CSJ - SL848-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL848-2024 Radicación n.° 98133 Acta 012 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA PATRICIA CHAVES DUARTE, contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de enero de 2023, en el proceso que instauró contra la

ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS

PROTECCIÓN SA.

I. ANTECEDENTES Ana Patricia Chaves Duarte llamó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA —en adelante Protección SA—, con el fin de que se declarara que entre ellas existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de octubre de 1993

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Radicación n.° 98133 que finalizó el 4 de septiembre de 2019 y que los pagos realizados por concepto de Estrategia CES 365 son retributivos del servicio y, por tanto, salario. En consecuencia, pretende se condene a la accionada a reliquidarle sus prestaciones sociales para los años en que le fue reconocida dicha bonificación; la sanción moratoria reglada en la Ley 50 de 1990, por el pago deficitario de las cesantías, así como de la que trata el artículo 65 del CST con la correspondiente retribución de aportes a la seguridad social. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que desde el 1 de octubre de 1993 prestó de forma personal sus

servicios a favor de Protección SA, quien luego de sendas sustituciones patronales reemplazó a Colmena AFP SA como su empleador inicial; que la relación finalizó el 4 de septiembre de 2019, cuando percibía una remuneración básica de $4.992.195 y un promedio mensual de $6.154.153 y que, dentro de los conceptos reseñados como no constitutivos de salario, se encontraban el pago por ESTRATEGIA CES 365, lo recibido por premios y concursos, las bonificaciones y los auxilios monetarios de vivienda, movilización y el fondo de estudio. Explicó que, el pago de la denominada estrategia también se registraba con el nombre de «JORNADA NACIONAL DE CESANTÍAS o BONIFICACIÓN POR CESANTÍAS», y que era una campaña anual en la que «la compañía realizaba gestiones, a través de su fuerza

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Radicación n.° 98133 comercial de trabajo, para fidelizar a clientes antiguos, la consecución de nuevos clientes o recuperar los que se habían perdido, a efectos de que estas personas (naturales o jurídicas) se trasladaran o permanecieran en el fondo […]». Precisó que, para ser acreedor de la misma, se debía: «1) cumplir con la meta global de recaudo de la compañía, 2) cumplir con la meta general de recaudo del equipo de trabajo de la demandante, 3) cumplir con la meta individual de recaudo de la demandante y, además 4) un requisito de permanencia al mes de mayo del año siguiente». Aunado a ello, para el cumplimiento de dicha

estrategia, por la naturaleza del cargo debía desplegar actividades como: Realizar el seguimiento diario a la base de datos que era otorgada por la compañía; esta base de datos contenía tres tipos de empresas: i) empresas-clientes, ii) empresas-nuevas y iii) empresas a retomar, a cada empresa dentro de la base de datos se le asignaba un trabajador de la fuerza comercial del equipo de la demandante, por lo que el seguimiento se hacía extensivo a cada uno de ellos. • Realizar reuniones diarias con su equipo de trabajo, para llevar el rastro de las empresas (clientes - nuevas o a retomar) teniendo en cuenta aquellas -empresasque en la proyección del recaudo de cesantías crecían, decrecían o se mantenían. Todo aquello, lo debía registrar en un cuadro de seguimiento. de ese modo, realizaba planes de trabajo con su equipo para propender el recaudo de cesantías mediante la consignación al fondo de cesantías de PROTECCIÓN. • Realizar capacitaciones, charlas en temas de cesantías y vivienda, en ocasiones con el acompañamiento de Bancolombia, y otras actividades, en las empresas que, por su importancia, eran asignadas directamente como responsabilidad del director de oficina, en este caso la demandante. Ya que, mediante el sistema 80/20, existían empresas con proyecciones de recaudo

