CSJ - SL775-2018

e República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N.” 2 SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL775-2018 Radicación n.” 51353 Acta 05 Bogotá, D. C., seis (06) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA ANTONIA PARRA NÚÑEZ y AUGUSTO MARIO OLACIREGUI ROLÓN, contra la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil diez (2010) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que le instauraron al BBVA BANCO GANADERO S.A. I ANTECEDENTES MARÍA ANTONIA PARRA NÚÑEZ y AUGUSTO MARIO OLACIREGUI ROLÓN llamaron a juicio al BBVA BANCO GANADERO S.A., con el fin de obtener, previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo, el pago del reajuste del auxilio de cesantías, sus intereses, las vacaciones y las

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Radicación n. 51353 primas de servicios desde las fechas que se causaron y cancelaron; las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o a la entidad correspondiente, de los ajustes que se produzcan y modifiquen sus salarios promedio; a tener como factor salarial, las sumas canceladas por concepto de vacaciones y prima proporcional de antigiiedad; el reconocimiento de la prima de vacaciones proporcionales; a devolver a la señora MARÍA ANTONIA PARRA el valor de

$800.000 retenido indebidamente de sus prestaciones sociales, con los intereses debidos y los salarios moratorios; a actualizar a valor presente, las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales de la señora MARÍA ANTONIA PARRA desde la fecha de su vinculación laboral y la indemnización moratoria. En subsidio reclaman la indemnización por despido y la indexación de las condenas (f. 1 a 22 del cuaderno 1). Como fundamento de sus pretensiones, narraron que el señor AUGUSTO OLACIREGUI se vinculó al accionado el 23 de agosto de 1993 y fue despedido injustificadamente el 28 de junio de 2002, siendo su último salario promedio de $1.047.843.28; que la señora MARÍA ANTONIA PARRA prestó sus servicios desde el 3 de noviembre de 1992 hasta el 29 de agosto del 2000, cuando su contrato termino sin apego a las causales señaladas en la ley, siendo, sus últimos devengos hbásicos y rpromedio, de $654.774.00 y $914.614.46, respectivamente. Relataron, que los despidos fueron injustos e ilegales, dado que el accionado no expuso los motivos para adoptar

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Radicación n. 51353 esa determinación, con lo cual, se vulneró el artículo 76 del Reglamento Interno de Trabajo. Dijeron, que la señora MARÍA ANTONIA PARRA conforme al articulo 8 de la convención colectiva, obtuvo un crédito de estudio y no incurrió en ninguna causal que permitiera al Banco la retención de dineros. Sin embargo,

éste retuvo la suma de $800.000 sin autorización previa. Precisaron que la entidad financiera no incorporó al salario promedio los factores que se reclaman, los cuales, por su naturaleza, tienen incidencia para esos efectos, tanto así que en las convenciones colectivas se acordó sobre ese aspecto. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a la totalidad de las pretensiones porque los conceptos que se reclaman, no constituyen salario, siendo inviable la reliquidación pretendida. En cuanto a los hechos, aceptó la vinculación de los actores, y aclaró que aun cuando no se configuró una justa causa de despido, su rendimiento no era bueno, y que el préstamo de educación se debe pagar al banco, entre otros casos, cuando se verifica el retiro, que comprende cualquier causa. En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, falta de causa para pedir y buena fe (f.? 196 a 219 del cuaderno 1). 3 SCLAJPT-10 V.0O Radicación n. 51353 IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión de Barranquilla, mediante fallo del 15 de diciembre del 2008, absolvió al accionado (f.? 1171 a 1185 del cuaderno 3).

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los demandantes, conoció del proceso la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, con la sentencia cuestionada en este recurso, revocó la de primer grado y, en su lugar, ordenó (f.

1212 a 1222 del cuaderno 3): PRIMERO: CONDENAR al BBVA S.A., a pagar a los demandantes por concepto de reliquidación de prestaciones sociales, las siguientes sumas de dinero debidamente indexadas:

AUGUSTO MARIO OLACIGUERI ROLÓN

Concepto Diferencia Cesantías $47.607 Intereses de cesantías $2.824

MARÍA PARRA NÚÑEZ

Concepto Diferencia Cesantías $42.880 Intereses de cesantías $3.018

TERCERO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: SIN costas en esta instancia, al no haberse causado.

