CSJ - SL819-2024

JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL819-2024 Radicación n.° 98456 Acta 12 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ALVEIRO RICARDO TORRES GÓMEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 20 de mayo de 2022, en el proceso que adelantó contra CBI COLOMBIANA S.A., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, y REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S., REFICAR, al que fue llamado en garantía

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

CONFIANZA S.A. y LIBERTY SEGUROS S.A.

No se reconoce personería a Héctor Mauricio Medina Casas, ni a Germán Andrés Cajamarca Castro, para actuar como apoderados de Liberty Seguros S.A., toda vez que no aportaron copia de la tarjeta profesional que acredita la calidad de abogados, ni el certificado de existencia y representación legal de la aseguradora.

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Radicación n.° 98456 Se reconoce personería a la abogada Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, para actuar como apoderada de la Refinería de Cartagena S.A. Reficar.

I. ANTECEDENTES Alveiro Ricardo Torres Gómez convocó a juicio a CBI Colombiana S.A. y a la Refinería de Cartagena S.A., Reficar, para que se declarara la existencia de un contrato de

trabajo por duración de obra o labor con la primera sociedad, ejecutado desde el 23 de agosto de 2012 hasta el 16 de abril de 2014, cuando fue terminado «sin autorización del Ministerio del Trabajo, no obstante encontrarse incapacitado». Pidió el reintegro al cargo que ocupaba o, a uno igual o superior categoría, y se condenara solidariamente a las demandadas a pagarle los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo de la desvinculación, los aportes a seguridad social y la indemnización de 180 días de salario, de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En subsidio, solicitó la indemnización por despido injusto, los salarios hasta la terminación de la obra denominada «proyecto de Expansión de la Refinería de Cartagena» o hasta el «69.4%» de avance de la misma. También, el pago del trabajo suplementario, dominicales, festivos y compensatorios, la devolución de $895.745 que le descontaron, el bono de asistencia «como factor salarial y

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Radicación n.° 98456 por lo tanto a la reliquidación de sus prestaciones sociales definitivas». Finalmente, la indemnización moratoria del artículo 65 del estatuto del trabajo (fls.5 a 35, cdno 1 digital). Informó que el 23 de agosto de 2012 se vinculó a CBI Colombiana S.A., para ejecutar las actividades «inherentes, accesorias, conexas, dependientes y consecuentes al oficio designado, en la disciplina Civil-Concreto», por el término de duración de la obra o hasta el 69.4% del proyecto de

expansión de la Refinería de Cartagena, que celebraron las demandadas, a cambio de una remuneración que, en 2014, ascendió a $1.739.362 por salario básico y $782.708 por bonificación de asistencia; adicionalmente, su remuneración fue superior al ingreso base de cotización (IBC) reportado al sistema integral de seguridad social, y que no le pagaron dominicales, festivos ni compensatorios. Relató que el 8 de abril de 2014, sufrió un accidente de trabajo que le causó una «contusión en la rodilla», con incapacidad de 4 días, prorrogada en varias ocasiones, hasta el 4 de mayo de ese año y del 10 siguiente hasta el 8 de julio del mismo año. Sin embargo, el empleador terminó el contrato de trabajo el 16 de abril de 2014, sin autorización del Ministerio del Trabajo. Reficar rechazó las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones y prescripción. Anotó que no existía «elemento circunstancial» que configurara la solidaridad del artículo 34 del Código

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Radicación n.° 98456 Sustantivo del Trabajo, pues «no se trata simplemente de ser la codemandada un “contratista”, para que se logre imputar con éxito la condición de deudor solidario de determinadas acreencias laborales». (fls. 167 a 173, cdno. 1 digital) CBI Colombiana S.A. no se opuso a la declaración de existencia del vínculo laboral, sus extremos temporales, ni la relación contractual con Reficar, pero sí a las demás aspiraciones del actor. Formuló las excepciones de buena

fe, inexistencia de las obligaciones, prescripción y pago (fls. 239 a 255, cuad I digital). Precisó que la bonificación de asistencia era un beneficio extralegal condicionado a «ciertos ítems o indicadores a los que no se podría acceder únicamente por la prestación del servicio del trabajador», de suerte que no tenía naturaleza salarial. También, adujo que no era necesario pedir autorización al Ministerio del Trabajo, dado que la terminación del contrato fue avisada con suficiente antelación y no se relacionó con el estado de salud del actor. Mediante auto de 21 de mayo de 2018 (fls. 299 a 300, cuad 1 digital), el a quo admitió el llamamiento en garantía a la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza S.A. y a Liberty Seguros S.A. La segunda, se opuso a las aspiraciones de la demanda y al llamamiento en garantía. Formuló las excepciones de inexistencia de despido sin justa causa y de

