CSJ - SL778-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL778-2023 Radicación n.° 90736 Acta 10 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

YANERIS GARCÍA ACEVEDO, MARÍA MANUELA

GARIZADO ARRIETA, VÍCTOR CRISTOBAL MAESTRE MAESTRE, MAGALIS ESTHER PINTO CARRILLO y DURLEY ÁLVAREZ SIERRA, contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, el veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020), en los procesos acumulados iniciados por los recurrentes a EDUVILIA MARÍA FUENTES

BERMÚDEZ, LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL, FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE

DESARROLLO – FONADE hoy EMPRESA NACIONAL

PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIALENTERRITORIO, INSTITUTO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.

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Radicación n.° 90736

I. ANTECEDENTES Los recurrentes en procesos que fueron acumulados, llamaron a juicio a Eduvilia María Fuentes Bermúdez, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - MEN, al Fonade y al ICBF para que se declarara i) que entre ellos y la persona natural demandada existió un contrato de trabajo; ii) que la terminación del vínculo fue ineficaz o en subsidio, que

procedía la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, a partir del finiquito; iii) que la empleadora adeudaba cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de servicios y salarios causados en el transcurso de la relación y, iv) que todas las accionadas eran solidariamente responsables de lo pretendido, de lo que resultare probado y de las costas. Relataron que el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia -en adelante PAIPI-, tenía a su cargo «la atención integral, el cuidado, la salud, nutrición y educación de los niños y niñas menores de 5 años», prioritariamente aquellos que se encontraran en los niveles I y II del Sisbén o en condiciones de desplazamiento; que para dar cumplimiento a ello, el Fonade, el Ministerio y el ICBF suscribieron el Convenio Interadministrativo n.° 211034; que en ese marco, la primera entidad celebró con Eduvilia Fuentes Bermúdez, en su calidad de propietaria del Colegio Gabriela Mistral, un contrato que tenía como objeto la prestación integral en educación. Indicaron que para esos efectos fueron vinculadas por

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Radicación n.° 90736 la última, para laborar en esa institución educativa, del 9 de mayo al 29 de junio de 2012, a través de diferentes contratos de trabajo así: Demandante Cargo Salario García Acevedo Auxiliar docente $1.500.000 Garizado Arrieta Auxiliar docente $1.500.000 Maestre Maestre Docente $1.800.000 Pinto Carrillo Docente $1.800.000 Álvarez Sierra Coordinadora $2.500.000

General Señalaron que al término de esos nexos no les fue cancelado el valor de los salarios, prestaciones sociales y derechos laborales demandados; que tampoco se les garantizó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales; que solicitaron al MEN y al Fonade el reconocimiento de todas estas acreencias; que, sin embargo, sus peticiones fueron resueltas negativamente. Adujeron que el ministerio tiene en su objeto social brindar la educación inicial, que les fue encomendada; que el Fonade es el agente en la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo y que el ICBF trabaja con semejantes objetivos (f.° 4 a 10, expediente digital)1. Fonade, hoy Enterritorio, el Ministerio y el ICBF, contestaron cada una de las demandas, oponiéndose a las pretensiones y aceptando únicamente la existencia del 1Archivo,«Primera_Instancia_CuadernoPrincipalTomo1_Expediente_Primera_Instancia _2022063433960»;«Primera_Instancia_CuadernoPrincipalAnexosHistoriasLaborales_E xpediente_Primera_Instancia_2022065536628[...]2022065611018[...]022065555379[. ..] 2022065629354».

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Radicación n.° 90736 convenio administrativo y su objeto; la realización de sendas reclamaciones y la respuesta ofrecida. Dijeron que los demás hechos no les constaban y que, en todo caso, la labor de los demandantes no correspondía con el giro ordinario de sus actividades misionales.