El Tribunal, para decidir en la forma como lo hizo, se ocupó de la prima de vacaciones proporcional, para lo cual, y luego de relatar la posición de las partes al respecto,

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Radicación n.” 51353 transcribió lo que contenia el acuerdo convencional vigente para el año de 1994 (f. 1017 a 1038 del cuaderno 3), para después, precisar: La norma en comento, expresamente reemplazó de forma total, las disposiciones consagradas sobre el reconocimiento de la prima de vacaciones, por lo tanto, es ésta la que debe aplicarse en su integridad. Y en esta, no aparece como presupuesto el pago de manera proporcional de la mencionada prima; púes en ninguno de sus apartes, establece la posibilidad de que se pague de manera proporcional a los trabajadores. Seguidamente estudió, lo relativo a la prima de antigiiedad y vacaciones, para concluir que tenian

connotación salarial, en atención a que no eran ocasionales y tenían como propósito beneficiar al trabajador e incrementar su patrimonio. En cuanto a los sobresueldos por vacaciones, asentó que obedecían al pago de una parte de las vacaciones y que reconocía la diferencia existente entre el salario básico y el salario base de liquidación, por los días que correspondian a vacaciones, pagos, que dijo, no tenía por objeto el de retribuir el servicio. Respecto a los poliplus de funcionalidad, advirtió que con los documentos de folios 565 a 746 de los cuadernos 2 y 3%, se podría verificar su pago, si no fuera porque no existía «auto de incorporación [...] de lo que se infiere que estos no fueron incorporados en oportuna Yy legal forma, por lo cual, la Sala no puede darle valor probatorio a los (sic) estos». 5

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Radicación n. 51353 Después, procedió a hacer el ajuste de las prestaciones sociales, tomando para el efecto la prima de antigúedad, y que, como no había derecho al pago proporcional «de la prima de navidad, no podía hacerse reajuste alguno por este concepto, a pesar de que en esta instancia se reconozca su carácter salarial; ya que esta se tendrá como tal, siempre y cuando se haya causado». Indicó, que aun cuando se había solicitado la reliquidación anual de prestaciones, lo cierto era que dentro del plenario no se habían allegados pruebas con la que pudiera determinar el valor liquidado por esos conceptos, para de allí obtener los valores que le permitían determinar si existía alguna diferencia.

Finalmente, no accedió a la indemnización moratoria, pues recordó que la misma no era automática, sino que era necesario analizar la conducta del demandado, a efectos de ubicarlo en campo de la buena o mala fe. De allí, sostuvo que la accionada actuó bajo el convencimiento de que los beneficios convencionales no constituían factor salarial, y canceló, lo que creía deber. En tal sentido, concluyó, no era procedente aplicar esa sanción. El 14 de diciembre de 2011, dictó sentencia complementaria, en la que resolvió (f.? 11 a 20 del cuaderno de la Corte): 1%. ADICIONAR la sentencia de fecha 30 de abril de 2010 proferida por la Sala Segunda de Descongestión Laboral de este Tribunal Superior, así:

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Radicación n. 51353 “QUINTO: CONDENAR al BBVA S.A. a pagar a los demandantes el reajuste de los aportes para pensión sobre el último salario promedio devengado por cada uno de ellos, a órdenes del Instituto de Seguros Sociales, sin perjuicio de los intereses a que haya lugar, durante los siguientes ciclos: a) Junio de 2002 sobre el salario de $1.144.128.00 respecto del señor Augusto Mario Olaciregui. b) Agosto de 2000 sobre el salario de $971.672 respecto de la señora María Antonia Parra Núñez.

