CSJ - SL809-2024

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL809-2024
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL809-2024 Radicación n.° 83251 Acta 11 Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A. ESP y la PREVISORA S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 4 de julio de 2018, en el proceso ordinario laboral que instauraron ALBA LUCÍA, JHON STIVEN y ANGY KATHERINE FRANCO DELGADO en contra de la CONSTRUCTORA CIVILCOL SAS, de GEKOA INGENIERÍA SAS y de la primera entidad recurrente; trámite al que fueron llamadas en garantía SEGUROS DEL ESTADO S. A. y la segunda sociedad que acude en sede extraordinaria.

I. ANTECEDENTES Alba Lucía, Angy Katherine y Jhon Stiven Franco Delgado demandaron con el fin de que se declare que entre

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Radicación n.° 83251 Gekoa Ingeniería SAS y Jefferson Andrés Franco Delgado existió un contrato de trabajo que se desarrolló del 6 de febrero al 13 de marzo de 2013, fecha esta última en la que el trabajador al ejercer las labores contratadas sufrió un accidente de trabajo en el que medió culpa del empleador y a raíz del cual falleció. Que, en consecuencia, se condene a la empleadora y, de manera solidaria, a la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Pereira S. A. ESP y Civilcol SAS, al pago de los perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro) e inmateriales (daño moral) y las costas procesales. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que Jefferson Andrés el 6 de febrero de 2013 fue vinculado de manera verbal como auxiliar de perforación de la máquina Vermeer para ejecutar obras civiles en el marco del contrato de obra pública número 303 de 2012 firmado entre la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. ESP y Civilcol SAS; que se pactó una remuneración diaria de $25.000 más auxilio de transporte y horas extras; que tenía un horario de 7 a. m. a 12 m. y de 1 p. m. a 4 p. m., pero que Gekoa Ingeniería SAS autorizaba un horario adicional hasta las 8 p. m. cuando los proyectos requerían perforación o fundido. Adujeron que las labores que debía realizar el operario consistían en hacer limpieza de la herramienta (llaves hidráulicas con calibres de tubos 27 y 26), organizar el tanque de agua de reserva, ubicar las barras de perforación

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Radicación n.° 83251 (tarea que debía ser ejecutada mínimo por dos personas por la longitud y peso), mover las barras de perforación que salen de la máquina hasta el extremo de perforación, tarea que debía realizar de manera sincronizada mediante comunicación radial, pues no había contacto visual entre la máquina Vermeer y el sitio donde se hacía la excavación. Aseveraron que el accidente en el que perdió la vida

Jefferson Andrés Franco Delgado ocurrió el 13 de marzo de 2013 mientras enroscaba la tubería, lo que supone que el operario no podía estar manipulando la palanca de rotación, pues era necesario que los ayudantes avisaran que se había terminado el enroscamiento, labor para la que se requería una perfecta coordinación radial, dado que la distancia existente entre la máquina y el sitio de perforación (superior a 120 m) hacía nulo el contacto visual entre el maquinista y los ayudantes auxiliares. Que así, la única explicación lógica para la ocurrencia del infortunio es que cuando Jefferson estaba realizando las labores de retorsión, el operario que estaba arriba manipuló la palanca de rotación, haciendo que la llave de tubo se girara contra la cabeza del trabajador, «causándole impacto en la región parieto-occipital derecha de la cabeza del trabajador con desprendimiento de masa encefálica y posterior muerte». Afirmaron que de acuerdo con la indagación que se adelantó en la Fiscalía Veintidós Seccional de Pereira por la muerte del señor Franco Delgado, específicamente, con el