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Radicación n.° 98456 solidaridad, improcedencia de la sanción moratoria,

«COADYUVANCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA

POR RAZÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA

COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN»,

prescripción, «FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

PARA AFECTAR LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EX000898»,

«IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL SINIESTRO POR PARTE DE

LIBERTY SEGUROS S.A. a REFICAR S.A.», «SUMA ASEGURADA COMO

LÍMITE MÁXIMO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA»,

«DISMINUCION DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA Nº EX000898

EXPEDIDA POR CONFIANZA S.A.», «LIMITE DEL PORCENTAJE DEL

RIESGO A CARGO DE LIBERTY SEGUROS S.A.» y «LA RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA DEL ASEGURADOR NO PUEDE CONSTITUIRSE EN FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO» (fls. 2 a 11 y 12 a 20 cdno. 2 digital). Expuso que el 16 de julio de 2010, celebró con Confianza S.A. un contrato de coaseguro con el objeto de amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por CBI Colombiana S.A. con Reficar. Agregó que el porcentaje de valor asegurado que, eventualmente, asumiría sería del 19.3%, según póliza de cumplimiento EX000898. Confianza S.A. se abstuvo de pronunciarse sobre las pretensiones y se opuso al llamamiento en garantía. Planteó las excepciones de «AUSENCIA DE COBERTURA DE LA

INDEMNIZACION MORATORIA, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA

INDEMNIZACIÓN DIFERENTE A LA DEL DESPIDO SIN JUSTA CAUSA

(ART.64 C.S.T.)», y «COASEGURO» (fls. 29 a 39 y 12 a 20 cdno. 2 digital).

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Radicación n.° 98456 Adujo que en el contrato de seguro se estipuló que el único riesgo que cubría la póliza de cumplimiento era la indemnización por despido injusto. Añadió que en el convenio de coaseguro que suscribió con Liberty Seguros S.A., se convino que aquella respondería en un 19.30% y Confianza S.A. en el restante 80.70%. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 16 de septiembre de 2019, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena (fl.96, cuad. 2 digital), decidió: Primero: Declarar probada la excepción de prescripción sobre las pretensiones correspondientes al pago de los dominicales, festivos, compensatorios y reliquidación de acreencias laborales, con base a la inclusión del bono asistencia.

Segundo: Absolver a las demandadas y a las llamadas en garantía de todas las pretensiones (…).

Tercero: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante (…).

[…].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la alzada promovida por el demandante, el Tribunal revocó el numeral 1 de la decisión del a quo. En su lugar, negó «la incidencia salarial de la bonificación de asistencia para la liquidación de dominicales, festivos [y] compensatorios». Confirmó en lo demás e impuso costas al apelante (fls. 196 a 209, cdno Tribunal, digital).

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En lo que interesa al recurso extraordinario, como marco normativo y jurisprudencial acudió a los artículos 65, 127 y 128 del estatuto laboral y las sentencias CSJ

SL4430-2014, CSJ SL1360-2018, CSJ SL17728-2016, CSJ

SL711-2021, CSJ SL5159-2018 y CSJ SL4096-2019.

No halló controversial la existencia del contrato de trabajo por obra o labor determinada, entre el actor y CBI Colombiana S.A., mutado a término fijo inferior a un año, ejecutado del 23 de agosto de 2012 al 16 de abril de 2014, para desempeñarse como «carpintero» (fl.35 a 47). Explicó que el principio de estabilidad laboral contenido en los artículos 13 y 53 Superior, cobija a aquellos trabajadores que padezcan algún grado de limitación; sin embargo, ello no significa que sea perenne o que impida al empleador dar por terminado el contrato de trabajo. Además, la «discapacidad» debía entenderse como la «necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar el derecho al trabajo que se encuentra en cabeza de estas personas, por cuanto se hallan en una condición de debilidad manifiesta respecto a los demás». Recordó que la Sala de Casación Laboral ha enseñado que para ser beneficiario de la protección, no es necesario tener un dictamen o carnet que identifique al trabajador como una persona en condición de discapacidad (art. 5 de la Ley 361 de 1997). Por ello, dijo, aplicaba a quienes acreditaran una «discapacidad médicamente calificada por