Formularon las siguientes excepciones de mérito: 1) El primero: inexistencia de la solidaridad, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, prescripción y buena fe (f.° 154 a 165, 203 a 227, 228 a 250, 192 a 214 y 159 a 182, expediente digital)2 2) El segundo: falta de legitimación en la causa por pasiva, el Ministerio no está llamado a responder solidariamente, pago de lo no debido y buena fe del Ministerio (f.° 250 a 263, 325 a 340, 352 a 370, 159 a 176 y 281 a 293, ibidem). 3) El último: falta de legitimación en la causa por pasiva, «principio del debido proceso y presunción de buena fe» ausencia de relación laboral, legal o reglamentaria entre las partes, imposibilidad jurídica del ICBF para celebrar contratos de trabajo, ausencia de solidaridad patronal, cobro de lo no debido, inexistencia de elementos del contrato de trabajo entre el ICBF y [los demandantes], prescripción (f.° 2Archivo,«Primera_Instancia_CuadernoPrincipalTomo1_Expediente_Primera_Instancia_ 2022063433960»;«Primera_Instancia_CuadernoPrincipalAnexosHistoriasLaborales_Ex pediente_Primera_Instancia_2022065536628[...]2022065611018[...]2022065555379[. ..]2022065629354».

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Radicación n.° 90736 121 a 138, 167 a 184, 156 a 173, 159 a 176 y 123 a 140, ib). Eduvilia María Fuentes Bermúdez compareció a través

de abogado para el litigio, quien aseguró que no le constaban los hechos de la acción; que, no obstante, se oponía a las pretensiones sin formular excepciones de mérito (f.° 303 a 306, expediente digital)3.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar el 18 de octubre de 2019, resolvió: Primero: DECLARAR que entre los demandantes [...] y la señora EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ […], existieron sendos contratos de trabajo conforme lo manifestado en la parte considerativa [...] Segundo: CONDENAR a la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ a cancelar a las demandantes la suma de dinero por los siguientes conceptos: YANERIS GARCÍA ACEVEDO y MARÍA MANUELA GARIZADO ARRIETA: a) Por vacaciones $104.167, [b)] Por cesantías: $208.333, [c)] Por intereses de Cesantías: $3.472, [d)] Por primas de servicios $208.333, [e)] Por salarios: $2.500.000. DURLEY ÁLVAREZ SIERRA: a) Por vacaciones $173.611, b) Por cesantías: $347.222, c) Por intereses de Cesantías: $5.787, d) Por primas de servicios $347.222, e) Por salarios: $4.166.667. MAGALIS ESTHER PINTO CARRILLO Y VÍCTOR CRISTOBAL MAESTRE MAESTRE: a) Por vacaciones $125.000, b) Por cesantías: $250.000, c) Por intereses de Cesantías: $4.167, d) Por

primas de servicios $250.000, e) Por salarios: $3.000.000. Declarar la ineficacia de la terminación de los contratos de trabajo y consecuencialmente condenar [a] la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ, a pagar a cada una de las actoras un día de salario diario a partir del 30 de junio de 3Archivo, «Primera_Instancia_CuadernoPrincipalTomo1_Expediente_Primera Instancia_2022063433960»

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Radicación n.° 90736 2012, hasta tanto se verifique la cancelación de los aportes por seguridad social y parafiscalidad, correspondientes a los últimos meses de labores de las trabajadoras así: YANERIS GARCÍA ACEVEDO y MARÍA MANUELA GARIZADO $50.000 diarios, a MAGALIS ESTHER PINTO CARRILLO Y VÍCTO[R] CRISTOBAL MAESTRE MAESTRE: $60.000 diarios y a DURLEY ÁLVAREZ SIERRA: $83.333 diarios, todo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Tercero: DECLARAR que el [MEN] es solidariamente responsable de las obligaciones que la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ tiene para con las demandantes, haciendo la salvedad que respecto de Víctor Cristóbal Maestre, se limita solo a las causadas en el periodo comprendido entre el 29 de mayo y 29 de junio de 2012 y del 11 de mayo al 29 de junio de 2012, en los demás, ello en cuanto a las condenas por salario,

prima, intereses de cesantías y vacaciones, y plenamente solidario respecto a las cesantías e indemnizaciones por la ineficacia de la terminación de la relación laboral.

Cuarto: DECLARAR que el ICBF es solidariamente responsable de todas las obligaciones que la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ tiene para con los demandantes.

QUINTO: ABSOLVER a FONADE de todas y cada una de las pretensiones formuladas por las demandantes.

