIMO. Como agencias en derecho se fija la suma de CUATRO

MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.045.000), CORRESPONDIENTES AL 18% DE LA CONDENA. Liquídense con las demás costas. Frente a la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, con el fin de que se ordenara el pago de las prestaciones sociales (prima de carestía, primas de

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Radicación n.° 85579 junio y diciembre, prima de antigüedad y prima de vacaciones) por el lapso comprendido entre el despido y el reintegro. Por ello, el sentenciador, en uso de las facultades conferidas en el artículo 311 del CPC, procedió a adicionar la sentencia en los siguientes términos: A pesar de que la orden de reintegro conlleva la orden de pago en la parte resolutiva también de los salarios dejados de cancelar, y que entiendo (sic) ello la continuidad del contrato de trabajo, como dijo la parte demandante, sin solución de continuidad, no quedó claro en el resolutivo número uno, o en el primer resolutivo, en señalar ello y, por tanto, se hace necesario adicionar dicho resolutivo en ese sentido y, así mismo, habida cuenta que una de las pretensiones es que se condene a la demandada al pago de las cotizaciones a la seguridad social es entendible también que es la forma de proteger posibles circunstancias […] En consecuencia, el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia quedaba en la forma y términos transcrita en precedencia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante fallo del 1 de abril de

2019, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, decidió: PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO y CUARTO de la sentencia proferida el 04 de marzo de 2015 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva Huila, dentro del proceso de la referencia, el cual quedará así: SEGUNDO: DECLARAR que en desarrollo de dicho contrato de trabajo la empresa demandada ha venido pagando a JAIME TOVAR LISCANO vales de alimentación y bonificación que constituye salario para la liquidación de las primas de carestía,

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Radicación n.° 85579 antigüedad, junio y diciembre, y la de vacaciones.

CUARTO: condenar a la entidad demandada al pago de los siguientes conceptos a favor de la parte demandante: Primas de carestía: $528.416

Prima de junio $1.056.832

Prima de diciembre: $3.077.067

Prima de antigüedad: $1.056.832

Prima de vacaciones: $611.295

Reajuste de las vacaciones: $611.295

Salarios dejados de cancelar: $16.257.064

Para un total de $23.198.801 de los que se han de descontar los rubros ya pagados por la accionada, y sobre el excedente se debe pagar al demandante los intereses moratorios conforme a la fluctuación mensual de la Superintendencia Financiera.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a las partes demandante y demandada en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%). Las agencias en derecho en segunda instancia se fijan en la suma de

$828.116. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal en primer lugar, precisó que la demandada era una sociedad anónima, clasificada como empresa de servicios públicos mixta, con régimen y naturaleza jurídica especiales; aludió a la sentencia CC C736-2007, a los artículos 365 de la Constitución Política, 14 y 41 de la Ley 142 de 1994 y al Código Sustantivo del Trabajo, con base en los cuales concluyó que quienes laboran en Electrohuila S. A. ESP tenían la calidad de trabajadores particulares, sometidos a las disposiciones del CST y a lo dispuesto en la referida ley. Se remitió las sentencias CC C593-2014, CC T4331998, CC T917-2006, CC T170-1999 y a los artículos 111, 112, 113 y 115 del CST en lo que hace referencia al procedimiento para la imposición de sanciones a los trabajadores. Acto seguido, señaló que atendiendo los

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Radicación n.° 85579 lineamientos fijados en las citadas providencias resultaba necesario que en los reglamentos «cada una de las etapas procesales estén previamente definidas», pues de lo contrario, «la imposición de sanciones queda sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen la función de solucionar los conflictos de los implicados». Precisó que, por tanto, tales procedimientos debían asegurar al menos:

1. La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario de la persona con quien se imputan las conductas posibles de sanción.

2. La formulación de los cargos imputados que puede ser

verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten, de manera clara y precisa, las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias.