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Radicación n.° 83251 informe del investigador Camilo Eduardo Castrillón, las personas que fungían como operarias de la máquina Vermeer, para el día de los hechos, no tenían la adecuada preparación para este tipo de labores, ni contaban con una certificación de una entidad especializada en el conocimiento de esa clase de maquinaria; pues lo único que podía evidenciarse era uno de carácter empírico fundado en el manejo que de máquinas similares se había hecho en

otras obras. Que, además, según el investigador, existía un desconocimiento del protocolo de seguridad de la máquina por parte del personal encargado de ejecutar las obras y labores de perforación; que había fatiga laboral por exceso de trabajo, pues llevaban dos días laborando en jornadas de más de doce horas «seguidas sin descansar»; y que los radios de comunicación «no estaban en óptimas condiciones, pues estaban bajos de señal y por eso los iban a cambiar». Explicaron que el empleador directo del fallecido fue Gekoa Ingeniería SAS, quien a su vez fungía como subcontratista de la Constructora Civilcol SAS; que esta última empresa estaba encargada de la ejecución del contrato de obra pública No 303 de 2012, suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. ESP, quien finalmente era la beneficiaria y dueña de la obra; que el aludido convenio tuvo una duración de 90 días comprendidos entre el 31 de enero y el 30 de abril de 2013, interregno en el que tuvo lugar el accidente fatal, hecho acaecido el 15 de marzo de esa anualidad.

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Radicación n.° 83251 Relataron que Jefferson Andrés era el segundo de los hijos de la demandante Alba Lucía Franco Delgado; que los ingresos provenientes de su actividad laboral los destinaba a su subsistencia y a la de su madre y hermanos Jhon y Angy; que la muerte produjo un vacío en el hogar y se perdió el «brazo de apoyo en el sostenimiento de la familia»; y que, además, como Jhon Stiven, hermano del causante,

también trabajaba en la obra en la que perdió la vida Jefferson, el infortunio lo obligó a retirarse «de dicha actividad laboral, por no sentirse en condiciones anímicas y sicológicas» aptas. Finalmente, señalaron que tienen derecho a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, para lo cual liquidaron algunos perjuicios materiales y morales, que, afirman, no pueden descontarse de lo que ha pagado la ARL por concepto de pensión de sobrevivientes; y que frente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. ESP, agotaron la vía administrativa el 30 de enero del 2014 quien respondió en forma negativa el 12 de febrero del mismo año. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira

S. A. ESP, al dar respuesta a la demanda (f.° 127 y 719) se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió que Jefferson Franco se vinculó mediante contrato de trabajo para desarrollar labores relacionadas con la máquina Vermeer, el horario y el salario del causante y el agotamiento de la reclamación, junto con su respuesta.

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Radicación n.° 83251 En su defensa manifestó que la culpa se origina en el incumplimiento de empleador, en este caso, de ofrecer las medidas de seguridad pertinentes; y que el patrono se libera de responsabilidad si acredita que obró con cierta diligencia en la adopción de las medidas que garanticen la integridad del trabajador; que el asalariado no desconocía la actividad

para la que fue contratado, además fue capacitado en las competencias y funciones que se requerían y que los mecanismos de protección fueron implementados tal y como lo ordenaban los protocolos. Inicialmente propuso la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, pero desistió de ella en la audiencia del 21 de abril de 2015 (f.° 855). También planteó la de mérito que denominó culpa exclusiva de la víctima por imprudencia y/o impericia. Igualmente, llamó en garantía a La Previsora S. A. y a Seguros del Estado S. A., petición que fue atendida. Seguros del Estado S. A. (f.° 748) al responder la demanda inicial y el llamamiento en cuanto a los hechos de la demanda inicial, dijo que no le constaban; y con relación a las pretensiones, se opuso, especialmente, con base en lo manifestado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. ESP. Así mismo manifestó que era cierto que la póliza se encontraba vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos, pero no era verdad que el riesgo estuviese cubierto, ni que los supuestos fácticos en que se