SEXTO: CONDENAR al BBVA S.A. a pagar a la señora MARÍA ANTONIA PARRA NÚÑEZ la suma de $800.000.00 por la deducción efectuada de la liquidación de sus prestaciones sociales

por concepto de “crédito estudiantil” SEPTIMO: ABSOLVER al BBVA S.A. del reajuste de la indemnización por despido injusto. 2 NO ADICIONAR la sentencia del 30 de abril de 2010, respecto de las pretensiones cuatro, cinco y nueve, de conformidad con la parte motiva de esta providencia [negrilla del texto original|. Para el efecto, adujo que como no se pronunció frente a la cotización al Instituto de Seguros Sociales, en cuanto a los ajustes que modificaran los salarios promedio, y al ser la prima de antigtiedad un factor salarial, la misma se debió haber incluido como ingreso base de cotización para efectos de hacer los aportes para pensión. De esta forma, se ordenó pagar la diferencia del aporte correspondiente al último mes laborado. Consideró lo mismo frente al ajuste de la indemnización por despido injusto, ya que, se liquidó conforme a un salario promedio inferior; sin embargo, al constatar los montos entregados, encontró que fueron mayores a los que efectivamente correspondían por tal concepto; así que, frente a este aspecto, no había lugar a ordenar el pago.

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Radicación n. 51353 Respecto al dinero descontado por concepto de crédito estudiantil, advirtió que no encontraba ninguna autorización al respecto, razón por la que ordenó el pago de $800.000. Finalmente, en cuanto a la sanción moratoria, preciso que ese tópico se analizó en la providencia del 30 de abril de 2010.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (f. 24

a 44 del cuaderno de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado, y se inponga condena en los siguientes términos: Condenar a la demandada a pagar a los actores el reajuste del auxilio de cesantías, e intereses sobre la misma, prima de servicio y vacaciones, desde la fecha que se causaron y pagaron la prima de vacaciones, prima de antigiedad y el auxilio poli funcionalidad del actor OLACIREGUI, es decir, en un valor mayor al ordenado por el Tribunal. Junto con la prima de vacaciones de agosto 23/2001-junio 28/2002 OLACIREGUI, noviembre 31/1999 a agosto 29/ 2002 María Parra. A la actualización del valor presente las cotizaciones al ISS de María Parra desde la fecha de su vinculación laboral. Condenar a la demandada a la indemnización moratoria establecida en la Ley 50/ 90 artículo 99.3. Condenar a la demandada a pagar a los actores salarios moratorios, a razón de un día de salario por cada día de mora, a partir de la terminación del contrato de trabajo; a pagar la sanción moratona por estar demostrada la retención arbitraria de las prestaciones

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Radicación n.” 51353 soczíales de María Parra por la suma de $800.000.00; y que se reajuste la indemnización por despido injusto de los actores. Proveer en costas. Con tal propósito formulan dos cargos, que no fueron replicados y que a continuación se estudian.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 13, 14, 21, 43, 55, 57 - 9, 59, 65, 104, 109, 127, 128, 143, 149, 467, 468 y 488 del CST; 61 del CPTSS; Ley 50 de 1990; 19,21, 30 y 36 de la Ley 100 de 1993 «y resultó desconocido» el 53, 228 y 230 de la CN y la Ley 1149 de 2006.

Le atribuyen al Tribunal la comisión de los siguientes errores «evidentes» de hecho: 1.-Dar por demostrado, sin estarlo, que no procede el pago proporcional de la prima de vacaciones, no dar por demostrado, pese a estarlo, que la convención colectiva de trabajo no prohíbe el pago proporcional de dicha prima y no dar por demostrado, a pesar de la evidencia, que la demandada discrimina las prestaciones extralegales de los actores. 2-Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa al no haber incluido las primas de vacaciones y de antigiiedad como elementos constitutivos de salario lo hizo por tener pleno convencimiento que los beneficios convencionales reconocidos a sus trabajadores no constituían factor salarial. 3.-No dar por demostrado, estándolo, que el reglamento interno de trabajo prohíbe deducir, retener suma alguna de salarios y prestaciones de los trabajadores sin orden judicial o mandato del trabajador. 4.-Dar por demostrado, sin estarlo, que los folios 565-746 volantes de pagos, carecen de valor probatorio a efecto de que dicho pago