SEXTO: DECLARAR probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, e inexistencia de la solidaridad presentada por el apoderado de FONADE, parcialmente probadas las de prescripción y no probadas las demás interpuestas por el [MEN] y el [ICBF] SÉPTIMO: Costas a cargo de la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ, el [MEN] y el [ICBF]. [...] Remítase el expediente al Tribunal Superior de Distrito Judicial, para que se resuelva el grado jurisdiccional de consulta [...] (f.° 9 a 11, expediente digital)4.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, el 27 de octubre de 2020, al

4Archivo,«Primera_Instancia_CuadernoPrincipalTomo2_Expediente_Primera_Instancia_ 2022063517600».

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Radicación n.° 90736 decidir la apelación interpuesta por el Ministerio de Educación y el ICBF, revocó en su integridad la de primera. Dijo que conocería en el grado jurisdiccional de consulta

y de ser el caso, examinaría las apelaciones interpuestas; que, en ese marco, debía dilucidar si los actores cumplieron con la carga de acreditar la existencia del contrato de trabajo alegado y si había lugar a declarar la solidaridad; que, para esos efectos, tendría como sustento los artículos 23, 24, 34, 46 del CST; 60, 61 y 145 del CPTSS; 167, 197 y 205 del CGP.

Explicó: 1) Que el principio de la carga de la prueba del artículo 167 del CGP, imponía a quien alegaba la existencia de un derecho, el deber de demostrar con pruebas idóneas los hechos en que se fundaban sus aspiraciones, porque el juzgador tenía la obligación de fallar soportado en aquellas que hubieren sido oportunamente allegadas al proceso. 2) Que para tener por existente el contrato de trabajo, era necesario verificar los presupuestos del artículo 23 del CST, teniendo en cuenta que, probada la prestación personal del servicio, se presumía la subordinación. 3) Que, sin embargo, la jurisprudencia había explicado que «la prueba del tiempo servido y del salario debe ser suministrada por el trabajador [...]», en otras palabras, que «[...] no es suficiente demostrar la existencia del contrato de trabajo para que se estime que en su favor obra la presunción

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Radicación n.° 90736 de que el tiempo de servicio y el salario son enunciativos en la demanda» Memoró que las accionantes adujeron que existió un contrato de trabajo con Eduvilia María Fuentes Bermúdez entre el 9 de mayo y el 29 de junio de 2012; que agotaron la

reclamación administrativa ante las entidades de derecho público; que las actividades pedagógicas se desarrollaban en el establecimiento «Gabriela Mistral» para prestar atención a los niños vinculados al Programa PAIPI y el salario que devengaban. Recordó el contenido de los documentos que se anexaron a las demandas, esto es, i) el certificado de matrícula mercantil del establecimiento educativo, donde constaba que la señora Fuentes Bermúdez era su propietaria; ii) el Convenio Interadministrativo n.° 2121835 suscrito entre el Consorcio C&R y Fonade; iii) el Contrato n.° 2121046 entre el último y la persona natural accionada, con el objeto de «prestar atención integral en educación inicial, cuidado y nutrición a los niñas y niñas [...] en condición de vulnerabilidad [...] con vigencia hasta el 29 de junio de 2012» y, iv) prórroga de aquella atadura hasta el 28 de junio de 2013. Señaló que también se habían aportado: v) el «Contrato Interadministrativo suscrito entre el ICBF, MEN y Fonade» n.° 211034 del 29 de noviembre de 2011, que se extendía hasta el 30 de junio de 2012; vi) los «certificados rotulados como laborales, expedidos por Ingrid Mendoza, quien se enunció

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Radicación n.° 90736 como Coordinadora General», en los que se leía que «los demandantes se desempeñaron bajo los cargos y devengaron los sueldos narrados en la demanda [...] en desarrollo del programa de atención integral a la primera infancia en San Juan del Cesar».

Precisó que esas pruebas solo permitían acreditar la actividad comercial a la que se dedicaba la demandada principal, la existencia de los negocios jurídicos entre el MEN y Fonade y entre esas entidades con la señora Fuentes Bermúdez; que, no obstante, no se allegó elemento alguno «donde se constate que la existencia del vínculo, la actividad desarrollada, el salario devengado, el horario cumplido, ni el ejercicio de actos subordinantes». Manifestó que los reclamantes en el interrogatorio de parte recabaron en los hechos del gestor; que, sin embargo, sus propios dichos no constituyen prueba en su favor; que el primer juez, no podía fundar su sentencia en la presunción del artículo 77 del CPTSS que impuso a la demandada, pues ésta compareció a través de curador ad litem y que, en todo caso, las aseveraciones de la testigo Ingrid Mendoza, que fue tachada de falsa, efectivamente, no eran creíbles. Expuso que esa declarante afirmó: i) que los demandantes fueron empleados de Eduvilia Fuentes en el programa PAIPI; ii) que ella estuvo presente en el momento que se vinculó a Durley Álvarez; iii) que ésta era coordinadora en Valledupar y que, por tanto, le correspondía «recorrer las fichas de asistencia del personal [...], supervisar actividades