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Radicación n.° 83251 sustentaba la demanda fuesen amparados por el solo hecho de encontrarse en vigor la póliza. Al efecto, formuló las excepciones que denominó: clase de póliza otorgada amparo básico, lucro cesante riesgo no asumido, perjuicios de tipo moral riesgo no asumido, límite de responsabilidad de Seguros del Estado por la emisión de

la póliza 5540101008840, reducción del riesgo por pago de siniestro, deducible, exclusiones incorporadas en la literalidad de la póliza y sus condiciones generales, exclusiones comunes a todos los amparos, inexistencia de la obligación, inestabilidad del contrato de seguro de acuerdo al objeto contratado y no contratación de otros seguros. Por su parte La Previsora S. A., (f.° 783), al responder la demanda inaugural, también se opuso a las pretensiones incoadas en contra de la Empresa de Acueducto; y al contestar los supuestos fácticos de la demanda introductoria, dijo que se atendría a lo que se probara y que algunos no eran hechos o no le constaban. Impetró la excepción de culpa exclusiva de la víctima. Ahora, en cuanto al llamamiento, igualmente se opuso a las pretensiones y dijo que era cierto que con la empresa había suscrito el contrato seguro número 1001123 que estaría vigente del «22/06/2012» al «22/06/2013» con cobertura de responsabilidad civil extracontractual en el amparo de predios, labores y operaciones, por daños o muerte a terceras personas como consecuencia de las

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Radicación n.° 83251 actividades propias de su ocupación y objeto social. Propuso las excepciones que denominó: condiciones generales y exclusiones de póliza por ausencia de cobertura, límite del valor asegurado de la póliza de responsabilidad civil, y exclusiones de póliza límites de cobertura. Igualmente, Gekoa Ingeniería SAS al contestar la demanda inicial (f.° 182 y 738), se opuso a la prosperidad

de las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó la existencia de la vinculación laboral con el causante, su fallecimiento a causa de un accidente laboral, el cargo desempeñado, la celebración de un acuerdo contractual con Civilcol SAS para la realización de una obra de perforación, la suscripción del contrato de obra pública entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. ESP y Civilcol SAS, y la presentación de la reclamación administrativa. Sobre los demás supuestos fácticos indicó que no le constaban o no eran ciertos. En salvaguarda de sus intereses alegó que su actuar estuvo revestido de diligencia, prudencia, pericia y acatamiento a los reglamentos que orientan la conducta del empresario; que el infortunio laboral no ocurrió por una acción u omisión en el quehacer del empleador, dado que para desplegar la actividad de perforación no se dejan circunstancias al azar, en tanto hay evidencia de la observancia de las normas de seguridad y protección; que contó con todos los protocolos requeridos para el cumplimiento de la diligencia que concentra su objeto social, pues cuenta con un programa de salud ocupacional, panorama de riesgos, etc.; y que existen las actas del

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Radicación n.° 83251 programa de salud, el protocolo en el manejo de la máquina Vermeer y herramienta y la constancia de entrega de los elementos de seguridad y protección al trabajador. Agregó que contrata personas que cuentan y han tenido experiencia en la actividad de perforación; que en la hoja de vida de Jefferson Andrés Franco Delgado consta que

él expresó tener experiencia de más de dos años en el oficio de ayudante; que en Colombia la perforación ha evolucionado de la mano de la implementación de nuevas tecnologías que han permitido lograr la ejecución de proyectos en los que instalan tubos de servicios para diferentes actividades sin ser necesario excavar o abrir zanjas, procedimientos que se logran con la presencia de máquinas como la Vermeer. En su defensa propuso las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, ausencia de culpa en el empleador, cumplimiento efectivo de todas las medidas de seguridad preventivas, falta de legitimación por activa de los demandantes y prescripción. Asimismo, la sociedad Constructora Civilcol SAS al dar respuesta al escrito inaugural (f.° 427 y 738), también se opuso a las pretensiones; y sobre los hechos manifestó que eran ciertos los relacionados con la existencia del contrato de obra pública 303 de 2012. En relación con los demás, indicó que eran ajenos a su conocimiento, no tenían tal calidad o se trataba de meras apreciaciones de la parte actora.