3. El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.

4. La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos.

5. El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante acto motivado y congruente.

6. La imposición de la sanción proporcional a los hechos que la motivaron y

7. La posibilidad de que el encartado pueda controvertir mediante los recursos pertinentes todas y cada una de sus decisiones.

Luego se refirió al contenido literal de los artículos 111, 112, 113 y 115 del CST, e indicó que según dicho estatuto el empleador no puede imponer a sus trabajadores sanciones

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Radicación n.° 85579 no previstas en el reglamento, pacto, convención colectiva, fallo arbitral o contrato individual; y que como no se había «allegado el reglamento interno de trabajo», examinaría la sanción impuesta al demandante conforme a las normas referidas y a la interpretación que de ellas hizo la Corte Constitucional. Así afirmó que la demandada transgredió el derecho fundamental al debido proceso de Jaime Tovar Liscano, al ordenar la terminación del contrato mediante el Documento de Gerencia 254 del 31 de octubre de 2013, la cual se hizo

efectiva el 1 de noviembre del mismo año, por cuanto no se había seguido el procedimiento correspondiente, dado que no se le indicó el hecho que daba pie a la investigación, ni se formularon cargos indicando las faltas disciplinarias en que había incurrido, además en la comunicación que puso punto final a la relación se le referenciaban unas pruebas que no pudo contradecir por no conocerlas, entre otras falencias.

Textualmente dijo:

1. Con base en la queja presentada por el señor Fernando Gil Arenas el 6 de septiembre del 2013 (folios 16 y 17), el jefe de recursos humanos de la empresa el 17 de septiembre del 2013

(folios 98 y 99) dispuso la apertura de investigación disciplinaria al trabajador Jaime Tovar Liscano sin que se le indicara a éste las circunstancias fácticas por las cuales se tomó dicha decisión.

2. Sin mediar formulación de los cargos imputados, el 25 de septiembre del 2013 tuvo lugar diligencia precedida por el jefe de la División de Recursos Humanos y con la participación del representante de la empresa para escuchar al trabajador en cargos y descargos, en la que se le interrogó directamente sobre los hechos narrados por el quejoso, sin indicarle las faltas disciplinarias a que los mismos dan lugar, mucho menos la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias (folios 112 a 116). No existe prueba escrita del

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Radicación n.° 85579 traslado al imputado de las pruebas que fundamentan los cargos formulados ni de la oportunidad que se le dio o se concedió de

controvertir las pruebas en su contra.

3. En las anteriores condiciones el gerente general de Electrohuila S. A. procedió a emitir el documento de Gerencia 254 del 31 de octubre del 2013, mediante la (sic) cual decide sancionar al señor Jaime Tovar Liscano con la terminación unilateral con justa causa del contrato de trabajo, a partir del primero de noviembre del 2013. En la decisión sancionatoria, además de las declaraciones mencionadas, se relacionan una serie de pruebas documentales que no aparece se hubieran dado a conocer al actor para su contradicción.

4. De igual manera, se alega que al actor se le impuso sanción de terminación del contrato sin probar que tal tipo de sanción se encontrase prevista para las faltas que en este caso se le endilgan, vale decir, que se le desconoció por completo el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria.

5. Por último, al imponer la sanción por el gerente general se privó al actor de la garantía de la doble instancia.

Por lo anterior, afirmó que la empresa empleadora, al imponer la sanción, «dejó de lado todos los principios que la Corte Constitucional ha identificado como rectores de las faltas sancionatorias, en aras de garantizar el debido proceso»; por tanto, debía confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto. En segundo lugar, con relación a la procedencia del reintegro y los efectos del despido injustificado, destacó que el actor fundamentó sus pretensiones en los artículos 15 y 64 de la convención colectiva de trabajo, cuyo contenido se debía interpretar de tal manera que generaran efectos

jurídicos; y, además, que conforme al principio in dubio prooperario en la interpretación de una regla jurídica se debía optar por la más favorable al trabajador.