(auxilio polifuncionalidad) fuera incorporado en las cesantías anuales y definitivas de Augusto OLACIREGUI. [e]

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Radicación n. 51353 5.-Dar por demostrado, sin estario, que no existen pruebas que permitieran establecer cuánto les fue liquidado a los demandantes anualmente por concepto de (prima de vacaciones, prima de antigiedad y de plus de polifuncionalidad) para efecto de hacerles la pretendida reliquidación anual de las prestaciones sociales. 6.-No dar por demostrado, estándolo, que el Banco no pagó las cotizaciones al ISS de María Parra, a pesar de haberle hecho los descuentos por nómina para tal fin, durante la relación contractual. 7.-No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no trasladó al fondo de pensiones de los actores los pagos por concepto de primas de vacaciones y de antigiedad Yy polifuncionalidad desde la fecha que estos se causaron Yy pagaron. 8.Dar por demostrado, sin estado, que la empresa les pagó a los actores una suma superior a la que les correspondía por concepto de indemnización por despido injusto. Yerros que atribuye a la errada apreciación de la liquidación de prestaciones sociales de folios 23 y 24 del cuaderno 1%, la demanda, su contestación y los volantes de pago de folios 304 a 333 del cuaderno 2 y 565 a 746 de los cuadernos 2% y 3”. También por la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo (f. 31 a 63 del cuaderno1 y 1014 a 1056 del cuaderno 3).

En el desarrollo del cargo afirma lo siguiente: El primer error, consiste en que según el Tribunal no procede el pago proporcional de la prima de vacaciones por no haber encontrado en la convención colectiva de trabajo el presupuesto del pago proporcional de dicha prima, lo cual significa de manera muy simple y tácita que se considera que la convención colectiva de trabajo debería ordenar expresamente el pago proporcional de dicha prima. Yerros derivados fundamentalmente de la estimación equivocada de la convención colectiva de 1994-1995, de la apreciación errónea de las liquidaciones de prestaciones y de la no apreciación del reglamento Interno de trabajo, como paso a demostrarlo: La convención colectiva de trabajo que data desde 1961 y la de 1994-1995, donde tiene su fuente la prima de vacaciones

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Radicación n. 51353 establece: “las primas de vacaciones se pagarían veintitrés (23) días de sueldo básico de la categoría en la cual se encuentre el trabajador, para quienes estén ubicados en las categorías 1, 2, 3, 4 en el correspondiente punto mínimo, medio y máximo. Para la categoría cinco (5) en adelante el valor de la prima será equivalente a veintitrés (23) días de sueldo de la categoría cuatro (4) punto medio. Dice, que el texto del acuerdo convencional no permite duda en cuanto a que es permitido el pago proporcional de la prima de vacaciones; que a folio 23 y 24 del cuaderno 1 se encuentran las liquidaciones de los demandantes, «donde se establece el pago proporcional de dos de las tres primas»,

documentos que tienen relación con el pago proporcional de la acreencia que reclaman.

Manifiesta: [...] se les pagó de manera proporcional la prima convencional extralegal o semestral y la prima de antigúedad, resulta un atentado contra el derecho de los asalariados, siquiera pensar, que el patrono puede discriminar sus pagos extralegales, desmejorando así las condiciones jurídicas de trabajo de los actores.

También aparece en las liquidaciones que les pagó proporcionalmente vacaciones reconocidas en dinero: $113.370.00, $322.445.00, $101.937.03, 1$270.203.40. El Tribunal resaltó que la prima de vacaciones no corrió la misma suerte, que la empresa en la contestación de la demanda afirma que la prima es un pago accesorio a las vacaciones. Resulta que el reglamento intemo de trabajo en su artículo 43 ordena lo siguiente: “cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de esta en dinero procederá no solamente por año cumplido de servicios, sino proporcionalmente por fracción de año, siempre que ésta no sea inferior a seis meses”; si este pago es accesorio a las vacaciones como lo confiesa la demandada y habiendo los actores sobrepasado los seis meses de servicios del último año laborado, la empresa estaba obligada a pagar dicha prima, con sus respectivos salarios moratorios. ti