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Radicación n.° 90736 lúdico – pedagógicas de los auxiliares, docentes [...]»; iv) que Víctor Maestre y María Garizado eran docentes, esto es, «desarrollaban [esas] actividades [...] y daban asistencia los

padres de familia»; v) que el primero ejerció su labor en María Angola y la última en Valencia; vi) que Yaneris García era su auxiliar y le correspondía dar alimentación a los infantes; vii) que los actores laboraban de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., recibían órdenes de Eduvilia Fuentes, quien también le daba directrices a ella como coordinadora general; viii) que el contrato de los accionantes inició el 9 de mayo y culminó el 29 de junio de 2012 y, ix) que tenía conocimiento sobre el asunto, en razón a que, reitera, ella era la coordinadora general. Adujo que, a pesar de lo anterior, la declarante, [...] no ahondó en la periodicidad o concentración de tiempo en que observaba el cumplimiento de funciones en un día, en una semana, si presenció el cumplimiento de órdenes y cuáles tipos de órdenes, si recibían sanciones y/o llamados de atención, y la forma en la que se daban, de manera que permitieran entrever la materialización de un contrato de trabajo. Recabó que esa declaración no parecía sincera, debido a que, en las certificaciones laborales que ella misma expidió, aseveró que la prestación del servicio se dio en San Juan del Cesar, pero en el juicio aludió a otros sitios; que, por ese motivo, restaba validez tanto a su testimonio como a los mencionados documentos. Adujo que, [...] las atestaciones e interrogatorios no puede colegirse con certeza la prestación personal del servicio por los actores a

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Radicación n.° 90736 términos del art. 24 CST para hacer operar la presunción allí

contenida dentro de los extremos temporales aducidos en razón a que si bien la testigo INGRID MENDOZA en todo tiempo pretendió dar cuenta del cumplimiento de órdenes y un horario, no obstante ello, resaltó que sus funciones como coordinadora general las desarrollaba "en todo el sur de la Guajira y el Cesar", sin detallar la forma o la prolongación en el tiempo en que verificaba tal situación, esto es, por cuanto tiempo permanecía en las instalaciones donde laboraban los demandantes, máxime si se tiene en cuenta que cada uno laboraba en municipios diferentes tales como Valledupar, Valencia y María Angola; resáltese que no se especificó el espacio del tiempo en que verificó la presunta prestación del servicio, si le constaba directamente el cumplimiento del horario que enfatizó observaban los demandantes, a si solo se trataba de suposiciones derivadas de las reuniones que efectuaban en uno o varios días a la semana. Estimó que el juzgador inicial, no tuvo en cuenta que los artículos 60 y 61 del CPTSS lo facultaban para darle preferencia a aquellas pruebas que le brindaran una mayor convicción, sin sujeción a tarifa legal alguna; que desde el inicio se observaba deficiente la acción, en tanto que en los planteamientos fácticos no se indicaron claramente las funciones desempeñadas por las actoras, la forma en que ejercían su actividad, la subordinación y la manera en que fue pactada la retribución, todo lo cual imposibilitaba establecer la existencia de la relación laboral. Planteó que, aunque en otros procesos de similares connotaciones, en primera y segunda instancia se había declarado la existencia de un contrato de trabajo, ello no

quería decir que en todos los eventos se debía aplicar su precedente; que para ello era necesario que mediaran razones mínimas de convicción que habilitaran el criterio sostenido y en todos los procesos debía demostrarse el cumplimiento de los presupuestos sustanciales que activaran el beneficio en favor del trabajador.