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Radicación n.° 98133 superiores. • Gestionar el acompañamiento a las empresas, en donde realizaban capacitaciones, trabajan asuntos como el de vivienda mediante las cesantías para el retiro de cesantías; realizaban y participaban en ferias, y hacían acompañamientos conjuntos

con cajas de compensación. • Gestionar, a través de Bancolombia, contratos de mutuo comercial denominados “créditos de cesantías” para brindar a las empresas clientes la posibilidad de realizar los pagos de cesantías en las fechas establecidas por la Ley, a través de financiaciones directas con éste banco. Dictar conferencias en las diferentes empresas a su cargo y de las de su equipo, en temas relacionados sobre cesantías. • Realizar visitas a las empresas, especialmente al TOP 20 del plan 80/20, para propender que esas empresas al 14 de febrero consignaran las cesantías al fondo de cesantías de PROTECCIÓN. • Tenían a cargo un tema de cesantías retroctivas (SIC), era del sector gobierno, que consistía en hacer convenios de retroactividad y había una meta por retroactividad, esa meta era solo para el director y la oficina; para la regional Afirmó que los pagos recibidos por dicha estrategia retribuían el desempeño de sus labores mas no los gastos por la ejecución de las mismas, lo que hacía de esta una contraprestación directa de su servicio, máxime cuando disponía del dinero a su merced, sin que se contara con un otrosí específico para la desalarización del evocado concepto y que, antes del año 2013 cuando se llevó a cabo la sustitución patronal en cabeza de Protección SA, dicho incentivo al estar supeditado al cumplimiento de metas, era reconocido como constitutivo del salario. Contó que, el 19 de junio de 2020 y luego el 23 del mismo mes y año, requirió a Protección SA con el fin de que le suministrara información «respecto de los parámetros,

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Radicación n.° 98133 metas, ficha técnica y maneras de tasar las ESTRATÉGIAS CES 365 […]; en donde, la empresa aseveró que no yacían documentos al respecto». Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con los extremos temporales del vínculo; la sustitución patronal presentada; que el auxilio de movilización y el pago por la estrategia CES 365 no era constitutivo de salario, como daba cuenta la Cláusula Adicional ratificada en el anexo del contrato del 2 de febrero de 2013, así como negó que el salario promedio de la actora, estuviera compuesto del básico aceptado y al que dice se sumaban diferentes partidas para un total de $6.154.153, ya que, el «pago de bonificación por recaudo de cesantía o estrategia CES 365 jamás se incluyó en el salario promedio de la señora Chaves, pues si así hubiera sido esta demanda carecería de causa jurídica». Igualmente, afirmó que, cualquier declaración judicial que se solicite frente a obligaciones surgidas con anterioridad al año 2016, se encuentran afectadas de prescripción en los términos del art. 488 del CST y 151 del CPTSS, siendo además la petición de reliquidación de primas de servicio luego de 26 años de duración la relación laboral, «una confesión tácita […] de que ambas partes consideraban que el pago por concepto de bonificación por recaudo de cesantías, jamás, desde el inicio de la relación

laboral, era constitutiva de salario, según se pactó en forma

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Radicación n.° 98133 expresa en la “Cláusula Adicional” al contrato de trabajo celebrado el 01 de octubre de 1993». Finalmente, aludió que no procedían las condenas por indemnizaciones moratorias reclamadas pues canceló en forma oportuna y de buena fe a la demandante, sus acrecencias laborales. En su defensa propuso las excepciones que denominó, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, pago, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 29 de septiembre de 2022, resolvió: 1) Declarar que las bonificaciones pagadas a la demandante en razón de la ESTRATEGIA CES 365 constituían salario y en razón de ello deben ser consideradas para el pago de sus prestaciones. 2) Condenar a la demandada a reajustar las prestaciones de la

demandante en las siguientes sumas: a. Cesantías: .................................$ 848.755 b. Intereses a las cesantías:.......... $ 101.850 c. Vacaciones:.............................. .$ 92.220 d. Prima de servicios: ................... $ 198.441 3) Condenar a la demandada a reajustar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones teniendo en cuenta las sumas pagadas de los años 2013 a 2019 por concepto de bonificación por la ESTRATEGIA CES 365.