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Radicación n. 51353 El artículo 43 del reglamento interno fue transcrito en el hecho 11 de la demanda el cual no fue controvertido por la demandada. La

sentencia no guarda consonancia con la demanda y contestación de la misma, lo cual indica una deslealtad procesal. Viene de lo anterior también que al causarse vacaciones proporcionales se causan prima de vacaciones, por tanto, sí al terminar el contrato de trabajo se causaron vacaciones proporcionales, debe entenderse entonces del tenor convencional que se causaron vacaciones proporcionales y con un claro carácter salarial computable para la liquidación de prestaciones sociales. [...] De las liquidaciones de prestaciones sociales de los actores y de cuatro más aportados en la demanda de cuatro extrabajadores se puede inferir que el banco viene pagando la prima de vacaciones a pesar de no haber disfrute de las vacaciones propiamente dichas, es decir, no se supeditan al descanso como erradamente lo sostiene la demandada. Reprocha, que el no realizar el pago proporcional de la prima de vacaciones, implica privarlos de un «ingreso» ya causado, desconociendo el tiempo laborado. Afirma, que el segundo error, consiste en que el Tribunal consideró que la demandada actúo de buena fe, bajo el entendido de que las primas de antigúedad y vacaciones no constituían factor salarial, por ende, no debía incluir su valor en la liquidación de prestaciones sociales, discernimiento que carece de legalidad y permite el desconocimiento de la convención colectiva, el reglamento interno de trabajo, y la ley, de la que emana la naturaleza salarial de esos conceptos. Precisa, que en la convención colectiva de trabajo, en su artículo 22, se señala cuando un pago es por mera liberalidad, y en otros acuerdos de la misma clase, cuando

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4 Radicación n. 51353 no es constitutivo de salario, como sucede con la bonificación de los cajeros; de alli que la prima de vacaciones y de antigúuedad sean salario, situación de la que se concluye que la accionada conocía de su naturaleza y, por lo tanto, no actuó de buena fe. Expresa, que era de vital importancia recordar que el Tribunal, en su sentencia complementaria, condenó a la devolución de $800.000, por una deducción arbitraria, pero no accede la sanción moratoria bajo el argumento que dicho tópico sí lo analizó en su fallo inicial, cuando en verdad se encuentra demostrada la mala fe de la accionada, lo que conlleva a la imposición de la sanción moratoria. Reafirma, en cuanto al tercer error de hecho, que, según el reglamento interno de trabajo, la accionada no podía retener o deducir suma alguna de dinero, sin su previa autorización. De allí que, como se ordenó la devolución de esos valores, era también procedente, la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Para desarrollar el cuarto yerro, rememora lo que se dijo frente a los documentos de folios 565 a 746 de los cuadernos 2 y 3”, esto es, que se les restó valor probatorio, por no tener constancia de cuándo o cómo se allegaron, e indica que esa situación provino de la apreciación errónea de la demanda, donde, en el acápite de oficios, se solicitó que la accionada debía aportar una relación de todo lo cancelado a los

demandantes, los que también formaron parte de la inspección judicial. 13 SCLAIPT-10 V.0O Radicación n. 51353 En lo que concierne al quinto error, advierten que el Tribunal, a pesar de la evidencia, sostuvo que no había pruebas que permitieran establecer cuánto les fue liquidado a los demandantes anualmente por prima de vacaciones, de antigtiedad y plus de polifuncionalidad, para así saber cuál era la diferencia que se les adeudaba, pero recrimina que en las convenciones colectivas de trabajo se prueba la forma de pago de esos conceptos. Sostiene, además, que, con la liquidación final de prestaciones sociales, se determinaba el sueldo básico y promedio al momento del retiro, documentos que «acreditan las buenas razones existentes para que los juzgadores por donde trasegó el proceso pudieran tasar el reajuste anual y definitivo de las prestaciones sociales de los actores». El sexto error, lo hace consistir en que el Tribunal no dio por probado que el accionado, pese a realizar las deducciones con destino a salud y pensión, no aparecen reportadas al Instituto de Seguros Sociales (pretensión 8; hecho 5 de la demanda), solicitud que no «Yue abordada por la juez, lo cual hice del conocimiento del Tribunal mediante mi recurso de apelación y la solicitud de sentencia complementaria, pero ni lo uno ni lo otro atendió el Tribunal». Respecto al séptimo error, anota: [...] no dar por demostrado, estándolo que la demandada no trasladó al fondo de pensiones de los actores los pagos por concepto de primas de vacaciones, de antigiedad y auxilio