los órganos competentes como para las personas que se

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Radicación n.° 98456 hallen en condición de debilidad manifiesta por una condición de salud», al margen de que el despido se produzca «durante el transcurso de una incapacidad por enfermedad general o, si ocurre después, en circunstancias de las que se puede inferir que la persona no ha recobrado plenamente su estado de salud». Por lo anterior, acotó, la prohibición de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 protege a los trabajadores que tienen una limitación; además, debe probarse que el empleador tenía conocimiento de esa condición de salud o discapacidad. Tras mencionar la sentencia CSJ SL1360-2018, que adoctrinó que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre la ocurrencia real de la causa alegada, encontró que CBI Colombiana S.A. informó al trabajador sobre la decisión de no prorrogar el contrato el 10 de enero de 2014 (fl. 48). Estimó: El demandante tuvo un incidente de trabajo el día 8 de abril de 2014, tal como se acredita con la documental visible a folio 83 de la ARL SURA, donde informa que “el evento no corresponde con la definición de un accidente de trabajo, de acuerdo con los lineamientos de la legislación vigente”; que le fue prescrita incapacidad por 2 días, del 8 al 9 de abril de 2014; que luego fue incapacitado del 15 al 27 de abril de 2014, es decir, por 13

días más. De las pruebas arrimadas al plenario no encuentra la Sala que el demandante durante el desarrollo de la relación laboral se encontrara en estado de debilidad manifiesta que no le permitiera desarrollar las labores para las cuales fue contratado. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia en

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Radicación n.° 98456 sentencia SL2586-2020 concluyó que, si bien la expiración del plazo pactado es un modo legal de terminación del vínculo laboral, conforme al literal c del artículo 61 del CST, ello no traduce que éste sea objetivo, por no ser un “suceso natural”, sino que media la voluntad de una o ambas partes para dar por terminado el contrato, manifestada con una antelación no inferior a 30 días, so pena de la continuidad de su vigencia. Explicó que la garantía de estabilidad laboral reforzada por condición de discapacidad no era restrictiva para los contratos a término indefinido, sino que operaba para todas las modalidades contractuales. Y que en los contratos a término fijo el empleador debía demostrar que la determinación de no renovar el contrato de trabajo fue objetiva y sustentada, «siendo necesario acreditar la desaparición efectiva de las actividades y procesos contratados», es decir, que en realidad la terminación del contrato fue consecuencia de la extinción de la necesidad empresarial y solo así enervaría la presunción de despido discriminatorio. Acogió el precedente jurisprudencial referenciado, para concluir que CBI Colombiana S.A. no tenía que pedir autorización al Ministerio del Trabajo, en tanto estaba

acreditado que el vínculo terminó por una causa legal y razón objetiva. También, descartó que la decisión de no prorrogar el contrato hubiera sido discriminatoria pues, al momento del preaviso, el accionante no presentaba limitación alguna, «por cuanto solo en esos eventos es que se está obligado a brindar la protección de estabilidad laboral». Luego de examinar los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo y la sentencia CSJ SL5159-2018, expuso que las partes tenían la posibilidad de acordar libremente cuáles conceptos, beneficios, bonificaciones o auxilios, habituales u ocasionales, podían constituir salario, pero los operadores judiciales debían definir su naturaleza. Dedujo incorrecto restar connotación retributiva a un pago

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Radicación n.° 98456 que ostenta naturaleza salarial, «sino que debe analizarse en cada caso en particular; pues la misma Corte Suprema ha indicado que, incluso aquellos que generalmente no se consideran salario, como alimentación, prima de navidad, entre otros, de no haber pactado un acuerdo sobre que no son salario podría plantearse su discusión» (…). Agregó que: Por regla general los ingresos que reciben los trabajadores son salario, a menos que el empleador demuestre su destinación específica, es decir, que su entrega obedece a una causa distinta a la prestación del servicio. Lo anterior, hace justicia al hecho de que el empresario es el dueño de la información y quien diseña los planes de beneficios, de allí que se encuentre en una mejor posición probatoria para acreditar la destinación

específica de los beneficios no salariales, como podría ser cubrir una contingencia, satisfacer una necesidad particular del empleado, facilitar sus funciones o elevar su calidad de vida. Halló que las partes acordaron en la cláusula 4 del contrato de trabajo, que el trabajador tenía derecho a una asignación fija o salario básico y a una bonificación mensual, con base en 2 indicadores. El primero, el aporte del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y, el segundo, el cumplimiento del empleado y su equipo de las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE). Aseveró que en dicha cláusula se estipuló que las bonificaciones no integrarían la base de liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y vacaciones disfrutadas en tiempo; empero, si lo serían para calcular la cesantía y sus intereses, primas de servicio, aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido injusto y