1. Declarar probada la excepción de prescripción parcial e inexistencia de mala fe por parte de la demandada. […]

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambos extremos procesales, mediante fallo del 31 de enero de 2023, revocó la sentencia de primer grado y absolvió de la totalidad de pretensiones a Protección SA.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal tuvo como hechos exentos de discusión la existencia de la relación laboral entre Protección SA y la demandante desde el 1 de octubre de 1993 hasta el 4 de septiembre de 2019 así como las sustituciones patronales presentadas en dicho interregno y, la suscripción del anexo al contrato de trabajo que permitió la finalización del primigenio en la data anteriormente citada. Como problemas jurídicos a desatar, planteó la necesidad de (i) «verificar si la bonificación que anualmente recibió la demandante durante los años 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 en el marco de la estrategia CES 365 deben tenerse como pagos constitutivos de salario», así como, (ii) la procedencia de la condena por el reconocimiento de las sanciones moratorias de que tratan los artículos 99, núm 3 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST. Fundamento de su decisión en que, al tenor de lo

dispuesto en los preceptos 127, 128 y 132 del CST

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Radicación n.° 98133 subrogados por la Ley 50 de 1990, y de las sentencias CSJ SL865-2019, CSJ SL4342-2020, CSJ SL986-2021, CSJ SL35745-2022 y CSJ SL4311-2022, así como del análisis de las pruebas, «las bonificaciones canceladas a la accionante en virtud del cumplimiento de las metas fijadas en la estrategia CES 365 no son constitutivos de salario, por cuanto no tienen naturaleza retributiva del servicio […]». Advirtió que, de la revisión documental no se encontró prueba de que, antes de la sustitución patronal con ING y Colmena SA, la bonificación por campaña de cesantías constituyera factor salarial como dijo la actora y su testigo, siendo al contrario, que de lo plasmado en la cláusula cuarta del anexo del contrato suscrito el 2 de enero de 2013 y adjunto a folios 93 a 98 del mismo, se pactara su desalarización, empero, dice que comparte el argumento de la demandante, frente a que esta resulta insuficiente, por ser un acuerdo generalizado y no «especifica respecto al concepto analizado». Finalmente, luego de analizar el interrogatorio de parte de la representante legal de Protección SA, de las testigos Martha Liliana Arbeláez Díaz y Paula Consuelo Garcés Arcila, precisó que de lo expuesto por aquellas se corroboraba que la mentada bonificación no constituía salario, «teniendo en cuenta que la misma no era otorgada como una contraprestación directa del servicio de la gestora

del proceso, pues quedó acreditado que dicha erogación dependía del cumplimiento de una meta de recaudo nacional que fijaba la compañía».

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Radicación n.° 98133 Al respecto, puntualizó: […] quedó acreditado que dicha erogación dependía del cumplimiento de una meta de recaudo nacional que fijaba la compañía, siendo entonces un incentivo que beneficiaba a la fuerza comercial de la compañía a nivel nacional por un logro común de la sociedad y no por el cumplimiento de un objetivo individual de la actora, pues esta podía cumplir con las metas que como directora de oficina le eran fijadas, pero sino se cumplía la meta nacional, no se generaba la bonificación como en efecto sucedió para el año 2016. Aunado a lo anterior, resulta relevante el hecho de que el recaudo de las cesantías, depende de hechos ajenos a la demandante como lo son las afiliaciones y las gestiones de recaudo, a nivel nacional, sumado a que en dentro de sus funciones no se encontraban asignadas las de afiliación y recaudo, tarea propia de los asesores comerciales que conformaban el equipo de trabajo de la actora, quien admite que ni siquiera contaba con usuario para realizar afiliaciones, de ahí que, si bien no se desconoce la labor que desempeñaba la demandante como directora de oficina, no se acreditó que llevara a cabo labores directas para el cumplimiento de la meta de recaudo que causaba la prestación. De otro lado, se itera, el recaudo de cesantías dependía del cumplimiento de la obligación legal por parte de los empleadores a nivel nacional, circunstancia que no podía ser determinada por la demandante.