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Radicación n.° 83251 En su defensa señaló que el fallecimiento de Jefferson Andrés Franco Delgado no resultaba imputable a las sociedades demandadas, toda vez que él actuó de manera imprudente y confiado en la labor que desde el año 2011 venía realizando en la otra empresa, según constaba en su hoja de vida; que para el momento del infortunio llevaba 38 días de servicio a Gekoa SAS; que la razón del accidente parecía ser «la demasiada confianza y que no observara los

requerimientos necesarios para realizar la labor encomendada», configurándose una de las causas eximentes de responsabilidad como es la culpa exclusiva de la víctima. Propuso como excepciones de mérito la prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas en contra, cobro de lo no debido, buena fe, negligencia, exceso de confianza en la víctima y la genérica. Adicionalmente, Constructora Civilcol SAS llamó en garantía a Seguros del Estado S. A. (f.° 686) y a Gekoa S. A.

S. (f.° 701). La primera llamada en garantía respondió en términos similares a como lo hizo respecto del llamado que le formulara la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. ESP. Por su parte, Gekoa Ingeniería SAS guardó silencio.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 16 de junio de 2017 resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo a

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Radicación n.° 83251 término indefinido entre la sociedad GEKOA ONGENIERIA (SIC) SAS y el trabajador fallecido JEFFERSON ANDRÉS FRANCO DELGADO desde el 6 de febrero hasta el 13 de marzo de 2013.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor JEFFERSON ANDRÉS FRANCO DELGADO sufrió un accidente de trabajo el día 12

(sic) de marzo de 2013 por culpa de su empleador, de conformidad con lo dispuesto en el art. 216 del CST.

TERCERO: En consecuencia de lo anterior CONDENAR a GEKOA INGENIERIA S.A.S., a pagar a favor de la señora ALBA LUCÍA FRANCO DELGADO madre del trabajador, por concepto de PERJUICIOS MORALES la suma de setenta y tres millones setecientos setenta y un mil pesos mcte. ($73.771.700,oo) equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes y, a favor de JHON STIVEN FRANCO DELGADO y ANGIY KATHERINE FRANCO DELGADO la suma de treinta y seis millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos mcte ($36.885.850,00) para cada uno de ellos, esto es, 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en calidad de hermanos del trabajador fallecido.

CUARTO: CONDENAR a las codemandadas CIVILCOL S.A.S. y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., a responder solidariamente por cada una de las condenas impuestas en la presente decisión en contra de GEKOA INGENIERIA SAS por las razones expuestas en la parte motiva.

QUINTO: CONDENAR a GEKOA INGENIERÍA S.A.S. en calidad de llamada en garantía de la sociedad CILVILCOL a responder por el pago que realice dicha sociedad por lo conceptos que aquí resultó condenada (sic) SEXTO: CONDENAR a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, a responder con base en la póliza de seguros contratada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP, a responder por la

obligación a que fue condenada la referida entidad de conformidad con lo pactado en la póliza de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO: ABSOLVER A SEGUROS DEL ESTADO DE LAS PRETENSIONES de los llamamientos en garantía, por lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones contenidas en la demanda, por lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO: CONDENAR EN COSTAS a las aquí demandadas en

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Radicación n.° 83251 un 50% a favor de los demandantes, tásense por secretaría en el momento procesal oportuno.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante proveído del 4 de julio de 2018, al resolver los recursos interpuestos por todas las partes, confirmó la decisión del Juzgado y adicionó el numeral 6 así: Condena a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, a reembolsar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A.

E.S.P., el valor de las condenas relacionadas en el numeral tercero, que, total o parcialmente tuviere que hacer a sus titulares, como resultado de la sentencia, de acuerdo con las limitaciones y montos asegurados, consignados en la póliza de seguros No. 1001123, vigente del 22 de junio de 2012 al mismo día y mes del 2013. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de la alzada consideró que los problemas jurídicos a resolver,

eran: i) determinar si existió culpa patronal en el accidente de trabajo; ii) elucidar se la mamá del trabajador fallecido tenía derecho a la indemnización plena, «incluido el perjuicio de orden material»; y iii) establecer «si la póliza de seguros tomada por una de las condenadas solidariamente abarca la cobertura y en los límites en orden a que la compañía de seguros responda por ésta». Inicialmente, recordó que la jurisprudencia de esta Corte ha sentado que para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios de que trata el artículo 216 del CST es necesario que se pruebe suficientemente la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral; lo que exige por un lado, la