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Radicación n.° 98456 vacaciones compensadas en dinero. También, se acordó que, de llegar a causarse, sería calculada y pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicio. Tras considerar que de los volantes de pago se extraía la habitualidad del bono de asistencia y HSE, y que eran retributivos del servicio, destacó la presencia de un pacto de exclusión que no pretendió quitar carácter salarial a esos pagos que evidentemente tenían tal connotación. Agregó que el convenio consistió en excluirlo de la base para liquidar los recargos por trabajo suplementario, nocturno,

dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo. Estimó que ello se ceñía a una de las hipótesis de desalarización enseñadas por la jurisprudencia, en cuanto a que «a pesar de ser retributivo del servicio, no se desconoció la naturaleza salarial del pago, sino que se determinó no tenerlo en cuenta para ciertos pagos (trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas en tiempo)». Discurrió: Descendiendo al caso en concreto, se tiene que el demandante durante el desarrollo de la relación laboral recibió el pago de la bonificación de asistencia, en una suma variable, tal como se aprecia en los volantes de pago aportados con la contestación visible en el cd visible a folio 205 del expediente; que el acuerdo nunca desconoció la naturaleza salarial del bono, sino que restó su incidencia para liquidar otros pagos, válido bajo la interpretación y alcance del artículo 128 del CST, que dicho sea de paso, lo hicieron frente a los conceptos de menor incidencia, recuérdese que la bonificación sí era tenida en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales (cesantías, intereses y primas de servicio), aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero, conceptos a todas luces de mayor notabilidad.

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Radicación n.° 98456 A la anterior conclusión, arribó en virtud de lo preceptuado por el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el principio de autonomía de la voluntad, y a lo expuesto en el fallo CSJ STL11582-2020. Se abstuvo de

analizar la solidaridad de Reficar y la prescripción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado, en lo que concierne « a la incidencia salarial de la bonificación de asistencia para el pago de dominicales, festivos, compensatorios y reliquidación de acreencias laborales» y la revoque, en cuanto absolvió de las demás «pretensiones solicitadas en la demanda» y, en su lugar, condene por dichos conceptos.

Por la causal primera de casación, formula 4 cargos replicados por Liberty Seguros S.A, dentro del término legal. Reficar presentó oposición extemporánea. Los cargos 2, 3 y 4 se resolverán conjuntamente pues, aunque se dirigen por diferentes vías, presentan similitud en la proposición jurídica, argumentación y propósito.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 13 y 48 de la Constitución

Política. Atribuye comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que para la fecha de la terminación del contrato de trabajo mi mandante tenía una condición de salud que impedía significativamente su desempeño laboral.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no solicitó autorización al ministerio del trabajo para terminar el contrato de trabajo que la ató con el demandante.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la terminación del contrato de trabajo que ató a mi representado con la demandada devino en un acto discriminatorio.

Denuncia apreciación errónea de la carta de terminación del contrato (fl.38), el reporte de accidente de trabajo (fl.83) y las incapacidades del 8 al 9 y del 15 al 27 de abril de 2014. Expone que el Tribunal desconoció el precedente en materia de «protección foral por estado de debilidad manifiesta por salud», contenido en la sentencia CC SU0872022. Para mejor explicar, elabora el siguiente cuadro: Supuesto Eventos que permiten acreditarlo Condición de (a) En el examen médico de retiro se advierte salud que impide sobre la enfermedad o al momento del despido que significativamente existen recomendaciones médicas o se presentó el normal incapacidad médica durante días antes del desempeño despido.

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Radicación n.° 98456 (b) Existe incapacidad médica de varios días vigente al momento de la terminación de la relación laboral. (c) Se presenta el diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico. (d) Existe el diagnóstico médico de una enfermedad efectuado durante el último mes del despido, dicha enfermedad es causada por un accidente de trabajo que genera consecuentes incapacidades médicas anteriores a la fecha de terminación de la vinculación, y la calificación de