En adición a ello, la demandante no tenía injerencia en el cumplimiento de las metas respecto de otras oficinas del país, razón por la cual no puede considerarse que el incentivo en estudio estaba atado directamente a la prestación del servicio por parte de la pretensora, por cuanto dependía del trabajo de toda la fuerza comercial a nivel nacional y de la persuasión de los empleadores. En esta perspectiva los pagos salariales como retribución del servicio no puede estar condicionados a factores externos que van más allá del cumplimiento de las funciones del trabajador y el cumplimiento de metas individuales o grupales que se encuentre en la esfera de control del colaborador.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Ana Patricia Chaves Duarte, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme los numerales primero, segundo y tercero, así como revoque el cuarto de la sentencia primigenia y, en lugar de este último: CONDENAR a PROTECCIÓN SA a pagar a la demandante, por concepto de sanción moratoria por consignación deficitaria de las cesantías, de acuerdo al numeral 3 del artículo 99 de la ley

(SIC) 50 del 90, por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($88.035.120), desde el 15 de febrero de 2018 hasta el 14 de febrero de 2029; Y

a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($41.061.834), desde el 15 de febrero de 2019 hasta la terminación del contrato, 04 de septiembre de 2019. CONDENAR a PROTECCIÓN SA a pagar a la demandante, por concepto de sanción moratoria por el pago deficitario de las prestaciones sociales, de acuerdo con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, desde el 05 de septiembre de 2019, hasta por veinticuatro (24) meses después, teniendo como salario diario la suma de DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIERNTOS (sic) OCHENTA Y TRES PESOS ($207.383), y después de ello a la tasa máxima. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, objeto de réplica por Protección SA.

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VI. CARGO ÚNICO Denuncia la transgresión de la ley sustancial por la vía indirecta, por «error de hecho», en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 13, 19, 43, 127, 128, 130 y 132 del CST, estos en relación con el 48 y 53 de la CP, así como del 65 del evocado código y del numeral 3 del 99 de la Ley 50 de 1990.

Advierte que, el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que la demandante realizaba una labor activa en la actividad para el recaudo de las

cesantías, pues lideraba el equipo de trabajo a su cargo, para procurar en el mercado y en las empresas a su equipo asignadas, el mayor recaudo de cesantías posible. • No dar por demostrado, estándolo, que las variables y metas para obtener el recaudo de cesantías, no solo obedecían a una meta global de la compañía sino también a grupales de su equipo de trabajo. • No dar por demostrado, estándolo, que la cláusula que refiere la empresa como pacto de desalarización, es genérica, ambiguo, extensiva o de estilo. • No dar por mostrado, estándolo, que cuando la empresa cumplía con la variable global, la empresa liquidada las variables grupales que asignaba como meta a la demandante como líder de su oficina. • No dar por demostrado, estándolo, que los pagos por bonificación CES 365 enriquecían el patrimonio de la demandante. • No dar por demostrado, estándolo, que los pagos por bonificación CES 365 no eran gastos de representación. De igual forma, alude que fueron «no valoradas o valoradas incorrectamente», el contrato de trabajo con su

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Radicación n.° 98133 otro sí; las colillas de pago de los años 2013 a 2019 adjuntas a folios 140 a 151 de la demanda principal; la confesión al hecho noveno que allegó Protección SA al contestar a la demanda y la del representante legal de esta y, el «Documento estrategia CES 365 año 2017 a 2018» de folios 188 a 192, así como en el caso de las no calificadas, los testimonios de Paula Garcés y «Martha Liliana».