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Radicación n.° 90736 Apuntó que, [...] para acoger las pretensiones de la demandante (sic) es imprescindible tener certeza sobre la existencia del contrato de trabajo. La certidumbre sobre este supuesto fáctico es lo que permite determinar los extremos del ligamen, y la cuantificación de las eventuales condenas, luego ante la imposibilidad de establecerlo puntualmente, resulta imposible para el juzgador aventurarse a declarar, la existencia del vínculo. Indicó que el incumplimiento de las cargas probatorias por la parte interesada en ver triunfar sus reclamos prestacionales, no era tarea que debiera suplir el funcionario instructor, ni se lograba superar mediante las presunciones legales contenidas en la codificación sustantiva y procedimental, mientras no se acrediten en forma certera, según lo enseñado en las providencias CSJ SL, 5 ag. 2009, rad. 36549 y CSJ SL8598-2015. Agregó que al no haberse demostrado la existencia del contrato resultaba inocuo referirse a la solidaridad reclamada y que, consecuencia de lo expuesto, declaraba probadas las excepciones de «inexistencia del contrato laboral entre la parte demandante y el MEN e inexistencia de causa

para demandar» (f.° 48 a 64, expediente digital)5.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

5Archivo,«Segunda_Instancia_ApelacionSentencia_Expediente_Segunda_Instancia_20 22070006442».

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Radicación n.° 90736

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case la sentencia recurrida, para que, en su lugar, se confirme la de primer grado y se acceda a las pretensiones (demanda de casación, expediente digital)6.

Con tal propósito formulan un cargo por la causal primera que fue replicado por la Nación - Ministerio de Educación Nacional y Enterritorio.

VI. CARGO ÚNICO Denuncian que el Tribunal vulneró la ley por la vía indirecta en el sub motivo de infracción directa de, [...] los artículos 1º, 4º, 13, 25, 53 y 93 de la CP; 9º, 13, 14, 16, 21, 43 y 127 del CST [...] que conllevó a la no aplicación de los

principios de la PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS Y DE FAVORABILIDAD, ordenados en las Sentencias: C-555/1994, C-521/1995, C-710/1996, C-665/1998, C177/2005, C – 595/2005, SU – 1185/2001 [...]; Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en especial, la Resolución 196/2006; y las Sentencias: SL 19862/2004,

SL16794/2015, SL8216/2016, SL4982/17, SL5159/2018, SL1584/2020 [...] Aseveran que el juez de la apelación incurrió en los siguientes defectos fácticos:

1. Dar por acreditado, sin estarlo, que ni Durley Álvarez Sierra, ni Yaneris García Acevedo, ni Magalis Esther Pinto Carrillo, ni María Manuela Garizado Arrieta ni Víctor Cristóbal Maestre Maestre demostraron la prestación de los servicios a favor de la señora EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ para el

6 Archivo, «Recursos_Extraordinarios_Casacion_Demanda_de_Casacin_2022071126363».

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Radicación n.° 90736 desarrollo de las actividades del programa PAIPI.

2. No dar por demostrado, estándolo, que Durley Álvarez Sierra,

Yaneris García Acevedo, Magalis Esther Pinto Carrillo, María Manuela Garizado Arrieta y Víctor Cristóbal Maestre Maestre acreditaron haber prestado sus servicios como docentes, auxiliares de docente y coordinadora general a favor del programa PAIPI desarrollado en el norte de la Costa Caribe por

EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ.

3. Dar por acreditado, sin estarlo, que los accionantes desarrollaron una actividad probatoria deficitaria.

4. No dar por acreditado, estándolo, que los demandantes allegaron - conforme pudieron y su capacidad les permitía-, las pruebas que pudieron encontrar para acreditar que prestaron servicios subordinados a favor de EDUVILIA FUENTES

BERMÚDEZ.

Sostienen que aquellas equivocaciones fueron consecuencia de la indebida apreciación de:

1. Contrato 2121046 firmado el 28 de marzo de 2012 entre FONADE y EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ. Para ver el documento, se pueden revisar los folios en los diferentes cuadernos así: en el cuaderno de Yaneris García (fl. 5259), en el de Durley Álvarez (fl. 52-58), en el de María Manuela Garizado

(fl. 55-61), en el de Víctor Cristóbal Maestre (fl. 52-58) y en el cuaderno de Magalis Pinto (fl. 54-60).