especial de poli funcionalidad desde la fecha que estos derechos se causaron y pagaron, es decir, desde el primer año de servicio.

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Radicación n. 51353 El error proviene por haber apreciado erróneamente la contestación de la demanda de donde se infiere que los liquidadores de las prestaciones sociales de los actores no trasladaron al fondo de pensiones los valores que de manera periódica percibieron por conceptos de primas de vacaciones, de antigúedad y polifuncionalidad haciéndoles perder su valor real en el cómputo del salario promedio el cual sería la base de la liquidación de cesantías anuales como definitivas. Ello, implica que las cesantías anuales de los trabajadores fueron liquidadas deficitarias, por consiguiente, hay que reajustar sus prestaciones sociales de esas anualidades con la correspondiente sanción moratoria establecida en el artículo 99.3 ley 50/ 1990, la cual termina cuando empieza la sanción establecida en el artículo 65 CST. Bajo esa perspectiva y teniendo en cuenta que el Tribunal reconoce que la demandada omitió tener en cuenta esos pagos anuales y quinquenales para efecto de liquidar correctamente las cesantías e intereses sobre la misma, corresponde concederle a los actores la precitada pretensión. En sentencia complementaria ordenó a pagar a los demandantes el reajuste de los aportes para pensión sobre el último salario promedio devengado para cada uno de ellos, a órdenes del ISS, durante los siguientes ciclos: Junio de 2002 [...]. Agosto 2002 [...], siendo lo correcto que dichos ajustes debieron efectuarse desde

que estos derechos se causaron Yy pagaron. Pretensión nueve (9) de la demanda. Finalmente, en el octavo error, cuestiona la sentencia de segundo grado, el que no hubiera accedido a la pretensión de modificar la indemnización por despido injusto, ya que la operación aritmética con la que sustentó su decisión «no se puede entender, lo que sí es claro, es que la demandada en ningún momento eleva este argumento de defensa, por tanto, estamos frente a una deslealtad procesal que viola el debido proceso», y que si se ordenó el reajuste de las cesantias, también se debió modificar la indemnización por despido.

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Radicación n.” 51353 VIL. CONSIDERACIONES Varias son las cuestiones que a la Corte le corresponde determinar. En efecto, se cuestiona al Tribunal por (i) no haber accedido al pago proporcional de la prima de vacaciones; (ii) por restarle valor probatorio a los documentos de folios 565 a 746; (iii) el no percatarse que dentro del expediente se encontraban medios de convicción, con los que se podía establecer cuánto se había cancelado a los actores por concepto de prima de vacaciones, de antigúiedad y de poli funcionalidad; (iv) el determinar que la accionada, pese a efectuar las deducciones de ley, que por concepto de cotizaciones debía realizar, no las reportó en el Instituto de Seguros Sociales y, además, que la demandada no trasladó al fondo de cesantías los valores que les correspondían por los conceptos atrás relacionados; (v) por no haber modificado

el monto de la indemnización por despido y, (vi) al no condenar por concepto de la indemnización moratoria. Entonces, procede la Corte a resolver cada uno de esos tópicos, de la siguiente manera:

1. Prima proporcional de vacaciones El Tribunal, para formar su convencimiento, citó lo que sobre ese precepto prevé la convención colectiva de 1994, y seguidamente concluyó, que esa disposición había reemplazado las anteriores, y que, como no consagraba el pago de forma proporcional, no había lugar a su SCLAJPT-10 V.0O 16 n Radicación n. 51353 reconocimiento.