En sustento de lo anterior, expresa que, se dio la valoración equivocada de la mentada estrategia, comoquiera que, al analizar las declaraciones de Martha Liliana Arbeláez y Paula Consuelo Garcés, «hace una conclusión apresurada, incompleta y equivocada de la Estrategia CES

365. La estrategia, si bien tenía un componente global de recaudo –de activación-, consistía igualmente en metas grupales del equipo de trabajo de la demandante»; por lo que de haber visto la documental arrimada a folios 189 y siguientes de la demanda inicial, hubiera identificado las condiciones adicionales a la evocada meta, pues las grupales eran tasadas de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de quienes estaban a su cargo y a la cantidad del recaudo.

De igual manera, sostiene que de haber apreciado en debida forma la declaración de la representante legal de la empresa, la conclusión sería que dicha estrategia no era una meta global, pues su cumplimiento a nivel organizacional permitía el cálculo de las variables o filtros que se reconocieron en el minuto 33 de la intervención de aquella, siendo que «el cien porciento (sic) de la campaña

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Radicación n.° 98133 correspondía un cuarenta porciento (sic) (40%) a meta global u organizaciones, un cuarenta porciento (sic) (40%) de recaudo director y un veinte porciento (sic) (20%) de cumplimiento de traslados acreditados». Aduce que en igual sentido, de la declaración de la testigo Paula Garcés «directora de relaciones laborales de la empresa por más de 20 años y quien además confesó haber

realizado por 5 años la estrategia de la bonificación de cesantías», se describían en totalidad las condiciones de esta con la meta grupal y global, para lo cual transcribe lo relatado por la deponente en el minuto 12:30; 22:50 y, 23:30 de la intervención de aquella, afirmando que la tergiversada era compleja y que, «iniciaba por una meta común de toda la fuerza comercial; continuaba con el cumplimiento de la meta de los asesores y, a la demandante, le era pagada de acuerdo con el cumplimiento de las metas de las personas que se encargaba de liderar». Censura además, la conclusión a la que arribó el colegiado frente a que, eran solamente los asesores quienes realizaban el recaudo de cesantías, pues con esto se desconoce el funcionamiento propio del equipo de trabajo y la estructura de la organización, las labores de dirección y ejecución que desplegó y que, se confesó por la accionada al contestar el hecho 9 de la «demanda principal» que, su prestación de servicios consistía en liderar, acompañar, hacer seguimiento y promover la superación de objetivos de dicho personal, por lo que, aunque ella no era directamente quien efectuaba las afiliaciones, era quien impulsaba su

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Radicación n.° 98133 realización. Para el efecto, citó lo dicho por la evocada representante en el minuto 22:10 en que se reconoció que la directora comercial era quien se encargaba de direccionar a los asesores comerciales y, el 14:15 y el 16: 30 en adelante, de la declaración de Paula Garcés donde se reitera

la evocada información. De otro lado, critica que, de las colillas de pago no se observó que, el reconocimiento de las sumas por dicha estrategia fue periódico y habitual desde inició la relación laboral con Protección SA, exceptuando el año 2016 cuando al no cumplirse con la meta global como requisito de activación, este no se llevó a cabo, lo que suscitó entonces, su enriquecimiento sin causa, pues al no corresponder dichos rubros a prestaciones sociales o gastos de representación, «podría disponer de dicha suma de dinero a su arbitrio, ergo, se demuestra que la empresa actuó de mala fe». En sustento de lo expuesto, resume la información de dichos pagos así: FECHA

CAMPAÑ

CESANTÍAS PAGO CONCEPTO CUANTÍA

A

DEMANDANTE

2018- $ Mayo 2019 E CES 365 2018 2019 814.117 2017- $ Mayo 2018 E CES 366 2017 2018 1.567.185 2016- $ Mayo 2017 E CES 367 2016 2017 2.130.193 2014Abril y Mayo $ E CES 368 2014 2015 2015 2.508.572 2013- $ Mayo 2014 E CES 369 2013 2014 1.365.000