PCL tiene lugar antes del despido. (a) El estrés laboral genere quebrantos de salud física y mental. (b) Al momento de la terminación de la relación laboral el actor se encuentre en tratamiento Afectación médico y presente diferentes incapacidades, y psicológica o recomendaciones laborales. Cuando, además, el psiquiátrica que accionante informe al empleador, antes del impida despido, que su bajo rendimiento se debe a la significativamente condición de salud, y que después de la el normal terminación de la vinculación continúe la desempeño laboral enfermedad. (c) El estrés laboral cause quebrantos de salud física y mental y, además, se cuente con un porcentaje de PCL. (a) No se demuestra la relación entre el despido y Inexistencia de las afecciones en salud, y la PCL es de un 0%. una condición de (b) El accionante no presenta incapacidad médica salud que impida durante el último año de trabajo, y solo debe significativamente asistir a controles por un antecedente médico, el normal pero no a un tratamiento médico en sentido desempeño laboral estricto. Sostiene que es una persona de especial protección constitucional, pues cuando fue preavisado y a la terminación del contrato estaba «incapacitado, o tenía cirugías por practicarse», por manera que la relación no podía finalizar, salvo que mediara una justificación objetiva que no es el «cumplimiento del plazo fijo pactado». Dice que el empleador debió verificar si subsistían las causas que dieron origen al contrato de trabajo.

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VII. RÉPLICA Liberty Seguros S.A. se opone conjuntamente a la prosperidad de los cargos. Glosa la técnica del recurso y estima improcedente deducir responsabilidad solidaria, porque las actividades de CBI Colombiana son ajenas a las de Reficar. Agrega que en la póliza de aseguramiento se excluyó «el pago de derechos laborales extralegales, así como las indemnizaciones moratorias del artículo 65 del C.S.T. y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990».

VIII. CONSIDERACIONES Si bien, el petitum de la demanda de casación no es el más adecuado y las acusaciones mezclan cuestionamientos fácticos y jurídicos, la lectura integral de la sustentación del recurso permite entender que el recurrente persigue el quiebre de la decisión del ad quem y la revocatoria de la sentencia de primer grado que declaró probada la excepción de prescripción y absolvió. En su lugar, pide se conceda la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y se ordene el reintegro o la indemnización por despido injusto.

También, anhela que se disponga el reajuste de «horas extras, trabajo suplementario, recargos por dominicales y festivos», se reliquiden las prestaciones sociales, con inclusión de la bonificación de asistencia y se ordene la sanción moratoria del artículo 65 del estatuto laboral. El Tribunal consideró que la estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,

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Radicación n.° 98456 torna ineficaz la desvinculación del trabajador, cuando se funda en su condición de salud. Descartó que la decisión de no prorrogar el contrato fuera discriminatoria pues, cuando la notificó, el demandante no tenía dificultades en su salud, ni el patrono estaba enterado de ello. La censura sostiene que el ad quem se equivocó, dado que al momento en que fue notificado de la no prórroga, estaba «incapacitado, o tenía cirugías por practicarse». Por ello no podía terminar el contrato, salvo que existiera razón objetiva, que no es el cumplimiento del plazo fijo pactado. A salvo de la controversia se encuentra que Alveiro Ricardo Torres Gómez y CBI Colombiana S.A., celebraron un «contrato de trabajo a término de obra o labor determinada», a partir del 23 de agosto de 2012 (fls. 36 a 44), para desempeñarse como «carpintero». Que mediante otrosí de 25 de febrero de 2013, por acuerdo entre las partes, el contrato pasó a ser a término fijo de 104 días (fl.cd. 77, anexo), contados a partir de la adenda. Tampoco, que el 10 de enero de 2014 el empleador avisó al trabajador que no prorrogaría el contrato, de suerte que culminaría el 16 de abril siguiente (fl.78, anexo). Precisado lo anterior, la Sala debe resolver si el juzgador de la alzada incurrió en los yerros atribuidos, en tanto coligió que al momento de la terminación de la relación laboral, el actor no estaba cobijado por la

protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Del examen probatorio se obtiene lo siguiente:

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Radicación n.° 98456 La misiva de terminación del contrato de trabajo a «término fijo» de 16 de abril de 2014 (fl.79, anexo), da cuenta de que CBI Colombiana ratificó la decisión de no prorrogar el contrato de trabajo a Alveiro Torres, debido a ajustes administrativos de la empresa. Según reporte de incidente de trabajo de 21 de abril de 2014 de la aseguradora de riesgos laborales (ARL) Sura (fl.104), la contingencia acaecida el día 8 anterior, no corresponde a la «definición de un accidente de trabajo». La historia clínica del demandante proveniente de la Clínica Cartagena del Mar S.A.S. y las incapacidades de Saludcoop EPS (fls. 94 a 118), registran contusión en la rodilla derecha, generadora de incapacidad por el 8 y 9 de abril de 2014, prorrogada en varias ocasiones, desde el 15 siguiente hasta el 9 de mayo de ese año. Así mismo, que le practicaron una intervención quirúrgica derivada de la mencionada lesión, con incapacidades del 10 de mayo hasta el 8 de julio de 2014. De lo anterior, se infiere que el ad quem incurrió en una imprecisión cuando sostuvo que CBI Colombiana S.A. no tenía que pedir autorización al Ministerio del Trabajo, en tanto estaba acreditado que el vínculo terminó por una causa legal y razón objetiva (lit. c, art. 61 CST). Como lo ha