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Radicación n.° 83251 evidencia del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo y, por el otro, la prueba de que la afectación a la integridad o salud fue consecuencia de la negligencia o culpa del empleador en el acatamiento de los deberes de seguridad y protección de sus trabajadores, según lo preceptuado en los artículos 56, 57 numerales 1 y 2 y 348 del CST; 21 del Decreto 1295 de 1994 y 2 de la Resolución 2400 de 1979. Aludió al artículo 81 de la Ley 9 de 1979 y a la sentencia CSJ SL5463-2015 y dijo que la «inobservancia por parte del empleador de dichos deberes de protección y seguridad es suficiente para tener por acreditada la culpa y, por ende, su responsabilidad», lo que abría paso a

indemnizar los perjuicios irrogados al trabajador, a quien correspondía demostrar el nexo causal entre el incumplimiento y el daño causado. Memoró que en materia laboral no se admite la compensación de culpas, por lo que una vez probada la del empleador, la conducta del trabajador dejaba de tener relevancia. Al efecto, citó las sentencias CSJ SL 3 jul. 2009, rad. 35121 y CSJ SL5463-2015 y con base en ellas recalcó sobre la improcedencia de aplicar analógicamente las normas civiles, pues «en esta materia pugnan con la protección especial de trabajo humano y los derechos del trabajador». Consideró que el juez singular atribuyó a Gekoa Ingeniería SAS la ocurrencia del accidente que provocó la

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Radicación n.° 83251 muerte del trabajador, porque lo expuso a un «alto riesgo psicosocial, traducido en largas y extenuantes jornadas laborales que trajeron consigo fatiga y cansancio, disminuyendo el desempeño correcto de la labor como auxiliar 12 de la máquina Vermeer». Adujo que la anterior conclusión no era desacertada si se tenía en cuenta que el suceso fatal se dio el 13 de marzo de 2013 a las 6:30 p. m., como se indicaba en hecho segundo de la demanda inicial y se había aceptado en la contestación de Gekoa y en la respuesta que ésta dio a la Fiscalía (f.os 128 y 182); todo ello unido a que la obra se realizaba a campo abierto (f.os 391 y siguientes) y a que el

propio representante legal de la empresa empleadora confesó, en el documento dirigido a la Fiscalía, que Jefferson Franco cumplía un horario de 7 a. m. a 12 m. y de 1 p. m. a 4 p. m. «agregó que dicha firma autorizaba el horario adicional hasta las 8 pm cuando los proyectos requieran perforación o fundidas» (f.º 72). Acto seguido, señaló que no les asistía la razón a las apelantes demandadas, dado que, según los «informes e investigación» de la ARL, calendado el 15 de marzo de 2013, el día 13 del mismo mes y año, el trabajador se encontraba apretando con una llave de tubo una barra perforadora de la máquina Vermeer; que al soltar la llave ordenó la marcha del tubo perforador, el cual hizo girar la llave, haciendo que impactara contra la cabeza de aquel. Anotó que el movimiento de la máquina se realizaba en el sentido «antihorario» y la llave hidráulica debía apretarse en