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Radicación n.° 98133 2012- $ Mayo 2013 E CES 370 2012 2013 1.800.000 Expone que, la disposición en que se plasmó la desalarización fue equivocadamente evaluada pues «es más que evidente que no existía documento alguno que fuere

claro, expreso y detallado; ya que se valían de una clausula (SIC) sistemática, genérica, global o de estilo. Cláusulas abiertamente censuradas por la jurisprudencia nacional» y que, además, entendió la estrategia como un incentivo únicamente global; desconoció su habitualidad, las metas y las condiciones que se debían cumplir para beneficiarse del pago de dicho emolumento, así como reitera que se desconocieron las actividades realizadas como directora de equipo de sus subordinados, que llevaban a alcanzar los objetivos propuestos para alcanzar la censurada remuneración. Al respecto, memoró que la incidencia salarial de las bonificaciones han sido evaluadas por la corporación en sentencia CSJ SL1738-2021 y que, como directora de oficina debía desplegar las actividades establecidas como condición para la remuneración de dicha estrategia, lo que impide que esta pueda denominarse como «un pago deliberativo si previamente se han fijado metas y presupuestos […] que dependen del desempeño de la labor de un trabajador ya sea mediante la venta de servicios o de liderar un equipo de ventas». Concluye que la bonificación es salarial en el entendido que: «i) enriquece el patrimonio, ii) no son gastos

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Radicación n.° 98133 de representación, iii) no cuenta con otrosí que restara incidencia salarial y iv) no existen motivos justificables o buena fe de la compañía para desconocer esos pagos a sus trabajadores».

VII. RÉPLICA Protección, en oposición al cargo, expresa que no se

demuestra el error en que incurrió el colegiado, habida cuenta de que los incentivos o bonificaciones en discusión no son constitutivos de salario; que la sentencia CSJ SL1798-2021 que trae a colación la recurrente como soporte de su censura, «no hace una formulación general sobre la naturaleza salarial de los incentivos por el cumplimiento de metas y es evidente que el caso que analizó difiere del que ocupa ahora la atención de la Corte, por cuanto se trataba de incentivos por el cumplimiento de metas grupales […]», mientras en este asunto se predica el de las corporativas globales, sin que sea posible que se entienda que retribuye la labor de un trabajador individual, cuando «dependían del cumplimiento de objetivos por parte de toda la fuerza comercial de la demandada, lo que claramente indica que no era una meta grupal, sino, como lo resaltó el Tribunal en varios apartes de la sentencia impugnada, globales a nivel nacional […]». Resalta que esto hace que no se esté en presencia de una contraprestación directa del servicio, elemento característico salarial, tal como se resaltó en la decisión CSJ SL1093-2023 de la que destacó:

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Radicación n.° 98133 “Lo anterior resulta aún más evidente respecto de aquellas prerrogativas que, siendo extralegales, no tienen conexidad inmediata con el rol de un funcionario, como los beneficios de transporte, vivienda, teléfono móvil, ahorro, los auxilios financieros, préstamos, aportes diferenciales para seguridad social o, incluso, bonificaciones por cumplimiento de metas

corporativas no atribuibles al desempeño individual, en donde no es el hecho mismo de la tarea particular realizada por el empleado lo que los causa, sino la decisión del empleador de reconocerlos, por lo cual pueden ser desprovistos de naturaleza salarial siempre que, se insiste, cuenten con el respectivo acuerdo expreso de exclusión. Sentencia SL1097-2023 Radicación n.° 95481. (Las negrillas no son del texto). Asimismo, expresa que, la recurrente guarda silencio respecto a las conclusiones a las que arribó el sentenciador a partir de su declaración y de la de Martha Liliana Arbeláez, las cuales fueron fundamentales para la decisión, pues aunque se limita a mencionar que la testigo brindó una exposición clara de las funciones que ejecutaban las directoras comerciales, «nada dice sobre las consecuencias de no cumplirse la meta global de ventas: que no se generaba el pago de la comisión o incentivo, que fue lo que tomó en consideración el Tribunal» y por tanto, sin atacarse estas, el sustento de la decisión cuya casación se solicita, ha de mantenerse incólume. De igual manera, indica que de la revisión de las pruebas a las que se refiere la censora, tampoco se vislumbran los errores que por parte del juzgador plural se aluden, convocando incluso medios que no son hábiles en la sede extraordinaria, y que, no es cierto que los documentos anexos a folios 189 y siguientes del plenario fueran reconocidos por la representante legal de Protección SA, «pues solamente aludió a que tenían el branding y los