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Radicación n.° 85579 Afirmó que, si bien el parágrafo tercero del mencionado artículo 15 convencional no era absolutamente claro en establecer una acción de reintegro en favor del trabajador despedido sin justa causa, el hecho de incluirla en su texto, le imponía el deber de interpretarlo para determinar cuál fue el designio de los contratantes. Precisó que, con los anteriores parámetros, se advertía que en la redacción de la regla se acudió: […] al uso de la conjunción condicional si, con la cual se inician dos oraciones subordinadas: una, si un trabajador fuere despedido sin justa causa; y dos, si se ordenase por autoridad judicial el reintegro; a las cuales se atribuye como única consecuencia el deber de la empresa de efectuar la reinstalación del empleado en su puesto de trabajo. En esa perspectiva, aseguró, la interpretación de la norma que lleva a producir efectos jurídicos y satisface el principio de in dubio pro operario es la que indica la «procedencia del reintegro de un trabajador despedido sin justa causa, pero con la condición de que sea ordenado por una autoridad judicial». Y, agregó lo que sigue: Ahora bien, el uso de la conjunción condicional si en la segunda oración conduce a que razonadamente sea potestativo del juez ordenar o no el reintegro, para ello el juzgador tendrá que indagar sobre los criterios necesarios para su determinación, los cuales

son exógenos a la misma norma. Para hallarlos, debemos acudir a las remisiones normativas contenidas al final del parágrafo, estas son: cláusula segunda convención colectiva 1964, laudo arbitral de 1975 artículo 4 y 6, convención colectiva 1983, las que a su vez remiten al artículo 8 del Decreto Ley 2351 del año

1965. Así concluimos, según el contexto histórico en que fue redactada la norma, reproducida en posteriores convenciones hasta llegar a la que se encuentra actualmente vigente, que tal acción de reintegro se concibió con fundamento en el numeral 5 del Decreto 2351 de 1965, subrogado por el artículo 6 de la Ley

50 de 1990, que preveía lo siguiente:

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Radicación n.° 85579 “con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido 10 años continuos de servicios y fuere despedido sin justa causa, el juez del trabajo podrá mediante demanda del trabajador ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir o la indemnización en dinero prevista en el numeral cuarto literal b de este artículo. Para decidir entre el reintegro y la indemnización el juez deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en un juicio y si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuera aconsejable en razón a las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar en su lugar el pago de la indemnización”.

De conformidad con este aparte normativo, la orden de reintegro a favor del trabajador que lleve más de diez años de servicios continuos debe ser la primera opción del juez, salvo si advierte que no es aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por el despido. Sobre el particular, el sentenciador de segundo grado se remitió las sentencias CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 41975; CSJ SL, 20 oct. 2010, rad. 42333 y CSJ SL4836-2015, de esta última citó algunas fracciones, y concluyó que las partes celebrantes de una convención colectiva pueden incorporar la acción de reintegro, independientemente de la derogatoria de la normatividad legal que la consagraba. Que, por tanto, era viable su inclusión en la convención colectiva, aun cuando el artículo 8 del Decreto 2351 de 1965 hubiera sido derogado. En consecuencia, confirmaba la orden de reincorporación y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir a partir el 1 de noviembre de 2013. En tercer lugar, señaló que si bien la bonificación por cumplimiento de metas, conforme a las actas obrantes a folios 366 a 377, constituiría salario por tratarse de una retribución directa del servicio, no podía tenerse en cuenta