adoctrinado esta Corporación la expiración del plazo legal de culminación de la relación laboral es subjetiva, porque las partes tienen la facultad de finiquitarlo o prorrogarlo.

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Radicación n.° 98456 Por ello, «uno de los presupuestos indispensables para dar paso a la estabilidad laboral objeto de estudio es que el estatus de discapacidad del trabajador sea conocido o previsible por el empleador al momento de tomar la decisión de terminar el contrato de trabajo» (CSJ SL1236-2021). Sin embargo, como lo estimó el Tribunal la decisión de no prorrogar el contrato de trabajo no puede considerarse discriminatoria pues el 10 de enero de 2014, cuando el empleador comunicó al colaborador que el vínculo laboral culminaría el 16 de abril de ese año, aquel no presentaba limitación de ninguna índole. Recuérdese que la «estabilidad laboral reforzada del art. 26 de la Ley 316 de 1997 no busca proteger la afección de salud que puede sufrir el trabajador, sino que su fin es proteger al trabajador de un trato discriminatorio por motivos de discapacidad laboral»

(CSJ SL1236-2021).

Como se indicó en líneas anteriores y no fue objeto de controversia, el actor y CBI Colombiana con la suscripción de un otrosí modificaron la duración del «contrato de trabajo a término de obra o labor determinada» a uno fijo de 104 días, contados a partir del 25 de febrero de 2013. En esa medida, el plazo de 104 días, inició el 25 de febrero 2013 y culminó el 8 de junio de ese año. La primera

prórroga operó a partir del 9 de junio hasta el 20 de septiembre; la segunda, del 21 de septiembre de 2013 al 2 de enero de 2014 y la tercera del 3 de enero de 2014 hasta el 16 de abril de igual año. Este último no fue prorrogado,

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Radicación n.° 98456 dado que el 10 de enero de 2014, el empleador avisó al demandante que no prorrogaría el contrato. Por lo expuesto, el cargo primero no resulta próspero.

IX. CARGO SEGUNDO Por vía directa, acusa infracción directa del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 14 de la Ley 50 de 1990, en relación con los cánones 25 y 53 de la Constitución Política.

Asevera que el Tribunal no podía convalidar la exclusión salarial de las «bonificaciones», con sustento en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que retribuyeron directamente el servicio prestado y se habían «pactado en el salario fijo». Añade que se trató de pagos generados en la puntualidad y asistencia al sitio de labores, de suerte que el fallador debió aplicar el artículo 127 del ordenamiento sustantivo laboral, a más que la enjuiciada no infirmó la presunción del carácter salarial del pago. Transcribe apartes de la sentencia la CSJ SL1466-2022. X.CARGO TERCERO Acusa violación directa, por aplicación indebida, del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado

por el 15 de la Ley 50 de 1990, en relación con los cánones 25 y 53 de la Constitución Política.

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Radicación n.° 98456 Sostiene que el ad quem estimó que el artículo 128 del estatuto laboral, facultaba a las partes para «restarle eficacia salarial a un pago siempre que respete al salario mínimo, y no se trate de una remuneración directa del servicio». Lo anterior, dice, no se ciñe a la exégesis que la Sala ha dado a la norma. Cita pasajes de la sentencia CSJ 1466-2022. Aduce que a los pagos que en su esencia son salario, no se les puede restar esa naturaleza, aunque sean pactados como remuneración «indirecta». Por ello, dice, el fallador de segundo nivel coligió equivocadamente que la bonificación por asistencia no hacía parte de la base salarial.

XI. CARGO CUARTO Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida, del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 12, 14, 24, 43, 128, 139 y 65 del mismo ordenamiento, 13 y 53 de la Constitución Política, 51, 52, 60, 61, 77 y 145 del Código Procesal del Trabajo y 164 a 167 del Código General del Proceso.

Endilga como errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos efectuados por la empresa CBI