2. Convenio Interadministrativo número 211034 de Gestión de proyectos suscrito entre el MEN, el ICBF y FONADE. Para ver el documento, se pueden revisar los folios en los diferentes cuadernos así: en el cuaderno de Yaneris García (fl. 26-32/4551), en el de Durley Álvarez (fl. 26-32/4551/119-125), en el de María Manuela Garizado (fl. 26-32 / 119-125), en el de Víctor Cristóbal Maestre (fl. 26-32 / 148-154) y en el de Magalis Pinto

(fl. 26-32 / 154-160)

3. Certificaciones laborales firmadas y con membrete del Colegio Gabriela Mistral. Para ver el documento, revisar el folio 9 en los diferentes cuadernos.

4. Reclamaciones administrativas presentadas ante el Ministerio del Trabajo. Para ver el documento, revisar los folios 12-13 en los diferentes cuadernos.

5. Reclamaciones administrativas presentadas ante FONADE.

Para ver el documento, revisar los folios de los diferentes

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Radicación n.° 90736 cuadernos así: en el cuaderno de Yaneris García (16-17/111), en el de Durley Álvarez (fl. 16-17/114), en el de María Manuela Garizado (fl.16-17 / 132), en el de Víctor Cristóbal Maestre (fl. 16-17/123) y en el de Magalis Pinto (fl. 16-17/130).

6. Reclamaciones administrativas presentadas ante el ICBF para ver el documento, revisar los folios de los diferentes cuadernos así: en el cuaderno de Yaneris García (fl. 42-43), en el de Durley Álvarez (fl. 42-43), en el de María Manuela Garizado (fl.42-43), en el de Víctor Cristóbal Maestre (fl. 42-43) y en el de Magalis Pinto

(fl. 42-43).

7. Acta de inicio del contrato 211034. Para ver el documento, revisar los folios de los diferentes cuadernos así: en el cuaderno de Yaneris García (fl. 133), en el de Durley Álvarez (fl. 130), en el de María Manuela Garizado (fl.143), en el de Víctor Cristóbal Maestre (fl.147) y en el de Magalis Pinto (fl. 153)

8. Testimonio de Ingrid Mendoza.

Aclaran que, a pesar de que escogieron el sendero indirecto, no están en desacuerdo con las siguientes conclusiones probatorias del juez de la apelación:

1. EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ es propietaria del

establecimiento de comercio COLEGIO GABRIELA MISTRAL conforme a lo evidenciado en el certificado de cámara de comercio visible a folios 10-11 de todos los cuadernos de los accionantes.

2. Entre la señora EDUVILIA FUENTES y FONADE se suscribió el contrato número 212104611 cuyo objeto fue “prestar atención integral en educación inicial, cuidado y nutrición a los niños y niñas menores de cinco (5) años en condición de vulnerabilidad, vinculados al programa de atención integral a la primera infancia

PAIPI”.

3. Que el anterior contrato se firmó en cumplimiento de las funciones por parte de FONADE del convenio número 21103412 firmado con el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF, cuyo objeto es la gestión del Programa de Atención a La Primera Infancia PAIPI, por parte del fondo, en el marco de la estrategia de atención a través de prestadores de servicio.

Refieren que lo que reprochan es que el colegiado considerara que «[...] no acreditaron haber prestado el servicio a favor del programa de atención a la primera infancia PAIPI,

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Radicación n.° 90736 producto de la vinculación con el Colegio Gabriela Mistral de propiedad de Eduvilia Fuentes Bermúdez», pues contrario a ello, allegaron una certificación laboral en la que se evidencia el periodo en el que trabajaron, el cargo, el salario convenido y la «generalización de las labores que desarrollarían». Memoran que la jurisprudencia de la Corte, exigía al juzgador tener por cierto lo certificado por el empleador (CSJ

SL36748-2009, CSJ SL34393-2010, CSJ SL38666-2013,

CSJ SL4426-2014 y CSJ SL6621-2017); que, sin embargo, sin justificación alguna, el sentenciador pasó por alto las documentales de f.° 9 de todos los cuadernos del expediente, al punto que, en contra de lo allí plasmado, aseguró que no estaba claramente probada la prestación personal del servicio. Afirman que fue excesiva la carga probatoria que se les impuso, cuando se les indicó que tenían la obligación de allegar documentos sobre el período laborado, el salario que no se les canceló y las órdenes recibidas «[...] como si en todo momento se hubieren encargado de grabar, apuntar o fotografiar la labor que como docentes, auxiliares docentes y coordinadora realizaron en un espacio de mes y medio»; que, no obstante, la certificación referida contenía los datos suficientes para inferir que «prestaron sus servicios de manera personal a favor del programa PAIPI, desarrollado por EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ de acuerdo con los lineamientos del MEN y del ICBF». Plantean que de haberse valorado esas pruebas