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Radicación n.° 83251 dirección «horario»; que no existía contacto visual con el operador y que el subordinado portaba un casco certificado en agosto de 2012; y que allí se concluyó que la principal causa del accidente fue «la omisión por parte del trabajador del protocolo de seguridad, ya que debía retirar la herramienta de la barra de perforación y alejarse del sitio» (f.os 384 y siguientes). También examinó el documento aportado por la empresa Gekoa Ingeniería SAS del 6 de julio de 2013, del

cual infirió que el incidente se presentó el 13 de marzo de esa anualidad, mientras el trabajador estaba apretando una barra perforadora en el sistema giratorio de la máquina, utilizado una llave de tubo; que en ese momento su jefe era Yelmis Gordillo Ocampo, operador del artefacto, que el horario del trabajador fallecido era de 7 a. m. a 12 m y de 1 a 4 p. m.; que la empresa autorizaba un horario adicional hasta las 8 de la noche cuando los proyectos requerían perforación y fundidas; que las funciones de Jefferson Franco, conforme al protocolo de seguridad de la máquina, consistían en el retiro de la herramienta y del personal por lo menos a 1.5 m, conceder permiso de «iniciación barra lista», confirmar el «inicio rotación», ratificación del entendimiento «copiado» e inicio y terminación de la perforación confirmado «extracción de barra» (f.os 72 y 73). Revisó también el acta de reunión extraordinaria de Vigía de Salud Ocupacional 04-13 del 19 de marzo de 2013, en la que se consignó que el percance se dio porque el trabajador no siguió el protocolo y ordenó el arranque de la

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Radicación n.° 83251 máquina sin haberse retirado, por lo que la llave lo golpeó en la cabeza. Agregó que no desconocía que «una de las hipótesis del mismo hubiese sido "palabras de Gekoa, la monotonía y el cansancio de la hora de la labor, esto sumado a la

ocurrencia de procedimientos peligrosos por movimiento de máquina Vermeer"» (f.º 412). Añadió que perspectiva similar tuvo la Vicepresidencia Técnica de la ARL Positiva, conforme se apreciaba en el documento adiado el 16 de abril de 2016 (f.º 370), al dictaminar que el accidente ocurrió porque el trabajador fue golpeado por la llave de tubo hidráulico en la cabeza, cuyas hipótesis fueron:

1. La llave fue dejada al lado del tubo.

2. El trabajador dejó puesta la llave en el tubo.

3. El trabajador no se retiró ni retiró la herramienta por lo menos a 1.5 m del lugar.

4. Perdió de vista el factor de riesgo debido a un exceso de confianza.

5. Pudo haber estado agotado por la duración de la jornada

(dos horas extras al momento del accidente) Se refirió al trabajo de campo que realizó un investigador de la Fiscalía, quien entrevistó a las personas comprometidas en el accidente y concluyó que «el operario y ayudantes no contaban para el día de los hechos con conocimientos amplios y suficientes acerca de la tarea realizada, toda vez que carecían de la idoneidad que se requería», pues así lo demostró la falta de capacitación y/o certificación proveniente de un organismo especializado en este tipo de máquinas, pues «era un conocimiento apenas

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Radicación n.° 83251 empírico, obtenido gracias a la experiencia en otras obras». Adujo que la Fiscalía tuvo la percepción de que los

trabajadores desconocían el protocolo de seguridad de la máquina y que «la jornada de trabajo a la que fueron sometidos tanto el operario de la máquina perforadora y sus ayudantes, excepto los hermanos Franco Delgado, era muy larga para este trabajo que demanda mucha atención y desempeño físico óptimo» (f.° 81). Enseguida, enlistó una serie de elementos probatorios relacionados con las medidas preventivas «presuntamente adoptadas por la empresa», a saber: sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (f.os 32 y 216); protocolo de seguridad (f.os 98 y ss.); registros de capacitación y entrenamiento (f.os 142 y 353); el reglamento de higiene y seguridad industrial (f.os 147 y 201), CD manual de operación (f.° 195); panorama general de los factores de riesgo (f.os 292 y ss.); y plan de contingencia (f.os 338 y ss.). Luego, el juez plural señaló que estas pruebas no desvirtuaban la conclusión de la Fiscalía en cuanto a la «deficitaria capacitación recibida por los trabajadores», máxime que la propia demandada Gekoa Ingeniería SAS, al contestar el hecho sexto de la demanda inicial, puntualizó: […] que la máquina Vermeer Navigator 24x40 tiene una capacidad de empuje de 24 toneladas y de 40 de tiro en retroceso, montada sobre orugas, con peso aproximado de 8.7 toneladas, con cabina de comando, sistema de lodo o barro, generador de energía eléctrica y provisto de barras para perforar, requiere de transporte asistido mediante una cama baja y su utilidad está dada en la instalación de acometidas de