Pues bien, la norma que consagra el beneficio perseguido por los actores, dice lo siguiente (f. 167 del cuaderno 1): A partir del lo. de enero de 1994 el Banco pagará a sus trabajadores una prima de vacaciones equivalente a veintitrés (23) días de sueldo básico de la categoría en la cual se encuentre el trabajador, para quienes estén ubicados en las categorías 1, 2, 3 y 4 en el correspondiente punto mínimo, medio y máximo. Para las categorías 5 en adelante el valor de la prima será equivalente a veintitrés (23) días de sueldo de la categoría 4 punto medio. Esta cláusula reemplaza en su totalidad la cláusula trigésima séptima de la Convención 1992 - 1993 Para dar respuesta al reproche que la censura le formula al fallo de segundo grado, es suficiente con remitirse a la sentencia de casación CSJ SL16794-2015, en donde se

decidió un recurso de casación formulado contra la aquí accionada, y se reclamó el mismo beneficio. En esa providencia se precisó que la prima proporcional de vacaciones, tenía que estudiarse en conformidad con la prima de vacaciones, es decir, que la primera no era autónoma, menos independiente. Luego, tras analizar los acuerdos colectivos, se concluyó, que no se había previsto sobre su pago proporcional, dado que esa prerrogativa nació como un derecho de los trabajadores cuando entraban a disfrutar su descanso remunerado y, por lo tanto, su configuración es plena y estaba sometida a una condición, 17

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Radicación n.” 51353 esto es, el disfrute de las vacaciones. En efecto, allí se dijo: Son dos cuestionamientos muy concretos los que trae a colación el recurrente, a saber: (i) la prima proporcional de vacaciones no se fundamenta en la convención colectiva de trabajo, como erradamente lo dedujo el ad quem, dado que en la demanda inicial no se señaló eso; y (ii) no se dio por probado que la demandada no pagó la proporción de la prima de vacaciones, pero, en cambio, sí canceló la proporción de la prima convencional de antigiiedad y extra legal semestral. La primera de estas cuestiones no tiene donde asirse, por cuanto necesariamente, al menos en este asunto, la pretensión de reconocimiento de la prima proporcional de vacaciones tiene que darse en relación con la prima de vacaciones, la cual tiene claro raigambre convencional. Una proporción es una disposición,

conformidad o correspondencia debida de una o varias partes de una cosa con el todo, de manera que para que se pueda hablar lógicamente del pago proporcional de la prima de vacaciones, debe existir tal prima respecto de la cual se pueda predicar una proporción. En tal sentido, la prima proporcional de vacaciones solicitada tiene que examinarse en relación con la prima de vacaciones consagrada en la convención colectiva, no como un derecho autónomo e independiente. Esto con el propósito de determinar si, conforme a sus cláusulas, es procedente su reconocimiento fraccionado. Ahora bien, en los instrumentos colectivos que constituyen la fuente del derecho a la prima de vacaciones, no se concibió un pago proporcional de esa prima. Como se verá, la mencionada prima surgió como un derecho de los trabajadores al momento de entrar a disfrutar su descanso remunerado, por lo que su configuración es plena y se encuentra sujeta a una condición: el disfrute de las vacaciones. Aunque en la convención colectiva de 1963 se amplió el derecho a la prima en los casos de renuncia o despido del trabajador, ello fue a condición de que el último período de trabajo no hubiera sido inferior a 346 días y en tal caso su pago es completo. Expresó el art. 4 de la convención de 1963 lo siguiente: «En caso de renuncia o despido del trabajador, la liquidación de las vacaciones y la prima correspondiente a esas vacaciones, se harán por un año completo, cuando el último período de trabajo no sea inferior a 346 días» (fis. 644-648).

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Radicación n. 51353 Puede aseverarse entonces que, en esta última hipótesis ligada a

la terminación del contrato, el reconocimiento de la prima siguió siendo integra y completa, bajo la condición de haberse laborado al menos 346 días. Por lo demás, esta previsión es completamente admisible, pues encuadra dentro del ámbito de libertad de negociación colectiva de l