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Radicación n.° 98133 colores corporativos, peor (SIC) dijo no saber a qué pieza pertenecen y, además, que no tenía conocimiento de ellos, de suerte que no se puede considerar que sean de la autoría de Protección y, que, por consiguiente, su contenido de (SIC) le pueda atribuir». Agrega que, el juzgador no puso en duda que existían otros factores que podían incidir en el reconocimiento del beneficio pero, también precisó que, para que ellos se tuvieran en cuenta era necesario que se cumpliera la meta más allá del nivel grupal, pues de las declaraciones de Paula Garcés y Martha Liliana Arbeláez se corroboraba que, «el incentivo está conectado a un cumplimiento de todo el país y que si ello no se logra no se le liquida a nadie dicho incentivo”, […] el pago de la comisión por recaudo de las cesantías, dependía de que se cumpliera una meta a nivel global, pues ellos podían cumplir con sus metas de ventas, pero si no se cumplía con la meta global no se generaba el pago de la comisión”». Aunado a ello, refiere que tampoco es cierto que de su interrogatorio se diera confesión distinta a la ya mencionada por la colegiatura, pues de dicha declaración no se desprende que «el 40% del recaudo del director y el 20%de (SIC) cumplimiento de los traslados acreditados fueran incentivos independientes de la meta global u organizacional y que se pudieran pagar sin que esas metas se hubieran cumplido […]», sino al contrario que, habían dos filtros, «el primero, que debía haber una meta global

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Radicación n.° 98133 establecida por la compañía, y el segundo, que las empresas asociadas a los directores y a los ejecutivos comerciales realizaran el recaudo o consignación». Advierte que de la declaración de Paula Garcés, la recurrente reconoce la complejidad de la estrategia 365; que iniciaba por una meta común de la fuerza comercial y coincide en lo que precisamente reconoció de la misma el tribunal, por lo que no existe el error que se menciona y, frente al argumento expuesto en relación a que los asesores solamente realizaban la labor del recaudo de cesantías, «nada tiene que ver con la apreciación de las pruebas del proceso y corresponde a un ejercicio especulativo del censor sobre el funcionamiento de un equipo de trabajo dentro de una organización». Frente a la confesión efectuada en el hecho noveno de la demanda, donde se habla de las funciones de dirección que le competen a la recurrente, asegura que ello no significa que por ser la líder del área tuviera a su cargo la afiliación y el recaudo de cesantías, por lo que sin haber desconocido ello el tribunal, sino que «no se acreditó que llevara a cabo labores directas para el cumplimiento de la meta de recaudo que causaba la prestación…”, aparte de que ese recaudo dependía del cumplimiento de una obligación legal por parte de los empleadores a nivel nacional, […]», no tenia esta injerencia en el cumplimiento de las de las demás oficinas del país, por lo que no podía considerarse que el incentivo pretendido estuviera atado a la prestación directa de su labor, conclusión que además no

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Radicación n.° 98133 se controvierte en el ataque. Finalmente, de los desprendibles de pago realizados a la recurrente que esta dice no se tuvieron en cuenta para establecer la habitualidad e ingreso de las sumas canceladas a su patrimonio, refiere que, el que presentaran dicha recurrencia no