agua, gas, cables o fibra óptica; por eso explica que esta nueva

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Radicación n.° 83251 tecnología permite la ejecución de proyectos en los que se instalan tubos de servicios para diferentes actividades, sin que sea necesario excavar o abrir zanjas; refirió que en el Eje Cafetero se tiene a lo sumo dos empresas que disponen de esta máquina. Anotó en la réplica el hecho siguiente [siete], que la misma no es producida en el país, de ello colige que no existe institución de carácter público o privado dedicada a la capacitación o instrucción de la operación o de alguna en similar o de parecidas características; pero que el proveedor de la máquina brinda la debida instrucción a quien la adquiere, valiéndose de un video que hace las veces de manual de operación y que ello permite adecuar el proceso del manejo, capacitando a quienes van a hacer sus operarios (f.º 185-187). De tal suerte que se requería que los trabajadores obtuvieran conocimientos que se alejaran de lo meramente empírico como lo descubrió la Fiscalía, como lo aseveró la investigación de la Fiscalía y dadas las características de la máquina, puesto que detállese que los capacitadores no eran fáciles de conseguir en nuestro medio y que la misma dependía de la que hiciera el proveedor al personal que señalara la empresa para que a su turno socializara la capacitación con quienes iban a hacer sus operadores Los documentos que firmaron al efecto los trabajadores no evidencian sino eso, que fueron firmados como un simple requisito formal y no como de haberse tomado en serio la implementación de tales medidas.

A continuación, sobre el alcance de las medidas de protección, citó el siguiente aparte de la sentencia CSJ SL, 2 oct. 2012, rad. 39361: […] Ninguna es excesiva, en efecto, a este respecto la corporación también ha insistido en que aquella cardinal obligación de los empleadores se incrementa aún más en los casos en que las labores específicas de los trabajadores o algunos de ellos impliquen relación directa con determinados elementos de peligro, como la energía eléctrica, la nuclear, los químicos etc., un adecuado desarrollo de dicha obligación importa la realización de toda clase de cautelas, que ninguna es excesiva, pues la exposición a los riesgos, así sea remota y meramente circunstancial, exige el despliegue de aquellas en forma cabal y completa, pues de lo contrario aparece comprometida la responsabilidad de quien debió proveerlas ( CSJ SL, 17 feb. 1994, rad. 6296).

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Radicación n.° 83251 Indicó que el hecho de que no se hubiera producido un evento similar con anterioridad no se podía erigir como demostración en contra de la víctima; sino que, por el contrario, lo que indicaba era: [...] la ausencia de prevención que posiblemente se tuvo en pretéritas ocasiones en las cuales no se registraron daños a los trabajadores, más cuando la maniobra se realizaba a las 6:30 p.m. en campo abierto, en la que la luz del día o de la noche no brilla igual que a pleno día, con el agravante de que ya habían corrido al menos 2 horas extras como bien lo refiriera el informe

de la vicepresidencia técnica de la ARL. (Subrayado fuera de texto). Por tanto, no era de recibo el argumento de los apelantes referente a que el trabajador fallecido no estuvo expuesto a ningún riesgo psicosocial, como lo consideró el Juzgado, dado que: [...] la fatiga de aquel y de sus compañeros si pudo constituir la generante del daño, así lo reconoció no solo la vicepresidencia de la ARL, sino también la propia Gekoa Ingeniería al suscribir el acta de reunión extraordinaria Vigía de Salud Ocupacional número 04 del 19 de marzo del 2013. Vano resulta igualmente el razonamiento de los recurrentes al negar el susodicho cansancio de Franco para el día en que se presentó en el suceso, haciendo total abstracción de que este se produjo en horas tempranas

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