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Radicación n.° 85579 para efectos de la liquidación de las primas, toda vez que el artículo 23 de «la convención colectiva que las creó no las incluyó como factor salarial para liquidarlas», conforme a las facultades conferidas por el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Acotó que, «sobre este punto debe

hacerse precisión, pues que la citada bonificación constituye salario es diferente a que su inclusión en la liquidación de las primas de carestía, antigüedad de junio y diciembre y la de vacaciones deba hacerse con desconocimiento de la voluntad de los contratantes». Después de aludir al tenor literal del mencionado artículo extralegal, dijo: […] es decir, que en ejercicio de la libertad contractual que les otorga la ley y entre los limites por ella establecidos, las partes optaron por no incluir la bonificación por metas cumplidas dentro de los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de las primas, razón por la cual la Sala acoge los planteamientos de la parte apelante demandada para efectos de la reliquidación de dichas prestaciones, aunque es menester precisar que aquella si es factor salarial para la liquidación de cesantías, por ende, se deberá modificar la sentencia atacada respecto de las condenas dinerarias efectuadas, suprimiendo de los factores salariales los correspondientes a la bonificación por metas cumplidas. En virtud de lo señalado la sala procederá a modificar los numerales segundo y cuarto objeto de alzada, y lo que tiene que ver con la aclaración que la bonificación por metas cumplidas no constituye salario para la liquidación de las primas de carestía, antigüedad, junio y diciembre y la de vacaciones y el quantum de los emolumentos a cancelar a favor del demandante por parte de la demandada. Ahora, respecto de los vales de alimentación adujo que constituían factor salarial para liquidar las primas legales y extralegales por estar incluidas dentro del concepto de

viáticos, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y

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Radicación n.° 85579 21 de la CCT; por tanto, confirmaba la sentencia en este aspecto. Así las cosas, procedió a realizar las operaciones matemáticas pertinentes, a efecto de reliquidar las condenas reconocidas a favor del trabajador suprimiendo lo concerniente a la bonificación por metas cumplidas, para lo que tuvo en cuenta los promedios de los viáticos devengados durante las 24 quincenas anteriores a su causación (f.° 7-9), lo que arrojó los valores indicados en la parte resolutiva transcrita.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la sociedad recurrente que se case parcialmente la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, proceda así: REVOQUE los numerales primero, tercero, cuarto literal g) y la condena impuesta en el inciso por el pago de los intereses moratorios conforme la fluctuación mensual de la Superfinanciera para las suma de los literales a), b), c), d), e) y f) de este aparte, así como los numerales sexto y séptimo de la Sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO (02) LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA – HUILA del 04 de marzo de 2015, para en su lugar ABSOLVER de la pretensión del reintegro, sus efectos económicos y la imposición de los intereses moratorios,

conforme la fluctuación mensual de la Superfinanciera para las suma de los literales a), b), c), d), e) y f) de las condenas impartidas en el numeral cuarto, con la correspondiente

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Radicación n.° 85579 provisión en materia de costas. Como alcance subsidiario, pretendo de manera principal, que esta Honorable Corporación del Trabajo y la Seguridad Social CASE PARCIALMENTE la sentencia proferida por la SALA CIVIL – FAMILIA - LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA, del 01 de abril de 2019, para que una vez constituida EN TRIBUNAL DE INSTANCIA, revoque los numerales primero, tercero y cuarto literal g) y la condena impuesta en el inciso por el pago de los intereses moratorios conforme la fluctuación mensual de la Superfinanciera para las suma de los literales a), b), c), d), e) y f) de este aparte y los numerales sexto y séptimo de la sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO (02) LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA del 04 de marzo de 2015, para en su lugar, ORDENAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO a favor del señor JAIME TOVAR LISCANO, contenida en el inciso 1º del parágrafo 1º del artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo vigencia 2004 – 2007, celebrada entre ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. con la Organización Sindical SINTRAELECOL y los reajustes por concepto de primas

de carestía, primas de junio, primas de diciembre, prima de antigüedad, prima de vacaciones y reajustes de las vacaciones sin la imposición de intereses moratorios sobre estas diferencias convencionales y del descanso remunerado. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica. A pesar de que las acusaciones 3 y 4 se plantean de manera subsidiaria, lo cierto es que en realidad todos los cargos se complementan o alegan las mismas inconformidades, razón por la cual la Sala los resolverá de manera conjunta agrupándolos por temas.