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Radicación n.° 90736 adecuadamente, se habría activado automáticamente la presunción de subordinación del artículo 24 del CST, correspondiéndole al extremo demandado derruirla; que, además, era desacertado asegurar, que los medios allegados solo acreditaban la «labor comercial de las entidades públicas», pues, aunque individualmente eso era lo que demostraban, en conjunto también permitían inferir los elementos de la relación laboral, de conformidad con el artículo 23 ibidem, así:

[...] las reclamaciones administrativas presentadas ante Fonade por cada uno de los actores [f.° 16 – 17, 111 Yaneris García, 114 Durley Álvarez, 132 Manuela Garizado, 123 Víctor Cristóbal Maestre y 130 Magalis Pinto]; ante el MEN [f.° 12 - 13] y ante el ICBF [f.° 42 – 43], [...] enuncia[n] de manera clara y contundente que el periodo por el cual se realizaron las reclamaciones laborales, en concordancia con las anteriores certificaciones, va desde el 9 de mayo de 2012 al 29 de junio del mismo año, fecha que coincide con el periodo para el cual se firmó el Convenio interadministrativo número 211034 de Gestión de proyectos suscrito entre el MEN, el ICBF y FONADE [en el cuaderno de Yaneris García (fl. 26-32/45-51), en el de Durley Álvarez (fl. 2632/45-51/119-125), en el de María Manuela Garizado (fl.26-32 / 119-125), en el de Víctor Cristóbal Maestre (fl. 26-32 / 148154) y en el de Magalis Pinto (fl. 26-32 / 154-160)]. A su vez, coincide con el periodo en que se pactó el contrato 2121046 firmado el 28 de marzo de 2012 entre FONADE y EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ [en el cuaderno de Yaneris García (fl. 5259), en el de Durley Álvarez (fl. 52-58), en el de María Manuela Garizado (fl. 55-61), en el de Víctor Cristóbal

Maestre (fl. 52-58) y en el cuaderno de Magalis Pinto (fl. 54-60)], el cual demuestra que la labor para la cual se contrató los servicios de esta y para lo cual requeriría del trabajo de docentes, auxiliares y coordinadores, comenzaba con la firma del acta de inicio de contrato el 27 de febrero de 2012 y debía concluir el 30 de junio de 2012 [en el cuaderno de Yaneris García (fl. 133), en el de Durley Álvarez (fl. 130), en el de María Manuela Garizado (fl.143), en el de Víctor Cristóbal Maestre (fl.147) y en el de Magalis Pinto (fl. 153)]. Exponen que, si se hubiera valorado el contrato interadministrativo y el firmado entre Fonade y Eduvilia

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 90736 Fuentes Bermúdez, se habría deducido, [...] que los servicios de docente, auxiliar docente y coordinadora que demandaban fueran declarados como subordinados, -en gracia de discusiónsino eran tan convincentes entre el 9 de mayo de 2012 y el 29 de junio de 2021 (sic), al menos tuvieron lugar entre el periodo de febrero de 2012 al 30 de junio de 2021 (sic), fecha en que se contrató los servicios de EDUVILIA FUENTES para el desarrollo de los programas de atención a La primera infancia. Debió generar suspicacia, duda, intriga o al menos curiosidad al sentenciador el hecho que los demandantes reclamaran la existencia de un contrato laboral entre el 9 de mayo de 2012 y el 29 de junio del mismo año, periodo en que se insiste, se firmó el

contrato entre FONADE y la señora EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ para el desarrollo de las labores propias de la atención a los niños afiliados al programa PAIPI. En ese sentido, no resulta ser acertado y garantista, mucho menos justo, revocar un fallo que declaró la existencia de vínculos laborales burlados, con el único argumento de no existir pruebas que permitan establecer los extremos temporales de la relación, mucho menos la subordinación en las labores. Sostienen que, adicionalmente, tanto en las certificaciones como e