VI. CARGO PRIMERO «ALCANCE PRINCIPAL» Por la vía directa acusa la interpretación errónea de las

siguientes disposiciones:

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Radicación n.° 85579 […] de los artículos 29, 53 y 333 de la Constitución Política de 1991, 23 modificado, 58 numeral 1º, 62 literal a) numeral 6º modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, 104, 106, 111,112, 115 (modificado por el artículo 10 del Decreto 2351 de 1965), 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que conllevó a la APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 127 modificado por la Ley 50 de 1990, 186, 249, 306 modificado por el artículo 2º de la Ley 1788 de 2016, todos del Código Sustantivo

del Trabajo, 8º del Decreto 2351 de 1965, subrogado por el 6º de la Ley 50 de 1990 y modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, 1º de la Ley 52 de 1975, 17 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, numeral 2º del 157 de la Ley 100 de 1993, 884 del Código de Comercio y 1617 del Código Civil. Después de citar algunos apartes de la sentencia acusada, dice que el debido proceso no puede ser incluido en la naturaleza del despido, entendiendo que es una facultad de la empresa basada en la ley, el contrato de trabajo y el reglamento interno, tal como señala la sentencia CSJ SL3166-2019. Precisa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución, la estabilidad en el empleo es relativa o intermedia, motivo por el cual autoriza al empleador para finalizar el vínculo laboral «con o sin justa causa», sin desconocer que existen excepciones al principio, predicables para los sujetos de especial protección o beneficiarios de disposiciones convencionales, que en ningún caso originan el derecho de permanecer de manera indefinida en un empleo. Manifiesta que el derecho a la creación y mantenimiento de la empresa implica el surgimiento de derechos y garantías, tales como los de organización y autorregulación; que los artículos 104 y 106 del CST permiten la conformación de un

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Radicación n.° 85579 reglamento sin intervención ajena y que el Tribunal incurrió en un error «in judicando», máxime cuando «no quedó

demostrado, que el despido fuera catalogado como sanción disciplinaria y con ello, llegar al despropósito de calificar, […], un despido violatorio al derecho fundamental al debido proceso», sin advertir la fuerza vinculante y normativa del proceso contenido en la convención colectiva 2004–2007, suscrita con Sintraelecol. Alega que, el artículo 115 del CST es atribuible únicamente a las sanciones disciplinarias; que el sentenciador aplicó indebidamente el artículo 23 ídem, entendiendo que de este emerge la subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador según lo consagrado en el numeral 1 del artículo 58 ibídem; que en caso de ser infringida tal disposición permite «rescindir el contrato laboral conforme a las causales del artículo 62» del mismo estatuto, por lo que no se puede equiparar la sanción disciplinaria con la potestad de rescindir el convenio, más aún cuando en la cláusula sexta se pactó que el incumplimiento de las obligaciones legales era una justa causa para la finalización del vínculo. Al respecto cita algunos apartes de la sentencia CSJ SL3174-2019, en la que se diferencia la sanción disciplinaria de «la potestad legal de culminar el contrato de trabajo». Argumenta que el Tribunal erró en la aplicación de la convención al inferir que, por no cumplir los criterios definidos por la Corte Constitucional en los procesos disciplinarios, se «amplió indebidamente la naturaleza

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Radicación n.° 85579 obligacional de la Convención Colectiva de Trabajo», conforme

a los artículos 467 y 468 del CST, para dejar sin efecto los artículos 64 de la CCT 2004-2007 y 435 del CST. Agrega que si bien las partes consignaron en el texto un único trámite disciplinario, y que «el hecho de investigarse la comisión de alguna conducta del trabajador mediante el trámite convencional, lleva a catalogarse que el despido sea una sanción en la relación laboral»; ni siquiera se esforzó en examinar los hechos aducidos, conforme lo consagra el literal a) del numeral 6 del artículo 62 ibidem